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SCP 1339/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 10 de noviembre de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
10 de noviembre de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
58615-2023-118-AAC
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes denuncian la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación y congruencia; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, la Fiscal Departamental demandada emitió la Resolución Jerárquica RJ/RS/ESGS/293-2023 revocando la Resolución de Rechazo 007/2022 -por la cual se determinó el rechazo de denuncia en su favor-, que: 1) No contiene una compulsa de los elementos de prueba ni señala las actuaciones investigativas pendientes; 2) Solo contiene copias de jurisprudencia y artículos, sin vincularlos al caso concreto; y, 3) Es ilegal, ya que se encuentra pendiente la tramitación del recurso de apelación incidental interpuesto por la tercera interesada contra el Auto Interlocutorio 188/2022, que declaró infundado el incidente de actividad defectuosa planteado respecto al decreto de 8 de julio de 2022 que rechazó in limine el recurso de objeción al rechazo de denuncia planteado por la misma. Ante ello, la Fiscal Departamental demandada señaló que: i) La revocatoria no fue realizada por falta de algún elemento de investigación, sino porque la Fiscal de Materia no expuso su criterio sobre el valor de las pruebas luego de su contraste y valoración; ii) Los accionantes no establecieron con claridad si se vulneró su derecho a una resolución congruente y motivada; si la valoración probatoria se apartó de los marcos de razonabilidad y equidad o si se aplicó de manera incorrecta el ordenamiento jurídico; y…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2023 de 7 de septiembre, cursante de fs. 214 vta. a 220, pronunciada por La Jueza Técnica del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Entre Ríos del departamento de Tarija; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a los puntos 1) y 2) en los mismos alcances dispositivos asumidos por la Jueza de garantías. 2° DENEGAR la tutela con relación al punto 3) conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La motivación y fundamentación de las resoluciones de rechazo emitidas por el Ministerio Público y la obligación del Fiscal superior de emitir una decisión de fondo en casos de revocatoria
  2. III.2. Análisis del caso concreto
  3. III.3. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1339/2025-S2 Sucre, 10 de noviembre de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 58615-2023-118-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución 09/2023 de 7 de septiembre, cursante de fs. 214 vta. a 220, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juvenal y Fidelina, ambos Torrez Romero, Guido Benigno Torres Romero, Eveluz Torrez Romero de Martinez y Lency Torres Romero de Montaño, contra Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar, Fiscal Departamental de Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 4 de septiembre de 2023, cursante de fs. 176 a 181 vta., los accionantes manifiestan lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 31 de diciembre de 2021, Alba Lorena Garzón Mealla inició un proceso penal contra sus personas y Osman Torrez Romero, por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica, signado con Código Único de Denuncia (CUD) 606102052100198, señalando que mediante Sentencia 18/2019 de 11 de octubre, emitida dentro de un proceso familiar, se declaró “…comprobada la Unión Conyugal libre a partir del 01/enero/2012 hasta el 30/abril/2016 entre Alba Lorena Garzón Mealla y Juvenal Torrez Romero” (sic). Además, refirió que su persona y Juvenal Torrez Romero -coaccionante-, suscribieron la Escritura Pública 0453/2015 de 25 de marzo, de préstamo, en calidad de deudores, con la finalidad de comprar las acciones y derechos de los hermanos del prenombrado respecto al bien inmueble ubicado en Entre Ríos, Provincia O’Connor del departamento de Tarija, registrado en la oficina de Derechos Reales (DD.RR.) bajo folio real con Matrícula 6.06.1.01.0000061; no obstante, este último firmó la Escritura Pública 049/2015 de 7 de abril -sin inscribirla en las oficinas de DD.RR., ya que, quería quedarse con “la casa”-, el documento privado de 2 de abril de 2015 con reconocimiento de firmas y rúbricas que estableció que “…el precio de 170.000 bs es ficticio y el precio real es $US 65.000…” (sic); y, la Escritura Pública 1/2019 de disolución de la escritura pública 049/2015, que según la querellante es falsa ideológicamente. Es así que, Evangelina Digna Soruco Ortega, Fiscal de Materia, emitió Resolución de Rechazo 007/2022 de 29 de junio, la misma que fue objetada por Alba Lorena Garzón Mealla mediante memorial presentado el 8 de julio de 2022; ante lo cual, la antes nombrada Fiscal de Materia, por decreto de la misma fecha, rechazó in limine la objeción al rechazo de denuncia. Por ello, la referida querellante planteó incidente de nulidad y actividad procesal defectuosa respecto al precitado decreto, mismo que fue rechazado por Auto Interlocutorio 188/2022 de 29 de igual mes, emitido por la Jueza Pública Civil y Comercial e Instrucción Penal Primera de Entre Ríos del departamento de Tarija; y que, después, fue remitido en grado de apelación a la Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, a través de Oficio 376/2022 de 1 de agosto, quedando pendiente su tratamiento. En ese contexto, por Resolución Jerárquica RJ/RS/ESGS/293-2023 de 31 de marzo, Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar -hoy demandada-, revocó la Resolución de Rechazo 007/2022 con evidente falta de fundamentación dado que: a) Contiene una copia de las SSCC 0214/2010-R de 31 de mayo, “1213/2010” y “797/2010”; b) Refiere que la precitada Resolución de Rechazo no se encuentra fundamentada ni motivada porque no contiene el análisis y/o razonamiento intelectivo de la Fiscal de Materia, copiando la SC 1523/2004 de 28 de septiembre, la SCP 0498/0218-S2 de 27 de agosto y transcribiendo los arts. 70, 73 y 297 del CPP; y, 8 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-; y, c) Señala que las resoluciones de los fiscales deben elevarse bajo los principios de legalidad, responsabilidad, transparencia, etc. La estructura de la referida Resolución Jerárquica es arbitraria porque “…copiando y pegando sentencias constitucionales y transcribiendo artículos, de ninguna manera se está emitiendo una resolución fundamentada y motivada…” (sic); además, no estableció la relación de causalidad entre la jurisprudencia citada y el caso concreto; por otro lado, no compulsó ningún elemento de prueba ni señaló las actuaciones investigativas pendientes. Finalmente, al estar pendiente el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 188/2022, resulta ilegal la revisión de la objeción de rechazo a la querella.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

