Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 20 de diciembre de 2023
Deniega la tutela
La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica; toda vez que, el Director Nacional a.i. del INRA, mediante Informe Técnico Legal JRLL-SCE-INF-SAN 1287/2016 de 14 de diciembre, rechazó su solicitud de notificación con la “Resolución Final de Saneamiento”(sic), argumentando que Jacob Enss Wieler y Peter Banman Thiessen fueron considerados representantes legales desde el 26 de junio de 2012, por haber participado activamente en el proceso de saneamiento, y que fueron notificados de forma irregular con dicha Resolución en base al Testimonio de Poder 171/2012 de 22 de junio, que no cuenta con respaldo en archivos de la Notaria de Fe Pública; asimismo, emitió el Informe Legal DGST-JRLL-INF-SAN 239/2020 de 21 de octubre, sin realizar un adecuado análisis, que refiere que la cuestionada notificación cumple con la normativa vigente, siendo que los miembros de la Asociación Agropecuaria Colonia Menonita Nueva Esperanza no otorgaron poder en favor de los prenombrados, por lo que no podían ser objeto de notificación. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: a) Sobre el principio de inmediatez; b) Casos de flexibilidad en el cómputo del plazo de seis meses para plantear la acción de amparo constitucional; c) De la legitimación activa en la acción de amparo constitucional: El representante legal de una persona jurídica debe tener poder especial y suficiente; y, d)…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 04/22 de 6 de abril de 2022, cursante de fs. 203 a 208 vta., pronunciada por el Juez Público Mixto en lo Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Roboré del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela respecto a los derechos invocados conforme los fundamentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin haber ingresado al fondo del objeto procesal. 2° Llamar severamente la atención al Juez Público Mixto en lo Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Roboré del departamento de Santa Cruz, conforme al acápite III.5 de este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1313/2023-S1 Sucre, 20 de diciembre de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 48040-2022-97-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 04/22 de 6 de abril de 2022, cursante de fs. 203 a 208 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Peter Neufeld Friessen en representación de la Asociación Agropecuaria Colonia Menonita Nueva Esperanza contra Eulogio Nuñez Aramayo, Director Nacional a.i. del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
Por memorial presentado el 21 de marzo de 2022, cursante de fs. 70 a 80 vta., la parte accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Mediante memorial presentado el 30 de noviembre de 2016, Peter Wiebe Bueckert, Jacob Neufeld, Jacob Harms Peters, Claus Enns en representación de la Asociación Agropecuaria Colonia Menonita Nueva Esperanza, se apersonaron al proceso de saneamiento del predio de la citada Asociación impetrando la notificación con la “Resolución Final de Saneamiento” (sic); empero, la misma fue rechazada mediante Informe Técnico Legal JRLL-SGE-INF-SAN 1287/2016 de 14 de diciembre, bajo el argumento de que Jacob Enns Wieler y Peter Banman Thiessen fueron considerados representantes legales desde el 26 de junio de 2012 al haber participado activamente en el proceso de saneamiento haciendo entrega de documentos al INRA, siendo notificados con diversas actuaciones entre ellas notificados erróneamente con la “Resolución Final de Saneamiento”(sic), todo ello en base al Testimonio de Poder 171/2012 de 22 de junio, referente a un poder especial amplio y suficiente apoyándose en una de sus atribuciones que señala dicho documento; asimismo, se emitió el Informe Legal DGST-JRLL-INF-SAN 239/2020 de 21 de octubre, por el cual el INRA sin realizar un adecuado análisis refiere que la cuestionada notificación cumple con todos argumentos enmarcados en la normativa vigente. Al respecto, es importante señalar que los miembros de la Asociación Agropecuaria Colonia Menonita Nueva Esperanza, no otorgaron poder en favor de Jacob Enns Wieler y Peter Banman Thiessen, por lo que no podían ser objeto de notificación, para demostrar ese aspecto, se solicitó Certificación a la Notaria de Fe Pública 1 de San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz, respecto al Testimonio de Poder 171/2012, la cual el 5 de agosto de 2021 certificó que el indicado instrumento público de 22 de junio de 2012, no se encuentra en el Protocolo correspondiente en los archivos de 2012 en lo que se refiere a poderes; además, esa notificación con la “Resolución Final de Saneamiento” (sic) fue realizada de forma irregular por los funcionarios del INRA Santa Cruz, en base al “Testimonio