Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 11 de noviembre de 2025
Concede la tutela
El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación, congruencia y valoración de la prueba, y los principios de celeridad, economía y acceso a una justicia pronta y oportuna;
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 150/2023 de 29 de junio, cursante de fs. 801 a 804 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la Sala Constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1344/2025-S2 Sucre, 11 de noviembre de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 58708-2023-118-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 150/2023 de 29 de junio, cursante de fs. 801 a 804 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Hilton Jemmy Navarro Montaño en representación legal de la empresa MAXAM - FANEXA S.A.M. contra Katia Mariana Rivera Gonzáles, Directora Ejecutiva General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).
Por memorial presentado el 25 de mayo de 2023, cursante de fs. 186 a 203, el accionante manifiesta lo siguiente:
Mediante la Declaración de Mercancías de Importación (DIM) DI-2021-201-2321852, MAXAM - FANEXA S.A.M. importó mercancías consistentes en opérculos de aluminio, portarretardos, casquillos y tubo de choque, que fue sorteada a canal rojo, iniciando así el proceso de control durante el despacho aduanero; para lo cual, a requerimiento de la Administración de Aduana Interior de Cochabamba, el 24 de diciembre de 2021, el Departamento de Valoración Aduanera y Nomenclatura Arancelaria de la Gerencia Nacional de Normas de la Aduana Nacional, emitió distintas notas con los Criterios de clasificación arancelaria, los cuales determinaron la aplicación de las siguientes partidas y sub partidas arancelarias: opérculos de aluminio 9306.90.90.00, portarretardos, casquillos, y tubo de choque 3603.00.20.00, las cuales de acuerdo al arancel aduanero gestión 2021 -a diferencia de las partidas y sub partidas arancelarias declaradas-, requieren autorización previa para su importación; al no contar con dichas autorizaciones, se emitió el Acta de Intervención Contravencional CBBCI-C-0419/2021 de 19 de diciembre, por supuesto contrabando contravencional, y se procedió al comiso de la mercancía. El 13 de abril de 2022, les notifican el Auto Administrativo AN/GRCBBA/ICB/AADM/23/2022 de 12 de abril, que de manera arbitraria anuló obrados hasta el acta de intervención contravencional, con el argumento de que habría un error de transcripción en el año de la Resolución de Directorio (RD) RD-01-015-16 siendo lo correcto RD-01-015-21, y porque se indicó representantes cuando debía indicarse propietario y responsable; no obstante, también se quitó argumentos de fondo y parte de la justificación por la cual se consideró que correspondía el comiso, provocando la falta de motivación y fundamentación de dicho acto. El 18 de abril de 2022 fueron notificados con el nuevo Acta de Intervención Contravencional CBBCI-C-0419/2021, por memorial de 22 de abril de 2022, ratificaron toda la prueba presentada en enero de 2022, incluyendo la certificación del Ministerio de Defensa y un informe pericial. El 11 de mayo de 2022 fueron notificados con la Resolución Sancionatoria CBBCI-RC-0072/2022 de 5 de mayo, que dispuso declarar probado el contrabando contravencional en aplicación de los arts. 160.4 y 181 inc. b) del Código Tributario Boliviano (CTB) -Ley 2492 de 2 de agosto de 2003-, disponiendo el comiso definitivo de la mercadería observada. Interpuesto el recurso de alzada, la Autoridad Regional Impugnación Tributaria (ARIT) de Cochabamba, emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0204/2022 de 26 de agosto, que resolvió anular actuados hasta el vicio más antiguo que es el Acta de Intervención Contravencional CBBCI-C-0419/2021, argumentando que la anulación de obrados que había dispuesto la administración aduanera, no implicaba la anulación de los descargos presentados y que los mismos debían ser valorados. Presentado el recurso jerárquico, la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT) emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1143/2022 de 21 de noviembre, ahora impugnada, que confirmó la resolución de alzada, vulnerando el derecho al debido proceso en las siguientes vertientes: a) Motivación y fundamentación, debido a que, omitió pronunciarse sobre el agravio planteado en el recurso jerárquico, referido a que la nulidad dispuesta en alzada, retarda el acceso a la justicia y vulneró la celeridad; omitiendo considerar las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “0733/2019-S4 y 0534/2020-S2” respecto a la imposibilidad de anular por anular los actos emitidos. La AGIT confirmó la nulidad de obrados hasta el acta de intervención contravencional, al margen de lo que establece el art. 35 de la LPA, aplicable de manera supletoria conforme establecen los arts. 201 del CTB y 11 del Decreto Supremo (DS) 27350 de 2 de febrero de 2004; sin considerar la SCP 2504/2012 de 13 de diciembre, que precisó que la nulidad se puede declarar porque se haya puesto en riesgo la defensa. b) Valoración de la prueba y congruencia, respecto a lo siguiente: 1) Las certificaciones emitidas por: i) El Ministerio de Defensa, que emitió el certificado de 11 de febrero de 2022, indicando que la mercancía objeto de observación no requiere autorización previa toda vez que no se encuentra comprendida en el marco de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados -Ley 400 de 18 septiembre de 2013-ni en su reglamento, por lo tanto, no constituye explosivos, menos aún municiones o cordones detonantes; y, ii) La Fábrica Boliviana de Munición, que emitió el certificado de 24 de enero de 2022, indicando que los productos comisados, no son una munición ni parte de una munición, ya que no son utilizados en la fabricación de cartuchos, municiones de guerra ni proyectiles. Respecto a dichos certificados, la administración aduanera señaló que la única entidad competente para emitir opinión técnica sobre la clasificación arancelaria es la Gerencia de Normas de la Aduana Nacional (AN); que las partidas identificadas, fueron aprobadas por DS 572 de 14 de julio de 2010, independientemente de lo que establezcan los referidos certificados, requiriendo esas mercancías una autorización previa para la importación; y, que los mencionados certificados, en ninguna parte indican para que es utilizada esa materia prima, dejando un vacío al respecto. Con esos argumentos se concluyó que los certificados emitidos por el Ministerio de Defensa y la Fábrica Boliviana de Munición, no desvirtúan las observaciones efectuadas, pretendiendo así desacreditar esos certificados. La AGIT no consideró que la mercancía observada, al no constituir munición, escapa de la competencia del Ministerio de Defensa, el cual, emitió la certificación conforme a sus atribuciones previstas en el art. 13.II de la Ley 400, por tanto, así lo exija la administración aduanera, ese Ministerio, no emitirá la autorización previa; dicho Ministerio, no pretende desconocer las competencias de la Aduana Nacional, sino solamente aclarar la exigencia de la autorización previa; casos similares expuestos ante la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT), de instituciones como SENASAG e IBMETRO, que respecto a ciertas mercancías certifican que no requieren autorización previa, no son observados; asimismo, la parte resolutiva Cuarta de la Resolución Ministerial “973”, establece que el arancel aduanero se aplica sin perjuicio de lo señalado en otras normas, y se indica con carácter referencial el detalle de mercancías sujetas a presentación obligatoria de autorización previa. La AGIT al haberse negado a analizar aspectos de fondo, rehuyó a revisar y fundamentar que no corresponde la presentación de la autorización previa, provocando una dilación indebida y una vulneración al principio de celeridad y a una justicia pronta y oportuna. 2) Sobre el informe pericial, dentro del plazo de descargos, el 21 de enero de 2022, la Agencia Despachante de Aduana (ADA) propuso como perito a Germán Manuel Villazón Urquidi, reconocido experto sudamericano en materia de explosivos para que realice un peritaje sobre las mercancías sujetas a observación; sin embargo, el mismo no fue convocado a prestar su juramento dentro del plazo de los descargos correspondiente; el 24 de enero de 2022, la ADA adjuntó el informe pericial correspondiente, al cual Maxam-Fanexa S.A.M. se adhirió el 9 de mayo de 2022. Por lo que correspondía que ese informe sea valorado por la ARIT Cochabamba; no obstante, la AGIT señaló que ese agravio no fue planteado en el recurso de alzada, sin considerar que el peritaje fue presentado y producido en instancia de alzada, por lo que no se podía prever que el mismo no sería valorado.
El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación, congruencia y valoración de la prueba, y los principios de celeridad, economía y acceso a una justicia pronta y oportuna, citando al efecto los arts. 115 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga la nulidad de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1143/2022 y se emita un nuevo pronunciamiento fundamentado y motivado, si fuera el caso, desvirtuando técnica y jurídicamente el certificado emitido por el Ministerio de Defensa.
Celebrada la audiencia pública el 29 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 792 a 800, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos expuestos en el memorial de acción de amparo constitucional; y, ampliando manifestó que: a) Si la mercancía realmente se tratara de explosivos, está en depósitos de aduana sin escolta y sin el correcto almacenaje; b) Es una empresa que tiene 50% de participación del Estado; y, c) Con la anulación dispuesta, la Aduana volverá a fallar sobre lo mismo, cuando la AIT tiene pruebas que permiten emitir una resolución de fondo.
Katia Mariana Rivera Gonzáles, Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, mediante informe presentado el 29 de junio de 2023, cursante de fs. 732 a 739, y en audiencia manifestó que: 1) El Acta de Intervención Contravencional, se limitó a señalar las características de la mercancía e indicar que corresponden a la partida arancelaria 3603.000.20 y no a la 3917.21.90.00, y a la partida arancelaria 9306.90.00 y no a la partida 7616.99.90.00, sin una fundamentación respecto al rechazo de la sub-partida declarada como de la asignación de una nueva, comprobando que dicha acta no se encuentra fundamentada, estando por tanto viciada de nulidad, siendo correcta la decisión asumida en instancia de alzada; 2) No se vulneró el derecho al debido proceso; en un caso análogo la Sentencia 272 de 11 de diciembre de 2020, del Tribunal Supremo de Justicia, señaló que al evidenciarse vicios de nulidad por falta de motivación y fundamentación de la resolución de la administración tributaria, la ARIT y AGIT se encontraban limitadas de ingresar al fondo de los recursos; en este caso, la resolución de alzada no analizó cuestiones de fondo y conforme al principio de congruencia, la instancia jerárquica no puede apartarse de las cuestiones analizadas en alzada; y al no contar con un acto firme, no se advierte un perjuicio o daño a la parte accionante; 3) La empresa accionante en su recurso jerárquico reclamó que la Aduana no fundamento la aplicación de las Reglas 1 y 6 para la interpretación del sistema armonizado; de la lectura de la clasificación arancelaria como del acta de intervención no se evidencia fundamento o justificación sobre la aplicación de la Regla 6, es por ese motivo que se dispuso la anulación de actuados, y también por la falta de valoración de los descargos; y, 4) No correspondía realizar un análisis de fondo en instancia jerárquica porque el análisis que debió realizar la administración aduanera aún no había concluido, no se contaban con argumentos de la Aduana y del importador respecto a los cuales pronunciarse.
Claudio Chanel Ureña Gutiérrez, Abogado de la Gerencia Regional de Cochabamba, apoderado de Carola Cazón Fernández, Gerente General, ambos de la Aduana Nacional, por memorial presentado el 29 de junio de 2023, cursante de fs. 249 a 253, manifestó qué: i) La pretensión de la parte accionante, de obtener la resolución de fondo del trámite aduanero, es inviable, debido a que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1143/2022, identificó errores formales insubsanables que impidieron ingresar al fondo de la controversia; ii) El accionante alega que no se valoró el certificado del Ministerio de Defensa, que establece que no corresponde tramitar autorización previa; sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, es la única autoridad competente en la creación del Arancel Aduanero de Importaciones 2021, conforme a la Resolución Ministerial 973 de 31 de diciembre de 2020, siendo asimismo la Gerencia Nacional de Normas de la Aduana Nacional, la única entidad competente para emitir opinión técnica sobre la clasificación arancelaria, además el DS 572 establece las sub-partidas arancelarias sujetas a autorización previa, y los ítems observados fueron analizados en laboratorio, donde se determinó los criterios de clasificación arancelaria, por tanto, el certificado emitido por el Ministerio de Defensa, no desvirtúa las observaciones efectuadas; iii) Respecto al argumento de falta de valoración de la certificación de la fábrica boliviana de municiones, de acuerdo a la descripción, composición y características de la mercancía observada, se advierte que las mismas son partes de proyectiles o municiones, además el referido certificado, ni el sujeto pasivo en ningún momento indicaron para que son utilizadas esas mercancías o materia prima, tampoco presentaron una muestra del producto acabado, siendo claros los criterios de clasificación arancelaria; y, iv) La parte accionante no cumplió con el principio de subsidiariedad porque no presentó la demanda contenciosa administrativa.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 150/2023 de 29 de junio, cursante de fs. 801 a 804 vta., concedió la tutela solicitada; en consecuencia, deja sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1143/2022 de 21 de noviembre, y dispone que la demandada emita una nueva resolución en el plazo de treinta días desde la notificación con el fallo en audiencia de garantías; con base en los siguientes fundamentos: a) La teoría general del proceso establece que las cuestiones de ineficacia de los actos son la anulación como actividad retroactiva y la revocación como actividad de saneamiento, ambas obedecen a circunstancias distintas, la primera se debe a vicios del procedimiento insubsanables que tienen incidencia en el fondo, y que pueden ser con validados, como la falta de una notificación; y la segunda, tiene que ver con el derecho de fondo o cuestiones de derecho por ejemplo cuando la autoridad de instancia aplicó erróneamente la ley, debiendo en ese caso manifestar los criterios de aplicación normativa correctos, o cuando el debate tiene que ver con el análisis de fondo de los medios probatorios, la autoridad jamás podrá ordenar la anulación para que se valore correctamente los medios probatorios porque ello no es un vicio de procedimiento, es un defecto en la formulación del acto procesal de fondo, no existe posibilidad de que cuestiones de derecho, de fondo puedan ser conocidos de forma anulatoria; y, b) El debate en la causa tiene que ver con la decisión de fondo de anular actuados, si es correcta o no y por qué, y si este hecho tiene trascendencia o relevancia. La Sala Constitucional no considera pertinente la anulación y volver a iniciar el debate, la autoridad accionada debe ingresar al fondo ya sea positiva o negativamente, puesto que la anulación deja en incertidumbre el reclamo de fondo; la Sala Constitucional, no conoce ningún caso de anulación respecto a fondos, debiendo resolverse el mismo de forma positiva o negativa, por lo que corresponde conceder la tutela por falta de motivación y fundamentación de la resolución impugnada.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Acta de Intervención Contravencional CBBCI-C-0419/2021 de 18 de abril de 2022, emitida por la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional, que respecto a la Declaración de Mercancías de Importación (DIM) DI-2021-301-2321852, presentada por la empresa Maxam - Fanexa S.A.M., observa la apropiación de las partidas y sub partidas arancelarias de las mercancías: tubos de choque, portarretardos, casquillos y opérculos, indicando que en realidad corresponden a las partidas y sub partidas 3603.00.20.00.0 y 9306.90.90.00.0, que requieren autorización previa para su importación (fs. 113 a 115 vta.). II.2. Consta Resolución Sancionatoria CBBCI-RC-0072/2022 de 5 de mayo, que declaró probado el contrabando contravencional atribuido a Maxam -Fanexa S.A.M., en aplicación de los arts. 160 num. 4) y 181 inc. b) del CTB, disponiendo el comiso definitivo de los ítems 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2, 4-1, 4-2, 5-1, 5-2, 6-1, 7-1, 8-1, 9-1, 10-1, 10-2, 11-1, 12-1, 13-1, 14-1, 15-1, 15-2, 15-3, 15-4 y 15-5 detallados en el Acta de Inventario de Mercancía CBBCI-INV-0467/2021 de 19 de enero de 2022, a fin de que se realice la entrega directa del Ministerio de Defensa (fs. 53 a 112). II.3. Por memorial de 30 de mayo de 2022, Maxam - Fanexa S.A.M. interpuso recurso de alzada contra la Resolución Sancionatoria CBBCI-RC-0072/2022, solicitando la anulación de obrados hasta el vicio más antiguo o reconociendo totalmente la reducción sancionatoria impugnada (fs. 370 a 390), y mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0204/2022 de 26 de agosto, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, resolvió anular la Resolución Sancionatoria CBBCI-RC-0072/2022, hasta el vicio más antiguo, esto es hasta el Acta de Intervención Contravencional CBBCI-C-0419/2021 de 18 de abril de 2022, a objeto de que se emitan nuevos actos administrativos que valoren la totalidad de los descargos y expongan una debida fundamentación en relación a la reclasificación arancelaria (fs. 27 a 51). II.4. Por memorial de 20 de septiembre de 2022, Maxam - Fanexa S.A.M., presentó recurso jerárquico contra la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0204/2022, solicitando se revoque la Resolución Sancionatoria CBBCI-RC-0072/2022 (fs. 575 a 607); memorial que fue subsanado por memorial de 30 de ese mes y año (fs. 610 a 625 vta.); y por Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1143/2022 de 21 de noviembre, Katia Mariana Rivera Gonzáles, Directora Ejecutiva General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria -ahora demandada-, resolvió confirmar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0204/2022 (fs. 2 a 18), determinación notificada a la parte accionante el 24 de noviembre de 2022.
El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación, congruencia y valoración de la prueba, y los principios de celeridad, economía y acceso a una justicia pronta y oportuna;
debido a que, la autoridad demandada, emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1143/2022, que: 1) Carece de motivación y fundamentación, puesto que omitió pronunciarse sobre el agravio referido a que en alzada no correspondía disponerse la nulidad sino el pronunciamiento del fondo de la cuestión planteada, considerando que existían suficientes elementos de convicción para fallar en el fondo y disponer la revocatoria de la resolución impugnada; y, 2) No valoró la prueba e incurrió en incongruencia, respecto a: i) Los certificados emitidos por el Ministerio de Defensa y la Fábrica Boliviana de Munición, que señalaron que no se requiere una autorización previa para la importación de la mercancía observada, la AGIT no revisó esa prueba ni fundamentó si corresponde o no la presentación de la autorización previa, provocando una dilación indebida, y señaló de manera incongruente que la Administración Aduanera valoro esa prueba; y, ii) En instancia de alzada se presentó como prueba un peritaje que no fue valorado por la Administración Aduanera ni por la ARIT; sin embargo, la AGIT señaló que el sujeto pasivo no planteó el mencionado agravio en el recurso de alzada, por lo que no corresponde emitir pronunciamiento; no consideró que, el referido peritaje fue presentado y producido en instancia de alzada, por lo que no se podía prever que el mismo sería favorable y que no sería valorado en la resolución de alzada. Ante ello, la autoridad demandada alega que, la jurisdicción constitucional no puede ingresar a revisar lo obrado en la jurisdicción ordinaria, y el accionante no cumple los requisitos de contenido necesarios, no efectúa una relación de causalidad entre los hechos que alega y los derechos supuestamente vulnerados, explicando la relevancia constitucional, más aún cuando la nulidad dispuesta en la resolución de alzada y confirmada en instancia jerárquica, fue expresamente solicitada en el recurso de alzada, y el Acta de Intervención Contravencional no se encuentra motivada, estando por tanto viciada de nulidad. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SC 0731/2010-R de 26 de julio, señaló que los presupuestos o antecedentes necesarios para que opere la nulidad procesal son: “a) Principio de especificidad o legalidad, referida a que el acto procesal se haya realizado en violación de prescripciones legales, sancionadas con nulidad, es decir, que no basta que la ley prescriba una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento, por cuanto ella debe ser expresa, específica, porque ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no esta expresamente determinada por la ley, en otros términos ´No hay nulidad, sin ley específica que la establezca´ (Eduardo Cuoture, ‘Fundamentos de Derecho Procesal Civil´, p. 386);
b) Principio de finalidad del acto, ´la finalidad del acto no debe interpretarse desde un punto de vista subjetivo, referido al cumplimiento del acto, sino en su aspecto objetivo, o sea, apuntando a la función del acto´ (Palacio, Lino Enrique, ´Derecho Procesal Civil´, T. IV p. 145), dando a entender que no basta la sanción legal específica para declarar la nulidad de un acto, ya que ésta no se podrá declarar, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a la que estaba destinada; c) Principio de trascendencia, este presupuesto nos indica que no puede admitirse el pronunciamiento de la nulidad por la nulidad misma, o para satisfacer pruritos formales, como señala Couture (op. cit. p. 390), esto significa que quien solicita nulidad debe probar que la misma le ocasionó perjuicio cierto e irreparable, que solo puede subsanarse mediante la declaración de nulidad, es decir demostrar cuál es el agravio que le causa el acto irregularmente cumplido y si éste es cierto e irreparable; y, d) Principio de convalidación, ´en principio, en derecho procesal civil, toda nulidad se convalida por el consentimiento´ (Couture op. cit., p. 391), dando a conocer que aún en el supuesto de concurrir en un determinado caso los otros presupuestos de la nulidad, ésta no podrá ser declarada si es que el interesado consintió expresa o tácitamente el acto defectuoso, la primera cuando la parte que se cree perjudicada se presenta al proceso ratificando el acto viciado, y la segunda cuando en conocimiento del acto defectuoso, no lo impugna por los medios idóneos (incidentes, recursos, etc.), dentro del plazo legal (Antezana Palacios Alfredo, ´Nulidades Procesales´).” (las negrillas son añadidas)
De la revisión de antecedentes, se tiene que la Agencia Despachante de Aduana Salas y Cia. S.R.L., por cuenta de la empresa Maxam - Fanexa S.A.M., validó la Declaración de Mercancías de Importación (DIM) DI-2021-301-2321852; no obstante, la misma fue sorteada a canal rojo y como consecuencia de la verificación, la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional emitió el Acta de Intervención Contravencional CBBCI-C-0419/2021 de 18 de abril de 2022, que observó la apropiación de las partidas y subpartidas arancelarias de las mercancías declaradas (Conclusión II.1.). Posteriormente, la aludida Gerencia emitió la Resolución Sancionatoria CBBCI-RC-0072/2022 de 5 de mayo, que confirmó la observación de la citada Acta de Intervención Contravencional y declaró probado el contrabando contravencional atribuido a Maxam - Fanexa S.A.M., en aplicación de los arts. 160 num. 4) y 181 inc. b) del CTB, por no haber presentado la autorización previa para la importación -conforme establece el art. 118 del DS 25870 de 11 de agosto de 2000-, disponiendo el comiso definitivo de los ítems 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2, 4-1, 4-2, 5-1, 5-2, 6-1, 7-1, 8-1, 9-1, 10-1, 10-2, 11-1, 12-1, 13-1, 14-1, 15-1, 15-2, 15-3, 15-4 y 15-5 detallados en el Acta de Inventario de Mercancía CBBCI-INV-0467/2021 de 19 de enero de 2022 (Conclusión II.2.). La empresa Maxam - Fanexa S.A.M. presentó recurso de alzada contra la Resolución Sancionatoria CBBCI-RC-0072/2022, solicitando la anulación de obrados hasta el vicio más antiguo, alegando entre otras cosas la falta de fundamentación sobre la aplicación de las Reglas 1 y 6 de la interpretación del sistema armonizado para la clasificación arancelaria; error y falta de fundamentación en la evaluación de la certificación de la Fábrica Boliviana de Municiones; error de tipificación de la mercancía tubos de choque; errónea descripción merceológica y análisis de las clasificaciones arancelarias, que las mercancías observadas no constituyen explosivos por si mismos ni partes o accesorios de municiones, por tanto no están en el marco de la Ley 400 ni del DS 2175; e ilegal disposición tercera de la resolución impugnada, ya que no considera las modificaciones de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 1053 que establece una excepción a la agravante de reincidencia (Conclusión II.3.), en actuaciones posteriores la empresa hoy accionante, cambió su solicitud de nulidad pidiendo en su lugar la revocación de la Resolución Sancionatoria CBBCI-RC-0072/2022. En respuesta al referido recurso, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0204/2022, que resolvió anular la Resolución Sancionatoria CBBCI-RC-0072/2022, hasta el vicio más antiguo, esto es hasta el Acta de Intervención Contravencional CBBCI-C-0419/2021, a objeto de que se emitan nuevos actos administrativos que valoren la totalidad de los descargos y expongan una debida fundamentación en relación a la reclasificación arancelaria (Conclusión II.3.). La empresa Maxam - Fanexa S.A.M., interpuso recurso jerárquico solicitando se revoque la Resolución Sancionatoria CBBCI-RC-0072/2022; en mérito a ello, la Directora Ejecutiva General de la AGIT, emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1143/2022 -que es objeto del presente amparo constitucional-, que resolvió confirmar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0204/2022 (Conclusión II.4.). En ese contexto, la empresa accionante denuncia que la AGIT, emitió una resolución que vulnera su derecho al debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación, congruencia y valoración de la prueba, y los principios de celeridad, economía y acceso a una justicia pronta y oportuna, por dos motivos: El primero porque no consideró que en instancia de alzada no correspondía disponerse la nulidad sino el pronunciamiento del fondo de la cuestión planteada y en consecuencia revocar o dejar sin efecto la Resolución Sancionatoria CBBCI-RC-0072/2022; y, El segundo porque no se valoró de manera adecuada la prueba documental consistente en certificados emitidos por el Ministerio de Defensa y la Fábrica Boliviana de Munición, y un informe pericial. En cuanto al primer agravio, se advierte que la empresa accionante, en su recurso jerárquico reclamó que la resolución de recurso de alzada, no debería haber dispuesto la nulidad de obrados si se tenía la documentación, pruebas y argumentos suficientes para resolver el asunto en el fondo; en ese sentido, refirió que corresponde la aplicación supletoria del art. 35 de la LPA que establece causales específicas de nulidad, y la SCP 2504/2012 de 13 de diciembre, que señala que la nulidad es de última ratio y sólo puede ser declarada cuando se haya puesto en riesgo la defensa de la otra parte, debiendo cumplirse los principios de especificidad, finalidad del acto, trascendencia y convalidación; correspondiendo asimismo considerarse los principios de verdad material y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal; motivos por los cuales, la empresa accionante en su recurso jerárquico señaló que la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0204/2022, no fundamentó por qué no existía otra alternativa y se encontraba impedida de resolver en el fondo siendo la nulidad de obrados la única alternativa, lo cual solo retarda el acceso a la justicia, más aún cuando la DIM es de 13 de diciembre de 2021 y con anterioridad se anuló el Acta de Intervención Contravencional de 3 de enero de 2022. En respuesta a dicho agravio, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1143/2022, señaló que: 1) En la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0204/2022, se estableció que si bien la parte recurrente en su memorial de presentación y ratificación de prueba de 19 de julio de 2022, solicitó la revocatoria total de la resolución recurrida, no puede dejarse de lado el análisis de los vicios denunciados, razón por la cual se analizaron primero los aspectos de forma reclamados; habiendo expuesto la ARIT las razones por las cuales ingresó al análisis de los aspectos de forma y determinó la nulidad de obrados; en ese sentido, se encontraba impedida de dictar pronunciamiento sobre la problemática de fondo planteada; y, 2) La Administración Aduanera, vulneró los derechos al debido proceso y a la defensa, al haber dictado el Acta de Intervención Contravencional carente de fundamentación en cuanto a la clasificación de las partidas arancelarias y la falta de valoración de pruebas. Razones por las cuales se confirmó la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0204/2022, a efecto de que la Administración Aduanera emita nuevos actos administrativos que valoren la totalidad de los descargos presentados por el sujeto pasivo y expongan una debida fundamentación en relación a la clasificación arancelaria. Al respecto, de la contrastación entre el agravio expuesto por la empresa accionante en su recurso jerárquico -referido a que correspondía emitir una decisión de fondo y no anular obrados-, y la respuesta dada por la AGIT en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1143/2022; se advierte que dicha resolución, se limita a señalar que la ARIT expuso las razones por las cuales anuló obrados y que el Acta de Intervención Contravencional carece de fundamentación en cuanto a la clasificación de las partidas arancelarias y la falta de valoración de pruebas sin analizar y aplicar los principios generales que hacen a toda nulidad desarrollados en el punto III.1 de esta sentencia, por tanto emitiendo una resolución sin la debida fundamentación. En efecto, de la revisión del Acta de Intervención Contravencional CBBCI-C-0419/2021, se tiene que la misma fundamenta la clasificación arancelaria señalando que: i) Los tubos de choque no pueden ser apropiados a la partida y sub partida arancelaria 3917.21.90.00, toda vez que corresponde a tubos huecos utilizados para distribuir gases o líquidos, mientras que los tubos de choque importados, son manufactura denominada cordones detonantes no eléctricos, y según la ficha técnica donde se detalla sus especificaciones son tubos de transmisión para ensamble de detonadores no eléctricos; en consecuencia, deberían ser apropiados a la partida y sub partida arancelaria 3603.00.20.00, y de acuerdo a los criterios de clasificación arancelaria según exámenes de laboratorio, consta de tres capas, la externa de plástico, la intermedia de acrilonitrilo, y la interna de aluminio; ii) Los portarretardos no pueden ser apropiados a la partida y sub partida arancelaria 7616.99.90.00, debido a que dicho artículo está diseñado para armar en ambos extremos el cordón detonante, en el punto en el que se desea retardar la detonación, por lo que se considera parte o accesorio de un detonante explosivo, datos corroborados con la ficha técnica; en consecuencia, deberían ser apropiados a la partida y sub partida arancelaria 9306.90.90.00; iii) Los casquillos no pueden ser apropiados a la partida y sub partida arancelaria 7616.99.90.00, debido a que los mismos son un accesorio o parte del material de un detonante explosivo, datos corroborados con la ficha técnica que señala que es casquillo de fondo carga de detonadores no eléctricos con retardo; en consecuencia, corresponden ser apropiados a la partida y sub partida arancelaria 9306.90.90.00; iv) Los opérculos no pueden ser apropiados a la partida y sub partida 7616.99.90.00.0, debido a que los mismos sirven como amortiguador de la onda de detonación, el cual se coloca al portarretardo; en consecuencia, corresponden ser apropiados a la partida y sub partida arancelaria 9306.90.90.00; y, v) Las partidas arancelarias 3603.00.20.00 (cordones detonantes) y 9306.90.90.00 (partes de municiones), de acuerdo a la Ley 400, requieren autorización previa para la importación. Advirtiéndose que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1143/2022 ahora impugnada no desvirtúa el por qué la referida fundamentación era insuficiente y obligaba a la anulación de la referida acta de intervención. Por otro lado, la autoridad demandada tampoco consideró en su resolución que de acuerdo al art. 66 inc. f) del DS 27310 de 9 de enero de 2004, el Acta de Intervención por contravención de contrabando, contiene una valoración preliminar de la mercancía; es decir, la valoración contenida en dicha acta no es definitiva ni inobservable; puesto que, de manera posterior se emite la Resolución Administrativa o Sancionatoria -respectivamente-, pudiendo dejar sin efecto la referida Acta; lo cual refuerza que no se advierte motivación suficiente de la AGIT para confirmar la anulación hasta el Acta de Intervención Contravencional CBBCI-C-0419/2021. Asimismo, si bien la Resolución Sancionatoria CBBCI-RC-0072/2022 fue anulada por tener como soporte la aludida Acta de Intervención Contravencional, se tiene que la misma se sustentaba de la siguiente manera: a) Confirma los argumentos del Acta de Intervención Contravencional CBBCI-C-0419/2021, que expone los fundamentos en base a los cuales sostiene la clasificación arancelaria que considera correcta, concluyendo que la mercancía observada de acuerdo a su descripción, composición y características, son accesorios o partes del material de un detonante explosivo y por tanto corresponden a las partidas arancelarias 3603.00.20.00 y 9306.90.90.00; b) Contiene la valoración de los elementos de prueba, en los que se incluye la valoración de los certificados emitidos por el Ministerio de Defensa y la Fábrica Boliviana de Munición, indicando al respecto que la única entidad competente para emitir la clasificación arancelaria es la Aduana Nacional -no el Ministerio de Defensa u otras instituciones-, que en el caso concreto, emitió los respectivos criterios de clasificación arancelaria que determinan que corresponde presentar la autorización previa; citando asimismo los arts. 22 y 26 del DS 25870 sobre la potestad aduanera y la exclusividad de las funciones de la Administración aduanera, que no pueden ser ejercidas por otras instituciones; por lo que concluye indicando que dichos certificados no desvirtúan las observaciones efectuadas en el acta de intervención, y que corresponde la presentación de la autorización previa, independientemente de lo que establezca el Ministerio de Defensa; c) Además complementa los fundamentos de la mencionada acta, señalando que la Ley 400 en su art. 1 establece que dicha ley tiene por objeto regular y controlar la importación y otras actividades relacionadas con armas de fuego, municiones, explosivos, materias primas tendientes a la fabricación de explosivos, y en su art. 51 establece que está prohibida la importación sin autorización de armas de fuego, municiones, explosivos, sus partes, componentes y otros materiales relacionados de uso militar, policial y civil; d) También señala que acuerdo a las Notas explicativas, la partida 7616.99 incluye manufacturas de aluminio como puntas, clavos, grapas, tornillos, pernos, tuercas, remaches, clavijas, arandelas, agujas de cocer, punzones, alfileres, cadenas, telas metálicas, y artículos similares -que no comprendería opérculos, portarretardos ni casquillos-; e) Respecto a las Reglas Generales de Interpretación 1 y 6, señala que las mismas fueron consideradas en los criterios de clasificación arancelaria emitidos por el Departamento de valoración aduanera; en cuanto a la Regla 1, el capítulo 76 (aluminio y sus manufacturas) excluye a los perdigones y demás artículos de la sección XIX (armas y municiones); y respecto a la Regla 6 señala que se deben aplicar las notas de subpartida, notas de sección y de capítulo, y por las características de la mercancía observada, es utilizada para explosionar cargas explosivas y dispositivos de explosión, por lo que están comprendidas en la subpartida 9306.90.90.00; y, f) Señala que si bien la mercadería observada es de aluminio, no obstante no son consideradas artículos partes o accesorios de uso general; y, los tubos de choque no son simples tubos plásticos que transportan líquidos o gases, son tubos de conducción para armar un detonante y clasifican en la partida de cordones detonantes. Los referidos fundamentos, entre otros que cursan a lo largo de la Resolución Sancionatoria CBBCI-RC-0072/2022, fueron utilizados por la Administración de Aduana para respaldar la clasificación arancelaria, los cuales desvirtúan lo expuesto en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1143/2022, en el marco de lo desarrollado en el punto III.1 que determina que toda nulidad sea declarada de manera excepcional a través de una resolución debidamente motivada, fundamentada y congruente, más aun considerando que una nulidad injustificada genera demoras indebidas, sobre todo en materia aduanera con mercaderías retenidas, que causan gastos por el pago de almacenaje y corren el riesgo de que puedan deteriorarse, caducar o incluso perderse.
Por consiguiente, siendo que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1143/2022, no cuenta con la motivación, fundamentación y congruencia necesaria que respalden la decisión de confirmar la nulidad dispuesta, corresponde conceder la tutela solicitada respecto a este agravio.
En relación al segundo agravio expuesto por la empresa accionante, referido a la falta de fundamentación respecto a la valoración de los certificados emitidos por el Ministerio de Defensa y la Fábrica Boliviana de Munición, y el informe pericial presentado ante la Administración Aduanera; no corresponde efectuar ningún análisis, considerando que, al confirmarse la tutela solicitada sobre el primer agravio, será la AGIT, la entidad que verifique dichas denuncias expuestas en los recursos de impugnación presentados, debiendo asimismo manifestarse sobre el informe pericial que fue señalado por la empresa MAXAM - FANEXA S.A.M. en instancia de alzada y no fue valorado por la ARIT Cochabamba. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 150/2023 de 29 de junio, cursante de fs. 801 a 804 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la Sala Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1344_2025-S2.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): f83ded8881c230fe1845e3cef86793c2faa3739b6e02cf58f974d5b30ba2a5ea
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