Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 20 de diciembre de 2023
Concede en parte la tutela
La accionante alega la lesión de los derechos al acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia y valoración probatoria; toda vez que, dentro del proceso penal seguido a instancia suya en representación de su hijo menor de edad contra Julio César Guzmán Robles y Natalia Elizabeth Gutiérrez Barrios, por el delito de lesiones graves o leves; 1) Se emitió Resolución de Sobreseimiento de 26 de marzo de 2021 por la Fiscal de Materia Margoth Vargas Jordán, incurriendo la misma en los siguientes agravios: 1.i) No se valoró, ni interpreto las pruebas aportadas, omitiendo otorgarle valor a cada prueba presentada, inobservando el principio de objetividad; 1.ii) En caso, de considerar que los hechos denunciados no se adecuaban al tipo penal denunciado, debió emitir pliego acusatorio por el delito de rapto propio; 1.iii) Señaló de forma errónea que la conducta no es típica, y que no se demostró el grado de participación de los imputados, pero en el transcurso de la investigación se le negó rotundamente la revisión de las cámaras de seguridad de la Unidad Educativa, indicándole que tal aspecto se debía solicitar por la vía judicial; 1.iv) La Resolución carece de fundamentación y motivación; puesto que, no solo debió circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes y hacer una relación de las pruebas existentes; 2) Emitida la Resolución Jerárquica 111/21 de 25 de mayo de 2021, por el Fiscal Departamental de Santa Cruz, incurrió en los siguientes agravios: 2.a) Realiza únicamente una transcripción de …
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 175/2021 de 11 de noviembre, cursante de fs. 196 vta., a 202; pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a las problemáticas analizadas en el Fundamento Jurídico III.4.1 inc. a) y d) y III.4.2 disponiendo la nulidad de la Resolución de Sobreseimiento de 8 de febrero de 2021 y la Resolución Fiscal Departamental RRMM 111/21 de 25 de mayo del mismo año, debiendo emitirse nueva Resolución de Sobreseimiento considerando los Fundamentos Jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional. 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto al derecho a la tutela judicial efectiva y a las problemáticas resueltas en el Fundamento Jurídico III.4.1 inc. b) y c); de conformidad a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1316/2023-S1 Sucre, 20 de diciembre de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 45988-2022-92-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 175/2021 de 11 de noviembre, cursante de fs. 196 vta., a 202 pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por María Angélica Vaca Cuellar contra Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental y Margoth Vargas Jordán, Fiscal de Materia, ambos del departamento de Santa Cruz.
Por memoriales presentados el 13 y 25 de octubre de 2021 cursantes de fs. 119 a 135 y 155 a 160 vta., la accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Dentro del proceso penal seguido a instancia suya en representación de su hijo menor de edad en contra de los profesores Julio César Guzmán Robles y Natalia Elizabeth Gutiérrez Barrios, por el delito de lesiones graves y leves, se denunció que los señalados habrían sacado del colegio a su hijo llevándolo a un Centro de Salud en un automóvil color rojo con negro, donde le sacaron sangre y le ocasionaron lesiones, aspecto que al ser consultado con el Director y maestra del colegio alegaron que no tenían conocimiento de dicho hecho; por lo que, planteada su denuncia correspondiente y transcurrida la etapa investigativa, se emitió Resolución de Sobreseimiento de 26 de marzo de 2021, en la cual la Fiscal ahora demandada incurrió en los siguientes agravios: No se molestó en leer de forma detenida los elementos probatorios sin interpretar ni valorar las pruebas presentadas; teniendo que en caso de considerar que los hechos denunciados no se adecuaban al tipo penal de lesiones graves y leves, debió acusar por el delito de rapto propio; además, no observó el principio de objetividad, careciendo su resolución de fundamentación y motivación, puesto que no solo debió circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes, ni hacer solo una relación de las pruebas existentes, sino que debió exponer su criterio sobre el valor que otorga a cada una de ellas, resultando dicha determinación en arbitraria. De igual manera, manifestó que para determinar el delito de lesiones graves y leves, se debe lesionar o poner en riesgo un bien jurídico protegido y que al mismo tiempo debe ser una conducta típica; sin embargo, en el transcurso de la investigación se le negó rotundamente la revisión de las cámaras de seguridad de la Unidad Educativa, indicándole que debía solicitar tal aspecto vía judicial; además, de argumentarse de forma errónea que no se demostró el grado de participación de los imputados, ya que los indicios colectados no generan un nexo causal entre el hecho y la participación, dejando tal acto impune. Impugnada dicha determinación fiscal, se emitió la Resolución Jerárquica 111/21 de 25 de mayo de 2021; a través de la cual, el Fiscal Departamental -ahora demandado- definió ratificar la Resolución de Sobreseimiento incurriendo en los siguientes agravios: Lo único que se hace en dicha resolución es una transcripción de los aspectos generales del sobreseimiento, sin considerar ni valorar las pruebas existentes en el expediente de investigación y los agravios expuestos por su persona en su memorial de impugnación, limitándose a reiterar la cita de las pruebas realizadas en primera instancia. Además, concluyó que la Resolución de Sobreseimiento se enmarca en la objetividad del hecho denunciado como de la norma legal aplicada, sin señalar cual es la prueba o acto que le lleva a formar ese criterio; es decir, su resolución carece de fundamentación y motivación, puesto que no valoró en su integridad la prueba aportada, señalando que no es posible valorar todos y cada uno de los elementos existentes.
La accionante denunció la lesión de los derechos al acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia y valoración probatoria, y al principio de seguridad jurídica, citando al respecto a los arts. 13, 14, 24, 115, 120 y 121 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo la nulidad del Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento de 26 de marzo de 2021 dictado por la Fiscal de Materia Margoth Vargas Jordán y la Resolución Jerárquica 111/21 de 25 de mayo de igual año, emitida por el Fiscal Departamental de Santa Cruz; ordenando además, se emita nueva Resolución de Sobreseimiento con la debida fundamentación y valoración probatoria, con costas y la sanción disciplinaria u ordinaria que corresponda.
Celebrada la audiencia pública el 11 de noviembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 191 a 196, se produjeron los siguientes actuados:
La peticionante de tutela a través de su abogado defensor ratificó el contenido íntegro de la acción de acción de amparo constitucional y ampliándola señaló: a) Durante el transcurso del proceso, el Ministerio Público no apoyó en el desarrollo de la investigación, emitiéndose una resolución de sobreseimiento en la que no se ejecutó una adecuada valoración probatoria, existiendo declaraciones testificales que incluso se perdieron; y, b) Impugnada tal determinación, se emitió la Resolución jerárquica, que incurrió en indebida fundamentación, motivación y valoración probatoria, lesionando el interés superior del menor de edad, que no consideró que existe prueba pendiente de entrega.
Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz, a través de informe escrito cursante de fs. 183 a 188 vta. solicitó se deniegue la tutela solicitada en base a los siguientes fundamentos: 1) El Ministerio Público en su función investigativa está obligado a defender la legalidad obedeciendo al principio de verdad material, exigiendo al juzgador a anteponer la averiguación de la verdad, teniendo como fin la justicia ante cualquier formalidad; además, se debe tener en cuenta, que esta instancia de conformidad al art. 70 y 72 del CPP, en su investigación tomarán en cuenta no solo las circunstancias que permitan comprobar la acusación, sino también las que sirvan para eximir de responsabilidad al imputado, formulando su requerimiento en base a estos criterios; 2) Se debe considerar que en Bolivia rige el principio de duda que implica aquellas situaciones exigentes de certeza que benefician al imputado; es decir, se constituye en una regla específica que obliga a absolver al imputado en caso de dudas razonables insuperables, cuando los elementos probatorios no alcanzan la convicción plena de la autoría; estableciendo que en el presente proceso, no se pudo establecer la participación de los imputados respecto al delito de lesiones graves y leves, encontrándose la Resolución Jerárquica enmarcada en las facultades establecidas por el art. 31.17 y 65 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. En audiencia; a través de su representante legal, agregó que: se consideró en todo momento el interés superior del menor de edad y que en los hechos, se evidencia que la lesión señalada por el Certificado Médico Forense, refiere un hematoma superficial que no amerita incapacidad legal; además, se identifica al padre del menor saliendo con el mismo, no existiendo orden judicial alguna que prohíba al progenitor a tener acceso a su hijo; por lo que, no existe hecho que permita subsumir adecuadamente la conducta al tipo penal, correspondiendo denegar la tutela solicitada. Margoth Vargas Jordán, Fiscal de Materia, apersonándose a audiencia, indicó que: i) No es cierto ni evidente que se vulneró derecho alguno, no siendo tampoco evidente que se solicitaron documentos dentro de la presente investigación; y, ii) Su persona carece de legitimación pasiva, puesto que su resolución al ser impugnada fue de conocimiento del Fiscal Departamental de Santa Cruz, cumpliendo con ello con sus funciones, incumpliendo además con el requisito de subsidiariedad, puesto que la vía se agota con la Resolución Jerárquica y no así con la resolución emitida por su persona, solicitando en consecuencia se deniegue la tutela solicitada.
Julio César Guzmán Robles y Natalia Elizabeth Gutiérrez Barrios, apersonándose a audiencia, a través de su abogado defensor indicaron que: i) La acción de amparo constitucional presentada carece de fundamentos jurídicos y legales, debiendo considerarse que no puede presentarse la misma en contra de la Fiscal de Materia, puesto que existe un estatuto jerárquico y la última resolución fue emitida por el Fiscal Departamental; ii) Las resoluciones emitidas son correctas; toda vez que, no existen lesiones en el menor y para que exista el delito, debe existir una acción, típica antijurídica y culpable; iii) En el proceso, la impetrante de tutela solicitó se emitan requerimientos para certificar porque sacaron al menor, suponiendo ella que era para sacarle una prueba de ADN; sin embargo, como unos quince laboratorios afirmaron que el menor nunca piso los mismos; iv) La Fiscal de Materia se basó en ciertos elementos probatorios alegando bajo el principio de objetividad, debiendo considerar que de los videos extraídos no existe nada respecto a los sindicados, además, de existir una declaración en Cámara Gesell de la cual recién se entera, donde el menor hace alusión de que no conoce a Julio César Guzmán Robles, dejando mucho que desear dicha declaración puesto que fue realizada tres años después de los hechos.
La Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz, a través de Resolución 175/2021 de 11 de noviembre, cursante de fs. 196 vta., a 202 denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: a) La jurisprudencia constitucional ha sido muy enfática al señalar que no es posible realizar la tutela de lo que se conoce como el principio de seguridad jurídica entendiendo que al ser un principio como tal no puede ser invocado vía acción de Amparo Constitucional, entendiendo que esta acción de defensa tutela derechos fundamentales y garantías constitucionales y procesales como es el debido proceso, entonces al ser la seguridad jurídica no tutelable vía acción de Amparo Constitucional no corresponde ingresar entonces a realizar una valoración sobre el supuesto planteado; b) El accionante debe tener presente que el Amparo Constitucional no puede ser utilizado por los sujetos procesales de manera indistinta que intervienen en un proceso judicial, como una vía para exigir que la jurisdicción constitucional revise si la decisión adoptada por la autoridad jurisdiccional o en este caso administrativa como es el Fiscal Departamental tienen signos de incoherencia en su estructura de los fundamentos jurídicos del fallo, si la interpretación de las normas aplicables al caso concreto han sido correctas, si la prueba fue debidamente valorada o no, pues cabe aclarar que la jurisdicción constitucional solo va a revisar una decisión la naturaleza actual, cuando existan evidencias materiales de la vulneración de sus derechos fundamentales o de las garantías constitucionales, dejando claramente establecida entonces la jurisprudencia constitucional que la interpretación de la legalidad ordinaria corresponde a la jurisdicción común y a la jurisdicción constitucional le compete verificar, si en esa labor interpretativa se cumplieron los requisitos de interpretación admitidos por el derecho y si a través de ese proceso interpretativo que considera en todo caso la peticionante de tutela arbitrario porque lo ha puntualizado en su acción, se lesionó el derecho fundamental al que hace referencia; c) La accionante confundió a este Tribunal de Garantías como si se tratase de un Tribunal de casación, que va a emitir un criterio realizando una valoración integral del requerimiento de ratificación de rechazo, ya que el accionante no nos ha expresado en esta audiencia como es que el intérprete en este caso la autoridad accionada realizó inadecuadamente una interpretación incorrecta de los argumentos y de los antecedentes existentes en el cuadernillo de investigación, no expresó que tipo de interpretación debió utilizar esta autoridad, en relación a los elementos de prueba que este considera existen pero que no han sido adecuadamente valorados; no expresó, como es que debió realizarse la valoración y la interpretación respecto a cada uno de aquellos elementos extrañados por este, pero que además no han sido puestos a conocimiento o expuestos por la impetrante de tutela; es decir, ha hecho referencia a la existencia de elementos de prueba recogidos en la investigación pero no valorados, sin embargo no señalo a cuales elementos se refiere y en qué consisten los mismos y cuál es la finalidad de la valoración a efectos de llegar a la conclusión que esté pretende indicando la manera y el modo de su interpretación. Se debe tener en cuenta que el Ministerio Público tiene el monopolio de la acusación pública y este Tribunal de Garantías, no puede involucrarse e inmiscuirse en aspectos que son exclusivamente de la jurisdicción administrativa, jurisdiccional administrativa investigativas si podemos entenderlo así como un operador de justicia que es el Ministerio Público, más aún todavía cuando de la lectura de los requerimientos y de la exposición realizada, entendiendo que se trata de un hecho en el que se encuentra involucrado una persona perteneciente a un grupo vulnerable y entendiendo que los protocolos internacionales como el Convenio Belem Do Para, Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de su abundante jurisprudencia exigen entre otras la debida diligencia en relación a la investigación, minuciosa, detallada, debiendo profundizarse la misma cuando se trata de situaciones de la naturaleza planteada o de la problemática resuelta en el proceso ordinario, cuando el Ministerio Público sostiene que pese al haberse cumplido con este tipo de protocolos la investigación arroja y llega a la conclusión que se ha arribado y este extremo sin duda alguna no ha sido lo suficientemente acreditado a efecto de que este Tribunal de Garantías pueda abrir la posibilidad de pronunciarse respecto a la problemática que el accionante plantea, dicho esto entonces asumiendo y entendiendo que las resoluciones del Fiscal Departamental cumple con las exigencias de la norma procesal penal; d) Se toma la decisión de denegar la tutela puesto de que el Ministerio Público cumplió con los estándares mínimos que implica el someter en calidad de víctima a un niño, niña o adolescente, en ese entendido lo aportado a este momento resulta totalmente insuficiente como para que nosotros podamos inmiscuirnos en la valoración que ha hecho la jurisdicción ordinaria en particular las actuaciones realizadas por el Ministerio Público, tanto por la Fiscal de Materia como por el Fiscal Departamental, en ese entendido corresponde denegar la tutela solicitada.
Por Decreto Constitucional de 9 de marzo de 2023, cursante a fs. 206, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 7 de diciembre de 2023 (fs. 242); por lo que, la presente Sentencia es emitida dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución de Sobreseimiento de 8 de febrero de 2021, a través de la cual la Fiscal de Materia Margoth Vargas Jordán -ahora demandado-, en aplicación de lo establecido en los arts. 13, 72, 73, 323.3, 278 in fine y 324 del CPP, definió que al no existir suficientes elementos de prueba necesarios para fundar una acusación contra de Julio César Guzmán Robles y Natalia Elizabeth Gutiérrez Barrios por la comisión de los delitos de lesiones graves y leves que corresponde prescindir de la persecución penal en su contra. Determinación asumida en base a los siguientes fundamentos: 1) En su acápite tercero denominado: “De las actuaciones de investigación que justificaron la imputación formal” señaló que se para la emisión de la imputación formal se acumularon los siguientes elementos de convicción: “Informe psicológico realizado por la psicóloga Lic. Alejandra Hinojosa Psicóloga Forense del Colegio de Psicólogos de Santa Cruz de la Sierra. Certificado Médico Forense realizado a NN de fecha 05 de Junio del 2019 por el Dr. Victor Hugo Azogue - Médico Forense del IDIF, en el cual concluye en que observa Equimosis Tenue y superficial que no amerita incapacidad médico legal. Evaluaciones del niño NN donde se tiene como profesora a la Lic. Natalia Gutiérrez Barrios, la misma que es profesora de la unidad educativa "30 de Marzo". Fotografías sobre la equimosis en el brazo derecho del niño NN. Denuncia Escrita presentada por la ciudadana María Angélica Cuellar Vaca de fecha 26 de Julio del 2020. Acta de Declaración prestada por la ciudadana María Angélica Vaca Cuellar de fecha 19 de Agosto del de 2019 la cual se ratifica en el tenor de su denuncia. Informe presentado por el investigador asignado dentro delpresente caso, de fecha 03 de Septiembre del 2019. Informes presentados por el director Lic. Julio Cesar Guzmán Robles en calidad de Director de la Unidad Educativa 30 de Marzo al Director Departamental de Educación. Acta de declaración prestada por la denunciada Natalia Elizabeth Gutiérrez Barrios de fecha 27 de Septiembre del 2019, donde la misma en presencia del abogado defensor de su preferencia y en conocimiento pleno de sus derechos constitucionales decide prestar su declaración Informativa policial indicando que el niño NN, asistía como oyente a la Unidad Educativa 30 Marzo, no siendo alumno regular, así también indica que el ningún momento toco al niño ni lo saco fuera del establecimiento educativo, porque no lo tendría permitido. Acta de declaración prestada por el denunciado Julio cesar Guzmán Robles de fecha 19 de Septiembre del 2019, donde el mismo en presencia del abogado defensor de su preferencia y en conocimiento pleno de sus derechos constitucionales decide prestar su declaración informativa policial indicando que tuvieron una reunión con la denunciante y la profesora y en ningún momento el niño habría salido de la unidad educativa, llegando a aclarar dicho mal entendido. Informe psicológico emitido por la Lic. Andrea Miglino Tardío en calidad de Psicóloga de los Servicios Legales Integrales Municipales. Acta de declaración prestada por la ciudadana Cleofe Chavaría Rojas, de fecha 27 de Noviembre del 2019, la misma que indica que un día vio a la Señora María Vaca ingresando a la escuela de la mano con su hijo, en eso fue que las madres de familia de los demás niños empezaron a amedrentarla e insultarla de loca y además no la dejaban ingresar a la escuela, donde posterior a eso también indica que vio al director Julio Abg. Gricet Olmos Pena Cesar Guzmán y a la señora Natalia Elizabeth Gutiérrez Barrios amedrentando a la señora María Angélica Vaca, también hace conocer que en un grupo de WhatsApp de la escuela una madre de familia indica que ya había hablado con la profesora Natalia para contratar un sicario, también hace conocer que cuando recogía a su nieta, le pregunta que porque no le colocaron carita feliz y ella le responde que solo le colocaron carita feliz al niño NN porque él salió con la profesora Natalia. Acta de declaración prestada por la ciudadana Daniela Lucia Méndez Vaca de fecha 27 de Noviembre del 2019, donde la misma indica que el niño NN le habría indicado que la Profesora Natalia lo habría sacado en un vehículo Rojo con negro rumbo al doctor para sacarle sangre. Acta de declaración prestada por la ciudadana Marilia Ugarte Vaca de fecha 27 de Noviembre del 2019. Informe Técnico Criminalístico de desdoblamiento de un celular realizado por el IITCUP de fecha 23 de Septiembre del 2019. Informe Técnico Criminalístico de desdoblamiento de elemento remitido de un celular de fecha 23 de Septiembre del 2019 donde se ve a una mujer acompañada de un niño quienes caminan la acera, fuera del colegio. Informe presentado por el investigador asignado dentro del presente caso de fecha 29 de Noviembre del 2019. Acta de declaración prestada por el ciudadano JOSE ANDRES CENTENARIO ORELLANA de fecha 29 de Noviembre del 2019. Acta de declaración prestada por la ciudadana Cecilia Alejandra Saucedo Narváez de fecha 02 de Diciembre del 2019. Acta de declaración prestada por la ciudadana Mary Gutiérrez Palachay de fecha 02 de Diciembre del 2019. Acta de declaración prestada por la ciudadana Leidi Lanza Cabrera de fecha 09 de Diciembre del 2019. Informe Técnico Criminalistica realizado por el IITCUP de fecha 30 de Diciembre del 2019. Informe técnico Criminalistico realizado por el TCUP de fecha 24 de Febrero del 2020. Imputación formal presentada en contra de Natalia Elizabeth Gutiérrez Barrios y Julio Cesar Guzmán Robles de fecha 07 de Septiembre del 2020” (sic). 2) En su acápite cuarto denominado: “DE LA ACUMULACIÓN DE PRUEBAS EN LA ETAPA PREPARATORIA A LOS EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN FISCAL CONCLUSIVO” señaló la existencia de: “Informe Técnico pericial remitido por el llTCUP de fecha 18 de Enero del 2021 donde se logra evidenciar las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del Colegio de fecha 31 de Mayo del 2019 y 01 de Junio del 2019. Respuesta a requerimiento emitida por la Lic. Verónica Barrientos Chuveyse en su calidad de Director Distrital de educación a.i. Nº 3 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Respuesta a requerimiento emitida por la Lic. Verónica Barrientos Chuveyse en su calidad de Director Distrital de educación a.i. Nº 3 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierr mediante DDE-SC-38 N° 6/2021 de fecha 26 de Enero del 2021. Grabación de la entrevista psicológica realizada al niño NN, realizada en la cámara Gesell, la misma que fue ofrecida como Anticipo de Prueba” (sic). 3) En su acápite sexto denominado “FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA” señaló textualmente que:
“De los antecedentes acumulados en lo precedentemente expuestos es que a los efectos de pronunciarse por una de las formas establecidas en el art. 323 del C.P. Penal y resolver sobre la situación jurídica de los imputados JULIO CESAR GUZMAN ROBLES Y NATALIA ELIZABETH GUTIERREZ BARRIOS, se debe analizar sobre el hecho ilícito que se le ha imputado (LESIONES GRAVES Y LEVES), lo cual no se han encontrado elementos e indicios suficientes para que se pueda atribuir la autoría del delito señalado a los imputados al existir dentro del cuadernillo de investigaciones:
• Tomando en cuenta que lo que motiva la apertura de esta Investigación seria que la señora María Angélica Vaca Cuellar donde Indica que su hijo NN habría llegado a domicilio con una lesión en su brazo derecho y que este le Indica que la profesora Natalia Elizabeth Gutiérrez junto con el director Julio Cesar Guzmán Robles (Funcionarios del colegio 30 de Marzo), lo habrían sacado de la unidad educativa en un auto rojo para llevarlo donde un médico a sacarle sangre para un estudio de ADN, todo esto motivado por el padre del niño, por lo que con relación al tipo penal Investigador se tiene un certificado médico Forense realizado por médico Forense del IDIF Msc. Dr. Víctor Hugo Azogue, donde del mismo se tiene que se realiza evaluación al niño NN en fecha 05/06/2019 si bien Indica que en la extremidad superior presenta, Equimosis tenue de 01 cm de diámetro en la región anterior del brazo derecho, en las consideraciones médicos legales Indica claramente que "NO SE OBSERVA SIGNOS DE TRAUMATISMO POR INSTRUMENTO PUNZOCORTANTE O CORTANTE" llegando a concluir en "EQUIMOSIS TENUE Y SUPERFICIAL QUE NO AMERITA DIAS DE INCAPACIDAD" por lo que se define como equimosis a los moratones o hematomas. Se trata de manchas violáceas en la piel como consecuencia de un golpe, aunque tienen otras causas, pero sin embargo en este evaluación no se observa signos por Traumatismo Por Instrumento Punzocortante o cortante, por lo que no habría signos de que al niño se le llego a extraer Sangre, por lo que también se tiene que el tipo Penal de Lesiones Graves y Leves para establecer una sanción a este delito se consideran los días de impedimento para la misma, situación que no se da en dicho caso.
• Se tiene fotografías de la lesión en el niño donde se observa un hematoma en el brazo derecho de color blanquecino, sin embargo no se observaría la punzacion de la aguja con la cual supuestamente se habría extraído sangre.
También se tiene CERTIFICACIONES de los distintos laboratorios en los cuales se realizan Pruebas de ADN como ser (LES, LABOGEN, BIOGENETICS, GENE- EX, ZUNA, IBC), donde se tiene que de la búsqueda de las diferentes bases de datos con el nombre de NN CON C.1.:15134454 SC NO se encuentra ese dato.
De igual manera Cursa un desdoblamiento de un Flash Memory donde se tiene que en este hay un video de unas cámaras de seguridad de fecha 31 de Mayo del 2019 a horas 16:56 donde se observaría una persona de sexo femenino (vistiendo chompa rosada y pantalón negro) acompañando a un niño (vistiendo chompa azul y pantalón jeans Claro) quienes caminan por la acera con un paraguas, sin embargo llama la atención que en una de las páginas de dicho desdoblamiento la vestimenta de las personas sería diferente, ya que en la Imagen de arriba no sería coincidente ni el color del paraguas; de igual manera se tiene otro desdoblamiento de una grabación de las cámaras de seguridad del Colegio 30 de Marzo desde horas 13:58 hasta horas 16:51 pm del día 31 de Marzo del 2019, donde hasta esa hora no se evidencia salir al niño del colegio, sin embargo no se observa al director del colegio (JULIO CESAR GUZMAN ROBLES) por ningún lado.
Por un lado sobre la acumulación de elementos, existen entre ellas las pruebas consideradas como prueba plena, que pueda llegar a determinar la participación única y exclusiva en el presente hecho, sea atribuible a JULIO CESAR GUZMANR ROBLES Y NATALIA ELIZABETH GUTIERREZ BARRIOS, ASIMISMO SE ESTABLECE LA DUDA DE LA PRESUNCIÓN DE AUTORÍA DEL HECHO. Al respecto en menester analizar los ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO calificado provisionalmente con LESIONES GRAVES Y LEVES previsto y sancionado en el Art. 271 del Código Penal, que a letra dice:
Artículo 271. (Lesiones Graves y Leves). Se sancionará con privación de libertad de tres (3) a sels (6) años, a quien de cualquier modo ocasione a otra persona un daño físico o psicológico, no comprendido en los casos del Artículo anterior, del cual derive incapacidad para el trabajo de quince (15) hasta noventa (90) días.
Si la incapacidad fuere hasta de catorce (14) días, se Impondrá al autor sanción de trabajos comunitarios de uno (1) a tres (3) años y cumplimiento de instrucciones que la jueza o el juez determine.
Cuando la víctima sea una niña, niño, adolescente o persona adulta mayor la pena será agravada en dos tercios tanto en el mínimo como en el máximo.
Elementos constitutivos del tipo penal:
a. El delito es un acto humano (acción u omisión); se origina pues en la actividad humana, b. El delito es un acto humano antijurídico, está en oposición a la norma jurídica, debe lesionar o poner en peligro un bien jurídicamente protegido.
c. Debe ser al mismo tiempo conducta típica o sea que corresponde a un tipo legal definido por ley.
d. Deber ser culpable, es decir, imputable a dolo o culpa y que puede ligarse a una persona (NEXO DE CAUSALIDAD)
e. Debe ser sancionable con una pena, pues sin ella la acción o la omisión no existe.
Que en el presente caso, si bien se ha emitido una imputación formal en contra de JULIO CESAR GUZMANR ROBLES Y NATALIA ELIZABETH GUTIERREZ BARRIOS, se tiene que desarrolladas las investigaciones y habiéndose efectuado un análisis integral en base al principio de objetividad y otros principios rectores del derecho en cuanto a los elementos y/o indicios colectados y que no son fundamentos sólidos para sustentar una acusación, la misma que no debe encontrarse fundada únicamente en la sindicación efectuada por el denunciante sino en elementos técnicos y sustentables que demuestren fehacientemente que el denunciado participó en el hecho investigado, es decir, para efectuar un requerimiento conclusivo de acusación formal, más allá de la literatura penal, también se debe tomar en cuenta y sobre todo aplicar el principio de certeza y el de objetividad, además de otros principios del derecho, todo ello en el marco del resguardo y respeto de los derechos y garantías de los sujetos procesales y del mismo debido proceso.
