Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 5 de noviembre de 2025
Deniega la tutela
La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, en su elemento de derecho a la defensa; toda vez que el Juez demandado, hasta la interposición de la presente acción de libertad no ha llevado a cabo la audiencia de consideración de su pedido de extinción de la acción penal formulada el 3 de febrero del 2023; debido a que las audiencias que se señalaron para el 1 y el 6 de marzo del indicado año, fueron suspendidas por causas imputables al juzgado. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelven: CONFIRMAR la Resolución 15/2023 de 7 marzo, cursante de fs. 15 a 19, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías y, en consecuencia: DENEGAR la tutela con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1346/2025-S3 Sucre, 5 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 55853-2023-112-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 15/2023 de 7 de marzo, cursante de fs. 15 a 19, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Lenny Anahí Pérez Romero en representación sin mandato de Patricia Tito Mamani contra René Eduardo Foronda, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz y Víctor Hugo Quispe Limachi, Auxiliar del referido Juzgado.
Por memorial presentado el 6 de marzo de 2023, cursante de fs. 1 a 3 vta., la accionante expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, debido a la incertidumbre en la que se encontraba por no tener certeza de su situación jurídica, el 3 de febrero de 2023, presentó un memorial ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional de la causa, solicitando la extinción de la acción penal. En respuesta a su pedido, con una demora evidente, el 24 del indicado mes y año, el Juez de Instrucción Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, señaló audiencia de consideración de la extinción de la acción penal para el 1 de marzo de 2023; sin embargo, ese día, a través de secretaría del despacho, le informaron que las partes fueron debidamente notificadas pero que el Juzgado no contaba con Secretaria, razón por la cual suspendió dicho acto y se señaló nueva audiencia para el 6 de marzo de 2023, quedando las partes legalmente notificadas con dicho señalamiento. El 6 de marzo de 2023, nuevamente fue suspendida la audiencia fijada, toda vez que, que no se habría transcrito el acta de suspensión de la anterior audiencia, ni notificado a los demás sujetos procesales, por una omisión del Auxiliar del Juzgado; lo cual era totalmente falso, puesto que, en la audiencia de 1 del indicado mes y año, la autoridad jurisdiccional dio por notificadas a todas las partes con el nuevo señalamiento de audiencia. Estos hechos evidencian que le está denegando el acceso a la defensa técnica y material, toda vez que habiendo solicitado la extinción de la acción penal, dicho pedido no fue resuelto por más de un mes, sin considerar que la solicitud la efectúa una mujer víctima de violencia.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso vinculado al derecho a la defensa, sin citar norma constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, que se ordene al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacía la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz que: señale de forma inmediata la celebración de la audiencia de consideración de la extinción de la acción penal y que la misma sea resuelta inmediatamente dando curso a la extinción solicitada, sea con las formalidades de ley.
Celebrada la audiencia virtual de 7 de marzo de 2022, según consta en acta el cursante de fs. 13 a 14, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante, a través de su abogado, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola en audiencia de garantías señaló que: a) El proceso seguido en su contra, se encuentra en etapa preparatoria desde el año 2021, transcurriendo hasta la fecha de la interposición de la acción de libertad alrededor de aproximadamente dos años sin movimiento de la causa; y, b) Los actos y omisiones realizadas en el juzgado donde radica la causa, vulneran directamente su derecho al debido proceso en su vertiente del derecho a la defensa, tanto material como técnica, toda vez que hasta la interposición de la acción de libertad no resolvieron su solicitud de extinción de la acción penal, dejándole en un estado de incertidumbre respecto a su situación jurídica.
