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SCP 1333/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 7 de noviembre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
7 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
77881-2025-156-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de sus representantes, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la libertad personal,” al juez imparcial” y a la educación; y, de los principios del interés superior de la niña, niño y adolescente y la “excepcionalidad de la detención preventiva” (sic); toda vez que, las “autoridades demandadas” omitieron: i) Remitir antecedentes de la apelación a la resolución de rechazo de cesación a su detención preventiva; ii) Cumplir su deber excusarse al asumir defensa su abogado defensor con quien tiene una enemistad manifiesta; iii) Autorizar la habilitación para acceso virtual de su abogado defensor al juicio oral; iv) Remitir el oficio al SEDEGES para que emitan un informe actualizado; y, v) Efectuar el control de plazos, causándole perjuicios. Ante ello, la Jueza demandada refiere que: a) La Ley especial no establece el procedimiento común y ordinario del Código de Procedimiento Penal para la apelación incidental; sin embargo, el día de hoy fue remitido al Tribunal de apelación; b) Respecto a la solicitud de habilitación de plataforma virtual para el abogado defensor, en el proceso ambas partes son menores (acusado y víctima), por lo que deben ser tratados con igualdad, garantizando la confidencialidad y la reserva de identidad; en ese entendido, los abogados no son parte y, de autorizárseles, no se podría garantizar la confidencialidad; c) Respecto al deber de excusarse en aplicación del Código de Procedimiento Penal, desconociéndose la Ley especial Código Niña, Niño y Adolescente, la obligación es en el primer actuado y …

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 58/2025 de 15 de septiembre, cursante de fs. 53 a 54 vta., pronunciado por el Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática denunciada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la sustracción de materia o pérdida del objeto procesal en la acción de libertad
  2. III.2. Supuestos de activación de la acción de libertad ante procesamiento ilegal o indebido. Jurisprudencia reiterada
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1333/2025-S2 Sucre, 7 de noviembre de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 77881-2025-156-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 58/2025 de 15 de septiembre, cursante de fs. 53 a 54 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Enrique Ilasaca Mamani e Hilda Choque Quispe en representación legal de AA contra Sandy Madeleine Rodríguez Aguilar, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz; y, Judith Abasto Pérez, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 14 de septiembre de 2025, cursantes a fs. 1 y 32 a 38, el accionante, a través de sus representantes, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Su persona guarda detención preventiva en el “Centro de Rehabilitación Terapéutico Varones de La Paz”, dispuesta dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Publico por la presunta comisión de delito de violación con agravante, signado con el Código Único de Denuncia (CUD) 220102102500164, cuya medida cautelar superó el plazo máximo de noventa días sin que exista sentencia de primera instancia. A la solicitud de cesación de detención preventiva, Sandy Madeleine Rodríguez Aguilar, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz -ahora demandada-, mediante Auto Interlocutorio “22/2025” rechazó la misma, manteniendo vigente su detención preventiva, resultando la misma arbitraria, ilegal y contraria a los principios de excepcionalidad, celeridad y proporcionalidad, afectando el interés superior del niño que impone al Estado y a sus autoridades la obligación de actuar con la máxima diligencia y prioridad en casos que involucren a niños, niñas y adolescentes, causándole daño psicológico y afectación familiar. Asimismo, se evidenció una serie de omisiones y actuaciones arbitrarias en la que incurrieron las autoridades demandadas, tales como la falta de habilitación a los defensores en el portafolio digital, la negativa injustificada a tramitar solicitudes procesales esenciales, la emisión de resoluciones carentes de motivación y la persistencia de mantener la medida cautelar desproporcionada. Habiendo el Ministerio Público presentado acusación fiscal y encontrándose el proceso en etapa intermedia pendiente del auto de apertura de juicio, siendo requisito indispensable el informe biopsicosocial actualizado a cargo del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, el mismo no se ordenó pese a sus reiteradas solicitudes; por ello, el 8 de septiembre de 2025 solicitó el mismo y control de plazo, además de la incorporación del copatrocinio del abogado Noel Arturo Vaca López; sin embargo, mediante una resolución carente de fundamentación y motivación, la Jueza demandada rechazó la incorporación de su nueva defensa, al tener la misma una enemistad manifiesta debido a un conflicto judicial previo, generándole el deber de excusarse. De los actos descritos, se concluye que la Jueza demandada y Judith Abasto Pérez, Fiscal de Materia -codemandada-, no actuaron oportunamente en el proceso; al contrario, dilatando “resolver el mismo” por causas no atribuibles a su persona, incurriendo en retardación de justicia.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela, a través de sus representantes, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la libertad personal,” al juez imparcial” y a la educación; y, de los principios del interés superior de la niña, niño y adolescente y la “excepcionalidad de la detención preventiva” (sic); citando al efecto los arts. 23, 115 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE); 7.5 y 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se declare: a) Ilegal su detención preventiva por haber superado el limita máximo de noventa días previsto en el Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA); b) La autoridad demandada -se comprende la Jueza demandada- disponga la remisión de la apelación y en su caso la aplicación de medidas menos gravosas, tomando en cuenta que se rechazó la solicitud de control de plazos contra el cual interpuso recurso de reposición, mismo que no mereció pronunciamiento fundamentado; c) Se deje sin efecto el decreto de 10 de septiembre de 2025; d) Se reconozca el patrocinio del abogado Noel Arturo Vaca López; e) Se disponga que la autoridad demandada -Jueza- se pronuncie oficiosamente a la excusa; y, f) Se ordene con carácter urgente la emisión de oficio al SEDEGES para la elaboración del informe biopsicosocial actualizado en un plazo de cinco días y se instale juicio oral público con la habilitación de plataforma virtual para el abogado de la defensa, ya que acreditó que su estado de salud le impide trasladarse de momento a Caranavi.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 15 de septiembre de 2025, según consta en acta cursante de fs. 49 a 52 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los representantes del accionante, a través de su abogado, ratificaron in extenso el contenido de su acción de libertad y, ampliando en audiencia agregó que: 1) Existe una apelación incidental contra una resolución que rechazo una cesación de medida cautelar que debió merecer su remisión con celeridad, empero hasta la fecha no se encuentra radicada en ninguna Sala Penal, lo que afecta su libertad de locomoción, limitándose la Jueza demandada a la emitir un decreto para la remisión del oficio; además, un adolescente no puede estar detenido más de noventa días, situación por la cual se planteó el control de plazos que fue rechazado y se interpuso recurso de reposición “…y hasta la hora de celebración de esta audiencia al menos no ha sido comunicado (…) como sabemos que no existe esta plataforma todavía en Caranavi y se ha dispuesto alternativamente la plataforma de WhatsApp 775-8469 se reconozca por la autoridad judicial y fiscal el patrocinio del suscrito abogado…” (sic); 2) Se solicitó la habilitación del acceso a la Sala Virtual o los medios telemáticos, la habilitación del portafolio Justicia Libre 2 (JL2) para asumir la defensa técnica del adolescente, ya que los otros abogados renunciaron, puesto que esta modalidad no afecta el principio de confidencialidad y el pasado 12 de septiembre se enteró extraoficialmente que se postergo la audiencia de manera presencial en la ciudad de La Paz, cuando la autoridad judicial conoce que por prescripción médica no puede concurrir a dicha ciudad, poniendo en riesgo su salud y vida, sin tomar en cuenta que el proceso se inició en Caranavi y debe concluir en el mismo lugar, lesionando el derecho a la defensa; sin embargo, la autoridad fiscal codemandada no lo hizo conforme ordenan sus propios instructivos de la Fiscalía General; 3) Por una enemistad declarada por la autoridad judicial hacia el abogado, tenía el deber de excusarse del conocimiento de la causa, como sucedió en otra causa en la que, mediante una resolución de la Sala Constitucional, en una acción de amparo, se declaró legal la excusa de la Jueza demanda para declarar la imparcialidad, empero no lo hizo; y, 4) La Jueza demandada o quien la supla, debe pedir mediante oficio al SEDEGES o la instancia técnica departamental, los informes respectivos, en un plazo máximo de cinco días antes del juicio oral y no la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) de Caranavi del departamento de La Paz, que se constituye en parte acusadora.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Sandy Madeleine Rodríguez Aguilar, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz, en audiencia, solicitó se deniegue la tutela impetrada, manifestando que: i) En cuanto a la apelación incidental, la ley especial no establece el procedimiento común y ordinario de la Ley 1970 -Código de Procedimiento Penal (CPP)-, cuyo texto señala que la autoridad judicial debe remitir inmediatamente la apelación; sin embargo, se ha remitido el cuaderno de control jurisdiccional al Tribunal de apelación para su revisión, “…el día de hoy mi oficial de diligencias se encuentra en la ciudad de La Paz y ya ha remitido a las autoridades competentes…” (sic), por lo que no hay lesión a derecho o garantía alguna; ii) Respecto al señalamiento de audiencia virtual, habilitando el acceso a la plataforma para el abogado defensor, se debe tener presente que en el proceso, no solo el imputado es menor, sino también la víctima, quien es menor de diez años de edad de sexo masculino, por lo que deben ser tratados con igualdad; por ello, el acceso a audiencias virtuales por el abogado defensor con el argumento de padecer dolencias físicas no sería un trato igualitario; además, el abogado no es parte del proceso y no se podría garantizar la confidencialidad, la reserva de identidad de los menores involucrados, ni la restricción de acceso a la documentación, puesto que no se sabe qué vaya a suceder detrás de las cámaras, ni si de las pruebas visualizadas por las pantallas vayan a tomarse fotos y se vayan a usar para algún fin que afecte la privacidad y confidencialidad de los menores. Claramente, la reserva implica que el juicio deba celebrarse a puerta cerrada, excepcionalmente a puerta abierta, mediante resolución fundamentada y adoptando las medidas para evitar el registro de identidad e imagen de los menores; en ese entendido, la autoridad judicial no tiene control de lo que se filtre, por eso, en cumplimiento al principio de confidencialidad, en resguardo del derecho a la imagen, a la dignidad y a la honra de ambos menores (infractor y víctima), se dispuso la realización de la audiencia presencial y, resguardando el derecho a la defensa, la designación de un defensor de oficio en caso de que su abogado defensor tenga algún inconveniente, garantizando el normal desarrollo del juicio; iii) Con relación al presunto incumplimiento del deber de excusarse en aplicación del Código de Procedimiento Penal y en desconocimiento del Código Niña, Niño y Adolescente, que establece la obligación del juez de excusarse en el primer actuado en el proceso, el mismo ya se encuentra en juicio oral y no cuando se haya apersonado su abogado, quien no es parte, por lo que las partes pueden hacer valer sus derechos al respecto en apelación de sentencia; iv) Con relación a la remisión del oficio al SEDEGES, esta entidad desapareció. El art. 278 del CNNA se refiere a la Instancia Técnica Departamental de Política Social en el Sistema Penal; en ese marco, para la elaboración del Informe de Homologación o Complementación, se refiere a un Equipo Multidisciplinario del Juzgado para su realización; sin embargo, lamentablemente los juzgados de provincia no cuentan con ese equipo, por lo que, en aplicación del principio procesal de desformalización, respetando el debido proceso, dispuso que sea el equipo multidisciplinario del Servicio Legal Integral de la Mujer (SLIM) y la DNA quienes realicen ese informe y que éste sea valorado en juicio, realizado el viernes pasado, al que no asistió el menor infractor ni su abogado, asumiendo su autoridad las medidas para asegurar a las partes el ejercicio de sus derechos en el desarrollo del juicio, por lo que la afirmación del accionante de que la DNA no puede realizar su valoración porque estaría asumiendo el patrocinio de la víctima no tiene sustento; y, v) Finalmente, respecto a la