Los accionantes denuncian la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación y congruencia, citando al efecto el arts. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga: 1) Dejar sin efecto la Resolución Jerárquica RJ/RS/ESGS/293-2023; y, 2) Suspender el pronunciamiento de una nueva resolución jerárquica hasta el pronunciamiento de auto de vista que resuelva el recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 188/2022.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 7 de septiembre de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 214 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

Los accionantes, a través de su abogado, ratificaron in extenso los argumentos contenidos en su memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar, Fiscal Departamental de Tarija, por informe escrito cursante de fs. 187 a 189 y de lo alegado en audiencia de garantías, solicitó se deniegue la tutela impetrada, manifestó que: i) En el punto IV de la Resolución Jerárquica RJ/RS/ESGS/293-2023 se establece las consideraciones de hecho y derecho en las que basó su decisión; ii) La revocatoria no fue realizada por falta de algún elemento de investigación, sino porque la dirección funcional no expuso su criterio sobre el valor que le da a las pruebas luego de su contraste y valoración, señalando las normas jurídicas aplicables; en consecuencia, existe una valoración genérica de la prueba; iii) En ese entendido, la resolución de rechazo emitida por el fiscal de mérito no cumple con los presupuestos de fundamentación y motivación incumpliéndose el art. “73 del CPP”; además, carece de carga argumentativa limitándose a mencionar preceptos legales del Código Penal, Código de Procedimiento Penal y de la Norma Suprema; iv) Los accionantes no establecieron con claridad si se vulneró su derecho a una resolución congruente y motivada; si la valoración probatoria se apartó de los marcos de razonabilidad y equidad o si se aplicó de manera incorrecta el ordenamiento jurídico; v) La precita Resolución Jerárquica se encuentra fundamentada, motivada y es congruente conforme la SC 1365/2005-R de 31 de octubre; y, vi) Sus atribuciones no tienen relación con las actuaciones jurisdiccionales.

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

Alba Lorena Garzón Mealla, no asistió a la audiencia de garantías ni presentó informe escrito alguno; no obstante, tampoco fue notificada conforme se evidencia del informe de 6 de septiembre de 2023, cursante a fs. 201, por el cual, el Oficial de Diligencias de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija refiere lo siguiente: “…procedí a notificar a la tercera interesada ALBA LORENA GARZON MEALLA en el domicilio señalado en la Comisión Instruida. y habiendo preguntado a la persona que vive actualmente en el lugar y a los vecinos, me informaron que la ciudadana no vive en el domicilio señalado desde hace años” (sic).

I.2.4. Resolución

La Jueza Técnica del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Entre Ríos del departamento de Tarija, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 09/2023 de 7 de septiembre, cursante de fs. 214 vta. a 220, concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto la Resolución Jerárquica RJ/RS/ESGS/293-2023 y que la Fiscal Departamental demandada emita una nueva resolución en el plazo de diez días; con base en los siguientes fundamentos: a) Evidentemente existe una investigación a denuncia de Alba Lorena Garzón Mealla -tercera interesada- y una Resolución de Rechazo emitida por Evangelina Digna Soruco Ortega, Fiscal de Materia, refiriendo que los hechos no constituyen delito y que se debe acudir a la vía ordinaria civil; empero, la Resolución Jerárquica RJ/RS/ESGS/293-2023 no se pronunció al respecto; b) Si bien la precitada está fundamentada mencionando normas del bloque de constitucionalidad y que se deben cumplir los parámetros de la jurisprudencia constitucional; debe explicar con términos claros y sencillos el porqué de la decisión de revocar el rechazo de denuncia emitido por la Fiscal de Materia; c) En cuanto al incidente de actividad procesal defectuosa, el mismo se trata de un acto jurisdiccional que no tiene relación con la resolución jerárquica; y, d) No corresponde la imposición de costas contra la parte accionada por formar parte del Estado.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por Resolución de Rechazo 007/2022 de 29 de junio, Evangelina Digna Soruco Salinas, Fiscal de Materia, dispuso el rechazo de denuncia a favor de Juvenal y Fidelina, ambos Torrez Romero, Guido Benigno Torres Romero, Eveluz Torrez Romero de Martinez, Lency Torres Romero de Montaño -ahora accionantes- y otro, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias de Alba Lorena Garzón Mealla -tercera interesada- por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado (fs. 101 a 104 vta.). II.2. Mediante memorial presentado el 8 de julio de 2022, la tercera interesada, objetó la Resolución de Rechazo 007/2022; ante lo cual, a través de decreto de la misma fecha, Evangelina Digna Soruco Salinas, Fiscal de Materia determinó que el mismo “…fue presentado fuera del plazo por lo que se rechaza INLIMINE EL MISMO. SIN LUGAR A SU CORRESPONDIENTE ANÁLISIS” (sic [fs. 106 a 111]). II.3. Se tiene memorial presentado el 15 de julio de 2022, por el cual, la tercera interesada, formuló incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa contra el decreto de 8 de igual mes y año emitido por Evangelina Digna Soruco Salinas, ante la Jueza Pública Civil y Comercial e Instrucción Penal Primera de Entre Ríos del departamento de Tarija (fs. 119 a 121). II.4. A través de Auto Interlocutorio 188/2022 de 29 de julio, la Jueza Pública Civil y Comercial e Instrucción Penal Primera de Entre Ríos del departamento de Tarija, declaró infundado el incidente referido en la Conclusión II.3, ante lo cual, la tercera interesada, interpuso recurso de apelación incidental contra la precitada resolución (fs. 131 a 134). II.5. Consta Oficio Cite Of. 376/2022 de 1 de agosto, emitido por la Jueza Pública Civil y Comercial e Instrucción Penal Primera de Entre Ríos del departamento de Tarija, dirigido a la Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justica del citado departamento, con referencia “…REMISIÓN DE TESTIMONIO DE APELACION INCIDENTAL…” (sic), el cual refiere que se remite la apelación incidental planteada por la tercera interesada contra el Auto Interlocutorio 188/2022 (fs. 137). II.6. Cursa Resolución Jerárquica RJ/RS/ESGS/293-2023 de 31 de marzo, mediante la cual, Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar, Fiscal Departamental de Tarija -ahora demandada-, determinó revocar la Resolución de Rechazo 007/2022 “…ordenando en consecuencia, continuar con la investigación, conforme al principio de celeridad que rige la función fiscal” (sic [fs. 139 a 140 vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes denuncian la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación y congruencia; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, la Fiscal Departamental demandada emitió la Resolución Jerárquica RJ/RS/ESGS/293-2023 revocando la Resolución de Rechazo 007/2022 -por la cual se determinó el rechazo de denuncia en su favor-, que: 1) No contiene una compulsa de los elementos de prueba ni señala las actuaciones investigativas pendientes; 2) Solo contiene copias de jurisprudencia y artículos, sin vincularlos al caso concreto; y, 3) Es ilegal, ya que se encuentra pendiente la tramitación del recurso de apelación incidental interpuesto por la tercera interesada contra el Auto Interlocutorio 188/2022, que declaró infundado el incidente de actividad defectuosa planteado respecto al decreto de 8 de julio de 2022 que rechazó in limine el recurso de objeción al rechazo de denuncia planteado por la misma. Ante ello, la Fiscal Departamental demandada señaló que: i) La revocatoria no fue realizada por falta de algún elemento de investigación, sino porque la Fiscal de Materia no expuso su criterio sobre el valor de las pruebas luego de su contraste y valoración; ii) Los accionantes no establecieron con claridad si se vulneró su derecho a una resolución congruente y motivada; si la valoración probatoria se apartó de los marcos de razonabilidad y equidad o si se aplicó de manera incorrecta el ordenamiento jurídico; y, iii) Sus atribuciones no tienen relación con las actuaciones jurisdiccionales. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La motivación y fundamentación de las resoluciones de rechazo emitidas por el Ministerio Público y la obligación del Fiscal superior de emitir una decisión de fondo en casos de revocatoria

Al respecto, los arts. 57 de la LOMP y 73 del CPP, expresan de manera coincidente que los Fiscales formularán sus requerimientos y resoluciones de manera fundamentada y específica. De la normativa citada precedentemente, se tiene que la labor de fundamentación y motivación de las resoluciones, debe ser cumplida por los representantes del Ministerio Público en sus distintas jerarquías; en tal sentido, a través de la SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, se señaló que: “…toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al contenido de fondo, no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver. Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura señalada, resulta obvio que su decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión…" (las negrillas nos corresponden). Ahora bien, la fundamentación que emita la autoridad fiscal departamental al resolver un recurso contra una resolución de rechazo debe ajustarse estrictamente a los límites de su competencia, conforme al art. 305 del CPP, que establece lo siguiente: “El fiscal superior en jerarquía, dentro de los diez días siguientes a la recepción de las actuaciones, determinará la revocatoria o ratificación del rechazo. Si dispone la revocatoria, ordenará la continuación de la investigación; en caso de ratificación, se dispone el archivo de obrados”. De acuerdo con esta norma, el Fiscal superior tiene dos alternativas claras: revocar o ratificar el rechazo. En caso de revocatoria, deberá ordenar la continuación de la investigación, y en caso de ratificación, se procederá al archivo de los obrados; sin embargo, la norma no faculta al referido Fiscal a anular la resolución impugnada por deficiencias en la fundamentación o valoración probatoria.

III.2. Análisis del caso concreto

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias de Alba Lorena Garzón Mealla -tercera interesada- contra Juvenal y Fidelina, ambos Torrez Romero, Guido Benigno Torres Romero, Eveluz Torrez Romero de Martinez, Lency Torres Romero de Montaño -ahora accionantes- y otro, por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, fue emitida la Resolución de Rechazo 007/2022 de 29 de junio, a favor de los impetrantes de tutela (Conclusión II.1); por lo que, a través de memorial presentado el 8 de julio de 2022, la tercera interesada, objetó la referida Resolución de Rechazo; ante lo cual, por decreto de la misma fecha, Evangelina Digna Soruco Salinas, Fiscal de Materia, rechazó in limine el mismo por haberse presentado fuera de plazo (Conclusión II.2).

Ante ello, por memorial presentado el 15 de julio de 2022, la tercera interesada, formuló incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa contra el decreto de 8 de igual mes y año (Conclusión II.3), el cual que fue declarado infundado por la Jueza Pública Civil y Comercial e Instrucción Penal Primera de Entre Ríos del departamento de Tarija mediante Auto Interlocutorio 188/2022 de 29 de igual mes, que a su vez fue objeto de apelación incidental (Conclusión II.4); por lo que, fue emitido el Oficio Cite Of. 376/2022 de 1 de agosto, con referencia “…REMISIÓN DE TESTIMONIO DE APELACIÓN INCIDENTAL…” (sic [Conclusión II.5]); no obstante, según los impetrantes de tutela, el señalado recurso se encontraría pendiente de resolución. En ese contexto, fue emitida la Resolución Jerárquica RJ/RS/ESGS/293-2023 de 31 de marzo, por la que, Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar, Fiscal Departamental de Tarija -ahora demandada-, determinó revocar la Resolución de Rechazo 007/2022 ordenando la continuidad de la investigación (Conclusión II.6); siendo esta denunciada como lesiva de derechos fundamentales por los accionantes. La referida Resolución Jerárquica, cuenta con citas de las SSCC 0214/2010, 1213/2010 y 0797/2010; y, la SCP 0498/2018-S2 de 27 de agosto, y justifica la decisión de revocar la Resolución de Rechazo 007/2022 en la falta de análisis de los indicios probatorios recabados durante la investigación por parte de la Fiscal de Materia, refiriendo expresamente que “…no procedió a realizar una valoración adecuada, armónica de todos los elementos de prueba que fueron colectados durante la investigación (…) no se ha cumplido con lo que establece el Art. 73 del CPP., respecto a una resolución fiscal debidamente fundamentada” (sic [fs. 140]). En ese entendido, respecto al punto 1), en el cual los accionantes refieren que la Resolución Jerárquica RJ/RS/ESGS/293-2023 no contiene una compulsa de los elementos de prueba ni señala las actuaciones investigativas pendientes; este Tribunal advierte que la Fiscal Departamental demandada, mediante la precitada Resolución Jerárquica, señaló que “…la resolución de rechazo no se encuentra fundamentada y motivada, pues no se tiene el análisis y/o razonamiento intelectivo completo por la fiscal de la causa, en el cual se indique los fundamentos por el cual llego a la conclusión de emitir la resolución de rechazo…” (sic [fs. 139 vta.]); además, redundó en dicho argumento señalando la Resolución de Rechazo 007/2022 no expone el criterio de la Fiscal de Materia sobre la valoración probatoria.

Sin embargo, realizando un contraste con la estructura exigida para las resoluciones jerárquicas desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, se evidencia que la Fiscal Departamental demandada omitió pronunciarse sobre el fondo de lo que se investiga; ya que, los argumentos desarrollados en la Resolución Jerárquica cuestionada, parecen direccionarse a una nulidad de la Resolución de Rechazo y no así a una revocatoria que permita la continuidad de la investigación. En ese entendido, la Resolución Jerárquica bajo análisis, no justificó por qué debe proseguirse con la investigación, pues no establece directrices al efecto, ni menciona qué actos investigativos quedaron pendientes en su diligenciamiento; por lo que, la autoridad demandada, emitió una Resolución Jerárquica arbitraria carente de motivación y fundamentación, correspondiendo conceder la tutela sobre esta denuncia alegada. Por otro lado, respecto al punto 2), a través del cual, los impetrantes de tutela refieren que la Resolución Jerárquica RJ/RS/ESGS/293-2023 solo contiene copias de jurisprudencia y artículos sin vincularlos al caso concreto; no corresponde emitir criterio al respecto, considerando que al resolverse el punto 1) se determinó la estructura que debe seguir la decisión de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. En lo que concierne al punto 3), mediante el cual, los accionantes señalan que la Resolución Jerárquica RJ/RS/ESGS/293-2023 es ilegal, ya que se encuentra pendiente la tramitación del recurso de apelación incidental interpuesto por la tercera interesada contra el Auto Interlocutorio 188/2022, los prenombrados se limitaron a mencionar que “…corresponde que previamente se pronuncie la Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, respecto a la apelación incidental y de esta manera, se determinará si corresponde o no el análisis de la objeción a la resolución de rechazo, motivo por el cual resulta ilegal la Revisión de la Objeción…” (sic); no obstante, no especificaron cuál es la norma jurídica contrariada, ni argumentaron de qué manera los hechos alegados hubiesen lesionado sus derechos fundamentales, siendo insuficiente dicha afirmación para que este Tribunal ingrese al análisis de fondo de la referida problemática planteada, al no haberse argumentado la relevancia constitucional del agravio invocado; por lo que, corresponde denegar la tutela al respecto.

III.3. Otras consideraciones

Ahora bien, de la revisión del expediente constitucional, se evidencia que en la presente acción tutelar no se notificó a la tercera interesada con el señalamiento de la audiencia de garantías; sin embargo, la prenombrada presento memorial cursante a fs. 238 y vta., pretendiendo plantear un incidente de nulidad, el cual fue rechazado in limine por la Jueza de garantías por Auto Interlocutorio 16/2023 de 13 de septiembre, en efecto, tuvo conocimiento de esta acción de defensa; empero, se limitó a realizar dicha solicitud sin emitir criterio de fondo sobre los hechos objeto de debate pese a que tuvo la oportunidad de hacerlo incluso en revisión ante este Tribunal; en ese entendido, al haber tenido la tercera interesada la posibilidad de intervenir en esta acción tutelar y no hacerlo, no corresponde la solicitud de nulidad de obrados por falta de notificación a la antes nombrada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2023 de 7 de septiembre, cursante de fs. 214 vta. a 220, pronunciada por La Jueza Técnica del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Entre Ríos del departamento de Tarija; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a los puntos 1) y 2) en los mismos alcances dispositivos asumidos por la Jueza de garantías. 2° DENEGAR la tutela con relación al punto 3) conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1339_2025-S2.pdf · páginas 1 a 10.

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