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SCP 1318/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 5 de agosto de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
5 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
65233-2024-131-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 18/2024 de 25 de junio, cursante de fs. 36 a 42, pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR en todo la tutela solicitada, conforme a los fundamentos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Dimensionar los efectos de lo resuelto por el Juez de garantías constitucionales, manteniendo firme y vigente su determinación.

3° Llamar la atención a José Luis Cayoja Choque, Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, por exceder en su actuación del alcance de sus atribuciones, de conformidad a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Del principio de subsidiariedad excepcional
  2. III.2. Análisis del caso concreto
  3. III.3. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1318/2026-S2 Sucre, 5 de agosto de 2026 JURISPRUDENCIA REITERADA - Subsidiariedad excepcional SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 65233-2024-131-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 18/2024 de 25 de junio, cursante de fs. 36 a 42, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Lenny Anahí Pérez Romero, en representación sin mandato de Anderson Gustavo Gutiérrez Quisbert contra Helmer Laura Picavia y Milko Steel Ayllon Quili, Juez y Secretario, respectivamente, del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimosegundo de la Capital del departamento de La Paz.

I. OBJETO PROCESAL

Mediante memorial presentado el 24 de junio de 2024, cursante de fs. 14 a 16, el accionante, a través de su representante sin mandato, denunció la vulneración del debido proceso y de sus derechos a la libertad y a la defensa técnica; puesto que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, el Juez demandado: a) Por Auto de 13 de junio de 2024, apartó indebidamente a su abogado del patrocinio de la causa, provocándole una indefensión técnica; y, b) Libró mandamiento de aprehensión poniendo en riesgo su libertad, sin valorar el certificado médico que acreditaba su delicado estado de salud, siendo esta la causa por la que no pudo participar de la audiencia de medidas cautelares de 24 del mismo mes y año, con lo que solicitó se deje sin efecto el Auto de 13 de junio de 2024, y restituya a su abogado defensor; se deje sin efecto el mandamiento de aprehensión, habida cuenta que presentó la purga correspondiente; y, se señale día y hora de audiencia para considerar sus incidentes y excepciones. El Juez demandado en audiencia manifestó que, el accionante interpuso anteriormente una acción de libertad con los mismos fundamentos, la cual fue denegada. Aclaró que, mediante Auto, se determinó el abandono malicioso del abogado defensor por los actos dilatorios incurridos, designándose un defensor de oficio. Contra esta resolución, el accionante interpuso erróneamente un recurso de reposición que fue rechazado, al no tratarse de un simple decreto. Por otro lado, sostuvo que el accionante justificó su inasistencia con un certificado médico de afectación mínima que no fijaba días de impedimento, precisando que pudo haber participado incluso de forma virtual, razón por la cual se declaró su rebeldía y se emitió el mandamiento de aprehensión. Añadió que dicha medida debió ser recurrida en la vía ordinaria, por lo que solicitó denegar la tutela. El Secretario codemandado, mediante informe de fs. 25 a 26, señaló que la audiencia de medidas cautelares estaba señalada para el 24 de junio de 2024, a la cual el imputado no asistió, motivando el mandamiento de aprehensión. Asimismo, indicó que se encuentra pendiente la resolución del incidente de actividad procesal defectuosa, cuya falta de notificación obedece a que la parte no proveyó las fotocopias correspondientes, aclarando que ello no suspende el proceso. Finalmente, aseveró que el 21 del mismo mes y año se interpuso una acción con identidad de sujeto, objeto y causa, y que la parte accionante tampoco identificó el acto lesivo, por lo que solicitó se deniegue la tutela. El Juez de garantías, concedió en parte la tutela solicitada, dejando sin efecto el mandamiento de aprehensión. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. TRÁMITE PROCESAL

En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se determinó la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Por ello, el formato del presente fallo se ajusta a lo precedentemente determinado.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. Del principio de subsidiariedad excepcional

