Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 6 de noviembre de 2025
Concede la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad personal, a la seguridad jurídica y al debido proceso; toda vez que, luego de la denegatoria de su solicitud de cesación a la detención preventiva mediante Auto Interlocutorio 03/2023, interpuso recurso de apelación incidental el 2 de febrero de 2023, el cual fue providenciado el 8 del mismo mes y año, disponiéndose su remisión al tribunal de alzada. Sin embargo, dicha remisión no se efectuó oportunamente, permaneciendo el recurso sin ser elevado hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, lo que generó una mora procesal de tres meses y diecisiete días, afectando el ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales. Las autoridades demandadas no presentaron informe escrito alguno ni se conectaron a la audiencia de garantías. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 126/2023 de 20 de mayo, cursante de fs. 41 a 43, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres y Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada con los mismos alcances dispositivos asumidos por el citado Juez de garantías.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1320/2025-S2 Sucre, 6 de noviembre de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 55864-2023-112-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 126/2023 de 20 de mayo, cursante de fs. 41 a 43, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Daniel Godoy Bobadilla contra Mónica Judid Cuentas Silva y Ramiro Nemesio Coaquira Coaquira, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 19 de mayo de 2023, cursante a fs. 1 y 26 a 30, el accionante manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violación, el 25 de octubre de 2018 se dictó el Auto Interlocutorio 067/2018, mediante el cual se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz. Ahora bien, conforme al Certificado de Permanencia y Conducta 10892/2022 de 30 de junio, suscrito por el Director del referido Centro Penitenciario, permaneció en calidad de detenido preventivo hasta la fecha -se asume de interposición de la presente acción tutelar-, acumulando cuatro años, seis meses y veinticuatro días de privación de libertad sin sentencia, pese a encontrarse con acusación formal y auto de apertura de juicio oral, excediendo así el límite de veinticuatro meses previsto para la duración máxima del proceso penal.
En cuanto a los antecedentes fácticos, de la imputación formal y de la valoración psicológica de la víctima se estableció que la presunta violación se cometió contra una persona mayor de dieciocho años, razón por la cual no se encuentra comprendido en la prohibición de acceder a la cesación de la detención preventiva prevista por el art. 239.4 del Código de Procedimiento Penal (CPP). No obstante de ello, se evidenció una retardación de justicia e indebido procesamiento, pues el Fiscal de Materia presentó el inicio de investigación el 10 de enero de 2018 y la imputación formal el 2 de octubre del mismo año, disponiéndose su detención preventiva el 25 de octubre de igual año. Posteriormente, el 17 de mayo de 2019, la Fiscalía presentó acusación formal, habiéndose radicado el proceso ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz el 25 de septiembre del mismo año. Desde dicha fecha, no se instaló la audiencia de juicio oral, dictándose recién el auto de apertura de juicio oral el 28 de junio de 2022. Posteriormente, el 15 de julio de 2022, solicitó ante la Secretaría del Tribunal el señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva, invocando el art. 239.4 del CPP; sin embargo, su petición no fue atendida, por lo que, reiteró su solicitud el 19 de agosto de ese año. Como respuesta, el Tribunal emitió el Auto Interlocutorio 133/2022 de 27 de julio, declarando improcedente su solicitud de cesación, decisión que fue apelada el 25 de agosto del mismo año, radicando en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la cual denegó el recurso. Las autoridades demandadas emitieron el Auto Interlocutorio 03/2023 de 9 de enero, mediante el cual denegaron, por segunda vez, su solicitud de cesación a la detención preventiva. Dicha decisión fue apelada el 2 de febrero de igual año, decretándose su remisión al tribunal de alzada el 8 del mismo mes y año; no obstante, el recurso no fue remitido oportunamente, permaneciendo en despacho hasta el 19 de mayo del referido año, lo que generó una mora procesal de tres meses y diecisiete días.
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la seguridad jurídica y al debido proceso; citando al efecto los arts. 23.I, 115.II, 178.I, 179 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se ordene su libertad inmediata.
Celebrada la audiencia pública virtual el 20 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 39 a 40 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y, ampliando en audiencia de garantías, señaló que: a) El Ministerio Público, la víctima y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Ixiamas del departamento de La Paz no se opusieron en ningún momento a la solicitud de cesación a la detención preventiva; b) En la audiencia de apertura de juicio oral, celebrada el 8 de mayo de 2022, el Ministerio Público no solicitó la prolongación de su detención preventiva, razón por la cual dicha medida no podía extenderse de manera indefinida; c) La extrema medida se prolongó de manera ilegal por un periodo de cuatro años, seis meses y veinticuatro días, sin que se dictara sentencia en primera instancia; y, d) El recurso de apelación debió ser despachado dentro del plazo de veinticuatro horas, conforme a lo establecido por la normativa vigente; sin embargo, su tramitación se dilató injustificadamente por más de tres meses, sin que la autoridad correspondiente ordenara a sus subalternos la remisión del legajo de apelación, impidiendo de esa manera que el recurso fuera revisado por la autoridad superior en grado.
