Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 31 de octubre de 2025
Deniega la tutela
El accionante a través de sus representantes sin mandato denunció la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, por cuanto, en el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación de infante niña, niño o adolescente, el Vocal demandado a través del Auto de Vista 720, que declaró admisible e improcedente el recurso de apelación incidental de cesación a la detención preventiva, respecto del art. 234.2 del CPP no se pronunció sobre la falta de valoración del flujo migratorio que se adjuntó con la copia legalizada del cuaderno de investigación. En relación al riesgo procesal del art. 234.7 del citado código, acudió a los antecedentes del cuaderno procesal haciendo referencia al informe psicológico y que estaría desconociendo el principio de variabilidad y provisionalidad condicionando su libertad a la edad de la víctima, condenándolo a cumplir una sentencia anticipada y en relación al riesgo procesal del art. 235.2 del mismo cuerpo legal, no consideró que ningún familiar de la víctima fue ofrecido como testigo en la acusación fiscal. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02 de 23 de marzo de 2023, cursante de fs. 77 vta. a 79 vta., pronunciada por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías; y en consecuencia determina DENEGAR la tutela solicitada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1336/2025-S3 Sucre, 31 de octubre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 55718-2023-112-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 02 de 23 de marzo de 2023, cursante de fs. 77 vta. a 79 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Cosme Ariel Arancibia Marañon y Henry Ramos Quispe en representación sin mandato de Cristian Reynaldo López Tambo, contra Walter Pérez Lora, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 22 de marzo de 2023, cursante de fs. 65 a 69 vta., el accionante a través de sus representantes sin mandato manifestó que:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación de infante niña, niño o adolescente, interpuso recurso de apelación incidental en contra del Auto interlocutorio de 1 de julio de 2022, que denegó la solicitud de cesación de la detención preventiva, emitido por el Juez de Instrucción Penal Décimo cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz; emitiéndose en consecuencia el Auto de Vista 720 de 29 de noviembre de 2022, por la Sala Penal Tercera del Tribunal departamental de Justicia del citado departamento el cual declaró su admisibilidad e improcedencia. En el Auto de Vista señalado, el Vocal demandado, respecto del art. 234.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP) no se pronunció sobre la falta de valoración del flujo migratorio que se adjuntó con la copia legalizada del cuaderno de investigación. En relación al riesgo procesal del art. 234.7 del CPP acudió a los antecedentes del cuaderno procesal haciendo referencia al informe psicológico y que estaría desconociendo el principio de variabilidad y provisionalidad condicionando su libertad a la edad de la víctima, condenándolo a cumplir una sentencia anticipada y en relación al riesgo procesal del art. 235.2 del mismo cuerpo legal, no consideró que ningún familiar de la víctima fue ofrecido como testigo en la acusación fiscal.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, citando al efecto los arts. 24, 115 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Se conceda la tutela, y en consecuencia declare la nulidad del Auto de Vista 720 de 29 de noviembre de 2022, ingresando al análisis de fondo para resolver los riesgos procesales de fuga, obstaculización y los declare enervados.
Celebrada la audiencia pública el 23 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 75 a 77 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de sus representantes sin mandato reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola señaló que: En la audiencia de cesación a la detención preventiva la autoridad judicial no estableció el plazo de detención preventiva.
Walter Pérez Lora, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentó informe escrito alguno, ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 71.
La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 02 de 23 de marzo de 2023, cursante de fs. 77 vta. a 79 vta., denegó la tutela solicitada, argumentando que: a) No hubo un ilegal procesamiento porque existió una etapa preparatoria desarrollada ante el Juzgado de Instrucción Penal Décimo Cuarto de la Capital del indicado departamento, posteriormente el proceso se remitió a la competencia del Tribunal de Sentencia Décimo Segundo del mismo departamento, donde radicó para el desarrollo del juicio oral, llevándose a cabo en consecuencia conforme el ordenamiento jurídico procesal penal; y, b) No puede ingresar a valorar elementos de prueba y enervar riesgos procesales, ya que la acción de libertad se circunscribe a los elementos establecidos por el art. 125 de la CPE. En vía de aclaración, complementación y enmienda, el accionante a través de sus representantes sin mandato solicitó que: se vierta un pronunciamiento respecto del vencimiento del plazo sobre la resolución impugnada, el flujo migratorio cursante en el cuaderno de investigación para desvirtuar el riesgo del art 234.2 del CPP y porqué razón no se dio curso a las medidas sustitutivas del art. 231 bis inc. 1) y 9) del mismo cuerpo legal, cuando tienen la misma finalidad de resguardar el proceso y prever que no se obstaculice. En sustanciación y resolución de lo impetrado, el Tribunal de garantías, señaló que: respecto del plazo vencido, en este tipo de delitos hay una excepción siendo la única forma de aplicar la cesación de la detención preventiva desvirtuando los riesgos procesales conforme lo establece el art. 239 del CPP. En relación al art. 234.2 del citado código al ser una audiencia oral la parte debe establecer mediante documentación o por lo menos la foja en la que se encuentra lo que manifiesta y sobre las garantías del art. 231 bis del CPP indicó que la autoridad jurisdiccional hizo una valoración integral garantizando no solo la presencia del imputado sino también la seguridad de la víctima.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Acta de audiencia de 29 de noviembre de 2022, de apelación de cesación de la detención preventiva dentro del proceso penal seguido por el Ministerio público en contra del ahora accionante por la presunta comisión del delito de violación de niña, niño y adolescente (fs. 57 a 60.). II.2. Consta Auto de Vista 720 de 29 de noviembre de 2022, emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal departamental de Justicia de Santa Cruz, el cual declaró admisible e improcedente el recurso de apelación incidental de cesación a la detención preventiva (fs. 60 a 62).
El accionante a través de sus representantes sin mandato denunció la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, por cuanto, en el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación de infante niña, niño o adolescente, el Vocal demandado a través del Auto de Vista 720, que declaró admisible e improcedente el recurso de apelación incidental de cesación a la detención preventiva, respecto del art. 234.2 del CPP no se pronunció sobre la falta de valoración del flujo migratorio que se adjuntó con la copia legalizada del cuaderno de investigación. En relación al riesgo procesal del art. 234.7 del citado código, acudió a los antecedentes del cuaderno procesal haciendo referencia al informe psicológico y que estaría desconociendo el principio de variabilidad y provisionalidad condicionando su libertad a la edad de la víctima, condenándolo a cumplir una sentencia anticipada y en relación al riesgo procesal del art. 235.2 del mismo cuerpo legal, no consideró que ningún familiar de la víctima fue ofrecido como testigo en la acusación fiscal. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Sobre el particular, la SCP 0567/2022-S3 de 6 de junio, siguiendo el entendimiento jurisprudencial asumido por la SCP 0005/2020-S3 de 2 de marzo, estableció que: «“…el Tribunal Constitucional, entre otras, a través de la SC 0112/2010-R de 10 de mayo, que señaló: ‘La reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido que el debido proceso, consagrado como garantía constitucional por el art. 16 de la CPEabrg ahora por el art. 115.II de la CPE, y como derecho humano en los arts. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), consiste en el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por las disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar y precisando que la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución dictaminando una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra manera de dilucidar los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió y al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia y finalmente, la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. Así la SC 1365/2005-R de 31 de octubre entre otras’.
En relación a la motivación y fundamentación de las resoluciones como elementos del debido proceso, este Tribunal, en la SCP 0903/2012 de 22 de agosto, incidió en lo siguiente: ‘…la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo’, requisito que tiene mayor importancia en los tribunales de última instancia.
Los entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional, resultan aplicables a todos los fallos que resuelven cuestiones de fondo, indistintamente si son emitidos por autoridades judiciales en primera o segunda instancia, siendo deber de las mismas cumplir indefectiblemente con las exigencias de la motivación y fundamentación como elementos del debido proceso, entre otros. Sobre este particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Tristán Donoso Vs. Panamá sostuvo que: ‘…la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática’; en tal sentido, se tiene que la motivación debe ser entendida como la justificación razonada de los fallos mediante la cual el juzgador arriba a una conclusión y asume una decisión; imperativo por el que toda resolución debe contener el desarrollo de los razonamientos por los cuales se emite el pronunciamiento vinculados con cada uno de los asuntos sometidos a la decisión del juzgador, esto es, las razones fácticas y circunstancias de hecho y probatorias que sustenten la determinación asumida, constituyendo por ende la motivación de todo fallo un deber fundamental inexcusable al momento de resolver los asuntos que conozcan.