de Poder 171/2014 de 20 de junio” (sic) que no otorga facultad para realizar actuaciones ante el INRA; asimismo, la fotocopia adjunta a la carpeta de saneamiento es otra personería jurídica el cual además está incompleta porque falta la última parte del documento, por lo que el actuar del INRA sin revisar la documentación presentada procedieron a la notificación irregular derivando este hecho en un incumplimiento de deberes, siendo que de la certificación de 5 de agosto de 2021, emitida por la referida Notaria de Fe Pública, mencionó que el señalado Testimonio de Poder no está en archivos recibidos por la “Notaria Dorys Saucedo”. Si aún quedara duda respecto al Testimonio de Poder “712512” de 22 de junio de 2022, se debe mencionar que de la simple lectura del mismo, señala que los asociados de la Asociación Agropecuaria Colonia Menonita Nueva Esperanza otorgan el poder; empero, cabe aclarar que según la personalidad jurídica aprobada por Resolución Administrativa RA SG SJD DAJ PJ 2012 015 de 9 de enero de 2012 que consta en la carpeta de saneamiento, la personalidad jurídica lleva el nombre de ASOCIACIÓN AGROPECUARIA COLONIA MENONITA NUEVA ESPERANZA, por lo que debió observarse la misma y por consiguiente no podría afectarse ninguna actuación en base a ese documento, mucho menos realizar la notificación con la Resolución de Saneamiento. Respecto a los Informes del INRA, en ningún momento o caso puede validar la notificación realizada que se basó en el Testimonio de Poder 171/2014, que no cuenta con el correspondiente protocolo o documento que avale su legal emisión que consigna el nombre de una persona jurídica distinta a la consignada mediante la Resolución Administrativa RA SG SJD DAJ PJ 2012 015, correspondiente a la ASOCIACIÓN AGROPECUARIA COLONIA MENONITA NUEVA ESPERANZA; aspectos y hechos que no fueron analizados por los servidores públicos a cargo del proceso de saneamiento del citado predio en los diferentes informes emitidos por el INRA, que les deja en absoluta indefensión a la Asociación referida.
De la revisión de actuados, se identifica que la notificación efectuada a través del Testimonio de Poder 171/2012, fue sin contar con la personería legal y la capacidad jurídica correspondiente que genera una franca lesión al procedimiento establecido en la normativa agraria que rige el proceso de saneamiento; además, que los documentos adjuntos en fotocopia simple como son el Testimonio de Poder 171/2012 y el Testimonio de Poder 171/2014, no cuentan con el respaldo en archivos de la Notaria de Fe Pública 1 de San José de Chiquitos del citado departamento, y otras anomalías conforme se describió en forma precedente, por lo que no corresponde validar esa notificación realizada a Jacob Enns Wieler y Peter Banman Thiessen, motivo por el que no les dieron la oportunidad de accionar el proceso contencioso administrativo ante la autoridad jurisdiccional competente de conformidad a lo previsto en el art. 68 de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA) -Ley 1715 de 18 de octubre de 1996-. En el caso concreto, se debió notificar con la “Resolución Final de Saneamiento” (sic) en el predio de los representantes legales acreditados con documentación idónea, no así a las personas que no contaban con facultad para ser objeto de notificación de la ASOCIACIÓN AGROPECUARIA COLONIA MENONITA NUEVA ESPERANZA y que no comunicaron este hecho, que dejó en indefensión a la colonia, por lo que no pudieron hacer uso de los recursos que les facultaban las normas en vigencia, es decir, que se vulneró el debido proceso y a la defensa de los asociados de esta personalidad jurídica. La notificación de la “Resolución Final de Saneamiento de 22 de junio de 2012” (sic), dentro de los alcances de los arts. 70 y 72 del DS 29215 de 2 de agosto de 2007 a los legítimos representantes o apoderados de la ASOCIACIÓN AGROPECUARIA COLONIA MENONITA NUEVA ESPERANZA, mediante diferentes memoriales como el presentado de 16 de febrero de 2022 solicitó ante el INRA la nulidad de notificación, a la fecha no tuvo respuesta afirmativa mucho menos negativa, solo se dilató el proceso a fin de que no puedan seguir insistiendo a ser escuchados.
La parte accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 14.I, 116, 115, 117, 119 y 128 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó que se conceda la tutela, disponiendo dejar sin efecto la notificación con la “Resolución Final de Saneamiento de 22 de junio de 2012” (sic), y así se pueda realizar una nueva diligencia en los alcances de los arts. 70 y 72 del DS 29215 a los legítimos representantes o apoderados de la ASOCIACIÓN AGROPECUARIA COLONIA MENONITA NUEVA ESPERANZA; de igual forma, como medida precautoria se instruya dejar sin efecto cualquier solicitud de dotación sobre esos predios o cualquier acto que pueda vulnerar derechos.
Celebrada la audiencia pública el 6 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 195 a 202 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante, a través de su abogado, ratificó los términos de su acción de amparo constitucional, y ampliándola manifestó que: a) El 30 de noviembre de 2016, Peter Wiebe Bueckert, Jacob Neufeld, Jacob Harms Peters, Claus Enns en representación de la Asociación Agropecuaria Colonia Menonita Nueva Esperanza a través de memorial se apersonaron al proceso de saneamiento impetrando notificación con la “Resolución Final de Saneamiento de 22 de junio de 2012” (sic), solicitud que fue rechazada por Informe Técnico Legal JRLL-SCE-INF-SAN 1287/2016, bajo el argumento de que Jacob Enns Wieler y Peter Banman Thiessen fueron considerados representantes legales desde el 26 de junio de 2012, al haber participado activamente en el proceso de saneamiento; b) Respecto al principio de inmediatez la presente acción tutelar está respaldado porque los actuados del 2015 y 2020 que mencionó en su informe los demandados se presentan como antecedente, empero el 16 de febrero de 2022, se le notificó con el Informe Legal DGST-JRLL-INF-SAN 313/2022 de 6 de febrero, de forma personal, en representación de la Asociación Agropecuaria Colonia Menonita Nueva Esperanza mediante el Testimonio 0028/2022 de 5 de febrero; es decir, que la presente acción tutelar se presentó un mes después de esa notificación; c) En este momento no están planteando esta acción contra el fondo del proceso de saneamiento o contra los actuados dentro del proceso de saneamiento, tal como señala en su informe la parte demandada indicando que se publicó por radio y que hicieron todos los actuados correspondientes pero lo más importante es que no notificaron a los beneficiaros; d) Estas personas, o Asociación Agropecuaria Colonia Menonita Nueva Esperanza no pudo hasta la fecha hacer uso de su legítima defensa planteando los recursos correspondientes, en este caso ante el Tribunal Agroambiental porque no fueron notificados; y, e) En el Informe del INRA pide que no se dicte ninguna medida precautoria por cuanto no se acreditaría derecho propietario; siendo que “…las personas que se notificaron o tenían poder para ser notificadas, no tenía un poder de representación con el que se los notifica es un poder que le da facultades ante la Autoridad de Bosques y Tierra y por último la persona jurídica que da el poder no es la misma que hoy acciona porque la persona jurídica que da el poder es Asociación menonita Nueva esperanza y usted lo puede verificar en lo presentado, sin embargo el beneficiario es Asociación Agropecuaria colonia menonita Nueva Esperanza…” (sic).
Eulogio Nuñez Aramayo, Director Nacional a.i. del INRA, a través de su representante legal, por informe escrito presentado el 6 de abril de 2022, cursante de fs. 173 a 178, y ampliando en audiencia, manifestó que: 1) De la lectura del memorial de acción de amparo constitucional, el propio accionante en el petitorio solicita "...dejar sin efecto la Notificación con la Resolución de fecha 22 de junio del 2012, y se disponga la nulidad de la Notificación de la Resolución Final de Saneamiento..." (sic); asimismo, refiere que el INRA, emitió el Informe DGST-JRLL-INF-SAN 239/2020; 2) De la revisión de la carpeta predial de la Colonia “Menonita” Nueva Esperanza “…se advierte la inexistencia de la Resolución Final de Saneamiento de 22 de junio del 2012…” (sic), del cual la parte accionante pide dejar sin efecto la notificación, en caso de que fuera evidente que la “Resolución Final de Saneamiento” (sic) haya sido emitido en la fecha señalada, transcurrieron hace nueve (9) años y nueve (9) meses aproximadamente; 3) El Informe Legal DGST-JRLL-INF-SAN 239/2020, fue entregado a Luis Fernando Llulleman Gutiérrez representante de la Asociación Agropecuaria Colonia Menonita Nueva Esperanza, el 31 de diciembre de 2020, es decir que transcurrió más de un (1) año y tres (3) meses; consecuentemente esta fuera de plazo para plantear esta acción tutelar, por lo que no corresponde admitir la misma, sino determinar su improcedencia; 4) Existe el incumplimiento al principio de SUBSIDIARIEDAD, debido a que la parte accionante, después de tomar conocimiento del Informe Legal DGST-JRLL-INF-SAN 239/2020, que fue entregado personalmente a Luis Fernando Llulleman Gutiérrez el 31 de diciembre de 2020, actuado que en ningún momento se reclamó o planteó recurso alguno conforme establece el art. 77 y 90 del DS 29215, no habiendo agotado la vía administrativa por lo que resulta inviable que se proceda al análisis de fondo de la problemática; 5) El predio denominado "COLONIA NUEVA ESPERANZA", fue sometido a proceso de saneamiento simple de oficio, bajo los siguientes actuados procedimentales: Resolución Determinativa de Área de Saneamiento Simple de Oficio DD- SOO-008/2000 de 18 de agosto, que dispone ejecución de saneamiento, en el departamento de Santa Cruz, posteriormente por Resolución Aprobatoria de Área de Saneamiento RSS-0038/2000 de 20 de septiembre, se aprueba la Resolución Determinativa de Área de Saneamiento Simple de Oficio DD- SSOO-008/2000, que comprende el departamento de Santa Cruz; 6) De las Actividades de Saneamiento realizadas, en los predios de la Asociación Agropecuaria Colonia Menonita Nueva Esperanza, