Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 31 de octubre de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; alegando que el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora demandado-, no instaló una nueva audiencia presencial para determinar su situación jurídica, puesto que, cumplía detención preventiva, al no haberse desvirtuado el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP; conforme lo dispuesto por el Juez de garantías en el auto complementario 01/23 de 19 de abril de 2023, en la acción de libertad planteada con anterioridad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2023 de 10 de mayo, cursante de fs. 42 a 43, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada en virtud a los fundamentos citados supra, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1337/2025-S3 Sucre, 31 de octubre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 55753-2023-112-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 07/2023 de 10 de mayo, cursante de fs. 42 a 43, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Víctor Alfonso Arembay Méndez contra José Manuel Gutiérrez Velásquez, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 9 de mayo de 2023, cursante de fs. 14 a 15, el accionante expresó:
Dentro del proceso penal instaurado por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de secuestro, radicado en el Juzgado de Sentencia Contra la Violencia hacia la Mujer y Anticorrupción Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; a la fecha de presentación de la acción tutelar, no se efectuó ninguna audiencia de juicio oral; empero, otros dos acusados en la misma causa, ya fueron condenados mediante procedimiento abreviado. En reiteradas ocasiones presentó solicitud de cesación de su detención preventiva, que fueron rechazadas, en virtud a que aplicó la concurrencia del riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP). El 31 de enero de 2023, tuvo lugar la penúltima audiencia de cesación de medida restrictiva de su libertad, el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la misma Capital y departamento (en suplencia por vacación), rechazó su petición, bajo el fundamento de que la pericia psicológica no fue remitida en su totalidad; empero, el 1 de febrero del mismo año, dicha documentación fue presentada extemporáneamente (después dela audiencia), “…y que dicho Auto Interlocutorio fue Apelado y en la Sala Penal Segunda fue declarado Admisible e improcedente [su] Recurso de Apelación…” (sic), en virtud a que no podían valorar ni ponderar ninguna documentación que no fue presentada en la audiencia de cesación a la medida cautelar; luego nuevamente reiteró su solicitud de cesación a la detención preventiva, esta vez ante el Juzgado de Sentencia Contra la Violencia hacia la Mujer y Anticorrupción Decimosegundo de la referida Capital, que también rechazo su pedido, indicando que los informes periciales ya habrían sido valorados, por el Tribunal que intervino en suplencia legal y por el de alzada, lo cual hizo incurrir en error al Vocal demandado, quien manifestó que la documentación (Certificaciones e Informes) no eran suficientes para desvirtuar el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP; de igual manera, con respecto al peligro de obstaculización establecido en el art. 235.2 del citado Código. Contra esa determinación interpuso acción de libertad, que si bien inicialmente le fue denegada por Resolución de 6 de abril de 2023, a través de auto de complementación y enmienda, emitido por el Juez de garantías, ordeno al Vocal ahora demandado, emita un nuevo Auto de Vista, a lo cual no dio cumplimiento.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, bajo la modalidad reparadora, correctiva, restringida, traslativa y de pronto despacho y al debido proceso, citando al efecto los arts. 15, 18, 21, 22, 23, 72, 116, 117 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda tutela, disponiendo que el Vocal demandado instale una nueva audiencia presencial para determinar su situación jurídica, aplicando lo previsto en el art. 203 de la CPE.
Celebrada la audiencia pública el 10 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 40 a 41 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola señaló que: a) Con relación al informe presentado por la autoridad demandada, mencionó que, en su contenido falta a la verdad, puesto que la autoridad demandada no cumplió lo previsto en el art. 203 de la CPE; b) El 5 de abril de 2023, planteó -otra- acción tutelar contra la autoridad demandada, bajo el argumento que no dio observancia a lo previsto en los arts. 124 y 398 del CPP, transgrediendo el debido proceso, y en audiencia de 6 del mismo mes y año, el Tribunal de garantías concedió la tutela, ordenando que el Vocal demandado instale una nueva audiencia y/o emita nuevo fallo, aplicando los arts. 404 y 405 de la norma adjetiva; empero, dicha autoridad no acató dicho fallo, alegando que no fue notificado con la resolución y que previamente a ser remitida en revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional dentro del plazo previsto en el art. 36.9 del Código Procesal Constitucional (CPCo), planteó complementación y enmienda, en la cual mencionó que el riesgo procesal de obstaculización -art. 235.2 del CPP- no fue desvirtuado, porque está amparado “en la SC 001/2018” (sic); c) El 13 de igual mes y año, conforme consta en el oficio 222/2023, se procedió con la remisión al Tribunal Constitucional Plurinacional para su respectiva revisión; fue entonces que, el 18 de similar mes y año, la autoridad demandada recién presentó la complementación y enmienda extemporáneamente, cuando el expediente ya se encontraba en revisión extraordinaria del Tribunal Constitucional Plurinacional; y, d) El Vocal demandado no dio cumplimiento a lo dispuesto en “auto de Sentencia 006” (sic) expedido por el Tribunal de garantías; por lo que, solicitó se le ordene dicte nuevo auto de vista o se señale nueva audiencia de apelación, a objeto de efectivizar la “SC006/2023” (sic), debido a la dilación incurrida por dicha autoridad.
José Manuel Gutiérrez Velásquez, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por informe escrito presentado el 10 de mayo de 2023, cursante de fs. 38 a 39, señaló: 1) El accionante se refirió a una anterior acción de libertad planteada en su contra, la cual fue resuelta por el Juez de Sentencia Contra la Violencia hacia la Mujer y Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; la misma redunda en el cumplimiento de la Resolución emitida por el Juez de garantías y en virtud a ello se dictó el Auto Complementario 01/23 de 19 de abril de 2023, disponiendo “ha lugar” la complementación y enmienda con relación al riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP; empero, no se señaló nueva audiencia, tampoco se renovó el acto procesal, tal cual solicitó el impetrante de tutela; 2) El solicitante de tutela, debió realizar su petición de cumplimiento de resolución al citado Juzgado de Sentencia, conforme disponen los arts. 16 y 17 del Código Procesal Constitucional (CPCo); por lo que, resultó innecesario plantear otra acción tutelar que tenga igual finalidad -que la acción de libertad primigenia-; así también, se aplicó el razonamiento jurisprudencial establecido en la SC 0526/2007-R de 28 de junio, que dispone “…que los recursos constitucionales no son la vía o mecanismo para pedir el cumplimiento de las resoluciones dictadas dentro de las acciones tutelares de habeas corpus y amparo…” (sic); 3) Con el Auto Complementario 01/23, “recientemente… fue notificado”; por lo que, emitió el oficio para la remisión del expediente -a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz-, a objeto de acatar con lo dispuesto; y, 4) La denuncia de incumplimiento de la resolución, debió ponerse en conocimiento del Juez de Sentencia Contra la Violencia hacia la Mujer y Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz y no recurrir nuevamente a la vía constitucional.
El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 07/2023 de 10 de mayo, cursante de fs. 42 a 43, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) El impetrante de tutela activó -previamente- otra acción de defensa, de la cual emergió el Auto Complementario 01/23 de 19 de abril de 2023; por lo que, el entonces Juez de garantías, constituía la autoridad idónea para efectivizar el fallo emitido; asimismo, debió remitirse la queja en el caso de incumplimiento ante este Tribunal, a efectos de evitar el planteamiento de otras acciones tutelares; y, ii) El solicitante de tutela en la acción de libertad, no señaló los agravios ocasionados por la autoridad demandada; consiguientemente, no cumplió los requisitos previstos en el art. 125 de la CPE.
