Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 20 de diciembre de 2023
Concede en parte la tutela
La parte accionante denunció como lesionados sus derechos a la propiedad privada, al trabajo, al debido proceso, a la justicia pronta y oportuna, y a los principios de seguridad jurídica y verdad material; toda vez que, las autoridades demandadas, ante la interposición de una demanda de concurso necesario de acreedores (por sus empleados, proveedores y otros ante el incumplimiento de sus obligaciones por el desfase ocasionado por el proceso coactivo que el Banco Económico S.A. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 40/2022 de 15 de marzo, cursante de fs. 459 a 463 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada en relación a los derechos a la propiedad privada, al debido proceso en su elemento de seguridad jurídica, a la verdad material, con base a los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional, quedando sin efecto el Auto de 10 de diciembre de 2020, el Auto de Vista 130 de 23 de abril de 2021 y su Auto complementario de 14 de mayo de igual año, debiendo únicamente la Jueza accionada, emitir un nuevo fallo en el plazo de setenta y dos horas de su legal notificación, bajo los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° DENEGAR en cuanto a la alegada falta de notificaciones descrita en el punto b.2) de este fallo constitucional; y a los derechos al trabajo, a la justicia pronta y oportuna, y al debido proceso en su vertiente de juez natural.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1315/2023-S1 Sucre, 20 de diciembre de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 46828-2022-94-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 40/2022 de 15 de marzo, cursante de fs. 459 a 463 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Basma Cárdenas y Edith Velasco de Basma contra Mirian Rosell Terrazas y Oscar Jesús Menacho Angeleri, ex Vocales; Freddy Pérez Chavarría y Efraín Cruz Limachi, actuales Vocales, todos de la Sala Civil Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera; Freddy Larrea Melgar, ex Vocal de la similar Sala Cuarta, todos del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Claudia Janneth Mendez Duran, Jueza Pública Civil y Comercial Tercera de la Capital del mismo departamento.
JURÍDICA
Por memoriales presentados el 20 de octubre y 5 de noviembre de 2021, cursantes de fs. 243 a 272 vta., y 278 a 283 vta., los accionantes expresaron los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Como antecedentes, señalan que el origen del documento ilegal, base de la demanda coactiva -anulada a la fecha- en un juicio ordinario y debidamente ejecutoriado, se dio por la suscripción de un contrato de préstamo de dinero, por $us172 050.- (ciento setenta y dos mil cincuenta dólares estadounidenses) mediante el “Instrumento Público 1632/2001” con la garantía hipotecaria de sus inmuebles, especialmente con su predio denominado “Palestina”, préstamo que el Banco Económico Sociedad Anónima (S.A.) nunca les desembolsó; sin embargo, dicha entidad les instauró un proceso coactivo, en el cual se dictó Sentencia y a cuya consecuencia, el 2003 se embargaron sus bienes, especialmente el citado predio. Dicho juicio coactivo fue anulado en un proceso ordinario, pues llegaron a demostrar que nunca recibieron la suma de dinero indicada. Asimismo, el 2003, sus demás acreedores (empleados, proveedores y otros) ante el incumplimiento de sus obligaciones por el desfase ocasionado por el Banco Económico S.A., les iniciaron un proceso de concurso necesario de acreedores en el entonces Juzgado de Partido Civil y Comercial Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, siendo el Juez, el ahora demandado Oscar Jesús Menacho Angeleri; caso incoado por Ronald Eguez Paniagua -ahora tercero interesado-, al cual se acumularon todos los procesos coactivos, ejecutivos, laborales que tenían pendientes, incluyendo la acumulación del ilegal proceso coactivo iniciado por la referida entidad bancaria, que se encontraba radicado en el entonces Juzgado de Partido Civil y Comercial Tercero de la Capital del referido departamento. Lamentablemente el citado Juez -Oscar Jesús Menacho Angeleri, el 2009, pese a sus reclamos, remató y adjudicó su predio “Palestina” con un avalúo del 2003, a pedido del Banco coactivante como una continuación del proceso coactivo, sin realizarlo dentro del concurso de acreedores, violentando el art. 556 del Código de Procedimiento Civil -abrogado- (CPCabrg), llegando a adjudicar su predio a Walter Paz Cabrera Suarez, por la irrisoria suma de $us100 357,15.- (cien mil trescientos cincuenta y siete 15/100 dólares estadounidenses), cuando el avalúo era por $us200 714,30.- (doscientos mil setecientos catorce 30/100 dólares estadounidenses); por lo que, es un adjudicatario de mala fe. Por ello, plantearon incidente de nulidad de la “Escritura Pública 1632/2001”, base del proceso coactivo y sus actuados procesales (expediente 50/14) radicado en el entonces Juzgado de Partido Civil y Comercial Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; dentro del referido proceso ordinario, se concedió la nulidad del citado documento, se dictó el Auto de Vista 93/17 de 30 de mayo de 2017 por la Sala Civil Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró probada la demanda principal y anuló la Escritura Pública 1632/01 de 22 de noviembre de 2001, base del ilegal proceso coactivo, anulando el acta de embargo, la sentencia, el acta de remate y la escritura de transferencia judicial; asimismo, declaró la nulidad de inscripción, de la matrícula y del registro de inscripción de los nuevos dueños en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.) del adjudicatario Walter Paz Cabrera Suarez; proceso ordinario que se encuentra debidamente ejecutoriado mediante el Auto Supremo 544/2018 de 28 de junio -que confirmó el Auto de Vista 93/17-, Auto Supremo que fue sometido a una acción de amparo constitucional, en el que se negó la tutela solicitada por el Banco Económico S.A. (SCP 0941/2019-S2 de 4 de octubre) y como lógica consecuencia, el ilegal proceso coactivo quedó anulado. En mérito a esos antecedentes, luego de haberse dado la nulidad del proceso coactivo, así como la existencia de una Sentencia Constitucional Plurinacional a su favor, la Jueza Pública Civil y Comercial Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora accionada-, reparando inicialmente el daño causado emitió el Auto de 12 de julio de 2019, en virtud del cual, ordenó el desapoderamiento del predio “Palestina” a su favor y se les entregó retrotrayendo los efectos jurídicos del anulado proceso coactivo, ordenó la cancelación en la Oficina de DD.RR. del adjudicatario de mala fe, lo que significa que esa autoridad, en ningún momento ejecutó la sentencia de otra autoridad, lo único que hizo fue cumplir con su obligación y acatar lo ordenado por una autoridad judicial, conforme al art. 9 del Código Procesal Civil (CPC), porque era la autoridad a quien le correspondía realizar todos los actos procesales solicitados, por ser de su jurisdicción y competencia, toda vez que el art. 1560.II del Código Civil (CC), concordante con la Ley de Inscripción de Derechos Reales en su art. 39 y con relación al art. 68.II del Reglamento, modificación y actualización a la Ley de Inscripción de Derechos Reales -Decreto Supremo (DS) 27957 de 24 de diciembre de 2004- así lo establecen; en otras palabras, debe ser la autoridad que ordenó la inscripción del registro o gravamen, la misma que ordene su cancelación o levantamiento, tal cual ocurrió inicialmente en el presente caso; dejando claramente establecido que hasta esa actuación procesal, la Jueza ahora coaccionada, actuó con competencia; las demás actuaciones procesales, referente a la disposición de su derecho propietario, son ilegales y están fuera de su competencia. Los actos ilegales e indebidos que violentan sus derechos constitucionales al emitir sin competencia el Auto de 10 de diciembre de 2020 y el Auto de Vista 130 de 23 de abril de 2021, por la Jueza y los Vocales hoy accionados, respectivamente, son los siguientes: En cuanto a la Jueza accionada, se tiene que de manera ilegal, arbitraria y osada, anuló sus propias resoluciones fundamentando en su propia torpeza, pese a que le demostraron documentalmente que el adjudicatario siempre estuvo al tanto y conoció todas las actuaciones procesales efectuadas en el entonces Juzgado de Partido Civil y Comercial Decimosegundo como las realizadas en el Juzgado Público Civil y Comercial Tercero, ambos de la Capital del departamento de Santa Cruz, dentro de la demanda ordinaria y en el concurso de acreedores, en el afán de hacer valer sus derechos que fueron vulnerados, dejando claramente establecido que el adjudicatario no puede, ni podía aducir desconocimiento o falta de notificaciones tal cual acomodó a favor del adjudicatario, el ilegal Auto de 10 de diciembre de 2020. El adjudicatario desde el 2014 conoció de la demanda ordinaria de nulidad, ya que la misma y su Auto de Admisión fueron puestos a conocimiento y presentados al concurso de acreedores en el Juzgado Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz el 10 de marzo del referido año, en el cual es parte activa del proceso de acuerdo a la prueba 8; asimismo, la Jueza accionada, como la mejor abogada del adjudicatario, intentó fundamentar y justificar la indefensión del prenombrado en contraposición a lo manifestado voluntariamente por él mismo en su incidente de nulidad, aspecto ya establecido, pues él tenía conocimiento y participación en el proceso de todas las actuaciones procesales hasta marzo de 2018, “a confesión de parte, relevo de pruebas” (sic).
La Jueza de la causa a momento de dictar resoluciones a su favor, no incursionó en la competencia del Juez Público Civil y Comercial Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, tal como determina el art. 397.1 del CPC, siendo que solo impetran que las cosas vuelvan a su estado natural y no piden ejecutar un fallo ajeno, tal cual manifiesta el Auto de 10 de diciembre de 2020, realizando la Jueza accionada una mala interpretación de la referida norma, favoreciendo al adjudicatario. Revisado el Auto de 10 de diciembre de 2020 en su acápite IV), referente a la sustracción de materia, la Jueza demandada, “como jueza de jueces”, analiza la resolución de un inferior, y como si tuviera competencia para hacerlo, ingresa a revisar los actuados procesales del juicio ordinario en todas sus instancias, manifestando y defendiendo a ultranza que los actos administrativos realizados por el adjudicatario en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) son suficientes para no ser afectados por la jurisdicción ordinaria, siendo que éste solo realizó trámites administrativos y no así de inscripción a su nombre en esa institución; asimismo, dentro del presente caso, en ninguna parte pidieron a la dicha autoridad judicial que acumule los procesos coactivo y ordinario para su ejecución como erróneamente fundamentó en el referido Auto. En cuanto corresponde a los Vocales ahora demandados, se tiene que, en el ilegal Auto de Vista 130 -suscrito por Mirian Rosell Terrazas y Freddy Larrea Melgar, ex Vocales de la Sala Civil Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera y Cuarta, respectivamente-, siendo que de conformidad al art. 265 del CPC, estaban obligados a verificar todos los actos procesales denunciados en el recurso de reposición con alternativa de apelación, dichas autoridades no lo hicieron, y al igual que la Jueza accionada, defendieron a ultranza la supuesta indefensión y buena fe del adjudicatario; asimismo, no se pronunciaron respecto a la mala fe del adjudicatario incidentista; como prueba de que el Auto de Vista 130, fue resuelto con aparente interés para que el proceso esté a favor del adjudicatario en el acápite II.4, erróneamente indican el nombre del adjudicatario como “(PAZ CABRERA-SIENDO LO CORRECTO CABRERA VALENCIA)”; asimismo, manifiestan erróneamente que fue el Banco Económico S.A. contra José Basma Cárdenas y otros, no siendo correcta esa aseveración, porque fue incoado por Ronald Eguez Paniagua y no por la citada entidad bancaria; de igual manera en el acápite II.4.1, la Sala no revisó o tocó el punto apelado referente a que el proceso ordinario también anuló el mandamiento y el acta de embargo, y el avalúo de su predio realizado en el proceso coactivo de 2002 y 2003, actuaciones procesales que fueron usados el 2009 para rematar su predio Palestina; también interpretan el art. 1319 del CC, solo para salvar al adjudicatario, olvidándose que el proceso ordinario anuló los actuados señalados anteriormente. En el acápite II.6 del Auto de Vista 130, los Vocales accionados, no corrigieron las vulneraciones al debido proceso y a la igualdad de las partes, realizadas por la Jueza accionada referente a la falta de notificaciones a todos los sujetos procesales, puesto que, con el Auto de 10 de diciembre de 2020, solo fueron notificados tres partes, faltando nueve por notificar dentro del proceso concursal antes de remitir el cuadernillo de apelaciones, debiendo los accionados devolver actuados al juzgado remitente; así también, no resolvieron todos los puntos apelados, ya que rechazaron el recurso de reposición interpuesto con el fundamento que no es el correcto y autorizado por el art 157.I con relación al 262.1, ambos del CPC, pero no se pronunciaron sobre el fondo del citado recurso, rechazándolo de manera ilegal; tampoco se manifestaron sobre el punto referente a la pérdida de competencia de la Jueza accionada por emitir la resolución fuera de término. De igual manera, el 14 de mayo de 2021, los Vocales ahora accionados emitieron el Auto que resolvió la aclaración, enmienda y complementación solicitada, declarándola no ha lugar, y lo curioso es que en dicho Auto, ilegalmente intervino y firmó el Vocal Presidente Oscar Jesús Menacho Angeleri, quien se había excusado y apartado del conocimiento de la causa, por haber sido el Juez que “remató” su predio denominado Palestina. Señalan además que, lamentablemente las autoridades judiciales ahora demandadas, por más de dieciocho años destruyeron su salud y a su familia, al extremo que “a la fecha” son personas de la tercera edad, se encuentran enfermas y económicamente quebradas, razones por las cuales vienen realizando reclamos, sin que los escuchen y se les haga justicia. Con estas actuaciones, destruyeron su salud y a su familia, al punto que el accionante José Basma Cárdenas, se encuentra más delicado de salud por problemas renales causados por el estrés.
Los accionantes denunciaron como lesionados sus derechos a la propiedad privada, al trabajo, al debido proceso en su vertiente al juez natural, a la justicia pronta y oportuna, y los principios de seguridad jurídica y verdad material, citando al efecto los arts. 46, 47, 56, 67, 115, 119, 178, 180 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Los accionantes solicitaron se conceda la tutela; y: a) Se anule el Auto de 10 de diciembre de 2020 emitido por la Jueza demandada; b) Se anule el Auto de Vista 130 de 23 de abril de 2021 y su Auto complementario, emitido por los entonces Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, ahora accionados; c) Se ordene a la indicada Jueza, dicte un nuevo Auto, resolviendo el incidente de nulidad presentado por el adjudicatario, considerando los principios de verdad material con fundamentación objetiva y basado en los parámetros de esta acción tutelar sin alterar ni modificar el proceso ordinario, respetando su derecho propietario; asimismo, el cumplimiento estricto del Auto de Vista 93/17, el Auto Supremo 544/2018; y la SCP 0941/2019-S2 de 4 de octubre, sin inmiscuirse en actos que no son de su competencia, como dilucidar o modificar su derecho propietario ya establecido y restituido; y, d) Habiendo las autoridades ahora accionadas cometido ilícitos penales, se remitan antecedentes al Ministerio Público para los efectos correspondientes.
Habiéndose instalado la audiencia fijada para el 11 de marzo de 2022, la misma fue diferida para el 15 de igual mes y año, debido a que los Vocales de la Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz, al no llegar en acuerdo respecto a la decisión a asumirse dentro de la presente acción tutelar, procedieron a convocar a la Presidenta de la Sala Constitucional Segunda del mismo departamento, según consta en las actas cursantes de fs. 435 a 448; y, 452 a 459; se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su abogado se ratificaron in extenso en los términos de su memorial de acción de amparo constitucional.
Mirian Rosell Terrazas, Oscar Jesús Menacho Angeleri, ex Vocales de Sala Civil Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Familiar o Doméstica y Pública Primera, y Freddy Larrea Melgar, ex Vocal de la similar Sala Cuarta, todos del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a través de informe escrito de 10 de febrero de 2022, cursante de fs. 385 a 386, señalaron que: 1) Habiéndose pronunciado el Auto de Vista 130, que hoy se cuestiona, el mismo se encuentra sustentado en obrados del proceso, especialmente en el Auto de Vista donde se señala claramente que el derecho propietario nace de un remate y subasta, conforme al art. 568 del CPC; de igual manera, en el proceso concursal se dictó sentencia de grados y preferidos, materializándose de esta manera la cosa juzgada, de acuerdo al art. 1319 del CC, no pudiendo retrotraerse actos procesales ya ejecutoriados; 2) El recurrente, hoy accionante, siempre tuvo conocimiento del proceso, como se evidencia en actuados procesales donde el mismo planteó incidente de nulidad; en ese sentido, el art. 107 del referido Código Procesal señala que la oportunidad de pedir la nulidad de obrados debe ser en el primer actuado judicial, cuando la parte afectada toma conocimiento de dicho aspecto, lo cual no ocurrió en el caso de autos; 3) Esta situación no puede afectar a terceros que adquieren el bien inmueble de buena fe, conforme al art. 229.II del CPC; por otro lado, el art. 1485 del CC, señala: “No es oponible el adjudicatario o el asignatario la nulidad de actos ejecutivos que hayan precedido a la adjudicación o asignación...”; en ese sentido, es necesario hacer notar que la presente acción tutelar, pretende en definitiva que la justicia constitucional se aparte de lo dispuesto por el art. 265.I del CPC, el cual solo se refiere a los puntos resueltos por el inferior, que sean objeto de los agravios expresados; asimismo, los impetrantes de tutela pretenden se revise la labor interpretativa de la justicia ordinaria; la valoración de la prueba y la interpretación de la normativa ordinaria y constitucional, efectuada en el Auto de Vista objeto de esta acción de defensa; 4) Al respecto, la SCP 0832/2018-S1 de 12 de diciembre, establece que: “...la justicia constitucional únicamente podrá revisar la interpretación de la legalidad realizada por la justicia ordinaria cuando, quien denuncie tal extremo como lesivo a sus derechos y garantías constitucionales…”; 5) El citado Auto de Vista 130 fue resuelto con la debida fundamentación y motivación, ya que explica de manera clara y concisa los puntos demandados, exponiendo las razones que determinaron la parte resolutiva de dicho fallo, existiendo clara coherencia y concordancia en la parte de la fundamentación y la parte resolutiva; y, 6) Por ello, señalan que la presente acción es manifiestamente improcedente. Freddy Pérez Chavarría y Efraín Cruz Limachi, actuales Vocales de la Sala Civil Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, habiendo sido notificados legalmente, tal cual se tiene de las diligencias cursantes a fs. 423 y 424, no presentaron informe alguno, ni se hicieron presentes en la audiencia señalada por el Tribunal de garantías. Claudia Janneth Mendez Duran, Jueza Pública Civil y Comercial Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, pese a su legal notificación, tal cual se tiene de las diligencias cursantes a fs. 311, no presentó informe escrito, ni se hizo presente a la audiencia señalada por el Tribunal de garantías.
Carmen Katia Soruco Dalence en representación del Banco Económico S.A. a través de informe escrito presentado el 31 de enero de 2022, cursante de fs. 364 a 366 vta., precisó: i) De la lectura del escrito presentado por la parte accionante, se puede evidenciar la invocación de dos procesos, se pasa a demostrar que no se les vulneró derecho alguno, sino que evidencia una errónea interpretación de la ley y actos procesales realizados dentro de la normativa adjetiva y sustantiva; ii) La interposición de una demanda ordinaria, cuya pretensión era que se declare la nulidad de la Escritura Pública “1652/2001” así como del proceso coactivo -no señala número de expediente, ni Número de Registro Judicial (NUREJ), el acta de embargo (no describe la fecha del acta y el objeto embargado), la nulidad de la inscripción, la escritura de transferencia judicial, la matrícula y el registro de inscripción de nuevos dueños en la Oficina de DD.RR. (no se describe el número de matrícula, ni el nombre de los nuevos dueños); iii) Además, pide el embargo sobre la inscripción del predio Palestina signado con matrícula 010082801 de 26 de octubre de 1982, esa solicitud de medida cautelar no le fue concedida; iv) Refiere que la Sentencia le fue favorable; en realidad, el fallo de primer grado le es desfavorable, y si en la segunda instancia se revocó la Sentencia y se dictó el Auto de Vista 93/97, en el mismo se declaró probada la demanda, la nulidad de la Escritura Pública 1632/01, así como el proceso coactivo (no hace referencia exacta del proceso, nulo el acta de embargo, la escritura de transferencia judicial, la nulidad de inscripción, matrícula y registro de inscripción de los nuevos dueños). Este Auto de Vista ameritó que se tramite el recurso de casación, que fue declarado infundado, no es correcta la afirmación de la parte demandante de tutela en sentido que el Auto de Vista fue confirmado; v) Dentro de este proceso, el demandante solicitó al Juez de primera instancia, la cancelación de la matrícula 7.05.2.01.0000780 registrada a nombre de Walter Paz Cabrera Suarez el 31 de julio de 2014; la que fue rechazada con el fundamento de la autoridad, que el Auto de Vista no ordenó la cancelación de registro alguno y no fue ordenado por el Juzgado; vi) La parte accionante no interpuso ninguna clase de recurso contra la resolución emitida por el Juez de primera instancia del proceso ordinario; y, vii) El proceso coactivo iniciado por el Banco Económico S.A. convergió en un proceso de concurso necesario de acreedores a instancias de Ronald Eguez Paniagua; en el cual se llevó a remate el inmueble denominado Palestina, habiéndose adjudicado a Walter Paz Cabrera Suarez; sobre este proceso es que sus autoridades deben resolver, si es que se le han lesionado o no los derechos al impetrante de tutela, y pasa a argumentar: a) Dentro del proceso concursal, se llevó a cabo el remate público del inmueble denominado Palestina, disponiéndose el desapoderamiento contra los concursados; la parte accionante presentó recurso de reposición con alternativa de apelación, solicitando la nulidad del remate y la orden de desocupación y entrega de la propiedad denominada Palestina; la Jueza ahora demandada, rechazó el incidente mediante Auto de 24 de diciembre de 2012; b) Recurrido en grado de apelación el referido Auto fue confirmado por la Sala Civil Segunda mediante Auto de Vista “201/2013”; “NOTARAN SUS AUTORIDADES que en ambas resoluciones se hace referencia a que el remate ya ha sido resuelto y que TIENE CALIDAD DE COSA JUZGADA” (sic); c) Mediante Autos de 12 de julio y 19 de septiembre de 2019, se ordenó el desapoderamiento del adjudicatario y la cancelación de su derecho propietario sobre el fundo Palestina, siendo registrada la minuta de venta judicial bajo la matrícula 7.05.2.01.0000780, asiento A-3 de 14 de julio de 2014; contra esta resolución, el adjudicatario presentó recurso de nulidad, pidiendo dejar sin efecto la orden de desapoderamiento y de cancelación de registros, argumentando que el predio Palestina tiene saneamiento del INRA; por lo que, a la fecha de la ejecutoria de la demanda, ya existía exclusión de materia, que no corresponde a la justicia ordinaria, sino a la agroambiental, asimismo, manifestó que no fue demandado en el juicio ordinario del que se valió la parte accionante para lograr que se disponga su desapoderamiento; d) Emergente de esa solicitud, se dictó el Auto de 10 de diciembre de 2020, que declaró probado el incidente de nulidad de obrados, dejando sin efecto el mandamiento de desapoderamiento del adjudicatario y la orden de cancelación del registro de propiedad, así como el desapoderamiento contra la parte impetrante de tutela; e) Recurrido en grado de apelación, se dictó el Auto de Vista 130, que confirmó en todas sus partes el Auto dictado por la Jueza a quo; los fundamentos para la toma de la decisión de los Vocales ahora demandados son los siguientes:
1) El remate y adjudicación fueron realizados dentro del Concurso de acreedores en fecha 22 de junio del 2009, tramitado conforme a lo dispuesto por el Art. 568 del antiguo Código de Procedimiento Civil. 2) La sentencia dictada en el proceso ordinario se dicta el 17 de marzo del 2015 declarándose improbada, se revoca mediante Auto de vista del 30 de mayo del 2017 y se declara probada la demanda, posteriores a la adjudicación del Predio Palestina. 3) Que el proceso coactivo anulado no se continuó tramitando, sino que fue el PROCESO CONCURSAL, que es de carácter universal. 4) Que se dicto Sentencia de grados y preferidos, sentencia de subasta que están firmes y vigentes, que imposibilita se materialicen los efectos de cosa juzgada del proceso ordinario. 5) Que, el adjudicatario no fue parte del proceso ordinario. 6) Que es correcta la aplicación del art. 1.485 del CC, norma invocada por la Juez de instancia, interpretada acertadamente por la Jueza. 7) Que el adjudicatario es un adquiriente de buena fe y tiene registrado su derecho propietario conforme lo dispone el art. 229 II del CPC f) La demanda de acción de amparo constitucional, es ampulosa de manera innecesaria, no establece ningún vínculo entre los argumentos expuestos por las autoridades accionadas con la supuesta vulneración de su derecho constitucional a la propiedad privada; es decir, se constituyen en expresiones subjetivas en casi todo el texto del escrito, siendo falsos los argumentos de la lesión de sus derechos invocados, ya que las autoridades demandadas emitieron sus resoluciones dentro del marco del debido proceso en su vertiente de motivación y fundamentación; y, g) Finalmente los accionantes no pueden pedir a este Tribunal, que se violente la norma al exigir que la Jueza Pública ahora demandada, haga cumplir una Sentencia que no fue dictada por esa autoridad, sino por otra, que es el Juez Público Civil y Comercial Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, quien debe cumplir con las resoluciones dictadas dentro de ese proceso ordinario de acuerdo al art. 397.I del CPC; por ello, pide se deniegue la tutela impetrada. Por su parte Walter Paz Cabrera Suarez y Ronald Eguez Paniagua, terceros interesados, pese a ser notificados legalmente, tal cual se tiene de las diligencias corrientes a fs. 379 y 391, respectivamente, no presentaron informe escrito, ni se apersonaron a la audiencia señalada.
La Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 40/2022 de 15 de marzo, cursante de fs. 459 a 463 vta., denegó la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo ni imposición de costas, bajo los siguientes fundamentos: 1) La parte accionante argumenta que se habrían lesionado sus derechos fundamentales a la propiedad privada, al trabajo, a una vejez digna libre de violencia física y psicológica, al debido proceso, a una justicia pronta y oportuna, y a los principios de seguridad jurídica y verdad material, efectuando una mala aplicación de la ley, ello, producto de la emisión manifiesta de dos resoluciones dentro del proceso que se le habría instaurado y que posteriormente, habría sido anulado por un Auto Supremo; esos actos que identifica la parte impetrante de tutela, es el Auto de 10 de diciembre de 2020 y el Auto de Vista 130. A partir de ahí, solicita se dejen sin efecto dichos actos judiciales; 2) A su turno, el Banco Económico S.A., a través de su personero legal, manifestó que dichos extremos no serían evidentes, y que en el caso de análisis, existirían causales de improcedencia de esta acción de defensa, en el entendido que no se habría notificado a los terceros interesados, teniendo en cuenta que dentro del proceso donde fue acumulado también el proceso ejecutivo, en el proceso concursal existirían catorce personas que no habrían sido notificadas, situación por la cual, a la luz de la SC “874/2017” es necesaria la notificación a todos los terceros interesados, que podrían ser afectados con la acción de amparo constitucional; 3) De igual manera, el tercero interesado argumentó que en el fondo no sería evidente la lesión de los derechos que denuncia la parte accionante, tomando en cuenta que en el proceso ordinario, la demanda, la sentencia, el Auto de Vista y el Auto Supremo no establecerían con claridad de qué proceso ejecutivo se trataría en el proceso ordinario, donde se pide la nulidad de los documentos base del proceso ejecutivo; tampoco se señalaría el alcance de qué sentencia o de qué remate, como ocurre en el presente caso; a partir de ello, señala que al no ser evidentes dichos extremos, debió haberse acudido ante la instancia competente que es la autoridad judicial en la vía ordinaria que conoció el Auto de Vista como el Auto Supremo, la que deberá ejecutar sus propios actos; 4) Es en ese marco, que el tercero interesado manifiesta que no sería competente “…la autoridad competente ahora accionada…” (sic) para ejecutar las resoluciones dictadas por el Juez, emergente del proceso ordinario, que devino en el Auto Supremo que anuló el proceso, por lo cual, solicita se deniegue la tutela; 5) A partir de ello, se puede evidenciar de los antecedentes del cuaderno principal con NUREJ 200488018, que a fs. 1012 de dicho expediente, se tiene la solicitud de incidente de nulidad de obrados interpuesto por Walter Paz Cabrera Suarez dentro del proceso coactivo seguido por el Banco Económico S.A. contra los ahora accionantes, dicho incidente dio lugar al traslado y posterior notificación a los éstos, a Walter Paz Cabrera Suarez, a Diana y Hamel, ambos Galán Peñaranda, a Paola Peña de Peña; asimismo, la notificación a Vita Saucedo Vda. de Malpartida, a Rolando Eguez Paniagua, al Banco Económico S.A., a Hortensia Carvajal Cabrera, a Mario Severiche “Tavares”, a “Gerber” Velasco Chávez, a Marioly Columba Ribera, a Leonardo Vaca Diez Gentile, a “Rolando Vigel”, el cual dio lugar también a la absolución del traslado por parte de la indicada entidad bancaria, pidiendo se rechace el memorial de 29 de octubre de 2020, y se dicte resolución declarando la improcedencia de lo planteado, la solicitud de dejar sin efecto el mandamiento de desapoderamiento, de restitución de la posesión y se determine la existencia de responsabilidad civil y penal, con costas por ser manifiestamente improcedente; 6) De ello, se infiere también, que el 10 de diciembre de 2020, la Jueza ahora accionada emitió un Auto donde declara probado el incidente de nulidad de obrados interpuesto por Walter Paz Cabrera Suarez, y en consecuencia, dejó sin efecto el desapoderamiento de “26 de octubre” y la orden de cancelación de registro del asiento respectivo, Auto que habiendo sido notificado a Diana y Hamel, ambos Galán Peñaranda, a Walter Paz Cabrera Suarez, al Banco Económico S.A., a José Basma Cárdenas, a Mario Severiche Torrez, a Marioly Columba Ribera y a Leonardo Vaca Diez Gentile, entre otros, dio lugar al recurso interpuesto por el impetrante de tutela, el cual previo los trámites de ley, devino en el Auto de Vista 130, el cual confirmó el Auto de 10 de diciembre de 2020 y confirmó parcialmente el Auto de 12 de febrero de 2021, en lo que corresponde a la concesión de recurso en el efecto devolutivo; Auto de Vista que fue objeto de notificación a Diana y Hamel Galán Peñaranda, Edith Velasco de Basma, “Pitter Vigel”, “Francisca Ronald Vinel”, Ronald Eguez Paniagua, Otto Roger Velasco, Walter Paz Cabrera, el Banco Económico S.A., Paola Peña de Peña, Vita Saucedo Vda. de Malpartida, Mario Severiche Torrez, Marioly Columba Ribera, Leonardo Vaca Diez Gentile y José Basma Cárdenas; 7) Posteriormente, dicho Auto fue objeto de solicitud de aclaración, enmienda y complementación por la parte hoy accionante a través de escrito de 11 de mayo del citado año, que devino en la emisión del Auto de 14 de igual mes y año, el cual fue notificado de igual manera a Diana y Manuel, ambos Galán Peñaranda, Edith Velasco de Basma, a “Pitter Vigel”, a “Francis Ronald Picter”, Hortencia Carvajal Cabrera, Ronald Eguez Paniagua, Otto Roger Velasco Chávez, Marioly Columba Ribera, Leonardo Vaca Diez Gentile y José Basma Cárdenas, como también a Walter Paz Cabrera Suarez, al Banco Económico S.A. y a Vita Saucedo Vda. de Malpartida, entre otros; y, 8) A partir de ese momento, es que se puede advertir de la compulsa del cuaderno principal, la participación de terceros interesados, los cuales no habrían sido considerados ni en la acción de amparo constitucional, como tampoco en el Auto de Admisión, terceros interesados que no puede considerárseles como una formalidad intrascendente, sino que era obligación y así lo establece el art. 31 del Código Procesal Constitucional (CPCo), en relación con el art. 33.1 de dicha norma adjetiva constitucional; es decir, que habiéndose identificado dentro del proceso principal la participación de terceros interesados que habrían sido notificados con el Auto de Vista que es objeto de la presente acción de defensa, era obligación tanto del accionante, al momento de interponer la misma, identificar a dichos terceros interesados a efectos de que dentro de la presente acción tutelar, si vieren conveniente, se presenten y asuman los argumentos pertinentes en derecho; en tal sentido, al no haberse realizado dicha identificación y teniendo en cuenta la jurisprudencia constitucional antes expuesta, se debe denegar la tutela solicitad con el advertido que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
Por Decreto Constitucional de 4 de abril de 2023, cursante a fs. 508, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 18 de diciembre de igual año (fs. 548); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es emitida dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial de 2 de octubre de 2002, el representante legal del Banco Económico S.A. -entidad tercera interesada- planteó demanda coactiva civil contra los deudores José Basma Cárdenas, Edith Velasco de Basma -ahora accionantes-, Paulina Peña de Peña y Mario Severiche Torrez, por el préstamo de dinero de $us172 050.- (fs. 2 a 4). II.2. Mediante Sentencia 292/2002 de 11 de octubre de 2002 pronunciada dentro del juicio coactivo civil contra los deudores, José Basma Cárdenas y otros, el Juez de Partido Civil y Comercial Tercero de la entonces Corte Superior del Distrito -ahora Tribunal Departamental de Justicia- de Santa Cruz, declaró probada demanda, ordenando que dentro del tercer día de su citación se cancele lo adeudado, bajo prevenciones de llevar adelante el remate en subasta pública de sus bienes, especialmente del bien ofrecido en garantía, con costas (fs. 5 y vta.).
II.3. A través de memorial de 3 de febrero de 2004, presentado ante el Juez de Partido Civil y Comercial Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, el representante legal del Banco Económico S.A. dentro del proceso concursal seguido por Ronald Eguez Paniagua -tercero interesado-contra el ahora accionante y otros, señaló que siendo que esa autoridad ordenó la acumulación del proceso coactivo seguido por el Banco Económico S.A. contra José Basma Cárdenas y otros, el cual se encontraba con fecha para la primera audiencia de subasta y remate, ésta fue suspendida por existir una orden para su acumulación al proceso concursal iniciado por el precitado tercero interesado contra el accionante. Asimismo, pidió se señale fecha y hora de la primera audiencia de subasta y remate de los dos inmuebles hipotecados y embargados (fs. 13 y vta.). Por Auto de 4 de febrero de 2004 el mencionado Juez, señaló que en cumplimiento de la SCP 1539/2003-R de 30 de octubre, rechaza la solicitud de declinatoria y devolución del proceso coactivo, debiendo continuarse con el trámite de ley y procederse a elaborar los avisos de prensa para los remates y sea en cuaderno separado de acuerdo al art. 571 del CPCabrg; de igual manera se dispuso la citación a los demás acreedores mediante edictos de prensa y la citación a los concursados de acuerdo al art. 120 de la misma normativa procesal (fs. 14).
concursal, por Oscar Jesús Menacho Angeleri, Juez de Partido Civil y Comercial Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-, quien dispuso el remate de dos inmuebles del ejecutado José Basma Cárdenas; el primero, registrado en el folio 0210617; y el segundo, el “Fundo rústico (…) PALESTINA”, bajo el folio 0010811 (fs. 15 y vta.). II.5. Por Auto 513/2010 de 13 de agosto, el referido Juez de Partido Civil y Comercial Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, aprobó el remate y adjudicó el inmueble embargado (fundo rústico Palestina) de propiedad del coactivado José Basma Cárdenas a Walter Paz Cabrera Suarez en la suma de $us100 357,15.-, ordenando la extensión de la minuta de adjudicación (fs. 19 y vta.). II.6. Por memorial de 3 de noviembre de 2011, el ahora accionante por sí y en representación de su esposa Edith Velasco de Basma -también impetrante de tutela-, se apersonó dentro del proceso concursal necesario de acreedores, y denunció arbitrariedades de los juzgadores, que a su turno, llevaron adelante el proceso concursal de modo irregular; por lo que, planteó apelación del Auto Definitivo de 10 de octubre del indicado año y pidió nulidad con reposición total de obrados. En el punto III.14. señala: “En definitiva, se tiene que en el presente caso, todos los señalamientos de subasta que condujeron al remate de uno de nuestros bienes y posterior adjudicación a un tercero ligado al Banco, FUERON EFECTUADOS DURANTE LOS SIETE AÑOS DE TRAMITACIÓN DEL PROCESO CONCURSAL, SIN CITACIÓN PREVIA DE LA DEMANDA. Por ello, plantea recurso de apelación en contra del Auto Definitivo de 10 de octubre de 2011, pidiendo sea revocado y se disponga la nulidad con reposición de obrados” (fs. 21 a 29 vta.). II.7. Mediante Sentencia 39 de 16 de julio de 2012, dictada por el Juzgado de Partido Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, dentro del proceso concurso necesario de acreedores seguido por el tercero interesado Ronald Eguez Paniagua contra el ahora peticionante de tutela y otra, en calidad de concursados; se señaló, entre otros que:
“I. En base a los hechos expuestos y las citas de derecho que invocó en su demanda de fojas 7 á 8, RONAL EGUEZ PANIAGUA, adjuntando las certificaciones extendidas por las secretarias de los Juzgados tercero de Partido, Segundo y Séptimo de Instrucción en Materia Civil y Comercial de la Capital que salen a fojas 3 á 5; promueve concurso necesario de acreedores contra JOSE BASMA CARDENAS Y EDITH VELASCO DE BASMA, al amparo de los Arts. 562 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, manifestando que por la prueba adjuntada a su demanda se evidencia la existencia de procesos contra sus deudores, los cuales vienen siendo ejecutados en diferentes Tribunales de Justicia, tal como se evidencia por las diferentes certificaciones acompañadas, pidiendo se imprima a su demanda el trámite legal correspondiente y en definitiva se dicte sentencia de grados y preferidos, previa citación mediante edicto a otros acreedores, ordenando el remate de los bienes de propiedad de los deudores para que con el producto de su venta se cancelen las sumas ejecutadas.-
III.- En el proceso se han observado los procedimientos establecidos por ley.
(…)
Se declara PROBADA la demanda de concurso necesario (…) y se ordena el pago con el dinero producto de los bienes inmuebles a ser rematados de propiedad de los concursados JOSE BASMA CARDENAS Y EDITH VELASCO DE BASMA, en el siguiente orden de Grados y Preferidos: (…) 2.- Sobre el bien inmueble denominada ‘Palestina’, con una superficie 467.2000 metros cuadrados, Registrado bajo la Matricula No. 7.01.1.02.0000257… (…) 12.- Acreencia de Ronald Eguez Paniagua, por la suma de DIEZ MIL 00/100 DÓLARES AMERICANOS…” (fs. 30 a 32 vta. [las negrillas nos pertenecen]). II.8. Consta memorial de 11 de marzo de 2014 dirigido a la entonces Jueza de Partido Civil y Comercial Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, por el cual la parte accionante puso en su conocimiento que el “25 de febrero” presentó demanda ordinaria de nulidad de la Escritura Pública “1632/01”, proceso radicado en el Juzgado de Partido Civil y Comercial Decimosegundo del citado departamento, en la que se cuestionó la validez y eficacia de la Escritura Pública 1632/01, base de la acción coactiva seguida por el Banco Económico S.A. contra su persona (fs. 34 y vta.). II.9. A través del Auto de Vista 93/17 de 30 de mayo de 2017, la Sala Civil, Comercial, Familiar, y/o Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro de la demanda ordinaria de nulidad de escritura pública, nulidad de proceso coactivo, acta de embargo, sentencia, de subasta y remate, y cancelación en la Oficina de DD.RR., tramitado en el Juzgado Público Civil y Comercial Decimosegundo de la Capital del referido departamento, revocó en todas sus partes la Sentencia de 17 de marzo de 2015, y en su mérito declaró probada la demanda principal planteada por el ahora accionante por sí y por su esposa -también accionante-; en consecuencia, quedaron nulos: la Escritura Pública 1632/01; el proceso coactivo, el acta de embargo, la sentencia, el acta de remate, la escritura de transferencia judicial, nulidad de inscripción, la matrícula y el registro de inscripción de los nuevos dueños en la citada Oficina de DD.RR., seguido por el Banco Económico S.A. contra los accionantes (fs. 47 a 51). II.10. Por Auto Supremo 544/2018 de 28 de junio, los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia resolvieron el recurso de casación interpuesto por el Banco Económico S.A. contra el Auto de Vista 93/17, señalando que si la entidad recurrente advirtió alguna anomalía en la cita de la normativa (art. 18 del CC), debió pedir la aclaración correspondiente, lo que no fue solicitado oportunamente; y concluyeron que si bien el Tribunal de apelación incurrió en un error en la cita de un artículo, éste no puede constituirse como indebida aplicación de la norma al ser enmendado ese defecto numérico; determinando declarar infundado el recurso de casación interpuesto por el Banco Económico S.A. (fs. 52 a 55 vta.). Por proveido de 8 de agosto de 2018, emitido por el Juez Público Civil y Comercial Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz se dispuso: “Cúmplase y sea con noticia de los sujetos procesales” (sic [fs. 58]). II.11. Mediante memorial de 17 de junio de 2019, Walter Paz Cabrera Suarez, ahora tercero interesado, formuló ante el Juez Público Civil y Comercial Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, incidente de nulidad de todo lo obrado dentro del “viciado” proceso seguido a instancia del accionante José Basma Cárdenas contra el Banco Económico S.A., pidiendo que previo el trámite respectivo, se anulen obrados hasta “fs. 16” del expediente y se conmine al demandante -José Basma Cárdenas- a que dirija y amplíe la demanda contra su persona (fs. 106 a 119).