Mónica Judid Cuentas Silva y Ramiro Nemesio Coaquira Coaquira, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, no presentaron informe escrito ni se conectaron a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 37.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres y Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 126/2023 de 20 de mayo, cursante de fs. 41 a 43, concedió la tutela solicitada, disponiendo que, en el día, se proceda a remitir el cuaderno de apelación a la autoridad superior en grado; con base en los siguientes fundamentos: 1) Los demandados omitieron remitir oportunamente el recurso de apelación incidental ante la autoridad superior en grado, vulnerando el derecho a la libertad y el principio de celeridad del accionante; 2) A la falta de justificación de los demandados, se aplicó el principio de inversión de la prueba y se determinó la existencia de un acto lesivo; en consecuencia, se concedió la tutela solicitada y se ordenó la inmediata remisión del recurso de apelación incidental para su resolución por el tribunal de alzada, y, así, conozca y resuelva de manera inmediata su situación jurídica del accionante; y, 3) La supuesta dilación de cinco años sin sentencia de primera instancia debe ser tramitada mediante los incidentes o excepciones que la parte considere pertinentes ante el tribunal correspondiente o su superior en grado; en consecuencia, su análisis compete a la justicia ordinaria.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial de 2 de febrero de 2023, Daniel Godoy Bobadilla -ahora accionante- interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 03/2023 de 9 de enero, ante los miembros del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, solicitando la concesión del recurso en grado de apelación para que la instancia superior revocara la Resolución impugnada (fs. 23 a 24). II.2. Cursa providencia de 8 de febrero de 2023, emitida por Mónica Judid Cuentas Silva, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz -codemandada-, mediante la cual dispuso la remisión del recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio “02/2023” -siendo lo correcto 03/2023-, señalando que: “…por secretaria del Tribunal notificar a los sujetos procesales, cumplido lo cual remítase al Tribunal de alzada sea a la brevedad posible” (sic [fs. 25]).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad personal, a la seguridad jurídica y al debido proceso; toda vez que, luego de la denegatoria de su solicitud de cesación a la detención preventiva mediante Auto Interlocutorio 03/2023, interpuso recurso de apelación incidental el 2 de febrero de 2023, el cual fue providenciado el 8 del mismo mes y año, disponiéndose su remisión al tribunal de alzada. Sin embargo, dicha remisión no se efectuó oportunamente, permaneciendo el recurso sin ser elevado hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, lo que generó una mora procesal de tres meses y diecisiete días, afectando el ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales. Las autoridades demandadas no presentaron informe escrito alguno ni se conectaron a la audiencia de garantías. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 115.II de la CPE establece que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; en consecuencia, consagra el principio de celeridad como un componente esencial del debido proceso, lo cual exige que toda causa -sea esta judicial o administrativa- se tramite sin demoras innecesarias; es decir, de manera oportuna. Por su parte, los arts. 178.I y 180.I de la Norma Suprema, instituyen de manera explícita la aplicación del citado principio en la potestad de impartir justicia. Con referencia a la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…” (el resaltado es propio).
Delimitado como está el ámbito de análisis, corresponde remitirnos a los antecedentes procesales del expediente constitucional, se advierte que el 2 de febrero de 2023 el accionante interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 03/2022 de 9 de enero, que fue providenciado el 8 del mismo mes y año por la Jueza demandada, disponiendo expresamente que: “…se remita el recurso de apelación al Tribunal de Alzada…” (sic); sin embargo, hasta el 19 de mayo de 2023 -fecha de interposición de la presente acción tutelar-, el legajo de apelación no fue remitido al tribunal superior en grado, trascurriendo tres meses y diecisiete días (Conclusiones II.1 y II.2). Con base en los antecedentes expuestos, se concluye que las autoridades demandadas incumplieron su propia determinación emitida el 8 de febrero de 2023, al no remitir oportunamente los antecedentes del recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante, dentro del plazo previsto por el art. 251 del CPP, que establece la obligación de enviar los legajos de apelación al tribunal de alzada en el término de veinticuatro horas de interpuesto el recurso. Este incumplimiento vulneró no solo el citado precepto legal, sino también lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. En consecuencia, se advierte una demora indebida e injustificada, generando retardación en la definición de la situación jurídica del accionante, quien permanece privado de libertad. Tal omisión configura una vulneración al principio de celeridad procesal, reconocido como elemento esencial del debido proceso y con incidencia directa en el derecho fundamental a la libertad personal. Por tanto, se establece que las autoridades demandadas incurrieron en un incumplimiento del principio de celeridad, razón por la cual corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 126/2023 de 20 de mayo, cursante de fs. 41 a 43, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres y Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada con los mismos alcances dispositivos asumidos por el citado Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1320_2025-S2.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): 436f871843138855ad414ae9dc7be90337c6df146d8de9c3d797270d934da9d5
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →