B.IA.LEGAL

SCP 1338/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 31 de octubre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
31 de octubre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
55815-2023-112-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la lesión de sus derechos a una vida digna y libre de violencia, al acceso a la justicia, y a no ser discriminada; toda vez que, dentro de la denuncia penal interpuesta contra Juan Kaleff Clemor Vargas, por la presunta comisión de delito de violencia familiar o doméstica, los demandados desconociendo la obligación que tiene el Estado a través de su autoridades para proteger a las mujeres víctimas de violencia, a su turno, realizaron los siguientes actos investigativos ilegales en favor del presunto agresor: i) El IITCUP mediante Informes de 27 de enero de 2023 e INF -IITCUP-02/2023 de similar data, así como los Informes INF -IITCUP-EA-58/2023, y Solicitud de Información 59/2023 de 30 de idéntico mes y año, sin percatarse que el denunciado no contaba con el requerimiento fiscal que respalde la nota de 26 de enero de 2023, en la que pidió se precise y explique cuestiones relativas a la tramitación y elaboración del Dictamen Pericial Psicológico PS0919-23 de 17 de enero de 2023, dio respuesta a la misma, revelando datos confidenciales y que tenían que mantenerse en reserva; dando lugar a que el denunciado cuestione dicho Dictamen; y, ii) El Fiscal de Materia demandado, a través de Requerimiento Fiscal de 1 de febrero de 2023, dio curso a la solicitud efectuada por el prenombrado para que se realice una nueva pericia psicológica por una profesional privada, procediéndose a su revictimización. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 31/2023 de 5 de febrero, cursante de fs. 137 a 141 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1338/2025-S3 Sucre, 31 de octubre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 55815-2023-112-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 31/2023 de 5 de febrero, cursante de fs. 137 a 141 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Lorena Borda Montaño contra Remberto Gustavo Roca Galvis, Fiscal de Materia y Germán Mario Arciénega Tito, Director del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 4 de febrero de 2023, cursante de fs. 121 a 126, la accionante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 17 de noviembre de 2022, presentó una denuncia penal contra Juan Kaleff Clemor Vargas por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, en sus vertientes de violencia sexual y psicológica; en tal sentido, el 29 de diciembre de igual año, la autoridad fiscal a cargo de la investigación emitió requerimiento dirigido al IITCUP para que se realicen las pericias psicológicas, dando lugar a la emisión del Dictamen Pericial Psicológico PS0919-23 de 17 de enero de 2023. No obstante, el denunciado incumpliendo las medidas de protección que se asumieron en el proceso penal, con el fin de acosarla y generarle más sufrimiento, el 26 de igual mes y año, de forma escrita solicitó al Director del IITCUP un informe respecto al procedimiento realizado para la emisión del indicado Dictamen; pese a que, la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-dispone la confidencialidad y reserva de las denuncias de violencia contra la mujer, procediendo luego a divulgar sus datos y los del proceso investigativo.

La referida petición -efectuada por el denunciado- en prescindencia de los conductos legales, se realizó sin contar con requerimiento fiscal, además de estar destinada a cuestiones que no tienen relación alguna con los hechos investigados. No conforme con ello, el prenombrado, con el propósito de revictimizarla, con base en la información proporcionada por el IITCUP, impetró se realice una pericia psicológica por una profesional privada. Por otra parte, señaló que el Fiscal de Materia demandado, con el justificativo de haber sido designado en forma reciente, no efectuó ninguna actividad investigativa en tres semanas; para luego, pese a estar presentes todas las partes procesales, suspender la inspección técnica ocular que estaba programada, favoreciendo de esa forma a su agresor. Continuando con esa secuencia de actos arbitrarios, el aludido, el 1 de febrero de 2023, emitió requerimiento fiscal ordenando le practiquen una nueva pericia psicológica, que tiene por objeto investigar hechos que no tienen relación con la denuncia interpuesta, lo cual, evidencia una clara discriminación en su contra; toda vez que, incumplió con su deber de proteger a las mujeres víctimas de violencia.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a una vida digna y libre de violencia, y a la no discriminación, citando al efecto los arts. 2 y 7.b de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, ordenándose que: a) Se deje sin efecto el requerimiento fiscal de 1 de febrero de 2023 y cualquier informe que se haya generado a consecuencia de ese actuado; habida cuenta que, el Ministerio Público tiene la obligación de investigar los hechos de violencia denunciados y no así, otros ajenos; y, b) El Director del IITCUP elabore una respuesta dirigida a Juan Kaleff Clemor Vargas, en sentido que, debido a que no cuenta con un requerimiento fiscal para que se dé curso a la solicitud formulada, no se puede proporcionar ningún tipo información respecto a la denuncia que se investiga.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 5 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 130 a 136 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante ratificó el contenido de su demanda tutelar y ampliándolo, señaló que: 1) Pese haberse sometido a una serie sesiones psicológicas que dieron origen al Dictamen Pericial Psicológico PS0919-23, el denunciado inició ataques psicológicos en su contra con la colaboración de las autoridades demandadas quienes incumplieron su obligación de brindarle protección por constituirse una mujer víctima de violencia; toda vez que, su presunto agresor, el 26 de enero de 2023, mediante nota dirigida al Director del IITCUP, sin su consentimiento ni contar con requerimiento fiscal, pidió información respecto al proceso penal que interpuso, inobservando que de acuerdo a los arts. 27 y 86.14 de la Ley 348 y la normativa internacional, los datos del proceso penal están sujetos a confidencialidad y reserva; no obstante a ello, el aludido Director demandado, a través de Hoja de Ruta 0134/2023 de 27 de igual mes, instruyó que se dé curso a la petición efectuada; 2) El 3 de febrero del mencionado año, a través del portafolio digital del Sistema Informático Justicia Libre (JL1) asumió conocimiento sobre los escritos que interpuso el denunciado, cuestionando el Dictamen Pericial Psicológico PS0919-23, en los que propone un consultor particular en psicología para que le practique un nuevo peritaje pretendiendo que se la revictimice; pues, ya fue sometida a tres sesiones psicológicas; así como una auditoría forense por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) con base en el cual se aperturó una investigación contra actos emitidos por el Ministerio Público; evidenciándose de ello la desigualdad en la que se encuentra frente a su agresor, ya que, este por ser un servidor público de la Procuraduría General del Estado tiene influencias en otras instituciones; 3) Presentó notas dirigidas a los demandados, recordándoles que no pueden extender información confidencial y reservada respecto a la demanda penal que se investiga; por cuanto, esta sería usada para amedrentarla y ocasionar zozobra; 4) El Fiscal de Materia demandado, suspendió la inspección técnica ocular que estaba programada, expresando la ausencia de los testigos de cargo, cuando éstos ya prestaron su testimonio, conforme se tiene de las actas de declaraciones cursantes en el cuaderno de investigaciones, siendo el verdadero motivo, que el denunciado presentó día antes a ese actuado, una lista de testigos de descargo; y, 5) Solicitó se deje sin efecto todos los actos que derivaron de las solicitudes efectuadas por el denunciado y el Requerimiento fiscal de 1 de febrero de 2023, los cuales no son pertinentes ni útiles para la investigación del caso, ya que, ello conllevó a que exista una desprotección por parte de las autoridades demandadas hacia su persona y por ende, sea sujeta a discriminación, además que se emitan las correspondientes medidas de protección para que el presunto agresor no pueda acosarla ni amedrentarla.