II.12. A través del Auto Interlocutorio de 12 de julio de 2019, Claudia Janneth Mendez Duran, Jueza Pública Civil y Comercial Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada- ante la emisión del Auto de Vista 93/17 que declaró la nulidad del instrumento “1631/2001” (lo correcto es Escritura Pública 1632/01), determinó para su ejecución, entre otros, la nulidad de dicho instrumento, del acta de embargo, de la sentencia, del acta de remate, de la escritura de transferencia judicial, la nulidad de inscripción, matrícula y registro de inscripción de los nuevos dueños en la Oficina de DD.RR., correspondiendo la aplicación del art. 397.I del CPC, señalando: “Sin embargo, al haberse efectuado los pagos por el precio de la subasta dentro de este proceso concursal, así como haberse procedido al desapoderamiento del inmueble rematado, corresponde atenderse estrictamente la restitución de los depósitos del monto de la subasta, y el desapoderamiento del inmueble rematado, consecuente de carecer a la fecha de sustento legal para mantener los mismos” (sic); disponiéndose: “1) Que por el BANCO ECONÓMICO SA, proceda dentro de tercero día de su notificación (…) a la restitución del total de $us. 100357.15, (…) 2) Previo a librarse mandamiento de desapoderamiento del inmueble denominado CABAÑA “PALESTINA” (…), la Srta. Oficial de Diligencias apersonándose al inmueble, informe de quienes serían sus ocupantes a objeto de su respectiva conminatoria” (sic [fs. 83]). II.13. Por Auto de 19 de septiembre de 2019, la Jueza ahora accionada señaló que al haberse determinado la adjudicación del inmueble rematado a favor de Walter Paz Cabrera Suarez -ahora tercero interesado-, y habiéndose ordenado la restitución del precio de la subasta, ésta quedaba sin efecto alguno, haciendo procedente la cancelación de su registro, por lo que se dispuso la cancelación del registro a nombre de Walter Paz Cabrera Suarez; asimismo, se enmendó el número de registro del instrumento público por “1632/01” (fs. 99). Actuado con el que se notificó al señalado el 17 de octubre del mismo año (fs. 100). II.14. Consta SC 0941/2019-S2 de 4 de octubre, dentro la acción de amparo constitucional interpuesta por el Banco Económico S.A. contra el Auto Supremo 544/2018, denunciando que:
1) El Tribunal de casación realizó la valoración probatoria que le correspondía al Tribunal ad quem; 2) Existía contradicción en la redacción del Considerando IV, párrafo tercero que señaló “…las cuestionadas literales únicamente acreditan el desembolso realizado al demandante y planes de pago…” (sic) para luego referir que tales elementos “…no dan luces de a quién pagó o qué deuda pagó con el controvertido desembolso...” (sic); 3) Se basó en una suposición respecto a que el Tribunal de alzada, al fundar su decisión en el art. 18 del CC, en realidad se refería al art. 1318 del mismo cuerpo normativo y no respondió a su reclamo respecto a la falta de cita normativa; y, 4) Las autoridades demandadas supusieron -a su criterio- lo que tenía en mente el Tribunal de apelación, para no valorar la prueba documental que presentó; y, además señalaron que la misma carecía de trascendencia pues no incidía en la resolución, invirtiendo las reglas de la carga de la prueba. II.15. A través de memorial de 19 de noviembre de 2020, Walter Paz Cabrera Suarez, planteó ante el Juzgado Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, incidente de nulidad de obrados, señalando, entre otros, que al haberse dejado de accionar este proceso en marzo de 2018 y no tener mayor intervención posterior a la adjudicación, tampoco ha podido notificarse a su persona en tablero judicial, por no estar ya concurriendo al proceso, y ya no tenía la obligación de asistir al juzgado, por lo que la notificación en tablero judicial de 27 de junio de 2019 y las demás practicadas a su persona, solo han sido violatorias del debido proceso y al derecho a la defensa que le reconoce el art. 117.I de la CPE; así también, señaló que el Auto de Vista de 12 de julio del referido año, dispuso el desapoderamiento, y el Auto de 19 de septiembre del indicado año, ordenó la cancelación de su derecho propietario, cuando dicho derecho ha ingresado al ámbito del Derecho Agrario y ya no existía objeto en su esencia civil de su adjudicación, quedando apartado de dicha materia; además, no podría invadir competencia de la jurisdicción agroambiental al haber sido registrado dominio sobre la “CABAÑA PALESTINA”, produciendo ello, la sustracción de materia (fs. 121 a 123). II.16. Por Auto de 10 de diciembre de 2020, la Jueza Pública Civil y Comercial Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, ante el incidente de nulidad formulado por el tercero interesado Walter Paz Cabrera Suarez, declaró probado el incidente de nulidad de obrados, ratificándose la providencia de 27 de junio de 2018; consecuentemente, dejó sin efecto el desapoderamiento de 26 de octubre de 2019 y la orden de cancelación de registro del Asiento A-3 de 31 de julio de 2014. Asimismo, se dispuso el DESAPODERAMIENTO del predio “CABAÑA PALESTINA”, debiendo ser restituida la misma al adjudicatario Walter Paz Cabrera Suarez, exponiendo, entre otros, que:
1). Maliciosamente JOSE BASMA CARDENAS y EDITH VELASCO DE BASMA ponen en conocimiento actuados del proceso ordinario que hubieran seguido contra el BANCO ECNOMICO SA sobre proceso de nulidad de escritura pública de proceso coactivo, acta de embargo, sentencia, remate y transferencia judicial, y cancelación de inscripción seguido por ante el Juzgado 12 de partido en lo Civil, (…) al no haber sido parte esencial de dicho proceso conforme al art.27 CPC, la sentencia y fallos pregonados por JOSE BASMA CARDENAS Y EDITH VELASCO DE BASMA, no le alcanza y no puede afectar sus derechos de acuerdo al art.229 CPC, por el que queda protegido al ser adquirente de buena fe a título oneroso y tener título inscrito en el registro público. (…)
CONSIDERANDO: Resolviendo el incidente de nulidad de obrados interpuesto por WALTER PAZ CABRERA, corresponde:
1.- El presente proceso ha sido iniciado por el BANCO ECONOMICO S.A. contra JOSE BASMA CARDENAS por el cobro de préstamo (…) por el monto de $us.172.050, con la garantía hipotecaria: 1). del inmueble (…) con PARTIDA 010349508, actual MATRICULA 7011990033674; 2) Primera hipoteca del inmueble rústico PALESTINA… 2.-. Se ha dictado Sentencia coactiva 292/2002 (…) Procediéndose al embargo del inmueble rústico PALESTINA… (…) 12.- …Auto de Vista de fecha 30 de mayo 2017 (…) que REVOCA la sentencia y declara PROBADA la demanda. Auto Supremo 544/2018 (…) declara infundado recuso, Queda vigente el auto de Vista que declara probada la demanda. (…) II. (…) José Basma Cárdenas y Edith Velasco de Basma por memorial (…) adjuntan fotocopias del proceso ordinario sobre nulidad de escritura de crédito, proceso coactivo, remate y adjudicación contra el Banco Económico SA…. Observándose que en dicho proceso ordinario no ha sido expresamente demandado el adjudicatario Walter Paz Cabrera pese a ser de conocimiento José Basma Cárdenas… (…) III.- …JOSE BASMA CARDENAS presenta memorial haciendo conocer del proceso ordinario de nulidad, y pidiendo la cancelación del ASIENTO A-3 de fecha 31 julio 2014 inscrita la adjudicación judicial a nombre de WALTER PAZ CABRERA, y cumplida por la parte (…) se providencia el 28 de marzo 2019 (…) no haber nada que tramitar en ese proceso, debiendo el impetrante acudir ante la autoridad competente… En el presente caso, al haber iniciado proceso ordinario para la revisión de lo resuelto en el proceso ejecutivo/coactivo, la autoridad jurisdiccional de hecho no queda sometida al proceso ordinario posterior, por cuanto ambos procesos, guardan su propia autonomía, cuando no puede ser acumulado el ejecutivo/coactivo al proceso ordinario, tal como señala el art.386.III CPC, siendo la tramitación del proceso ordinario por separado y no podrá paralizar la ejecución de la sentencia dictada en el proceso ejecutivo/coactivo. Siendo a esta consecuencia, que cada uno de estos, deben ejecutar sus propias sentencias; es decir que quien es competente para la ejecución de la sentencia del proceso ordinario, únicamente corresponde al juez del proceso ordinario conforme tenemos identificada la norma del art.397.1 CPC (…) A lo sumo el juez ejecutivo, tiene únicamente ordenado la suspensión del proceso, pero no proceder a la ejecución del fallo ejecutoriado del proceso ordinario, tal como determina el art.400.III CPC…
Como se observa, no se niega ni desconoce la calidad de cosa juzgada del fallo del proceso ejecutivo alegada para justificar su posición y que según JOSE BASMA CARDENAS debería cumplirse en este proceso monitorio; sino, la problemática es respecto de competencia que se infiere violando e incursionando en la competencia del Juez Público Civil Comercial 12 de la Capital…
(…)
IV.- La sustracción de materia expuesta por el incidentista WALTER PAZ CABRERA SUAREZ, parte del hecho de la mutación del derecho de titularidad de la CABAÑA PALESTINA, producido con el registro en la base de datos del INRA en fecha 2 de junio 2014, así como haber quedado registrado su derecho en el Registro Público del derecho Real MATRICULA 7052010000780, ASIENTO A-3 de fecha 31 de julio 2014, al haber ingresado su derecho propietario bajo amparo jurisdiccional agroambiental. Significando con esto que constando actos administrativos de dicha jurisdicción, de hecho no podría por la jurisdicción ordinaria dejarlos sin eficacia como menciona JOSE BASMA CARDENAS se produciría de forma automática, por efecto de la sentencia del proceso ordinario, esto sin considerarse que de forma expresa no ha sido parte de aquel proceso el adjudicatario WALTER PAZ CABRERA SUAREZ; es decir que el inmueble regulado por la jurisdicción agroambiental, de hecho no podría producirse automáticamente su ineficacia, sin antes revertir aquel acto administrativo que ampara la mutación del derecho de WALTER PAZ CABRERA SUAREZ, transitado a aquella jurisdicción conforme al certificado franqueado por el MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS, INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA, DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE TIERRAS "UNIDAD DE CATASTRO RURAL Y CERTIFICADO CATASTRAL CC-T- SCZ00263/2014 sobre la propiedad CABAÑA PALESTINA con MATRICULA 7052010000780, ASIENTO A-3 de fecha 31 de julio 2014. Excluyendo de esta forma a la materia civil que no puede modificar ni desconocerse por la justicia ordinaria actos de la administración pública, sino bajo procedimientos administrativos y jurisdiccionales de acuerdo a la ley 1715, que únicamente reconoce jurisdicción en materia agraria al Tribunal Agrario Nacional y administrativa al INRA, los que quedan franqueados al anterior propietario para su ejercicio en dicha materia, reiterando el mérito de quien es responsable del daño patrimonial de la parte que se considera perjudicada, tal como se ha hecho antes referencia. De acuerdo a la SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0159/2018-S1 de 3 de mayo de 2018… Por otra, al haberse seguido proceso ordinario de forma posterior al presente monitorio, y como se tiene identificado el hecho de la autonomía de ambos procesos, también se produce la sustracción de materia sobre los derechos ejercitados por las partes y el adjudicatario, que sustrayendo toda competencia lo tiene asumido por el juez del proceso ordinario sin ingresar en contradicción respecto del adjudicatario que no ha sido parte en aquel proceso, y donde corresponde a su vez asumir o no defensa con arreglo a la ley por parte de WALTER PAZ CABRERA SUAREZ.”. V.- El total de defensa de JOSE BASMA, se funda en la nulidad de la escritura pública 1632/01 de fecha 23 de noviembre de 2001, y haber quedado nulo el proceso coactivo, y los demás obrados de adjudicación, y registro de inscripción en derechos Reales, automáticamente se retrotraen todos los efectos del proceso coactivo que no causa estado, como ser la adjudicación realizada a favor del incidentista WALTER PAZ CABRERA SUAREZ que quedaría nula y sin valor legal alguno. Al respecto, por lo menos en este proceso, existe un elemento esencial de la adjudicación de buena fe del adjudicatario por el cual, por disposición del art.1485 CC, sobre la nulidad de los actos ejecutivos que expresa: "No es oponible al adjudicatario o al asignatario la nulidad de actos ejecutivos que hayan precedido a la adjudicación o asignación, excepto el caso de colusión con el acreedor ejecutante. Los otros acreedores no están obligados a restituir lo recibido por efecto de dichos actos ejecutivos".
Es con razón que el adjudicatario incidentista, ha interpuesto nulidad por vicios procesales, que a contrario de lo afirmado por JOSE BASMA CARDENAS, se ha podido observar la falta de competencia de la suscrita autoridad para le ejecución de sentencia de otra autoridad o juez, así como de haberse prevenido la carencia de competencia y el ejercicio de derecho de la sentencia ordinaria, de ejercerlos por la parte ante la misma autoridad del proceso ordinario, también la notificación en tablero judicial después de más de 7 años que se ha efectuado al adjudicatario, y que necesariamente ha provocado su indefensión. Sin que se pueda amparar JOSE BASMA CARDENAS en lo establecido por los arts.397 y 398 CPC, por cuanto se trata de la solicitud del cumplimiento de sentencia que ha sido dictada en diferente proceso y por diferente autoridad, que únicamente corresponde su ejecución por dicha autoridad, con exclusión de toda competencia para su ejecución por la suscrita autoridad, resultando haberse obrado sin jurisdicción y competencia a partir del art.397.1 CPC, que solo reconoce competencia al juez de la sentencia su ejecución, y no otra autoridad (fs. 125 a 131 vta.). II.17. Constan diligencias de notificaciones realizadas a las partes dentro del concurso de acreedores con el Auto de 10 de diciembre de 2020, Diana y Hamel, ambos Galán Peñaranda, el 28 de ese mes y año; a Walter Paz Cabrera Suarez; al Banco Económico S.A. y a José Basma Cárdenas el 29 de igual mes y año, con “Memorial de fs. 1025 a 1027 y Auto de fs. 1028 y memorial de fs. 1058 a 1060 y Auto de fs. 1061 a 1067” (sic); y también cursa otra notificación a Walter Paz Cabrera Suarez practicada el 8 de enero de 2021 con “Memorial de fs. 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097 y Decreto de fs. 1098”; así también se tiene que, por memorial de 9 de febrero de 2021, el tercero interesado Walter Paz Cabrera Suarez solicitó el rechazo del recurso de reposición bajo alternativa de apelación interpuesto por el ahora accionante (fs. 132 a 139). II.18. Por Auto de 12 de febrero de 2021, la Jueza ahora demandada, ante el recurso de reposición bajo alternativa de apelación planteado por José Basma Cárdenas contra el Auto de 10 de diciembre de 2020, dispuso el rechazo del recurso de reposición, señalando que de la revisión del citado recurso, “…no es el autorizado por el artículo 157 par. I) con relación al art. 262 numeral 1) del Código Procesal Civil” (sic); y al haberse interpuesto recurso de apelación alternativa, concedió la apelación en el efecto devolutivo (fs. 140). II.19. Constan diligencias de notificaciones realizadas a Paola Peña de Peña, Vita Saucedo Vda. de Malpartida, Edith Velasco de Basma, Francis Ronald “ilegible”, Hortencia Carvajal Cabrera, Ronald Eguez Paniagua, Otto Roger Velasco Chavez, Mario Severiche Torrez, Marioly Columba Ribera y Leonardo Vaca Diez Gentile, dentro del concurso de acreedores con “Memorial de fs. 1025 a 1027, Auto de fs. 1028, memorial de fs. 1058 a 1060, auto de fs. 1061 a 1067, memorial de fs. 1090 a 1097, decreto de fs. 1098, memorial de fs. 1101 a 1104 y auto de fs. 1105” (sic) el 10 de marzo de 2021; y, a Diana y Hamel, ambos Galán Peñaranda con memorial de fs. 1090 a 1097, decreto de fs. 1098, memorial de fs. 1101 a 1104 y Auto de fs. 1105 (fs. 144 a 150).
II.20. Por Auto de 9 de abril de 2021, dentro del proceso concursal seguido por el ahora tercero interesado Ronald Eguez Paniagua contra los peticionantes de tutela, Oscar Jesús Menacho Angeleri, Vocal de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, hizo conocer su excusa del citado caso, en grado de apelación (fs. 151); y por decreto de la misma fecha, Mirian Rosell Terrazas, también Vocal de la referida Sala, en consideración a la excusa presentada, convocó al Vocal Semanero de la similar Sala Cuarta, disponiendo su notificación (fs. 152). II.21. Cursa Auto de Vista 130 de 23 de abril de 2021, emitido por la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que resolvió el recurso de reposición bajo alternativa de apelación interpuesto por José Basma Cabrera, dentro del proceso coactivo seguido por el Banco Económico S.A. contra el ahora accionante, por el que se dispuso confirmar el Auto de 10 de diciembre de 2010; asimismo, confirmó parcialmente el Auto de 12 de febrero de 2021 en lo que corresponde a la concesión del recurso en el efecto devolutivo, con costas, argumentando, entre otros, que:
…el demandado JOSE BASMA CABRERA interpone recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el auto de fecha 10 de diciembre del 2020 (…) con el fundamento de que el accionar del adjudicatario es doloso, arbitrario, abusivo e ilegal, en el entendido de que existe una verdad material relativa a la nulidad del proceso coactivo en su totalidad, que inicialmente la Juez A quo valoro correctamente, sin embargo, de manera contradictoria…(…) se declara incompetente, olvidando el art. 229 del CPC que establece que la sentencia causa efectos a todos los interesados…(…) obviando valorar las documentales aportadas como prueba que revelan dicha verdad material. Indica que no existe sustracción de materia, pues cuando el adjudicatario se adjudicó el predio Palestina, también era un predio agrario, por lo que, ese derecho adquirido, así sea en cualquier jurisdicción, es nulo por efectos del proceso ordinario de nulidad, lo que significa que este proceso y todas sus actuaciones procesales nunca nacieron a la vida jurídica, por lo tanto lo que se haga o diga para evitar su recuperación es inviable, además de que el adjudicatario siempre tuvo conocimiento del proceso ordinario y su sentencia (…). por otro lado, el incidentista tampoco ha demostrado el perjuicio que se le está causando, solicitando se ANULE el auto recurrido… (…) II.4. Sin embargo de lo expuesto precedentemente, es obligación del Tribunal Aq-Quem verificar si las mencionadas disposiciones legales se pueden subsumir a la problemática planteada, al respecto, de los datos que informa el auto recurrido, se verifica que la adjudicación de la Cabaña "Palestina" fue efectuada en fecha 22 de junio del 2009, a favor del adjudicatario WALTER PAZ CABRERA VALENCIA, quien actúa por su hijo WALTER PAZ CABRERA SUAREZ, dentro del Concurso de Acreedores seguido por el BANCO ECONÓMICO S.A., contra de JOSE BASMA CARDENAS, EDITH VELASCO DE BASMA, PUALINA PEÑA DE PEÑA y MARIO SEVERICHE TORREZ, proceso concursal en el cual se acumuló el proceso coactivo seguido por el BANCO ECONOMICO S.A. contra JOSE BASMA CARDENAS. Sobre el proceso ordinario de nulidad de escrituras y proceso coactivo seguido por JOSE BASMA CARDENAS, contra el BANCO ECONOMICO S.A., se constata que se dicta sentencia en fecha 17 de marzo del 2015, por la cual se declara IMPROBADA la demanda, y apelada que fue, mediante Auto de Vista de fecha 30 de mayo del 2017 de fs. 815 a fs. 819, se REVOCA la sentencia y se declara PROBADA la demanda, y finalmente por Auto Supremo N° 544/2018 de fecha 28 de junio del 2018 se declara INFUNDADO el recurso, quedando vigente el mencionado Auto de Vista. II.4.1.-De lo expuesto ut-supra como primera precisión se advierte que el derecho propietario del adjudicatario e incidentista, nace del trámite de remate y subasta realizado dentro del indicado PROCESO CONCURSAL NECESARIO, el mismo que se tramito conforme el art. 568 y siguientes del antiguo Código de Procedimiento Civil, y que si bien es cierto el proceso coactivo anulado (posteriormente) seguido por el BANCO ECONOMICO S.A. contra JOSE BASMA CARDENAS, fue acumulado a dicho proceso concursal, no quiere decir que éste haya continuado tramitándose de manera independiente al concurso, más al contrario, toda vez que el concurso es de carácter universal, comprende todas las obligaciones del deudor, con el agregado de que ya se dictó sentencia de grados y preferidos y sentencia de subasta, sentencias que están firmes y vigentes, lo que imposibilita se materialicen los efectos de la cosa juzgada del proceso ordinario de nulidad invocado por recurrente en el referido proceso concursal, en el entendido de que no se trata de las mismas partes, no se funda en la misma causa y no versa sobre el mismo objeto, conforme exige el art. 1319 del Código Civil. Art. 1319 CPC: "La cosa juzgada no tiene autoridad sino con respecto a que ha sido objeto de la sentencia. Es menester que la cosa demandada sea la misma, que la demanda se funde en la misma causa, que las partes sean las mismas y que se entable por ellas y contra ellas." II.4.2.- Por otro lado, con relación a lo establecido por el art. 229-II del CPC, se evidencia que el incidentista y adjudicatario no ha sido parte esencial en el multicitado proceso ordinario que sobre nulidad del proceso coactivo interpuso el recurrente; es decir, que no ha sido demandante, demandado, ni litis consorte, tampoco el recurrente ha demostrado por ningún medio de prueba idóneo que el incidentista y adjudicatario haya actuado de mala fe, por lo que, dicha normativa ha sido correctamente interpretada y aplicada por la Juez A-quo, en el entendido de que es hecho evidente y visible en el expediente que el adjudicatario actuó de buena fe, habiendo intervenido en el remate y subasta del predio rural Palestina dentro del citado proceso concursal, cumpliendo todos los requisitos de ley, habiendo realizado los depósitos respectivos por el monto de la subasta, motivo por el cual se entregó su minuta de adjudicación, oportunidad en la cual no se impugno esos actos procesales. En lo concerniente a lo dispuesto por el art. 1485 del Código Civil, también es cierto que la sentencia dictada en el proceso ordinario de nulidad de fecha 17 de marzo del 2015, como el Auto de Vista de fecha 30 de mayo del 2017, y Auto Supremo de 28 de junio del 2018, son posteriores a la adjudicación del predio "Palestina", efectuada al adjudicatario e incidentista el 22 de junio del 2009, además de que el recurrente no ha demostrado que exista colusión entre el adjudicatario y el acreedor, de lo que se colige que la nulidad del mencionado proceso coactivo no es oponible al adjudicatario, como acertadamente interpreto la Juez a quo al aplicar el art. 1485 del Código Civil.
II.5.- En lo referente a lo expresado por el recurrente, de que la nulidad del proceso coactivo y todas sus incidencias como el remate y adjudicación de sus bienes, en concreto el predio rural "Palestina", ordenadas en el Auto de Vista de 30 de mayo del 2017, es una verdad material que no se valoró correctamente en el auto impugnado, habiéndose dictado resolución sobre actuaciones que a la fecha no existen, siendo de aplicación lo dispuesto por el art. 547 del Código Civil, corresponde reiterar que la adjudicación del predio rural "Palestina" al adjudicatario WALTER PAZ CABRERA SUAREZ, fue realizada dentro del Concurso de Acreedores seguido por el BANCO ECONÓMICO S.A., contra de JOSE BASMA CARDENAS, EDITH VELASCO DE BASMA, PUALINA PEÑA DE PEÑA Y MARIO SEVERICHE TORREZ, proceso concursal en el cual si bien es cierto se acumuló el proceso coactivo seguido por el BANCO ECONOMICO S.A. contra JOSE BASMA CARDENAS, no menos cierto es que éste último, quedó sin vigencia legal por la universalidad del concurso, donde las partes, el objeto y la finalidad son diferentes, lo que imposibilita se materialicen los efectos de la cosa juzgada del proceso ordinario de nulidad de proceso coactivo, sobre el referido proceso concursal, conforme la regla del art. 1319 del Código Civil, con el agravante de que el recurrente no expone las razones fácticas o legales de como el principio de verdad material que arguye puede aplicarse a la adjudicación que nace del referido proceso concursal, lo que deviene también en un agravio infundado. II.6.- Con relación a que el adjudicatario siempre tuvo conocimiento del proceso ordinario y su sentencia, inclusive planteó incidente de nulidad, por lo que se debe aplicar el art. 107-II del CPC, corresponde señalar que tal alegación, más que constituirse en un agravio causado al recurrente, es una prueba que demuestra que en dicho proceso ordinario, al no incluirse al adjudicatario como demandado, litisconsorte necesario pasivo, o por último como un tercero, al cual le puede afectar el resultado de la sentencia, le ha ocasionado indefensión absoluta, y como lógica consecuencia, dicha sentencia no le puede afectar; con mayor razón, si es un adquiriente de buena fe a título oneroso y que tiene su registro inscrito en Derechos Reales, como establece el art. 229-II del CPC, de lo que se infiere que el recurrente pretende sustentar agravios basado en su propia torpeza, lo cual no es atendible en derecho (sic [fs. 154 a 159 vta.] -el subrayado nos corresponde-). II.22. Por memorial de 11 de mayo de 2021, dirigido a la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, el ahora accionante solicitó aclaración, enmienda y complementación, del Auto de Vista 130, señalando que dentro del recurso de apelación interpuesto en el concurso de acreedores instaurado en su contra, dichas autoridades no se percataron que con el mencionado Auto de Vista recurrido, inexcusablemente debían ser notificados todos y cada uno de los sujetos procesales consistentes en catorce partes; asimismo, que las notificaciones solo fueron practicadas a los incidentistas Diana y Hamel, ambos Galán Peñaranda; así también fue notificado Walter Paz Cabrera Suarez, el Banco Económico S.A. y su persona; y no así los demás sujetos procesales; finalmente, indicó que no existe notificación para los faltantes diez sujetos procesales, lo que constituye una flagrante violación al debido proceso; prueba de ello, están las notificaciones de “fs. 1110 a 1115”.
TERCERO.- De la revisión de su Auto se tiene que en la Parte Resolutiva se Confirma el Auto de Fecha 10 de Diciembre de 2.020 y “…CONFIRMA parcialmente el auto de fecha 12 de Febrero de 2.021 (…) en lo que corresponde a la concesión del recurso en el efecto devolutivo, con costas…” lo que significa poco entendible a que se refiere cuando CONFIRMA PARCIALMENTE un mero Auto de concesión de Recurso, omitiendo la explicación correspondiente de lo OBSERVADO, más la ORDEN de subsanar lo NO CONFIRMADO (sic [fs. 161 a 162 vta.]). Por Auto de 14 de mayo de 2021, Mirian Rosell Terrazas y Oscar Jesús Menacho Angeleri, Vocales de la referida Sala Civil y Comercial Primera del departamento de Santa Cruz, dispusieron no ha lugar a la solicitud de aclaración, enmienda y complementación (fs. 163 y vta.). II.23. Consta Certificado médico de 5 de octubre de 2021, extendido por el Médico Freddy Padilla Robles, que establece que José Basma Cárdenas, de 73 años adolece de enfermedad renal crónica en estadio 5; hipertensión arterial sistémica crónica; anemia severa secundaria; nefropatía diabética y depresión severa (fs. 168). II.24. Constan fotografías de actos sociales que grafican la amistad existente entre los ahora accionantes y Walter Cabrera Valencia (padre del adjudicatario Walter Paz Cabrera Suarez); así como con Marina Suarez, madre del citado adjudicatario; de igual manera, se evidencia fotografías del accionante con Justo Yepes Kakuda, Gerente del Banco Económico S.A. (fs. 195 a 197).
La parte accionante denunció como lesionados sus derechos a la propiedad privada, al trabajo, al debido proceso, a la justicia pronta y oportuna, y a los principios de seguridad jurídica y verdad material; toda vez que, las autoridades demandadas, ante la interposición de una demanda de concurso necesario de acreedores (por sus empleados, proveedores y otros ante el incumplimiento de sus obligaciones por el desfase ocasionado por el proceso coactivo que el Banco Económico S.A. inició en su contra), proceso concursal al cual se acumuló el proceso coactivo, las autoridades ahora demandadas, procedieron al remate y adjudicación de su predio Palestina, como una continuación del proceso coactivo (anulado a la fecha en un juicio ordinario, debidamente ejecutoriado), no así dentro de la demanda de concurso de acreedores, adjudicándolo por una suma irrisoria a un adjudicatario de mala fe, incurriendo en las siguientes ilegalidades: a) Respecto a la Jueza accionada: a.1) De manera ilegal, arbitraria y osada, anuló sus propias resoluciones fundamentando en su propia torpeza, pese a que le demostraron documentalmente que el adjudicatario siempre estuvo al tanto y conoció todas las actuaciones procesales realizadas en el entonces Juzgado de Partido Civil y Comercial Decimosegundo como las efectuadas en el Juzgado Público Civil Tercero, ambos de la Capital del departamento de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario y en el concurso de acreedores, en el afán de hacer valer sus derechos vulnerados, dejando claramente establecido que el adjudicatario no puede, ni podía aducir desconocimiento o falta de notificaciones tal cual acomodó a favor del adjudicatario, el ilegal Auto de 10 de diciembre de 2020; a.2) El adjudicatario desde el 2014 conoció de la demanda ordinaria de nulidad, ya que ésta y su Auto de Admisión fueron puestos en conocimiento y presentados al concurso de acreedores en el referido Juzgado el 10 de marzo de 2014, en el cual es parte activa del proceso de acuerdo a la prueba 8; a.3) La Jueza Pública demandada como el mejor abogado del adjudicatario, intentó fundamentar y justificar la indefensión del adjudicatario en contraposición a lo manifestado voluntariamente por él mismo en su incidente de nulidad, aspecto ya establecido, pues él tenía conocimiento y participación en el proceso de todas las actuaciones procesales hasta marzo de 2018, “a confesión de parte, relevo de pruebas” (sic); a.4) La Jueza accionada a momento de dictar resoluciones a su favor, no incursionó en la competencia del Juez Público Civil y Comercial Decimosegundo de la Capital del citado departamento, tal como determina el art. 397.1 del CPC, siendo que solo piden que las cosas vuelvan a su estado natural y no piden ejecutar un fallo ajeno, tal como manifiesta el señalado Auto de 10 de diciembre de 2020, interpretando de forma equivocada esa norma la Jueza accionada, favoreciendo al adjudicatario; a.5) Revisado el mencionado Auto en su acápite IV), referente a la sustracción de materia, la autoridad judicial codemandada, “como jueza de jueces” analizó la resolución de un inferior, y como si tuviera competencia para hacerlo, ingresó a revisar los actuados procesales del juicio ordinario en todas sus instancias, manifestando y defendiendo a ultranza que los actos administrativos realizados por el adjudicatario en el INRA son suficientes para no ser afectados por la jurisdicción ordinaria, siendo que éste solo realizó trámites administrativos y no así de inscripción a su nombre en dicho Instituto; asimismo, dentro del presente caso, en ninguna parte pidieron a la autoridad accionada que acumule los procesos coactivo y ordinario para su ejecución como erróneamente fundamentó en el indicado Auto; b) Respecto a los Vocales accionados: b.1) En el ilegal Auto de Vista 130, siendo que de conformidad al art. 265 del CPC, estaban obligados a verificar todos los actos procesales denunciados en el recurso de reposición con alternativa de apelación, los Vocales accionados no lo hicieron, y al igual que la Jueza accionada, defendieron a ultranza la supuesta indefensión y buena fe del adjudicatario; asimismo, no se pronunciaron respecto a la mala fe del adjudicatario incidentista; como prueba de que el referido Auto de Vista, fue resuelto con aparente interés para que el proceso se resuelva a favor del adjudicatario; así en el acápite II.4, de manera errónea indicaron el nombre del adjudicatario como “(PAZ CABRERA-SIENDO LO CORRECTO CABRERA VALENCIA)”; asimismo, manifiestan de forma equívoca que fue el Banco Económico S.A. que instauró el proceso concursal contra José Basma Cárdenas y otros, no siendo correcta esa aseveración, porque el mismo fue incoado por Ronald Eguez Paniagua y no por la entidad bancaria; de igual manera en el acápite II.4.1, la Sala no revisó o tocó el punto apelado referente a que el proceso ordinario también anuló el mandamiento y el acta de embargo, y el avalúo de su predio realizado en el proceso coactivo de 2002 y 2003, actuaciones procesales que fueron utilizados el 2009 para rematar su predio Palestina; también interpretaron el art. 1319 del CC solo para salvar al adjudicatario, olvidándose que el proceso ordinario anuló los actuados señalados anteriormente; b.2) En el acápite II.6 del Auto de Vista 130, los Vocales accionados, no han corregido las vulneraciones al debido proceso y a la igualdad de las partes realizadas por la Jueza accionada referente a la falta de notificaciones a todos los sujetos procesales; toda vez que, con el Auto de 10 de diciembre de 2020 solo fueron notificados tres partes, faltando por notificar nueve partes del proceso concursal, antes de remitir el cuadernillo de apelaciones, debiendo los accionados devolver actuados al juzgado remitente; asimismo, no resolvieron todos los puntos apelados, pues rechazan el recurso de reposición interpuesto con el fundamento que no es el correcto y autorizado por el art. 157.I con relación al 262.1, ambos del CPC, pero no se pronunciaron sobre el fondo del citado recurso, rechazándolo de manera ilegal; tampoco lo hicieron sobre el punto referente a la pérdida de competencia de la Jueza accionada por emitir la resolución fuera de término; y, b.3) No se refirieron en el Auto de Vista de la complementación solicitada que lo declararon no ha lugar y lo curioso es que en dicho Auto, ilegalmente intervino y firmó el Vocal Presidente Oscar Jesús Menacho Angeleri, que se había excusado y apartado del conocimiento de la causa por haber sido el Juez que “remató” su predio Palestina. Por ello, corresponde establecer en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto se analizarán los siguientes temas: 1) La garantía general del debido proceso en sus elementos de derecho al juez natural; 2) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; 3) El derecho a la propiedad privada y su contenido esencial; 4) El enfoque interseccional sobre los derechos de las personas adultas mayores; y, 5) Análisis del caso concreto.
El debido proceso se encuentra consagrado en la Constitución Política del Estado como un derecho fundamental (art. 115.II), garantía constitucional (117.I) y principio procesal constitucional que disciplina la función de impartir justicia (art. 180.I), en atención a estas cualidades, la jurisprudencia constitucional se encargó de resaltar su carácter tridimensional del debido proceso, en sus diferentes fallos como las SSCC 0086/2010-R de 4 de mayo, 0902/2010-R y 0533/2011-R, entre otros; además, también fue la jurisprudencia constitucional del extinto Tribunal Constitucional la que se encargó de asignarle la calidad de garantía general en la citada SC 0902/2010-R, y las SSCC 0981/2010-R de 17 de agosto y 1145/2010-R de 27 de agosto; asimismo, en la Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0270/2012, 2493/2012, 0903/2019-S4, 0618/2018-S1, entre otras, del actual Tribunal Constitucional Plurinacional.
En ese sentido la jurisprudencia constitucional configuró su contenido, alcance o los elementos constitutivos que le conciernen, en los siguientes términos:
En consonancia con los Tratados Internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (las negrillas son añadidas). Configuración, contenido o alcance que no se encuentra configurada en una cláusula cerrada, al contrario, debido al carácter progresivo de los derechos, previsto en el art. 13.1 de la CPE, esos elementos constitutivos, tienen un carácter enunciativo, puesto que, el debido proceso, al constituirse en una garantía general, del mismo, pueden derivar otros elementos conforme al desarrollo doctrinal y jurisprudencial, así como al desarrollo del proceso, cuya finalidad viene a constituir en un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. En esa línea de razonamiento, es pertinente señalar que una de las lecturas de la garantía general del debido proceso se traduce -según SC 418/2000-R de 2 de mayo- en el “…derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar…”; en otros términos, lo que se busca es evitar que una persona sufra la imposición de una sanción o la afectación de un derecho, sin el cumplimiento de un proceso previo, en el que se observen los derechos fundamentales y las garantías de naturaleza procesal, en sus elementos constituidos como los derechos al juez natural, a la defensa y a la presunción de inocencia, aplicables en procesos administrativos y en todos aquellos que se presentan en la esfera privada de las instituciones, asociaciones o cooperativas, donde se tenga que determinar una situación con efectos jurídicos que repercuten en los derechos de las personas.
Por lo que, el debido proceso abarca los presupuestos procesales mínimos a los que debe regirse todo proceso judicial, administrativo o corporativo, observando todas las formas propias del mismo así como las leyes preexistentes, para hacer posible la materialización de la justicia en igualdad de condiciones, de ser juzgado por un juez o tribunal imparcial, independiente, competente y preestablecido legalmente con anterioridad a los hechos atribuidos. En ese marco, uno de los elementos de la garantía general del debido proceso, es el derecho al juez natural reconocido en el art. 120.I de la CPE en los siguientes términos: “Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, y no podrá ser juzgada por comisiones especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa” (las negrillas son agregadas). En ese marco constitucional, es pertinente citar la jurisprudencia que desarrolla razonamientos al respecto, en esa comprensión la SC 0074/2005 de 10 de octubre, establece los siguientes elementos constitutivos que le conciernen: i) Juez predeterminado, este elemento se refiere a la creación y establecimiento del juzgado o tribunal con la respectiva jurisdicción y competencia predeterminado, no al titular o a la persona que ejerce la condición de Juez o es miembro del Tribunal, en ese entendido, es el derecho que tiene la persona a ser juzgada por la autoridad investida de jurisdicción y competencia por el ordenamiento jurídico con anterioridad al hecho cometido que será objeto del proceso cualquiera sea su índole, empero, no está dirigido a prohibir a que un Juez designado después del hecho, conozca y revuelva el caso, puesto que sería de imposible aplicación, aun existiendo jueces vitalicios y no se cumpliría la función teleológica del mismo; ii) Juez competente, independientemente de la persona que la ejerce, alude a la competencia del órgano creado con especificidad para el ejercicio de la potestad jurisdiccional en base a normas jurídicas previamente establecidas conforme a criterios de territorio, materia y cuantía, para conocer y resolver una controversia; iii) Juez independiente, tiene una doble significación, por una parte, alude al órgano judicial, que en su configuración constitucional garantiza su independencia de los otros poderes (art. 178 de la Norma Suprema), por otra, alude a la persona que ejerce la jurisdicción, que debe estar exenta de toda injerencia o intromisión de otras autoridades o poderes del Estado; y, iv) Juez imparcial, es un elemento propio y connatural de la jurisdicción, supone la existencia de un órgano ajeno por completo al conflicto originado entre las partes contendientes en el proceso, alude a la autoridad que cumpliendo los criterios que legitiman su acción como tercero imparcial, su finalidad es dirimir dicho conflicto o constatar una situación jurídica, con efectos de cosa juzgada. En sintonía con la citada jurisprudencia constitucional, la SCP 0324/2017-S3 de 20 de abril, expresa:
La previsión constitucional transcrita, constituye una garantía para toda persona que deba ser sometida a un proceso, sea en materia penal, disciplinaria, administrativa, civil, familiar, laboral, tributaria y en general a todo ámbito donde se desarrolle una causa en la que quien esté sometida a ella, tiene que ser oída y juzgada necesariamente por un juez predeterminado, que además tenga competencia y que actúe con independencia e imparcialidad; es decir que la competencia de quien tenga a su 4 La SC 0074/2005 de 10 de octubre, textualmente se refiere a los elementos constitutivos del derecho al juez natural, en los siguientes términos: “a) Juez predeterminado, se entiende por tal a la autoridad cuya jurisdicción y competencia es determinada por el ordenamiento jurídico con anterioridad al hecho cometido que será objeto del proceso, sea judicial o disciplinario administrativo, lo que supone que el órgano judicial o disciplinario haya sido creado por la norma legal previamente. De lo referido se infiere que, en el ámbito del derecho al debido proceso significa el derecho que tiene la persona a ser juzgada por la autoridad investida, por el ordenamiento jurídico, de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador de la actuación o proceso judicial o disciplinario, conforme corresponda. Cabe señalar que el derecho al juez predeterminado está expresamente consagrado por las normas previstas por los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, e implícitamente consagrado por el art. 16 de la CPE. Es en resguardo de ese derecho que el Constituyente ha previsto la respectiva garantía constitucional de carácter normativo que está consignada en el art. 14 de la CPE objeto de análisis. De las normas antes referidas, siguiendo la doctrina constitucional así como la amplia jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se puede concluir que el derecho al juez predeterminado exige la concurrencia de las siguientes condiciones: i) el órgano judicial haya sido creado previamente por un precepto legal; ii) el órgano judicial esté investido de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador del proceso judicial o disciplinario; iii) su régimen orgánico y procesal no permita calificarlo de tribunal ad hoc o de comisión especial; iv) la composición del órgano jurisdiccional venga determinada por la ley; y v) en cada caso concreto se siga el procedimiento legalmente establecido para la designación de los miembros que han de constituir el órgano respectivo. El cumplimiento de estas condiciones, contribuye a garantizar la independencia e imparcialidad del órgano jurisdiccional que es lo que se protege por el derecho al juez predeterminado. De lo referido se infiere que el derecho al Juez predeterminado es con relación al juzgado o tribunal con jurisdicción y competencia predeterminado, no es al titular, es decir, a la persona que ejerce la condición de Juez o miembro del Tribunal respectivo; por ello debe entenderse que la garantía prevista por el art. 14 de la CPE, para el ejercicio del derecho al juez predeterminado, se refiere a la creación y establecimiento del juzgado o tribunal con la respectiva jurisdicción y competencia, no a los jueces o miembros de un Tribunal como sujetos; así fue entendido por este Tribunal en su SC 560/2002-R, de 15 de mayo, en la que se expresó la siguiente doctrina constitucional: "(...) los alcances del precepto constitucional (art. 14) no pueden extraerse de la literalidad del precepto, sino de la finalidad que el mismo tiene dentro del orden constitucional. De ahí que, de manera congruente con lo anotado, cuando dicho precepto dice: 'Nadie debe ser juzgado por comisiones especiales o sometido a otros jueces que los designados con anterioridad al hecho de la causa', está desarrollando la garantía del Juez natural, dentro de los alcances anteriormente expuestos, y no a prohibir que un Juez designado después del hecho conozca y revuelva el caso, pues esto no sólo que no cumpliría la función teleológica del mismo, sino que sería de imposible aplicación; pues, ni aún existiendo jueces vitalicios podría cumplirse tal exigencia, que como ha quedado establecido no está presente en el espíritu de la norma".
b) Juez competente es el órgano que, de acuerdo a las normas jurídicas previamente establecidas, conforme a criterios de territorio, materia y cuantía, es el llamado para conocer y resolver una controversia judicial; al igual que se manifestó al conceptuar al juez predeterminado dicha acepción de competencia no se refiere a la persona que ejerce circunstancialmente la jurisdicción, sino alude a la competencia del órgano creado con especificidad para el ejercicio de la potestad jurisdiccional, vale decir que como juez competente se debe entender la autoridad que cumpliendo los criterios que legitiman su acción como tercero imparcial, independientemente de la persona, ejerce la potestad jurisdiccional en la dilucidación de una situación problemática para la que fue creada.
c) Juez independiente tiene una doble significación, por un lado, alude al órgano judicial, como Órgano del Estado, en ese sentido su configuración constitucional garantiza su independencia de los otros poderes (art. 116.VI y VIII de la CPE); y de otro lado, alude a la persona que ejerce la jurisdicción, la cual debe estar exenta de toda ingerencia o intromisión de otras autoridades o poderes del Estado.
d) Juez imparcial también está referido al órgano jurisdiccional del Estado, y es un elemento propio y connatural de la jurisdicción; en otros términos, el ejercicio de la función jurisdiccional supone la existencia de un órgano imparcial, ajeno por completo al conflicto originado entre las partes contendientes en el proceso, cuya misión es la de dirimir un conflicto o la constatación de una situación jurídica, con efectos de cosa juzgada”, citada por la SCP 1047/2013 de 27 de junio, SCP 0041/2001 de 5 de enero, SCP 0782/20018-S2 de 26 de noviembre, entre otras.
cargo un proceso, debe ser de acuerdo a las normas jurídicas previamente determinadas”.
En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa. En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011-R de 26 de septiembre, el cual expresó que:
el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que e[l juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia (sic [el resaltado nos corresponde]).
5 SCP 0310/2010-R de 16 de junio, Fundamento Jurídico III.3.2 “La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido en: El Derecho de los Derechos: "El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dicho procedimiento de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático. El respeto a los debidos procesos garantiza en la democracia el respeto a la libertad, la igualdad, los derechos políticos o de participación y los derechos sociales" (sic).
(…).
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, refirió que:
77. La Corte ha señalado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. 78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso” (sic [las negrillas son adicionadas]). Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:
(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad… (sic). En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, y reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, la cual está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero, son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación. Bajo esa comprensión, es posible concluir en que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el que está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en aquellos que resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos fácticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que ésta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la CADH; y, 14 del PIDCP, lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado, entre otros, sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.
El derecho a la propiedad es un derecho fundamental que se encuentra consagrado en el art. 56 de la CPE, el cual expresamente establece que: “Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que esta cumpla una función social”; asimismo, la Declaración Universal de Derechos Humanos en su art. 17 determina: “1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad” (las negrillas son añadidas); de igual manera, el art. 21 de la CADH, establece que “1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes (…) 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley” (las negrillas son nuestras). Sobre este punto, la vasta jurisprudencia constitucional desarrolló la técnica del contenido esencial de los derechos fundamentales, a partir del cual, la aplicación directa de los mismos debe asegurar el respeto y eficacia plena de los elementos constitutivos de ese contenido esencial o núcleo duro de derechos, para cumplir así con los estándares axiomáticos rectores del principio de razonabilidad; en tal sentido, la SCP 0054/2013 de 11 de enero, sostuvo que en el núcleo duro del derecho a la propiedad se identifican tres elementos esenciales: a) El derecho de uso -usus- ; b) El derecho de goce; y, c) El derecho de disfrute -fructus-. Asimismo, la indicada Sentencia Constitucional Plurinacional estableció que:
En el orden de ideas señalado, se establece que todo acto de particular o funcionario público realizados al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes que priven o limiten arbitrariamente el derecho a la propiedad, afectando los elementos componentes de su núcleo duro, se configurará como vías de hecho que al ser actos ilegales graves que atentan contra los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, pueden ser resguardados a través de la acción de amparo constitucional, por ser esta un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de este derecho fundamental… (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).
El art. 67.I de la CPE, establece que:
Además de los derechos reconocidos en esta Constitución, todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana (las negrillas nos corresponden). A su vez, la misma Norma Suprema dispone en el art. 68 que:
atención, recreación, descanso y ocupación social de las personas adultas mayores, de acuerdo a sus capacidades y posibilidades.
II. Se prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación a las personas adultas mayores (las negrillas fueron añadidas). Concluyendo que la Constitución Política del Estado, reconoce que las personas adultas mayores gozan de derechos y de una protección reforzada hacia los mismos, creando normas especializadas que garanticen el cumplimiento efectivo de dichos derechos y garantías constitucionales, en la cual se adopten todas las medidas y políticas para su protección y atención, en la que de igual forma se sancionen los actos de maltrato, abandono y discriminación. En ese contexto, es que siguiendo los lineamiento constitucionales, el 1 de mayo de 2013, se promulgó la Ley General de las Personas Adultas Mayores -Ley 369 de 1 de mayo de 2013-, la cual consta de diecinueve artículos, tres disposiciones transitorias, cuatro disposiciones finales y una disposición abrogatoria, instrumento legal que tiene el objeto de regular los derechos de las personas adultas mayores, conforme lo determina el art. 1 de la LGPAM, en la que se señala que: “La presente Ley tiene por objeto regular los derechos, garantías y deberes de las personas adultas mayores, así como la institucionalidad para su protección” (las negrillas nos pertenecen). Asimismo, la referida Ley, rige su ámbito de vigencia a través de principios, descritos en el art. 3 los cuales son: No Discriminación, No Violencia, Descolonización, Solidaridad Intergeneracional, Protección, Interculturalidad, Participación, Accesibilidad y Autonomía, mismas que consisten en:
1. No Discriminación. Busca prevenir y erradicar toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos fundamentales y libertades de las personas adultas mayores. 2. No Violencia. Busca prevenir y erradicar toda conducta que cause lesión interna o externa, o cualquier otro tipo de maltrato que afecte la integridad física, psicológica, sexual y moral de las personas adultas mayores. 3. Descolonización. Busca desmontar estructuras de desigualdad, discriminación, sistemas de dominación, jerarquías sociales y de clase. 4. Solidaridad Intergeneracional. Busca la interdependencia, colaboración y ayuda mutua intergeneracional que genere comportamientos y prácticas culturales favorables a la vejez y el envejecimiento. 5. Protección. Busca prevenir y erradicar la marginalidad socioeconómica y geográfica, la intolerancia intercultural, y la violencia institucional y familiar, para garantizar el desarrollo e incorporación de las personas adultas mayores a la sociedad con dignidad e integridad. 6. Interculturalidad. Es el respeto a la expresión, diálogo y convivencia de la diversidad cultural, institucional, normativa y lingüística de las personas adultas mayores, para Vivir Bien, promoviendo la relación intra e intergeneracional en el Estado Plurinacional. 7. Participación. Es la relación por la que las personas adultas mayores ejercen una efectiva y legítima participación a través de sus formas de representación y organización, para asegurar su integración en los ámbitos social, económico, político y cultural. 8. Accesibilidad. Por el que los servicios que goza la sociedad puedan también acomodarse para ser accedidos por las personas adultas mayores. 9. Autonomía y Auto-realización. Todas las acciones que se realicen en beneficio de las personas adultas mayores, están orientadas a fortalecer su independencia, su capacidad de decisión y su desarrollo personal y comunitario. Principios rectores que deben ser tomados en cuenta por parte de la sociedad en todos sus niveles de gobierno, con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales en favor de las personas adultas mayores, como miembros de la sociedad y parte de un grupo vulnerable que merece mayor atención y protección reforzada por el Estado. Asimismo, dentro del conglomerado de derechos reconocidos por la norma especializada, se encuentra el de la asistencia jurídica, catalogada también como un deber del Estado el de brindar dicha asistencia, aspecto regulado en el art. 10 de la LGPAM, que establece:
El Ministerio de Justicia brindará asistencia jurídica preferencial a las personas adultas mayores, garantizando los siguientes beneficios: 1. Información y orientación legal.