De la atenta revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución 6 de 6 de abril de 2023, emitida por el Juez de Sentencia Contra la Violencia hacia la Mujer y Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, correspondiente a otra acción de libertad, planteada por Franz Jesús Menacho Heredia en representación sin mandato de Víctor Alfonso Arembay Méndez -ahora accionante- contra José Manuel Gutiérrez Velásquez, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de ese departamento -hoy demandado-; en el citado fallo se dispuso denegar la tutela solicitada; en virtud a que no existió una indebida privación de libertad y que los riesgos procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP fueron debidamente acreditados (fs. 7 a 8 vta.). II.2. Consta Memorial con suma “COMPLEMENTACIÓN Y ENMIENDA”, de 18 de abril de 2023, presentado por José Manuel Gutiérrez Velásquez, Vocal de la Sala Penal Primera -ahora demandado- al Juzgado de Sentencia Contra la Violencia hacia la Mujer y Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz -Juez de garantías que resolvió la acción de libertad anteriormente descrita-, mediante el cual solicitó: “…pido se enmiende su decisión, y se deje sin efecto le determinación de emitir una nueva resolución, por ser contradictoria con la decisión de denegar la tutela que se decidió en audiencia. …de persistir la decisión de fondo pido se explique si sería una nueva resolución integral o una complementaria que abarque solo el art. 235.2 del CPP y si ello implica o no señalar nueva audiencia” (sic [fs. 10 y vta.]). II.3. Por Auto 01/23 de 19 de abril de 2023, emitido por el Juez de Sentencia Contra la Violencia hacia la Mujer y Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz -Juez de garantías que resolvió anteriormente otra acción de libertad-; dicha autoridad se pronunció con relación a la solicitud de complementación y enmienda citado supra, disponiendo “HA LUGAR la solicitud de complementación y enmienda de la Sentencia de fecha 06 de abril del año 2023, incoada por JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ VELÁSQUEZ en condición de Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del Distrito judicial de Santa Cruz” (sic [fs. 11 y vta.]). Los datos consignados supra, corresponden a la acción de libertad signada en el Sistema de Gestión Procesal del Tribunal Constitucional Plurinacional, con el número de expediente 54998-2023-110-AL.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; alegando que el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora demandado-, no instaló una nueva audiencia presencial para determinar su situación jurídica, puesto que, cumplía detención preventiva, al no haberse desvirtuado el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP; conforme lo dispuesto por el Juez de garantías en el auto complementario 01/23 de 19 de abril de 2023, en la acción de libertad planteada con anterioridad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0250/2025-S3 de 15 de abril, estableció que: [Al respecto, la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0516/2012 de 9 de julio, ha manifestado que: «El Tribunal Constitucional, en su jurisprudencia contenida refiriéndose a la SC 1598/2011-R de 11 de octubre, reiterando lo establecido por las SSCC 0016/2004-R y 0252/2004-R, entre otras, ha señalado que: '”…toda acción tutelar de derechos y garantías debe concluir con la Resolución del Tribunal Constitucional que conoce en revisión los fallos pronunciados por el Juez o Tribunal de amparo o hábeas corpus, conforme prescriben los arts. 18 y 19.IV de la CPE, 93 y 102.V de la LTC´. es decir que las partes deben aguardar el pronunciamiento definitivo del Tribunal Constitucional, sin que sea legalmente factible que se instauren nuevas acciones de tutela en ese lapso por causas similares, lo que constituye un acto temerario por cuanto se estaría pretendiendo activar la jurisdicción constitucional a objeto de que se dicte una duplicidad de fallos sobre la misma problemática”. En este ámbito, la Sentencia Constitucional antes mencionada establece que la SC 1347/2003-R de 16 de septiembre, señala: “A partir de esa Sentencia dictada en revisión, y sólo en caso de que la misma hubiera declarado la improcedencia del recurso por cuestiones formales que no significan el análisis del fondo del asunto, la parte recurrente podrá intentar un nuevo recurso cumpliendo con todos los requisitos extrañados, para lograr un pronunciamiento sobre el fondo de su petición; lo contrario, es decir la interposición de un nuevo recurso sobre los mismos hechos, estando el primero en trámite y sin contar con un pronunciamiento definitivo, no es conforme a derecho, constituyendo un acto temerario que pretende lograr una duplicidad de fallos sobre un mismo hecho, induciendo a error a los Tribunales de garantías”»] (las negrillas corresponden al texto original).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; alegando que el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora demandado-, no instaló una nueva audiencia presencial para determinar su situación jurídica, puesto que, cumplía detención preventiva, al no haberse desvirtuado el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP; conforme lo dispuesto por el Juez de garantías en el auto complementario 01/23 de 19 de abril de 2023, en la acción de libertad planteada con anterioridad. En ese sentido, señalado el planteamiento del problema, corresponde su contextualización, en ese orden, se evidencia la existencia de una anterior acción de libertad interpuesta por Víctor Alfonso Arembay Méndez -ahora impetrante de tutela- contra José Manuel Gutiérrez Velásquez, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de ese departamento -hoy demandado-; donde se dispuso denegar la citada acción tutelar; puesto que, no existió agravio alguno y que los riesgos procesales fueron debidamente fundamentados, ello a través de Resolución 6 de 6 de abril de 2023, pronunciada por el Juzgado de Sentencia Contra la Violencia hacia la Mujer y Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz (Conclusión II.1). En forma posterior, el 18 de abril de 2023, José Manuel Gutiérrez Velásquez, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, presentó memorial solicitando la complementación y enmienda, en relación a que se deje sin efecto la determinación de emitir una nueva resolución; a lo que, el Juez de garantías dispuso “HA LUGAR la solicitud de complementación y enmienda de la Sentencia de fecha 06 de abril del año 2023” (sic [Conclusiones II.2 y II.3]). Acción de libertad signada en el Sistema de Gestión Procesal de este Tribunal, con el número de exp. 54998-2023-110-AL. Ahora bien, en el presente caso debe considerarse que el razonamiento jurisprudencial contenido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, establece que, toda acción tutelar de derechos y garantías concluye con la resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el cual se encarga de la revisión de las resoluciones pronunciadas por las Salas Constitucionales, tribunales y jueces de garantías; conforme dispone el art. 38 de la Ley del TCP; bajo ese entendido, las partes procesales deben aguardar dicho pronunciamiento definitivo, sin ser necesario el planteamiento de nuevas acciones de defensa por causas similares, o buscado el cumplimiento de lo anteriormente decidido -durante ese lapso de tiempo-; lo que conllevaría a una duplicidad de fallos sobre una misma problemática, generando disfunciones procesales. Bajo ese contexto, en referencia a lo mencionado por el abogado del impetrante de tutela durante la consideración de esta acción de libertad, el mismo hizo alusión a que, el 5 de abril de 2023, planteó otra acción tutelar contra la autoridad demandada, argumentando su falta de cumplimiento a lo previsto en los arts. 124 y 398 del CPP; dicha acción tutelar, fue resuelta el 6 del mismo mes y año, mediante Resolución 6, emitida por el Juez de Sentencia Contra la Violencia hacia la Mujer y Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz ( Juez de garantías), quien denegó su petitorio; empero, ordenó la emisión de un nuevo auto de vista, en el auto complementario emitido como emergencia de la solicitud de complementación y aclaración efectuada por el Vocal accionado. Ahora bien, con respecto a las acciones tutelares planteadas por el accionante, se establece que existe la siguiente relación: la similitud de la autoridad coaccionada -José Manuel Gutiérrez Velásquez, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del citado distrito judicial; asimismo, los hechos fácticos observados y el objeto motivo de la presente acción tutelar. Consecuentemente, resulta inviable ingresar en el análisis de fondo de la presente acción tutelar; puesto que, de la revisión documental del expediente, así también, de lo afirmado por la parte accionante y la autoridad demandada, se establece la existencia de la reclamación que versa en los mismos extremos expuestos en una anterior acción tutelar, la cual ya fue resuelta previamente. En virtud a lo expuesto, se concluye que, la activación simultánea de acciones de libertad que, en el fondo versan en una supuesta obstaculización del derecho a la libertad del peticionante de tutela, debido al rechazo de la solicitud de consideración de cesación de la detención preventiva; por ende, en virtud a los antecedentes enunciados precedentemente, es inadmisible ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, a objeto de evitar la eventualidad que se emitan pronunciamientos contradictorios en las acciones de libertad. Conforme al razonamiento jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, este Alto Tribunal no puede asumir conocimiento o emitir pronunciamiento alguno, sobre el fondo de la acción tutelar, debido a que se han activado paralelamente dos acciones de libertad conexas entre sí; pretendiendo a través de esta acción tutelar el cumplimiento de lo dispuesto en la anterior. Por consiguiente, corresponde denegar la tutela impetrada. En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2023 de 10 de mayo, cursante de fs. 42 a 43, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada en virtud a los fundamentos citados supra, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1337_2025-S3.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): bb3229cc48c8e4a8c9534686bccf26791821a13291240893836467874c1aebf8
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