solicitud de control jurisdiccional de oficio, ese instituto procesal no se encuentra establecido en el Código Niña, Niño y Adolescente; sin embargo, en aplicación del sus arts. 290 y 291, se puede solicitar la modificación de la detención preventiva. Judith Abasto Pérez, Fiscal de Materia, por informe escrito cursante a fs. 47 y vta., y en audiencia virtual, solicitó se deniegue la tutela impetrada, expresando que: a) De la lectura de la acción de libertad, los hechos descritos son confusos respecto a la autoridad judicial y a la fiscal, por lo que no especifica en qué actos vulneratorios incurrieron; b) El accionante debió considerar el ejercicio de otros medios o recursos ordinarios para el control jurisdiccional antes de interponer directamente la acción de libertad; y, c) El Ministerio Público en ese despacho se encuentra a cargo de más de dos mil casos, y es de conocimiento público que no cuenta con asistente fiscal o auxiliar que coadyuve con el manejo del despacho, por lo que su labor es inmensa, porque tiene que asistir a audiencias, atender al público, realizar actos de investigación, cargar datos al sistema, entre otros. En ese entendido, el impetrante de tutela presentó un memorial el 8 de septiembre de 2025, que fue requerido en plazo, resultando su obligación de apersonarse a la Fiscalía para gestionarlos.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Sexto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 58/2025 de 15 de septiembre, cursante de fs. 53 a 54 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) No todas las lesiones al debido proceso pueden ser reparadas a través de la acción de libertad, sino solo aquellos actos que se encuentran directamente vinculados con el derecho a la libertad del accionante; los demás supuestos, como la falta de pronunciamiento de la excusa o la solicitud del impetrante de tutela para la habilitación del portafolio e intervención de su abogado a través de una plataforma virtual, deben ser reclamados a través de la acción de amparo constitucional, una vez agotados los mecanismos intraprocesales que establece el procedimiento; 2) El único actuado que tiene directa relación con el derecho a la libertad es el hecho de que el menor peticionante de tutela se encuentra con detención preventiva y, en su oportunidad, no fue remitida la apelación y sus antecedentes vinculados a la resolución de rechazo a la detención preventiva al Tribunal de apelación; sin embargo, a la fecha ya fue remitido y se encuentra pendiente de resolución, tomando en cuenta que se trata de un juzgado de provincia; 3) En la presente acción de libertad se pretende que el Juez de garantías se pronuncie respecto al fondo de la apelación presentada; empero, no puede superponerse e invadir la competencia del Tribunal de alzada, incurriendo en una causal de nulidad por defecto absoluto no susceptible de convalidación; 4) Tanto el acusado como la víctima son menores de edad y pertenecen a un sector vulnerable, por lo que ambos gozan de protección reforzada y necesitan comprensión de sus padres para sobrellevar el conflicto; y, 5) La prueba aportada por la parte accionante no es suficiente para la viabilidad de la acción de libertad. En vía de enmienda, complementación y explicación, el abogado del accionante manifestó que, la denegatoria de tutela ingresando al análisis de fondo, implicaría que el Ministerio Público no facilite el acceso al portafolio digital. En respuesta, el Juez de garantías refirió que ya se remitió la apelación en alzada y se emitirá resolución en el plazo establecido en el art. 314 del CPP, no habiéndose ingresado al fondo de lo denunciado.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de Niñas, Niños y Adolescentes a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección (fs. 58 a 63); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra AA -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, por Auto Interlocutorio 23/2025-N de 9 de septiembre, Sandy Madeleine Rodríguez Aguilar, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz -ahora demandada-, dispuso el auto de apertura de juicio oral reservado, continuo y contradictorio señalando audiencia presencial para el 12 de septiembre de 2025 a horas 15:00 (fs. 18 y vta.). II.2. Mediante oficio de 15 de septiembre de 2025, Rodolfo Porco Chaparro, Secretario del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz, remitió la apelación incidental interpuesta por el impetrante de tutela contra el Auto Interlocutorio 22/2025-N, signado con CUD 220102102500164, con sello de recepción de la misma fecha por plataforma del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 48).