2. Representación y patrocinio judicial. 3. Mediación para la resolución de conflictos. 4. Promoción de los derechos y garantías constitucionales a favor de la persona adulta mayor (las negrillas fueron añadidas). En ese contexto, en el marco internacional, la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó en la gestión 2015 la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, con el fin de promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. La referida Convención, entre otros derechos, establece el derecho al cuidado de las personas mayores, la necesidad de incorporar y dar prioridad al tema del envejecimiento en las políticas públicas, la importancia de facilitar la formulación y el cumplimiento de leyes y programas de prevención de abuso, abandono, negligencia, maltrato y violencia contra la persona adulta mayor, y la necesidad de contar con mecanismos nacionales que protejan sus derechos humanos y libertades fundamentales; instrumento internacional que fue ratificado por el Estado Plurinacional de Bolivia el año 2016 a través de la Ley 872 de 21 de diciembre; dicha normativa interamericana, en su art. 5 señala que:
Los Estados Parte desarrollarán enfoques específicos en sus políticas, planes y legislaciones sobre envejecimiento y vejez, en relación con la persona mayor en condición de vulnerabilidad y aquellas que son víctimas de discriminación múltiple, incluidas las mujeres, las personas con discapacidad, las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, las personas migrantes, las personas en situación de pobreza o marginación social, los afrodescendientes y las personas pertenecientes a pueblos indígenas, las personas sin hogar, las personas privadas de libertad, las personas pertenecientes a pueblos tradicionales, las personas pertenecientes a grupos étnicos, raciales, nacionales, lingüísticos, religiosos y rurales, entre otros (las negrillas nos pertenecen). De donde se puede establecer con claridad, que la vigencia de todos los derechos, garantías y mecanismos previstos en el instrumento internacional es de fundamental importancia para la protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores en la región, en la cual se insta a todos los Estados miembros de la OEA a firmar y ratificar dicha Convención para la protección de los derechos de las personas mayores, como parte de los esfuerzos por universalizar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de tal manera que todos los tratados y convenciones protejan a todas las personas de la región americana. Asimismo, el art. 4 de la mencionada Convención, establece los deberes generales de los Estados respecto a proteger los derechos humanos y fundamentales de las personas adultas mayores en todos los niveles de gobierno, refiriendo que:
Los Estados Parte se comprometen a salvaguardar los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor enunciados en la presente Convención, sin discriminación de ningún tipo, y a tal fin: a) Adoptarán medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas contrarias a la presente Convención, tales como aislamiento, abandono, sujeciones físicas prolongadas, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la negación de nutrición, infantilización, tratamientos médicos inadecuados o desproporcionados, entre otras, y aquellas que constituyan malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la seguridad e integridad de la persona mayor. b) Adoptarán las medidas afirmativas y realizarán los ajustes razonables que sean necesarios para el ejercicio de los derechos establecidos en la presente Convención y se abstendrán de adoptar cualquier medida legislativa que sea incompatible con la misma. No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las medidas afirmativas y ajustes razonables que sean necesarios para acelerar o lograr la igualdad de hecho de la persona mayor, así como para asegurar su plena integración social, económica, educacional, política y cultural. Tales medidas afirmativas no deberán conducir al mantenimiento de derechos separados para grupos distintos y no deberán perpetuarse más allá de un período razonable o después de alcanzado dicho objetivo. c) Adoptarán y fortalecerán todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin de garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos. d) Adoptarán las medidas necesarias y cuando lo consideren en el marco de la cooperación internacional, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales; sin perjuicio de las obligaciones que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional. e) Promoverán instituciones públicas especializadas en la protección y promoción de los derechos de la persona mayor y su desarrollo integral. f) Promoverán la más amplia participación de la sociedad civil y de otros actores sociales, en particular de la persona mayor, en la elaboración, aplicación y control de políticas públicas y legislación dirigida a la implementación de la presente Convención. g) Promoverán la recopilación de información adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación, que le permitan formular y aplicar políticas, a fin de dar efecto a la presente Convención (las negrillas fueron añadidas). Obligaciones que el Estado al haber ratificado dicha Convención el año 2016, está impuesto a dar cumplimiento cabal y efectivo de los compromisos asumidos a momento de realizar dicha ratificación, norma internacional que respecto a los derechos a la libertad personal y acceso a la justicia que tienen las personas adultas mayores, señala que:
Artículo 13 Derecho a la libertad personal La persona mayor tiene derecho a la libertad y seguridad personal, independientemente del ámbito en el que se desenvuelva. Los Estados Parte asegurarán que la persona mayor disfrute del derecho a la libertad y seguridad personal y que la edad en ningún caso justifique la privación o restricción arbitrarias de su libertad. Los Estados Parte garantizarán que cualquier medida de privación o restricción de libertad será de conformidad con la ley y asegurarán que la persona mayor que sea privada de su libertad en razón de un proceso tenga, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población, derecho a garantías de conformidad con el derecho internacional de los derecho humanos y a ser tratada de conformidad con los objetivos y principios de la presente Convención. Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos. (…) Artículo 31 Acceso a la justicia La persona mayor tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Los Estados Parte se comprometen a asegurar que la persona mayor tenga acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante la adopción de ajustes de procedimiento en todos los procesos judiciales y administrativos en cualquiera de sus etapas. Los Estados Parte se comprometen a garantizar la debida diligencia y el tratamiento preferencial a la persona mayor para la tramitación, resolución y ejecución de las decisiones en procesos administrativos y judiciales. La actuación judicial deberá ser particularmente expedita en casos en que se encuentre en riesgo la salud o la vida de la persona mayor. Asimismo, los Estados Parte desarrollarán y fortalecerán políticas públicas y programas dirigidos a promover: a) Mecanismo alternativos de solución de controversias. b) Capacitación del personal relacionado con la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario, sobre la protección de los derechos de la personal mayor (las negrillas fueron añadidas). Medidas legislativas que el Estado tiene el deber de aplicarlas, cumplirlas y ejecutarlas, con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales de todas las personas adultas mayores, sin discriminación alguna por ningún motivo, debiendo capacitar a todo el personal de las instituciones públicas respecto a la protección de los derechos de las personas mayores, garantizando de manera efectiva el acceso a la justicia en todas sus formas, y también la garantía en el goce de su libertad personal, salvo lo dispuesto por la Ley respecto a criterios específicos para restringir dicho derecho, además, debe actuar con la debida diligencia en la investigación, procesamiento, sanción y reparación del daño cuando se tenga conocimiento de la vulneración de sus derechos y garantías constitucionales. En ese orden, en febrero de 2019, con el objetivo de ampliar y profundizar la institucionalidad existente para el seguimiento de la protección de los derechos de las personas adultas mayores, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tomó la decisión de crear la Relatoría Temática sobre los Derechos de las Personas Mayores, precedida el 2017 por la Unidad sobre los Derechos de las Personas; que luego de un diagnóstico en la que se destacó la protección de los derechos de las personas mayores, en la actualidad continúa siendo un desafío prioritario en la región, demandando un mayor seguimiento cercado por parte de la CIDH. La mencionada Relatoría, tiene como mandato el de promover, proteger y asegurar el reconocimiento de los Derechos Humanos de las personas mayores en la región -Continente Americano-, como sujetos plenos de derecho. Estas actividades, incluye el prevenir la discriminación en razón de la edad o edadismo contra las personas mayores, así como la discriminación interseccional en razón de género, orientación sexual, identidad de género, pertenencia étnico-racial, condición de discapacidad, situación de pobreza, pobreza extrema o marginación social, nacionalidad, religión, situación de privación de libertad, situación migratoria o apatridia. De igual manera, la Relatoría además de los instrumentos normativos interamericanos en materia de Derechos Humanos, tiene como instrumento fundamental a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, descrito precedentemente; además la Convención en su art. 36 habilita el sistema de casos, peticiones individuales, así como el sistema de consultas por parte de los Estados a la CIDH en cuestiones relacionadas con la efectiva aplicación de dicho instrumento normativo. En ese marco, para la realización de su mandato la Relatoría tiene las siguientes funciones:
a) Monitorear la situación de los derecho humanos de las personas mayores en las Américas; b) Suministrar análisis especializado en la evaluación y procesamiento de las peticiones, casos, solicitudes de medidas cautelares y medidas provisionales presentadas ante la CIDH relativas a los derechos humanos de las personas mayores e impulsar su trámite; c) Realizar actividades de promoción como conferencias, seminarios y reuniones con representantes de gobiernos, instituciones académicas, entidades no gubernamentales y otros, con el objeto principal de divulgar información, fomentar el conocimiento amplio y estimular la conciencia pública sobre los derechos de las personas mayores y las obligaciones del Estado de garantizarlos; d) Organizar y celebrar visitas a fin de observar y documentar la situación de las personas mayores en el terreno; e) Elaborar informes y estudios especializados con recomendaciones dirigidas a los Estados Miembros de la OEA para la protección y promoción de los derechos humanos de las personas mayores y dar seguimiento a las recomendaciones; f) Brindar asesoría y cooperación técnica en materia de políticas públicas con enfoque de derechos humanos sobre personas mayores tanto a los Estados Miembros de la OEA, como a sus órganos políticos, organismos regionales, y otras instituciones públicas y organizaciones sociales; g) Impulsar la adopción e implementación de medidas legislativas, políticas públicas, programas y acciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores y su inclusión y participación en la sociedad, atendiendo a los principios de igualdad y no discriminación, participación social, mecanismos de reclamo y acceso a la justicia, producción y acceso a la información, perspectiva de género y priorización de grupos en situación de vulnerabilidad; h) Contribuir en el desarrollo de los estándares interamericanos sobre los derechos de las personas mayores; y, i) Impulsar la universalización y ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Asimismo, en el ámbito jurisdiccional, ejercido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en su competencia contenciosa, en el caso García Lucero y Otras Vs. Chile, refirió que:
En ese sentido, ha tenido en consideración jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que consideró que la avanzada edad de personas vinculadas a un proceso judicial conllevaba el requerimiento de una especial diligencia de las autoridades en la resolución del proceso respectivo. (las negrillas nos pertenecen). Entendiéndose que cuando una persona adulta mayor se encuentra inmerso en un proceso judicial, es necesario que las autoridades jurisdiccionales competentes actúen con una debida diligencia en la resolución del proceso en resguardo y respeto de sus derechos y garantías constitucionales. De igual manera, en el Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile, la Corte IDH ha indicado que:
Así, la Corte ha señalado que la edad, es también una categoría protegida por esta norma. En este sentido, la prohibición por discriminación relacionada con la edad cuando se trata de las personas mayores, se encuentra tutelada por la Convención Americana. Esto comporta, entre otras cosas, la aplicación de políticas inclusivas para la totalidad de la población y un fácil acceso a los servicios públicos (las negrillas fueron añadidas). Por lo que se establece que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, prohíbe la discriminación por cuestiones de edad, siendo protegidos los derechos y garantías de las personas adultas mayores, de igual forma en dicho instrumento internacional, se establece que el Estado tiene la obligación de aplicar políticas inclusivas en favor de la referida población vulnerable, en procura de velar por el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos fundamentales. Asimismo, la referida Sentencia en el caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile, la Corte IDH, señaló que:
…la Corte resalta la importancia de visibilizar a las personas mayores como sujetos de derechos con especial protección y por ende de cuidado integral, con el respeto de su autonomía e independencia (…) Por lo tanto, esta Corte considera que, respecto de las personas adultas mayores, como grupo en situación de vulnerabilidad, existe una obligación reforzada de respeto y garantía de su derecho (…) En consecuencia, el incumplimiento de dicha obligación surge cuando (…) no se garantiza su protección, pudiendo ocasionar una vulneración de otros derechos (las negrillas nos pertenecen). De donde se concluye, que es deber del Estado reconocer a las personas adultas mayores sujetos de derechos, con una protección especial y reforzada, respetando su autonomía e independencia, las que al ser un grupo vulnerable gozan de dicha protección reforzada respecto al respeto y garantía de sus derechos, y que al incumplir las merituadas obligaciones internacionales asumidas por el Estado, se quebranta la protección aludida, vulnerando de manera directa o indirecta los derechos y garantías de las personas adultas mayores. Siguiendo los estándares internacionales, respecto a la protección de los derechos de las personas adultas mayores, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0112/2014-S1 de 26 de noviembre, indicó que:
Los derechos de los adultos mayores se encuentran reconocidos y se les otorga una particular atención dadas las circunstancias que ubican a este grupo de personas en una situación de desventaja frente al resto de la población, por cuanto la edad provoca en ellas una serie de limitaciones físicas, psicológicas, y económicas, de donde su resguardo tiene como objeto otorgarles una mejor calidad de vida. Es comprensible el trato preferente y especial, del que deben ser objeto los ancianos, dado que la vejez supone la pérdida de medios de subsistencia ya sea por el advenimiento de enfermedades y su consecuente pérdida de la salud o ya sea porque pasan al grupo de personas inactivas económicamente, viéndose limitadas por tal motivo en el ejercicio de sus derechos.
En ese mismo sentido el Fundamento Jurídico III.1 de la SCP 0197/2020-S1 de 29 de julio citando a la SC 0989/2011-R de 22 de junio, refirió que:
“La Constitución Política del Estado Plurinacional reconoce una diversidad de derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, teniendo en cuenta que estas normas fundamentales no solamente rigen las relaciones entre iguales, sino que tiene como finalidad el proteger a los ostensiblemente más débiles -mejor conocidos en la doctrina como grupos vulnerables- por lo que el Estado, mediante “acciones afirmativas” busca la materialización de la igualdad (que goza de un reconocimiento formal reconocida en los textos constitucionales y legales pero que en la realidad no se materializa) y la equidad, por lo que se establecen políticas que dan a determinados grupos sociales (minorías étnicas, personas discapacitadas, mujeres, menores de edad, adultos mayores) un trato preferencial en el acceso a determinados derechos -generalmente de naturaleza laboral- o distribución de ciertos recursos o servicios, así como acceso a determinados bienes, con el fin de mejorarles su calidad de vida y compensarles, en algunos casos, por los perjuicios o la discriminación y exclusión de las que fueron víctimas en el pasado”. Estableciéndose que el Estado a través de sus instituciones tiene la finalidad de proteger de manera reforzada a los grupos vulnerables como lo son las personas adultas mayores, quienes tienen un trato preferencial al acceso a todos los servicios que dota el Estado, con el objetivo de mejorar la calidad de vida, y en casos de discriminación y exclusión el de realizarles una debida compensación en pro de sus derechos y garantías constitucionales.
Asimismo la SCP 0665/2021-S4 de 12 de octubre, señaló que:
…este Tribunal, en su amplia y uniforme línea jurisprudencial, ha establecido que las personas adultas mayores son parte componente de los llamados grupos vulnerables o de atención prioritaria; en ese sentido, sus derechos están reconocidos, otorgándoles una particular atención, considerando su situación de desventaja en la que se encuentran frente al resto de la población (el subrayado es añadido).
Pudiendo concluir, que las personas pertenecientes a este sector vulnerable -personas adultas mayores- se hallan protegidas no solamente por la normativa interna, sino también por la legislación internacional que les permite ser merecedores de una particular atención dada su situación de desventaja en la que se encuentran debido a que sus capacidades físicas se ven deterioradas por el transcurso del tiempo, siendo proclives a limitaciones no solamente en el plano físico, sino también y fundamentalmente en el aspecto económico financiero, razones más que suficientes a ser merecedores a la otorgación de una mejor calidad de vida, estando justificado por dichas razones a tener un trato preferente y especial por su condición de personas de la tercera edad, más si se considera que dicho sector vulnerable en su mayoría ya no se encuentra en la capacidad de generar ingresos, lo que les ocasiona una pérdida de los medios de subsistencia por el natural deterioro de su salud por enfermedades, pasando al sector de personas que ya no son activas económicamente, consideraciones que decantan en la limitación del ejercicio de sus derechos.
La parte accionante denunció como lesionados sus derechos a la propiedad privada, al trabajo, al debido proceso, a la justicia pronta y oportuna, y a los principios de seguridad jurídica y verdad material; toda vez que, las autoridades demandadas, ante la interposición de una demanda de concurso necesario de acreedores (por sus empleados, proveedores y otros ante el incumplimiento de sus obligaciones por el desfase ocasionado por el proceso coactivo que el Banco Económico S.A. inició en su contra), proceso concursal al cual se acumuló el proceso coactivo, las autoridades ahora demandadas, procedieron al remate y adjudicación de su predio Palestina, como una continuación del proceso coactivo (anulado a la fecha en un juicio ordinario, debidamente ejecutoriado), no así dentro de la demanda de concurso de acreedores, adjudicándolo por una suma irrisoria a un adjudicatario de mala fe, incurriendo en las siguientes ilegalidades: a) Respecto a la Jueza accionada: a.1) De manera ilegal, arbitraria y osada, anuló sus propias resoluciones fundamentando en su propia torpeza, pese a que le demostraron documentalmente que el adjudicatario siempre estuvo al tanto y conoció todas las actuaciones procesales realizadas en el entonces Juzgado de Partido Civil y Comercial Decimosegundo como las efectuadas en el Juzgado Público Civil Tercero, ambos de la Capital del departamento de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario y en el concurso de acreedores, en el afán de hacer valer sus derechos vulnerados, dejando claramente establecido que el adjudicatario no puede, ni podía aducir desconocimiento o falta de notificaciones tal cual acomodó a favor del adjudicatario, el ilegal Auto de 10 de diciembre de 2020; a.2) El adjudicatario desde el 2014 conoció de la demanda ordinaria de nulidad, ya que ésta y su Auto de Admisión fueron puestos en conocimiento y presentados al concurso de acreedores en el referido Juzgado el 10 de marzo de 2014, en el cual es parte activa del proceso de acuerdo a la prueba 8; a.3) La Jueza Pública demandada como el mejor abogado del adjudicatario, intentó fundamentar y justificar la indefensión del adjudicatario en contraposición a lo manifestado voluntariamente por él mismo en su incidente de nulidad, aspecto ya establecido, pues él tenía conocimiento y participación en el proceso de todas las actuaciones procesales hasta marzo de 2018, “a confesión de parte, relevo de pruebas” (sic); a.4) La Jueza accionada a momento de dictar resoluciones a su favor, no incursionó en la competencia del Juez Público Civil y Comercial Decimosegundo de la Capital del citado departamento, tal como determina el art. 397.1 del CPC, siendo que solo piden que las cosas vuelvan a su estado natural y no piden ejecutar un fallo ajeno, tal como manifiesta el señalado Auto de 10 de diciembre de 2020, interpretando de forma equivocada esa norma la Jueza accionada, favoreciendo al adjudicatario; a.5) Revisado el mencionado Auto en su acápite IV), referente a la sustracción de materia, la autoridad judicial codemandada, “como jueza de jueces” analizó la resolución de un inferior, y como si tuviera competencia para hacerlo, ingresó a revisar los actuados procesales del juicio ordinario en todas sus instancias, manifestando y defendiendo a ultranza que los actos administrativos realizados por el adjudicatario en el INRA son suficientes para no ser afectados por la jurisdicción ordinaria, siendo que éste solo realizó trámites administrativos y no así de inscripción a su nombre en dicho Instituto; asimismo, dentro del presente caso, en ninguna parte pidieron a la autoridad accionada que acumule los procesos coactivo y ordinario para su ejecución como erróneamente fundamentó en el indicado Auto; b) Respecto a los Vocales accionados: b.1) En el ilegal Auto de Vista 130, siendo que de conformidad al art. 265 del CPC, estaban obligados a verificar todos los actos procesales denunciados en el recurso de reposición con alternativa de apelación, los Vocales accionados no lo hicieron, y al igual que la Jueza accionada, defendieron a ultranza la supuesta indefensión y buena fe del adjudicatario; asimismo, no se pronunciaron respecto a la mala fe del adjudicatario incidentista; como prueba de que el referido Auto de Vista, fue resuelto con aparente interés para que el proceso se resuelva a favor del adjudicatario; así en el acápite II.4, de manera errónea indicaron el nombre del adjudicatario como “(PAZ CABRERA-SIENDO LO CORRECTO CABRERA VALENCIA)”; asimismo, manifiestan de forma equívoca que fue el Banco Económico S.A. que instauró el proceso concursal contra José Basma Cárdenas y otros, no siendo correcta esa aseveración, porque el mismo fue incoado por Ronald Eguez Paniagua y no por la entidad bancaria; de igual manera en el acápite II.4.1, la Sala no revisó o tocó el punto apelado referente a que el proceso ordinario también anuló el mandamiento y el acta de embargo, y el avalúo de su predio realizado en el proceso coactivo de 2002 y 2003, actuaciones procesales que fueron utilizados el 2009 para rematar su predio Palestina; también interpretaron el art. 1319 del CC solo para salvar al adjudicatario, olvidándose que el proceso ordinario anuló los actuados señalados anteriormente; b.2) En el acápite II.6 del Auto de Vista 130, los Vocales accionados, no han corregido las vulneraciones al debido proceso y a la igualdad de las partes realizadas por la Jueza accionada referente a la falta de notificaciones a todos los sujetos procesales; toda vez que, con el Auto de 10 de diciembre de 2020 solo fueron notificados tres partes, faltando por notificar nueve partes del proceso concursal, antes de remitir el cuadernillo de apelaciones, debiendo los accionados devolver actuados al juzgado remitente; asimismo, no resolvieron todos los puntos apelados, pues rechazan el recurso de reposición interpuesto con el fundamento que no es el correcto y autorizado por el art. 157.I con relación al 262.1, ambos del CPC, pero no se pronunciaron sobre el fondo del citado recurso, rechazándolo de manera ilegal; tampoco lo hicieron sobre el punto referente a la pérdida de competencia de la Jueza accionada por emitir la resolución fuera de término; y, b.3) No se refirieron en el Auto de Vista de la complementación solicitada que lo declararon no ha lugar y lo curioso es que en dicho Auto, ilegalmente intervino y firmó el Vocal Presidente Oscar Jesús Menacho Angeleri, que se había excusado y apartado del conocimiento de la causa por haber sido el Juez que “remató” su predio Palestina. De los antecedentes adjuntos y de las Conclusiones de este fallo, se advierte que el Banco Económico S.A. en la gestión 2002, inició proceso coactivo contra la parte ahora accionante, cuya base del mismo fue el “instrumento público 1632/2001”, a consecuencia de un supuesto préstamo de $us172 050.-, habiéndose llegado a la instancia de subasta y remate judicial de sus bienes, entre ellos, de su predio Palestina. A consecuencia de dicha demanda, los demás acreedores (empleados, proveedores y otros), plantearon demanda concursal contra el ahora accionante; al cual el Juez de Partido Civil y Comercial Primero del departamento de Santa Cruz, ordenó la acumulación del proceso coactivo seguido por el Banco Económico S.A. contra el ahora accionante José Basma Cárdenas y otros. Ya en el proceso concursal, Oscar Jesús Menacho Angeleri, quien fuera Juez de Partido Civil y Comercial Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz (ahora Vocal accionado), dispuso el remate de dos inmuebles del ejecutado José Basma Cárdenas hoy accionante, entre ellos, el “fundo rustico PALESTINA”, que fue adjudicado a Walter Paz Cabrera Suarez, en la suma de $us100 357,15.- (Conclusiones II.1 a II.5). Asimismo, dentro del proceso concursal, el ahora accionante se apersonó y denunció arbitrariedades de los jueces que tramitaron dicho proceso, planteando apelación del Auto Definitivo de 10 de octubre de 2011 y pidió nulidad con reposición total de obrados; caso cuya Sentencia 39 de 16 de junio de 2012, declaró PROBADA la demanda de concurso necesario y se ordenó el pago con el dinero producto de los bienes inmuebles a ser rematados de propiedad de los concursados, ahora accionantes (Conclusiones II.6 y II.7). Posteriormente, el 11 de marzo de 2014, la parte accionante puso en conocimiento del Juzgado de Partido Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, que presentó proceso ordinario de nulidad de la Escritura Pública “1632/01”, radicado en su similar Juzgado Decimosegundo, en el que se cuestionó la validez y eficacia de dicha Escritura Pública 1632/01, base de la acción coactiva del Banco Económico S.A. contra su persona.
