Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 31 de octubre de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de circulación, dignidad y libertad personal, a la justicia pronta y oportuna, a la protección efectiva por parte de los jueces y tribunales, así como al debido proceso en su componente del derecho a la defensa, señalando que dentro del proceso de asistencia familiar seguido en su contra por la madre de su hija, la Jueza demandada aprobó una nueva liquidación de asistencia familiar devengada por el monto de Bs372 580.-, disponiendo su cancelación en el plazo de tres días, ordenando su notificación con la intimatoria de pago a través de Secretaría de su despacho conforme a lo previsto por el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 13/2023 de 25 de abril, cursante de fs. 27 vta. a 30 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1334/2025-S3 Sucre, 31 de octubre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 55768-2023-112-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 13/2023 de 25 de abril, cursante de fs. 27 vta. a 30 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Antonio Chávez Marañón contra Bella Rosa Baldelomar Chávez, Jueza Pública de Familia Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 24 de abril de 2023, cursantes a fs. 14 a 17 vta., el accionante, expresó lo siguiente:
Dentro del proceso de asistencia familiar seguido en su contra por Karen Camargo Ruiz, en calidad de apoderada de su hija mayor de edad Diana Andrea Chávez Camargo, por pagos devengados, por providencia de 24 de agosto de 2022, la Jueza demandada aprobó la liquidación de asistencia familiar por un monto de Bs372 580.- (trescientos setenta y dos mil quinientos ochenta bolivianos), ordenando su cancelación a tercero día de su notificación; asimismo, dispuso su emplazamiento con la intimatoria de pago a través de secretaria de su despacho, conforme al art. 447 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-; es decir, en tablero judicial; lugar donde sin embargo, pese a buscar la mencionada diligencia no la encontró, tampoco en el expediente de descargo de la Oficial de Diligencias. El 27 de octubre de 2022, la nombrada autoridad judicial, emitió mandamiento de apremio en su contra, sin haber verificado el procedimiento ni seguido el debido proceso, a cuya consecuencia seis meses después, el 20 de abril de 2023, fue aprehendido y recluido en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, sin ser previa y legalmente notificado con la referida Resolución ni con la conminatoria de pago, dejándolo en estado de indefensión e impidiendo que pudiera cancelar la liquidación aprobada.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad de circulación, a la dignidad y libertad personal, a la justicia sin dilaciones pronta y oportuna, a la protección oportuna y efectiva por los jueces y tribunales; y, al debido proceso en su componente a la defensa, citando al efecto los art. 21.7, 22 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 62 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) Su inmediata libertad; y, b) Se “remita” el correspondiente mandamiento de libertad respetándose el debido proceso.
Celebrada la audiencia virtual el 25 de abril de 2023, según consta en acta cursante de fs. 24 a 27 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó íntegramente el contenido de su acción tutelar y ampliándolo, manifestó que: 1) A raíz del proceso de asistencia familiar instaurado en su contra, la Jueza demandada emitió mandamiento de apremio en su contra, el cual fue efectivizado el 27 de octubre de 2022, bajo el criterio que existían montos devengados que debían ser discutidos dentro de la competencia del “Juez de familia”; 2) El art. 415 del CFPF, establece el procedimiento que deben seguir las autoridades jurisdiccionales en materia familiar, siendo uno de ellos las comunicaciones procesales; 3) En el caso, la notificación con la liquidación de asistencia familiar fue realizada únicamente a su abogado, así como todos los actuados procesales realizados el 27 de octubre de 2022; aspecto que hoy cuestiona; 4) No fue notificado personalmente con la aprobación de la liquidación y conminatoria de asistencia familiar, la cual fue ordenada se efectúe por tablero, tampoco se hizo una ponderación de derechos en su condición de adulto mayor; pese a que solicitó reducción de la asistencia familiar por poseer una enfermedad grave, cual es la diabetes mellitus, mediante certificado médico que acreditaban su estado de salud, inobservando la Jueza demandada lo establecido en la SCP 0957/2015-S3 del 7 de octubre; la cual, señala que las autoridades jurisdiccionales deberán realizar una ponderación de derechos respecto a la situación económica y salud del obligado; 5) La notificación con la conminatoria de asistencia familiar debió ser realizada de manera personal; empero la Jueza demandada, ordenó fuese realizada a través de estrados judiciales; diligencia cuya constancia no cursaba en tablero ni en el expediente; 6) En cuanto a la notificación con la conminatoria, la SC 1048/2004-R de 6 de julio, estableció que debe ser notificada personalmente al obligado, debiendo primero realizarse en su domicilio procesal para que este tenga conocimiento del mismo; por ello, el desconocimiento de la notificación por cédula, convierte su situación jurídica en una detención ilegal; y, 7) Al no haber existido comunicación procesal, no pudo observar la liquidación para presentar sus descargos de pago de la asistencia familiar, siendo sorprendido con la aprehensión que también le debió ser notificada; empero, tampoco fue realizada, conculcándose sus derechos invocados, al no tomar en cuenta la autoridad judicial demandada los antecedentes del proceso ni los de su persona, conforme lo establecido por los tratados y convenios internacionales de protección de adultos mayores, más aún al encontrarse cuatro días ilegalmente detenido en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, corriendo riesgo su vida.