Por lo que, responde a lo inútil continuar un proceso penal, cuyo resultado indudablemente seria ineficaz. toda vez que los elementos y/o indicios colectados no genera un nexo causal entre el hecho y cual el grado de participación de los imputados, en este hecho, (autor, autor mediato, instigador y cómplice), por lo tanto ante la inexistencia de prueba exclusiva que penalmente incrimine a JULIO CESAR GUZMANR ROBLES Y NATALIA ELIZABETH GUTIERREZ BARRIOS, en el presente hecho, quien a su vez y de los actuados fiscales, adjuntos y arrimados al cuaderno de investigación, existen descargos presentados por esta última.
Por tanto las pruebas acumuladas constituyen elementos suficientes para que en aras de la objetividad y, en estricta aplicación del aforismo jurídico "In Dubio Pro Reo que a la letra dice: "preferible absolver a un culpable que sentenciar a un Inocente. (…) Debemos tomar en cuenta que la prueba fehaciente y con certeza es la única que desvirtúa la presunción de inocencia siempre y cuando cuel la misma sea probada en juicio y con sentencia ejecutoriada. La clo prueba es el medio más confiable para descubrir la verdad real y, a la vez es la mayor garantía contra la arbitrariedad de las decisiones judiciales; la búsqueda de la verdad, fin inmediato del proceso penal que debe desarrollarse.
La valoración de las pruebas debe circunscribirse en el principio de objetividad y no fundarse en elementos puramente subjetivos o supuestos, por lo que es importante recordar que en la mente del juzgador, ante un caso, se deben regir las fases intelectuales de "VERDAD Y CERTEZA". pudiendo presentarse en los estados intermedios "DUDA, PROBABILIDAD O IMPROBABILIDAD".QUE SOLO LA "CERTEZA" SOBRE LA CULPABILIDAD DEL IMPUTADO, AUTORIZARA UNA CONDENA EN SU CONTRA, PUES GOZANDO ÉSTE DE UN ESTADO JURÍDICO DE "INOCENCIA". constitucionalmente reconocida y legalmente reglamentada, únicamente podrá ser declarado culpable una persona, cuando las pruebas hayan producido la MAS PLENA CONVICCIÓN DEL TRIBUNAL aplicando el principio del "INDUBIO PRO REO", "MAS VALE ABSOLVER A UN CULPABLE QUE CONDENAR A UN INOCENTE", y el PRINCIPIO de FAVORABILIDAD, este básico en toda hermenéutica interpretativa de los derechos y garantías fundamentales, dado que el intérprete está obligado a optar por aquel entendimiento interpretativo que desarrolle de mejor forma y con la mayor efectividad los derechos, principios y valores que consagran el orden constitucional a que tienen derechos todos los ciudadanos de este país, apoyados a su vez por el principio constitucional del estado de derecho, más aun cuando existe "DUDA RAZONABLE", sobre la PARTICIPACIÓN DE LOS IMPUTADOS EN LA COMISIÓN DEL ILÍCITO.
Es menester hacer mención la interpretación de la doctrina penal y la teoría del delito, que señala que, para que se confirme y materialice la comisión de un delito, es necesario e imprescindible, que exista la conducta activa de un sujeto en el ilícito penal, y éste debe reunir en su accionar los siguientes elementos: La acción, la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad y la imputabilidad del agente; y ante la falta o ausencia de uno de los elementos señalados por la doctrina penal en la conformación del delito, no se puede considerar la existencia del mismo, por lo que no es suficiente la simple mención del ilícito cometido, sino que, éste debe demostrarse con la participación del sujeto activo, y su accionar debe adecuarse a la tipicidad descrita por el legislador en la norma sustantiva, con todos los elementos que integran el tipo penal; debiendo existir evidencias sustentables de los tipos penales denunciados e investigados y que los mismos deben ser ofrecidos, producidos y probados en un juicio oral, público y contradictorio, y no sobre la base de un indicio sino sobre la existencia de prueba plena.
De ahí la S.C. Nº 1252/2005-R. que se pronuncia (respecto de la potestad que tiene el Ministerio Público para dictar Sobreseimiento) señala es potestad del Fiscal a cargo de la investigación a la conclusión de ésta, disponer de manera fundamentada el Sobreseimiento del o los imputados, cuando del análisis de los antecedentes cursantes en el cuaderno de investigación se establezca la insuficiencia de elementos probatorios para sustentar la acusación. Por otro lado siguiendo la línea del principio de objetividad, previsto por el Art. 72 del C.P.P., en virtud del cual los Fiscales en su investigación deben tomar en cuenta no solo las circunstancias que permitan comprobar la acusación, sino también las que sirvan para eximir de responsabilidad a los imputados como es el presente caso, se debe tomar en cuenta la valoración de los elementos probatorios, si estos son suficientes o insuficientes (sic [fs. 148 a 154]). II.2. Consta Memorial de Impugnación al sobreseimiento de 12 de abril de 2021, a través del cual la ahora accionante fundamentó la existencia de los siguientes agravios: i) No se podía emitir la Resolución de Sobreseimiento al existir actividades procesales inconclusas, como ser la lectura de lo declarado en Cámara Gessell; ii) No se tomó en cuenta, de forma individualizada las abundantes pruebas tanto testificales, evaluaciones psicológicas, el flujo de llamadas salientes y otros desdoblamientos de videos, audios, mensajes de WhatsApp, copia de las grabaciones de cámaras de seguridad y otros; iii) No se dio lectura siquiera a los elementos presentados otorgándoles un valor acorde, negándole además, el acceso a las cámaras de seguridad de la Unidad Educativa “30 de marzo”, indicándole que debe requerir tal aspecto vía judicial; iv) Se debió solicitar ante el Juez de Instrucción correspondiente, la detención preventiva al existir los suficientes indicios de culpabilidad y riesgos procesales; v) No se llegó a fundar adecuadamente la Resolución de Sobreseimiento, contraviniendo el art. 323 del CPP (fs. 230 a 237).
II.3. Se tiene Resolución Fiscal Departamental RRMM 111/21 de 25 de mayo de 2021, a través de la cual se dispuso ratificar la Resolución de Sobreseimiento emitida por la Fiscal de Materia Margoth Vargas Jordán a favor de los imputados Julio Cesar Guzmán Robles y Natalia Elizabeth Gutiérrez Barrios, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves. Determinación asumida en base a los siguientes fundamentos: a) En su acápite denominado: “Valoración de los elementos de convicción en relación con el hecho” señaló que:
“…revisado el cuaderno de investigaciones se tiene que cursan MULTIPLES ELEMENTOS DE CONVICCION EMPERO NO ES POSIBLE VALORAR TODOS Y CADA UNO DE ESTOS, ES NECESARIO VALORAR LOS MISMOS DE ACUERDO A SU UTILIDAD, PERTINENCIA, LICITUD. OMITIENDO LOS IMPERTINENTES O EXCESIVOS, y sobre esta base debemos determinar si son suficientes o no para destruir el estado de presunción de inocencia en los imputados, a tal efecto y con fines de facilitar el entendimiento de la presente, solo se van a considerar aquellos que tienen relación y relevancia sea con el hecho o sea jurídicamente, dejando a un lado a los excesivos, impertinentes o ilegales (…) II.FUNDAMENTACIÓN PROBATORIA DESCRIPTIVA. Que; en la fase preliminar, de acuerdo a los datos cursantes en el cuaderno de investigaciones, se tienen las siguientes actuaciones: • Formulario de denuncia de fecha 10 de julio del 2.019 (fs. 1) • Informe al control jurisdiccional, la denuncia en contra de Julio Cesar Guzmán Robles y Natalia Elizabeth Gutiérrez Barrios, por el presunto delito de Lesiones Graves y Leves, de fecha 26/07/2019 (fs. 2). Evaluación psicológica pericial, emitido por Alejandra Hinojosa del Colegio de Psicólogos, de fecha 22/07/2019 (fs. 7 a 13). Certificado forense del menor NN, observando equimosis tenue de 1 cm de diámetro en región anterior de brazo derecho, no se observa traumatismo por instrumento punzante o cortante; emitida por el médico forense Victor Azoge del IDIF, de fecha 05/06/2019 (fs. 14). Denuncia escrita, de fecha 16707/2019 (fs. 25 a 28). Declaración informativa de la denunciada Natalia Elizabeth Gutiérrez Natalia Barrios, de fecha 27/09/2019 (fs. 103). Declaración informativa del denunciado Julio Cesar Guzmán Robles, de fecha 19/09/2019 (fs. 104). Respuesta a requerimiento del laboratorio ENDOGENETICA, indicando no tener el registro de atención en laboratorio del menor NN, de fecha 07/10/2019 (fs. 191). Respuesta a requerimiento del laboratorio LABOGEN, indicando no tener el registro de atención en laboratorio del menor NN, de fecha 07/10/2019 (fs. 192). Respuesta a requerimiento del laboratorio BIOGENETICS, indicando no tener el registro de atención en laboratorio del menor NN, de fecha 07/10/2019 (fs. 194). Respuesta a requerimiento del laboratorio Dr. ZUNA, indicando no tener el registro de atención en laboratorio del menor NN, de fecha 08/10/2019 (fs. 206). Respuesta a requerimiento del laboratorio IBC, indicando no tener el registro de atención en laboratorio del menor NN, de fecha 07/10/2019 (fs. 208). Informe Psicológico del menor NN, emitido por la Defensoría de la Niñez DNA, relata el acontecimiento en el que involucra a su profesora de llevarlo a extracción de muestra de sangre, de fecha 21/10/2019 (fs. 217 a 223). Declaración testifical de Cleofe Chavarria Rojas, de fecha 27/11/2019 (fs. 243). Declaración testifical de D. Lucia Méndez Vaca, en su calidad de portera de fecha 27/11/2019 (fs. 245). Informe técnico criminalístico de desdoblamiento emitido por el IITCUP, de fecha 23/09/2019 (fs. 251 a 271). Declaración testifical de José A. Centenario O., de fecha 27/11/2019 (fs. 307). Declaración testifical de descargo de Cecilia Alejandra Saucedo Narvaez. en su calidad de auxiliar de la unidad educativa, indicando que el menor Se Vanir Torrez Vaca asiste como oyente porque no está inscrito, fue aceptado de buena fe por la profesora Natalia, de fecha 02/12/2019 (fs. 309). Declaración testifical de descargo de Mary Gutiérrez Palachay, en su calidad de portera de la unidad educativa desconoce el hecho que se investiga, de fecha 02712/2019 (fs. 311). Resolución de IMPUTACION FORMAL contra Julio Cesar Guzmán Robles y Natalia Elizabeth Gutiérrez Barrios, por el presunto delito de Lesiones Graves y Leves, de fecha 07/09/2020 (fs. 474 a 477). Informe técnico criminalistico de desdoblamiento de imágenes de la unidad educativa 30 de marzo, los días 23 y 28 de mayo/2019, emitido por el IITCUP, de fecha 26/10/2020 (fs. 251 a 271). Declaración testifical de Angel Torres Jorge, en su condición de padre del menor Se Vanir Torrez Vaca, de fecha 30/11/2020 (fs. 523). Informe DDE SC-3 No. 88/2019, de la Unidad educativa 30 de marzo, en el que se indica que entre la lista de alumnos vacunados en mayo del 2019, en el centro de salud "El Carmen" el niño aludido Se Vanir Torrez Vaca menor de 4 años; no estaría en la lista (fs. 682 a 690). Requerimiento de pericia para determinar la credibilidad del testimonio de la víctima, respecto al hecho denunciado - Evaluar el estado emocional y posible daño psicológico del menor y la presencia de posibles secuelas, estrés post traumático que hubiere sufrido la víctima - Evaluar establecer la alienación parental para descartar la manipulación parental de su progenitora, de fecha 08/02/2021 (fs. 699). Resolución fiscal de Sobreseimiento a favor de los imputados Julio Cesar Guzmán Robles y Natalia Elizabeth Gutiérrez Barrios, de fecha 26/03/2021 (fs. 717 a 723) Memorial de Objeción presentado por la denunciante, en fecha 12/04/2021 (fs. 750 a 757)” (sic).
b) En su acápite denominado “Fundamentación probatoria intelectiva” indicó que:
“La valoración de los elementos de convicción, debe ser realizada bajo las reglas de la sana crítica. La denuncia, donde se refieren los hechos, este es un medio licito, útil, pertinente que en caso de ser necesario podría ser introducido por su lectura en juicio oral y público según disponen los artículos 171 en relación al artículo 333 del C. P. Penal (solo la denuncia), sin embargo este elemento debe ser contrastado con los elementos cursantes en el cuaderno de investigaciones, por cuanto si bien es cierto una denuncia es un medio probatorio, también es cierto que este debe ser ratificado y contrastado con otros independientes de la denuncia, la denuncia por presunto delito de lesiones graves y leves, hecho suscitado el 01 de junio de 2019, cuando la madre del menor NN de 5 años de edad, descubre una marca característica de inyectable y un moretón en su antebrazo derecho, indicando el menor que el día anterior, fue sacado de la unidad educativa "30 de marzo" por su profesora NATALIA ELIZABETH GUTIERREZ BARRIOS quien lo lleva a un médico donde le sacaron sangre, sin embargo al pedir explicación al director JULIO CESAR GUZMAN ROBLES del kínder, se niegan a mostrar las cámaras de seguridad, negando lo informado por el menor, finalmente el 13 de junio la profesora habría convocado a padres de familia para impedir el ingreso del menor con el argumento de ser problemático causando humillación al menor. Certificado forense del menor NN, observando equimosis tenue y superficial en región anterior de brazo derecho que no amerita incapacidad médico legal, NO SE OBSERVA TRAUMATISMO POR INSTRUMENTO PUNZANTE O CORTANTE: emitida por el médico forense Víctor Azoge del IDIF, de fecha 05/06/2019. Declaraciones testificales de descargo de Cecilia Alejandra Saucedo Narvaez y Mary Gutiérrez Palachay, quienes en su condición de auxiliar y portera de la unidad educativa, indican que el menor NN asiste como oyente porque no estaba formalmente inscrito, fue aceptado por la profesora Natalia, desconociendo el hecho que se investiga. Respuesta a requerimiento del laboratorio ENDOGENETICA, LABOGEN, BIOGENETICS, DZIA, IBC indicando no tener el registro de atención en laboratorio del menor NN, de fecha 07/10/2019. Informe DDE SC-3 No. 88/2019, de la Unidad educativa 30 de marzo, en el que se indica que entre la lista de alumnos vacunados en mayo del 2019, en el centro de salud "El Carmen" el niño aludido NN menor de 4 años; no estaría en la lista” (sic).
c) En el subtítulo denominado “Fundamentación jurídica de la resolución” estableció de manera genérica los parámetros normativos de la competencia del Ministerio Público, agregando que los actos investigativos deben enmarcarse en los principios de legalidad y objetividad; además, se desglosó que el hecho denunciado sería el delito de Lesiones Graves y Leves, agregando que:
“De la valoración integral que se realiza de los elementos indiciarios cursantes en el cuaderno de investigación, independientemente de la obligación del director funcional de la investigación de promover la acción penal, del certificado médico se establece que la denuncia no ha sido comprobada por elementos consistente que confirmen la existencia del hecho y la posible participación de los imputados JULIO CESAR GUZMAN ROBLES Y NATALIA ELIZABETH GUTIERREZ BARRIOS en el delito de "Lesiones graves y leves", imponiéndose la inexcusable obligación de aplicar el PRINCIPIO DE DUDA, que rige el sistema procesal penal en Bolivia, que no significa otorgar espacios para la arbitrariedad; sino que las pruebas valen según el grado de convicción que se genere en el juzgador, de modo que si la convicción de la autoría del imputado no alcanza la plenitud, ingresará el principio in dubio pro reo que tiene su fuente de origen en el principio de presunción de la inocencia, significa que aquellas situaciones excluyentes de certeza benefician al imputado; es decir, se constituye en una regla especifica que obliga a absolver en caso de dudas razonables insuperables. En consecuencia, analizados los elementos de la investigación son insuficientes para establecer el NEXO DE CAUSALIDAD entre la conducta del denunciado al tipo penal previsto en el Art. 271 del CP” (sic).
Consiguientemente, la Resolución desarrolló los postulados de la doctrina penal y teoría del delito, recalcando la necesidad de ejecutar una subsunción del hecho al tipo penal denunciado, además de desarrollar el alcance de la imputación objetiva señalando que para que se considere la comisión de un ilícito se debe determinar la creación de un riesgo jurídico-penalmente relevante o no permitido; la realización del riesgo imputable en el resultado y la concurrencia de todos los elementos objetivos y subjetivos en la conducta del agente con el tipo de injusto imputado. Posteriormente, se desarrolló el reconocimiento otorgado por el estado a la presunción de inocencia, la prevalencia del derecho sustancial respecto al formal y los alcances de la garantía del debido proceso, enfocándose en la aplicación del principio de legalidad y derecho a la defensa. También, se pronunció respecto a la competencia del Ministerio Público para emitir la resolución de sobreseimiento, señalando de forma precisa que:
“…el fiscal determina el sobreseimiento sobre la base de la inexistencia evidente del hecho, de su atipicidad en la ley penal o de la certeza que el imputado no participó en la comisión del ilícito; asimismo, el precepto admite que en caso de no contar con suficientes elementos de convicción respecto al delito investigado, la autoridad fiscal también puede sobreseer al imputado, al no contar con fundamentos sólidos para sustentar una acusación; esta licencia, responde a lo inútil de iniciar un proceso penal, cuyo resultado resultaría indudablemente ineficaz
FINALMENTE, EL ART. 278 INFINE, DEL C.P.P., ESTABLECE QUE "EL FISCAL SE ABSTENDRÁ DE ACUSAR CUANDO NO ENCUENTRE FUNDAMENTO PARA ELLO" como ocurre en la presente causa, donde no existen suficientes elementos para sustentar una acusación en un posible juicio Oral público y contradictorio, lo que nos hace ver que es imposible destruir el principio de inocencia consagrado a favor de todo imputado por la Constitución Política del Estado. En el presente el fiscal de materia ha hecho una valoración correcta, lógica y razonable al emitir la resolución de sobreseimiento de fecha 26 de marzo de 2021” (sic [fs. 218 a 229]).
La accionante alega la lesión de los derechos al acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia y valoración probatoria; toda vez que, dentro del proceso penal seguido a instancia suya en representación de su hijo menor de edad contra Julio César Guzmán Robles y Natalia Elizabeth Gutiérrez Barrios, por el delito de lesiones graves o leves; 1) Se emitió Resolución de Sobreseimiento de 26 de marzo de 2021 por la Fiscal de Materia Margoth Vargas Jordán, incurriendo la misma en los siguientes agravios: 1.i) No se valoró, ni interpreto las pruebas aportadas, omitiendo otorgarle valor a cada prueba presentada, inobservando el principio de objetividad; 1.ii) En caso, de considerar que los hechos denunciados no se adecuaban al tipo penal denunciado, debió emitir pliego acusatorio por el delito de rapto propio; 1.iii) Señaló de forma errónea que la conducta no es típica, y que no se demostró el grado de participación de los imputados, pero en el transcurso de la investigación se le negó rotundamente la revisión de las cámaras de seguridad de la Unidad Educativa, indicándole que tal aspecto se debía solicitar por la vía judicial; 1.iv) La Resolución carece de fundamentación y motivación; puesto que, no solo debió circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes y hacer una relación de las pruebas existentes; 2) Emitida la Resolución Jerárquica 111/21 de 25 de mayo de 2021, por el Fiscal Departamental de Santa Cruz, incurrió en los siguientes agravios: 2.a) Realiza únicamente una transcripción de los aspectos generales del sobreseimiento, sin considerar ni valorar las pruebas existentes de forma individualizada; 2.b) No consideró los agravios expuestos por su persona en su memorial de impugnación; 2.c) Concluyó que la Resolución de Sobreseimiento se enmarca en la objetividad del hecho denunciado como de la norma legal aplicada, sin señalar cual es la prueba o acto que le lleva a formar ese criterio, careciendo la resolución de la debida fundamentación y motivación. En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, para ello, se desarrollarán los siguientes temas: i) Sobre la fundamentación, motivación como elementos del debido proceso y su exigencia en las resoluciones emitidas por el Ministerio Público; ii) El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso; iii) La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional; y, iv) Análisis del caso concreto.
La Constitución Política del Estado a través de su art. 115.II de la CPE, prevé: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; y, art. 117.I, “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…”; por lo que, a partir de estos preceptos legales se tiene que el derecho al debido proceso se encuentra reconocido en el texto constitucional, y de las interpretaciones efectuadas por el Tribunal Constitucional, se reconoció que este derecho comprende una triple dimensión, es decir como principio, garantía jurisdiccional y derecho fundamental -SC 0316/2010-R de 15 de junio- , con el cual se busca garantizar la sujeción estricta a las reglas procesales establecidas en el orden jurídico de cada materia, a cuyo efecto busca la materialización de los valores justicia e igualdad en la labor de impartir justicia.
En ese sentido, entre los elementos que conforman el debido proceso están la fundamentación, motivación y congruencia, los cuales en una concepción general se constituyen en una exigencia ineludible para las autoridades que vayan a emitir una resolución sea esta judicial o administrativa, puesto que el correcto desarrollo de estos, permitirá al justiciable entender y comprender el porqué de la decisión respecto de su pretensión; es decir, podrá conocer el sustento normativo sustantivo y adjetivo, además de las razones claras y concretas del porque dicho respaldo normativo se ajusta al caso concreto y finalmente la certidumbre de que todas sus pretensiones fueron consideradas en coherencia con lo peticionado y lo resuelto. Así, la SCP 0469/2018-S2 de 27 de agosto, efectuando una breve sistematización de la distinción entre los elementos de fundamentación y motivación desarrollada en la SCP 1291/2011-R de 26 de septiembre; y, citando a la SCP1414/2013 de 16 de agosto, señalo que la misma desarrollo el siguiente entendimiento sobre la distinción de estos dos elementos del debido proceso:
“Esta distinción jurisprudencial entre fundamentación y motivación desde la protección del contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada -Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 de 8 de noviembre y 0100/2013 de 17 de enero- no sólo visibiliza un uso diferenciado de términos, sino una distinción conceptual que incide en la exigencia de justificación de toda decisión; toda vez que: a) La fundamentación se refiere a la obligación de las autoridades, en especial de las jurisdiccionales, de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en los que se apoye su determinación, así como de justificar la utilización de dichas disposiciones normativas o de interpretarlas de una determinada manera; es decir, consiste en la justificación normativa de la decisión que da por resultado la construcción de la premisa normativa; en cambio; y, b) La motivación hace referencia a la serie de razonamientos lógico-jurídicos que permiten entender, por qué un determinado caso se ajusta a la hipótesis normativa planteada en el mismo, significa que la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión que el acto concreto que se trate, se encuentra por una parte, probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las que considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra, explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal, elementos con los cuales se realiza la justificación fáctica de la decisión y se construye la premisa fáctica” (el resaltado corresponde al texto original).
Bajo esos preceptos y consideraciones jurisprudenciales sobre el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, se tiene que su observancia es de igual forma exigible en las resoluciones emitidas por el Ministerio Público, puesto que, resulta de vital importancia que estos expresen las razones y motivos por los que asumen una determinación, sin que sea suficiente un simple enunciado general, dado que la función de dirigir la investigación constituye una función clave en el sistema penal para asegurar la imparcialidad judicial y para permitir que la investigación se realice con parámetros eficientes. Entonces, al corresponderle al Fiscal asumir decisiones acerca del inicio, desarrollo y futuro de la investigación y, entre otros aspectos, resolver su continuación, decidir su suspensión u otras medidas, estas deben ser adoptadas en resoluciones que justifiquen y expliquen fundamentada y motivadamente el por qué y cómo se llegó a la decisión tomada.
Sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público, la SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, sostuvo que:
“…cabe señalar que toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al contenido de fondo, no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver. Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura señalada, resulta obvio que su decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión; y de incurrirse en esta omisión al disponer sobreseimiento a favor de la parte imputada, la víctima podrá impugnar el requerimiento ante el superior jerárquico, y si éste igualmente incurre en la misma omisión, quedará abierta la jurisdicción constitucional para que acuda a la misma en busca de protección a sus derechos a la seguridad jurídica y de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, cuyo alcance no abarca, como se dijo, a que la parte acusadora pretenda que este Tribunal obligue a un Fiscal a presentar obligatoriamente la acusación si no únicamente a que dicha autoridad emita su requerimiento conclusivo debidamente fundamentado como lo exigen las normas previstas por los arts. 45. 7) de la LOMP, 73 y 323.3 del CPP” (las negrillas son ilustrativas). En esa misma línea la SCP 0426/2014 de 25 de febrero, reiteró dichas exigencias y complementando la misma señaló que, la fundamentación y motivación debe ser emitida de manera clara y concreta, bajo un sustento apegado en derecho que permita conocer y convencer al justiciable las razones de la determinación, estableciendo que tal obligación también debe ser observada por la autoridad Fiscal Jerárquica. Bajo ese uniforme razonamiento seguido por este Tribunal, la SCP 0641/2018-S2 de 15 de octubre, explico que, siendo el Ministerio Público quien ejerce la acción penal pública cumpliendo el mandato inserto en el art. 225 de la CPE, lo cual le obliga a desarrollar sus funciones y facultades respetando los derechos fundamentales y garantías constitucionales y bajo el principio de objetividad entre otros, que se encuentran contemplados por la norma fundamental; en tal sentido, sus determinaciones conclusivas luego de la etapa de investigación, deben ser emitidas cumpliendo los parámetros del debido proceso, puesto que estos son requisitos ineludibles a cumplir por cualquier autoridad judicial o administrativa de la cual no está exenta el Fiscal; así, en el marco de esos preceptos la cita SCP 0641/2018-S2 estableció que:
“Consecuentemente, cuando el Ministerio Público tome una determinación que resuelva la situación jurídica del ciudadano al que se le atribuye la comisión de un delito, pudiendo ser: i) Rechazo de una querella; ii) Imputación formal; y, iii) Sobreseimiento; son supuestos, en los cuales debe tener en cuenta todos los elementos probatorios presentados por las partes; es decir, de cada medio probatorio, sea éste, testifical, documental, pericial, entre otros; valorando la información que extrae de cada uno de ellos de manera individual, y en conjunto de forma integral, cuya apreciación debe estar acorde con las reglas de la sana crítica; es decir, no debe contradecir las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia o los conocimientos científicos, que necesariamente deben estar plasmados en la resolución a través de una debida motivación y fundamentación, conforme lo exige el art. 40.11 de la LOMP, en el marco del principio de objetividad contenido en el art. 225.II de la CPE, de lo dispuesto en el art. 5.3 de la referida LOMP y del art. 72 del CPP. Este estándar, debe ser necesariamente observado en cualquiera de las formas de decisión de fondo, que asuma el Ministerio Público, pues la motivación y fundamentación que se realice, debe satisfacer tanto al querellante como al querellado; y por lo mismo, tiene que ser exigido por el fiscal departamental cuando revisa una objeción a las resoluciones de los fiscales de materia” (las negrillas son agregadas).
En tal sentido, las decisiones tomadas por los representantes del Ministerio Público, deben tener una base racional y seguir lo establecido en el nuevo modelo constitucional y el ordenamiento jurídico, respetando los derechos de los involucrados, para que no quede ni la menor duda que lo resuelto está acorde a derecho, observancia que deberá ser plasmada a través de una resolución que contenga una debida motivación, desde un punto de vista racional como razonable, garantizando a la persona que la decisión que ha obtenido -sea o no favorable a sus intereses-, es producto de un razonamiento correcto, en el que además se haya considerado los valores y principios contemplados en la Constitución, dando lugar a una decisión objetivamente justa.
El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso; asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema. Bajo esa comprensión constitucional, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se constituye en un medio para asegurar, en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados, no agotan el contenido del debido proceso, puesto que en atención el principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando. En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y 6 La jurisprudencia constitucional expresada en la SC 0902/2010-R de 10 de agosto, refiere respecto a los elementos que componen a la garantía general del debido proceso en los siguientes términos: “En consonancia con los tratados internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (SSCC 0082/2001-R, 0157/2001-R, 0798/2001-R, 0925/2001-R, 1028/2001-R, 1009/2003-R, 1797/2003-R, 0101/2004-R, 0663/2004-R, 022/2006-R, entre otras); sin embargo, esta lista en el marco del principio de progresividad no es limitativa, sino más bien enunciativa, pues a ella se agregan otros elementos que hacen al debido proceso como garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de este como medio para asegurar la realización del valor justicia, en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: "En opinión de esta Corte, para que exista "debido proceso legal" es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. (…) Es así como se ha establecido, en forma progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho Internacional" (las negrillas son nuestras). Así configurado, es preciso recordar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino que es extensiva a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad (SSCC 0042/2004 y 1234/2000-R entre otras)”.
lo resuelto; empero, esta idea general no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que, la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente, es posible concluir que, la congruencia como componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones:
a) La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes. b) La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la 7 La SC 0486/2010-R de 5 de julio, en su F.J. III.4.1, señaló que: “De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.
De otra parte, respecto de la congruencia como principio constitucional en el proceso civil, se indica que: “…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia “ultra petita” en la que se incurre si el Tribunal concede “extra petita” para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; “citra petita”, conocido como por “omisión” en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.” (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438).
Es decir que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita” en los que el juez o tribunal decide cuestiones que han quedado consentidas y que no fueron objeto de expresión de agravios (extra petita); y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).
El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”.
interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.
Sobre esta línea jurisprudencial esta Magistratura, efectuó un cambio de razonamiento, a partir de la SCP 0307/2020-S1 de 12 de agosto, sustentado en el apego a la fuerza vinculante del precedente jurisprudencial con estándar más alto (Fundamento Jurídico III.2), entendido este, como aquella interpretación a través de la cual este Tribunal Constitucional Plurinacional resolvió un problema jurídico de forma más progresiva, que permita efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad, cuya identificación se la realiza a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, y una vez detectada es obligación del juzgador vincularse al estándar más alto; bajo esa comprensión y razonamientos que además están contenidos en las Sentencias Constitucionales 8 La SCP 0055/2014 de 3 de enero en su F.J. III.2.2, estableció que: “La congruencia de las resoluciones judiciales integra los componentes del debido proceso. En ese contexto, a partir de una concepción doctrinal, su análisis se orienta desde dos acepciones: externa, entendida como principio rector de toda resolución judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y respuesta) y lo resuelto por las autoridades judiciales, sin que el juzgador tome en cuenta aspectos ajenos a la controversia; interna, porque entendida la resolución como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.
En ese sentido, la uniforme jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, señaló: “…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.
(…).
De lo expuesto se confirma, que el órgano encargado de dictar la resolución, debe circunscribir su fallo a lo peticionado y no resolver más allá de lo pedido, que sería un pronunciamiento ultra petita, o, conceder algo distinto a lo solicitado por las partes, conocido en doctrina procesal como un pronunciamiento extra petita”. En el mismo sentido, la SC 0863/2003-R de 25 de junio, precisó que: “…el juez o tribunal ad quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”, entendimiento reiterado en las SSCC 1009/2003-R, 1312/2003-R y 0358/2010-R. Posteriormente, respecto a la pertinencia de las resoluciones pronunciadas por autoridades judiciales de segunda instancia, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, puntualizó: “…implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. En esa misma línea, la SC 2017/2010-R de 9 de noviembre, señaló: “…la pertinencia entre el recurso de apelación, resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista, es una condición esencial para asegurar a los justiciables que en la decisión de su recurso los superiores en grado tienen delimitado su campo de acción para emitir su resolución, limite que se expresa precisamente en la fundamentación de agravios prevista por el art. 227 del Código de Procedimiento Civil (CPC), como por el contenido de lo resuelto en la sentencia apelada, marco del cual el tribunal de alzada no puede apartarse”. Estos razonamientos fueron reiterados posteriormente en la SCP 0037/2012 de 26 de marzo y, desarrollados ampliamente en la SCP 1111/2012 de 6 de septiembre”.
Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, bajo ese entendido la SCP 0307/2020-S1 iniciando ese análisis integral de la línea jurisprudencial respecto a la valoración de la prueba en sede constitucional, comenzó citando a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0092/2018-S1, 0343/2018-S1, 0526/2018-S1, 0615/2018-S1, 0640/2018-S1 y 1021/2019-S1, en las cuales esta Magistratura fue asumiendo una línea de carácter restrictivo, por cuanto si bien se establecía, que de manera excepcional la jurisdicción constitucional podía revisar la labor probatoria desarrollada en las distintas jurisdicciones ordinarias; empero, condicionaba su apertura a exigencias que los justiciables debían cumplir, teniendo así a la SC 0965/2006-R de 2 de octubre que señala:
“…qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas…”
“…en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final…” (las negrillas nos pertenecen)
9 “…los únicos supuestos para que la jurisdicción constitucional ingrese a revisar la valoración realizada por dichas autoridades: 1) Cuando en dicha valoración exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir y 2) Cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales, es decir en el primer supuesto cuando en la labor valorativa se apartan del procedimiento establecido valorando arbitraria e irrazonablemente y en el segundo, que actuando arbitrariamente no se haya procedido a la valoración de la prueba, por cuya omisión se vulneren derechos y garantías fundamentales.
(…)
En ese orden de razonamiento para que este Tribunal pueda cumplir con esta tarea, es necesario que la parte procesal, que se considera agraviada con los resultados de la valoración efectuada dentro de un proceso judicial o administrativo, invocando la lesión a sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa en los fundamentos jurídicos que sustenten su posición (recurso de amparo) lo siguiente:
Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; para ello, será preciso, que la prueba no admitida o no practicada, se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos, solicitud, que en todo caso, no faculta para exigir la admisión de todas las pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, sino que atribuye únicamente el derecho a la recepción y práctica de aquellas que sean pertinentes, correspondiendo a los órganos judiciales ordinarios, el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas solicitadas, debiendo motivar razonablemente la denegación de las pruebas propuestas. Por supuesto, una vez admitidas y practicadas las pruebas propuestas declaradas pertinentes, a los órganos judiciales, les compete también su valoración conforme a las reglas de la lógica y de la sana crítica, según lo alegado y probado.
Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se hubiera valorado razonablemente la compulsada; puesto que resulta insuficiente, para la viabilidad del recurso de amparo, la mera relación de hechos; porque sólo en la medida en que el recurrente exprese adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos, la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de contrastación, que amerita este tema de revisión excepcional de la labor de la valoración de la prueba realizada por la jurisdicción ordinaria; máxime si se tiene en cuenta que el art. 97 de la LTC, ha previsto como un requisito de contenido, el exponer con precisión y claridad los hechos que le sirvan de fundamento y precisar los derechos o garantías que se consideren restringidos, suprimidos o amenazados, señalando en qué consiste la restricción o supresión” (negrillas agregadas).
Exigencias que al no ser cumplidas de manera expresa, generaba que esta vía constitucional se vea impedida de realizar esa revisión excepcional de la labor valorativa efectuada por los jueces o tribunales ordinarios, derivando en la denegación de la tutela y por ende se vea restringido el real acceso a la justicia constitucional; así, la citada SCP 0307/2020-S1 reflexionó que tales condicionamientos no guardaban armonía con los principios y valores consagrados en la Constitución Política del Estado y que en atención precisamente al mandato constitucional conferido en el art. 196 de la Norma Fundamental, por el cual este Tribunal Constitucional Plurinacional tiene la misión de velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejercer el control de constitucionalidad en resguardo y protección de los derechos y garantías fundamentales -los cuales gozan de igual jerarquía-, así como de los principios y valores; teniendo entre otros, al principio de progresividad, que identificó una segunda línea jurisprudencial que contiene una interpretación más amplia y favorable de los derechos que garantiza el ejercicio legítimo de los mismos, que en este caso tiene que ver con el debido proceso en su elemento de valoración de la prueba.
En tal sentido, citó a la SCP 0297/2018-S2 de 25 de junio, fallo constitucional en el cual, a través de una contextualización de la línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, señaló que el Tribunal desde sus inicios, fue estableciendo presupuestos para efectuar la revisión de la valoración de la prueba, bajo el criterio que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; dichos presupuestos, fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R que exigía al accionante 1) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, 2) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final; argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad; refirió que posteriormente, la SCP 1215/2012 de 6 de 10 “En ese antecedente, y considerando la misión constitucional conferida al Tribunal Constitucional Plurinacional otorgada por el constituyente mediante el art. 196.I de la CPE, esta instancia de control constitucional y garante de los derechos fundamentales, tiene la misión de ejercer una labor hermenéutica en los diferentes tipos de control constitucional, como el tutelar en su función revisora de casos remitidos por los jueces y tribunales de garantías; en esa ruta, se tiene que, conforme se describió precedentemente, la jurisprudencia constitucional, estableció que excepcionalmente, se podría efectuar una función revisora de la actividad probatoria de las diferentes jurisdicciones; empero, condicionado a que las o los accionantes señalen concretamente y de forma precisa qué pruebas fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad, o cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; y, señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final.” 11 “Ahora bien, a través de la SCP 0297/2018-S2 de 25 de junio, luego de efectuar contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, al respecto se concluyó que:
´Al respecto, la citada SC 0965/2006-R, estableció determinados presupuestos para efectuar la revisión de la valoración de la prueba, exigiendo que la o el accionante debía: i) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, ii) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final; argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad.
En similar sentido, la señalada SCP 1215/2012, refirió que en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia que el incumplimiento de los presupuestos para la valoración de la prueba ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional.´”
septiembre, estableció los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades; i) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, iii) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento; estableciendo además, la relevancia constitucional al exigir que el accionante debe demostrar la lógica consecuencia de que el incumplimiento de los presupuestos para la valoración de la prueba, le ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.
Así, establecidos tanto los supuestos de procedencia de revisión de valoración, como los presupuestos para efectuar la revisión de la misma, la citada SCP 0297/2018-S2 continuando con ese análisis dinámico, señaló que esa línea jurisprudencial fue modulada por la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que eliminó el requisito de la carga argumentativa, que se exigía para el análisis de fondo de la problemática en cuanto a la valoración de la prueba, señalando que:
Posteriormente, la SCP 0410/2013 de 27 de marzo moduló la línea jurisprudencial de referencia y eliminó el requisito de la carga argumentativa que la jurisprudencia exigía para el análisis de fondo de la problemática en esta temática, señalando que las reglas impuestas a la parte accionante referidas a:
12 La SCP 0410/2013, en el FJ III.2 señala: “En ese orden, si bien es cierto que la jurisdicción constitucional debe respetar el ámbito de atribuciones propias de la jurisdicción ordinaria, es también correcto que cuando se ha quebrado el sistema constitucional, sus dogmas y principios o los derechos fundamentales de la persona humana, es deber del Tribunal Constitucional Plurinacional revisar la interpretación de la legalidad ordinaria efectuada por el juzgador ordinario, para resguardar la vigencia material de la Norma Fundamental y la materialización de los derechos constitucionales. Similar doctrina existe para la intervención de las resoluciones judiciales, cuando se denuncia indebida o errónea valoración o apreciación de la prueba; una explicación de esta teoría se encuentra en la SCP 1916/2012 de 12 de octubre.
Ahora bien, es necesario esclarecer que estas auto restricciones de la jurisdicción constitucional, deviene del principio de separación y distribución de funciones, que impiden la injerencia de la jurisdicción constitucional en la función asignada a la jurisdicción ordinaria; empero, deben comprenderse conforme a la nueva arquitectura de ésta, por ello deben ser asimiladas también bajo los principios de impulso de oficio, inquisitivo y no formalismo, por lo que su naturaleza es la de instrumentos útiles para el análisis de la función cumplida por la jurisdicción ordinaria, son herramientas de fundamentación de las acciones y recursos al alcance de las partes interesadas en activar la jurisdicción constitucional y de argumentación de las resoluciones para el Tribunal Constitucional Plurinacional; pero también, son el parámetro válido y legítimo de verificabilidad de la idoneidad, legitimidad y calidad de las resoluciones judiciales o administrativas cuasi jurisdiccionales; más, no son requisitos ineludibles que el accionante debe cumplir bajo sanción de rechazo o denegación de la acción tutelar, ya que ésta una vez activada, genera en la jurisdicción constitucional el compromiso ineludible de perseguir al evento acusado de inconstitucional, basado en la información concedida por el accionante, siendo pertinente analizar los hechos conocidos con todas las herramientas y métodos de análisis al alcance de la Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional que conozca el asunto, sin que ningún instrumento o método quede al margen por la sola razón de no haber sido mencionado, sutileza que sería una argucia de aquellas que corrompen los sistemas judiciales obsoletos y decadentes.
Del modo explicado en el párrafo anterior, se entiende que las reglas y sub reglas contenidas en la doctrina de las auto restricciones de la jurisdicción constitucional, respecto al canon de interpretación de la legalidad ordinaria, así como la valoración integral de la prueba, son instrumentos al servicio de la persona que crea sus derechos vulnerados, que bien utilizados redundará en una mejor comprensión del tema por parte de la jurisdicción constitucional y con ello mayores posibilidades de concesión de la tutela requerida, por ello su buen uso deviene en una ventaja procesal; mientras que para el Tribunal Constitucional Plurinacional, son herramientas de verificación de la legalidad y constitucionalidad de las resoluciones judiciales; pero en ningún caso se pueden aplicar para rechazar o denegar la activación de la jurisdicción constitucional por el sólo hecho de no haber sido nombradas en el memorial de amparo”.
“…explicar de modo sistemático y metódico la irrazonabilidad, inequidad, omisión arbitraria, o valoración equivocada de la prueba (…) constituyen instrumentos argumentativos, no causales de denegatoria de la acción de amparo constitucional…”
Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia:
“…se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente”.
Bajo tales razonamientos y luego de un análisis e interpretación de los entendimientos contenidos en dichos fallos que fueron generando línea jurisprudencial en cuanto a la valoración de la prueba en sede constitucional, la tantas veces reiterada sentencia constitucional concluyó que la revisión de la labor valorativa efectuada por la jurisdicción ordinaria se efectuará bajo los siguientes criterios:
a) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas.
b) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando:
b.1) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b.2) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, b.3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación.
c) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, d) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.
Criterios que fueron acogidos por esta relatoría en la ya mencionada SCP 0307/2020-S1, al considerar que la SCP 0297/2018-S2 se constituye en el estándar más alto, al haber también asumido un entendimiento más favorable como el contenido en la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que al eliminar la carga argumentativa como exigencia para que esta jurisdicción efectué la revisión excepcional de la labor valorativa realizada por los jueces y tribunales ordinarios, posibilitó a este Tribunal garantizar un efectivo acceso a la justicia constitucional en resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales; razones por las cuales, esta Magistratura determinó ajustar sus razonamientos al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales consagrados en los arts. 13.I y 256.I de la CPE.
Finalmente, en el marco de todo lo descrito, la SCP 0307/2020-S1 que se describe, concluyó que, esta instancia constitucional se encuentra habilitada para efectuar la revisión de la actividad probatoria de otras jurisdicciones sin necesidad de exigir el cumplimiento de presupuestos como:
i. “Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, ii. Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final, argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad”
En esa labor el juez constitucional debe considerar los siguientes criterios: Primero.- La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas, jueces y de las autoridades administrativas; Segundo.- La justicia constitucional puede revisar la valoración cuando: a) las autoridades se apartan de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) De manera arbitraria omiten considerar las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basan su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; Tercero.- La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, Cuarto.- Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando incidan en el fondo de lo demandado y sea la causa de la lesión de derechos y/o garantías constitucionales.
La accionante alega la lesión de los derechos al acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia y valoración probatoria; toda vez que, dentro del proceso penal seguido a instancia suya en representación de su hijo menor de edad contra Julio César Guzmán Robles y Natalia Elizabeth Gutiérrez Barrios, por el delito de lesiones graves o leves; 1) Se emitió Resolución de Sobreseimiento de 26 de marzo de 2021 por la Fiscal de Materia Margoth Vargas Jordán, incurriendo la misma en los siguientes agravios: 1.i) No se valoró, ni interpreto las pruebas aportadas, omitiendo otorgarle valor a cada prueba presentada, inobservando el principio de objetividad; 1.ii) En caso, de considerar que los hechos denunciados no se adecuaban al tipo penal denunciado, debió emitir pliego acusatorio por el delito de rapto propio; 1.iii) Señaló de forma errónea que la conducta no es típica, y que no se demostró el grado de participación de los imputados, pero en el transcurso de la investigación se le negó rotundamente la revisión de las cámaras de seguridad de la Unidad Educativa, indicándole que tal aspecto se debía solicitar por la vía judicial; 1.iv) La Resolución carece de fundamentación y motivación; puesto que, no solo debió circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes y hacer una relación de las pruebas existentes; 2) Emitida la Resolución Jerárquica 111/21 de 25 de mayo de 2021, por el Fiscal Departamental de Santa Cruz, incurrió en los siguientes agravios: 2.a) Realiza únicamente una transcripción de los aspectos generales del sobreseimiento, sin considerar ni valorar las pruebas existentes de forma individualizada; 2.b) No consideró los agravios expuestos por su persona en su memorial de impugnación; 2.c) Concluyó que la Resolución de Sobreseimiento se enmarca en la objetividad del hecho denunciado como de la norma legal aplicada, sin señalar cual es la prueba o acto que le lleva a formar ese criterio, careciendo la resolución de la debida fundamentación y motivación. De las conclusiones del presente fallo constitucional se tiene que: el 8 de febrero de 2021, la Fiscal ahora accionada emitió Resolución de sobreseimiento, alegando la inexistencia de suficientes elementos de prueba necesarios para fundar una resolución y prescindiendo de la persecución penal iniciada contra de Julio César Guzmán Robles y Natalia Elizabeth Gutiérrez Barrios por la presunta comisión de los delitos de lesiones graves y leves (Conclusión II.1) la víctima del señalado proceso y ahora accionante, en contra de tal requerimiento conclusivo planteó impugnación al sobreseimiento solicitando se deje sin efecto el mismo (Conclusión II.2) emitiéndose en consecuencia la Resolución Fiscal Departamental RRMM 111/21 de 25 de mayo de 2021, por la cual el Fiscal Departamental de Santa Cruz, ratificó la ya señalada Resolución de Sobreseimiento (Conclusión II.3). Con esos antecedentes, corresponde ingresar al fondo de las problemáticas planteadas a efectos de determinar si las mismas son evidentes, teniendo en consecuencia que: Respecto a la resolución de sobreseimiento emitida por la Fiscal de Materia Margoth Vargas Jordán i. En principio, la accionante alega que en dicha determinación no se valoró ni interpretó las pruebas aportadas, omitiendo otorgarle valor a cada una de ellas y lesionando el principio de objetividad. Sobre el punto, se debe partir de los parámetros jurisprudenciales establecidos por el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, que respecto a la revisión de la valoración probatoria en sede constitucional determinó que: la justicia constitucional puede revisar la valoración cuando, las autoridades se apartan de los marcos legales de razonabilidad y equidad; de manera arbitraria omiten considerar las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, basan su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación. Con ese parámetro jurisprudencial, se debe aclarar que el sobreseimiento como instituto procesal se encuentra regulado por el art. 323 inc. 3) del CPP, estableciendo tres vertientes sobre las cuales puede fundarse: la primera, se dará cuando resulte evidente que el hecho no existió, la segunda cuando se establezca que no constituye delito o que el imputado no participó en él, y la tercera, cuando se estime que los elementos de prueba son insuficientes para fundamentar la acusación. Bajo ese entendido, de la lectura de la resolución de sobreseimiento ahora cuestionada, se observa que la Fiscal accionada, fundó su determinación en la tercera vertiente señalada; es decir, la resolución tiene como base para su disposición que no existen elementos de prueba suficientes para fundar una acusación.
Entonces, respecto a la prueba aportada al proceso penal, se tiene que dicho requerimiento conclusivo, en su acápite tercero denominado “De las actuaciones de investigación que justificaron la imputación formal” (Conclusión II.1.i) la Fiscal de Materia individualizó la existencia de veinticuatro elementos probatorios y en su acápite cuarto, denominado “De la acumulación de pruebas en etapa preparatoria a los efectos de la resolución fiscal conclusivo” (Conclusión II.1.ii) individualizó un total de cuatro elementos probatorios; además, en su acápite sexto que consigna el título de Fundamentación Jurídica señaló textualmente que:
“De los antecedentes acumulados en lo precedentemente expuestos es que a los efectos de pronunciarse por una de las formas establecidas en el art. 323 del C.P. Penal y resolver sobre la situación jurídica de los imputados JULIO CESAR GUZMAN ROBLES Y NATALIA ELIZABETH GUTIERREZ BARRIOS, se debe analizar sobre el hecho ilícito que se le ha imputado (LESIONES GRAVES Y LEVES), lo cual no se han encontrado elementos e indicios suficientes para que se pueda atribuir la autoría del delito señalado a los imputados al existir dentro del cuadernillo de investigaciones: • Tomando en cuenta que lo que motiva la apertura de esta Investigación seria que la señora María Angélica Vaca Cuellar donde Indica que su hijo NN habría llegado a domicilio con una lesión en su brazo derecho y que este le Indica que la profesora Natalia Elizabeth Gutiérrez junto con el director Julio Cesar Guzmán Robles (Funcionarios del colegio 30 de Marzo), lo habrían sacado de la unidad educativa en un auto rojo para llevarlo donde un médico a sacarle sangre para un estudio de ADN, todo esto motivado por el padre del niño, por lo que con relación al tipo penal Investigador se tiene un certificado médico Forense realizado por médico Forense del IDIF Msc. Dr. Víctor Hugo Azogue, donde del mismo se tiene que se realiza evaluación al niño NN en fecha 05/06/2019 si bien Indica que en la extremidad superior presenta, Equimosis tenue de 01 cm de diámetro en la región anterior del brazo derecho, en las consideraciones médicos legales Indica claramente que "NO SE OBSERVA SIGNOS DE TRAUMATISMO POR INSTRUMENTO PUNZOCORTANTE O CORTANTE" llegando a concluir en "EQUIMOSIS TENUE Y SUPERFICIAL QUE NO AMERITA DIAS DE INCAPACIDAD" por lo que se define como equimosis a los moratones o hematomas. Se trata de manchas violáceas en la piel como consecuencia de un golpe, aunque tienen otras causas, pero sin embargo en este evaluación no se observa signos por Traumatismo Por Instrumento Punzocortante o cortante, por lo que no habría signos de que al niño se le llego a extraer Sangre, por lo que también se tiene que el tipo Penal de Lesiones Graves y Leves para establecer una sanción a este delito se consideran los días de impedimento para la misma, situación que no se da en dicho caso. • Se tiene fotografías de la lesión en el niño donde se observa un hematoma en el brazo derecho de color blanquecino, sin embargo no se observaría la punzacion de la aguja con la cual supuestamente se habría extraído sangre. También se tiene CERTIFICACIONES de los distintos laboratorios en los cuales se realizan Pruebas de ADN como ser (LES, LABOGEN, BIOGENETICS, GENE- EX, ZUNA, IBC), donde se tiene que de la búsqueda de las diferentes bases de datos con el nombre de NN CON C.1.:15134454 SC NO se encuentra ese dato.
De igual manera Cursa un desdoblamiento de un Flash Memory donde se tiene que en este hay un video de unas cámaras de seguridad de fecha 31 de Mayo del 2019 a horas 16:56 donde se observaría una persona de sexo femenino (vistiendo chompa rosada y pantalón negro) acompañando a un niño (vistiendo chompa azul y pantalón jeans Claro) quienes caminan por la acera con un paraguas, sin embargo llama la atención que en una de las páginas de dicho desdoblamiento la vestimenta de las personas sería diferente, ya que en la Imagen de arriba no sería coincidente ni el color del paraguas; de igual manera se tiene otro desdoblamiento de una grabación de las cámaras de seguridad del Colegio 30 de Marzo desde horas 13:58 hasta horas 16:51 pm del día 31 de Marzo del 2019, donde hasta esa hora no se evidencia salir al niño del colegio, sin embargo no se observa al director del colegio (JULIO CESAR GUZMAN ROBLES) por ningún lado. Por un lado sobre la acumulación de elementos, existen entre ellas las pruebas consideradas como prueba plena, que pueda llegar a determinar la participación única y exclusiva en el presente hecho, sea atribuible a JULIO CESAR GUZMANR ROBLES Y NATALIA ELIZABETH GUTIERREZ BARRIOS, ASIMISMO SE ESTABLECE LA DUDA DE LA PRESUNCIÓN DE AUTORÍA DEL HECHO” (sic).
Es así, que en primera instancia se observa, que la Resolución ahora cuestionada, describió la existencia de un total de veinticuatro pruebas acumuladas en etapa preliminar y cuatro obtenidas en etapa preparatoria; sin embargo, la determinación asumida, solo consideró a efectos de definir el sobreseimiento el certificado médico forense, las fotografías de la lesión en el niño, las certificaciones de los laboratorios (LES, LABOGEN, BIOGENETICS, GENE- EX, ZUNA, IBC) y el desdoblamiento de un flash memory; elementos que aduce, son trascendentales para determinar la falta de responsabilidad penal en los imputados; sin embargo, la Resolución de Sobreseimiento de manera errónea omite otorgarle un valor al resto de la prueba presentada alegando impertinencia, pero sin explicar o desarrollar, porque la misma tendría esa calidad; es decir, conforme lo desarrollado por el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, es deber del Fiscal de Materia, tomar en cuenta todos los elementos probatorios presentados por las partes, sea este testifical, documental, pericial; entre otros, valorando la información que se extrae de cada uno de ellos de manera individual y en conjunto de forma integral, cuya apreciación debe ser acorde a con las reglas de la sana crítica. En consecuencia, se establece que una resolución fiscal que determine y resuelva la situación jurídica del imputado, requiere de un desglose probatorio completo y no como en el presente caso, donde la Fiscal de Materia ahora demandada, valoró únicamente la prueba que consideraba pertinente para prescindir de la persecución penal, siendo su deber detallar también de manera fundamentada porque considera que el resto de la prueba presentada no guarda pertinencia con el caso en concreto, aspecto que permitirá comprender de forma adecuada la conclusión asumida. Por lo descrito, al ser evidente la omisión de valoración probatoria, que corresponde sobre la presente problemática conceder la tutela solicitada. ii. Respecto a que en caso de considerar que los hechos denunciados no se adecuaban al tipo penal denunciado, debió emitir pliego acusatorio por el delito de rapto propio.