René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito cursante de fs. 11 a 12 vta., señaló que: 1) La impetrante de tutela, a través de la acción de libertad, pretende se señale día y hora de audiencia de la excepción y/o incidente de extinción de la acción penal; sin embargo, aclaró que el juzgado no contaba con Secretario titular ni Secretario en suplencia legal, motivo por el cual, no pudo llevar acabo las audiencias, suspendiéndose las mismas; empero, el día de la celebración de la audiencia de garantías le informaron que la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Cautelar Cuarto de El Alto del departamento de La Paz ejercería la suplencia legal de su juzgado, motivo por el cual, empezó a señalar audiencias de manera correlativa, según la solicitud y naturaleza; 2) No puede modificarse la esencia y ampliar el espectro de la acción de libertad a aquellos asuntos estrictamente procedimentales, que aun cuando devienen del área penal no tienen vinculación con el derecho a la libertad; y, 3) El Tribunal Constitucional Plurinacional estableció que el debido proceso debe estar vinculado al derecho a la libertad, algo que no ocurre en el caso presente, toda vez que sólo se reclama la suspensión de audiencias que no compromete su derecho a la libertad, además que la impetrante de tutela no agotó los presupuestos de la subsidiariedad e inmediatez. Víctor Hugo Quispe Limachi, Auxiliar del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, no presentó informe escrito, tampoco asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 7.
El Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías mediante, Resolución 15/2023 de 7 de marzo, cursante de fs. 15 a 19, denegó la tutela solicitada; con base a los siguientes fundamentos: i) La acción de libertad solamente procede cuando existe un riesgo efectivo sobre el derecho a la libertad; es decir, cuando se afecte de forma directa o indirecta al referido derecho; empero, conforme a la vigencia de nuestra nueva Constitución Política del Estado, se amplió la figura constitucional de la acción de libertad para proteger el derecho a la vida; en ese sentido, en el caso en particular, la impetrante de tutela no mencionó ningún argumento que demuestre que se encuentra privada de libertad o que exista alguna afectación a su derecho a la vida; ii) De igual forma para que el debido proceso sea tutelable vía acción de libertad, la jurisprudencia constitucional indicó que dicho derecho debe estar vinculado o relacionado con el derecho a la libertad, puesto que, de lo contrario los actos supuestamente ilegales no pueden ser evaluados a través de esta vía constitucional; iii) Del informe emitido por la autoridad demandada se tiene que mediante decreto de 6 de marzo de 2023; es decir, un día antes del desarrollo de la audiencia de garantías, la autoridad demandada señaló audiencia para el 9 de marzo de 2023, a objeto de considerar la extinción de la acción penal en etapa preparatoria; en ese sentido, teniendo en cuenta que lo que se exige a través de esta acción de libertad, es que se señale audiencia para la consideración de la extinción de la acción penal, y al haberse ya realizado, opera la sustracción de materia o pérdida de objeto procesal, toda vez que lo que motivó la interposición de esta acción de libertad ya fue cumplida, por lo que conceder la tutela no tendría eficacia; y, iv) Debe dejarse en claro, que, si bien, no se ingresó a considerar el fondo de la problemática planteada debido a la concurrencia de jurisprudencia respecto a la naturaleza del hecho, el debido proceso y la sustracción de materia o pérdida de objeto procesal, sin embargo como autoridad constitucional que vela por las garantías constitucionales consideró que la autoridad accionada vulneró el principio de celeridad, ya que de los argumentos expuestos por la impetrante de tutela se establece que desde la solicitud de audiencia de extinción de la acción penal transcurrió más de un mes, ya que recién el 6 de marzo de 2023, señaló la referida audiencia, existiendo una vulneración de su derecho y “garantía constitucional de celeridad” (sic), razón por la cual se llama la atención al Juez demandado por haber señalado la audiencia de consideración de la extinción penal un mes después de la solicitud.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa acta de audiencia de consideración de la presente acción de tutela en la que consta que Patricia Tito Mamani, hoy accionante, está siendo procesada por el delito de violencia familiar o doméstica dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, signado con el CUD 201502022107846 y que el mismo se encuentra bajo el control jurisdiccional del Juez de Instrucción Anticorrupción y contra Violencia hacía la Mujer Tercero del El Alto del departamento de La Paz (fs. 13 a 14). II.2. Cursa Resolución 15/2023 de 7 de marzo, emitida por el Juez de garantías, de cuyo contenido se evidencia que la referida autoridad, evidenció que la impetrante de tutela no se encuentra privada de libertad (fs. 15 a 19).
