Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 6 de noviembre de 2025
Concede en parte la tutela
Los accionantes, a través de su representante legal, no invocan la lesión de derechos ni citan norma constitucional alguna; no obstante, denuncian que dentro del proceso penal seguido contra Samuel Baptista Vargas por la presunta comisión del delito de abuso sexual, su representante solicitó, en una primera ocasión, la verificación de las medidas de protección a favor de sus personas como víctimas; sin embargo, el Juez demandado, por decreto de 8 de julio de 2025, respondió que se verifique en coordinación con el investigador asignado al caso; por otro lado, el 4 de agosto del mismo año, requirió la revocatoria de la medida cautelar impuesta al victimario pidiendo su detención preventiva y, en el otrosí tercero reiteró la solicitud de verificación de las medidas de protección, misma que no fue respondida por la autoridad demandada. Ante ello, el Juez demandado señala que la solicitud de revocatoria de medidas cautelares a la detención preventiva y el otrosí tercero, fueron respondidos el 8 de agosto de 2025 -considerando los feriados de 6 y 7 del mismo mes y año-, mediante señalamiento de audiencia firmado por Maribel Carhuani Espino, Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal del despacho judicial a su cargo; por lo que, se respondió a las solicitudes; por otro lado, si el impetrante de tutela no estaba de acuerdo a dicho decreto podía haber activado un recurso de reposición de acuerdo a los arts. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 28/2025 de 12 de agosto, cursante de fs. 34 a 37 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimoprimero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia:
1º CONCEDER en parte la tutela conforme a los Fundamentos Jurídicos III.2 y III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en el mismo alcance dispositivo que fue asumido por el Juez de garantías al momento de acoger la tutela solicitada. 2º Denegar la tutela respecto a la falta de respuesta a la solicitud de revocatoria de medidas cautelares.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1322/2025-S2 Sucre, 6 de noviembre de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 76321-2025-153-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 28/2025 de 12 de agosto, cursante de fs. 34 a 37 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Raúl Valenzuela Marín en representación legal de AA, BB y CC contra Edwin José Blanco Soria, Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 11 de agosto de 2025, cursante de fs. 1 a 3, los accionantes, a través de su representante, manifiesta lo siguiente:
Sus hijos menores de edad AA, BB y CC, son víctimas dentro del proceso penal con Código Único de Denuncia (CUD) 201102012003505, por la presunta comisión del delito de abuso sexual “…perpetrados por su PROPIA MADRE…” (sic) y otro, el cual se encuentra en etapa de juicio oral; sin embargo, nunca se dictaron medidas de protección suficientes para alejar a la víctima BB de sus agresores, siendo la madre coparticipe del autor material de dicho ilícito y que ejerce violencia contra sus hijos para que no denuncien el delito; por lo que, solicitó las medidas de protección a Edwin José Blanco Soria, Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz -hoy demandado-, quien respondió -con decreto- que acuda con el investigador, el cual es “INEXISTENTE” -se entiende por la etapa procesal en la que se encuentran-.
Ya que la madre mantiene una relación con el acusado -del referido proceso penal- y que comparten abogado en otros procesos, lo mantiene incomunicado con las víctimas -que son sus hijas-, manipulándolas para que declaren a conveniencia; ante ello, la autoridad demandada no hizo nada. Por otro lado, el 4 de agosto de 2025, solicitó la revocatoria de medidas cautelares y solicitó le concedan medidas de protección; sin embargo, no se convocó a dicha audiencia hasta la fecha -se entiende de presentación de esta acción tutelar-.
Los accionantes, a través de su representante legal, no invocan la lesión de derechos ni citan norma constitucional alguna.
Solicitan se conceda la tutela impetrada.
Celebrada la audiencia pública el 12 de agosto de 2025, según consta en el acta cursante de fs. 31 a 33, se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes, a través de su representante, ratificaron in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad; y, ampliando en audiencia de garantías, señalaron que: a) La autoridad demandada está a cargo del caso con CUD 201102012003505 por el presunto delito de abuso sexual, que tiene como víctima a su hijo BB; hasta la fecha son cinco años del proceso, en el cual tuvo que enfrentar corrupción, esto debido a que Claudia Marcela Castro Dorado, “ex Vocal”; César Adalid Siles Bazán “ex viceministro de justicia” y Mario Elmer “Picaría”, son cómplices de obstaculizar el proceso, teniendo como efecto que sus abogados otorgados por el Estado se retiraron, dejándolos en total indefensión técnica a su hijo; siendo Claudia Marcela Castro Dorado, en su calidad de “Juez de instrucción” al inicio, la que obstaculizó las medidas de protección a favor de la víctima, entre otras irregularidades; b) Se encuentran en etapa de juicio donde las medidas de protección aún son nulas, al estar su hijo BB en poder de la madre copartícipe de los hechos; c) El 7 de julio de 2025, a horas 15:58, solicitó al Juez demandado la verificación de las medidas de protección de la víctima, ya que está dentro de sus facultades modificar dichas medidas; ante lo cual, el prenombrado respondió por decreto que coordine dichas medidas con el investigador asignado al caso; d) La Fiscal de Materia asignada al caso le respondió que en etapa de juicio no se realizan actos investigativos; por lo que, el 4 de agosto del citado año, presentó otro memorial por el que solicita revocación de medidas cautelares y detención preventiva, solicitando en el otrosí se remita a alguien para la aplicación de las medidas de protección; e) La normativa prevé que ante dicha solicitud la audiencia debe ser programada en veinticuatro horas; sin embargo, el referido memorial no tiene respuesta; f) Solicitó se disponga que el Juez demandado cumpla la verificación de medidas de protección y sobre todo cumpla con fijar fecha y hora dentro el plazo de veinticuatro horas para la audiencia de consideración de revocación de las mismas disponiendo la detención preventiva.
Edwin José Blanco Soria, Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia de la acción tutelar, informó que: 1) No es primera vez que lo accionan, siendo la finalidad influir en sus decisiones con base en el miedo; 2) Se trata de un proceso de cinco años sobre un hecho de abuso sexual, en el que uno de los accionantes es víctima; 3) Respecto a la solicitud de verificación de las medidas de protección, tuvo un criterio amplio para aceptarlas pues, en primera instancia sus solicitudes son presentadas sin firma de abogado; sin embargo, lo aceptó y en este primer momento no le solicitó señalamiento de audiencia, de acuerdo al principio de taxatividad e imparcialidad no puede ir más allá de lo que pide; por ello, simplemente respondió que proceda a verificar las medidas de protección con el investigador asignado al caso, teniendo en cuenta que el Fiscal de Materia tiene la obligación de realizar dichos actos; 4) En relación a la solicitud de revocatoria de medidas cautelares a la detención preventiva y al otrosí, la misma se respondió el 8 de agosto de 2025 -considerando los feriados de 6 y 7 del mismo mes y año-, mediante señalamiento de audiencia firmado por Maribel Carhuani Espino, Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal Decimocuarto de la referida Capital y departamento, en suplencia legal del despacho judicial a su cargo; por lo que, se respondió a sus actuados procesales; y, si el impetrante de tutela no estaba de acuerdo podía haber activado un recurso de reposición de acuerdo a los arts. 401 y 402 del Código de Procedimiento Penal (CPP); y, 5) En otra acción de libertad se le concedió al representante de los accionantes la tutela, otorgándole la guarda a favor de sus hijos; en consecuencia, debió solicitar su cumplimiento, pues al presentar una acción tutelar de la misma naturaleza tras otra, causa una confusión procesal y un deseo de confundir a diferentes autoridades; en ese entendido, solo se quiere ganar el juicio planteando acciones de libertad.
El Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimoprimero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 28/2025 de 12 de agosto, cursante de fs. 34 a 37 vta., concedió en parte la tutela solicitada disponiendo que, la autoridad demandada efectivice el cumplimiento de lo dispuesto mediante decreto de 8 de julio de 2025, respecto a las medidas de protección mediante oficio dirigido al Fiscal de Materia con la debida diligencia y, denegó la tutela respecto a la falta de respuesta al memorial de 4 de agosto de igual año, mediante la cual se solicitó la revocatoria de medidas cautelares; con base en los siguientes fundamentos: i) Respecto a la primera pretensión relacionada al memorial de cumplimiento de medidas de protección de 8 de julio del mismo año, la respuesta emitida por el Juez demandado fue que “‘En lo Principal.- En mérito memorial que antecede, en coordinación con el investigador asignado al caso, verifique las medidas de protección’” (sic); no obstante, el mismo debe ejercer el control y efectivizar dicha orden; en consecuencia, se tiene oficio de 8 de igual mes y año dirigido a Odalis Leonor Peñaranda Salgado, Fiscal de Materia, respecto al cual se debió aplicar la debida diligencia, pues de acuerdo al representante de los accionantes menores de edad, uno de ellos estaría en riesgo; por otro lado, no hay certeza de la remisión de dicho oficio al Fiscal de Materia para su verificación durante el tiempo que transcurrió del 8 de julio al 12 de agosto del señalado año -presentación de la acción de libertad-, siendo los funcionarios del despacho judicial quienes deben asegurarse de dar cumplimiento a las órdenes de la autoridad judicial; por lo que, corresponde asumir previsiones correspondientes para garantizar los derechos de los menores de edad AA y BB ; ii) En relación al memorial presentado el 4 de agosto de 2025, por el cual, el representante de los accionantes solicitó la revocatoria de medidas cautelares, la detención preventiva de Samuel Bautista Vargas y, en el otrosí, la verificación de las medidas de protección conforme al art. 247 del CPP, impetrando se modifiquen las mismas en caso de que no exista investigador asignado al caso; el mismo tuvo por respuesta el decreto de 8 de igual mes y año, mediante el cual, la autoridad demandada señaló audiencia de medidas cautelares y, en cuanto al otrosí, ordenó se oficie al fin impetrado; pues, la verificación brinda elementos para que los impetrantes de tutela puedan establecer algún incumplimiento si corresponde; es decir que, dicha orden debe ser cumplida por la autoridad fiscal tomando en cuenta el interés superior del niño; en ese entendido, la segunda pretensión es inviable, pues el Juez demando respondió al referido memorial.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección (fs. 41 a 46); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 7 de julio de 2025, Juan Raúl Valenzuela Marín, en representación de AA, BB y CC (ahora accionantes), solicitó la verificación de las medidas de protección dispuestas a favor de los prenombrados en su calidad de víctimas (fs. 10); ante lo cual, mediante decreto de 8 de igual mes y año, Edwin José Blanco Soria, Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz -hoy demandado- dispuso que se verifiquen las medidas de protección en coordinación con el investigador asignado al caso (fs. 11). II.2. Cursa memorial presentado el 4 de agosto de 2025, a través del cual, Juan Raúl Valenzuela Marín, representante de los impetrantes de tutela, solicitó la “REVOCACIÓN” de medidas cautelares y la detención preventiva de Samuel Bautista Vargas; asimismo, en el “OTROSÍ 3°”, impetró la verificación de medidas de protección dispuestas a favor de los accionantes en su calidad de víctimas (fs. 17 a 28); el cual tuvo por respuesta el decreto de 8 del mismo mes y año, por el cual, el Juez demandado señaló audiencia presencial de revocatoria de medidas cautelares para el día 20 de igual mes y año; además, en cuanto al “Otrosí 3”, determinó: “Estese a los datos del proceso” (sic [fs. 29]).
Los accionantes, a través de su representante legal, no invocan la lesión de derechos ni citan norma constitucional alguna; no obstante, denuncian que dentro del proceso penal seguido contra Samuel Baptista Vargas por la presunta comisión del delito de abuso sexual, su representante solicitó, en una primera ocasión, la verificación de las medidas de protección a favor de sus personas como víctimas; sin embargo, el Juez demandado, por decreto de 8 de julio de 2025, respondió que se verifique en coordinación con el investigador asignado al caso; por otro lado, el 4 de agosto del mismo año, requirió la revocatoria de la medida cautelar impuesta al victimario pidiendo su detención preventiva y, en el otrosí tercero reiteró la solicitud de verificación de las medidas de protección, misma que no fue respondida por la autoridad demandada. Ante ello, el Juez demandado señala que la solicitud de revocatoria de medidas cautelares a la detención preventiva y el otrosí tercero, fueron respondidos el 8 de agosto de 2025 -considerando los feriados de 6 y 7 del mismo mes y año-, mediante señalamiento de audiencia firmado por Maribel Carhuani Espino, Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal del despacho judicial a su cargo; por lo que, se respondió a las solicitudes; por otro lado, si el impetrante de tutela no estaba de acuerdo a dicho decreto podía haber activado un recurso de reposición de acuerdo a los arts. 401 y 402 CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En cuanto al tema, la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, estableció que: "…las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad". A su vez, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, refirió que la garantía de la libertad personal o de locomoción puede ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus -actual acción de libertad- cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido, debiendo concurrir dos supuestos: “…a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad".
(NNA) La infancia no es solo una categoría social, es el comienzo de todo lo que seremos como sociedad, en ese sentido, cada acto jurisdiccional que defina la situación legal en el que esté involucrado un NNA puede dejar una marca en su futuro; es deber del Estado y, concretamente de la administración de justicia protegerlos, garantizar su bienestar y evitar cualquier riesgo irreparable a su vida en el marco de un proceso judicial; por ello, toda decisión que les afecte debe tomarse considerando su interés superior, que se encuentra consagrado como una garantía en el art. 60 de la Constitución Política del Estado, el cual refiere: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”.
La SCP 1879/2012 de 12 de octubre, estableció que los NNA: “…tienen amparo privilegiado por parte del Estado, traducido en un tratamiento jurídico proteccionista en relación a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; a objeto de resguardarlos de manera especial garantizando su desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia. Siendo imprescindible resaltar que tal circunstancia de prevalencia concedida no sólo por consagración constitucional sino por expreso reconocimiento de diversas disposiciones de derecho internacional, obliga a que todas las decisiones que deban tomar las autoridades en conocimiento de situaciones que puedan afectar los intereses del niño, sean asumidas velando por su interés superior; cumpliendo de esa manera la protección constitucional a la que están compelidos en su favor la familia, la sociedad y el Estado. (…) “…resulta evidente que los derechos de los niños son prevalentes mereciendo un trato prioritario al contar con interés superior dentro del contexto jurídico vigente; por lo que tanto los jueces y tribunales de garantías como este Tribunal Constitucional Plurinacional, no podrán abstenerse de conocer acciones de tutela que los involucren, precisamente como se tiene establecido por la preeminencia que da la Norma Suprema a este sector de vulnerabilidad y la tutela necesaria que deben merecer en casos de evidente transgresión a sus derechos fundamentales…” (las negrillas nos corresponden). Por tanto, la garantía del interés superior del niño proyecta un efecto directo en el ámbito de los procesos judiciales, donde se ven involucrados sus progenitores o tutores; en tales casos, la autoridad jurisdiccional además de sustanciar el proceso conforme sus competencias, asume el rol de garante de los derechos de los NNA; en ese entendido, en los procesos judiciales, en los que se alegue algún riesgo para su vida, es decir, que implique un riesgo irreparable; el ejercicio para otorgar dicha garantía repercute directamente en la verificación de las medidas de protección solicitadas por los progenitores.
Los menores de edad AA, BB y CC -hoy accionantes-, a través de su progenitor y representante, denuncian que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Samuel Baptista Vargas por la presunta comisión del delito de abuso sexual, su representante solicitó la verificación de las medidas de protección emitidas a su favor en calidad de víctimas; ante lo cual, mediante decreto de 8 de julio de 2025, Edwin José Blanco Soria, Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz -hoy demandado-, ordenó coordinar la verificación con el investigador asignado al caso (Conclusión II.1); sin embargo, refieren que, al encontrarse el proceso en etapa de juicio oral, el investigador asignado al caso ya no podría realizar dichos actos; por lo que, mediante memorial de solicitud de revocatoria de las medidas cautelares impuestas al presunto victimario, en el otrosí tercero, se solicitó nuevamente la verificación de las medidas de protección, sin obtener respuesta del Juez demandado (Conclusión II.2). Al respecto, si bien las solicitudes de la verificación de las medidas de protección no está relacionada con la libertad de los accionantes, corresponde entrar al análisis de fondo de la problemática al tratarse de menores de edad, ya que, el representante y progenitor de los impetrantes de tutela alegó en ambas solicitudes realizadas ante el Juez demandado, que las medidas de protección no son efectivas y que podría afectarse el derecho a la vida de los menores de edad, aspecto que se denota del tiempo transcurrido desde la solicitud de verificación de las medidas de protección hasta la interposición de la presente acción de libertad, en el cual, no se verificaron dichas medidas; en consecuencia, corresponde emitir pronunciamiento de fondo sobre este punto. En una primera oportunidad, mediante memorial presentado el 7 de julio de 2025, el representante de los impetrantes de tutela mencionó que las víctimas se encuentran en riesgo, al ser las medidas de protección simbólica y que las víctimas se encontrarían en una situación de desventaja con el presunto victimario, solicitando la verificación del cumplimiento de las medidas de protección dispuestas a favor de los peticionantes de tutela; ante ello, el Juez demandado ordenó la verificación de las medidas de protección; sin embargo, no hizo cumplir dicha orden, pese a que pudo, en su caso, realizar la misma a través de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para que esta institución realice una verificación a las medidas de protección impuestas; luego, por memorial presentado el 4 de agosto del mismo año, en el otrosí tercero, se reiteró dicha solicitud de verificación de las medidas de protección y se pidió una serie de oficios, obteniendo por respuesta “Oficiese”, lo que denota una falta de diligencia en el control y seguimiento, esto, en la medida en la que la autoridad judicial, ante el tiempo transcurrido desde su primera orden, debió de oficio observar la forma de verificación de medidas de protección oportuna y adecuada y no limitarse a ordenar los oficios, conforme al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, lo que impele a este Tribunal a conceder la tutela respecto a este punto.
En cuanto a las irregularidades y hechos de corrupción alegados en audiencia de garantías, presuntamente perpetrados por Claudia Marcela Castro Dorado, “ex Vocal”; César Adalid Siles Bazán “ex viceministro de justicia” y Mario Elmer “Picaría”, señalándose que serían cómplices de obstaculizar el proceso y que generaron que los abogados otorgados por el Estado se retiren, dejando a los accionantes en total indefensión técnica; asimismo que la prenombrada, en su calidad de jueza obstaculizó el proceso penal; cabe referir que, conforme la SC 0365/2005-R de 13 de abril, no es admisible el planteamiento de nuevos hechos en la audiencia de consideración de la acción tutelar -Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0683/2022-S3 de 27 de junio y 0320/2021-S4 de 20 de julio, entre otras-; ya que, es posible la complementación de fundamentos de derecho, conforme el informalismo de esta acción tutelar; no obstante, estas denuncias realizadas por el prenombrado constituyen nuevos hechos, que recién fueron alegados en este acto procesal y no así en el planteamiento inicial de esta acción de libertad, por lo que, no corresponde pronunciarse al respecto, pues pondría en indefensión a la autoridad demandada. En lo relativo a los demás hechos denunciados, es decir, sobre la “inexistencia” de señalamiento de audiencia y falta de respuesta a su solicitud de revocatoria de medidas cautelares, lo que deviene en el petitorio de que la autoridad demandada señale día y hora de audiencia de revocatoria de medida cautelar; este hecho denunciado no tiene una vinculación directa con la libertad de los menores representados en esta acción de libertad, ya que se constituyen, en su caso, en víctimas dentro del proceso penal; por lo que, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, lo denunciado no se constituye en causa directa de una privación o amenaza a su libertad pero además si no estuviese de acuerdo con un señalamiento de audiencia, el peticionante de tutela debió haber planteado un recurso de reposición, por consiguiente, corresponde denegar la tutela respecto a estos puntos denunciados. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 28/2025 de 12 de agosto, cursante de fs. 34 a 37 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimoprimero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia:
1º CONCEDER en parte la tutela conforme a los Fundamentos Jurídicos III.2 y III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en el mismo alcance dispositivo que fue asumido por el Juez de garantías al momento de acoger la tutela solicitada. 2º Denegar la tutela respecto a la falta de respuesta a la solicitud de revocatoria de medidas cautelares. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1322_2025-S2.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 8cb3d2b37e9bbb60fcda128e07e1864ae24265e46d1104d900a548bb61c965c4
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