El presente agravio manifestado por la peticionante de tutela, carece totalmente de carga argumentativa y jurídica, que permita comprender bajo que parámetros alega tal aspecto, pues del análisis de la resolución ahora cuestionada, en toda su estructura, se establece que se analiza el sobreseimiento respecto al delito de lesiones graves y leves y la accionante espera, que sea en este momento procesal, que la autoridad fiscal, analice la existencia de otro delito (rapto propio), situación que si se hubiera realizado de esa forma, recaería en incongruencia interna, puesto que se estableció que las resoluciones deben seguir un hilo conductor que permita comprender, de forma ordenada y racional, la decisión asumida; teniendo que no se concibe una resolución de sobreseimiento, que base su fundamento en la probable constitución de otro delito, sino que la misma deberá enfocarse en establecer porque razón se considera que una de las causales establecidas en el art. 323 del CPP, da lugar a que se prescinda de la persecución penal; teniendo el ahora impetrante de tutela, vías para el inicio de investigaciones respecto a la presunta comisión de otros delitos y si los mismos fueren rechazados, cuenta también con las vías de impugnación pertinentes. Esta situación se basa en lo descrito por el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional en la que se determinó que toda resolución judicial, debe constituirse en una unidad coherente en la que se dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, hasta la parte dispositiva, evitando que en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión; por lo que respecto a la presente problemática corresponde denegar la tutela solicitada.
iii. Con relación a que la resolución señaló de forma errónea que la conducta no es típica, y que no se demostró el grado de participación de los imputados, pero en el transcurso de la investigación se le negó rotundamente la revisión de las cámaras de seguridad de la unidad educativa, indicándole que tal aspecto se debía solicitar por la vía judicial
Al respecto se tiene que evidentemente la resolución ahora cuestionada, determinó que la conducta de los imputados no es típica al no evidenciarse la existencia de un nexo de causalidad; sin embargo, este aspecto, no se puede relacionar a la negativa dictada por la autoridad fiscal respecto al acceso a las cámaras de seguridad de la unidad educativa; es decir, la peticionante de tutela de forma confusa plantea que la falta de conducta típica se debe precisamente al no acceso a las cámaras de seguridad. Sin embargo; se debe tener en cuenta, que cualquier actuado investigativo puede ser propuesto por la víctima y si existe precisamente una negativa a ejecutar tal aspecto, la parte interesada cuenta con los medios recursivos pertinentes para impugnar dicha determinación; por ende, no es esta la instancia correspondiente para que la ahora accionante alegue que en el transcurso de la investigación se le negó la ejecución de un actuado investigativo y debió impugnar en su momento dicha determinación ante la autoridad responsable de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz. Por lo señalado, es que respecto al presente agravio corresponde denegar la tutela solicitada.
iv. Respecto a que la resolución carece de fundamentación y motivación, puesto que no solo debió circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes y hacer una relación de las pruebas existentes
El Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, distinguió entre los conceptos de fundamentación y motivación, señalando que: La fundamentación se refiere a la obligación de las autoridades, en especial de las jurisdiccionales, de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en los que se apoye su determinación, así como de justificar la utilización de dichas disposiciones normativas o de interpretarlas de una determinada manera; es decir, consiste en la justificación normativa de la decisión que da por resultado la construcción de la premisa normativa; en cambio; y, la motivación hace referencia a la serie de razonamientos lógico-jurídicos que permiten entender, por qué un determinado caso se ajusta a la hipótesis normativa planteada en el mismo, significa que la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión que el acto concreto que se trate, se encuentra por una parte, probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las que considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra, explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal, elementos con los cuales se realiza la justificación fáctica de la decisión y se construye la premisa fáctica.
Es así, que del análisis de la resolución ahora cuestionada (Conclusión II.1), se establece que evidentemente la misma carece de fundamentación y motivación puesto que como se desarrolló previamente, el sobreseimiento se emitió en base a la tercera vertiente del art. 323 del CPP; es decir, bajo el fundamento de que no existen elementos probatorios suficientes que permitan fundar una acusación; sin embargo, de forma contradictoria a la misma base establecida omitieron valorar de forma íntegra e individualizada la prueba aportada al proceso; es decir, no puede alegarse la falta de elementos de prueba suficientes y en oposición a ello, no valorar la totalidad de la prueba presentada, siendo evidente que se limitó únicamente a citar la prueba acumulada sin otorgarle el valor correspondiente. Además, tal omisión valorativa conllevó a que el análisis de tipicidad sea incorrecto, puesto que concluyen indicando que los elementos o indicios colectados no generan un nexo causal entre el hecho y el grado de participación de los imputados; sin embargo, en ningún momento los elementos colectados fueron valorados en su totalidad para asumir tal conclusión, generando con ello una evidente lesión a la seguridad jurídica como advierte la víctima del presente proceso. Por lo descrito, al ser evidente que la resolución carece de una adecuada fundamentación y motivación, que sobre la presente problemática corresponde conceder la tutela solicitada. ´ Respecto a la Resolución Jerárquica emitida por el Fiscal Departamental de Santa Cruz, que resuelve la objeción al sobreseimiento 1) Sobre que realizó únicamente una transcripción de los aspectos generales del sobreseimiento sin considerar ni valorar las pruebas existentes de forma individualizada
Enfocando el presente análisis en la valoración probatoria realizada en la resolución jerárquica ahora observada, -toda vez que el análisis de fundamentación y motivación se realizará en acápites posteriores-se debe necesariamente reiterar la potestad otorgada a la justicia constitucional para revisar la valoración probatoria, teniendo que de conformidad al Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, esto se dará cuando: las autoridades se apartan de los marcos legales de razonabilidad y equidad; de manera arbitraria omiten considerar las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, basan su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado.
Bajo ese parámetro jurisprudencial, se tiene que la resolución jerárquica que resuelve la objeción al sobreseimiento señaló en principio que:
“…revisado el cuaderno de investigaciones se tiene que cursan MULTIPLES ELEMENTOS DE CONVICCION EMPERO NO ES POSIBLE VALORAR TODOS Y CADA UNO DE ESTOS, ES NECESARIO VALORAR LOS MISMOS DE ACUERDO A SU UTILIDAD, PERTINENCIA, LICITUD. OMITIENDO LOS IMPERTINENTES O EXCESIVOS, y sobre esta base debemos determinar si son suficientes o no para destruir el estado de presunción de inocencia en los imputados, a tal efecto y con fines de facilitar el entendimiento de la presente, solo se van a considerar aquellos que tienen relación y relevancia sea con el hecho o sea jurídicamente, dejando a un lado a los excesivos, impertinentes o ilegales (…) II.FUNDAMENTACIÓN PROBATORIA DESCRIPTIVA. Que; en la fase preliminar, de acuerdo a los datos cursantes en el cuaderno de investigaciones, se tienen las siguientes actuaciones: Formulario de denuncia de fecha 10 de julio del 2.019 (fs. 1). Informe al control jurisdiccional, la denuncia en contra de Julio Cesar Guzmán Robles y Natalia Elizabeth Gutiérrez Barrios, por el presunto delito de Lesiones Graves y Leves, de fecha 26/07/2019 (fs. 2). Evaluación psicológica pericial, emitido por Alejandra Hinojosa del Colegio de Psicólogos, de fecha 22/07/2019 (fs. 7 a 13). Certificado forense del menor NN, observando equimosis tenue de 1 cm de diámetro en región anterior de brazo derecho, no se observa traumatismo por instrumento punzante o cortante; emitida por el médico forense Victor Azoge del IDIF, de fecha 05/06/2019 (fs. 14). Denuncia escrita, de fecha 16707/2019 (fs. 25 a 28). Declaración informativa de la denunciada Natalia Elizabeth Gutiérrez Natalia Barrios, de fecha 27/09/2019 (fs. 103). Declaración informativa del denunciado Julio Cesar Guzmán Robles, de fecha 19/09/2019 (fs. 104). Respuesta a requerimiento del laboratorio ENDOGENETICA, indicando no tener el registro de atención en laboratorio del menor NN, de fecha 07/10/2019 (fs. 191). Respuesta a requerimiento del laboratorio LABOGEN, indicando no tener el registro de atención en laboratorio del menor NN, de fecha 07/10/2019 (fs. 192). Respuesta a requerimiento del laboratorio BIOGENETICS, indicando no tener el registro de atención en laboratorio del menor NN, de fecha 07/10/2019 (fs. 194). Respuesta a requerimiento del laboratorio Dr. ZUNA, indicando no tener el registro de atención en laboratorio del menor NN, de fecha 08/10/2019 (fs. 206). Respuesta a requerimiento del laboratorio IBC, indicando no tener el registro de atención en laboratorio del menor NN, de fecha 07/10/2019 (fs. 208). Informe Psicológico del menor NN, emitido por la Defensoría de la Niñez DNA, relata el acontecimiento en el que involucra a su profesora de llevarlo a extracción de muestra de sangre, de fecha 21/10/2019 (fs. 217 a 223). Declaración testifical de Cleofe Chavarria Rojas, de fecha 27/11/2019 (fs. 243). Declaración testifical de D. Lucia Méndez Vaca, en su calidad de portera de fecha 27/11/2019 (fs. 245). Informe técnico criminalístico de desdoblamiento emitido por el IITCUP, de fecha 23/09/2019 (fs. 251 a 271). Declaración testifical de José A. Centenario O., de fecha 27/11/2019 (fs. 307). Declaración testifical de descargo de Cecilia Alejandra Saucedo Narvaez. en su calidad de auxiliar de la unidad educativa, indicando que el menor Se Vanir Torrez Vaca asiste como oyente porque no está inscrito, fue aceptado de buena fe por la profesora Natalia, de fecha 02/12/2019 (fs. 309). Declaración testifical de descargo de Mary Gutiérrez Palachay, en su calidad de portera de la unidad educativa desconoce el hecho que se investiga, de fecha 02712/2019 (fs. 311). Resolución de IMPUTACION FORMAL contra Julio Cesar Guzmán Robles y Natalia Elizabeth Gutiérrez Barrios, por el presunto delito de Lesiones Graves y Leves, de fecha 07/09/2020 (fs. 474 a 477). Informe técnico criminalistico de desdoblamiento de imágenes de la unidad educativa 30 de marzo, los días 23 y 28 de mayo/2019, emitido por el IITCUP, de fecha 26/10/2020 (fs. 251 a 271) Declaración testifical de Angel Torres Jorge, en su condición de padre del menor Se Vanir Torrez Vaca, de fecha 30/11/2020 (fs. 523). Informe DDE SC-3 No. 88/2019, de la Unidad educativa 30 de marzo, en el que se indica que entre la lista de alumnos vacunados en mayo del 2019, en el centro de salud "El Carmen" el niño aludido Se Vanir Torrez Vaca menor de 4 años; no estaría en la lista (fs. 682 a 690). Requerimiento de pericia para determinar la credibilidad del testimonio de la víctima, respecto al hecho denunciado - Evaluar el estado emocional y posible daño psicológico del menor y la presencia de posibles secuelas, estrés post traumático que hubiere sufrido la víctima -Evaluar establecer la alienación parental para descartar la manipulación parental de su progenitora, de fecha 08/02/2021 (fs. 699). Resolución fiscal de Sobreseimiento a favor de los imputados Julio Cesar Guzmán Robles y Natalia Elizabeth Gutiérrez Barrios, de fecha 26/03/2021 (fs. 717 a 723) Memorial de Objeción presentado por la denunciante, en fecha 12/04/2021 (fs. 750 a 757)” (sic).
En su acápite denominado “Fundamentación probatoria intelectiva” indicó que:
“La valoración de los elementos de convicción, debe ser realizada bajo las reglas de la sana crítica. La denuncia, donde se refieren los hechos, este es un medio licito, útil, pertinente que en caso de ser necesario podría ser introducido por su lectura en juicio oral y público según disponen los artículos 171 en relación al artículo 333 del C. P. Penal (solo la denuncia), sin embargo este elemento debe ser contrastado con los elementos cursantes en el cuaderno de investigaciones, por cuanto si bien es cierto una denuncia es un medio probatorio, también es cierto que este debe ser ratificado y contrastado con otros independientes de la denuncia la denuncia por presunto delito de lesiones graves y leves, hecho suscitado el 01 de junio de 2019, cuando la madre del menor NN de 5 años de edad, descubre una marca característica de inyectable y un moretón en su antebrazo derecho, indicando el menor que el día anterior, fue sacado de la unidad educativa "30 de marzo" por su profesora NATALIA ELIZABETH GUTIERREZ BARRIOS quien lo lleva a un médico donde le sacaron sangre, sin embargo al pedir explicación al director JULIO CESAR GUZMAN ROBLES del kínder, se niegan a mostrar las cámaras de seguridad, negando lo informado por el menor, finalmente el 13 de junio la profesora habría convocado a padres de familia para impedir el ingreso del menor con el argumento de ser problemático causando humillación al menor. Certificado forense del menor NN, observando equimosis tenue y superficial en región anterior de brazo derecho que no amerita incapacidad médico legal, NO SE OBSERVA TRAUMATISMO POR INSTRUMENTO PUNZANTE O CORTANTE: emitida por el médico forense Víctor Azoge del IDIF, de fecha 05/06/2019. Declaraciones testificales de descargo de Cecilia Alejandra Saucedo Narvaez y Mary Gutiérrez Palachay, quienes en su condición de auxiliar y portera de la unidad educativa, indican que el menor NN asiste como oyente porque no estaba formalmente inscrito, fue aceptado por la profesora Natalia, desconociendo el hecho que se investiga. Respuesta a requerimiento del laboratorio ENDOGENETICA, LABOGEN, BIOGENETICS, DZIA, IBC indicando no tener el registro de atención en laboratorio del menor NN, de fecha 07/10/2019. Informe DDE SC-3 No. 88/2019, de la Unidad educativa 30 de marzo, en el que se indica que entre la lista de alumnos vacunados en mayo del 2019, en el centro de salud "El Carmen" el niño aludido NN menor de 4 años; no estaría en la lista” (sic). El Fiscal Departamental, parte indicando que la valoración probatoria no se ejecutará respecto a toda la prueba presentada, aspecto que carece de toda fundamentación, puesto que no establece cual es el parámetro normativo que apertura dicha posibilidad y mucho más, cuando conforme al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, se estableció que la valoración probatoria debe ejecutarse por la autoridad fiscal de forma individualizada e integral, especialmente cuando se trate de una resolución que define la situación jurídica del imputado. Observándose además, que evidentemente incurrió en el mismo error que su inferior jerárquico, puesto que únicamente se limitó a describir los elementos aportados en la investigación, sin otorgar valor alguno a la prueba aportada y ejecutar el acto de relacionar la misma con los hechos denunciados; aclarando que si bien desglosó de forma mínima lo establecido en la denuncia, el certificado médico forense, las respuestas a los requerimientos de los laboratorios, el informe DDE SC-3 88/2019 y centralizó las declaraciones testificales de Cecilia Alejandra Saucedo Narvaez y Mary Gutiérrez Palachay; aun así, omitió otorgarles un respectivo valor, no bastando con desglosar su contenido, sino que se requiere que se explique porque es pertinente y permite generar convicción de la inexistencia del hecho denunciado. Además, incumplió incluso con su labor de autoridad jerárquica y observar la deficiente valoración probatoria realizada en la resolución de sobreseimiento, sin señalar más que a grandes rasgos, que la misma se encontraría debidamente fundada, pero sin siquiera citarla para explicar el porqué de tal afirmación. Por lo que, al ser evidente la omisión valorativa, que respecto a la presente problemática corresponde conceder la tutela solicitada. 2) Respecto a que no consideró los agravios expuestos por su persona en su memorial de impugnación
Sobre el punto, se tiene que el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional estableció que el principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, consiste en que en toda resolución judicial debe existir una estricta correspondencia entre lo peticionado y lo resuelto; encontrando el impedimento de conceder o atender algo no pedido, conceder algo distinto o fuera de lo solicitado u omitir pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes.
