Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad: · Sala Segunda · 5 de agosto de 2026
Concede en parte la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución de 26 de junio de 2024, cursante de fs. 31 vta. a 34, pronunciada por la Jueza de Ejecución Penal Cuarta de la Capital del departamento de Cochabamba, y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela únicamente respecto al Vocal demandado, disponiendo que dicha autoridad verifique el cumplimiento efectivo e inmediato de la devolución de actuados al Juzgado de origen. 2° DENEGAR la tutela respecto a la Secretaria y Auxiliares codemandadas, de conformidad a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1314/2026-S2 Sucre, 5 de agosto de 2026 JURISPRUDENCIA REITERADA - Control jurisdiccional y celeridad SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad: Expediente: 65197-2024-131-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 26 de junio de 2024, cursante de fs. 31 vta. a 34, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Primitivo Antezana Portuguez contra Jesús Víctor Gonzáles Milán, Vocal; Carol Ivonne Vega Colque, Secretaria; y, Naira Alejandra Rojas Senzano y Yocelin Esther Vargas Argote, Auxiliares, todos de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de transporte de sustancias controladas, el accionante denuncia la lesión del debido proceso vinculado con su derecho a la libertad y con el principio de celeridad; porque, habiéndose celebrado audiencia de apelación incidental de medidas cautelares el 17 de junio de 2024, en la que, se declaró parcialmente procedente el recurso interpuesto, no se devolvió el legajo de apelación al juzgado de origen, pese a haber transcurrido más de una semana desde la realización de dicho verificativo oral, extremo que le impide plantear una nueva solicitud de modificación de medidas cautelares. Por lo que solicita que, en el día se realice la devolución del legajo de apelación incidental al Juzgado de Instrucción Penal Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba. El Vocal demandado, mediante informe escrito presentado el 26 de junio de 2024, cursante a fs. 30 y vta., refirió que la devolución del legajo de la apelación incidental fue ordenada mediante Auto y que su cumplimiento se encuentra a cargo del personal de apoyo jurisdiccional, haciendo mención a la Circular 05/2016 de 2 de agosto emitida por Presidencia del citado Tribunal, por la que se dispuso que los juzgados de provincia tienen la obligación de recoger los procesos y apelaciones resueltas.
La Secretaria codemandada, por informe escrito cursante a fs. 26, mencionó que el legajo de apelación incidental se encuentra listo para su recojo por parte del juzgado de origen. Las Auxiliares codemandadas, por informe escrito cursante a fs. 28, refirieron que, conforme al libro de devoluciones provincia, ningún funcionario del juzgado de origen se apersonó para el recojo del legajo de apelación. La Jueza de garantías, concedió la tutela solicitada, disponiendo que la Secretaria y Auxiliares de la Sala Penal Tercera, en el día de su notificación con la presente acción, procedan a la devolución del legajo de apelación incidental. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se determinó la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Por ello, el formato del presente fallo se ajusta a lo precedentemente determinado.
Al respecto, la SCP 2077/2012 de 8 de noviembre, estableció el siguiente entendimiento: “…respecto a la falta de remisión del expediente principal por el Tribunal de apelación hacia el juzgado de origen, habiéndose llevado acabo la audiencia de apelación, existiendo una Resolución y un acta, no se justifica que a más de un mes el Tribunal ad quem, no haya devuelto dicho expediente, y tal como referimos que el art. 251, modificado e incorporado por la Disposición final segunda de la LSNSC, señala que una vez remitido el expediente ante el Tribunal de apelación, éste resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior’, debiendo incluirse dicho entendimiento bajo los argumentos expuestos del principio de celeridad, debido proceso y prohibición de dilación en el proceso, indicando que una vez el Tribunal de apelación dentro del plazo de tres días de recibidas las actuaciones, resuelva la apelación; deberá remitir el expediente, el acta y la Resolución correspondiente al Juzgado o Tribunal de origen dentro del plazo máximo de 24 horas” (las negrillas y el subrayado corresponden a la Sentencia original).
