Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 7 de noviembre de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, la autoridad demandada, por Auto de Vista 139, incrementó la fianza económica y dispuso su detención domiciliaria con escolta policial. Tales medidas no respondieron a una valoración objetiva de los riesgos procesales ni a un análisis razonado de su situación económica, resultando, por tanto, contrarias al principio de proporcionalidad. La autoridad demandada no asistió a la audiencia de garantías ni remitió informe escrito alguno. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 04/2023 de 12 de mayo, cursante de fs. 29 a 31, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al debido proceso en su elemento motivación, vinculado a la libertad del accionante, dejando sin efecto el Auto de Vista 139 de 25 de abril de 2023 pronunciado por Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y ordenando a dicha autoridad -o la que se encuentre actualmente en ejercicio- a que, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas computables a partir de su notificación, emita uno nuevo en atención a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, salvo que, por el transcurso del tiempo, la situación jurídica del accionante hubiera cambiado; y, 2° DENEGAR la tutela impetrada respecto al debido proceso en sus elementos fundamentación y congruencia.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1329/2025-S2 Sucre, 7 de noviembre de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 55885-2023-112-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 04/2023 de 12 de mayo, cursante de fs. 29 a 31, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Wilfor Alex Callahuara Calahuana y Darwin Vásquez Moreno en representación sin mandato de Lorgio Alejandro Aguilar Pérez contra Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 11 de mayo de 2023, cursante a fs. 2 y 8 a 14 vta., el accionante, a través de sus representantes sin mandato, manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de estafa agravada, inicialmente se dispuso su detención preventiva. Posteriormente, mediante Auto Interlocutorio 10/2023 de 16 de marzo, la Jueza de Instrucción Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz resolvió sustituir dicha medida por otras menos gravosas, consistentes en arraigo, presentación semanal ante el Ministerio Público y fianza económica de Bs100 000.- (cien mil bolivianos). Ante ello, la parte denunciante interpuso recurso de apelación incidental. Una vez sustanciado el recurso, Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -demandado-, por Auto de Vista 139 de 25 de abril de 2023, confirmó la Resolución apelada; no obstante, de manera sorpresiva e injustificada, aumentó la fianza económica a Bs180 000.- (ciento ochenta mil bolivianos) y determinó, además, su detención domiciliaria con escolta policial permanente y derecho a salidas laborales. Dicha determinación careció de fundamentación y motivación, toda vez que la fianza real constituye una medida de carácter temporal y coercitivo, por lo que su aplicación debió obedecer a un criterio restrictivo y una valoración individualizada de su realidad económica, considerando que únicamente gana un sueldo básico y no tiene domicilio propio. En ese sentido, el incremento de la fianza y la imposición de la detención domiciliaria con escolta policial no respondieron a una evaluación objetiva de los riesgos procesales ni a un análisis razonado de su situación económica, resultando, por tanto, contrarios al principio de proporcionalidad.
El impetrante de tutela, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia; citando al efecto el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista 139, disponiendo que se renueve el acto procesal y se dicte otro nuevo.
Celebrada la audiencia pública el 12 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 28 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El peticionante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y, ampliando en audiencia de garantías, sostuvo que: a) La SCP 0694/2019-S4 de 28 de agosto identificó cinco elementos esenciales que el juez debía valorar al momento de fijar una fianza de carácter elevado: las circunstancias profesionales, familiares o sociales del procesado; las características del hecho imputado; los antecedentes del proceso; la existencia de un domicilio conocido; y, la presencia o ausencia de procesos pendientes o rebeldías anteriores; b) En el caso analizado, cumple plenamente con los criterios establecidos por la referida jurisprudencia, pues vive en el domicilio de su madre; contaba con un contrato de trabajo formal, percibiendo un salario mínimo nacional, lo que reflejaba una condición económica modesta que hacía imposible el cumplimiento de una fianza elevada; el delito imputado corresponde a uno de orden patrimonial, y no a un delito grave o de lesa humanidad ni a ilícitos vinculados a sustancias controladas; y, no cuenta con antecedentes penales, policiales ni judiciales, extremo comprobado con los elementos probatorios cursantes en el cuaderno procesal; y, c) El aumento injustificado de la fianza podía derivar en el incumplimiento de la medida sustitutiva, exponiéndolo a la revocatoria de su libertad y, en consecuencia, a la reactivación de una detención preventiva.
Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de garantías ni remitió informe escrito alguno, pese a su notificación cursante a fs. 19.
La Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 04/2023 de 12 de mayo, cursante de fs. 29 a 31, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) De la revisión de los antecedentes del proceso, se verificó que fue adjuntada el acta de audiencia de apelación incidental, en la cual la autoridad demandada realizó referencias específicas al domicilio del accionante, a la solicitud de ampliación de la detención preventiva y a los fundamentos jurídicos aplicables; 2) La autoridad demandada coincidió con la decisión de la Jueza a quo al considerar que la ampliación de la detención preventiva fue planteada de manera extemporánea, y efectuó una valoración concisa pero suficiente respecto a la modificación de las medidas cautelares, citando expresamente el art. 221 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el cual establece que la finalidad de las medidas cautelares es asegurar la presencia del imputado en el proceso, garantizar la averiguación de la verdad y la correcta aplicación de la ley; en esa línea, la autoridad demandada razonó que las medidas impuestas debían ser idóneas y proporcionales al fin procesal, y que, en virtud de ello, resultaba procedente su modificación; y, 3) El Auto de Vista 139 cumplió con los requisitos de la debida motivación, toda vez que la autoridad demandada fundamentó su decisión en disposiciones legales expresas, principalmente en los arts. 173 y 221 del CPP, y expuso su propio criterio respecto a la pertinencia de modificar las medidas cautelares; en ese contexto, si bien su argumentación no fue ampulosa, se consideró precisa y clara, por lo que no se vulneró el derecho al debido proceso. En vía de complementación y enmienda, el accionante, a través de su representante sin mandato, solicitó a la Jueza de garantías lo siguiente: i) Se pronuncie respecto a la aplicación de la SCP 0694/2019-S4; ii) Señale donde está la motivación y fundamentación que sustentó la Resolución de la autoridad demandada conforme a la citada línea jurisprudencial, considerando que el reclamo central se basaba en que, para disponer una fianza económica, la referida autoridad debía valorar adecuadamente los elementos que reflejaran su situación económica y laboral, ya que tales aspectos resultaban esenciales para determinar la proporcionalidad de la medida adoptada; y, iii) Identifique los criterios empleados por la autoridad demandada para justificar el incremento de la fianza económica. Ante ello, la Jueza de garantías respondió que los tres puntos de complementación y enmienda estaban encaminados en un mismo sentido; es decir, a la supuesta falta de fundamentación del Auto de Vista 139. En tal contexto, la autoridad demandada sustentó su decisión con base en lo establecido en el art. 221 del CPP, el cual identifica la finalidad y alcance de las medidas cautelares. Bajo esa comprensión, dicha autoridad cumplió con el deber de motivar su resolución de manera precisa, citando la norma aplicable, razón por la cual ratificó íntegramente su decisión.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa acta de audiencia de apelación incidental y Auto de Vista 139, ambos de 25 de abril de 2023, mediante los cuales Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -demandado-, declaró admisible y parcialmente procedente el recurso de apelación incidental interpuesto por Karen Priscilia Vargas Puña y Marco Antonio Suárez Paz contra el Auto Interlocutorio 10/2023 de 16 de marzo. En consecuencia, modificó las medidas cautelares personales impuestas a Lorgio Alejandro Aguilar Pérez -accionante-, disponiendo su detención domiciliaria con escolta policial permanente y derecho a salidas laborales, el incremento de la fianza económica a Bs180 000.-, así como su presentación semanal ante el Ministerio Público, debiendo firmar el libro correspondiente (fs. 4 a 7).
El accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, la autoridad demandada, por Auto de Vista 139, incrementó la fianza económica y dispuso su detención domiciliaria con escolta policial. Tales medidas no respondieron a una valoración objetiva de los riesgos procesales ni a un análisis razonado de su situación económica, resultando, por tanto, contrarias al principio de proporcionalidad. La autoridad demandada no asistió a la audiencia de garantías ni remitió informe escrito alguno. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la SCP 0339/2012 de 18 de junio, estableció que: “…la citada SC 0089/2010-R, señaló: ‘…está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva’. Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: ‘Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar’. De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP” (las negrillas son nuestras).
Bajo ese entendimiento, cuando las medidas cautelares personales impuestas en primera instancia son modificadas por influjo de la resolución de un recurso de apelación incidental, el tribunal de alzada asume el deber ineludible de fundamentar y motivar de manera clara y suficiente las razones que justifican la sustitución o agravación de la medida, explicando por qué las inicialmente dispuestas resultan insuficientes o inadecuadas para asegurar los fines procesales previstos en el art. 221 del CPP. Así, sólo mediante una motivación que identifique objetivamente tales deficiencias puede considerarse legítima la intervención del tribunal revisor en el régimen de medidas cautelares.
Delimitado como está el ámbito de análisis, se advierte que el 25 de abril de 2023 se llevó a cabo una audiencia de apelación incidental dentro del proceso penal seguido contra el accionante por la presunta comisión del delito de estafa agravada. En dicha oportunidad, la autoridad demandada, por Auto de Vista 139 de la misma fecha, declaró admisible y parcialmente procedente el recurso de apelación incidental interpuesto por Karen Priscilia Vargas Puña y Marco Antonio Suárez Paz contra el Auto Interlocutorio 10/2023 de 16 de marzo. En consecuencia, modificó las medidas cautelares personales impuestas al impetrante de tutela, disponiendo su detención domiciliaria con escolta policial permanente y derecho a salidas laborales, el incremento de la fianza económica previamente impuesta a Bs180 000.- y la obligación de presentarse semanalmente ante el Ministerio Público (Conclusión II.1). Ahora bien, de la revisión de la delimitación del objeto procesal de la presente acción de defensa, se infiere que el reclamo está dirigido a cuestionar una motivación insuficiente respecto a la proporcionalidad en la agravación de las medidas impuestas al accionante en la tramitación del recurso de alzada. En este contexto, de la lectura del Auto de Vista 139, se evidencia que, respecto a la cesación de la detención preventiva, la autoridad demandada sostuvo que la Jueza a quo se remitió a lo dispuesto en el art. 239.2 del CPP modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, y explicó que, al vencer el plazo de la detención preventiva, sin que el Ministerio Público hubiera tramitado la ampliación correspondiente, correspondía que dicha Jueza decretara la cesación de oficio de dicha medida y evaluara la libertad del accionante. No obstante, el Vocal demandado advirtió que esta determinación no implicaba per se la desvinculación del prenombrado de sus obligaciones procesales. En este sentido, recurrió a lo establecido en el art. 221 del citado Código, para recordar que la restricción de la libertad personal solo es admisible cuando resulta indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley; por lo tanto, las medidas cautelares deben ser idóneas y proporcionales a los fines procesales. Así, aunque la detención preventiva ya no subsistiera por vencimiento del plazo, correspondía evaluar la aplicación de medidas menos gravosas que garantizaran la comparecencia del impetrante de tutela y el normal desarrollo del proceso. En consecuencia, la autoridad demandada agravó las medidas cautelares distintas a la detención preventiva impuestas por la Jueza a quo, sustituyéndolas por otras, estas son la detención domiciliaria con escolta policial permanente y derecho a salidas laborales, el incremento de la fianza económica previamente impuesta a Bs180 000.-, y la obligación de presentarse semanalmente ante el Ministerio Público.
Bajo esa comprensión, del análisis de los argumentos expuestos y a la luz del entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, se advierte una deficiencia sustancial en la motivación del Auto de Vista 139, particularmente en lo relativo a la proporcionalidad y necesidad de la agravación de las medidas cautelares impuestas al peticionante de tutela. Si bien la autoridad demandada invocó el art. 221 del CPP para justificar la imposición de nuevas restricciones a la libertad personal, su razonamiento se limitó a una mención genérica sobre la necesidad de asegurar los bienes del proceso -esto es, la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley- sin realizar un análisis individualizado de las circunstancias concretas del caso ni de los riesgos procesales específicos que pudieran justificar el incremento de la fianza y la imposición de la detención domiciliaria con escolta policial permanente. Al respecto, este Tribunal fue uniforme al sostener que, los jueces y tribunales de sentencia, así como el tribunal de alzada, están obligados a dictar resoluciones debidamente fundamentadas y motivadas, identificando de manera precisa los elementos de convicción que respalden la existencia de probabilidad de autoría y la existencia de riesgos procesales concretos. Esta exigencia, sin embargo, no se limita a las decisiones que disponen la detención preventiva, sino que también se proyecta sobre aquellas que modifican, sustituyen o agravan medidas cautelares previamente impuestas. En consecuencia, el tribunal de alzada debe explicar las razones por las cuales considera que las medidas adoptadas en primera instancia resultan insuficientes para asegurar los fines del proceso, justificando así la necesidad de su modificación. En esa línea, la autoridad demandada no podía limitarse a una invocación genérica del art. 221 del CPP, sino que debía acreditar la existencia real, actual y objetivamente verificable de los presupuestos que justificaran la agravación de las medidas previamente impuestas. Por ello, el Vocal demandado, al incrementar la fianza de Bs100 000.- a Bs180 000.- y ordenar la detención domiciliaria con escolta policial permanente, debió exponer de manera expresa, razonada y proporcional las razones que hacía necesaria la imposición de dichas medidas en función de los fines del proceso penal. Ello resultaba aún más exigible si se considera que, conforme al art. 241 del CPP, la fianza económica tiene por única finalidad asegurar el cumplimiento de las obligaciones procesales del imputado, debe fijarse tomando en cuenta su situación económica y no puede ser establecida en un monto de imposible cumplimiento, parámetros que en alzada se debió observar estrictamente. Pese a ello, se tiene que la autoridad demandada no acreditó la existencia de nuevos elementos objetivos que, a priori, justificaran la modificación de lo dispuesto por la Jueza a quo y, por ende, la agravación de las medidas originalmente impuestas. Por el contrario, se limitó a una referencia retórica al deber de resguardar los bienes jurídicos del proceso, sin demostrar de qué manera la libertad del accionante, bajo las medidas ya vigentes, podía comprometer la averiguación de la verdad o el normal desarrollo del proceso penal. Esta omisión de análisis fáctico y jurídico revela que el Auto de Vista impugnado incurrió en una motivación aparente, carente de una relación lógica, razonada y contextualizada con los hechos del caso, configurando así una vulneración al derecho al debido proceso en su elemento motivación, vinculado a la libertad del accionante, reconocido por los arts. 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE), por lo cual corresponde conceder la tutela solicitada. Finalmente, en cuanto a la presunta lesión del derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y congruencia, se advierte que el cuestionamiento del impetrante de tutela se fundó en los mismos argumentos relativos a la supuesta afectación al debido proceso en su elemento motivación. En consecuencia, ante la concesión de tutela, resulta intrascendente ingresar al análisis de dichos planteamientos, debiéndose denegar la tutela solicitada en este punto. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 04/2023 de 12 de mayo, cursante de fs. 29 a 31, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al debido proceso en su elemento motivación, vinculado a la libertad del accionante, dejando sin efecto el Auto de Vista 139 de 25 de abril de 2023 pronunciado por Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y ordenando a dicha autoridad -o la que se encuentre actualmente en ejercicio- a que, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas computables a partir de su notificación, emita uno nuevo en atención a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, salvo que, por el transcurso del tiempo, la situación jurídica del accionante hubiera cambiado; y, 2° DENEGAR la tutela impetrada respecto al debido proceso en sus elementos fundamentación y congruencia. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1329_2025-S2.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 83320e18c323e0f0b5483dd99f7b4e91cf701d0036bec95bcc1506c659455f29
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