Bella Rosa Baldelomar Chávez, Jueza Pública de Familia Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de garantías, tampoco presentó informe alguno, pese a su notificación cursante a fs. 20.
La Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 13/2023 de 25 de abril, cursante de fs. 27 vta. a 30 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) La defensa del accionante tuvo conocimiento de la conminatoria de liquidación de asistencia familiar, y de la conminatoria respectiva, y, ii) De la revisión del cuaderno procesal y actas de audiencias, pudo verificar que todos los actuados realizados en la demandada de asistencia familiar, desde el incidente de reducción de liquidación en dicho proceso interpuesto por el impetrante de tutela hasta el resto de actuados procesales, fueron de conocimiento del nombrado; por lo que, éste no podría negar su existencia o pretender desconocimiento y manifestar que existió vulneración de derechos constitucionales.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Del acta y Resolución de esta acción tutelar, se tiene que, la Jueza de garantías, en inmediación de los actuados procesales del proceso de asistencia familiar seguido contra José Antonio Chávez Marañón -ahora accionante- por Diana Andrea Chávez -su hija-, evidenció que el nombrado presentó ante la Jueza Pública de Familia Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz -demandada-, incidente de reducción de asistencia familiar; resuelto por dicha autoridad judicial mediante Auto Interlocutorio de 22 de abril de 2022; el cual, fue notificado al nombrado en su domicilio procesal a través de su abogado Marco Daniel Soruco Vidal, a quien se emplazó con todos los actuados procesales desde dicha solicitud hasta “fs. 352”, consistente en una nueva liquidación de asistencia familiar presentada por Karen Camargo Ruiz -apoderada de la beneficiaria-, más su correspondiente providencia; asimismo, evidenció una solicitud de nuevo señalamiento de audiencia de consideración de reducción de asistencia familiar y actuados inherentes a dicho incidente, una resolución a la misma; y, una solicitud de aprobación de liquidación y conminatoria, que ameritó la providencia de 24 de agosto de 2022, de conminatoria de pago (fs. 29 a 30). II.2. Cursa providencia de 24 de agosto de 2022; por la cual, la Jueza Pública de Familia Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa, aprobó la liquidación por concepto de asistencia familiar presentada por memorial de “fs. 76”, al no haber cumplido el nombrado con la obligación de cancelar la asistencia familiar devengada, conminando al accionante a la cancelación del monto de Bs372 580.-, dentro de tercero día de su legal notificación, bajo prevención de librar mandamiento de apremio en caso de incumplimiento; asimismo, ordenó el emplazamiento del nombrado en tablero del Juzgado, conforme lo establecido por el art. 447 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (fs. 6 a 7). II.3. Contra la referida providencia el impetrante de tutela presentó recurso de reposición, que fue rechazado por Auto Interlocutorio de 5 de octubre de 2022; y, asimismo se pronunció sobre las notificaciones al obligado, según lo afirmado por la Jueza de garantías en el acta y Resolución de la presente acción tutelar (fs. 30). II.4. Consta Mandamiento de Apremio de 27 de octubre de 2022; por el cual, la Jueza Pública de Familia Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz -demandada-, ordenó a cualquier Agente del Comando Departamental de la Policía Boliviana, proceda al apremio de José Antonio Chávez Marañón -accionante-, y sea conducido al Centro Penitenciario Palmasola del citado departamento, hasta que cancele la suma de Bs362 080.-, según lo dispuesto por Auto Interlocutorio de 5 del citado mes y año (fs. 5 y vta.).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de circulación, dignidad y libertad personal, a la justicia pronta y oportuna, a la protección efectiva por parte de los jueces y tribunales, así como al debido proceso en su componente del derecho a la defensa, señalando que dentro del proceso de asistencia familiar seguido en su contra por la madre de su hija, la Jueza demandada aprobó una nueva liquidación de asistencia familiar devengada por el monto de Bs372 580.-, disponiendo su cancelación en el plazo de tres días, ordenando su notificación con la intimatoria de pago a través de Secretaría de su despacho conforme a lo previsto por el art. 447 del CFPF; no obstante, nunca fue notificado de manera personal ni mediante tablero judicial con dicho actuado; puesto que dicha diligencia no se encontraba publicada en tablero, tampoco en el expediente ni en el registro de la Oficial de Diligencias; pese a ello, el 27 de octubre de 2022, la autoridad judicial demandada, emitió mandamiento de apremio en su contra, sin verificar el cumplimiento del procedimiento ni la observancia del debido proceso, provocando que seis meses después, fuera aprehendido y recluido en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, quedando en completa indefensión al no haber sido legalmente notificado con la Resolución que aprobó la liquidación ni con la intimatoria de pago, lo que le impidió ejercer su derecho a cancelar el monto devengado y derivó en la indebida restricción de su libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Dada la naturaleza de la asistencia familiar, cuyo suministro está destinado a cubrir integralmente las necesidades indispensables del beneficiario, el Estado a través de sus diferentes órganos e instituciones tiene el ineludible deber de garantizar su cumplimiento, al estar destinados estos recursos económicos a la satisfacción de sus necesidades básicas, mereciendo especial atención cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, ya que se constituyen en uno de los derechos de mayor relevancia que tendrá este sector vulnerable. El Código de las Familias y del Procedimiento Familiar prevé el procedimiento para efectivizar el pago de asistencia familiar a favor de los beneficiarios que la requieran, con medidas destinadas a asegurar su suministro, en consideración a que la finalidad de la asistencia familiar, es otorgar a los miembros de la familia que se encuentren en una situación de necesidad, los recursos necesarios que garanticen su alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta; priorizándose el interés de niñas, niños y adolescentes. Es así que, por la importancia que reviste este derecho y obligación, ante el incumplimiento de su oportuno suministro, es posible el uso de los medios compulsivos para su cumplimiento, cuando, a pesar de la conminatoria emitida por la autoridad judicial, previa aprobación de la liquidación de asistencia familiar que cuantifica la misma, ésta no fue cumplida por el obligado, en cuyo caso, podrá disponerse el embargo y venta de sus bienes en la medida necesaria para cumplir el importe de las pensiones devengadas, sin perjuicio de emitir mandamiento de apremio con facultades de allanamiento, conforme dispone el art. 415. I y III del CFPF. En efecto, el art. 127.I del CFPF, prescribe en forma determinante el cumplimiento oportuno e insoslayable de la asistencia familiar en favor de los beneficiarios, en los siguientes términos: “La obligación de asistencia familiar es de interés social. Su oportuno suministro no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad de la autoridad judicial”, pudiendo ordenarse las medidas compulsivas previstas en el art. 415.II, III y IV en la citada norma procesal, entre ellas, el apremio.
Con relación a la emisión del mandamiento de apremio en casos derivados de procesos familiares sobre peticiones de asistencia familiar, la SCP 0828/2018– S2 de 10 de diciembre, estableció que se puede restringir el derecho a la libertad física con la ejecución del mandamiento de apremio, previa aprobación de la liquidación de asistencia familiar y el cumplimiento de los requisitos de legalidad material y formal, entendiendo que el apremio corporal como medio compulsivo resulta necesario para el cumplimiento de la asistencia familiar, en razón de la prontitud que exige la satisfacción de las necesidades básicas del beneficiario, a la que se encuentra destinada.
En el mismo orden, la SCP 0714/2019- S2, de 21 de agosto, razonó que la liquidación de asistencia familiar aprobada por la autoridad judicial y 1 FJ III.2” (…) Por otra parte, el apremio corporal, como medio compulsivo resulta necesario para la satisfacción de la asistencia familiar; puesto que, si bien es cierto que es posible constreñir al cumplimiento de la obligación mediante la ejecución patrimonial de los bienes del obligado; empero, en los casos en los que ello es posible, la realización del crédito alimentario no opera con la prontitud que exige la satisfacción de las necesidades básicas del beneficiario, a la que está destinada la asistencia familiar; toda vez que, los trámites judiciales necesarios, que se requiere para obtener el cobro efectivo de la obligación devengada, implica el transcurso de un tiempo, que no es compatible con la urgencia de la satisfacción de las necesidades a las que está destinada; además, puede demandar de parte de los beneficiarios el gasto de recursos económicos, que son precisamente de los que carece el alimentario o su representante, y que por consiguiente, pueden dificultar el logro del objetivo oportunamente; y en los supuestos en los que el obligado carece de bienes embargables, dicha medida se presenta como la única posible para compeler al obligado a extremar sus esfuerzos, para obtener los recursos económicos que se requiere para cumplir con su obligación alimentaria.
Sin embargo, es evidente que para lograr la finalidad que se busca con la asistencia familiar, que fue descrita precedentemente, la autoridad judicial competente, no debe limitarse a expedir el mandamiento de apremio por la asistencia familiar devengada, y esperar que el mismo, cumpla con su objetivo compulsivo; sino, que al tiempo de ordenar el apremio corporal debe procurar la ejecución patrimonial de los bienes del obligado en la medida de lo necesario, en los casos en los que ello sea posible, teniendo en cuenta que el objetivo esencial, es que provea oportunamente a las necesidades básicas del beneficiario.
Finalmente, a la luz del principio de proporcionalidad, el legislador propició las necesidades de la o el beneficiario, en razón a que la obligación de asistencia familiar es de interés social, dado el carácter urgente que implica la satisfacción oportuna de las necesidades básicas del alimentario, como son los relativos a su propia alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta; y en consideración a la prioridad del interés superior de los niños y adolescentes beneficiarios, la preeminencia y primacía de su derechos reconocidos por los arts. 60 de la CPE; y, 6 inc. i) y 220 inc. k) del CFPF; así como de la protección reforzada, de la que son objeto otros beneficiarios que forman parte de grupos vulnerables, como es el caso de personas en situación de discapacidad, adultos mayores y mujeres, que por su condición socioeconómica se encuentran en situación de desventaja; aspectos que hicieron que el legislador se decante por la protección de los derechos de los beneficiarios a la asistencia familiar, permitiendo el apremio corporal del obligado, como medio compulsivo para lograr que el mismo cumpla con su obligación devengada. (…)
2 FJ III.2 “Es decir, la liquidación de asistencia familiar aprobada por la autoridad judicial y notificada al obligado, marca el momento del oportuno suministro de esta obligación en favor del beneficiario, que no puede posponerse o dilatarse, no notificada al obligado, marca el momento del suministro de esta obligación en favor del beneficiario y no puede posponerse o dilatarse, ni condicionarse a plazo o condición alguna, a la resolución de recurso alguno o al cumplimiento de procedimiento alguno, pudiendo acudirse a los medios compulsivos como el apremio corporal. Su Fundamento Jurídico III.2 establece lo siguiente:
La liquidación de asistencia familiar aprobada por la autoridad judicial y notificada al obligado, marca el momento del oportuno suministro de esta obligación en favor del beneficiario, que no puede posponerse o dilatarse, no puede condicionarse a plazo o condición alguna, a la resolución de recurso alguno o al cumplimiento de procedimiento alguno, pudiendo acudirse a los medios compulsivos como el apremio corporal incluso con autorización de allanamiento, rotura de candados o chapas de puerta, arraigo e hipoteca legal de los bienes que conforman el patrimonio del obligado, embargo y venta judicial, para el cumplimiento del importe de la asistencia familiar devengada. Con el añadido que el incumplimiento a este mandato insoslayable por la autoridad judicial, es susceptible de responsabilidad funcionaria (las negrillas son nuestras).
La citada Sentencia, también enfatizó que la determinación de las medidas compulsivas no implica la restricción del derecho a impugnar del obligado, quien podrá activar los mecanismos de defensa previstos por ley, para lograr la revisión de la determinación asumida, sin perjuicio del cumplimiento de la asistencia familiar, cuya liquidación se encuentre aprobada y notificada al obligado, con la aclaración que si la resolución del recurso planteado por el obligado, le favorece de alguna manera, de tal forma que haya diferencia cuantitativa o de cálculo a su favor, ésta debe ser tomada en cuenta por la autoridad judicial a tiempo de substanciar la aprobación de las futuras liquidaciones, reconociendo la diferencia que le favorezca.
puede condicionarse a plazo o condición alguna, a la resolución de recurso alguno o al cumplimiento de procedimiento alguno, pudiendo acudirse a los medios compulsivos como el apremio corporal incluso con autorización de allanamiento, rotura de candados o chapas de puerta, arraigo e hipoteca legal de los bienes que conforman el patrimonio del obligado, embargo y venta judicial, para el cumplimiento del importe de la asistencia familiar devengada. Con el añadido que el incumplimiento a este mandato insoslayable por la autoridad judicial, es susceptible de responsabilidad funcionaria.
La determinación de las medidas compulsivas para el oportuno suministro de la asistencia familiar, de modo alguno implica la restricción del derecho a impugnar; por cuanto el obligado puede ejercer el derecho a recurrir o a asumir los medios o recursos idóneos para lograr la revisión de la determinación asumida, sin perjuicio del cumplimiento de la asistencia familiar, cuya liquidación se encuentre aprobada y notificada al obligado, con la aclaración que si la resolución del recurso planteado por el obligado, le favorece de alguna manera, de tal forma que haya diferencia cuantitativa o de cálculo a su favor, ésta debe ser tomada en cuenta por la autoridad judicial a tiempo de substanciar la aprobación de las futuras liquidaciones, reconociendo la diferencia que le favorezca.”
Respecto a los medios comunicacionales en el proceso de asistencia familiar, la SCP 1097/2025-S3 de 12 de septiembre, realizando una sistematización de la jurisprudencia, desarrolló el siguiente razonamiento: «Conforme lo dispone el art. 314.I del CFPF, como regla, todas las notificaciones deben efectuarse en la Secretaría del Juzgado, con excepción de aquellas que la autoridad judicial disponga expresamente que se practiquen en domicilio procesal; es decir fuera de estrados judiciales, decisión que debe estar debidamente argumentada; de igual forma, el referido artículo, determina que se notificarán en audiencia todas las resoluciones que la autoridad judicial pronuncie en la misma. Por otra parte, conforme al art. 442 del CFPF, con relación a la ejecución de la asistencia familiar; vale decir, a la solicitud de liquidación de pagos devengados de asistencia familiar dentro del proceso extraordinario, la notificación debe practicarse de la siguiente forma: i) En el domicilio procesal fuera de estrados judiciales, cuando así lo señalen las partes; ii) En caso de no haber sido fijado el domicilio procesal por las partes, se debe realizar en secretaría del juzgado; y, iii) En secretaría del juzgado, cuando así lo establecen las partes. Con relación específicamente a la notificación del obligado, de forma expresa la SCP 0671/2016-S2 de 8 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, señala:
[la] notificación con las liquidaciones de pago devengados de asistencia familiar, serán practicadas válidamente: i) En el domicilio procesal que la parte obligada hubiera señalado para efectos del proceso, el mismo que subsistirá mientras no sea comunicado su cambio a la autoridad judicial; ii) En secretaría del juzgado (tablero judicial), cuando el obligado no hubiera fijado domicilio procesal fuera de estrados; y, iii) En secretaría del juzgado (tablero judicial), cuando el obligado hubiera señalado ese lugar para que allí se practiquen las respectivas notificaciones.