Los arts. 115.II, 178.I y 180.I de la CPE, consagran los principios del debido proceso, seguridad jurídica, celeridad y tutela judicial efectiva, imponiendo a las autoridades jurisdiccionales el deber de garantizar una administración de justicia pronta, oportuna y sin dilaciones indebidas. En materia penal, dicho deber adquiere mayor relevancia cuando el imputado se encuentra privado de libertad, pues las autoridades judiciales tienen la obligación de ejercer control jurisdiccional permanente sobre la legalidad y vigencia de la detención preventiva, así como de tramitar con la debida diligencia todas las actuaciones relacionadas con la situación jurídica del procesado. Con base en ello, la SCP 0561/2024-S2 de 5 de septiembre estableció que: “…dentro de un enfoque de aplicación genérica tanto la autoridad judicial que conoce determinada causa penal como el juez de ejecución penal, tienen la atribución y deber de constituirse en garantes del respeto y vigencia de los derechos y garantías constitucionales y/o convencionales de las y los privadas/os de libertad, en el marco de cuya labor de ejercicio del control jurisdiccional, queda afianzado que cualquier situación o circunstancia que pudiese considerarse atentatoria a los mismos, debe ineludiblemente ser puesta a conocimiento de una de dichas autoridades judiciales -según sea pertinente-…” (las negrillas nos corresponden). En este sentido, inicialmente el deber de los jueces de instrucción en lo penal de ejercer el control jurisdiccional -conforme a los lineamientos de la Sentencia de 26 de septiembre de 2006, Caso Almonacid Arellano y otras vs. Chile de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)- no se limita a las actuaciones del Ministerio Público y a la Policía Boliviana (art. 279 del CPP), sino que se extiende a terceros como testigos y peritos, e incluye a su propio personal auxiliar como sucede con los secretarios-abogados, notificadores y auxiliares. En esa línea, el art. 135 del CPP, establece que el: “El incumplimiento de los plazos establecidos en este Código dará lugar a la responsabilidad disciplinaria y penal del funcionario negligente”, lo que concuerda con el art. 187.2 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) que tipifica como falta: “No promueva la acción disciplinaria contra su personal auxiliar, estando en conocimiento de alguna falta grave”, lo anterior denota el poder de control y el deber de resguardo de derechos y garantías que ejercen las autoridades judiciales sobre su personal, constituyendo estas la vía o recurso idóneo para reclamar las actuaciones de los funcionaros auxiliares. De hecho, el reconocimiento de la autoridad judicial como recurso idóneo frente a las faltas del personal auxiliar en la jurisprudencia boliviana se produce incluso desde la SC 0181/2005-R de 3 de marzo; salvo que concurran sub-reglas de excepción, como aquellas relativas a la afectación del derecho a la vida, derecho de menores de edad o situaciones de vulnerabilidad análogas.
Conforme al objeto procesal, la controversia se circunscribe a la falta de devolución del legajo de apelación incidental al Juzgado de origen, habiendo transcurrido más de una semana desde la realización de la audiencia y la emisión del Auto de Vista correspondiente, situación que le impide al accionante formular una nueva solicitud de modificación de medidas cautelares. De los antecedentes procesales se advierte que el 17 de junio de 2024 se celebró la audiencia de apelación incidental interpuesta por el accionante contra el Auto Interlocutorio de 16 de mayo del mismo año -que rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva-, dictándose en consecuencia el Auto de Vista 222/2024. Mediante dicha resolución, el Vocal demandado declaró procedente en parte el recurso y ordenó la devolución de actuados a la autoridad de origen (fs. 20 a 23). Sin embargo, a la fecha de presentación de esta acción tutelar (25 de junio de 2024, fs. 4 a 6), los antecedentes no fueron remitidos a la autoridad inferior. Esta omisión evidencia una dilación injustificada al haberse superado el plazo máximo de veinticuatro horas fijado por la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente resolución. Al respecto, si bien el Vocal demandado aseveró en su informe que ordenó la devolución mediante Auto y que su ejecución correspondía al personal de apoyo, resulta insoslayable el deber ineludible que le asiste como autoridad judicial de ejercer control y supervisión directa sobre las actuaciones de su despacho. Dicha función de dirección tiene por finalidad garantizar la celeridad, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, verificando el cumplimiento estricto de sus determinaciones. Esta obligación se intensifica al tratarse de trámites vinculados con el derecho a la libertad personal -como el régimen de medidas cautelares-, no siendo jurídicamente admisible eximirse de responsabilidad atribuyendo la falla de manera exclusiva al personal subalterno. Por consiguiente, la inacción del Vocal demandado vulneró el principio de celeridad procesal y afectó el debido proceso en directa vinculación con la libertad del accionante.
En lo concerniente al argumento de la Circular 05/2016 -que impone a los funcionarios de provincias la obligación de apersonarse a recoger expedientes-, dicho criterio no resulta razonable desde la perspectiva constitucional, dado que la devolución oportuna del legajo dentro del plazo legal constituye una obligación propia e ineludible del Tribunal de alzada. Bajo ese contexto, al constatarse que el Vocal demandado omitió el control estricto que le correspondía sobre el trámite procesal, corresponde conceder la tutela solicitada respecto a dicha autoridad, ordenándole verificar el cumplimiento efectivo e inmediato de la devolución de actuados al Juzgado de origen. Respecto a la Secretaria y Auxiliares codemandadas, si bien les corresponde acatar las órdenes impartidas por la autoridad judicial, conforme al entendimiento plasmado en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, cualquier dilación injustificada debe ser denunciada ante la autoridad encargada del control procesal. En ese marco, dado que el personal subalterno se encuentra sujeto a la dependencia jerárquica del Vocal demandado, el accionante debía poner en su conocimiento cualquier reclamo sobre el ejercicio de sus funciones antes de acudir a la jurisdicción constitucional; al no hacerlo, no se agotó el canal previo correspondiente, imponiéndose la denegatoria de la tutela respecto a estas funcionarias. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución de 26 de junio de 2024, cursante de fs. 31 vta. a 34, pronunciada por la Jueza de Ejecución Penal Cuarta de la Capital del departamento de Cochabamba, y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela únicamente respecto al Vocal demandado, disponiendo que dicha autoridad verifique el cumplimiento efectivo e inmediato de la devolución de actuados al Juzgado de origen. 2° DENEGAR la tutela respecto a la Secretaria y Auxiliares codemandadas, de conformidad a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1314_2026-S2.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): e00e0842d64d5f4c21f15156260316f8dec271574f8d8834288d70d4060c35b9
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →