B.IA.LEGAL

SCP 1342/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 5 de noviembre de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
5 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
77148-2025-155-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante en representación de su hija menor de edad NN, denunció la vulneración de su derecho a vivir libre de violencia, por parte del: a) Fiscal de Materia a quien solicitó orden de allanamiento de domicilio para rescatar a su hija menor de edad; sin embargo, dispuso que esa petición la realice ante el Juez de la causa, pese a que de oficio debió requerir dicha orden; y, b) El Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz, a quien también pidió orden de allanamiento de domicilio; decretó el 8 de septiembre de 2025, que la petición pase a conocimiento del representante del Ministerio Público, difiriendo dar respuesta pronta y oportuna a su solicitud. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 119/2025 de 12 de septiembre, cursante de fs. 56 a 58 vta., pronunciada por la Jueza del Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarta de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en todo la tutela solicitada, manteniendo los alcances dispuestos por la Jueza de garantías en cuanto al Fiscal de Materia conforme los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

2° Disponiendo que el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz, de respuesta en el plazo de veinticuatro horas, respecto a la solicitud de orden de allanamiento de domicilio.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Del principio de celeridad en la administración de justicia
  3. III.3. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1342/2025-S3 Sucre, 5 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 77148-2025-155-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 119/2025 de 12 de septiembre, cursante de fs. 56 a 58 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan José Lara Arias en representación de la menor NN contra Freddy Velasco Jarandilla, Fiscal de Materia; y, Andrés Franz Zabaleta Callisaya, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 11 de septiembre de 2025, cursante de fs. 47 a 49 vta., la accionante a través de su representante señaló que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) contra Deyanira Khaterine Flores Quispe, por el presunto delito de violencia familiar o doméstica, el Fiscal de Materia presentó imputación formal al evidenciar maltrato y violencia hacia su hija menor de edad NN, por parte de la progenitora. El Informe remitido por la DNA dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, estableció el desempeño educativo de su hija en la Unidad Educativa Don Bosco del Prado y otros elementos sustanciales, que generaron que peticionen el rescate de la menor NN con facultades de allanamiento de domicilio. Ante dicha solicitud, el Fiscal de Materia asignado al caso, respondió que previamente se ponga a conocimiento del Juez de la causa. Hasta la fecha, a pesar de los intentos de la DNA desde el 1 de septiembre de 2025, la autoridad Fiscal no se pronunció; no obstante, a que su hija debe ser protegida de manera inmediata, bajo el derecho de vivir libre de violencia. El Fiscal de Materia, al disponer que sea la DNA quien solicite el allanamiento, no cumplió con la debida diligencia, puesto que el Ministerio Público debió de oficio pedir el allanamiento de domicilio, por ser una facultad directa establecida en la norma. Por su parte, el Juez demandado, al no actuar en un plazo razonable, pese a que la DNA se encontraba agilizando el trámite para el rescate de la menor, no respondió de forma inmediata.

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerado

Denunció la lesión de su derecho a vivir libre de violencia, citando al efecto el art. 60 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, ordenando al Juez demandado disponga de forma inmediata el allanamiento del domicilio solicitado; debiendo la Fiscalía, tomar la dirección de la investigación, solicitando todo acto de forma directa ante el Juez cautelar y asumir la ejecución del allanamiento y rescate de la menor.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 12 de septiembre de 2025, según consta en acta cursante a fs. 55 y vta., se produjeron los siguientes actuados.

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante no asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 53.

I.2.2. Informe de los demandados

Freddy Velasco Jarandilla, Fiscal de Materia, no presentó informe alguno que pueda ser considerado, pese a su notificación cursante a fs. 54. Andrés Franz Zabaleta Callisaya, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz, por informe escrito presentado el 12 de septiembre de 2025, cursante a fs. 31 y vta., solicitó se deniegue la tutela, con los siguientes argumentos: a) Dentro el proceso penal a instancia de Juan José Lara Arias teniendo como víctima la menor NN contra Deyanira Katherine Flores Quispe, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, la representante del Ministerio Público, Selma Yapu Limachi, presentó imputación formal, que fue debidamente notificada a la imputada el 8 de septiembre de 2025, a través de la oficina gestora de procesos; b) La DNA del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, presentó memorial el 5 de septiembre de 2025, solicitando el rescate de la menor víctima, adjuntando la solicitud de allanamiento presentada ante el Fiscal de Materia -hoy demandado-, quien habría emitido una providencia disponiendo que esa solicitud la realice ante el Juzgado a su cargo; c) En atención a la solicitud de la DNA, el 8 de septiembre de 2025, decretó que el Fiscal asignado al caso informe sobre la petición realizada; decreto que fue notificado al representante del Ministerio Público el 10 de igual mes y año, sin que “hasta la fecha” se presente formalmente la solicitud de allanamiento o informe; y, d) El accionante no agotó el principio de subsidiariedad al no acudir ante el Ministerio Público para reclamar la falta de pronunciamiento, causando extrañeza que ahora lo demande como si fuera un mecanismo alterno para obtener una respuesta favorable, ya que la acción de libertad no es un recurso supletorio que pueda ser activado cuando no se hizo uso oportuno del algún medio ordinario de defensa.

I.2.3. Resolución

La Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 119/2025 de 12 de septiembre, cursante de fs. 56 a 58 vta., concedió en parte la tutela solicitada, ordenando que Freddy Velasco Jarandilla, Fiscal de Materia, dentro el plazo de veinticuatro horas, se pronuncie en relación al decreto emitido por el Juez codemandado, que data del 8 de septiembre de 2025, relativo a la petición efectuada por la DNA del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; y, denegó la tutela respecto al Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Decimotercero de la Capital del mismo departamento. Decisión asumida bajo los siguientes fundamentos: 1) No es evidente la demora denunciada por la parte accionante contra el Juez codemandado, por cuanto, la solicitud de rescate de la menor con facultades de allanamiento, presentada por la DNA, mereció un pronunciamiento expresó mediante el decreto de 8 de septiembre de 2025, disponiendo: “…En conocimiento del representante del Ministerio Público” (sic); determinación que sería pertinente en atención a los hechos expuestos en el memorial presentado por la citada Defensoría, donde manifestó que no pudieron ingresar al domicilio donde habitaría la menor, por ausencia del dueño de casa; es por ello, que el Juez de la causa, emitió el citado decreto a efectos de poder recabar elementos de convicción que respalden esas afirmaciones y en mérito a las mismas, pueda otorgar una respuesta a la solicitud impetrada; y, 2) El Fiscal de Materia fue notificado el 10 de igual mes y año, con el decreto mencionado ut supra, sin que exista una respuesta expresa hasta la interposición de la presente acción tutelar, menos se hizo conocer a través del informe respectivo, la respuesta ante dicho planteamiento, correspondiendo aplicar el principio de la presunción de verdad en relación a los hechos alegados por el accionante.

I.2.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes, por lo que, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional procedió con el sorteo de la presente causa (fs. 64 a 69).

II. CONCLUSIÓN

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial de 1 de septiembre de 2025, presentado por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, solicitando al Fiscal de Materia, requerimiento fiscal para orden de rescate de la menor NN, sea con facultades de allanamiento de domicilio con la intervención de la fuerza pública, petición realizada dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Deyanira Katherine Flores Quispe, por el presunto delito de violencia familiar o doméstica (fs. 17 y vta.). II.2. Por Decreto de 2 de septiembre de 2025, Freddy Velasco Jarandilla, Fiscal de Materia -ahora demandado-, expresó que: “…Se tiene presente lo manifestado por la DNA; solicítese ante juzgado el allanamiento correspondiente a fin de realizar el rescate de la menor” [sic (fs. 17 vta.)]. II.3. Mediante memorial de 5 de septiembre de 2025, la DNA del citado ente municipal, se apersonó y solicitó al Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz -hoy demandado-, orden judicial para realizar el rescate de la menor de edad NN con facultades de allanamiento de domicilio, con la intervención de la fuerza pública (fs. 32 y vta.). II.4. A través del decreto de 8 de septiembre de 2025, el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz, señaló: “…Téngase por apersonado al abogado a quien hágasele conocer ulteriores diligencias. En conocimiento del representante del Ministerio Público” [sic (fs. 33)].

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante en representación de su hija menor de edad NN, denunció la vulneración de su derecho a vivir libre de violencia, por parte del: a) Fiscal de Materia a quien solicitó orden de allanamiento de domicilio para rescatar a su hija menor de edad; sin embargo, dispuso que esa petición la realice ante el Juez de la causa, pese a que de oficio debió requerir dicha orden; y, b) El Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz, a quien también pidió orden de allanamiento de domicilio; decretó el 8 de septiembre de 2025, que la petición pase a conocimiento del representante del Ministerio Público, difiriendo dar respuesta pronta y oportuna a su solicitud. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

Sobre la acción de libertad de pronto despacho, la SCP 0212/2019-S4 de 9 de mayo, entendió que: «La SC 0011/2010-R de 6 de abril, estableció lo siguiente: “La acción de libertad, es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida (…) sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE”. Respecto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 791/2015-S3 de 10 de julio, estableció que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’.

Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’”. Por su parte, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, concluyó que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”» (las negrillas corresponden al texto original). Criterio asumido del mismo modo por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0021/2019-S4 de 1 de abril, 0026/2019-S4 de 1 de abril, 0109/2019-S4 de 17 de abril, 0112/2019-S4 de 17 de abril y 0391/2019-S4 de 24 de junio, entre otras. De lo que se colige, que el mecanismo idóneo para la reclamación de derechos fundamentales, cuando éstos hubieren dilatado el trámite procesal sin razón, es la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, que tiene como propósito evitar lesiones causadas por acciones u omisiones indebidas que tienen vinculación con el principio de celeridad, ya sea de parte de servidores públicos como de personas particulares.

III.2. Del principio de celeridad en la administración de justicia

La jurisprudencia constitucional, mediante la SCP 0979/2014 de 28 de mayo, ha establecido que: “…los administradores de justicia, tienen el deber ineludible, en el cumplimiento de sus funciones, aplicar la normativa vigente respecto a la sustanciación de los procesos penales sin dilaciones indebidas, permitiendo el acceso a la justicia materializando los derechos constitucionales establecidos en la Constitución Política del Estado, en resguardo de los derechos y garantías del justiciable”. Al respecto la SCP 2543/2012 de 21 de diciembre, reiterando la jurisprudencia constitucional referente al principio de celeridad y su vinculación el debido proceso, que fue establecida en la SCP 0759/2012 de 13 de agosto, señaló: “De conformidad a lo establecido en los arts. 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), la administración de justicia en el Estado Plurinacional de Bolivia, se sustenta entre otros principios, en el de celeridad, el cual también ha sido reconocido por los arts. 3.11) de la Ley 027 del Tribunal Constitucional Plurinacional y 3.7) de la Ley 25 del Órgano Judicial; conforme a dicho principio, la administración de justicia, debe ser oportuna y sin dilaciones, buscando efectivizar los derechos y las garantías reconocidos por el texto constitucional. El principio de celeridad, persigue como principal objetivo conseguir que el proceso se concrete a las etapas esenciales y que cada una de ellas se cumpla dentro de los plazos perentorios dispuestos por la norma legal, razonamiento del cual puede inferirse que a partir de la observancia de este principio, no es posible concebir la adición de términos de manera unilateral a una determinada etapa del proceso, situación que podrá darse, sin embargo en los casos en los que estos plazos surgen como resultado de prórrogas o ampliaciones legalmente dispuestas; por lo que, este principio lleva implícita la obligación de llevar adelante los actos procesales de la manera más sencilla posible a efectos de evitar dilaciones innecesarias; es decir, la administración de justicia debe ser rápida y oportuna en la tramitación de las causas puestas en su conocimiento, una actuación contraria, conlleva no sólo a la vulneración de derechos y garantías, sino también al fomento del crecimiento de uno de los mayores problemas de la administración de justicia cual es la retardación. En este contexto, es preciso mencionar que el principio de celeridad se encuentra relacionado con los principios procesales de eficacia y eficiencia como componentes de la seguridad jurídica, toda vez que, conforme razonó el Tribunal Constitucional mediante la SC 0010/2010-R de 6 de abril, la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad; y la eficiencia, persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos; estos elementos forman parte del concepto de seguridad jurídica pues es a partir de ellos que logra alcanzarse la estabilidad de las instituciones y la vigencia auténtica de la ley, que se materializan en la oportunidad y prontitud de la administración de justicia a cuyo efecto deberá ser el administrador de justicia el encargado de impulsar el proceso y garantizar la celeridad procesal” (las negrillas son ilustrativas).

III.3. Análisis del caso concreto

En el caso presente de acuerdo a los antecedentes que ilustran el expediente se puede establecer que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Deyanira Katherine Flores Quispe, por el presunto delito de violencia familiar o doméstica, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, mediante memorial de 1 de septiembre de 2025, solicitó al Fiscal de Materia -ahora demandado- requerimiento fiscal para orden de rescate de la menor NN, sea con facultades de allanamiento de domicilio con la intervención de la fuerza pública; mereciendo el pronunciamiento del decreto de 2 de igual mes y año, señalando que dicha solicitud se la realice ante el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Décimo Tercero de la Capital del mismo departamento (Conclusiones II.1 y II.2). En tal circunstancia, la DNA del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, solicitó al Juez de la causa, mediante escrito de 5 de septiembre de 2025, emita la orden judicial para realizar el rescate de la menor de edad NN con facultades de allanamiento de domicilio con la intervención de la fuerza pública; emitiéndose el decreto de 8 del referido mes y año, el cual expreso: “…Téngase por apersonado al abogado a quien hágasele conocer ulteriores diligencias. En conocimiento del representante del Ministerio Público” [sic (Conclusiones II.3 y II.4)]. Expuestos los antecedentes, el accionante en representación de su hija menor de edad NN, denunció la vulneración de su derecho a vivir libre de violencia, por parte del: a) Fiscal de Materia a quien solicitó orden de allanamiento de domicilio para rescatar a su hija menor de edad; sin embargo, dispuso que dicha petición la realice ante el Juez de la causa, pese a que de oficio debió pedir la orden de allanamiento; y, b) El Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz, a quien también solicitó orden de allanamiento de domicilio; decreto el 8 de septiembre de 2025, que dicha petición pase a conocimiento del representante del Ministerio Público, difiriendo dar respuesta pronta y oportuna a su solicitud. En el caso de estudio, con relación al Fiscal de Materia se advierte que dicha autoridad al tomar conocimiento de la solicitud por parte de la DNA del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, para que requiera orden de allanamiento de domicilio donde habita la menor de edad NN, este debió actuar de forma diligente en resguardo de la seguridad de la menor y presentar inmediatamente memorial al Juez ahora codemandado, peticionando disponga la orden de allanamiento solicitada, ya que de por medio se encuentra involucrada una menor de edad víctima de violencia familiar quien goza de protección reforzada por parte del Estado ante la conculcación de derechos; sin embargo, contrariamente por decreto de 2 de septiembre de 2025, dispuso que la DNA haga su solicitud ante el Juez de la causa, observándose de ello una dilación indebida que retrasó la emisión de la orden de allanamiento de domicilio que tiene como finalidad la protección pronta y oportuna de la víctima, observándose que el actuar del representante del Ministerio Público no condice con los postulados de la Norma Suprema en cuanto a la protección reforzada de personas vulnerables que en el presente caso es una menor de edad, lo que lesiona el derecho a vivir libre de violencia, correspondiendo conceder la tutela. Ahora bien, sobre el proceder del Juez codemandado, se observa que la DNA del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, dando cumplimiento a lo dispuesto por el Fiscal de Materia, presentó el 5 de septiembre de 2025, ante el prenombrado solicitud de orden de allanamiento de domicilio con intervención de la fuerza pública, autoridad judicial que, en vez de dar una respuesta pronta y oportuna a la petición; por decreto de 8 de similar mes y año, dispuso que se ponga en conocimiento del Fiscal de Materia, situación que lesiona los derechos de la menor víctima de violencia familiar, el diferir su determinación, a la respuesta del representante del Ministerio Público, causando una dilación indebida, para otorgar la orden de allanamiento de domicilio donde habita la menor de edad, pues la dilación en resolver lo peticionado causa incertidumbre en la parte accionante que actúa en representación de su hija menor de edad, puesto que conforme los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 del presente fallo constitucional, toda autoridad que tenga conocimiento de una solicitud dentro el área jurisdiccional o administrativa -en este caso la petición de orden de allanamiento de domicilio-, debe actuar con la mayor celeridad evitando causar dilaciones innecesarias que afecten los derechos fundamentales y garantías constitucionales consagrados por la Ley Fundamental; en tal sentido, conforme lo expuesto, el Juez codemandado también lesionó los derechos invocados por el peticionante de tutela que representa a su hija menor de edad, al no disponer inmediatamente lo solicitado por la DNA dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, causando una dilación indebida en desmedro de la víctima menor de edad, por lo que corresponde conceder la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido en parte la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 119/2025 de 12 de septiembre, cursante de fs. 56 a 58 vta., pronunciada por la Jueza del Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarta de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en todo la tutela solicitada, manteniendo los alcances dispuestos por la Jueza de garantías en cuanto al Fiscal de Materia conforme los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

2° Disponiendo que el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz, de respuesta en el plazo de veinticuatro horas, respecto a la solicitud de orden de allanamiento de domicilio. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1342_2025-S3.pdf · páginas 1 a 10.

Huella digital del PDF (SHA-256): db00826f44c7d3f6a864cc310c600d27bb74b1a540668b2595cc1d3ea8391a51

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →