Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 6 de noviembre de 2025
Deniega la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la libertad personal; y, a los principios de celeridad y seguridad jurídica; toda vez que, el Juez demandado y la Secretaria codemandada, omitieron remitir en dos oportunidades los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones que rechazaron sus solicitudes de cesación de la detención preventiva, incumpliendo el plazo legal de veinticuatro horas; asimismo, pese a la presentación de acusación fiscal, el requerimiento conclusivo no fue remitido al juzgado o tribunal de sentencia correspondiente, permaneciendo los actuados en el Juzgado a cargo de las autoridades demandadas, lo que generó dilaciones indebidas y vulneración de sus derechos. Ante ello, el Juez demandado sostuvo que: 1) Las resoluciones apeladas fueron retiradas por el accionante y que la acusación fiscal no fue remitida por la carga procesal y labores administrativas; 2) La Secretaria codemandada recién asumió funciones, lo que generó demora en la tramitación; y, 3) Al ser advertido de la acción tutelar, dispuso la remisión inmediata del proceso, aclarando que se trataba de actos administrativos y no jurisdiccionales.
Por su parte la Secretaria codemandada sostuvo que asumió funciones el 3 de mayo -se entiende de 2023; y, que los recursos de apelación presentados fueron retirados, incluso cuando ya se preparaba su remisión. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 121/2023 de 17 de mayo, cursante de fs. 36 a 38 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1317/2025-S2 Sucre, 6 de noviembre de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 55843-2023-112-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 121/2023 de 17 de mayo, cursante de fs. 36 a 38 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Sergio Vicente Alanoca Alcón en representación sin mandato de Ángel Julio Larico Quispe contra Javier Rolando Chaca Quina, Juez y Safir Campero Roca Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de el Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 16 de mayo de 2023, cursante a fs. 1 y 8 a 10, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, con Código Único de Denuncia (CUD) 201502022211150, el 14 de abril de 2023 se llevó a cabo la audiencia de cesación de la detención preventiva en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz. La determinación emitida en dicha audiencia fue apelada -se entiende por su persona-, sin embargo, el recurso de apelación no fue remitido en el plazo de veinticuatro horas, razón por la cual, el 26 de abril de 2023, retiró el recurso dejando constancia de la omisión y de la vulneración de derechos en la que incurrieron los ahora demandados.
Ese mismo día, la Fiscal de Materia asignada al caso presentó acusación en su contra, por lo que, conforme al Código de Procedimiento Penal, el requerimiento conclusivo debía remitirse, previo sorteo, al Juez o Tribunal de Sentencia bajo responsabilidad; no obstante, del memorial de 16 de mayo de 2023 evidenció que el expediente aún permanecía en el referido Juzgado. Posteriormente, el 3 de mayo de 2023 se llevó a cabo una nueva audiencia de cesación de la detención preventiva ante el mencionado Juzgado, la cual también fue apelada -se asume por su persona-; no obstante, el recurso, por segunda vez, no fue remitido dentro del plazo legal, razón por la cual el 10 del mismo mes y año, fue retirada dejando constancia de la omisión.
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la libertad personal; y, a los principios de celeridad y seguridad jurídica, sin citar norma constitucional alguna
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga: a) Establecer la dilación injustificada atribuible a los demandados y por ende su responsabilidad; b) Ordenar la remisión inmediata del expediente judicial al Juez de Sentencia correspondiente; y, c) Remitir antecedentes al Consejo de la Magistratura para el correspondiente proceso disciplinario y sanción de las autoridades demandadas.
Celebrada la audiencia pública virtual el 17 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 34 a 35, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante asistió a la audiencia de garantías sin su abogado patrocinante, por lo que, se inició la audiencia con la participación de la parte demandada.