Por otra parte, la fundamentación constituye la estructura jurídico-legal que sustenta los entendimientos expresados por el administrador de justicia, quien recurre sistemáticamente a las normas del ordenamiento jurídico a objeto de resolver las causas sujetas a su conocimiento, ello implica que las razones fácticas o criterios que son parte de la motivación se subsumen a la norma aplicable al caso, configurando ello los razonamientos legales de la decisión”» (las negrillas corresponden al texto original).
Asimismo, la SCP 0011/2018-S2 de 28 de febrero, respecto a la labor de motivación y fundamentación en alzada, estableció que: “…el deber de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales también ataña a los tribunales de apelación; sobre el particular, la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la determinación del tribunal de apelación que revisa una resolución que ha impuesto, revocado, modificado una medida cautelar o que sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva por su vinculación con los derechos a la libertad y a la presunción de inocencia.
Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada entre otras por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en su Fundamento Jurídico III.2, señala que:
…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación (…) esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada…
(…)
Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, señala que el art. 398 del CPP, establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los mismos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé.
En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o disponga la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP” (las negrillas son nuestras).
El accionante a través de sus representantes sin mandato denunció la vulneración de su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación; toda vez que, en el proceso penal seguido en su contra por el delito de violación de infante niña, niño o adolescente, el Auto de Vista 720, que declaró admisible e improcedente el recurso de apelación incidental de cesación de la detención preventiva, respecto del art. 234.2 del CPP no se pronunció sobre la falta de valoración del flujo migratorio que se adjuntó con la copia legalizada del cuaderno de investigación. En relación al riesgo procesal del art. 234.7 del citado código, acudió a los antecedentes del cuaderno procesal haciendo referencia al informe psicológico y que estaría desconociendo el principio de variabilidad y provisionalidad condicionando su libertad a la edad de la víctima, condenándolo a cumplir una sentencia anticipada y en relación al riesgo procesal del art. 235.2 del mismo cuerpo legal, no consideró que ningún familiar de la víctima fue ofrecido como testigo en la acusación fiscal. De la revisión de los antecedentes adjuntos, y la acción tutelar interpuesta, se puede advertir que desarrollada la audiencia de apelación incidental de cesación de la detención preventiva el 29 de noviembre de 2022 (Conclusión II.1), la Sala Penal Tercera del Tribunal departamental de Justicia de Santa Cruz emitió el Auto de Vista 720 de la misma fecha, el cual a criterio del accionante vulnera sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación. Al respecto debemos manifestar que conforme el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, toda autoridad que conozca de un reclamo o dicte una resolución resolviendo sobre su situación jurídica, debe ineludiblemente exponer de forma clara los motivos que sustentan su decisión, siendo de relevancia que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la determinación del tribunal de apelación que revisa una resolución que ha impuesto, revocado, modificado una medida cautelar o que sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva por su vinculación con los derechos a la libertad y a la presunción de inocencia. Continúa señalando que la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada entre otras por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, señala que la fundamentación versa sobre la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, permitiendo inferir de manera objetiva que el imputado es probablemente autor del hecho atribuido o partícipe del mismo y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad, argumentación que no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares. Bajo este contexto, el solicitante de tutela refirió que, el Vocal demandado mediante el Auto de Vista 720, no valoró la certificación del flujo migratorio, el cual, según el acta de audiencia del recurso de apelación incidental de cesación de la detención preventiva, se adjuntó copia legalizada del cuaderno de investigación para desvirtuar el riesgo del art. 234.2 del CPP, que acreditó que no existe su posibilidad de huir o permanecer oculto. Sin embargo, el señalado Auto de Vista 720 en el apartado “III Análisis del caso en concreto” señaló en relación a este riesgo procesal, que el Juez a quo fundamentó que se encuentra latente por el tipo de delito y el derecho de la víctima de 12 años de edad a que se garantice la aplicación de una sanción, adoptando el lineamiento jurídico internacional y nacional de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- y que la autoridad judicial no hizo referencia a la documentación que se debe presentar como son los flujos migratorios a efectos de desvirtuar el riesgo. En tal sentido el Auto de Vista señaló que, si bien la autoridad judicial no fue específica, realizó una valoración del riesgo y la prueba aportada en función al tipo de delito y a la falta de garantía respecto de la conducta del imputado, siendo estos los motivos por los que dicho riesgo se encontraba latente. De lo manifestado se tiene establecido que la autoridad judicial realizó la valoración de la prueba aportada para el referido riesgo procesal, consistente en el cuaderno de investigación en copia legalizada donde cursaba el flujo migratorio conforme se tiene detallado líneas arriba, dejando claramente establecido cuales son los argumentos que se deben desvirtuados respecto del riesgo procesal analizado. En relación al riesgo procesal establecido en el art. 234.7 del CPP el solicitante de tutela señaló que el Auto de Vista 720 acudió a los antecedentes del cuaderno procesal haciendo referencia al informe psicológico y que estaría desconociendo el principio de variabilidad y provisionalidad condicionando la libertad del accionante a la edad de la víctima y condenándolo a cumplir una sentencia anticipada. Respecto de este riesgo procesal el referido Auto de Vista 720 señaló que el Juez a quo fundamentó que los informes de Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) y psicológico, no son suficientes para desvirtuar este riesgo debido a que se tomó en cuenta la conducta violenta en el proceder del denunciado a momento de cometer el hecho delictivo, utilizando la fuerza para entrar al lugar y realizar la agresión sexual, conforme se establece en el informe psicológico de la víctima, razón por la cual se consideró que la documentación presentada no garantiza la seguridad de la víctima. En este sentido se tiene evidenciado que en el citado Auto de vista, el Vocal demandado refirió que la fundamentación del Juez a quo versa sobre la insuficiencia de la documental aportada para garantizar la seguridad de la víctima esto tomando en cuenta la violencia utilizada al cometer la agresión sexual, denotando que no se tiene afectado el principio de variabilidad y provisionalidad, ya que se emitió la fundamentación del porque la documental presentada no resulta ser suficiente para desvirtuar el riesgo procesal y garantizar la seguridad de la víctima. En relación al riesgo procesal establecido en el art. 235.2 del CPP refirió que no se consideró que ningún familiar de la víctima fue ofrecido como testigo en la acusación fiscal. En tal sentido la autoridad demandada en el Auto de Vista 720 señaló que el referido riesgo se fundó en razón de que la autoridad jurisdiccional consideró que el hecho se suscitó en el entorno familiar al ser el imputado novio de la hermana de la víctima; por lo que, conoce y tiene un vínculo con los familiares de la misma y al estar en libertad tiene mecanismos de facilidad para presentarse ante estos y obstaculizar el normal desarrollo del juicio. Continúa señalando el Auto de Vista 720, que el hecho de que se presente una acusación formal no implica que el riesgo desaparezca, sino que se debe dar garantías de protección no solamente a la víctima sino a los testigos dentro del presente proceso, por lo que el presente riesgo procesal se está utilizando no solo para precautelar a la víctima y a sus familiares, sino también a los testigos que acudirán al juicio oral. En relación a que en la audiencia de cesación de la detención preventiva la autoridad judicial no estableció el plazo de privación de libertad, el Auto de Vista 720 señaló que en este tipo de delitos se presentan excepciones siendo la única forma de aplicar la referida cesación, desvirtuando los riesgos procesales conforme lo establece el art. 239 del CPP. De esta manera se tiene también la fundamentación del citado Auto de Vista, señalando la norma legal respecto de la excepción de no aplicará el numeral 2 del art. 239 de CPP referido al vencimiento del plazo dispuesto para el cumplimiento de la detención preventiva, en delitos de feminicidio, infanticidio y/o violación de infante, niña, niño o adolescente. De esta manera se puede evidenciar que el Vocal demandado, a través del Auto de Vista 720 expone los motivos que sustentan su decisión, identificando los hechos y documentación considerada por el Juez a quo al momento de evaluar cada uno de los riesgos procesales, respaldando la fundamentación de dicha autoridad, con base en los fundamentos desglosados, determinando la manera en que la norma jurídica es aplicable a cada uno de ellos, utilizando los principios y valores supremos que rigen para garantizar los derechos de una vida libre de todo tipo de violencia en contra de las mujeres conforme los lineamientos de Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, dando respuesta a los puntos demandados y exponiendo de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, en tal sentido no se evidencia la vulneración del derecho a la libertad y al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, razón por la cual corresponde denegar la tutela. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos obró en forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02 de 23 de marzo de 2023, cursante de fs. 77 vta. a 79 vta., pronunciada por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías; y en consecuencia determina DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1336_2025-S3.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 6e0903e57596ec7ed7318ef6a6cc26633caa6adc852548c0873531584fc73d62
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