Es así, que a efectos de verificar la congruencia en la resolución, se debe partir del análisis del memorial de impugnación al sobreseimiento en el que la parte accionante en suma, señaló los siguientes agravios: i) No se podía emitir la Resolución de Sobreseimiento al existir actividades procesales inconclusas, como ser la lectura de lo declarado en Cámara Gessell; ii) No se tomó en cuenta, de forma individualizada las abundantes pruebas tanto testificales, evaluaciones psicológicas, el flujo de llamadas salientes y otros desdoblamientos de videos, audios, mensajes de WhatsApp, copia de las grabaciones de cámaras de seguridad y otros; iii) No se dio lectura siquiera a los elementos presentados otorgándoles un valor acorde, negándole además, el acceso a las cámaras de seguridad de la Unidad Educativa “30 de marzo”, indicándole que debe requerir tal aspecto vía judicial; iv) Se debió solicitar ante el Juez de Instrucción correspondiente, la detención preventiva al existir los suficientes indicios de culpabilidad y riesgos procesales; v) No se llegó a fundar adecuadamente la resolución de sobreseimiento, contraviniendo el art. 323 del CPP. Entonces, aclarando que los referidos agravios se refieren a la Resolución de Sobreseimiento, que de la lectura in extenso de la Resolución Jerárquica (Conclusión II.3) se observa que evidentemente respecto al primer agravio, no se observa que el Fiscal Departamental en ningún punto hubiera abordado la existencia de elementos probatorios pendientes de ejecución; además y también como se desarrolló en el acápite previo, no se observa que en dicha Resolución la autoridad departamental se pronuncie respecto a la falta de análisis individualizado en la Resolución de Sobreseimiento. Tampoco se evidencia, que exista pronunciamiento u observación alguna, sobre el valor que la Fiscal de Materia le dio a las pruebas presentadas; al igual que no dio respuesta respecto a que la referida autoridad debió solicitar la detención preventiva al existir indicios de culpabilidad y finalmente no se dio respuesta respecto a la falta de fundamentación de la Resolución de Sobreseimiento, aclarando que la Resolución Jerárquica se enfocó en fundar una nueva resolución pero en ningún momento concentró su análisis en observar si la resolución de primera instancia fue emitida adecuadamente. Por lo referido, es evidente la falta de congruencia de la resolución, correspondiendo en consecuencia sobre el punto conceder la tutela solicitada.
3) Con relación a que el Fiscal Departamental concluyó que la resolución de sobreseimiento se enmarca en la objetividad del hecho denunciado como de la norma legal aplicada, sin señalar cual es la prueba o acto que le lleva a formar ese criterio, careciendo la resolución de la debida fundamentación y motivación.
Al respecto se tiene que el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional estableció que la fundamentación se refiere a la obligación de las autoridades, en especial de las jurisdiccionales, de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en los que se apoye su determinación, así como de justificar la utilización de dichas disposiciones normativas o de interpretarlas de una determinada manera; es decir, consiste en la justificación normativa de la decisión que da por resultado la construcción de la premisa normativa; en cambio; y, la motivación hace referencia a la serie de razonamientos lógico-jurídicos que permiten entender, por qué un determinado caso se ajusta a la hipótesis normativa planteada en el mismo, significa que la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión que el acto concreto que se trate, se encuentra por una parte, probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las que considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra, explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal, elementos con los cuales se realiza la justificación fáctica de la decisión y se construye la premisa fáctica. Al respecto, se tiene que la resolución ahora cuestionada señaló que:
“De la valoración integral que se realiza de los elementos indiciarios cursantes en el cuaderno de investigación, independientemente de la obligación del director funcional de la investigación de promover la acción penal, del certificado médico se establece que la denuncia no ha sido comprobada por elementos consistente que confirmen la existencia del hecho y la posible participación de los imputados JULIO CESAR GUZMAN ROBLES Y NATALIA ELIZABETH GUTIERREZ BARRIOS en el delito de "Lesiones graves y leves", imponiéndose la inexcusable obligación de aplicar el PRINCIPIO DE DUDA, que rige el sistema procesal penal en Bolivia, que no significa otorgar espacios para la arbitrariedad; sino que las pruebas valen según el grado de convicción que se genere en el juzgador, de modo que si la convicción de la autoría del imputado no alcanza la plenitud, ingresará el principio in dubio pro reo que tiene su fuente de origen en el principio de presunción de la inocencia, significa que aquellas situaciones excluyentes de certeza benefician al imputado; es decir, se constituye en una regla especifica que obliga a absolver en caso de dudas razonables insuperables. En consecuencia, analizados los elementos de la investigación son insuficientes para establecer el NEXO DE CAUSALIDAD entre la conducta del denunciado al tipo penal previsto en el Art. 271 del CP.
(…)
“…el fiscal determina el sobreseimiento sobre la base de la inexistencia evidente del hecho, de su atipicidad en la ley penal o de la certeza que el imputado no participó en la comisión del ilícito; asimismo, el precepto admite que en caso de no contar con suficientes elementos de convicción respecto al delito investigado, la autoridad fiscal también puede sobreseer al imputado, al no contar con fundamentos sólidos para sustentar una acusación; esta licencia, responde a lo inútil de iniciar un proceso penal, cuyo resultado resultaría indudablemente ineficaz FINALMENTE, EL ART. 278 INFINE, DEL C.P.P., ESTABLECE QUE "EL FISCAL SE ABSTENDRÁ DE ACUSAR CUANDO NO ENCUENTRE FUNDAMENTO PARA ELLO" como ocurre en la presente causa, donde no existen suficientes elementos para sustentar una acusación en un posible juicio Oral público y contradictorio, lo que nos hace ver que es imposible destruir el principio de inocencia consagrado a favor de todo imputado por la Constitución Política del Estado. En el presente el fiscal de materia ha hecho una valoración correcta, lógica y razonable al emitir la resolución de sobreseimiento de fecha 26 de marzo de 2021” (sic). Es evidente, en consecuencia que la Resolución Jerárquica incurre en el mismo error que la Resolución de Sobreseimiento, puesto que asume la inexistencia de un nexo de causalidad, pero sin desglosar la totalidad de la prueba presentada, mucho más considerando que como ya se dijo, la resolución de sobreseimiento se funda bajo la vertiente de que no existe prueba suficiente para fundar una acusación; sin embargo, esta Resolución omite también valorar los elementos probatorios a efectos de determinar que se prescinde de la persecución penal. Siendo evidente también que la resolución ahora cuestionada, se centró en abordar aspectos genéricos del sobreseimiento y la competencia del Ministerio Público para resolver este aspecto, dejando de lado el análisis fáctico, probatorio e intelectivo y su aplicación a la vertiente del sobreseimiento dispuesto en el art. 323 del CPP. Por lo descrito y al ser evidente que la resolución carece de fundamentación y motivación que sobre el punto corresponde conceder la tutela solicitada. Finalmente respecto al derecho a la tutela judicial efectiva, corresponde denegar la tutela solicitada; toda vez, que no se evidencia que a la ahora accionante se le haya negado la posibilidad de acceder a los medios correspondientes de impugnación a efectos de garantizar la prevalescencia de sus derechos fundamentales. En consideración a que la presente Sentencia Constitucional Plurinacional ejecutó el análisis de las resoluciones de sobreseimiento de 8 de febrero de 2021 y la Resolución Fiscal Departamental RRMM 111/21 de 25 de mayo del mismo año, encontrando en ambas una deficiente fundamentación y motivación, que corresponderá determinar la nulidad de ambas debiendo emitirse nuevo requerimiento conclusivo y en caso de ser impugnada dicha determinación, el Fiscal Departamental de Santa Cruz- ahora demandado-, deberá considerar a efectos de su resolución los parámetros descritos en el presente fallo constitucional.
Con relación al pago de costas y costos procesales no corresponde por ser excusable esta situación En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, actuó de forma parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 175/2021 de 11 de noviembre, cursante de fs. 196 vta., a 202; pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a las problemáticas analizadas en el Fundamento Jurídico III.4.1 inc. a) y d) y III.4.2 disponiendo la nulidad de la Resolución de Sobreseimiento de 8 de febrero de 2021 y la Resolución Fiscal Departamental RRMM 111/21 de 25 de mayo del mismo año, debiendo emitirse nueva Resolución de Sobreseimiento considerando los Fundamentos Jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional. 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto al derecho a la tutela judicial efectiva y a las problemáticas resueltas en el Fundamento Jurídico III.4.1 inc. b) y c); de conformidad a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo es de Voto Aclaratorio.
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA
1 En su F.J.III.3.2. “La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía…”.
2 El FJ III.2, señala: “…el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que el juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia”.
3 La SC 0969/2003-R de 15 de julio, en su F.J. III.2 refiere que. El art. 73 CPC dispone que: “Los Fiscales formularán sus requerimientos y resoluciones de manera fundamentada y específica. Procederán oralmente en las audiencias y en el juicio y, por escrito, en los demás casos”. La disposición legal transcrita concuerda con el art. 61 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), resultando de vital importancia conocer las razones y motivos por los que el Fiscal asume una determinación, sin que sea suficiente un enunciado general al efecto, dado que la función de dirigir la investigación es uno de los aspectos novedosos del nuevo modelo procesal penal y constituye una función clave en el nuevo sistema para asegurar la imparcialidad judicial y para permitir que la investigación se realice con parámetros de mayor eficiencia. De tal modo, al Fiscal le corresponde asumir diversas decisiones acerca del inicio, desarrollo y futuro de la investigación y, entre otros aspectos, resolver su continuación, decidir su suspensión u otras medidas que deben ser adoptadas en resoluciones que justifiquen y expliquen su razón de ser”.
4 “A partir de este entendimiento y efectuando una interpretación del mismo a la luz de los nuevos principios ordenadores del derecho como el debido proceso en su componente de una debida fundamentación, resta complementar este razonamiento conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico precedente, estableciendo que, tanto las resoluciones dictadas por los fiscales de materia como por los fiscales de distrito -ahora departamentales-, deben hallarse debidamente fundamentadas y motivadas, expresando de manera clara y concreta, sustentada en derecho, las causas por las cuales se tomó determinada decisión; caso contrario, una resolución carente de estos elementos fundamentales que hacen al fondo del decisorio, impiden al litigante, tener la certeza plena del porqué del contenido de la decisión y lesionan el debido proceso, haciendo procedente la tutela constitucional que otorga la acción de amparo constitucional” (resaltado agregado).
5 “En ese sentido, si bien el ejercicio de la acción penal es una competencia otorgada por el constituyente al Ministerio Público conforme lo dispuesto en el art. 225 CPE, constituyéndose en un Órgano sometido a la Norma Suprema; esa facultad de decidir si ejerce o no la acción penal, no puede ser asumida de modo arbitrario. Por lo tanto, cualquier determinación del Ministerio Público, que en los hechos resuelva la situación jurídica del ciudadano, al que se le atribuye la comisión de un hecho delictivo, tales como: 1) Rechazo de una querella; 2) Imputación; y, 3) Sobreseimiento, entre otros; debe estar debidamente motivada y fundamentada; es decir, tiene que explicar en su resolución, las razones que le sirven de base para emitir su determinación, de tal manera que los involucrados en una investigación, sepan qué elementos
consideró para asumir tal determinación, dicho de otro modo, la resolución debe hacer conocer las razones de hecho y derecho, para sustentarla.
13 “…la suscrita Magistrada, en atención a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de este fallo, considera que, en un Estado constitucional de derecho, como lo asumido por el nuestro, que por voluntad del constituyente, se incorporaron en la Constitución Política del Estado, un conjunto de derechos y garantías constitucionales en favor de las personas, que constituyen al Estado Plurinacional de Bolivia, en un Estado garantista; lo cual, implica que, el Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme al art. 196 de la CPE en su misión de precautelar por la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, debe ajustar sus razonamientos al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales (arts. 13.I y 256.I de la CPE); en ese entender, es imperioso aplicar entendimientos y razonamientos más favorables y menos restrictivos para el acceso a la justicia constitucional en cuanto a su invocación de tutela; razón por la cual, respecto a las denuncias de vulneraciones relacionadas a la valoración de la prueba, esta Magistratura luego de advertir dos entendimientos diferentes al respecto, en apego a la jurisprudencia constitucional desarrollada en el citado Fundamento Jurídico III.2.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, opta por seguir y aplicar las razones jurisprudenciales desarrolladas en la SCP 0297/2018- S2, que se constituyen en el estándar más alto conforme lo desplegado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de este fallo.”
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1316_2023-S1.pdf · páginas 1 a 41.
Huella digital del PDF (SHA-256): 5cd2798bbad1b6b2c1aae1ae8b84e83257665110c48d9926a90db28d81a7fe13
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