La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, en su elemento de derecho a la defensa; toda vez que el Juez demandado, hasta la interposición de la presente acción de libertad no ha llevado a cabo la audiencia de consideración de su pedido de extinción de la acción penal formulada el 3 de febrero del 2023; debido a que las audiencias que se señalaron para el 1 y el 6 de marzo del indicado año, fueron suspendidas por causas imputables al juzgado. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La Constitución Política del Estado, reconoce la inviolabilidad del derecho a la libertad dentro del catálogo de los derechos civiles y políticos; lo que trae como corolario, la obligación para el Estado de protegerlo por su vital importancia en el desarrollo de la personalidad; y al ser un valor inspirador del orden social y jurídico sirve de sustento a la construcción y vigencia del modelo de Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional.
Una de las dimensiones en las que se manifiesta este derecho, es la libertad física, reconocido en el art. 23 de CPE, que establece:
I. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales (…)
establecidas por la ley… (las negrillas son nuestras).
De estas disposiciones se puede extraer, que el sistema jurídico y político boliviano, instituyó la reserva legal como garantía de este derecho; es decir, que de acuerdo a la voluntad del constituyente, es el legislador quien se halla facultado para limitar el ejercicio del mismo; de igual modo, otorgó a la persona garantías jurisdiccionales para el resguardo de dicho derecho, entre las que se halla la acción de libertad, configurada como un mecanismo de defensa para lograr su protección, en caso de ser restringido u amenazado de restricción; así lo establece el art. 125 de la CPE:
Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad.
Ahora bien, a partir de la clasificación del entonces hábeas corpus -ahora acción de libertad-, desarrollada por la SC 1579/2004-R de 1 de octubre y la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se hizo alusión al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).
Bajo ese razonamiento, toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración que realice el juez del acervo normativo que se produzca, conforme a la normativa legal
Razonamientos extraídos de la sistematización desarrollada en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0032/2019-S2 de 25 de marzo.
La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, en su elemento de derecho a la defensa; toda vez que el Juez demandado, hasta la interposición de la presente acción de libertad no llevó a cabo la audiencia de consideración de su pedido de extinción de la acción penal que formuló el 3 de febrero del 2023; debido a que las audiencias que se señalaron para el 1 y el 6 de marzo del indicado año, fueron suspendidas por causas imputables al juzgado
De lo manifestado por la peticionante de tutela y la verificación efectuada por el Juez de garantías en la audiencia de consideración de esta acción de tutelar se advierte que la imputada Patricia Tito Mamani, hoy accionante, al momento de interponer la acción de libertad no se encontraba privada de libertad (Conclusión II.2); consecuentemente, la tutela del derecho del derecho al debido proceso, en su elemento de principio de celeridad, no procede a través de la acción de libertad de pronto despacho, puesto que conforme se cita en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad en su modalidad de pronto despacho es la vía idónea para acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; condición esta que no tiene la hoy accionante, puesto que no existe evidencia que se halle sometida a una medida cautelar de carácter personal que restrinja su derecho a la libertad personal, razón por la cual corresponde denegar la tutela solicitada.
Finalmente, cabe aclarar que no es posible ingresar al análisis de fondo de forma excepcional en el marco de la protección reforzada a las víctimas de violencia por razón de género, que impone la debida diligencia en el juzgamiento de hechos de violencia por razón de género, toda vez que de los antecedentes cursantes en el expediente y lo manifestado por las partes, se advierte que si bien es cierto que el proceso penal seguido contra la accionante es por el delito de violencia familiar o doméstica (Conclusión II.1); empero, no existe evidencia que acredite que la referida causa penal que motiva esta acción de tutela, sea por hechos que impliquen violencia por razón de género, pues no toda violencia doméstica o intrafamiliar constituye violencia por razón de género; a ello debe acotarse que la peticionante de tutela en la causa que motiva esta acción de tutela no tiene la calidad de víctima sino de imputada.
En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, aun cuando con otros fundamentos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelven: CONFIRMAR la Resolución 15/2023 de 7 marzo, cursante de fs. 15 a 19, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías y, en consecuencia: DENEGAR la tutela con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 El art. 8.II de la CPE, dispone: “El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad…”.
2 El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. 3El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1346_2025-S3.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 8c4368b1db7362b3801c8c984e00b64532385a117243c4bce6a56feafaf267f1
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