La SC 0008/2010-R de 6 de abril, refiriéndose a la excepcionalidad del principio de subsidiariedad en relación a la acción de libertad determinó que: “…esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas” (las negrillas pertenecen al texto original). Siguiendo esa línea jurisprudencial la SC 0608/2010-R de 19 de julio, en su Fundamento Jurídico III.3, expresa al respecto lo siguiente: “Es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico” (las negrillas fueron añadidas).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante, denunció que: 1) Por Auto de 13 de junio de 2024, la autoridad jurisdiccional demandada, apartó indebidamente a su abogado del patrocinio de su causa, provocándole una indefensión técnica; y, 2) No pudo participar de la audiencia de medidas cautelares de 24 del mismo mes y año, por su delicado estado de salud, que fue acreditado por certificado médico; no obstante, la autoridad demandada sin valorar dicha justificación, libró mandamiento de aprehensión en su contra, poniendo en riesgo su libertad. En el expediente constitucional, cursa a fs. 2 y vta., memorial de 13 de junio de 2024, por el cual, el abogado del ahora accionante, justificó su inasistencia a la audiencia señalada para esa misma fecha; de fs. 4 a 11 vta., consta memorial de igual data, por el que el impetrante de tutela, interpuso recurso de reposición contra el Auto que declaró el abandono malicioso de su defensa técnica; a fs. 1 y vta., cursa memorial de 24 de junio de 2024, en el que el impetrante de tutela, comunicó copatrocinio y solicitó la suspensión de audiencia programada para la misma fecha a horas 11:00, por problemas de salud; de fs. 10 a 11 y vta., consta memorial de igual data, solicitando la corrección de procedimiento y se deje sin efecto la determinación de abandono malicioso; y, a fs. 12, cursa memorial del mismo 24 de junio de igual año, mediante el cual, el accionante, purgó su rebeldía y solicitó nuevo señalamiento de audiencia para considerar sus incidentes y excepciones. Con relación a la primera problemática, teniendo presente los antecedentes descritos y lo verificado por el Juez de garantías constitucionales del cuaderno procesal presentado en audiencia de acción de libertad, el Juez demandado -mediante Auto de 13 de junio de 2024- no dispuso el apartamiento de la defensa técnica, sino que declaró el abandono malicioso conforme el art. 105 del CPP, siendo que dicha cuestión ya fue objeto de análisis en una anterior acción de libertad interpuesta por el accionante el 20 de junio del mismo año, ante el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimoséptimo de la Capital del departamento de La Paz. En consecuencia, conforme a la SC 1142/2010-R de 27 de agosto, la acción de libertad, debe ser utilizada de forma mesurada, evitando la interposición reiterada de demandas, más aún cuando coincidan los sujetos (activos y pasivos), los argumentos y el objeto. Al haberse denunciado con anterioridad esta vulneración ante la jurisdicción constitucional, no corresponde ingresar nuevamente al análisis de fondo a fin de evitar la duplicidad de fallos y un eventual caos jurídico; por ende, corresponde denegar la tutela sobre este extremo. Con relación a la segunda problemática, teniendo presente los antecedentes descritos, se evidencia que el ahora solicitante de tutela, por memorial de 24 de junio de 2024, presentó copatrocinio y solicitó la suspensión de la audiencia programada para la fecha a horas 11:00, para tal efecto, adjuntó certificado médico, alegando padecer gastroenteritis; empero, conforme a lo acreditado por el Juez de garantías, dicho escrito mereció el siguiente pronunciamiento: “…el Juez Doceavo de Instrucción Cautelar y Violencia con las facultades establecidas en el art. 54 de Procedimiento Penal, el Art. 113 en su segunda parte del Procedimiento Penal, conocedor de los antecedentes en el día, respecto al ahora imputado, las constantes suspensiones determina el mandamiento de aprehensión, a efectos de qué comparezca el Sr. Anderson Gustavo Gutiérrez Quisbert…” (sic [fs. 40]); no obstante, por memorial de la misma fecha, el accionante compareció ante la autoridad jurisdiccional demandada, conforme el art. 91 del CPP, adjuntando copia de la purga de la rebeldía. Al respecto, conforme a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 sobre la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad por activación simultánea de jurisdicciones, se evidencia que el impetrante acudió a la vía ordinaria penal mediante la purga de rebeldía solicitando dejar sin efecto el mandamiento de aprehensión; sin embargo, ese mismo día (a horas 15:36) activó en paralelo la jurisdicción constitucional con idéntica pretensión, cuando la resolución de su escrito aún se encontraba pendiente ante el Juez cautelar. Al ser la autoridad ordinaria la llamada legalmente a resolver la purga y fijar la audiencia de incidentes y excepciones, sus facultades no pueden ser suplidas por la justicia constitucional, correspondiendo denegar la tutela sin ingresar al fondo de la controversia. Pese a lo anterior, siendo que el Juez de garantías concedió en parte la tutela, este Tribunal, dimensionando los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la finalidad de no ocasionar caos jurídico, mantendrá firme y vigente lo resuelto por dicha autoridad.

III.3. Otras consideraciones

Este Tribunal considera necesario pronunciarse respecto a la actuación del Juez de garantías, quien, al conceder la tutela, dejó sin efecto el mandamiento de aprehensión emitido por la autoridad jurisdiccional ordinaria. Dicha determinación excede sus atribuciones, las cuales se restringen a la protección de derechos y garantías constitucionales, sin que le esté permitido anular actos procesales dictados por la autoridad competente dentro de un procedimiento regulado por la ley penal. La valoración del cumplimiento de medidas y la revocatoria de una aprehensión corresponden exclusivamente al juez contralor de las garantías procesales. Por tanto, corresponde llamar la atención al Juez de garantías por invadir la competencia de la jurisdicción ordinaria, exhortándole a no incurrir a futuro en similares actuaciones. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 18/2024 de 25 de junio, cursante de fs. 36 a 42, pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR en todo la tutela solicitada, conforme a los fundamentos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Dimensionar los efectos de lo resuelto por el Juez de garantías constitucionales, manteniendo firme y vigente su determinación.

3° Llamar la atención a José Luis Cayoja Choque, Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, por exceder en su actuación del alcance de sus atribuciones, de conformidad a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Boris Wilson Arias López MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1318_2026-S2.pdf · páginas 1 a 6.

Huella digital del PDF (SHA-256): 8c8bc402b4e4664e7df951207a45f5a1f86a621230f7c31b5a4dad5987c81da4

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