Siguiendo este razonamiento, la SCP 0538/2018-S4 de 28 de septiembre, en su Fundamento Jurídico III.2, establece:
…es preciso acotar lo preceptuado por el Código de las Familias y del Proceso Familiar, del que debe hacerse una lectura integral en lo que respecta a la forma en la que deben practicarse las notificaciones en el procedimiento de ejecución de la asistencia familiar devengada, previsto por el art. 415 del referido Código, desde la planilla de liquidación de pago presentada por la parte beneficiaria ante el juez de la causa, hasta la emisión válida del mandamiento de apremio. (…) De la cita de estos artículos, se infiere de forma inequívoca que por disposición específica de la norma procesal, la solicitud que formula la parte beneficiaria con la liquidación de la asistencia familiar devengada, dentro del proceso extraordinario de asistencia familiar, normado en los arts. 434 y ss de la Ley 603, debe ser puesta a conocimiento de la parte obligada notificándosele en el domicilio procesal que hubiera fijado fuera de estrados judiciales y, en caso de no haberse señalado, esta diligencia será válida en secretaría del juzgado, concediéndole el plazo de tres días posteriores a este actuado, para que efectúe sus observaciones, materializando así su derecho a la defensa y a oponerse a la pretensión de la contraparte. De ahí se infiere que el art. 442 del citado Código, establece una norma específica para la comunicación del primer acto procesal que da inicio al procedimiento de ejecución de la asistencia familiar, entendiéndose que los actos comunicacionales posteriores –incluyéndose la aprobación de la planilla y la determinación de expedir el mandamiento de apremio–, siguen la regla general señalada en el art. 314.I del mismo cuerpo normativo, es decir, se practican válidamente en secretaría del juzgado; circunstancia que de ninguna forma vulnera el derecho a la defensa del obligado, habida cuenta que tras la notificación en su domicilio procesal con el primer acto de inicio de la ejecución de asistencia familiar, asume pleno conocimiento que su contraparte pretende el cobro de este beneficio, correspondiéndole únicamente acreditar el cumplimiento de su obligación, honrar lo devengado, observar el monto pretendido, o formular una oferta de pago; puesto que, caso contrario, de no hacer efectivo el pago del monto adeudado a favor del beneficiario, indefectiblemente se emitirá la orden de apremio en su contra. Ahora bien, el Código de las Familias y del Proceso Familiar distingue la pretensión de asistencia familiar en proceso extraordinario (cuando hay contención) -art. 434 del CFPF- y en proceso de resolución inmediata (cuando existe acuerdo de asistencia familiar) -art. 445 del CFPF-; último caso en el que también la propia norma procesal aclara que: “Presentada la solicitud de aprobación de asistencia familiar o dispensa judicial, y previo cumplimiento de los requisitos generales y adjuntados los documentos o títulos que fundamenten la pretensión, la autoridad judicial emitirá resolución dentro de los siguientes cinco (5) días, sin recurso ulterior. La notificación con la liquidación de pago de asistencia familiar se practicará en Secretaría de juzgado” (art. 447 del referido Código) (las negrillas son nuestras). En este contexto, cabe destacar que el art. 447 de la Ley 603, lleva el nomen juris “Aprobación de asistencia familiar o dispensa judicial”, entendiéndose que la diligencia de notificación a la que hace referencia su parte in fine, es la del momento procesal señalado en el parágrafo II del art. 415 de la referida normal legal; es decir, a la resolución de aprobación de la liquidación de la asistencia familiar e intimación de pago dentro del tercer día, luego que hubiera vencido el plazo para su observación por parte del obligado, quien previamente fue notificado en su domicilio procesal, con la solicitud de liquidación promovida a instancia de parte, como se exhorta por el parágrafo I del mencionado art. 415, en consonancia del art. 442 del referido Código. De tal forma que, en una lectura integral de los arts. 415, 442 y 447 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, el procedimiento de “ejecución de la asistencia familiar” –sea que se desarrolle dentro de un proceso de resolución inmediata o un proceso extraordinario, inclusive si se declaró este beneficio dentro un trámite de divorcio–, debe seguir el trámite contenido en el art. 415 de Código; consecuentemente, inicia con la solicitud de la parte beneficiaria de la liquidación de pagos devengados, misma que se notifica al obligado en su domicilio procesal, salvo éste no hubiera sido fijado, caso en el que se diligencia en secretaría del juzgado, como prevé el art. 442 del mismo Código; quedando claro que, los actos posteriores, específicamente, la resolución de aprobación de la planilla de asistencia, se notifica en secretaría del juzgado, tal como exige el art. 447 de dicho cuerpo normativo, en consonancia con el art. 314.I del mismo Código.
Sin embargo de lo anterior, tanto para procesos de asistencia familiar en proceso extraordinario como de resolución inmediata, la autoridad judicial a cargo –atendiendo las particularidades del proceso, la situación de las partes procesales y otras circunstancias que así lo justifican–, puede valerse de la facultad contenida en el art. 314.II de la Ley 603, disponiendo fundadamente que algunas notificaciones se practiquen en el domicilio procesal fuera de estrados que hubiera sido señalado por las partes, con la finalidad que se cumpla efectivamente con el acto comunicacional y que, en todo momento, se garantice que las partes procesales puedan asumir conocimiento efectivo de las decisiones jurisdiccionales, más aún cuando de por medio se encuentren involucrados derechos fundamentales. De donde se tiene que, conforme al principio de reserva legal, los actos de comunicación relacionados con la ejecución de la liquidación de asistencia familiar se encuentran regulados de forma integral por los arts. 314, 415, 442 y 447 del CFPF y por la jurisprudencia constitucional, precedentemente citada; en consecuencia, el obligado tiene que tomar en cuenta que, ante el incumplimiento de su responsabilidad de cancelar oportunamente la asistencia familiar: a) La solicitud de liquidación de pagos devengados, debe ser notificada, en su domicilio procesal, y en caso de no ser señalado expresamente, la diligencia será efectuada en secretaría del juzgado; y, b) Los actos posteriores a la solicitud de liquidación de asistencia familiar, específicamente la resolución de aprobación de la planilla de asistencia familiar; la petición de emisión y ejecución del mandamiento de apremio, deben ser notificados en secretaría del juzgado. En consecuencia, se constituyen en los únicos actos de comunicación que gozan del principio de legalidad, existiendo la posibilidad que las actuaciones posteriores a la solicitud de liquidación de esta obligación, puedan ser notificados fuera de estrados judiciales, siempre y cuando, así lo determine la autoridad judicial, de forma excepcional y en caso de encontrarse involucrados otros derechos fundamentales. Estas disposiciones, fueron emitidas, pensando en la responsabilidad que asume el obligado de pagar la asistencia familiar de forma impostergable en estrados judiciales o a través de una cuenta bancaria habilitada para tal efecto, y en caso de darse esta opción, le surge la obligación de acudir mensualmente al juzgado para presentar los comprobantes de pago en constancia que está cumpliendo con uno de sus deberes en calidad de progenitor; en consecuencia, de ninguna forma es aceptable la omisión de este deber que surge a favor de uno de los sectores más vulnerables de la población, que son las niñas, niños y adolescentes, porque requieren diariamente satisfacer sus necesidades vitales, de forma impostergable; en razón a ello, frente a la falta de pago, el Código de las Familias y del Proceso Familiar, otorga a los beneficiarios la posibilidad de interponer la solicitud de liquidación de la asistencia familiar, la aprobación de la planilla de liquidación y el cumplimiento de esta obligación a través de la ejecución del mandamiento de apremio y de otras medidas coercitivas. Es por esta razón que, el obligado a partir de la notificación con la resolución que dispone el monto a pagar por concepto de asistencia familiar, tiene pleno conocimiento de la responsabilidad adquirida judicialmente a favor de su hija o hijo, a ser computada a partir de la fecha de presentación de la demanda de asistencia familiar y a ser cancelada mensualmente de forma impostergable; por lo que, todo procedimiento instaurado en su contra por omisión de este deber, se apertura como consecuencia de la falta de cumplimiento a los deberes de asistencia familiar; consiguientemente, estando sometido al mismo, la parte obligada debe estar pendiente de todos los actuados procesales y de observar la ley y jurisprudencia relacionada con las actuaciones de notificación -entre otros actuados- a efectos de velar por su derecho a la defensa, que de ninguna manera se pondría en tela de juicio, si hubiera sido responsable con los pagos oportunos de asistencia familiar a favor de su hija o hijo, cuyos derechos se encuentran por encima de los suyos, dada su vulnerabilidad y la obligación internacional asumida por el Estado boliviano de velar por el interés superior de la niña, niño o adolescente; claro, pudiéndose alegar excepciones, empero debidamente comprobadas dentro de un adecuado procedimiento» (las negrillas fueron añadidas).
El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la libertad personal, a la justicia oportuna, a la protección efectiva y al debido proceso, señalando que, dentro del proceso de asistencia familiar seguido en su contra, la Jueza demandada aprobó una liquidación por Bs372 580.-presentada por la madre de su hija y ordenó incorrectamente su notificación mediante tablero judicial; sin embargo, nunca fue emplazado ni encontró dicha actuación en el expediente o registro de la Oficial de Diligencias del Juzgado; y pese a esa falta de notificación, el 27 de octubre de 2022, la autoridad jurisdiccional emitió mandamiento de apremio en su contra, lo que derivó en que fuera aprehendido y recluido en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, quedando en estado de indefensión al no haber podido ejercer su derecho a cancelar la liquidación aprobada. Ahora bien, de antecedentes cursantes en el expediente constitucional y actuados a los que tuvo inmediación la Jueza de garantías de esta acción tutelar, contenidos en las Conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se advierte que dentro del proceso de asistencia familiar seguido contra José Antonio Chávez Marañón -ahora accionante- por su hija Diana Andrea Chávez Camargo, éste promovió incidente de reducción de asistencia familiar ante la Jueza Pública de Familia Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz -autoridad ahora demandada-; el cual, fue resuelto mediante Auto Interlocutorio de 22 de abril de 2022, cuya notificación se practicó en su domicilio procesal a través de su abogado Marco Daniel Soruco Vidal, a quien se emplazó con todos los actuados procesales generados desde dicha solicitud hasta “fojas 352”, consistentes en una nueva liquidación de asistencia familiar presentada por Karem Camargo Ruiz -apoderada de la hija del impetrante de tutela-, su providencia respectiva, una solicitud de nuevo señalamiento de audiencia para la consideración del incidente de reducción de asistencia familiar, así como otras actuaciones inherentes a dicho trámite y sus diligencias correspondientes; además, de una solicitud de aprobación de liquidación y conminatoria presentada por la demandante (Conclusión II.1). Posteriormente, mediante providencia de 24 de agosto de 2022, la Jueza demandada aprobó la liquidación de asistencia familiar devengada presentada a “fojas 76”, señalando expresamente que el obligado fue legalmente notificado con la liquidación cursante a “fs. 351 y vta.”, conforme constaría en la diligencia de “fs. 353 y 354”; sin embargo, al no haber cumplido con la cancelación de la obligación, dispuso aprobar la liquidación y conminar al accionante a pagar la suma de Bs372 580.- dentro del plazo de tercero día de su legal notificación, bajo advertencia de librarse mandamiento de apremio en caso de incumplimiento; asimismo, ordenó que se notifique al obligado con la aprobación de la liquidación mediante tablero del Juzgado, en aplicación del art. 447 del CFPF, instruyendo a la Oficial de Diligencias tomar razón de dicha actuación (Conclusión II.2), ante dicha providencia, el impetrante de tutela interpuso recurso de reposición, el cual fue rechazado mediante Auto Interlocutorio de 5 de octubre de 2022, Resolución en la que la autoridad judicial nuevamente se pronunció sobre las notificaciones practicadas al obligado (Conclusión II.3); finalmente, se emitió el Mandamiento de Apremio de 27 de octubre de 2022, por el cual, la Jueza Pública de Familia Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, ordenó a cualquier agente del Comando Departamental de la Policía Boliviana proceder al apremio de José Antonio Chávez Marañón y su conducción al Centro Penitenciario Palmasola del citado departamento, hasta que cancele la suma de Bs362 080.-, conforme lo dispuesto en el Auto Interlocutorio del citado mes y año (Conclusión II.4). Ahora bien, a efectos de analizar las comunicaciones procesales desarrolladas en el procedimiento de ejecución de asistencia familiar devengada seguido contra el ahora accionante -cuestionadas en la presente acción de libertad-, corresponde referirse a los arts. 314, 415, 442 y 447 del CFPF, así como del razonamiento jurisprudencial sentado por las SCP 0671/2016-S2, 0538/2018-S4 y los criterios constitucionales desarrollados respecto a las formas de notificación en procesos de asistencia familiar; en cuya virtud se ha establecido que el procedimiento de ejecución de asistencia familiar involucra dos momentos claramente diferenciados: a) La solicitud de liquidación de asistencia familiar devengada, que constituye el primer acto que inicia la ejecución y debe ser necesariamente notificada en el domicilio procesal del obligado, y sólo en su defecto en Secretaría del Juzgado, conforme disponen los arts. 415.I y 442 del CFPF; y, b) La aprobación judicial de la planilla de liquidación e intimación de pago, que es un acto procesal posterior y cuya notificación debe practicarse válidamente en Secretaría del Juzgado (tablero judicial), en aplicación directa de los arts. 314.I y 447 del CFPF, así como del precedente constitucional glosado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, que de forma expresa, señala que los actos posteriores al inicio de la ejecución -incluyendo aprobación, intimación y posterior mandamiento de apremio- siguen la regla general de notificación en estrados, sin que ello vulnere el derecho a la defensa del obligado, por cuanto éste ya fue previamente informado de que se inició la ejecución en su contra.
