Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 5 de noviembre de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante considera lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso, al trabajo, vinculado a los principios de celeridad y legalidad; alegando que, dentro del proceso penal seguido en su contra, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado-, dispuso su detención domiciliaria. Ante ello, el 21 de marzo de 2023, solicitó al prenombrado, modificación de sus medidas cautelares con salida laboral que mereció el decreto de 22 de similar mes y año, en el que refirió: “previamente venga con sus antecedentes”, motivo por el que, el 3 de abril de igual año, nuevamente reiteró dicha petición; no obstante, por decreto de 5 de igual data fue rechazado, alegando la existencia de una acusación fiscal presentada por el Ministerio Público. Advertido de esa situación el 14 de idéntico mes y año, planteó recurso de reposición contra el referido decreto, mereciendo como respuesta: “A lo principal, obrados a despacho para disponer lo que en derecho corresponda”; por lo que, insistió pronunciamiento a dicho recurso reposición, teniendo como respuesta no ha lugar a lo solicitado. De manera extraña, encontró arrimado al expediente un Auto Interlocutorio de 18 de abril 2023, por el cual la autoridad demandada, dispuso, no ha lugar a su solicitud de modificación de medidas cautelares, vulnerando así sus derechos y garantías constitucionales. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 40/2023 de 19 de mayo, cursante de fs. 76 a 83, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, respecto a Mario Helmer Laura Picavía, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, en mérito a los Fundamentos Jurídicos de este fallo constitucional; disponiendo, lleve adelante la audiencia de modificación de medias cautelares en el plazo de veinticuatro horas, salvo que, por el transcurso del tiempo, la misma ya se hubiera efectivizado. 2° DENEGAR la tutela en relación a Milko Steel Ayllón Quilli, Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, en el marco de lo expuesto en este fallo constitucional y con relación al derecho al trabajo, al no encontrarse el mismo dentro de los presupuestos de activación de la presente acción de libertad.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1339/2025-S3 Sucre, 5 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 55844-2023-112-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 40/2023 de 19 de mayo, cursante de fs. 76 a 83, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Adolfo Ludwin Ustarez Centellas contra Mario Helmer Laura Picavía, Juez; y, Milko Steel Ayllón Quilli, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 18 de mayo de 2023, cursante a fs. 1, 43 a 49 vta., el accionante manifestó que:
Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público a denuncia del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas; el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado-, emitió el Auto Interlocutorio 23/2023 de 13 de enero, disponiendo su detención domiciliaria. El 21 de marzo de 2023, solicitó al prenombrado, modificación de sus medidas cautelares con salida laboral, que mereció el decreto de 22 de similar mes y año, por el que refirió: “previamente venga con sus antecedentes” (sic). Petición que fue reiterada el 3 de abril de igual año; sin embargo, por decreto de 5 de idéntico mes y año, fue rechazado alegando la existencia de una acusación fiscal presentada por el Ministerio Público; además que, habría ordenado la remisión de obrados al juez o tribunal de sentencia.
Advertido de esa situación, el 14 de abril de 2023, planteó recurso de reposición, contra el referido decreto -a su criterio- ilegal, arbitraria e infundada-. Pedido que mereció el decreto de 18 de ese mes y año, por el cual señaló: “A lo principal, obrados a despacho para disponer lo que en derecho corresponda” (sic). Posteriormente, mediante memorial de 9 de mayo de igual año, reiteró pronunciamiento a dicho recurso reposición, teniendo como respuesta no ha lugar a lo solicitado. De manera extraña y posterior a una solicitud de autorización de salida judicial por motivos de salud, encontró arrimado al expediente un Auto Interlocutorio de 18 de abril 2023, por el cual se dispuso: “VISTOS: habiendo solicitado reposición conforme el Art. 402 del procedimiento penal y en atención a los datos del proceso en razón de una solicitud de modificación de medidas cautelares por el imputado, no ha lugar a lo solicitado debiendo estar a lo establecido en el Art. 325 del procedimiento penal, y más aun debiendo tenerse en cuenta que la solicitud es posterior a la acusación formal, a la vez se conmina en el día remitir la presente causa…” (sic), vulnerando así sus derechos y garantías constitucionales.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, al trabajo, vinculado a los principios de celeridad y legalidad, citando al efecto los arts. 115, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que: a) Los demandados señalen audiencia de consideración de modificación de medidas cautelares con salida laboral; y, b) Remitan el cuaderno de apelación al Tribunal de alzada.
Celebrada la audiencia pública el 19 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 74 a 75 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolos manifestó que: 1) Desde hace un año y dos meses presentó recurso de apelación incidental; sin embargo, la autoridad demandada no remitió dichos antecedentes al Tribunal de alzada; 2) Antes de la acusación fiscal presentada por el Ministerio Público ante el Juez demandado, se tiene pendiente el referido recurso de apelación cuyos antecedentes no fueron remitidos al superior en grado. No mereció ni un mínimo pronunciamiento a sus peticiones; 3) El 14 de abril de 2023, planteó recurso de reposición ante el demandado; sin embargo, mediante Auto Interlocutorio de 18 de igual mes y año, dispuso no ha lugar a dicha petición; 4) El Juez demandado, incumplió los plazos previstos en el art. 130 del Código de Procedimiento Penal (CPP); 5) Las autoridades demandadas, debían resolver el recurso de apelación y la solicitud de reposición vinculada a ello; empero, ahí va la pregunta por qué se quieren remitir los antecedentes a un Tribunal sin sanear el proceso; 6) No cuenta con un juez que escuche sus peticiones, siendo que, debió tener una respuesta pronta y oportuna; empero, se convirtió en un hecho arbitrario; y, 7) El Secretario -codemandado- no cumplió con sus obligaciones de remitir el recurso de apelación para su saneamiento procesal ni la acusación fiscal para su radicatoria ante el Juez o Tribunal de turno.
Mario Helmer Laura Picavía, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, no presentó informe escrito alguno, ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante de a fs. 52 y vta. Milko Steel Ayllón Quilli, Secretario del mismo Juzgado, por informe escrito presentado el 19 de mayo de 2023, cursante a fs. 73 y vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, en mérito a los siguientes argumentos: i) El proceso penal con Código Único de Denuncia (CUD) 201501932, seguido por el Ministerio Público contra el impetrante de tutela, cuenta con acusación formal; sin embargo, no fue remitido ante un Tribunal de Sentencia debido a problemas en el Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ). Recurrió a la Oficina de Gestora de Procesos para que pueda dar solución; empero, no brindó soporte técnico alguno, siendo atribuible esa responsabilidad a dicha oficina; ii) El accionante refirió la existencia de una apelación pendiente de trámite, sin mencionar la resolución o auto interlocutorio sobre el que habría planteado dicho recurso. Aclaró que dentro del cuaderno de control jurisdiccional no tiene apelaciones pendientes. Ofreció en calidad de prueba objetiva el referido cuaderno de control jurisdiccional; iii) La solicitud de señalamiento de audiencia de modificación de medidas cautelares formulada por el peticionante de tutela, cuenta con pronunciamiento del Juez -ahora demandado- expresado a través del Auto Interlocutorio de 18 de abril de 2023; y, iv) El accionante obró de mala fe y sin lealtad procesal al plantear la acción de libertad en su contra; sin considerar que, es funcionario de apoyo jurisdiccional y siendo su funciones limitadas conforme al art. 56 del CPP; y, sobre la indefensión provocada voluntariamente, señaló que: “… no puede alegarse indefensión cuando la misma ha sido provocada deliberadamente, esto es cuando la persona, con pleno conocimiento de la acción iniciada en su contra no interviene en el proceso…” (sic).
El Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 40/2023 de 19 de mayo, cursante de fs. 76 a 83, concedió en parte la tutela impetrada, disponiendo que: a) La autoridad jurisdiccional del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, señale audiencia de modificación de medidas cautelares en el plazo de veinticuatro horas a partir de su legal notificación; b) El cumplimiento del decreto de 4 de noviembre de 2022, por el cual ordenó el sorteo de la causa y posterior remisión al Tribunal de Sentencia; y, c) En los plazos establecidos en la norma procesal penal, remita todos los antecedentes pendientes al tribunal o juzgado competente; y, denegó la tutela solicitada en relación a la supuesta vulneración del principio de celeridad en relación a las apelaciones al superior en grado, en mérito a la falta de prueba de cargo. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) El impetrante de tutela, mediante memorial de 21 de marzo de 2003, solicitó al Juez ahora demandado, modificación de medidas cautelares; y, conforme al art. 239 del CPP, tenía la obligación de señalar audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, incluso cuando los antecedentes hubieran sido remitidos ante el superior en grado; sin embargo, no señaló dicho acto; 2) La autoridad demandada vulneró los derechos del accionante e incurrió en dilación injustificada en su petición de salida laboral. Si bien, no se encontraban los antecedentes en el cuaderno de control jurisdiccional; empero, esos aspectos debieron haberse discutido en audiencia; 3) Posteriormente, el accionante el 3 de abril de igual año, nuevamente peticionó modificación de medidas cautelares con salida laboral; ante ello, la nombrada autoridad mediante decreto de 5 de igual mes y año, dispuso: “… no ha lugar, debiendo tenerse en cuenta que existe una acusación fiscal conforme al Art. 325 del Procedimiento Penal, en el día por auxiliatura, remítase la presente causa” (sic), vulnerando nuevamente su derecho constitucional; 4) Los antecedentes del cuaderno de control jurisdiccional, establecen la existencia de una acusación formal presentada por el Ministerio Público; empero, con una data de 3 de noviembre de 2022, dicha acusación mereció el decreto de 4 del mismo mes y año, por el cual el Juez demandado señaló: “… por personal subalterno de ese despacho judicial se proceda al sorteo de la causa y posterior remisión por ante el tribunal de sentencia anticorrupción de turno” (sic); empero, desde esa fecha hasta la celebración de la audiencia de garantías, transcurrieron aproximadamente siete meses, sin que se haya remitido el cuaderno de control jurisdiccional a la autoridad competente, extremo que debió ser corroborado por el Secretario -ahora codemandado-; 5) El informe y la providencia de las autoridades demandadas en las que conminó a la Oficina Gestora de Procesos, para resolver problemas informáticos y dar curso al sorteo de la causa para su remisión al Tribunal de alzada con acusación formal; data recién del 14 y 15 de mayo de 2023, existiendo un plazo exagerado desde el decreto 4 de noviembre de 2022; 6) El Juez demandado, no resolvió el recurso de reposición formulado por el impetrante de tutela, limitándose a emitir un decreto simple de 18 de abril de 2023, en el que refirió: “… obrados a despacho para disponer lo que en derecho corresponde” (sic). Con la misma fecha emitió un “Auto”, por el cual refirió: “Habiendo solicitado reposición conforme al art. 402 del CPP y en atención a los datos del proceso, en razón de una solicitud de modificación de medidas cautelares por el imputado, no ha lugar lo solicitado, debiendo estar a lo establecido por el art. 325 del Procedimiento Penal y más aun debiendo tener en cuenta que las solicitudes posteriores a la acusación formal, a la vez se conmina en el día a remitir la presente causa por auxiliatura en razón de la acusación…” (sic). Si bien resolvió con el señalado “Auto”; no obstante, inobservó el art. 124 de CPP, existiendo nuevamente vulneración al debido proceso; 7) El accionante reiteró al demandado, respuesta a su solicitud de recurso de reposición y peticionó audiencia de modificación de medidas cautelares; ante ello nuevamente mediante providencia de 11 de mayo de 2023, señaló: “… no ha lugar lo solicitado, debiendo la parte impetrante estar al auto de fecha 18 de abril de 2023” (sic), extremo que es reiterativo, similar a las observaciones anteriores; y, 8) En relación al recurso de apelación que hubiera interpuesto el solicitante de tutela, sobre -incidentes y excepciones -sin identificar el tipo de excepciones-, revisó los siete cuerpos del cuaderno de control jurisdiccional; empero, no encontró dicho recurso de apelación, inclusive exhortó al accionante la colaboración en la identificación de dichos documentos; sin embargo, no fueron encontrados. Ese extremo también fue negado a través del informe del Secretario codemandado, quien refirió que no existe ninguna apelación pendiente en el cuaderno procesal. El accionante no adjuntó prueba alguna que respalde su denuncia referente a dicho recurso de apelación, lo que limitó ingresar al análisis de fondo sobre la problemática planteada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. A través de memorial presentado el 31 de octubre de 2022, dirigido al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado-; Jhenny Zulema Benítez Gonzáles, Fiscal de Materia, remitió acusación formal contra el ahora accionante por la presunta comisión del delito legitimación de ganancias ilícitas. Ante ello, por decreto de 4 de noviembre del mismo año, dispuso el sorteo y la remisión de la causa al Tribunal de Sentencia de turno (fs. 68 a 72). II.2. Mediante memorial de 20 de marzo de 2023, con cargo de recepción de 21 de igual mes y año, el peticionante de tutela, solicitó al Juez demandado, la modificación de sus medidas cautelares con autorización de salida laboral, mereciendo el decreto de 22 de similar mes y año, refiriendo que: “previamente venga con sus antecedentes” (sic [fs. 16 a 18]). II.3. Cursa memorial presentado el 3 de abril de igual año, dirigido a la autoridad demandada a través del que, el impetrante de tutela reiteró su pedido; sin embargo, por decreto de 5 de similar mes y año, dispuso no ha lugar alegando la existencia de una acusación fiscal y que, habría ordenado la remisión de la causa en el día por auxiliatura (fs. 20 a 21). II.4. Por memorial de 14 de abril de 2023, el accionante interpuso recurso de reposición solicitando al prenombrado dejar sin efecto el decreto de 5 de abril de 2023, en tanto no se resuelvan los incidentes y excepciones pendientes. Pedido que mereció el decreto de 18 de ese mes y año, señalando: “A lo principal, obrados a despacho para disponer lo que en derecho corresponda” (sic [fs. 22 a 24]). II.5. Consta Auto Interlocutorio de 18 de abril 2023, emitido por el Juez demandado por el que señaló: “ VISTOS: habiendo solicitado reposición conforme el Art. 402 del procedimiento penal y en atención a los datos del proceso en razón de una solicitud de modificación de medidas cautelares por el imputado, no ha lugar a lo solicitado debiendo estar a lo establecido en el Art. 325 del procedimiento penal, y más aun debiendo tenerse en cuenta que la solicitud es posterior a la acusación formal, a la vez se conmina en el día remitir la presente causa…” (sic [fs. 26]).
El accionante considera lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso, al trabajo, vinculado a los principios de celeridad y legalidad; alegando que, dentro del proceso penal seguido en su contra, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado-, dispuso su detención domiciliaria. Ante ello, el 21 de marzo de 2023, solicitó al prenombrado, modificación de sus medidas cautelares con salida laboral que mereció el decreto de 22 de similar mes y año, en el que refirió: “previamente venga con sus antecedentes”, motivo por el que, el 3 de abril de igual año, nuevamente reiteró dicha petición; no obstante, por decreto de 5 de igual data fue rechazado, alegando la existencia de una acusación fiscal presentada por el Ministerio Público. Advertido de esa situación el 14 de idéntico mes y año, planteó recurso de reposición contra el referido decreto, mereciendo como respuesta: “A lo principal, obrados a despacho para disponer lo que en derecho corresponda”; por lo que, insistió pronunciamiento a dicho recurso reposición, teniendo como respuesta no ha lugar a lo solicitado. De manera extraña, encontró arrimado al expediente un Auto Interlocutorio de 18 de abril 2023, por el cual la autoridad demandada, dispuso, no ha lugar a su solicitud de modificación de medidas cautelares, vulnerando así sus derechos y garantías constitucionales. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Sobre el particular, la SCP 0002/2019-S1 de 7 de enero, reiterando el entendimiento de la SCP 1777/2014 de 15 de septiembre, refirió que: “Al respecto, la SCP 2373/2012 de 22 de noviembre, haciendo referencia a la SCP 0643/2012 de 23 de julio, señaló: ‘…refiriéndose a la acción de libertad traslativa, en cuanto a los trámites y solicitudes cuando una persona se encuentra privada de libertad éstas deben ser atendidas con la mayor celeridad, por encontrarse de por medio la libertad de las personas en ese entendido la referida sentencia constitucional plurinacional estableció que: «El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, concluyó que el recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad-: ‘…puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida’». (…) De donde se colige que, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional sentada por el Tribunal Constitucional, el habeas corpus traslativo o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad (…)’” La jurisprudencia citada, ha señalado que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad” (el resaltado nos pertenece).
