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SCP 1321/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 30 de octubre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
30 de octubre de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
58415-2023-117-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la propiedad privada, y a la sucesión hereditaria, al derecho al debido proceso, en sus elementos de defensa y acceso a una justicia material pronta, oportuna y transparente; toda vez que, habiéndose instaurado un proceso penal en contra del ciudadano Pedro Romero Banegas, por el ilícito de giro de cheque en descubierto, sin embargo manifiestan que a partir de ello, por errores en el momento de procederse a la anotación preventiva de un inmueble, se habría anotado erróneamente, el inmueble del padre del procesado, toda vez que su señor padre Pedro Romero Hurtado, quien no tendría ningún proceso en contra, aspecto por el cual, al fallecer el padre de este, así como también la madre de los accionantes, estos en su condición de herederos, acudieron ante el Juez Séptimo de Instrucción en lo Penal del departamento de Santa Cruz, -autoridad accionada-, solicitando la cancelación de la anotación preventiva; pero esta autoridad, les habría negado tal solicitud, en el entendido de que no contaría con los antecedentes de archivos del proceso en su Juzgado, estando dicho expediente extraviado, y que a pesar de sus requerimientos, este no tendría interés en dar solución a tales inconvenientes, afectándoles en sus derechos sucesorios. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 123/2023 de 16 de agosto, cursante de fs. 95 a 98 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de amparo constitucional y el principio de inmediatez
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1321/2025-S3 Sucre, 30 de octubre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 58415-2023-117-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 123/2023 de 16 de agosto, cursante de fs. 95. vta., a 98 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Carmelo Romero Banegas, Edith Romero de Gil, Bella Romero Banegas de Peña, Sergio Víctor Romero Banegas, Osman Francisco Romero Banegas y Nieves Rosa Romero de Gutiérrez contra, Jaime Rodrigo Buhezo Gómez, Juez del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Séptimo del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 25 de enero y 8 de mayo de 2023, cursantes de fs. 32 a 37 y 56 a 57, los accionantes a través de sus representantes manifestaron que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal tramitado desde el año 1999, a instancia de Luis Pinto Yamal en contra de Pedro Romero Banegas, por la presunta comisión del delito de giro de cheque en descubierto, tramitado ante el Juez de Instrucción en lo Penal, por un error al momento de ordenar la anotación preventiva del inmueble procesado, erróneamente se anotó el inmueble de propiedad del padre del demandado; generándose desde ese momento un proceso errado que, entre otros derechos, vulnero especialmente el derecho propietario de los hijos del afectado, ahora impetrantes de tutela, al no poder estos inscribir a su nombre el terreno de su padre, debiendo tenerse en cuenta que la sucesión hereditaria es un derecho consagrado en el art 56.I de la Constitución Política del Estado (CPE). La situación se complica debido a la pérdida del expediente, y el silencio administrativo por más de cuatro años de las autoridades llamadas por ley para dar solución a estos conflictos, ya que la simple activación de los mecanismos de defensa de los ahora afectados no es ni fue suficiente a la fecha para que los representantes de turno de control y fiscalización del Consejo de la Magistratura actúen en el caso. Denuncia en la que tampoco actuaron los encargados de Archivos Judiciales, peor aún los encargados del, Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Séptimo, de la Capital del departamento de Santa Cruz, ya que ninguno de estos sabe o tiene los archivos de las resoluciones, que por mandato de la Ley del Órgano Judicial, deberían de tener archivos, para evitar este tipo de situaciones; además afirma que las autoridades judiciales como administrativas no ha mostrado el más mínimo interés en cumplir con sus funciones fiscalizadoras, ya que no acepta ni un memorial para pedir el desarchivo de dicho expediente. Sostiene que no puede estar bajo una incertidumbre permanente sobre el estado del proceso, peor aún, sin tener el cuaderno procesal materialmente que es un requisito que para poder acceder a las peticiones legales que la ley le franquea al sujeto procesal activo, garantizando el acceso a la justicia. Finalmente alegan que los accionantes son personas de la tercera edad, elemento que justifica la excepción al principio de la subsidiariedad, al ser miembros de un grupo vulnerable de prioritaria atención.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos derechos a la propiedad privada, y a la sucesión hereditaria, al derecho al debido proceso, en sus elementos de defensa y acceso a una justicia material pronta, oportuna y transparente, citando al efecto el art. 56.I, de la Constitución Política del Estado (CPE), art. 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga que el actual Juez del Juzgado de Instrucción Penal Cautelar Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, proceda a la cancelación de la Anotación Preventiva de la Matricula computarizada 7.01.1.99.0051377, ordenada por el Juez Séptimo de Instrucción Cautelar en el año 1999.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 16 de agosto de 2023, según consta en acta cursante a fs. 92 a 95 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes a través de sus representantes, ratificaron el contenido íntegro de su acción tutelar y ampliándola, señalaron que: a) En los registros nacionales constan dos personas distintas: Pedro Romero Hurtado (padre) y Pedro Romero Banegas (hijo), este último fue procesado penalmente en 1999, por el delito de giro de cheque en descubierto, bajo el NUREJ 6661, a raíz de dicho proceso, se efectuó una anotación preventiva sobre el inmueble con matrícula computarizada 7011990051377, dicha anotación recayó erróneamente sobre el inmueble de Pedro Romero Hurtado (padre), quien jamás fue procesado penalmente; b) Al fallecer Pedro Romero Hurtado y su cónyuge, sus herederos ejercieron su derecho a la sucesión hereditaria, reconocido por la Constitución Política del Estado; tal es así que mediante Auto 44/2016, emitido por el Juzgado Público Civil Veintiseisavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, se dispuso la provisión ejecutoria para inscribir a los herederos como titulares del inmueble, sin embargo, al acudir a Derechos Reales, los herederos -ahora accionantes-advirtieron la existencia de la anotación preventiva contra Pedro Romero Hurtado, lo que obstaculizó la materialización de su derecho sucesorio; c) El Sistema Integrado de Registro Judicial certificó que el único procesado penalmente fue Pedro Romero Banegas (hijo), no así Pedro Romero Hurtado (padre), por ende la anotación preventiva de 1999, fue dispuesta por el Juzgado Séptimo de Instrucción Cautelar, pero actualmente no existe el expediente físico ni digital que respalde dicha medida, por lo mismo, este error ha generado una afectación al derecho de propiedad y a la seguridad jurídica de los herederos, quienes no pueden consolidar la titularidad del bien inmueble; d) Se produjo una vulneración al derecho a la sucesión hereditaria (art. 56 CPE) y al derecho a la propiedad privada, como consecuencia de una anotación preventiva incorrecta, pues el vacío administrativo y la inexistencia del expediente imposibilitan a los herederos acceder a los mecanismos legales para la cancelación del gravamen; y., e) Los accionantes son adultos mayores, varios con necesidades médicas propias de su edad avanzada, en virtud de su condición solicitan que la subsidiariedad no sea considerada como requisito restrictivo, pues carecen de vías ordinarias eficaces para la tutela de sus derechos.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Jaime Rodrigo Buhezo Gómez, Juez del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, no presentó informe escrito alguno, ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su legal notificación cursante a fs. 62.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 123/2023 de 16 de agosto, cursante de fs. 95 vta., a 98, denegó la tutela impetrada; tal determinación se dio con base en los siguientes fundamentos: 1) Los accionantes, a la muerte de su padre, Pedro Romero Hurtado, al ser sus legítimos herederos, acudieron ante el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, a efecto de levantar las anotaciones preventivas sobre el referido inmueble, que era de propiedad de su progenitor, pero ello no pudo ser posible al no encontrarse el expediente en dicho juzgado; 2) La parte accionante ha equivocado al identificar al actor que hubiera ordenado la anotación preventiva, ya que esta acción tutelar se la interpuso en contra del precitado juez, cuando debió de ser dirigida contra el Juez Séptimo de Instrucción en lo Penal Liquidador de la capital del departamento de Santa Cruz, ello producto de la re funcionalización y cambio del sistema penal inquisitivo acusatorio al nuevo sistema penal, asumiendo la liquidación de tales procesos la Jueza Decimo Segunda, de Instrucción Penal Liquidadora del departamento de Santa Cruz, ya que los procesos penales de 1999 están siendo tramitados por dicha autoridad jurisdiccional; 3) Si bien es cierto que los accionantes son parte de un grupo vulnerable de protección reforzada, al ser personas adultas mayores, y que ello genera la posibilidad de flexibilizar las causales de subsidiariedad; sin embargo, dicha flexibilización no resulta ser absoluta, toda vez que debió acudirse ante la autoridad que conoce o que está conociendo la causa principal a efectos que la misma pueda valorar la documental presentada por los accionantes, por lo que el tribunal de garantías se ve impedido de considerar el fondo de lo impetrado por falta de legitimación pasiva.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta en la Matrícula Computarizada 7.01.1.99.0051377, el derecho propietario a favor de Pedro Romero Hurtado, asimismo, en la columna de gravámenes y restricciones, en el Asiento 1, se halla registrada una Anotación Preventiva por la suma de, $us 17.098,52.-(Diecisiete Mil Noventa y Ocho 52/100 dólares americanos), en favor de Dogmar Luis Pinto Yamal y otros, ordenada por Jimmy Fernando López Rojas -Juez Séptimo de Instrucción Penal de la Capital, del departamento de Santa Cruz, mediante Provisión Ejecutoria de fecha 1 de julio de 1999, dentro del proceso penal de giro de cheque en descubierto- (fs. 2).

II.2.Por memorial presentado por Lilian Rosado de 10 de abril de 2019, en representación de los coherederos Bella Romero de Peña, Nieves Rosa Romero de Gutiérrez, Edith Romero de Gil, Carmelo Romero Banegas y Sergio Víctor Romero Banegas -ahora accionantes-, mediante el cual solicitan a Jaime Rodrigo Buhezo Gómez, Juez del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Séptimo de la capital del departamento de Santa Cruz, -autoridad judicial demandada-, la cancelación de la anotación preventiva que grava el bien inmueble de propiedad de Pedro Romero Hurtado, inscrito en la Oficina de Derechos Reales bajo la Matrícula Computarizada 7.01.1.99.0051377, (fs. 13 a14 vta.)

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la propiedad privada, y a la sucesión hereditaria, al derecho al debido proceso, en sus elementos de defensa y acceso a una justicia material pronta, oportuna y transparente; toda vez que, habiéndose instaurado un proceso penal en contra del ciudadano Pedro Romero Banegas, por el ilícito de giro de cheque en descubierto, sin embargo manifiestan que a partir de ello, por errores en el momento de procederse a la anotación preventiva de un inmueble, se habría anotado erróneamente, el inmueble del padre del procesado, toda vez que su señor padre Pedro Romero Hurtado, quien no tendría ningún proceso en contra, aspecto por el cual, al fallecer el padre de este, así como también la madre de los accionantes, estos en su condición de herederos, acudieron ante el Juez Séptimo de Instrucción en lo Penal del departamento de Santa Cruz, -autoridad accionada-, solicitando la cancelación de la anotación preventiva; pero esta autoridad, les habría negado tal solicitud, en el entendido de que no contaría con los antecedentes de archivos del proceso en su Juzgado, estando dicho expediente extraviado, y que a pesar de sus requerimientos, este no tendría interés en dar solución a tales inconvenientes, afectándoles en sus derechos sucesorios. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de amparo constitucional y el principio de inmediatez

Sobre el principio de inmediatez, la SCP 0395/2016-S2 de 25 de abril, expresó: “De acuerdo a la nueva ingeniería constitucional, la acción de amparo constitucional forma parte de las llamadas ‘acciones de defensa’, criterio a partir del cual y utilizando postulados propios de la teoría de los derechos fundamentales, se establece que los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución se configuran como garantías sustantivas, que para su reconocimiento eficaz, necesitan de garantías procesales, en este contexto, esta acción definitivamente está configurada como un mecanismo procesal-constitucional cuya naturaleza jurídica le hace ser una verdadera ‘garantía adjetiva’ que inequívocamente debe ser analizada bajo la lupa de la teoría general de los derechos fundamentales. Precisamente, el nuevo modelo constitucional boliviano, en sus arts. 128 y 129 diseña la acción de amparo constitucional en la perspectiva o dimensión procesal-constitucional descrita en el punto anterior, atribuyéndole por su naturaleza dos características esenciales a saber: la subsidiaridad y la inmediatez. La jurisprudencia constitucional a través de la SC 1039/2010-R de 23 de agosto, entre otras, asumió en cuanto al principio de inmediatez el siguiente entendimiento: ‘La inmediatez, es una condición esencial para que el control de constitucionalidad pueda operar a través del amparo constitucional, en virtud a este presupuesto de orden procesal-constitucional, éste se consagra como un mecanismo caracterizado por su prontitud y efectividad para brindar la tutela debida. En efecto, la inmediatez del amparo constitucional encuentra su génesis en el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que taxativamente manda a los estados miembros del sistema interamericano de protección de Derechos Humanos, disciplinar a favor de las personas un recurso sencillo, rápido y efectivo para la defensa de sus derechos reconocidos en la Constitución, la ley o la citada Convención, precepto que debe ser fielmente cumplido en virtud al principio «pacta sunt servanda». Por lo señalado, siguiendo el criterio desarrollado supra, se infiere que la acción de amparo, es un mecanismo sencillo, rápido y efectivo para la protección de Derechos Fundamentales no tutelados por otros recursos específicos, en ese contexto, esencialmente la rapidez como característica del principio de inmediatez se encuentra circunscrita al plazo de seis meses para su interposición, criterio plasmado en el art. 129.II de la Constitución Política del Estado (CPE), en ese contexto, se tiene que el derecho para la petición de tutela constitucional a través de la acción de amparo fuera del citado plazo caduca, razón por la cual el órgano contralor de constitucionalidad no puede ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada’”.

III.2. Análisis del caso concreto

De la revisión de antecedentes, se tiene que se constató dentro del proceso penal, seguido por el ilícito de giro de cheque en descubierto, instaurado a denuncia de Dogmar Luis Pinto Yamal y Otros contra Pedro Romero Banegas, el Juez del Juzgado Séptimo de Instrucción en lo Penal, de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante Provisión Ejecutoria de fecha 01 de julio de 1999, ordenó la Anotación Preventiva del inmueble registrado bajo la Matrícula Computarizada 7.01.1.99.0051377, a nombre de Pedro Romero Hurtado. (Conclusión II.1). Además se tiene como último actuado realizado por los accionantes, el memorial de 10 de abril de 2019, a través del cual solicitaron al Juez de Instrucción Penal Cautelar Séptimo, de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora accionado- la cancelación de la anotación preventiva, motivo de la presente acción tutelar, no cursando en el expediente constitucional un solo decreto o resolución por el cual la autoridad judicial demandada hubiese rechazado levantar tal restricción (Conclusión II.2). Con la finalidad de establecer una valoración referida al cumplimiento de los principios de inmediatez y subsidiariedad, ambos, requisitos que resultan indispensables para la procedencia de la acción de amparo constitucional, se tiene que, en el caso presente, desde la presentación del último memorial a la autoridad judicial demandada, hasta la interposición de la presente acción transcurrieron tres años, 9 meses y 15 días; es decir, el último actuado presentado por los peticionantes de tutela, solicitando la cancelación de la anotación preventiva a la autoridad judicial demandada data de 10 de abril de 2019 y la presente acción fue interpuesta el 25 de enero de 2023, según la constancia que cursa a fs. 13 a 14 vta., del expediente; por lo que, se concluye que la acción fue planteada fuera de plazo, siendo aplicable el principio de inmediatez; reiterando que en la acción de amparo constitucional es de estricto cumplimiento el citado principio; pues éste debe ser interpuesto dentro de los seis meses de ocurrida la supuesta vulneración a derechos fundamentales, previo a agotar todas las vías ordinarias y/o administrativas existentes; lo cual, no sucedió en el presente caso. Ante tales extremos, a este Tribunal le corresponde denegar la tutela impetrada, dando cumplimiento al art. 129.II de la CPE, y a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente Fallo Constitucional; no pudiendo estar la justicia constitucional de manera indefinida a merced y voluntad desidiosa de los supuestos agraviados; por cuanto, la persona afectada en sus derechos por su propio interés debería ser diligente, acudiendo sin ningún tipo de espera en busca de protección de los mismos; de tal manera que una actuación desidiosa o negligente en causa propia, definitivamente conlleva una consecuencia jurídica que es la extemporaneidad.

En consecuencia, la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, al haber denegado la tutela, aunque con otros argumentos, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 123/2023 de 16 de agosto, cursante de fs. 95 a 98 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al fondo de la problemática planteada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1321_2025-S3.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): e34372c4233332ad63e20c0b621bf130cb6a84cca29e26ff8813bfb35ab5b572

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