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de sus representantes, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la libertad personal,” al juez imparcial” y a la educación; y, de los principios del interés superior de la niña, niño y adolescente y la “excepcionalidad de la detención preventiva” (sic); toda vez que, las “autoridades demandadas” omitieron: i) Remitir antecedentes de la apelación a la resolución de rechazo de cesación a su detención preventiva; ii) Cumplir su deber excusarse al asumir defensa su abogado defensor con quien tiene una enemistad manifiesta; iii) Autorizar la habilitación para acceso virtual de su abogado defensor al juicio oral; iv) Remitir el oficio al SEDEGES para que emitan un informe actualizado; y, v) Efectuar el control de plazos, causándole perjuicios. Ante ello, la Jueza demandada refiere que: a) La Ley especial no establece el procedimiento común y ordinario del Código de Procedimiento Penal para la apelación incidental; sin embargo, el día de hoy fue remitido al Tribunal de apelación; b) Respecto a la solicitud de habilitación de plataforma virtual para el abogado defensor, en el proceso ambas partes son menores (acusado y víctima), por lo que deben ser tratados con igualdad, garantizando la confidencialidad y la reserva de identidad; en ese entendido, los abogados no son parte y, de autorizárseles, no se podría garantizar la confidencialidad; c) Respecto al deber de excusarse en aplicación del Código de Procedimiento Penal, desconociéndose la Ley especial Código Niña, Niño y Adolescente, la obligación es en el primer actuado y no cuando se apersone su abogado defensor, quien no es parte, y el proceso se encuentra en etapa de juicio oral; d) Respecto a la remisión de un oficio a SEDEGES, esta entidad desapareció; la ley especial Código Niña, Niño y Adolescente refiere a la Instancia Técnica Departamental de Política Social en el Sistema Penal y a la elaboración del informe de homologación o complementación por el Equipo Multidisciplinario del Juzgado; no obstante, como es un juzgado de provincia, no cuenta con ese equipo, por lo que dispuso que sea el equipo multidisciplinario del SLIM y la DNA quienes realicen ese informe, en aplicación del principio de desformalización; y, e) Respecto al control jurisdiccional de oficio, ese instituto procesal no se encuentra establecido en el Código Niña, Niño y Adolescente; sin embargo, en aplicación de sus arts. 290 y 291, se puede solicitar la modificación de la detención preventiva. La Fiscal de Materia codemandada señala que: 1) Los hechos descritos en la acción de libertad son confusos respecto a cada uno de los demandados; 2) El accionante debió considerar el ejercicio de otros medios o recursos ordinarios para el control jurisdiccional antes de interponer la acción de libertad; y, 3) Despachó oportunamente el memorial presentado el 8 de septiembre de 2025, pese a que en ese asiento no tiene asistente, para hacer su labor de investigación, atender al público y cargar al sistema; por lo que, el impetrante de tutela debe apersonarse al Ministerio Público para gestionar sus memoriales. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la sustracción de materia o pérdida del objeto procesal en la acción de libertad

Al respecto, cabe señalar que la tramitación de todo proceso constitucional tiene un inicio, involucra una serie de actos y concluye en la mayoría de los casos con la emisión de una resolución o sentencia a través de la cual se declara si la pretensión tiene o no fundamento; no obstante, esa no es la única forma en la que culmina una causa, existiendo otras entre las que se encuentra la sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal, la que, conforme explicó la SCP 0744/2015-S3 de 29 de junio: “...deviene por la desaparición de los supuestos fácticos que motivaron su activación porque la violación o amenaza de violación del derecho cesó; y consecuentemente, el hecho denunciado dejó de vulnerar las garantías o derechos constitucionales, debido al cumplimiento del acto reclamado con su consecuente restitución”; este tipo de supuestos impide al juzgador pronunciarse sobre algo que ya no tiene nada que lo sustente; haciendo que se torne imposible resolver el fondo o que al desaparecer el acto impugnado y en caso de emitirse una resolución la misma podría carecer de eficacia alguna (énfasis agregado).

III.2. Supuestos de activación de la acción de libertad ante procesamiento ilegal o indebido. Jurisprudencia reiterada

Respecto al tópico, la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, estableció que: “…las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad”. Asimismo, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, refirió que la garantía de la libertad personal o de locomoción puede ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus -actual acción de libertad- cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido, debiendo presentarse concurrentemente los siguientes supuestos: “a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”.

III.3. Análisis del caso concreto

Las denuncias formuladas en la presente acción de libertad conciernen al desarrollo del proceso penal que sigue el Ministerio Público contra AA -hoy accionante- por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, en el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Caranavi, cuya titular -demandada- pronunció el Auto Interlocutorio 23/2025-N de 9 de septiembre, mediante la cual dispuso la apertura de juicio oral reservado, continuo y contradictorio, señalando audiencia presencial el 12 de septiembre de 2025 a horas 15:00 (Conclusión II.1). En el mencionado proceso, la misma autoridad judicial, mediante el señalado Auto Interlocutorio 22/2025-N, rechazó la petición de cesación de la detención preventiva del impetrante de tutela -aplicada previamente-, cuya apelación incidental fue promovida por el mismo y remitida mediante oficio de 15 de igual mes y año, con sello de recepción de igual fecha de plataforma del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (Conclusión II.2). Como se podrá advertir, uno de los cuestionamientos planteados en la presente acción de libertad, en la modalidad de pronto despacho -como expresamente lo reconoce el peticionante de tutela-, es la omisión de remisión del juzgado con asiento en Caranavi de los antecedentes concernientes a la apelación del accionante contra el Auto Interlocutorio que rechazó la petición de cesación de la detención preventiva; sin embargo, dichos antecedentes ya fueron remitidos por la Jueza demandada el mismo día de la audiencia de la acción de defensa, 15 de septiembre de 2025, con sello de recepción por el Tribunal de apelación con asiento en la ciudad de La Paz, a horas 16:08. En ese entendido, el supuesto fáctico que motivó la acción de libertad había desaparecido; la acción de defensa dejó de tener sustento para ingresar al fondo; además, la eventual tutela que se otorgue al impetrante de tutela no tendría eficacia alguna. En los términos expuestos, lo que ocurrió en la presente acción tutelar es la sustracción de materia o pérdida del objeto procesal, dando mérito para denegar la tutela solicitada, sin ingresar al fondo del análisis de la cuestión planteada. Ahora bien, los otros cuestionamientos formulados por el accionante -la omisión de excusarse; el rechazo de la solicitud de habilitación de la plataforma virtual para el abogado defensor; la omisión de remisión de oficio para el informe del SEDEGES; y, la omisión del control jurisdiccional-son temas vinculados al presunto indebido procesamiento en el proceso que se le sigue al accionante; no obstante, como puede advertirse, no se encuentran vinculados a actos procesales que constituyan la causa directa de la restricción del derecho a la libertad del peticionante de tutela, puesto que su restricción se debe a la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva y la subsistencia de esta medida es por el rechazo a la solicitud de cesación de la detención preventiva, cuya apelación se encuentra en trámite y pendiente de resolución en el Tribunal de alzada, con el añadido de que el impetrante de tutela tiene los medios y recursos intraprocesales para la restitución de sus derechos en el proceso, en el cual ambas partes son menores de edad. En ese entendido, no se cumplen los presupuestos procesales para la activación de la acción de libertad ante un indebido o ilegal procesamiento, dando mérito para denegar la tutela solicitada En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 58/2025 de 15 de septiembre, cursante de fs. 53 a 54 vta., pronunciado por el Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática denunciada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1333_2025-S2.pdf · páginas 1 a 10.

Huella digital del PDF (SHA-256): ca160f54d8216b9e4cc1d4d2bd1712167cf0646023d0ac3e5cbc926ca64ab4b5

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