Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 5 de agosto de 2026
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/24 de 6 de marzo, cursante de fs. 46 a 49 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de conformidad a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1330/2026-S2 Sucre, 5 de agosto de 2026 JURISPRUDENCIA REITERADA - Falta de prueba SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 65395-2024-131-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 11/24 de “5” -lo correcto y en adelante es 6- de marzo cursante de fs. 46 a 49 vta.; pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Noel Arturo Vaca López contra Miguel Ángel Careaga Pacajes, Juez; y, Weymar Gonzalo Tarqui Poma, Secretario, ambos del Juzgado Público Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia y de Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de Santa Cruz.
Denunció la lesión de sus derechos a la vida e integridad personal; toda vez que, en su calidad de abogado particular, atendió el proceso penal seguido contra Norah Canaviri Huarachi por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, dentro del cual, en audiencia de 16 de febrero de 2024, se dispuso su detención preventiva. Señaló que, el 4 de marzo de “2023”, en inmediaciones de la Casa Judicial de La Guardia, una persona que se encontraba a bordo de una motocicleta se aproximó y le manifestó: “cuídate abogaducho, la Norah Canaviri está libre y vamos a acabar con tu vida…” (sic), situación que, a criterio del accionante, puso en riesgo su vida e integridad personal, debido al incumplimiento atribuido a los ahora demandados, quienes debieron actuar con la debida diligencia y ejecutar el mandamiento de detención preventiva dispuesto contra Norah Canaviri Huarachi. Solicitó se conceda la tutela y se determine responsabilidad contra los ahora demandados, por haber posibilitado que la persona respecto de quien se dispuso la detención preventiva se encuentre en libertad.
Ante ello, Miguel Ángel Careaga Pacajes, Juez Público Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia y de Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de Santa Cruz, mediante informe cursante de fs. 29 a 30, refirió que la imputada fue declarada rebelde en audiencia de revocatoria de medidas cautelares y, posteriormente, aprehendida, oportunidad en la que se dispuso su detención preventiva y su traslado al Centro de Orientación Femenina de Obrajes. Respecto a las amenazas denunciadas por el accionante contra su vida, señaló que no se acreditó la existencia de elementos objetivos que permitan establecer un peligro real, considerando que la imputada se encuentra privada de libertad en el departamento de La Paz, mientras que el accionante reside en Santa Cruz. Añadió que la acción de libertad fue dirigida contra autoridades que carecen de legitimación pasiva y que el petitorio planteado evidenciaría un propósito de revanchismo antes que una solicitud destinada a obtener protección efectiva de los derechos invocados. Finalmente, precisó que la ejecución del mandamiento de detención preventiva corresponde al Ministerio Público y a la Policía Boliviana, y no a la autoridad judicial, haciendo notar, además, que en antecedentes cursaría un acuerdo conciliatorio presentado por la víctima. El Juez de garantías denegó la tutela solicitada por subsidiariedad. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se determinó la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Por ello, el formato del presente fallo se ajusta a lo precedentemente determinado.
La SC 0318/2004-R de 10 de marzo estableció que: “Si bien es cierto que […] el hábeas corpus no requiere mayores formalidades para ser interpuesto, no es menos evidente que la parte recurrente debe acompañar la prueba suficiente y necesaria que acredite la veracidad de las acusaciones que formula, a objeto de lograr sus pretensiones, puesto que corre por su cuenta la carga de demostrar la existencia del o los actos lesivos que estima hayan restringido sus derechos, puesto que no puede dictarse una resolución de procedencia cuando no se constata la vulneración de ningún derecho o garantía fundamental precisamente por falta de pruebas en las que el Tribunal pueda basar su decisión”. En el mismo sentido la SCP 0474/2012 de 4 de julio sostuvo que: “…tratándose de acciones tutelares emergentes de un proceso judicial donde el accionante es parte esencial, tiene el deber procesal de adjuntar la prueba que respalda su denuncia, sin perjuicio claro está, de la facultad que tiene este Tribunal de solicitar la remisión de documentación, cuando así lo requiera y considere pertinente; empero, ello no lo exime de su responsabilidad…” (negrillas agregadas).
Delimitada la problemática que originó la interposición de esta acción de defensa y conocidos los argumentos expuestos por las partes, se advierte que el accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida e integridad personal, alegando que, en su condición de abogado particular dentro del proceso penal seguido contra Norah Canaviri Huarachi, el 4 de marzo de “2023” habría sido amenazado de muerte por una persona no identificada que se trasladaba en una motocicleta, quien le manifestó: “cuídate abogaducho… vamos a acabar con tu vida” (sic). En ese sentido, atribuye la situación de riesgo en la que se encontraría al incumplimiento de las autoridades demandadas respecto a la ejecución del mandamiento de detención preventiva dispuesto en audiencia de 16 de febrero de 2024. Conforme al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, si bien la acción de libertad se rige por el principio de informalismo, la parte accionante tiene la obligación de aportar los elementos probatorios que permitan acreditar los hechos que sustentan su pretensión, correspondiéndole asumir la carga de la prueba. Excepcionalmente, esta carga puede trasladarse a la parte demandada o al Juez de garantías cuando dicha circunstancia se encuentre debidamente fundamentada. En el caso concreto, si bien el accionante denunció haber sido amenazado por una persona no identificada que habría actuado a nombre de la imputada, de la revisión de los antecedentes no se advierte elemento probatorio alguno que permita acreditar la existencia de las amenazas denunciadas, supuestamente acontecidas el 4 de marzo de 2023, ni su relación con una actuación u omisión atribuible a las autoridades demandadas. Los documentos acompañados corresponden al proceso penal seguido contra Norah Canaviri Huarachi; sin embargo, no permiten establecer la existencia de una amenaza contra la vida o integridad del accionante, ni evidencian que tales derechos hubieran sido vulnerados por las autoridades demandadas.
En ese marco, no corresponde tener por acreditados hechos que no cuentan con respaldo probatorio suficiente, menos aún cuando la pretensión del accionante se sustenta en circunstancias cuya existencia no fue demostrada dentro de la presente acción de defensa. A ello se suma que, conforme fue señalado por la autoridad demandada, dentro del proceso penal en el cual el accionante interviene como abogado de la víctima, cursa un acuerdo conciliatorio suscrito entre esta y la imputada, conforme se evidencia de fs. 34 a 35; circunstancia que tampoco permite establecer la existencia de una amenaza actual contra la vida o integridad personal del accionante. Por otra parte, corresponde señalar que la justicia constitucional no ejerce funciones investigativas propias del Ministerio Público ni puede suplir la carga probatoria que corresponde a la parte accionante. En consecuencia, si el accionante considera que los hechos denunciados constituyen una amenaza contra su vida o integridad personal, corresponde que acuda ante la autoridad competente para que tales circunstancias sean investigadas y, de corresponder, se adopten las medidas pertinentes. Por consiguiente, al no haberse acreditado mediante elementos probatorios suficientes la existencia de una amenaza o vulneración de los derechos a la vida e integridad personal invocados, ni que los hechos denunciados sean atribuibles a las autoridades demandadas, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/24 de 6 de marzo, cursante de fs. 46 a 49 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de conformidad a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1330_2026-S2.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): 837dac3fe251ce1f62fca346ff91f7459571a7e42a15d5fec1c06e33558c67ad
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