Ante ello, la Sala Civil, Comercial, Familiar, y/o Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista 93/2017 de 30 de mayo, dentro de la demanda ordinaria de nulidad de escritura pública, nulidad de proceso coactivo, acta de embargo, sentencia, de subasta y remate y cancelación en la Oficina de DD.RR., tramitado en el Juzgado Público Civil y Comercial Decimosegundo; revocó en todas sus partes la Sentencia de 17 de marzo de 2015, y en su mérito declaró probada la demanda principal planteada por José Basma Cárdenas por sí y por su esposa; quedando nula la Escritura Pública 1632/01, base del proceso coactivo; así como nulo dicho proceso coactivo, también nula el acta de embargo y todos los actuados subsiguientes. Ante ello, la entidad bancaria interpuso recurso de casación contra el citado fallo; y por Auto Supremo 544/2018 de 28 de junio, se declaró infundado el recurso de casación, disponiéndose por el Juez Civil y Comercial Decimosegundo que se cumpla, con noticia de los sujetos procesales (Conclusiones II.8 a II.10). Por memorial de 17 de junio de 2019, Walter Paz Cabrera Suarez interpuso incidente de nulidad de todo lo obrado (Conclusión II.11). La Jueza ahora accionada, a través del Auto Interlocutorio de 12 de julio de 2019, ante la emisión del Auto de Vista 93/2017 señaló, entre otros, que al haber quedado sin efecto la Escritura Pública 1632/01, y efectuados los pagos por el precio de la subasta dentro el proceso concursal, y haberse procedido al desapoderamiento del inmueble rematado, dispuso que el Banco Económico S.A. proceda dentro del tercer día a la restitución de $us100 357,15.- y que previo a librarse mandamiento de desapoderamiento del inmueble Palestina, ordenó que la Oficial de Diligencias presente informe de sus ocupantes a objeto de su conminatoria. Y por Auto de 19 de septiembre de igual año, la Jueza accionada dispuso la cancelación del registro a nombre del adjudicatario Walter Paz Cabrera Suarez (Conclusiones II.12 y II.13). Posteriormente, la entidad bancaria interpuso acción de amparo constitucional contra el Auto Supremo 544/2018, que mereció la SCP 0941/2019 de 4 de octubre, que denegó la tutela solicitada (Conclusión II.14). Con la pretensión de revertir lo obrado, el adjudicatario Walter Paz Cabrera Suarez, presentó ante el Juzgado Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, el 19 de noviembre de 2020, incidente de nulidad de todo lo obrado, señalando, entre otros, que el Auto Interlocutorio de 12 de julio de 2019, determinó el desapoderamiento y el de 19 de septiembre del mencionado año, ordenó la cancelación de su derecho propietario, siendo que su derecho ha ingresado al ámbito del derecho agrario, ya no podría invadir competencia de la jurisdicción agroambiental al haber sido registrado dominio sobre la “CABAÑA PALESTINA”, produciendo ello, la sustracción de materia (Conclusión II.15). Ante tal situación, la Jueza ahora demandada, emitió el Auto de 10 de diciembre de 2020, por el que anuló obrados y ordenó la devolución del predio Palestina al adjudicatario; y, declarando probado el incidente de nulidad planteado por el precitado, dispuso las medidas tendientes a la restitución del predio Palestina al adjudicatario (Conclusión II.16). Por ello, la parte accionante, interpuso recurso de reposición con alternativa de apelación contra el Auto de 10 de diciembre de 2020; y se concedió la apelación en el efecto devolutivo. Finalmente, los Vocales de Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del departamento de Santa Cruz, ahora demandados, por Auto de Vista 130, determinaron confirmar el Auto de 10 de diciembre de 2010; así como, confirmaron parcialmente el Auto de 12 de febrero de 2021 en lo que corresponde a la concesión del recurso en el efecto devolutivo, con costas (Conclusión II.21). Posteriormente, el impetrante de tutela por memorial de 11 de mayo de 2021, solicitó aclaración, enmienda y complementación del Auto de Vista 130, señalando que dentro del recurso de apelación interpuesto en el concurso de acreedores instaurado en su contra, dichas autoridades no se percataron que con el Auto recurrido debían ser notificados todos los sujetos procesales; y por Auto de 14 de mayo de 2021, se dispuso NO HA LUGAR a dicha solicitud de aclaración, enmienda y complementación, firmando los Vocales Mirian Rosell Terrazas y Oscar Jesús Menacho Angeleri (Conclusión II.22). En ese marco, corresponde en principio analizar la situación de los terceros interesados en el presente caso, respecto de los cuales se iniciará el presente análisis, para posteriormente ingresar a revisar la situación sobre la presunta actuación irregular de las dos autoridades de instancia ahora demandadas, labor que se efectuará en función a las actuaciones desarrolladas por las mismas a su turno. Respecto a los terceros interesados En principio corresponde examinar la situación de los terceros interesados, que conforme al análisis efectuado por el Tribunal de garantías, la falta de notificación con el Auto de Vista 130 motivó la interposición de la presente acción de amparo constitucional, siendo obligación de la parte accionante identificarlos a efectos que, si vieran por conveniente se presenten o asuman los argumentos pertinentes en derecho; denegándose la tutela, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. Al respecto, de la revisión de los antecedentes de referencia, se tiene que la presente acción de defensa, fue observada en principio por el Tribunal de garantías por Auto de 22 de octubre de 2021 (fs. 276) en relación al cumplimiento del art. 33.5 del CPCo, relativo a la identificación precisa de los derechos y garantías vulnerados, realizando el nexo de causalidad entre los hechos y derechos presuntamente vulnerados; habiéndose señalado como terceros interesados a Walter Paz Cabrera Suarez (adjudicatario); Ronald Eguez Paniagua (quien planteó el proceso concursal; y al Banco Económico S.A.). A este fin, de la revisión de los actuados, se tiene que con el Auto de Admisión de 8 de noviembre de 2021 y señalamiento de audiencia de 9 de igual mes y año (fs. 284), no se notificó a ninguna de las partes; asimismo, para la audiencia programada para el 22 del referido mes y año, en el acta de audiencia diferida (fs. 285), tampoco se evidencian diligencias de notificación a las partes. En ese orden, de la revisión del Acta de audiencia (fs. 293) programada para el 3 de diciembre de 2021, se tiene que no se practicaron las diligencias de notificación a todas las partes, por lo que se señaló una nueva para el 23 de igual mes y año, que también fue suspendida por falta de notificación a las partes (fs. 294); asimismo, se tiene el proveído de 24 de enero de 2022 (fs. 306), por el cual se fijó audiencia para el 27 de ese mes y año, siendo que para dicho actuado constan las diligencias de notificación a Walter Paz Cabrera Suarez -tercero interesado- con la demanda tutelar, el Auto de Vista 121/2021, el memorial de 5 de noviembre de 2021,el Auto de Vista 200/2021 y el decreto de 17 de enero de 2022 (fs. 317); de igual forma, se tienen las diligencias de notificación con la demanda tutelar y con posteriores actuados, al abogado de la parte accionante (fs. 308), a las autoridades demandadas (fs. 309 y 311), y al Banco Económico S.A. (fs. 312). También consta el informe de la Oficial de Diligencias del Tribunal de garantías en sentido de la no notificación a Ronald Eguez Paniagua -tercero interesado- (fs. 313); y por diligencia cursante a fs. 317 se evidencia la notificación a Walter Paz Cabrera Suarez; que recién fue efectivizada por diligencias corrientes de fs. 376 a 378 y de fs. 379 con la demanda tutelar y posteriores actuados, siendo oficializado por edicto de prensa dirigido a Ronald Eguez Paniagua, ratificando su notificación con los actuados de la presente acción de amparo constitucional y con el señalamiento de audiencia para el 21 de febrero de 2022 (fs. 391 y 400). En ese orden, se tiene que la representante legal del Banco Económico S.A., mediante memorial contestó como tercera interesada a la presente demanda tutelar, que se tuvo por presentada por proveído de 1 de febrero de 2022 (fs. 364 a 367). También cursa informe a la presente acción tutelar de parte de los Vocales accionados Mirian Rosell Terrazas, Oscar Jesús Menacho Angeleri y Freddy Larrea Melgar (fs. 385 a 387).
La audiencia de 21 de febrero de 2022 fue suspendida para el 4 de marzo del mismo año, con ella se notificaron a las autoridades demandadas; a Walter Paz Cabrera Suarez; a la Jueza accionada (fs. 404 a 411). En la audiencia de 4 de marzo de igual año -según informe de la Secretaria del Tribunal de garantías- estuvieron presentes todas las partes que fueron debidamente notificadas; es decir, la representación del Banco Económico S.A. y la Jueza de la causa; los Vocales no se encontraban en Sala pero sí fueron notificados; asimismo, se encontraban presentes Walter Paz Cabrera Suarez y Ronald Eguez Paniagua; sin embargo, dicha audiencia también fue suspendida, señalándose una nueva para el 11 de marzo de igual año, quedando todas las partes notificadas, siendo el último nombrado notificado mediante edictos de prensa (fs. 412 a 417). De la relación de las diligencias de notificación expuestas, se tiene que todas las partes fueron notificadas para los distintos actuados (audiencias) desarrollados por el Tribunal de garantías, habiendo el Banco Económico S.A. presentado incluso un memorial en su condición de tercero interesado, así como los Vocales demandados remitieron un informe ante el Tribunal de garantías; también se adjuntó recortes de prensa respecto a la notificación mediante edictos de prensa con los distintos actuados a Ronald Eguez Paniagua, lo que evidencia que todas las partes fueron notificadas por el referido Tribunal. Al respecto el art. 31 del CPCo establece que toda persona legitimada, podrá presentarse ante la Jueza, Juez o Tribunal, que de estimarlo necesario se admitirá sus alegaciones en audiencia; y la autoridad de oficio o a petición de parte, si lo considera necesario, podrá convocar a los terceros interesados; con esta potestad facultativa el Tribunal de garantías dispuso las notificaciones descritas precedentemente, que dan cuenta que todas las partes fueron notificadas debidamente con la presente acción de amparo constitucional; por lo que, no resulta evidente que no se haya puesto en conocimiento de los terceros interesados, extremo que decanta en que en el presente caso; por lo que, corresponde ingresar al fondo de las problemáticas planteadas. Asimismo, de la revisión de los derechos denunciados como lesionados por los ahora impetrantes de tutela, se tiene que los mismos no hicieron referencia a la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, es decir, no fueron precisados en su acción tutelar por error u omisión involuntaria, razón por la cual, en aplicación del principio iura novit curia el análisis de fondo del presente caso, se efectuará también respecto a la lesión del citado derecho, en ese orden se tiene:
Con relación a Claudia Janneth Méndez Durán, Jueza Pública Civil y Comercial Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz
Respecto a las problemáticas insertas en los puntos a.1), a.2) y a.3)
En cuanto a esta autoridad, se denunció que: 1) De manera ilegal, arbitraria y osada, anuló sus propias resoluciones fundamentando en su propia torpeza, pese a que le demostraron documentalmente que el adjudicatario siempre estuvo al tanto y conoció todas las actuaciones procesales realizadas en el entonces Juzgado de Partido Civil y Comercial Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, así como en el Juzgado a su cargo, dentro de la demanda ordinaria y en el concurso de acreedores, con la finalidad de hacer valer sus derechos vulnerados, dejando claramente establecido que el adjudicatario no puede, ni podía aducir desconocimiento o falta de notificaciones, tal como entendió la referida Jueza, favoreciendo al adjudicatario a través del ilegal Auto de 10 de diciembre de 2020; 2) El adjudicatario desde el 2014 conocía de la demanda ordinaria de nulidad, ya que la misma y su Auto de admisión fueron puestos a su conocimiento y presentados al concurso de acreedores en el mencionado Juzgado Público Tercero el 10 de marzo de citado año, en el cual es parte activa del proceso; y, 3) En este punto, se denuncia que dicha autoridad judicial, como si se tratara del mejor abogado del adjudicatario, intentó fundamentar y justificar la indefensión de éste, en contraposición a lo manifestado voluntariamente por él mismo en su incidente de nulidad, aspecto ya establecido, pues él tenía conocimiento y participación en el proceso de todas las actuaciones procesales hasta marzo de 2018, “a confesión de parte, relevo de pruebas”. Respecto a lo expresado en las problemáticas coincidentes en los argumentos asumidos por esta autoridad, de los antecedentes adjuntos al exordio, se tiene que como primer actuado dictó el Auto Interlocutorio de 12 de julio de 2019, ante la emisión del Auto de Vista 93/2017 que declaró la nulidad de la Escritura Pública “1631/2001” (lo correcto es 1632/01) señalando, que habiéndose declarado la nulidad del instrumento público, que fue la base para el proceso coactivo iniciado por el Banco Económico S.A. contra el ahora accionante, refiriendo que para la ejecución de la nulidad de esa Escritura, habiendo quedado nulos el acta de embargo, la sentencia, el acta de remate, la escritura de transferencia judicial, la nulidad de inscripción, la matrícula y el registro de inscripción de los nuevos dueños en la Oficina de DD.RR., correspondía la aplicación del art. 397.I del CPC; asimismo, señaló que: “Sin embargo, al haberse efectuado los pagos por el precio de la subasta dentro de este proceso concursal, así como haberse procedido al desapoderamiento del inmueble rematado, corresponde atenderse estrictamente la restitución de los depósitos del monto de la subasta, y el desapoderamiento del inmueble rematado, consecuente de carecer a la fecha de sustento legal para mantener los mismos” (sic); disponiéndose que: 1) El Banco Económico S.A. proceda dentro del tercer día a la restitución de $us100 357,15.-; y, 2) Previo a librarse mandamiento de desapoderamiento del inmueble “Palestina”, la Oficial de Diligencias presente informe de quienes serían sus ocupantes a objeto de su conminatoria (Conclusión II.12). Posteriormente, la Jueza demandada emitió el Auto de 19 de septiembre de 2019, por el cual decidió que habiéndose determinado la adjudicación a favor de Walter Paz Cabrera Suarez del inmueble rematado “Palestina”, y su restitución del precio de la subasta, ésta quedaba sin efecto alguno, haciendo procedente la cancelación de su registro; por lo que, dispuso la cancelación del registro a nombre de Walter Paz Cabrera Suarez; asimismo, enmendó el número de Registro del Instrumento por “1632/01”, notificándosele el 17 de octubre del indicado año (Conclusión II.13). Ante esa situación, el adjudicatario, presentó memorial de 19 de noviembre de 2020 planteando incidente de nulidad de lo obrado, señalando entre otros, que, al haberse dejado de accionar este proceso en marzo de 2018 y no tener mayor intervención posterior a la adjudicación, tampoco pudo notificarse a su persona en tablero judicial, por no estar ya concurriendo al proceso, y ya no tenía la obligación de asistir al juzgado; por lo que, la notificación en tablero judicial de 27 de junio de 2019 y las demás practicadas a su persona, solo han sido vulneratorias del debido proceso y del derecho a la defensa que le reconoce el art. 117.I de la CPE; y que su derecho ha ingresado al ámbito del derecho agrario, por lo tanto, ya no existía objeto en su esencia civil de la adjudicación, quedando apartado de la materia civil; no podría invadir competencia de la jurisdicción agroambiental al haber sido registrado dominio sobre la “cabaña Palestina”, produciendo la sustracción de materia. Ante ello, la autoridad judicial a quo a través del Auto de 10 de diciembre de 2020 declaró probado el incidente de nulidad, dejando sin efecto el desapoderamiento de 26 de octubre de 2019 y la orden de cancelación de registro del Asiento A-3 de 31 de julio de 2014. Asimismo, se dispuso el desapoderamiento del predio “Cabaña Palestina”, debiendo ser restituida la misma al adjudicatario (Conclusiones II.15 y II.16). Lo precisado respecto a la actuación de la Jueza demandada, permite entrever que evidentemente ante la emisión del Auto de Vista 93/2017 que revocó la Sentencia de 17 de marzo de 2015 y declaró la nulidad de la Escritura Pública 1632/01, que fue el documento base del proceso coactivo seguido por el Banco Económico S.A. contra los ahora accionantes (Conclusión II.9), a través del Auto Interlocutorio de 12 de julio de 2019, dispuso que: 1) El Banco Económico S.A. proceda dentro del tercer día a la restitución de $us100 357,15.-; y, 2) Previo a librarse mandamiento de desapoderamiento del inmueble Palestina, la Oficial de Diligencias presente informe de quienes serían sus ocupantes a objeto de su conminatoria (Conclusión II.12); así como también mediante Auto de 19 de septiembre de 2019 determinó la cancelación del registro a nombre de Walter Paz Cabrera Suarez. Posteriormente ante el planteamiento del incidente de nulidad por el adjudicatario, declaró probado el mismo, disponiendo se proceda al desapoderamiento del predio Palestina y se vuelva a restituir al mencionado adjudicatario, decisión asumida mediante Auto de 10 de diciembre de 2020 (Conclusión II.16), no evidenciándose actuado alguno de parte del adjudicatario rebatiendo lo decidido por las autoridades jurisdiccionales respecto fundamentalmente a la nulidad de la Escritura Pública “1632/01”, resultando evidente lo denunciado por la parte accionante en estas dos problemáticas referidas a que la citada autoridad jurisdiccional denunciada en principio dispuso anular sus propias decisiones y posteriormente, aduciendo, entre otros: “…haberse obrado sin jurisdicción y competencia a partir del art.397.1 CPC, que solo reconoce competencia al juez de la sentencia su ejecución, y no otra autoridad” (sic), dispuso el desapoderamiento del predio “CABAÑA PALESTINA”, para ser restituida al adjudicatario (Conclusión II.16). En ese marco, de la descripción de los actuados realizados por la Jueza ahora accionada, es menester analizar si lo asumido se halla fundamentado y motivado, extremo que de acuerdo a lo estatuido en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, la fundamentación implica la labor argumentativa desarrollada por la autoridad que conoce y resuelve un caso concreto, estando obligado a citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; y, en casos específicos en los cuales resulte necesario, tiene la obligación de efectuar una interpretación normativa aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; a su vez, la motivación, es la justificación de la decisión asumida a través de la argumentación lógico-jurídica, desarrollando los motivos y razones que precisan y determinan los hechos fácticos y los medios probatorios aportados por las partes, que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, ésta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. En ese contexto jurisprudencial, considerando el análisis previo de los antecedentes en la problemática relativa a que la citada autoridad anuló sus propias resoluciones, habiendo en principio señalado haber obrado sin jurisdicción y competencia a partir del art. 397.1 CPC, que solo reconoce competencia al juez de primera instancia la ejecución de las sentencias y no a otra autoridad, determinó el desapoderamiento del predio Palestina adjudicado a Walter Paz Cabrera Suarez, así como ordenó la restitución del precio de la subasta, disponiendo se quede sin efecto legal alguno, la cancelación del registro a su nombre, y enmendó el registro el Escritura Pública “1632/01”; siendo que ante la presentación del incidente de nulidad por parte del adjudicatario dentro del proceso seguido por el accionante contra el Banco Económico S.A. (Conclusiones II.11, II.13 y II.15), la citada autoridad a través de Auto de 10 de diciembre de 2020 ahora cuestionado, declaró probado el incidente de nulidad, dejando sin efecto el desapoderamiento dispuesto y la cancelación del registro del asiento A-3 de 31 de julio de 2014, disponiendo la restitución del predio Palestina al señalado adjudicatario, señalando en lo sustancial que:
IV.- La sustracción de materia expuesta por el incidentista WALTER PAZ CABRERA SUAREZ, parte del hecho de la mutación del derecho de titularidad de la CABAÑA PALESTINA, producido con el registro en la base de datos del INRA en fecha 2 de junio 2014, así como haber quedado registrado su derecho en el Registro Público del derecho Real MATRICULA 7052010000780, ASIENTO A-3 de fecha 31 de julio 2014, al haber ingresado su derecho propietario bajo amparo jurisdiccional agroambiental. Significando con esto que constando actos administrativos de dicha jurisdicción, de hecho no podría por la jurisdicción ordinaria dejarlos sin eficacia como menciona JOSE BASMA CARDENAS se produciría de forma automática, por efecto de la sentencia del proceso ordinario, esto sin considerarse que de forma expresa no ha sido parte de aquel proceso el adjudicatario WALTER PAZ CABRERA SUAREZ; es decir que el inmueble regulado por la jurisdicción agroambiental, de hecho no podría producirse automáticamente su ineficacia, sin antes revertir aquel acto administrativo que ampara la mutación del derecho de WALTER PAZ CABRERA SUAREZ, transitado a aquella jurisdicción…(…). Excluyendo de esta forma a la materia civil que no puede modificar ni desconocerse por la justicia ordinaria actos de la administración pública, sino bajo procedimientos administrativos y jurisdiccionales de acuerdo a la ley 1715, que únicamente reconoce jurisdicción en materia agraria al Tribunal Agrario Nacional y administrativa al INRA, (…). Por otra, al haberse seguido proceso ordinario de forma posterior al presente monitorio, y como se tiene identificado el hecho de la autonomía de ambos procesos, también se produce la sustracción de materia sobre los derechos ejercitados por las partes y el adjudicatario, que sustrayendo toda competencia lo tiene asumido por el juez del proceso ordinario, esto sin ingresar en contradicción respecto del adjudicatario que no ha sido parte en aquel proceso, y donde corresponde a su vez asumir o no defensa con arreglo a la ley por parte de WALTER PAZ CABRERA SUAREZ”. V.- El total de defensa de JOSE BASMA, se funda en la nulidad de la escritura pública 1632/01 de fecha 23 de noviembre de 2001, y haber quedado nulo el proceso coactivo, y los demás obrados de adjudicación, y registro de inscripción en derechos Reales, automáticamente se retrotraen todos los efectos del proceso coactivo que no causa estado, como ser la adjudicación realizada a favor del incidentista WALTER PAZ CABRERA SUAREZ que quedaría nula y sin valor legal alguno. Al respecto, por lo menos en este proceso, existe un elemento esencial de la adjudicación de buena fe del adjudicatario por el cual, por disposición del art.1485 CC, sobre la nulidad de los actos ejecutivos que expresa: "No es oponible al adjudicatario o al asignatario la nulidad de actos ejecutivos que hayan precedido a la adjudicación o asignación, excepto el caso de colusión con el acreedor ejecutante. Los otros acreedores no están obligados a restituir lo recibido por efecto de dichos actos ejecutivos". Es con razón que el adjudicatario incidentista, ha interpuesto nulidad por vicios procesales, que a contrario de lo afirmado por JOSE BASMA CARDENAS, se ha podido observar la falta de competencia de la suscrita autoridad para le ejecución de sentencia de otra autoridad o juez, así como de haberse prevenido la carencia de competencia y el ejercicio de derecho de la sentencia ordinaria, de ejercerlos por la parte ante la misma autoridad del proceso ordinario, también la notificación en tablero judicial después de más de 7 años que se ha efectuado al adjudicatario, y que necesariamente ha provocado su indefensión. Sin que se pueda amparar JOSE BASMA CARDENAS en lo establecido por los arts.397 y 398 CPC, por cuanto se trata de la solicitud del cumplimiento de sentencia que ha sido dictada en diferente proceso y por diferente autoridad, que únicamente corresponde su ejecución por dicha autoridad, con exclusión de toda competencia para su ejecución por la suscrita autoridad, resultando haberse obrado sin jurisdicción y competencia a partir del art.397.1 CPC, que solo reconoce competencia al juez de la sentencia su ejecución, y no otra autoridad. Bajo esas consideraciones jurisprudenciales y del análisis del contenido del Auto de 10 de diciembre de 2020, ahora cuestionado por el impetrante de tutela, merced al análisis realizado previamente relativo a la falta de fundamentación y motivación, siendo que los argumentos expuestos en dicho fallo, no resolvieron ninguno de los dos agravios deducidos por el impetrante de tutela, reduciendo sus argumentos a expresar que hubo en el caso la sustracción de materia, por haberse dado una mutación del tema civil a la jurisdicción agraria respecto de la titularidad del predio “Palestina”, que se hallaba ya registrado en la base de datos del INRA desde el 2 de junio 2014, así como haberse registrado su derecho en la Oficina de DD.RR., bajo la matrícula 7.05.2.01.0000780, asiento A-3 de 31 de julio 2014, al haber ingresado su derecho propietario bajo amparo jurisdiccional agroambiental, lo que significaba que la jurisdicción ordinaria ya no podía dejarlo sin eficacia; asimismo, la autoridad accionada arguyó que existe un elemento esencial de la adjudicación de buena fe del adjudicatario basado en el art. 1485 del CC sobre la nulidad de los actos ejecutivos. Lo argüido por la Jueza demandada decanta en el hecho de que no consideró de manera alguna los agravios deducidos por el recurrente en su recurso de revisión respecto a asumir consideraciones con relación a la nulidad del proceso coactivo y los actos subsecuentes; así como el hecho de que el citado adjudicatario siempre estuvo al tanto y conoció todas las actuaciones procesales realizadas en el Juzgado de Partido Civil y Comercial Decimosegundo, como las realizadas en el Juzgado Público Civil y Comercial Tercero, ambos de la Capital del departamento de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario y en el concurso de acreedores, sin expresar los fundamentos y razones del porqué se arribó a dicha determinación, ni explicar los motivos del porqué se lo consideró un adjudicatario de buena fe, extremo que fue reclamado por la parte accionante. Lo expuesto en el fallo cuestionado, tomando en cuenta que las reflexiones constitucionales reflejadas por la jurisprudencia citada son aplicables a los operadores de justicia en sus fallos, y considerando que conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación tiene una trascendental finalidad que es la motivación entendida como la justificación de la decisión, que está compuesta por dos elementos que son la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda Resolución; o dicho de otra manera, las resoluciones emitidas por estas autoridades, deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación. En conclusión, en función a estas consideraciones, corresponde otorgar la tutela invocada respecto a lo expresado en estas tres problemáticas, a efecto de que la Jueza demandada, emita una nueva resolución, salvando las observaciones advertidas, con la fundamentación y motivación necesaria, en la cual se incluya una labor argumentativa de los principios y valores constitucionales y el bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros, sea la obtención de una decisión justa; asimismo, una interpretación acorde a los principios y valores constitucionales; correspondiendo en consecuencia, conceder la tutela con relación a Claudia Janneth Méndez Durán, Juez Pública Civil y Comercial Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz respecto a estas problemáticas. En cuanto al punto a.4) En este tópico, el accionante denuncia que la Jueza ahora accionada a momento de dictar resoluciones a su favor, no incursionó en la competencia del Juez Público en lo Civil y Comercial Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, tal como determina el art. 397.1 del CPC, siendo que solo piden que las cosas vuelvan a su estado natural y no así ejecutar un fallo ajeno, tal cual manifiesta el Auto de 10 de diciembre de 2020, interpretando dicha Jueza de forma errónea la citada norma, favoreciendo al adjudicatario. Respecto a lo aludido en esta problemática corresponde acudir al contenido del art. 397.1 del CPC que a la letra establece que: “Las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada se ejecutarán sólo a instancia de parte interesada, sin alterar ni modificar su contenido, por la autoridad judicial de primera instancia que hubiere conocido el proceso” (sic). En ese contexto normativo, en el caso en revisión, la Jueza de primera instancia, reasumió su actuación en el caso luego de haberse confirmado por el Tribunal Supremo de Justicia la nulidad del documento base del proceso coactivo “Instrumento Público 1632/01”, en el cual se dispuso el remate de los bienes del ahora accionante (entre ellos, su predio denominado “Palestina”), siendo que, asumiendo en principio la restitución del precio de la subasta, la cancelación del registro a nombre del adjudicatario, a través del Auto de 10 de diciembre de 2020, la Jueza accionada, ante la formulación del incidente de nulidad interpuesto por el adjudicatario, ahora tercero interesado, declaró probado el citado incidente, arguyendo, entre otros, que: “…se ha podido observar la falta de competencia de la suscrita autoridad para le ejecución de sentencia de otra autoridad o juez, así como de haberse prevenido la carencia de competencia y el ejercicio de derecho de la sentencia ordinaria, de ejercerlos por la parte ante la misma autoridad del proceso ordinario, también la notificación en tablero judicial después de más de 7 años que se ha efectuado al adjudicatario, y que necesariamente ha provocado su indefensión. Sin que se pueda amparar JOSE BASMA CARDENAS en lo establecido por los arts.397 y 398 CPC, por cuanto se trata de la solicitud del cumplimiento de sentencia que ha sido dictada en diferente proceso y por diferente autoridad, que únicamente corresponde su ejecución por dicha autoridad, con exclusión de toda competencia para su ejecución por la suscrita autoridad, resultando haberse obrado sin jurisdicción y competencia a partir del art.397.I CPC, que solo reconoce competencia al juez de la sentencia su ejecución, y no otra autoridad” (sic); retrotrayendo, las acciones asumidas en el proceso anulado, en sujeción a lo que dispone el art. 397 del CPC, que determina que deberán ser ejecutadas por la autoridad judicial de primera instancia; lo que determina que dicha autoridad dispuso la restitución de los derechos de la parte accionante con competencia y legalidad, pues en ningún momento ejecutó sentencia o resolución de otra autoridad, actuando en sujeción a la previsión contenida en el art. 9.I del citado compendio normativo procesal civil en vigencia que establece lo siguiente: “Las decisiones de las autoridades judiciales deben ser acatadas por todas las autoridades y personas individuales o colectivas. Las autoridades en general están en la obligación de prestar asistencia para el cumplimiento de las resoluciones judiciales”. Precepto que tiene relación con el art. 1560.II del CC que previene: “Las anotaciones hechas por orden judicial se cancelaran solo a mérito de otra que emane del mismo juez, salvo el caso de la caducidad prevista por los artículos 1554 y 1555”; así como lo estatuido en el art. 1391.I.2 del CC; estableciéndose de esta relación, que la Jueza ahora demandada, hasta esa actuación procesal, obró con plena competencia. Lo expuesto, decanta en que lo argüido por la Jueza demandada, carece de toda fundamentación y motivación, pues no se efectuó un análisis considerativo respecto al alegado conflicto competencial, careciendo el fallo observado de una motivación exponiendo las razones de la decisión asumida en el Auto de 12 de diciembre de 2020, así como un respaldo normativo en el mismo, aspectos que como se estableció en el anterior punto, obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución, debiendo contener necesariamente una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación; por lo que, una aplicación sesgada de la norma tal cual se advierte en el señalado fallo determinan la carencia de los elementos que corresponden a un debido proceso, correspondiendo en base a estos antecedentes, conceder la tutela solicitada respecto a esta problemática. Respecto al punto a.5) En esta problemática, se aduce que procedida a la revisión del Auto de 10 de diciembre de 2020 en su acápite IV), referente a la sustracción de materia, ven que como jueza de jueces, la autoridad accionada analizó la resolución de un inferior y como si tuviera competencia para hacerlo, ingresa a revisar los actuados procesales del juicio ordinario en todas sus instancias, manifestando y defendiendo a ultranza que los actos administrativos realizados por el adjudicatario en el INRA son suficientes para no ser afectados por la jurisdicción ordinaria, siendo que éste solo realizó trámites administrativos y no así de inscripción a su nombre en ese Instituto; asimismo, dentro del presente caso, en ninguna parte pidieron a la referida autoridad judicial que acumule los procesos coactivo y ordinario para su ejecución, como erróneamente fundamentó en el ilegal Auto de 10 de diciembre de 2020. Respecto a lo expuesto en esta problemática, corresponde analizar lo expuesto por la autoridad accionada respecto a lo expresado en este punto. Así se tiene que en el acápite IV del Auto de 10 de diciembre de 2020, la Jueza demandada señaló que:
IV.- La sustracción de materia expuesta por el incidentista WALTER PAZ CABRERA SUAREZ, parte del hecho de la mutación del derecho de titularidad de la CABAÑA PALESTINA, producido con el registro en la base de datos del INRA en fecha 2 de junio 2014, así como haber quedado registrado su derecho en el Registro Público del derecho Real MATRICULA 7052010000780, ASIENTO A-3 de fecha 31 de julio 2014, al haber ingresado su derecho propietario bajo amparo jurisdiccional agroambiental. Significando con esto que constando actos administrativos de dicha jurisdicción, de hecho no podría por la jurisdicción ordinaria dejarlos sin eficacia como menciona JOSE BASMA CARDENAS se produciría de forma automática, por efecto de la sentencia del proceso ordinario, esto sin considerarse que de forma expresa no ha sido parte de aquel proceso el adjudicatario WALTER PAZ CABRERA SUAREZ; es decir que el inmueble regulado por la jurisdicción agroambiental, de hecho no podría producirse automáticamente su ineficacia, sin antes revertir aquel acto administrativo que ampara la mutación del derecho de WALTER PAZ CABRERA SUAREZ, transitado a aquella jurisdicción conforme al certificado franqueado por el MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS, INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA, DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE TIERRAS "UNIDAD DE CATASTRO RURAL Y CERTIFICADO CATASTRAL CC-T- SCZ00263/2014 sobre la propiedad CABAÑA PALESTINA con MATRICULA 7052010000780, ASIENTO A-3 de fecha 31 de julio 2014. Excluyendo de esta forma a la materia civil que no puede modificar ni desconocerse por la justicia ordinaria actos de la administración pública, sino bajo procedimientos administrativos y jurisdiccionales de acuerdo a la ley 1715, que únicamente reconoce jurisdicción en materia agraria al Tribunal Agrario Nacional y administrativa al INRA, los que quedan franqueados al anterior propietario para su ejercicio en dicha materia, reiterando el mérito de quien es responsable del daño patrimonial de la parte que se considera perjudicada, tal como se ha hecho antes referencia. (…) Por otra, al haberse seguido proceso ordinario de forma posterior al presente monitorio, y como se tiene identificado el hecho de la autonomía de ambos procesos, también se produce la sustracción de materia sobre los derechos ejercitados por las partes y el adjudicatario, que sustrayendo toda competencia lo tiene asumido por el juez del proceso ordinario, esto sin ingresar en contradicción respecto del adjudicatario que no ha sido parte en aquel proceso, y donde corresponde a su vez asumir o no defensa con arreglo a la ley por parte de WALTER PAZ CABRERA SUAREZ. Lo expuesto, establece que la autoridad accionada determinó en el Auto ahora cuestionado, que la sustracción de materia se produjo por la mutación de la titularidad que se dio al incidentista en el registro como derecho real y su registro propietario ingresado bajo la jurisdicción agroambiental realizado en el INRA, y que no podría la jurisdicción ordinaria dejar sin eficacia esa situación como alegó el ahora accionante; es decir, que el inmueble regulado por la jurisdicción agroambiental, no podría revertirse automáticamente en su ineficacia, sin antes revertir aquel acto administrativo que ampara la mutación del derecho del incidentista-adjudicatario; así como señalar que se da la sustracción de materia sobre los derechos ejercitados por las partes y el adjudicatario, que sustrayendo toda competencia lo tiene asumido por el juez del proceso ordinario sin ingresar en contradicción respecto del adjudicatario que no ha sido parte en aquel proceso; ingresando en su análisis lo actuado en el proceso ordinario. Sobre la figura de sustracción de materia, aplicada por la autoridad accionada, se tiene que la SCP 0351/2019-S1 de 5 de junio, citando a la SCP 0697/2014 de 10 de abril, señaló que:
“La sustracción de materia o pérdida del objeto procesal, es una previsión desarrollada por la doctrina procesal y la jurisprudencia constitucional, que consiste en la imposibilidad de un Juez o tribunal para pronunciarse sobre una determinada pretensión, imposibilidad que tiene como causa que los argumentos ya sean estos de hecho o derecho han desaparecido, también se configura esta imposibilidad cuando el hecho ha dejado de vulnerar el derecho denunciado y por tanto la tutela que podría otorgarse se torna inoportuna e ineficaz, la jurisprudencia constitucional respecto al tema ha manifestado lo siguiente: ‘…es posible colegir que básicamente la sustracción de la materia o del objeto procesal consiste en la desaparición de los supuestos de hecho denunciados a través de la acción de amparo constitucional, luego cuando esto sucede, el juez o tribunal de garantías, no podrá decidir o pronunciar sobre algo que ya no tiene elementos fácticos que lo sustenten; vale decir que el petitorio del que ha devenido es insubsistente; por lo que por simple lógica una vez identificado el acto lesivo denunciado y contando con la certeza de que dicho acto y sus consecuencias ya no existen, se irrumpe la posibilidad de pronunciarse sobre el análisis de fondo de la pretensión, correspondiendo la declaración de la sustracción de la misma….’”.
De lo expresado, se tiene que la sustracción de materia o la cesación del acto reclamado, que se halla previsto en el art. 53 del CPCo, es una figura o causal de improcedencia de una acción de amparo constitucional; que no está prevista en la normativa procesal civil; es más, dicha autoridad al aplicar esa figura, no respaldó su base normativa; es decir, no expresó la norma legal en la cual se basó para determinar la existencia de la sustracción de materia para asumir su determinación competencial; asimismo, resulta evidente que la autoridad demandada, al señalar que la instancia competente era la jurisdicción agroambiental, ingresó al análisis de un conflicto competencial previsto en el art. 85.I del CPCo que establece: “El Tribunal Constitucional Plurinacional conocerá y resolverá los conflictos sobre las: 3. Competencias entre la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, la Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción Agroambiental”; lo que evidencia que la citada autoridad al determinar que era competente la jurisdicción agroambiental, se arrogó competencias del Tribunal Constitucional Plurinacional; consideraciones por las cuales se tiene por evidente lo denunciado en esta problemática, correspondiendo, en consecuencia, conceder la tutela solicitada respecto a esta problemática. En conclusión, merced a lo asumido en este punto, corresponde disponer que la autoridad accionada, emita una nueva resolución, salvando las observaciones identificadas de conformidad a los fundamentos jurídicos ya expresados, fundamentalmente en cuanto concierne al Auto de 10 de diciembre de 2020, emitido por la autoridad ahora demandada. Respecto a Mirian Rosell Terrazas y Oscar Jesús Menacho Angeleri, ex Vocales; Freddy Pérez Chavarría y Efraín Cruz Limachi, actuales Vocales, todos de la Sala Civil Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Familiar o Doméstica y Pública Primera; Freddy Larrea Melgar, ex Vocal de la similar Sala Cuarta, todos del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz Sobre lo concerniente al punto b.1) En cuanto a este punto, la parte accionante denuncia que en el ilegal Auto de Vista de 23 de abril de 2021, siendo que de conformidad al art. 265 del CPC, estaban obligados a verificar todos los actos procesales denunciados en el recurso de reposición con alternativa de apelación, los Vocales accionados no lo hicieron, y al igual que la Jueza demandada, defendieron a ultranza la supuesta indefensión y buena fe del adjudicatario; asimismo, no se pronunciaron respecto a la mala fe del adjudicatario incidentista; como prueba de que el Auto de Vista 130, fue resuelto con aparente interés para que el proceso esté a favor del adjudicatario en el acápite II.4, erróneamente indican el nombre del adjudicatario como “(PAZ CABRERA-SIENDO LO CORRECTO CABRERA VALENCIA)”; asimismo, manifiestan erróneamente que fue el Banco Económico S.A. contra José Basma Cárdenas y otros, no siendo correcta esa aseveración, porque dicho proceso fue incoado por Ronald Eguez Paniagua y no por la citada entidad bancaria; de igual manera, en el acápite II.4.1, la Sala no revisó o tocó el punto apelado referente a que el proceso ordinario también anuló el mandamiento y el acta de embargo, y el avalúo de su predio realizados en el proceso coactivo de 2002 y 2003, actuaciones procesales que fueron utilizados el 2009 para rematar su predio Palestina; también interpretan el art. 1319 del CC, solo para salvar al adjudicatario, olvidándose que el proceso ordinario anuló los actuados señalados anteriormente. Respecto a lo denunciado en este punto, corresponde señalar lo asumido por los Vocales ahora accionados en el Auto de Vista 130, en principio, corresponde analizar si resulta evidente que no se pronunciaron respecto a la mala fe del adjudicatario incidentista; en ese marco, en el punto II.4.2 del citado Auto, a este respecto, señalaron que:
Por otro lado, con relación a lo establecido por el art. 229-II del CPC, se evidencia que el incidentista y adjudicatario no ha sido parte esencial en el multicitado proceso ordinario que sobre nulidad del proceso coactivo interpuso el recurrente; es decir, que no ha sido demandante, demandado, ni litis consorte, tampoco el recurrente ha demostrado por ningún medio de prueba idóneo que el incidentista y adjudicatario haya actuado de mala fe, por lo que, dicha normativa ha sido correctamente interpretada y aplicada por la Juez a-quo, en el entendido de que es hecho evidente y visible en el expediente que el adjudicatario actuó de buena fe, habiendo intervenido en el remate y subasta del predio rural Palestina dentro del citado proceso concursal, cumpliendo todos los requisitos de ley, habiendo realizado los depósitos respectivos por el monto de la subasta, motivo por el cual se entregó su minuta de adjudicación, oportunidad en la cual no se impugno esos actos procesales. En lo concerniente a lo dispuesto por el art. 1485 del Código Civil, también es cierto que la sentencia dictada en el proceso ordinario de nulidad de fecha 17 de marzo del 2015, como el Auto de Vista de fecha 30 de mayo del 2017, y Auto Supremo de 28 de junio del 2018, son posteriores a la adjudicación del predio "Palestina", efectuada al adjudicatario e incidentista el 22 de junio del 2009, además de que el recurrente no ha demostrado que exista colusión entre el adjudicatario y el acreedor, de lo que se colige que la nulidad del mencionado proceso coactivo no es oponible al adjudicatario, como acertadamente interpreto la Juez a quo al aplicar el art. 1485 del Código Civil (sic).