I.2.2. Informe de los demandados

Remberto Gustavo Roca Galvis, Fiscal de Materia en audiencia de garantías, señaló que: i) La accionante no demostró de qué manera su vida estaría corriendo peligro; habiéndose limitado a referir que, el requerimiento fiscal de 1 de febrero de 2023 le ocasionará una revictimización, sin acreditar que a consecuencia de esa orden se halla requerido un nuevo informe o pericia psicológica; ii) Conforme prevé el art. 225 de la Constitución Política del Estado (CPE), el Ministerio Público es el órgano encargado de defender la legalidad e interés general de la sociedad; es decir, si bien dentro de sus facultades está investigar los hechos de violencia contra la mujer; empero, ello no implica que se debe lesionar los derechos del imputado, de allí que, si este efectúa una solicitud dentro de la investigación, el Ministerio Público dará curso a lo impetrado -previa valoración de su pertinencia- a objeto de esclarecer los hechos denunciados y llegar a la verdad histórica; iii) La inspección técnica ocular fue suspendida debido a que el Investigador asignado al caso, informó que le faltaba recabar los testimonios de los testigos de cargo y descargo; por consiguiente, en razón a que, el art. 179 del Código de Procedimiento Penal (CPP) es claro al prever que para llevarse a cabo dicho acto procesal el Ministerio Público tiene que contar con los suficientes elementos, con el fin de no lesionar ningún derecho de las partes procesales; iv) La pertinencia o idoneidad de las peticiones efectuadas o informes recabados, no corresponden ser analizadas por los sujetos procesales, sino por el órgano encargado de la investigación, documentos que además son puestos a disposición de la autoridad judicial que ejerce el control jurisdiccional; y, v) No se cumplió con el principio de subsidiariedad, por cuanto, con carácter previo a interponer la presente acción de defensa, se debió denunciar estos actos ante el Juez de la causa. Germán Mario Arciénega Tito, Director del IITCUP en audiencia de garantías refirió que: a) El instituto al que representa, no tiene dentro de sus facultades realizar ningún tipo de investigación; limitándose su competencia a efectuar evaluaciones respecto a las evidencias o elementos probatorios colectados en el lugar del hecho, así como los dictámenes periciales psicológicos; b) El presunto agresor denunció algunas irregularidades que se hubiesen suscitado en el Dictamen Pericial Psicológico PS0919-23, a raíz del cual, se efectuó una investigación que dio como resultado la existencia de supuestas irregularidades administrativas; por lo que, se instruyó se inicie un proceso disciplinario contra el Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz -a cargo del control jurisdiccional-; y, c) No se realizará un nuevo dictamen pericial psicológico; debido a que, ya existe un pronunciamiento por parte del IITCUP.

I.2.3. Resolución

El Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, mediante Resolución 31/2023 de 5 de febrero, cursante de fs. 137 a 141 vta., denegó la tutela impetrada; sin perjuicio de ello, exhortó y conminó: 1) Al Fiscal de Materia demandado, a que cumpla con sus funciones dentro del marco establecido por el Código de Procedimiento Penal, debiendo realizar los actos investigativos únicamente en relación al hecho denunciado, no pudiendo hacer otras averiguaciones paralelas que no corresponden a la investigación; y, 2) Al Director del IITCUP, cumpla sus actividades de acuerdo a lo previsto en el citado Código, debiendo efectuar sus informes observando el principio de protección a la intimidad de la víctimas. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) De los datos del expediente, se evidenció que el proceso penal del cual deviene esta acción de libertad se encuentra bajo el control jurisdiccional del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; ii) Si bien la accionante merece una protección reforzada, por tratarse el hecho investigado de un delito de violencia contra la mujer, no es menos evidente que para conceder la tutela en denuncias relativas a la lesión del derecho a la vida, se debe acreditar con prueba objetiva que la misma está en riesgo o peligro, lo cual no fue cumplido, advirtiéndose por el contrario que el objeto de esta acción de defensa es que se deje sin efecto el Requerimiento fiscal de 1 de febrero de 2023, argumentando que por cuestiones de privacidad, no puede hacerse público ni utilizarse los datos de una denuncia penal en otra, extremo que se constituye en una cuestión meramente procedimental que no coloca en riesgo el derecho a la vida de la peticionante de tutela; iii) De la verificación de los actuados y el informe presentado por la Jueza demandada se puede observar el señalamiento de audiencia de consideración de la solicitud de cesación de la detención preventiva para el lunes 29 de enero de 2024; por ende, no existe lesión alguna a los derechos invocados por la accionante; iv) En cuanto a la solicitud para que la autoridad fiscal emita medidas de protección a favor de la impetrante de tutela, se coligió que en su momento dicha autoridad ya pronunció las mismas, además de encontrarse la presente investigación bajo control jurisdiccional del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, v) En cuanto a la denuncia de discriminación y lesión al derecho a la tutela judicial efectiva, “…si la Autoridad Jurisdiccional fallará más allá de lo pedido también podría vulnerar derechos y garantías constitucionales, lo cual a ninguna Autoridad Jurisdiccional se le está permitido…” (sic). En vía de aclaración y enmienda, la accionante señaló que acompañó a su demanda tutelar la SCP 0414/2019-S3 que concede la tutela por lesión al derecho a la vida, en su concepción de “vida digna” y a “vivir bien”, derecho que no está siendo gozado ni disfrutado por su parte; dado que, del Dictamen Pericial Psicológico PS0919-23, se establece que tiene secuelas emocionales. En sustanciación y resolución de dicha solcitud, el Juez de garantías indicó que los argumentos reclamados de forma clara e inequívoca ya fueron absueltos en la Resolución pronunciada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro de la denuncia formulada por Lorena Borda Montaño -ahora accionante- contra Juan Kaleff Clemor Vargas, la entonces Fiscal de Materia asignada al caso, mediante Requerimiento de medidas de protección de 21 de noviembre de 2022, impuso determinadas restricciones y prohibiciones al denunciado con relación a la víctima (fs. 14). II.2. El 23 de noviembre de 2022, Lorena Borda Montaño formalizó denuncia penal ante el Ministerio Público contra Juan Kaleff Clemor Vargas, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, en sus vertientes de violencia sexual, psicológica, encubierta o simbólica, dignidad, honra y nombre (fs. 3 a 8 vta.). II.3. Cursa Dictamen Pericial Psicológico PS0919-23 de 17 de enero de 2023, emitido por Agustín David Peñaranda Cutipa, Perito Psicólogo del IITCUP realizado a la impetrante de tutela, en su calidad de víctima, siendo puesto a conocimiento de la autoridad fiscal mediante nota CITE: I.I.T.C.U.P.-REGIONAL – EL ALTO CUSTODIA DE EVIDENCIAS OFICIO 79/23 de igual data (fs. 15 a 28). II.4. El 26 de enero de 2023, Juan Kaleff Clemor Vargas, puso en conocimiento del Director del IITCUP presuntos actos irregulares en la tramitación del Requerimiento fiscal de 28 de diciembre de 2022, por contar el mismo con tres sellos de recepción en diferentes fechas, aspecto que pondría en duda la idoneidad del Dictamen Pericial Psicológico PS0919-23, así como también impetró se aclare y explique ciertos aspectos cuestionados en el procedimiento de ese Requerimiento fiscal (fs. 49 a 51). II.5. Mediante Informe de 27 de enero de 2023, el Encargado de Secretaría y Gestión de Servicios Periciales del IITCUP, hizo saber al Director del señalado Instituto de Investigaciones el procedimiento que se dio al Requerimiento Fiscal de 28 de diciembre de 2022. Cursando en el mismo sentido el Informe INF -IITCUP-02/2023 de 27 de enero, expedido por el Encargado de Gestión de Sistema de Servicios Periciales de la Academia Nacional de Policías (ANAPOL [fs. 42 a 44]). II.6. A través de Informe INF -IITCUP-EA-58/2023 de 30 de enero, la Encargada de Custodia de Evidencia del IITCUP Regional El Alto del departamento de La Paz, puso en conocimiento del Director del citado Instituto, el tracto procesal que se dio al Requerimiento Fiscal caso 201103052203335. Constando también el Informe a Solicitud de Información 59/2023 de igual data; por el que, el Perito Psicólogo del IITCUP de la indicada Regional respondió los extremos cuestionados en la nota de 26 de igual mes y año, presentada por el denunciante (45 a 48). II.7. Por Requerimiento fiscal de 1 de febrero de 2023, Remberto Gustavo Roca Galvis, Fiscal de Materia -ahora demandado-, “A fin de quien corresponda INFORME de los extremos vertidos por su persona” (sic), solicitó “Informe de manera detallada respecto a la tramitación que se dio al requerimiento fiscal de fecha 28 de diciembre de 2022 y si notificó a las partes con los puntos de pericia y de la asignación del perito Lic. Agustín David Peñaranda Cutipa” (sic [fs. 79]). II.8. Juan Kaleff Clemor Vargas mediante escrito de 3 de febrero de 2023, presentado ante el Fiscal de Materia asignado al caso -hoy demandado-objetó el Dictamen Pericial Psicológico PS0919-23; propuso Consultar técnico e impetró un nuevo peritaje a la víctima, y solicitó auditoría forense por el IDIF ante presuntas irregularidades (fs. 29 a 31 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la lesión de sus derechos a una vida digna y libre de violencia, al acceso a la justicia, y a no ser discriminada; toda vez que, dentro de la denuncia penal interpuesta contra Juan Kaleff Clemor Vargas, por la presunta comisión de delito de violencia familiar o doméstica, los demandados desconociendo la obligación que tiene el Estado a través de su autoridades para proteger a las mujeres víctimas de violencia, a su turno, realizaron los siguientes actos investigativos ilegales en favor del presunto agresor: i) El IITCUP mediante Informes de 27 de enero de 2023 e INF -IITCUP-02/2023 de similar data, así como los Informes INF -IITCUP-EA-58/2023, y Solicitud de Información 59/2023 de 30 de idéntico mes y año, sin percatarse que el denunciado no contaba con el requerimiento fiscal que respalde la nota de 26 de enero de 2023, en la que pidió se precise y explique cuestiones relativas a la tramitación y elaboración del Dictamen Pericial Psicológico PS0919-23 de 17 de enero de 2023, dio respuesta a la misma, revelando datos confidenciales y que tenían que mantenerse en reserva; dando lugar a que el denunciado cuestione dicho Dictamen; y, ii) El Fiscal de Materia demandado, a través de Requerimiento Fiscal de 1 de febrero de 2023, dio curso a la solicitud efectuada por el prenombrado para que se realice una nueva pericia psicológica por una profesional privada, procediéndose a su revictimización. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad

Sobre el particular, el art. 125 de la CPE, establece que: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad” (negrillas añadidas). A su vez, en concordancia con el precepto constitucional desarrollado, el art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), prevé que la acción de libertad procede cuando la persona afectada considere que: “1. Su vida está en peligro; 2. Está ilegalmente perseguida;

3. Está indebidamente procesada; 4. Está indebidamente privada de libertad personal” (énfasis agregado). De las normas descritas, se colige que la acción de libertad está constituida dentro de nuestro ordenamiento jurídico como un mecanismo de defensa que tiene por objeto proteger y restablecer los derechos fundamentales a la libertad personal, la vida cuando se encuentre en peligro, así como los derechos a la integridad física, la libertad de locomoción y debido proceso cuando este se encuentre directamente vinculado con la libertad personal. Bajo esa normativa constitucional, la SCP 1278/2013 de 2 de agosto, señaló que: “En ese ámbito, en virtud a la tutela que brinda respecto al derecho a la vida y también a la integridad física o personal (art. 64 del Código Procesal Constitucional [CPCo]), la acción de libertad es concebida como una acción esencial y, por lo mismo, debe señalarse que si bien su génesis como garantía jurisdiccional está asociada con la defensa del derecho a la libertad física y personal; no es menos cierto que, dado el carácter primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, la acción de libertad también se activa en los casos en que exista un real peligro para éste, aunque no se de la estrecha vinculación del mismo con la libertad física o personal, en el ámbito clásico del hábeas corpus o acción de libertad instructiva. Debe señalarse que esta conclusión, que emerge de la naturaleza del derecho a la vida y de la acción de libertad como un medio inmediato para su defensa, encuentra sustento en la Constitución Política del Estado y en el propio Código Procesal Constitucional. Efectivamente, de acuerdo al art. 125 de la CPE antes glosado, la acción de libertad puede ser presentada por toda persona ‘que considere que su vida está en peligro’, sin condicionar la procedencia de esta acción a la vinculación con el derecho a la libertad física o personal. En igual sentido, el art. 47 del CPCo, señala que la acción de libertad procederá cuando cualquier persona crea que ‘su vida está en peligro’. Consecuentemente, las propias normas constitucionales y legales configuran procesalmente a la acción de libertad como un medio para la defensa del derecho a la vida, cuando éste estuviere en peligro y, por lo mismo, no cabe una interpretación restrictiva de esta norma limitando su alcance únicamente a los supuestos en que exista vinculación con el derecho a la libertad física o personal. Sin embargo, debe señalarse que, en todo caso, será la parte accionante la que, tratándose del derecho a la vida, asuma la decisión de formular una acción de libertad o de amparo constitucional; empero, también debe dejarse establecido que, es la justicia constitucional la que deberá analizar si realmente se está ante una lesión o peligro directo al derecho a la vida tutelable a través de la acción de libertad, pues su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Análisis del caso concreto

De los antecedentes que cursan en el expediente se colige que, la accionante el 23 de noviembre de 2022 formalizó denuncia penal contra Juan Kaleff Clemor Vargas por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, en sus vertientes de violencia sexual, psicológica, encubierta o simbólica, dignidad, honra y nombre (Conclusión II.2), dentro de la cual, se emitió el Dictamen Pericial Psicológico PS0919-23 de 17 de enero de 2023, por Agustín David Peñaranda Cutipa, Psicólogo del IITCUP que fue puesto a conocimiento de la autoridad fiscal mediante nota CITE: I.I.T.C.U.P.- REGIONAL – EL ALTO CUSTODIA DE EVIDENCIAS OFICIO 79/23 de igual data (Conclusión II.3). No obstante, el presunto agresor mediante nota presentada el 26 de enero de 2023, ante del Director del IITCUP, hizo conocer presuntos actos irregulares en la tramitación del Requerimiento Fiscal de 28 de diciembre de 2022, por contar el mismo con tres sellos de recepción en diferentes fechas, lo que a su entender, pondría en duda la idoneidad del Dictamen Pericial Psicológico PS0919-23, además de solicitar se aclare y explique ciertos aspectos cuestionados en el procedimiento de ese Requerimiento fiscal (Conclusión II.4). Petición que siendo derivada a través de Hoja de Trámite 0134/2023 de 27 de enero, a las diferentes Unidades del mencionado Instituto de Investigaciones Técnico Científicas, mereció los informes: a) De 27 de enero de 2023, pronunciado por el Encargado de Secretaría y Gestión de Servicios Periciales del citado Instituto de Investigaciones, por el que hizo saber al Director del IITCUP el procedimiento que se dio al Requerimiento Fiscal de 28 de diciembre de 2022; b) INF -IITCUP-02/2023 de igual data, expedido por el Encargado de Gestión de Sistema de Servicios Periciales de la ANAPOL que también dio a conocer el trámite efectuado a ese Requerimiento Fiscal; c) INF -IITCUP-EA-58/2023 de 30 de igual mes, emitido por la Encargada de Custodia de Evidencia del IITCUP Regional El Alto del departamento de La Paz, informando sobre el tracto procesal que se dio al Requerimiento fiscal caso 201103052203335; y, d) A Solicitud de Información 59/2023 de igual data, por el que, el Perito Psicólogo del IITCUP de la indicada Regional, respondió los extremos cuestionados en la nota de 26 de igual mes y año, presentada por el denunciante (Conclusiones II.5 y II.6). Con base en esa información recabada, el denunciado mediante escrito de 3 de febrero de 2023, presentado ante el Fiscal de Materia asignado al caso, objetó el Dictamen Pericial Psicológico PS0919-23; propuso un Consultar técnico e impetró un nuevo peritaje a la víctima, y solicitó auditoria forense por el IDIF ante presuntas irregularidades (Conclusión II.8); para en forma irregular -con data anterior a ese escrito- se introduzca en el cuaderno de investigaciones el Requerimiento Fiscal de 1 de febrero de 2023. Efectuada esa necesaria relación fáctica de los antecedentes, este Tribunal Constitucional Plurinacional colige que la impetrante de tutela denuncia en lo principal que el Fiscal de Materia y el Director del IITCUP -ahora demandados- al dar curso a los solicitudes realizadas por su presunto agresor, desconocieron la obligación que tiene el Estado a través de su autoridades para proteger a las mujeres víctimas de violencia, pues, el citado Director del IITCUP sin percatarse que la nota de 26 de enero de 2023 -solicitando se precise y explique cuestiones relativas a la tramitación y elaboración del Dictamen Pericial Psicológico PS0919-23- carecía de un requerimiento fiscal que la respalde, dio respuesta a la misma, revelando datos confidenciales y que tenían que mantenerse en reserva, lo que ocasionó que el denunciado cuestione dicho Dictamen. Por otra parte, el Fiscal de Materia demandado, a través de Requerimiento Fiscal de 1 de febrero de 2023, dio curso a la solicitud efectuada por el prenombrado para que se realice una nueva pericia psicológica por una profesional privada, procediéndose a su revictimización, actos con los cuales refiere se lesionó sus derechos a una vida digna y libre de violencia, a la no discriminación y al acceso a la justicia. En tal sentido, a fin de resolver la problemática denunciada, resulta importante destacar que si bien el derecho a una vida digna y libre de violencia se constituye en un derecho fundamental y de trascendental importancia, motivo por el cual este Tribunal Constitucional Plurinacional presta una especial consideración a problemáticas relacionadas con la vida y más aún relacionadas a las mujeres víctimas de violencia en razón de género; no obstante, en el caso en análisis no puede pronunciarse respecto a los hechos denunciados; en razón a que, los citados derechos no condicen con la naturaleza de la acción de libertad, que conforme precisó en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, tiene por objeto proteger la libertad personal o física contra detenciones indebidas o ilegales y el derecho a la vida en su sentido más primario; es decir, el derecho a la existencia física frente a un peligro, siendo necesario para su tutela que el o la accionante acredite la existencia de un real e inminente peligro para ese derecho, aunque no se halle estrechamente vinculado con la libertad física o personal, pues su sola enunciación no activa la jurisdicción constitucional (SCP 1278/2013 de 2 de agosto). Por lo anterior, esta Sala observa que la impetrante de tutela no cumplió con la carga probatoria referida precedentemente; toda vez que, no demostró con elementos objetivos cómo los actos investigativos denunciados consistentes en los Informes de 27 de enero de 2023 e INF -IITCUP-02/2023, INF -IITCUP-EA-58/2023, y Solicitud de Información 59/2023 emitidos por el IITCUP en respuesta a la nota de 26 del referido mes y año, y el Requerimiento Fiscal de 1 de febrero de igual año, pronunciados y tramitados por parte del Fiscal de Materia y Director del IITCUP ahora demandados, pusieron en una situación de emergencia y riesgo real su derecho a la vida -entendida como su existencia- otorgando de esa forma certeza sobre lo reclamado en esta acción de defensa con el objeto de establecer la responsabilidad que correspondiere a los demandados; máxime, cuando la entonces Fiscal de Materia asignada al caso, en cumplimiento de la normativa nacional e internacional, al momento de conocer la denuncia formulada por Lorena Borda Montaño contra Juan Kaleff Clemor Vargas, por presuntos hechos de violencia contra la mujer, de forma inmediata con la finalidad de salvaguardar la vida e integridad física, psicológica y sexual de la víctima mediante Requerimiento de medidas de protección de 21 de noviembre de 2022, impuso determinadas restricciones y prohibiciones al denunciado con relación a la demandante de tutela (Conclusiones II.1). Aunado a lo anterior, del contenido del Requerimiento Fiscal de 1 de febrero de 2023 -que es acusado como presunto acto que ocasionaría su revictimización- se colige que el Fiscal de Materia demandado “A fin de quien corresponda INFORME de los extremos vertidos por su persona” (sic) solicitó: “Informe de manera detallada respecto a la tramitación que se dio al requerimiento fiscal de fecha 28 de diciembre de 2022 y si notificó a las partes con los puntos de pericia y de la asignación del perito Lic. Agustín David Peñaranda Cutipa” (sic [Conclusión II.7]), de lo cual se constata que no es evidente lo afirmado por la accionante en sentido que se hubiere dispuesto se le practique una nueva pericia psicológica; no habiéndose dado lugar a una presunta revictimización que ponga en riesgo su derecho a la vida. Por lo anterior, este Tribunal Constitucional Plurinacional concluye que la impetrante de tutela no cumplió con la carga probatoria exigida por la jurisprudencia para que se aperture la competencia de la jurisdicción constitucional, a efectos de resguardar su derecho a la vida, pues su sola enunciación no activa el análisis de fondo, advirtiendo por el contario que se pretende vía acción de libertad cuestionar actos investigativos propios del Ministerio Público como director funcional de la investigación, cuya labor específica es averiguar la verdad histórica de los hechos denunciados, más aun cuando se encuentran bajo el control jurisdiccional del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; por lo que, corresponde denegar la tutela. Finalmente, con relación a los derechos a no ser discriminada y al acceso a la justicia, este Tribunal no puede emitir pronunciamiento alguno al no encontrarse dentro de los presupuestos de tutela que atingen a la naturaleza jurídica de la acción de libertad.

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 31/2023 de 5 de febrero, cursante de fs. 137 a 141 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1338_2025-S3.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): feabfaee714702efdaa7c07f1ee7cc6b20219af9a0d324bfaf398e65b57acb1a

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