Aplicado dicho razonamiento al caso concreto, se advierte que el ahora accionante fue notificado legalmente con la solicitud de liquidación presentada por la parte beneficiaria, cursante a “fs. 351 y vta.”, diligencia acreditada en fs. 353 y 354, cumpliéndose plenamente el primer momento de comunicación exigido por la jurisprudencia constitucional. En este momento procesal, el obligado tomó conocimiento efectivo de la pretensión de cobro devengado, quedándole expedita la posibilidad de presentar observaciones, impugnar el monto o acreditar pago alguno; aspectos que configuran la materialización de su derecho a la defensa, razón por la cual no se advierte la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de derecho a la defensa. Asimismo, fue notificado legalmente en la secretaría del Juzgado con la providencia de 24 de agosto de 2022, mediante la cual la Jueza demandada aprobó la liquidación de asistencia familiar devengada que cursa a fojas 76, conminando al pago del monto adeudado dentro del tercer día bajo prevención de apremio, puesto que dicha diligencia ha sido practicada acorde a lo previsto en el art. 447 del CFPF, y al precedente constitucional citado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, que establece que la notificación con la resolución de aprobación de la liquidación “se practicará en Secretaría del Juzgado”, constituyendo dicha forma de comunicación un acto plenamente válido y ajustado al principio de legalidad procesal. En ese entendido, el accionante no puede alegar desconocimiento de la ejecución instaurada en su contra, puesto que desde la notificación inicial con la solicitud de liquidación adquirió certeza plena de la existencia del procedimiento; a partir de lo cual, podía ejercer su derecho a la defensa en dicho trámite, y se hallaba obligado a efectuar el seguimiento correspondiente a las actuaciones subsiguientes. En ese sentido, cuando el suministro de asistencia familiar es incumplido por el obligado, conforme al procedimiento establecido en el art. 415.I, II y III del CFPF, una vez aprobada la planilla de liquidación, la autoridad judicial debe ejercer los medios compulsivos para su cumplimiento, entendiendo que el apremio corporal como medio compulsivo resulta necesario para el cumplimiento de la asistencia familiar, en razón de la prontitud que exigen las necesidades básicas del beneficiario. Trasladando el precedente citado al caso concreto, corresponde señalar al accionante que la asistencia familiar cuya liquidación fue aprobada constituía una obligación plenamente exigible, y que su cumplimiento no podía quedar supeditado a su percepción sobre la regularidad de la notificación, ni a la eventual interposición de incidentes, ni a revisiones personales del tablero que no sustituyen la verificación formal del expediente. El deber de pago se encontraba legalmente activado y su incumplimiento habilitaba el dictado de medidas compulsivas como la emisión del mandamiento de apremio; en tal sentido, la acción tutelar no puede emplearse como vía para reabrir o suspender el cumplimiento de una obligación alimentaria legítimamente cuantificada; pues ello, contravendría la regla constitucional de insoslayabilidad del suministro y desvirtuaría la función protectora que caracteriza a esta obligación; consiguientemente, al no haberse evidenciado la conculcación de los derechos a la libertad personal, a la justicia pronta y oportuna, a la protección efectiva; y, al debido proceso del accionante, incumbe denegar la tutela impetrada respecto a este punto. En relación al agravio referido a que la notificación con la aprobación de la liquidación no se habría encontrado en tablero judicial cuando el accionante acudió al Juzgado, corresponde precisar que de acuerdo a lo establecido por el art. 314 del CFPF, todas las notificaciones se practicarán en secretaría del juzgado, excepto aquellas que la autoridad judicial disponga que se practiquen en el domicilio procesal fuera de estrados; y, que se notificaran en audiencia las resoluciones que se pronuncien en la misma; y en párrafo II de la norma examinada se establece que habrá un libro de control de notificaciones llenado por la o el oficial de diligencias y supervisado por la o el Secretario del juzgado; a objeto de materializar esta notificación, las partes o sus abogados deben acudir a la Secretaría del Juzgado a notificarse con las resoluciones judiciales que constan en los expedientes; por ello, toda vez que la norma procesal no impone una formalidad adicional, la supuesta inexistencia de copia de la resolución en el tablero judicial, no es causal para la invalidación de la diligencia de notificación.
En ese marco, no resulta jurídicamente atendible pretender que la acción de libertad constituya un mecanismo para suplir o corregir omisiones atribuibles al propio obligado o a su defensor, quienes, al tener noticia del curso del trámite de liquidación, debían ejercer un seguimiento diligente del proceso, solicitando la entrega del expediente, revisando los libros correspondientes y, en su caso, pidiendo certificaciones sobre actuaciones específicas. En consecuencia, la sola circunstancia de que el accionante no hubiera encontrado la notificación en una revisión puntual del tablero judicial no constituye prueba plena de la inexistencia de la diligencia, máxime cuando el expediente es el medio idóneo para constatar tales actos; razón por la cual, no es evidente la vulneración del derecho a la defensa; por la que, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 13/2023 de 25 de abril, cursante de fs. 27 vta. a 30 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1334_2025-S3.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): fab3bf6d5de385498e473e4812b29adef21c0f4b5254d3da3034628c8d45301a
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