Lo expuesto, si bien evidencia que las autoridades accionadas, centraron su análisis en afirmar que la parte recurrente, ahora accionante, no demostró mediante documentación idónea, que el adjudicatario incidentista actuó de mala fe; habiendo realizado el mismo los pagos respectivos de la subasta, así como se le entregó la minuta correspondiente al predio de referencia, considerándolo un adjudicatario de buena fe; sin embargo, en el tenor del citado Auto no se analizó, ni se consideraron los antecedentes relativos a que el proceso que dieron origen a la subasta y adjudicación del predio Palestina, quedó anulado en un proceso ordinario, en el cual se acumularon los procesos de ejecución o coactivos determinando el desapoderamiento al presunto deudor de sus bienes, distribuyéndose ese producto entre sus varios acreedores, previa justificación de sus créditos; así como tampoco se tomó en cuenta que el señalado proceso ejecutivo ya se encontraba en fase de ejecución de sentencia, en el cual ya se había adjudicado el inmueble, pero que producto de un proceso ordinario, había quedado sin efecto legal todo lo actuado en el proceso coactivo, habiéndose determinado que el documento base de este último proceso citado quedó anulado; por ende, quedaron nulas las actuaciones derivadas de tal decisión, siendo que sin la existencia o vigencia de un título o documento base para su ejecución no podía proseguirse la pretensión; por lo que, al quedar sin efecto la Escritura Pública base de la demanda coactiva, también quedaba nulo todo lo actuado en el mismo, dentro de la cual se llevó adelante un proceso concursal de acreedores para sus pagos y preferencias, siendo que no se podía permitir su continuidad o reapertura, generándose con la falta de consideración de dichas temáticas, una inseguridad jurídica manifiesta, más, si como se dilucidó en la cuarta problemática, la Jueza accionada a consideración de este Tribunal actuó con plena competencia; evidenciándose un análisis parcializado con el incidentista- adjudicatario al no fundamentar y motivar su resolución, ahora cuestionada, respecto a los puntos relativos a la alegada mala fe del mismo. En cuanto respecta a que en el punto 4, erróneamente indican el nombre del adjudicatario como “(PAZ CABRERA-SIENDO LO CORRECTO CABRERA VALENCIA)”; procedida a la revisión del Auto cuestionado, se tiene que en el acápite II.4, los Vocales ahora accionados señalaron: “…de los datos informa el auto recurrido, se verifica que la adjudicación de la Cabaña "Palestina" fue efectuada en fecha 22 de junio del 2009, a favor del adjudicatario WALTER PAZ CABRERA VALENCIA, quien actúa por su hijo WALTER PAZ CABRERA SUAREZ, dentro del Concurso de Acreedores seguido por el BANCO ECONÓMICO S.A., contra de JOSE BASMA CARDENAS, EDITH VELASCO DE BASMA, PUALINA PEÑA DE PEÑA y MARIO SEVERICHE TORREZ, proceso concursal en el cual se acumuló el procese coactivo seguido por el BANCO ECONOMICO S.A. contra JOSE BASMA CARDENAS” (sic); evidenciándose en el mismo, el citado error, toda vez que (de los datos contenidos en la Conclusión II.24 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se grafica mediante fotografías, los nexos de amistad que sostenían los accionantes con el padre y la madre del adjudicatario, así como con el Gerente del Banco Económico S.A.), se tiene que el padre del incidentista-adjudicatario, ahora tercero interesado, se llama Walter Cabrera Valencia; y el hijo que es el adjudicatario lleva el nombre de Walter Paz Cabrera Suarez, resultando evidente esta alegación. En cuanto al punto relativo a que las autoridades demandadas, manifestaron de manera errónea, que fue el Banco Económico S.A. el que inició el proceso concursal contra José Basma Cárdenas y otros; en el punto II.4 in fine, se señaló que: “…proceso concursal en el cual se acumuló el proceso coactivo seguido por el BANCO ECONOMICO S.A. contra JOSE BASMA CARDENAS” (sic); extremo erróneo, toda vez que de lo descrito en la Conclusión II.3 de este fallo constitucional, se evidencia que el proceso concursal fue presentado ante el Juez de Partido Civil y Comercial Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, por Ronald Eguez Paniagua contra José Basma Cárdenas y otros, resultando evidente este error, que da cuenta de la falta de prolijidad de los Vocales demandados en su contenido. Asimismo, en cuanto a lo alegado por el ahora accionante respecto a que los demandados en el acápite II.4 del Auto de Vista 130, no revisó o tocó el punto apelado referente a que el proceso ordinario también anuló el mandamiento y el acta de embargo, y el avalúo de su predio, realizados en el proceso coactivo de 2002 y 2003, actuaciones procesales que fueron utilizados el 2009 para rematar su predio denominado “Palestina”; y también interpretaron el art. 1319 del CC solo para salvar al adjudicatario, olvidándose que el proceso ordinario anuló los actuados señalados anteriormente. En cuanto al primer punto de esta subproblemática, de la lectura del contenido del cuestionado Auto de Vista, no se evidencian consideraciones respecto a que el proceso ordinario también anuló el mandamiento, el acta de embargo y el avalúo de su predio, realizados en el proceso coactivo de 2002 y 2003, actuaciones procesales que fueron utilizadas el 2009 para rematar su predio Palestina; consideraciones que resultan coincidentes con lo expuesto en el tercer punto de esta problemática, correspondiendo otorgar razón a lo denunciado en este punto. Por otro lado, en cuanto al punto concerniente a que los Vocales accionados en el mismo acápite interpretaron el art. 1319 del CC, solo para salvar al adjudicatario, olvidándose que el proceso ordinario anuló los actuados señalados anteriormente; se tiene que las referidas autoridades, en el Auto de Vista 130, a este respecto, en el punto II.5, señalaron:
En lo referente a lo expresado por el recurrente, de que la nulidad del proceso coactivo y todas sus incidencias como el remate y adjudicación de sus bienes, en concreto el predio rural "Palestina", ordenadas en el Auto de Vista de 30 de mayo del 2017, es una verdad material que no se valoró correctamente en el auto impugnado, habiéndose dictado resolución sobre actuaciones que a la fecha no existen, siendo de aplicación lo dispuesto por el art. 547 del Código Civil, corresponde reiterar que la adjudicación del predio rural "Palestina" al adjudicatario WALTER PAZ CABRERA SUAREZ, fue realizada dentro del Concurso de Acreedores seguido por el BANCO ECONÓMICO S.A., contra de JOSE BASMA CARDENAS, EDITH VELASCO DE BASMA, PUALINA PEÑA DE PEÑA Y MARIO SEVERICHE TORREZ, proceso concursal en el cual si bien es cierto se acumuló el proceso coactivo seguido por el BANCO ECONOMICO S.A. contra JOSE BASMA CARDENAS, no menos cierto es que éste último, quedó sin vigencia legal por la universalidad del concurso, donde las partes, el objeto y la finalidad son diferentes, lo que imposibilita se materialicen los efectos de la cosa juzgada del proceso ordinario de nulidad de proceso coactivo, sobre el referido proceso concursal, conforme la regla del art. 1319 del Código Civil, con el agravante de que el recurrente no expone las razones fácticas o legales de como el principio de verdad material que arguye puede aplicarse a la adjudicación que nace del referido proceso concursal, lo que deviene también en un agravio infundado. Según lo expresan los Vocales ahora accionados, al tratarse de un proceso concursal al cual se acumuló la demanda coactiva, esta último quedó sin efecto legal por el proceso concursal, extremo que hace imposible que se materialice los efectos de cosa juzgada del proceso ordinario de nulidad del proceso coactivo de acuerdo al art. 1319 del CC, con la agravante de que el recurrente no expuso la razones de cómo el principio de verdad material puede aplicarse a la adjudicación que nace del proceso concursal; en ese contexto, el marco normativo descrito en el art. 1319 del citado Código, establece que: “La cosa juzgada no tiene autoridad sino con respecto a lo que ha sido objeto de la sentencia. Es menester que la cosa demandada sea la misma, que la demanda se funde en la misma causa, que las partes sean las mismas y que se entable por ellas y contra ellas”. Este artículo, permite inferir los límites de la cosa juzgada, que en definitiva sirven para determinar los efectos previstos en el art. 1451 del señalado cuerpo normativo, que señala que: “Lo dispuesto por la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada causa estado a todos los efectos entre las partes, sus herederos y causahabientes”; sin embargo, como se señaló precedentemente, las citadas autoridades demandadas, no refieren en su análisis el hecho de que todo lo actuado en el proceso coactivo quedó nulo por efecto del proceso ordinario, extremo que apelado y recurrido en casación, fue confirmado. En ese marco, de la revisión de los argumentos sostenidos por la parte accionante que fueron objeto de resolución en el Auto de Vista 130, siendo que de conformidad al art. 265 del CPC, los Vocales ahora accionados estaban obligados a verificar todos los actos procesales denunciados en el recurso de reposición con alternativa de apelación, se advierte que, temas como el de la nulidad del proceso coactivo, a cuya consecuencia, quedaron nulos actuados como el remate, la adjudicación, entre otros, del predio “Palestina” no fueron abordados ni tampoco fueron objeto de análisis por parte de los referidos Vocales, constando en el fallo que pronunciaron que se centraron en afirmar la supuesta indefensión y buena fe del adjudicatario; sin analizar la alegada mala fe del incidentista adjudicatario, ignorando los cuestionamientos formulados al respecto por la parte accionante; pues, no hicieron referencia alguna ni despejaron las dudas que surgen sobre la forma en que se hubiera desarrollado el proceso ordinario y sus incidencias. En cuanto a la lesión del debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, respecto a lo alegado por la parte accionante en el recurso de reposición bajo alternativa de apelación, contenido en el punto I.3 del citado Auto de Vista 130, en el cual se expresó que existe una verdad material relativa a la nulidad del proceso coactivo en su totalidad, que inicialmente la Jueza a quo valoró correctamente y que después de manera contradictoria, se declaró incompetente, sin considerar el art. 229 del CPC, obviando valorar la documentación aportada; asimismo, señaló que no existe sustracción de materia, pues cuando se adjudicó el predio Palestina, también era un predio agrario; por lo que, ese derecho adquirido, sea cual sea la jurisdicción que la conozca, es nula por disposición del proceso ordinario de nulidad, lo que significa que este proceso y sus actuaciones procesales, nunca nacieron a la vida jurídica, motivo por el cual todo acto realizado para evitar su recuperación resultaba inviable, siendo que el citado adjudicatario siempre tuvo conocimiento del proceso ordinario y su sentencia; así como el mismo incidentista de nulidad, no demostró el perjuicio causado; siendo que los argumentos expuestos en el Auto de Vista cuestionado, no resolvieron ninguno de los agravios deducidos por la parte impetrante de tutela, reduciendo sus argumentos, a señalar la buena fe del adjudicatario, así como a afirmar que el mismo no fue parte del proceso ordinario, citando el art. 229.II del CPC, sin tomar en cuenta de manera alguna los agravios deducidos por el recurrente en su recurso de reposición bajo alternativa de apelación, sin analizar los alcances de la nulidad del proceso coactivo por el proceso ordinario que anuló los actuados que determinaron dicha nulidad, ni expresar los fundamentos y razones del porqué se arribó a dicha determinación, como tampoco explicar las razones y motivos del porqué se dispuso confirmar el Auto de 10 de diciembre de 2010, que declaró probado el incidente de nulidad y confirmó parcialmente el Auto de 12 de febrero de 2021, que dispuso el rechazo del recurso de reposición alternativo de apelación. Consecuentemente, los Vocales ahora demandados, al pronunciar el citado Auto de Vista, prescindiendo de las observaciones formuladas por la parte ahora accionante, emitieron una resolución carente de fundamentación y motivación, porque no despejaron los cuestionamientos realizados, generando duda respecto a la decisión de confirmar el Auto de 10 de diciembre de 2020 y confirmar parcialmente el Auto de 12 de febrero de 2021, en lo que respecta a la concesión del recurso en el efecto devolutivo, con costas, habiéndose evidenciado errores que no corresponde a los actuados procesales que se produjeron durante la sustanciación de la causa; motivo por el cual, se otorga razón a lo denunciado en este punto, correspondiendo conceder la tutela solicitada en cuanto a lo deducido en esta problemática. Respecto al punto b.2) En este punto, los impetrantes de tutela denuncian que en el acápite II.6 del Auto de Vista 130, los Vocales ahora accionados no corrigieron las vulneraciones al debido proceso y a la igualdad de las partes, en las que incurrió la Jueza accionada, referente a la falta de notificaciones a todos los sujetos procesales; toda vez que, con el Auto de 10 de marzo de 2020, solo fueron notificadas tres partes, faltando nueve partes del proceso concursal por notificar, antes de remitir el cuadernillo de apelaciones, debiendo los Vocales accionados devolver actuados al juzgado remitente; asimismo, no resolvieron todos los puntos apelados, pues rechazaron el recurso de reposición interpuesto con el fundamento que no es el correcto y autorizado por el art. 157.I con relación al 262.1, ambos del CPC, pero no se pronunciaron sobre el fondo del citado recurso, rechazándolo de manera ilegal; tampoco se pronunciaron sobre el punto referente a la pérdida de competencia de la Jueza ahora demandada por emitir la resolución fuera de término. Sobre la falta de notificaciones, de la revisión de los antecedentes, constan diligencias de notificación realizadas a las partes dentro el concurso de acreedores con el Auto de 10 de diciembre de 2020, específicamente a Diana y Hamel, ambos Galán Peñaranda, el 28 de ese mes y año; a Walter Paz Cabrera Suarez; al Banco Económico S.A. y a José Basma Cárdenas el 29 de igual mes y año, con “Memorial de fs. 1025 a 1027 y Auto de fs. 1028 y memorial de fs. 1058 a 1060 y Auto de fs. 1061 a 1067” (sic); y también cursa otra notificación a Walter Paz Cabrera Suarez practicada el 8 de enero de 2021 con “Memorial de fs. 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097 y Decreto de fs. 1098” (sic [Conclusión II.17]); diligencias realizadas antes de la emisión del Auto de 12 de febrero de 2021 emitido por la Jueza accionada, por el que rechazó el recurso de reposición; y, habiendo el accionante interpuesto el recurso de reposición bajo alternativa de apelación, le concedió el citado recurso en el efecto devolutivo. Posteriormente, se tienen diligencias realizadas el 10 de marzo de 2021, a Paola Peña de Peña, Vita Saucedo Vda. de Malpartida, Edith Velasco de Basma, Francis Ronald “ilegible”, Hortencia Carvajal Cabrera, Ronald Eguez Paniagua, Otto Roger Velasco Chavez, Mario Severiche Torrez, Marioly Columba Ribera y Leonardo Vaca Diez Gentile dentro del concurso de acreedores con “memorial de fs. 1025 a 1027 y Auto de fs. 1028, memorial de fs. 1058 a 1060 y Auto de fs. 1061 a 1067, memorial de 1090 a 1097, decreto de fs. 1098, memorial de 1101 a 1104 y Auto de fs. 1105” (sic) en fecha 10 de marzo de 2021; y a Diana y Hamel Galán Peñaranda con memorial de fs. 1090 a 1097, decreto de fs. 1098, memorial de fs. 1101 a 1104 y Auto de fs. 1105 (Conclusión II.19). Lo expuesto evidencia que siendo que las señaladas notificaciones fueron de conocimiento de cuatro de las partes del proceso concursal el 28 y 29 de diciembre de 2020; sin embargo, a las restantes nueve personas, recién se les notificó el 10 de marzo de 2021, después de la remisión del cuadernillo de apelaciones; es decir, de forma posterior a rechazarse el recurso de reposición y de concederse la apelación; extremos sobre los cuales los Vocales accionados no refirieron consideraciones, ni corregido los mismos, tal cual se alegó en este punto, resultando evidente lo denunciado.
No obstante lo expuesto, de la revisión de lo argüido en el recurso de reposición con alternativa de apelación expuesto en el señalado Auto de Vista 130 (Conclusión II.21) no se evidencia que el punto relativo a la falta de notificaciones a todos los sujetos procesales con el Auto de 10 de diciembre de 2020, no fue expuesto como agravio en el citado recurso, habiendo el accionante realizado un per saltum, puesto que, expone ahora un argumento que no fue expuesto en el recurso de reposición interpuesto; no correspondiendo conceder la tutela respecto a este punto relativo a la falta de notificaciones a todos los sujetos procesales. En cuanto al rechazo de su recurso de reposición con el fundamento de que el mismo no es el correcto y autorizado por el art. 157.I con relación al art. 261.I, ambos del CPC, siendo que ese extremo no mereció mayor fundamento; es decir que, dicho rechazo no contiene un fundamento normativo; como tampoco se evidencia un análisis sobre el fondo del citado recurso, tal cual se denuncia sobre este extremo, resultando evidente lo alegado por la parte accionante en este punto; de similar modo, no se evidencia en el Auto de 12 de febrero de 2021, por el que se rechazó el recurso de reposición, consideración alguna referida a la pérdida de competencia de la Jueza ahora demandada; consideraciones por las que, en cuanto a las subproblemáticas referidas en este punto 4, corresponde conceder la tutela impetrada. Respecto al punto b.3) En este tópico, la parte accionante señala que los Vocales accionados, declararon no ha lugar a la complementación solicitada, siendo lo curioso que en dicho Auto, ilegalmente intervino y firmó el Vocal Presidente Oscar Jesús Menacho Angeleri, que se había excusado y apartado del conocimiento de la causa por haber sido el Juez que “remato” su predio “Palestina”. Sobre este punto, de la revisión de los antecedentes, se tiene que Oscar Jesús Menacho Angeleri, quien en su calidad de Juez de Partido Civil y Comercial, determinó el remate del fundo rústico “Palestina” (fs. 15 a 16); aprobó y dispuso la adjudicación del referido predio a Walter Paz Cabrera Suarez, en la suma de $us100 357,15.-. Posteriormente, dentro del proceso concursal, Oscar Jesús Menacho Angeleri, ya en su calidad de Vocal de la Sala Civil Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del departamento de Santa Cruz, emitió el Auto de 9 de abril de 2021, por el cual hizo conocer su excusa del citado caso; y por proveído de la misma fecha, la Vocal de la misma Sala, Mirian Rosell Terrazas, en consideración a la excusa presentada, convocó al Vocal Semanero de la similar Sala Cuarta (Conclusión II.20). Sin embargo de lo expuesto, ante la presentación del memorial de 11 de mayo de 2021, por parte del ahora accionante a la mencionada Sala Civil, solicitando aclaración, enmienda y complementación del Auto de Vista 130, por Auto de 14 de mayo de 2021, se dispuso no ha lugar a la solicitud de aclaración, enmienda y complementación, firmando los Vocales Mirian Rosell Terrazas y Oscar Jesús Menacho Angeleri (Conclusión II.22). En ese marco fáctico, se tiene por evidente que Oscar Jesús Menacho Angeleri, habiendo dispuesto el remate del predio Palestina en su condición de Juez de Partido Civil y Comercial; ya en su calidad de Vocal de la Sala Civil Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del departamento de Santa Cruz, presentó su excusa a través del Auto de 9 de abril de 2021; sin embargo, ante la solicitud de aclaración, enmienda y complementación del Auto de Vista 130 presentada por la parte accionante, suscribió el Auto de 14 de mayo de ese año, por el cual se dispuso no ha lugar a la misma; evidenciándose que dicha autoridad pese a haberse apartado legalmente del conocimiento del proceso concursal, emitió un actuado dentro del citado proceso concursal, siendo evidente lo denunciado por la parte accionante en esta problemática, correspondiendo, por ello, conceder la tutela solicitada a este respecto, disponiendo dejar sin efecto el Auto que resolvió la complementación solicitada.
En ese contexto, en cuanto concierne al derecho a la propiedad, la jurisprudencia invocada en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, respecto a este derecho contenido en el art. 56 de la CPE; así como en la legislación internacional que prevén, entre otras, que “Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”; así como que “Ninguna persona puede ser privada de sus bienes (…) según las formas establecidas por la ley”; de manera que, todo acto de particular o funcionario público realizados al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes que priven o limiten arbitrariamente el derecho a la propiedad, afectando los elementos componentes de su núcleo duro, se configurará como vías de hecho, que al ser actos ilegales graves que atentan contra los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, pueden ser resguardados a través de la acción de amparo constitucional, por ser éste un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de este derecho fundamental. Asimismo, al margen de haberse evidenciado que lo alegado por la parte accionante resulta evidente; en cuanto respecta a los derechos de las personas de la tercera edad, el art. 67.I de la CPE, prevé que tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana; es decir, que el Estado, reconoce que estas personas gozan de derechos y de una protección reforzada hacia los mismos, creando normas especializadas que garanticen el cumplimiento efectivo de dichos derechos y garantías constitucionales, en la cual se adopten todas las medidas y políticas para su protección y atención, en la que de igual forma, se sancionen los actos de maltrato, abandono y discriminación. Asimismo, la legislación internacional como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, como parte de los esfuerzos por universalizar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, prevé en su art. 4 inc. c) que los Estados Parte: “Adoptarán y fortalecerán todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin de garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos” (el subrayado es nuestro). De igual forma, la Corte IDH en el caso García Lucero y Otras vs. Chile, refirió que cuando una persona adulta mayor se encuentra inmersa en un proceso judicial, es necesario que las autoridades jurisdiccionales competentes actúen con una debida diligencia en la resolución del proceso en resguardo y respeto de sus derechos y garantías constitucionales, condición demostrada por Certificado Médico de 5 de octubre de 2021 (Conclusión II.23), consideraciones que fueron soslayadas por parte de las autoridades accionadas.
En cuanto concierne a la alegada vulneración de los derechos al trabajo, a una justicia pronta y oportuna y al debido proceso en su vertiente de juez natural, a más de su enunciación, no se expuso fundamento alguno de cómo se procedió a la lesión de los mismos, correspondiendo, en consecuencia, denegar la tutela impetrada respecto a éstos. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, actuó en forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 40/2022 de 15 de marzo, cursante de fs. 459 a 463 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada en relación a los derechos a la propiedad privada, al debido proceso en su elemento de seguridad jurídica, a la verdad material, con base a los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional, quedando sin efecto el Auto de 10 de diciembre de 2020, el Auto de Vista 130 de 23 de abril de 2021 y su Auto complementario de 14 de mayo de igual año, debiendo únicamente la Jueza accionada, emitir un nuevo fallo en el plazo de setenta y dos horas de su legal notificación, bajo los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° DENEGAR en cuanto a la alegada falta de notificaciones descrita en el punto b.2) de este fallo constitucional; y a los derechos al trabajo, a la justicia pronta y oportuna, y al debido proceso en su vertiente de juez natural. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo es de Voto Aclaratorio.
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
1 La jurisprudencia constitucional pronunciada en la SCP 1840/2013 de 25 de octubre, formuló razonamientos respecto al contenido, alcance o los elementos constitutivos del debido proceso.
2 La SCP 0782/2018-S2 de 26 de noviembre, respecto a una de las lecturas del debido proceso, expresa: “Conforme a las citadas disposiciones constitucionales, lo que se busca es evitar que una persona sufra la imposición de una sanción o la afectación de un derecho, sin el cumplimiento de un proceso previo, en el que se observen los derechos fundamentales y las garantías de naturaleza procesal, contenidos en la Constitución Política del Estado y las leyes que desarrollan tales derechos. Asimismo, el debido proceso se encuentra reconocido como un derecho humano en el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)[1], al igual que en el art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)[2], instrumentos comprendidos dentro del bloque de constitucionalidad, conforme al art. 410.II de la Ley Fundamental.
(…) en ese entendido, el debido proceso en sus elementos constituidos por los derechos al juez natural, a la defensa y a la presunción de inocencia, son aplicables en los procesos administrativos y en todos aquellos que se presentan en la esfera privada de las instituciones, asociaciones o cooperativas, donde se tenga que determinar una situación con efectos jurídicos que repercuten en los derechos de las personas”.
3 La SCP 2184/2012 de 8 de noviembre, ha expresado que una de las lecturas del debido proceso “… abarca los presupuestos procesales mínimos a los que debe regirse todo proceso judicial, administrativo o corporativo, observando todas las formas propias del mismo así como las leyes preexistentes, para hacer posible la materialización de la justicia en igualdad de condiciones, lo que implica la posibilidad de ser juzgado por un juez o tribunal imparcial, independiente, competente y preestablecido legalmente con anterioridad a los hechos atribuidos y en el marco de garantías y presupuestos procesales imperantes en el orden jurídico rector”.
6 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).
7 La SC 0050/2001 de 21 de junio, en el Considerando VI, sostuvo que: “…la propiedad privada entendida como la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona para poseer usar y gozar de un bien, sea de carácter material, intelectual, cultural o
científico. Sin embargo, la misma Constitución establece como condición al ejercicio del derecho de propiedad privada, que la misma cumpla una función social.
8 El FJ III.4 establece: “La teoría constitucional ha desarrollado la técnica del contenido esencial de los derechos fundamentales, a partir de la cual, la aplicación directa de los mismos debe asegurar el respeto y eficacia plena de los elementos constitutivos de ese contenido esencial o núcleo duro de derechos, para cumplir así con los estándares axiomáticos rectores del principio de razonabilidad. (…) deben establecerse los elementos constitutivos del contenido esencial del derecho de propiedad, en ese sentido, este derecho fundamental, cuya génesis se encuentra no solamente en el texto constitucional sino también en el bloque de convencionalidad, en su núcleo duro se identifican tres elementos esenciales: 1) El derecho de uso; 2) El derecho de goce; y, 3) El derecho de disfrute. Asimismo, estos tres elementos tienen un sustento axiológico que refuerza dicho contenido esencial, basado en los valores libertad, igualdad y justicia. Por su parte, es imperante además, precisar que este núcleo esencial del derecho fundamental de propiedad, genera a su vez obligaciones negativas tanto para el Estado como para particulares que se traducen en las siguientes: i) Prohibición de privación arbitraria de propiedad; y, ii) Prohibición de limitación arbitraria de propiedad.”
9 Corte IDH, Caso García Lucero y Otras Vs. Chile, Sentencia de 28 de agosto de 2013 (Excepción Preliminar, Fondo y Reparaciones), párr. 246.
10 Corte IDH, Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile, Sentencia de 8 de marzo de 2018 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 122.
11 Íbidem, párr. 132.
12 ARTÍCULO 31. (COMPARECENCIA DE TERCEROS). I. La persona natural o jurídica que pruebe interés legítimo en una Acción de Defensa podrá presentarse ante la Jueza, Juez o Tribunal, que de estimarlo necesario, admitirá sus alegaciones en audiencia. II. La Jueza, Juez o Tribunal, de oficio o a petición de parte cuando considere necesario podrá convocar a terceros interesados
13 ARTÍCULO 398. (AUTORIDAD DE COSA JUZGADA). Las sentencias recibirán autoridad de cosa juzgada cuando: 1. La Ley no reconociere en el pleito otra instancia ni recurso. 2. Las partes consintieren expresa o tácitamente en su ejecutoria.
14 ARTICULO 1391.- (CANCELACION JUDICIAL). I. A petición de parte interesada, puede ordenarse judicialmente la cancelación cuando: 1) La inscripción fue realizada sin título legal ni convencional. 2) El título constitutivo de la hipoteca se anula o se deja sin efecto. 3) El crédito está extinguido. 4) La hipoteca se ha extinguido aunque el crédito siga existiendo. 5) La inscripción es nula por un vicio de forma. II. La cancelación sólo procederá por virtud de mandato judicial en los procedimientos que prevé el Código del ramo.
15 ARTÍCULO 157. (CLASES DE CONFESIÓN). I. Existen dos clases de confesión, la judicial que podrá ser provocada o espontánea, y la extrajudicial.
16 ARTÍCULO 261. (APELACIÓN DE SENTENCIAS Y AUTOS DEFINITIVOS). I. El recurso de apelación contra sentencias o autos definitivos, se interpondrá por escrito fundado en el plazo de diez días y se sustanciará con traslado a la parte contraria.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1315_2023-S1.pdf · páginas 1 a 69.
Huella digital del PDF (SHA-256): 5a9a276a84856a955c0bccacac16933879ccbdb1c673904afb527f936370a098
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