Javier Rolando Chaca Quina, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia de la acción tutelar, señaló que: 1) Existían dos resoluciones apeladas que fueron retiradas por el accionante; 2) Respecto a la acusación fiscal, correspondía su remisión al juez o tribunal de sentencia; sin embargo, no lo hizo debido a la acumulación de audiencias suspendidas, resoluciones y providencias que debía elaborar personalmente, resultando humanamente imposible la remisión, más aún, considerando que se ocupa de cuestiones administrativas que establece el Código de Procedimiento Penal; 3) La Secretaria del referido Juzgado recién fue posesionada y anteriormente el cargo fue ejercido por una Secretaria en suplencia; en ese entendido, por la carga procesal existente, los antecedentes no fueron remitidos oportunamente; y, 4) Advertido de la acción impetrada, ordenó de inmediato la remisión del proceso, aclarando que tales actuaciones no eran actos jurisdiccionales, sino meramente administrativos, cuya ejecución correspondía al personal administrativo del juzgado. Safir Campero Roca, Secretaria del Juzgado Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia de garantías refirió que: i) Se planteó un recurso de apelación que estaba por remitirse, pero fue retirado mediante memorial; ii) Asumió funciones desde el 3 de mayo -se entiende de 2023-, encontrándose en proceso de regularizar varios expedientes; y, iii) Con respecto al segundo recurso de apelación, estaba preparando la remisión de la apelación, sin embargo, esta fue nuevamente retirada.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 121/2023 de 17 de mayo, cursante de fs. 36 a 38 vta., denegó la tutela solicitada; con base en los siguientes fundamentos: a) El retiro de las apelaciones demuestra que el accionante consintió los actos procesales, en lugar de mantener una actitud activa y constante en la defensa de sus derechos; y, que en lugar de impugnar el acto que consideraba lesivo mediante reclamos o una acción de libertad, optó por aceptar el curso del proceso penal sin cuestionarlo, por lo que, solo después de agotar los medios ordinarios, recién podía acudir a la jurisdicción constitucional; y, b) Se advierte que el impetrante de tutela reclama un presunto procesamiento indebido por la falta de remisión del cuaderno al juzgado de sentencia, en ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad se requieren dos condiciones; que el acto afecte directamente la libertad y que exista indefensión absoluta. En este caso, aunque la solicitud se relaciona con la libertad, no hubo indefensión porque el peticionante de tutela tenía defensa técnica y podía utilizar los medios procesales ordinarios.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución de Acusación Formal 144/2023 de 26 de abril, emitida por Erica Mamani Pilco, Fiscal de Materia, contra Ángel Julio Larico Quispe -ahora accionante- presentada ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer de El Alto del departamento de La Paz (fs. 4 a 6 vta.); y, memorial presentado el 16 de mayo, por el cual, el abogado del impetrante de tutela, solicitó que su defendido se acoja al procedimiento abreviado (fs. 7). II.2. Por memorial presentado el 10 de abril de 2023, el abogado del accionante solicitó audiencia de cesación de la detención preventiva a favor de este último (fs. 20); ante lo cual, mediante Auto Interlocutorio 228/2023 de 14 del mismo mes, Javier Rolando Chaca Quina, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer de El Alto del departamento de La Paz -hoy demandado-, rechazó dicha solicitud que fue apelada por el abogado del impetrante de tutela en audiencia (fs. 22 a 23); posteriormente, a través de Nota de de 26 del citado mes y año, Mónica Mamani Mayta -entonces Secretaria del mencionado Juzgado-, remitió copias legalizadas por apelación incidental, ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del señalado departamento (fs. 25); además, por memorial presentado la referida fecha, el abogado del impetrante de tutela retira el recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 228/2023 por falta de remisión de dicho recurso en el plazo de veinticuatro horas, anunciando la interposición de una acción de libertad (fs. 26). II.3. Consta Auto Interlocutorio 273/2023 de 3 de mayo, por el cual, el Juez demandado dispuso la continuidad de la medida cautelar al accionante, rechazando su solicitud de cesación de la detención preventiva (fs. 29 a 30 vta.); después, por memorial presentado el 10 del citado mes y año, el accionante retiró la apelación interpuesta contra el precitado Auto Interlocutorio, alegando la falta de remisión del recurso dentro del plazo de veinticuatro horas, y anunciando la interposición de acción de libertad (fs. 31).
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la libertad personal; y, a los principios de celeridad y seguridad jurídica; toda vez que, el Juez demandado y la Secretaria codemandada, omitieron remitir en dos oportunidades los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones que rechazaron sus solicitudes de cesación de la detención preventiva, incumpliendo el plazo legal de veinticuatro horas; asimismo, pese a la presentación de acusación fiscal, el requerimiento conclusivo no fue remitido al juzgado o tribunal de sentencia correspondiente, permaneciendo los actuados en el Juzgado a cargo de las autoridades demandadas, lo que generó dilaciones indebidas y vulneración de sus derechos. Ante ello, el Juez demandado sostuvo que: 1) Las resoluciones apeladas fueron retiradas por el accionante y que la acusación fiscal no fue remitida por la carga procesal y labores administrativas; 2) La Secretaria codemandada recién asumió funciones, lo que generó demora en la tramitación; y, 3) Al ser advertido de la acción tutelar, dispuso la remisión inmediata del proceso, aclarando que se trataba de actos administrativos y no jurisdiccionales.
Por su parte la Secretaria codemandada sostuvo que asumió funciones el 3 de mayo -se entiende de 2023; y, que los recursos de apelación presentados fueron retirados, incluso cuando ya se preparaba su remisión. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, cabe señalar que la tramitación de todo proceso constitucional tiene un inicio, involucra una serie de actos y concluye en la mayoría de los casos con la emisión de una resolución o sentencia a través de la cual se declara si la pretensión tiene o no fundamento; no obstante, esa no es la única forma en la que culmina una causa, existiendo otras como la sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal, que conforme explicó la SCP 0744/2015-S3 de 29 de junio: “...deviene por la desaparición de los supuestos fácticos que motivaron su activación porque la violación o amenaza de violación del derecho cesó; y consecuentemente, el hecho denunciado dejó de vulnerar las garantías o derechos constitucionales, debido al cumplimiento del acto reclamado con su consecuente restitución”; este tipo de supuestos impide al juzgador pronunciarse sobre algo que ya no tiene nada que lo sustente; haciendo que se torne imposible resolver el fondo o que, al desaparecer el acto impugnado y en caso de emitirse una resolución la misma podría carecer de eficacia alguna.
De la compulsa del expediente constitucional remitido en revisión y lo informado en audiencia de acción de libertad, se evidencia que en el proceso penal seguido contra Ángel Julio Larico Quispe -ahora accionante- cursa la Resolución de Acusación Formal 144/2023 de 26 de abril, presentada por el Ministerio Público y dirigida al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, (Conclusión II.1); asimismo, consta que el 10 de abril de 2023, el abogado del prenombrado solicitó audiencia de cesación de la detención preventiva, la cual fue rechazada por Auto Interlocutorio 228/2023 de 14 del citado mes; contra el cual, interpuso recurso de apelación que, al no ser remitido en el plazo de veinticuatro horas, fue retirado por la defensa del impetrante de tutela, mediante memorial presentado el 26 del referido mes y año, dejando constancia de la omisión y anunciando la interposición de acción de libertad (Conclusión II.2); finalmente, el 3 de mayo del mismo año, se desarrolló una nueva audiencia de consideración de su situación jurídica, que también fue rechazada mediante Auto Interlocutorio 273/2023 de 3 del citado mes; contra la que se planteó nuevamente recurso de apelación que fue igualmente retirado por su abogado patrocinante el 10 del referido mes y año por la misma falta de remisión en plazo (Conclusión II.3).
De los antecedentes, se tienen identificadas dos problemáticas similares y vinculadas entre sí; la primera, la falta de remisión de la apelación contra el Auto Interlocutorio 228/2023; y, la segunda, la falta de remisión del recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 273/2023. En ese sentido, conforme el Fundamento Jurídico III.1, sobre la sustracción de materia o pérdida del objeto procesal en la acción de libertad, corresponde señalar que la finalidad de este mecanismo es restituir derechos cuando la vulneración denunciada se mantiene vigente; sin embargo, cuando desaparecen los supuestos fácticos que dieron lugar a su interposición, la acción tutelar carece de objeto, pues ya no existe materia sobre la cual pronunciarse. En el caso en análisis, el accionante, si bien plantea una acción de libertad de pronto despacho, lo que pretende es que esta instancia determine responsabilidades de las autoridades demandadas, cuando en su caso existen los mecanismos pertinentes como acudir directamente al Consejo de la Magistratura, pues este medio tutelar tiene como única finalidad la protección inmediata de la libertad física; por lo que, al haberse retirado por la defensa del accionante los recursos de apelación relacionados con el instituto de medidas cautelares personales, los cuales constituyen el objeto esta acción tutelar, incluso antes de la interposición de este última, se configura una sustracción de materia atribuible a la estrategia asumida por su abogado defensor, quien también presentó esta acción de defensa en representación sin mandato, lo que impide un pronunciamiento de fondo por parte de este Tribunal, correspondiendo denegar la tutela al respecto. Finalmente, en cuanto a la alegación de demora en la remisión de la acusación fiscal ante el juzgado o tribunal de sentencia competente, cabe precisar que dicha actuación omisiva no detenta la vinculación directa con la libertad ni se constata el absoluto estado de indefensión; por lo que, también corresponde denegar la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 121/2023 de 17 de mayo, cursante de fs. 36 a 38 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1317_2025-S2.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): 0b5423063f1d9c8eed5a57466943acd040467991d41202772fe17463b7dbef8a
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