Sobre el particular, la SCP 0222/2018-S2 de 22 de mayo, sistematizando entendimientos jurisprudenciales, estableció subreglas al señalar: “La SC 0143/2003-R de 2 de febrero de 2004 precisó que la autoridad competente para sustanciar cualquier solicitud relacionada con las medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el juez de instrucción penal, que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Más tarde la SC 0487/2005-R de 6 de mayo estableció que al margen que la causa se haya sorteado ante el tribunal de sentencia penal; el juez de instrucción penal debe proceder a su consideración conforme a derecho, ya que la misma todavía no radicó en el citado tribunal; entendimiento ratificado por la SC 0745/2007-R de 24 de septiembre y la SCP 2053/2012 de 15 de octubre, entre otras. Complementando a esta línea jurisprudencial, la SC 1584/2005-R de 7 de diciembre señaló que siendo el derecho a la libertad de importancia no solo primaria sino fundamental, es posible que el juez de instrucción penal pueda resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva, aunque se hubiera presentado la acusación; siempre y cuando no haya radicado la causa en un determinado tribunal de sentencia penal; entendimiento, reiterado por la SCP 0971/2016-S3 de 16 de septiembre, entre otras. Conforme a dicha línea jurisprudencial, las solicitudes de medidas cautelares podían ser conocidas por el juez de instrucción penal hasta que la causa sea radicada ante el juez o tribunal de sentencia penal; actuado con el cual, recién perdía competencia el primero. Sin embargo, dicha línea jurisprudencial fue cambiada por el entendimiento asumido en la SCP 0367/2017-S1 de 25 de abril; la cual, señaló que con la remisión de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal, se marca el inicio de la etapa de juicio oral del proceso penal; momento a partir del cual, adquieren competencia para conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares. En el mismo sentido, la SCP 0817/2017-S2 de 14 de agosto entiende que la remisión del expediente ante el tribunal de sentencia penal, por la interposición de la acusación fiscal, tiene como consecuencia que el juez de instrucción penal pierda competencia para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva. Ahora bien, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional no es estática, sino dinámica, evolutiva, que va mutando, complementando, modulando, cambiando o reconduciendo la línea, en busca de precautelar el respeto y la vigencia plena de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. En este entendido, habiéndose realizado el examen de la línea jurisprudencial respecto a la competencia de los jueces y tribunales para resolver las solicitudes de cesación a la detención preventiva, cuando se presentó la acusación fiscal, a la luz de la Constitución Política del Estado y de conformidad con los arts. 325 y 344 del CPP, modificados por el art. 8 de la Ley 586; corresponde de manera expresa efectuar una reconducción de la línea jurisprudencial, haciendo efectivos los principios de celeridad, seguridad jurídica y los derechos a la defensa, al debido proceso y a una justicia efectiva y sin dilaciones; por lo que, con relación a la competencia del juez de instrucción penal para conocer la cesación de la detención preventiva ante la interposición de una acusación fiscal; corresponde reconducir la línea establecida por la SC 0487/2005 a lo señalado en la SC 1584/2005-R de 7 de diciembre, que indica: …cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal, así se colige del razonamiento aplicado por este Tribunal, que otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no señalar con la celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declaró incompetente por presentarse la acusación (…). Precedente del cual se establece que mientras no se radique la causa en el juzgado o tribunal de sentencia penal al que se derivó la misma, el juzgado remitente sigue teniendo competencia para resolver solicitudes de cesación o modificación de medidas cautelares. Reconducción que se realiza de conformidad con la Norma Suprema y con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, que señalan que los privados de libertad, tienen derecho a la defensa, al debido proceso, al acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, entre otros, que le facultan a interponer solicitudes de cesación de la detención preventiva en cualquier momento, hasta antes de ejecutoriada la sentencia; tomando en cuenta que, la imposición de esta medida, no causa estado y puede ser modificada en cualquier tiempo; y toda vez que, el juez de instrucción penal tiene el control jurisdiccional de la causa en la etapa preparatoria, es ésta, la autoridad que debe conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares, pese a la presentación de la acusación fiscal, siendo plenamente competente hasta que la causa sea radicada ante el juzgado o tribunal de sentencia penal, lo contrario, conllevaría dejar al imputado en incertidumbre jurídica. En este punto, es importante remarcar que toda autoridad que conozca una solicitud efectuada por una persona privada de libertad, debe atenderla con la mayor celeridad posible; es decir, de forma pronta y oportuna, o en su caso, dentro de un plazo razonable, debiendo adoptar las medidas necesarias para resolver con prontitud la situación de los imputados con detención preventiva. Si bien la norma procesal dispone cinco días como plazo máximo para celebrar la audiencia de cesación de la detención preventiva, esto no significa que debe esperarse el último día para llevar adelante la misma, correspondiendo aplicar los valores y principios constitucionales, previstos en el art. 8, complementado por los arts. 115 y 180.I, todos de la CPE, que establecen que la jurisdicción ordinaria se fundamenta en el principio procesal de celeridad, entre otros; motivo por el cual, los jueces de instrucción penal deben señalar las audiencias con la mayor prontitud posible; y, no deben suspenderlas sin razón justificable, de no ser así, se provocaría efectos dilatorios sobre los derechos del detenido que repercute o afecta a su libertad, sin que este razonamiento implique que necesariamente se deba deferir a su petición; sino, se refiere a que sea escuchado oportunamente. En este marco, se debe precisar algunas subreglas para los supuestos en los que presentada la acusación, se formulen solicitudes de cesación de la detención preventiva: 1) Los jueces de instrucción penal, son competentes para conocer y resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se hayan presentado, hasta antes de la radicatoria de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal; así como para desarrollar la audiencia y pronunciar la respectiva resolución, en los supuestos en que hubiere sido fijada con anterioridad a la presentación de la acusación; y, 2) Presentada la acusación, el juez de instrucción penal, remitirá los antecedentes ante el juez o tribunal de sentencia penal dentro del plazo señalado en el art. 325 del CPP, debiendo quedarse en su lugar una copia de aquellas piezas procesales indispensables para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva; una vez concluida la audiencia y demás actuados, debe remitirlos junto a la resolución pronunciada en audiencia, ante el juez o tribunal de sentencia penal, que conoce la causa principal, para que sean acumulados al expediente” .
Al respecto, la SCP 0095/2025-S2 de 10 de marzo, señaló que: «La SC 0066/2010-R de 3 de mayo, respecto a la falta de prueba en acciones de libertad estableció que: “…uno de los principios que rige este recurso es el de informalidad, pero se entiende que dicho criterio no alcanza a la obligación que tiene el accionante de presentar la prueba necesaria que acredite su pretensión.
En ese sentido, la SC 0318/2004-R de 10 de marzo, entre otras, ha establecido que: ‘Si bien es cierto que el art. 90.II de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), determina que el hábeas corpus no requiere mayores formalidades para ser interpuesto, no es menos evidente que la parte recurrente debe acompañar la prueba suficiente y necesaria que acredite la veracidad de las acusaciones que formula, a objeto de lograr sus pretensiones, puesto que corre por su cuenta la carga de demostrar la existencia del o los actos lesivos que estima hayan restringido sus derechos, puesto que no puede dictarse una Resolución de procedencia cuando no se constata la vulneración de ningún derecho o garantía fundamental precisamente por falta de pruebas en las que el Tribunal pueda basar su decisión’’’.
Así también, la SCP 0478/2017-S3 de 1 de junio, señala que: “En ese sentido, existen casos en los que la problemática a ser analizada converge precisamente en hechos que no solo carecen de prueba alguna que acredite su existencia, sino que además derivan en hechos controvertidos pues los hechos son además refutados por la parte demandada que niega la existencia de los hechos demandados y por ende la vulneración de los derechos denunciados, así la jurisprudencia constitucional en números casos con dicha problemática concluyó que: ‘…constituyen hechos controvertidos que no podrán ser resueltos por este Tribunal en virtud al carácter sumario del trámite de esta acción de defensa, por carecer principalmente de una etapa probatoria amplia, así como de los medios de averiguación con que cuenta el Juez ordinario contralor de garantías…’ (SCP 0046/2015-S3 de 15 de enero); en este mismo sentido la SCP 0086/2017-S3 de 24 de febrero, sostuvo: ‘…se evidencia la existencia de aseveraciones distintas entre lo sostenido por el accionante y el codemandado, lo que conlleva a que la contradicción de esas afirmaciones, determina que en el caso, este Tribunal no pueda emitir un pronunciamiento de fondo al considerar que existen hechos controvertidos que requieren ser comprobados y dilucidados por la autoridad ordinaria, quien con un acervo probatorio mucho más amplio que el de esta jurisdicción constitucional, defina sobre la veracidad de la denuncia, y en su caso, establezca las responsabilidades que corresponda”ʼ».
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se constató que: La Fiscal de Materia mediante memorial de 31 de octubre de 2022, con cargo de recepción de 3 de noviembre del mismo año, dirigido al Juez demandado, remitió acusación formal contra el ahora accionante, por la presunta comisión del delito legitimación de ganancias ilícitas. Por lo que, mediante decreto de 4 del mismo mes y año, dispuso el sorteo y la remisión de la causa al Tribunal de Sentencia de turno (Conclusión II.1). Por otro lado, se tiene que, el impetrante de tutela desde el 13 de enero de 2023, se encuentra con detención domiciliaria en cumplimiento al Auto Interlocutorio 023/2023 de 13 de enero; ante ello, por escrito de 20 de marzo de 2023, con cargo de recepción de 21 de igual mes y año, solicitó al prenombrado Juez la modificación de sus medidas cautelares, el cual mereció el decreto de 22 de similar mes y año, con el que señaló que: “previamente venga con sus antecedentes” (Conclusión II.2). Petición que se reiteró el 3 de abril de similar año; sin embargo, mereció el decreto de 5 de igual mes y año, por el cual dispuso nuevamente no ha lugar alegando la existencia de una acusación fiscal de la que ya habría ordenado la remisión de la causa en el día por auxiliatura. (Conclusión II.3). Posteriormente, por memorial de 14 de abril de 2023, el accionante interpuso recurso de reposición solicitando al demandado dejar sin efecto el decreto de 5 de abril de 2023. Pedido que mereció el decreto de 18 de ese mes y año, a través del que señaló : “A lo principal, obrados a despacho para disponer lo que en derecho corresponda” (sic [Conclusión II.4]); y; consta el Auto Interlocutorio de 18 de abril 2023, emitida por el Juez demandado por el que señaló: “ VISTOS: habiendo solicitado reposición conforme el Art. 402 del procedimiento penal y en atención a los datos del proceso en razón de una solicitud de modificación de medidas cautelares por el imputado, no ha lugar a lo solicitado debiendo estar a lo establecido en el Art. 325 del procedimiento penal, y más aun debiendo tenerse en cuenta que la solicitud es posterior a la acusación formal, a la vez se conmina en el día remitir la presente causa…” (sic [Conclusión II.5]).
En ese contexto, contrastada la problemática identificada con la prueba presentada; este Tribunal comprende que, el impetrante de tutela denuncia un hecho consistente en una supuesta dilación arbitraria en su petición de modificación de medidas cautelares; y, el recurso de reposición en el que solicitó dejar sin efecto el decreto de 5 de abril de 2023. Incurrida, aparentemente, por el Juez y Secretario demandados. Ahora bien, a fin de resolver la problemática consistente en la supuesta dilación identificada, es necesario considerar lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, referente a la obligación que tiene toda autoridad que conozca una solicitud en la que, se encuentre implicado el derecho a la libertad física, debe ser tramitada con la mayor celeridad posible; caso contrario, provocaría una restricción indebida del mencionado derecho. Entendimiento que resulta aplicable al presente caso. Es así que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el impetrante de tutela, por la presunta comisión del delito legitimación de ganancias ilícitas, el Juez demandado, a través de Auto Interlocutorio 023/2023, dispuso su detención domiciliaria sin salida laboral. Ante esa situación, el accionante por memorial presentado el 21 de marzo de 2023, solicitó la modificación de dicha medida cautelar, a objeto de lograr la autorización para salir a trabajar, el cual mereció el decreto de 22 de similar mes y año, que señala: “previamente venga con sus antecedentes” (sic). Posteriormente, el 3 de abril de igual año, reiteró su petición; empero, por decreto de 5 de similar mes y año, la referida autoridad judicial, dispuso no ha lugar alegando la existencia de una acusación fiscal. Ante esa situación, el 14 de abril de 2023, el accionante interpuso recurso de reposición solicitando dejar sin efecto el decreto de 5 de abril del mismo año; que mereció el decreto de 18 de ese mes y año, mediante el que señaló: “A lo principal, obrados a despacho para disponer lo que en derecho corresponda” (sic). Con la misma fecha, mediante Auto Interlocutorio de 18 de abril 2023, la autoridad demandada denegó las solicitudes de modificación de medidas cautelares alegado que, dicha petición se planteó de forma posterior a la acusación formal; cuando, debió tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo previsto en el art. 239 del CPP. Incurriendo así en una dilación indebida; lo que vulneró el debido proceso vinculado directamente a su derecho a la libertad; mucho más cuando señala este Auto, que existe una acusación fiscal presentada por el Ministerio Público, que data del 3 de noviembre de 2022, en cuya parte pertinente la autoridad demandada señala: “…conforme al Art. 3 de la Ley 1173, que modifica el Art. 52 del CPP., por personal subalterno de este despacho judicial se proceda al sorteo de la causa y posterior remisión por ante el tribunal de sentencia anticorrupción de turno…” (sic); llegándose a establecer que, desde esa fecha hasta la celebración de la audiencia de la acción tutelar -19 de mayo de 2023- la referida acusación fiscal no fue remitida a la autoridad competente. Siendo que, el Juez demandado con carácter previo debió observar la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional que establece las subreglas para sustanciar las solicitudes relacionadas con las medidas cautelares y sus emergencias en la etapa preparatoria, concerniente a que, cuando se presenta la acusación fiscal, es el Juez de Instrucción Penal quien tiene competencia para conocer y resolver una solicitud de cesación o modificación de medida cautelar, en tanto no se radique el proceso en el juez o tribunal de sentencia penal. En ese orden de ideas, se tiene que en el caso de autos la solicitud de modificación de medida cautelar fue interpuesta ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, quien es la autoridad competente para conocer y resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva o modificación de medidas cautelares que se susciten, hasta antes de la radicatoria de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal.
En esa lógica, se colige que desde la solicitud de modificación de medida cautelar formulado por el accionante cabe decir el 21 de marzo de 2023, hasta la fecha de la celebración de la audiencia de la acción de libertad -19 de mayo de igual año-, transcurrieron cuarenta y cinco días hábiles sin que dicho petitorio haya sido resuelto, advirtiéndose la pasividad con la que actuó el Juez ahora demandado, además de la inobservancia de la jurisprudencia desarrollada en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 del presente fallo constitucional. Lo cual, conllevó a la lesión de los derechos al debido proceso vinculado a la libertad y a los principios de celeridad y legalidad, por la demora en la definición de la situación jurídica del impetrante de tutela. Razones por los que, corresponde conceder la tutela, sobre el hecho demandado. Por otro lado, el impetrante de tutela, en su memorial de la acción tutelar alegó que antes de la referida acusación fiscal, interpuso un recurso de apelación que se encontraría pendiente de trámite y que las autoridades demandadas no hubiesen remitido al Tribunal de alzada. Al respecto conforme el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, aplicable al caso de examen, se tiene que, el accionante no presentó ninguna prueba que sustente los argumentos vertidos, de modo que acredite que, en efecto, los hechos se suscitaron como él los plantea. Al margen de ello, lejos de cumplir con este requisito, se advierte que, en el informe presentado por el Secretario codemandado refirió que: “… no se tiene apelación pendiente alguna…” (sic). Extremo que, también fue verificada por el Juez de garantías, quien por el principio de inmediación pudo advertir esa situación. En ese sentido y en la medida que la denuncia contenida en la acción de libertad requiere prueba suficiente y necesaria que acredite la veracidad de las acusaciones vertidas en la misma, a objeto de lograr un correcto análisis de la controversia; corre por cuenta del impetrante de tutela la carga de demostrar la existencia del o los actos lesivos que estima hayan restringido sus derechos. Puesto que, no puede dictarse una Resolución de procedencia cuando no se constata la vulneración de ningún derecho o garantía fundamental, precisamente por falta de pruebas en las que el Tribunal pueda basar su decisión. En consecuencia, la jurisdicción constitucional sobre el reclamo, se ve impedida de hacer mayor análisis de analizar el fondo de la problemática identificada; por lo que, sobre el petitorio corresponde denegar la tutela. Con relación al Secretario ahora codemandado, cabe precisar que los servidores de apoyo judicial, son susceptibles de responsabilidad cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en la vulneración de derechos fundamentales o garantías constitucionales; situación que, en el caso en análisis no se evidencia; toda vez que, la determinación de no atender las solicitudes de modificación de medidas cautelares, se generó por el Juez ahora demandado. En consecuencia, no se advierte lesión a derecho alguno del accionante por parte del Secretario codemandado vinculados a algunos de sus deberes como servidor de apoyo jurisdiccional. Aspecto por el cual, corresponde denegar la tutela, con relación al mismo. Finalmente, si bien el accionante en su memorial de acción de libertad alegó la vulneración de su derecho al trabajo; sin embargo, no explicó de qué manera éste fue desconocido por el Juez y Secretario demandados. Además, se debe aclarar que el mencionado derecho no se encuentra dentro del ámbito de protección de la acción de libertad previsto por el art. 125 de la CPE. Por lo que, al no corresponder su análisis a través de la presente acción de defensa, corresponde denegar la tutela respecto a dicho derecho. En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido en parte la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 40/2023 de 19 de mayo, cursante de fs. 76 a 83, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, respecto a Mario Helmer Laura Picavía, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, en mérito a los Fundamentos Jurídicos de este fallo constitucional; disponiendo, lleve adelante la audiencia de modificación de medias cautelares en el plazo de veinticuatro horas, salvo que, por el transcurso del tiempo, la misma ya se hubiera efectivizado. 2° DENEGAR la tutela en relación a Milko Steel Ayllón Quilli, Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, en el marco de lo expuesto en este fallo constitucional y con relación al derecho al trabajo, al no encontrarse el mismo dentro de los presupuestos de activación de la presente acción de libertad.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1339_2025-S3.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): bfc1702d50738f9d4185ad148bdc4d8b46bd3701e1c89c91bf6541d04e3124ff
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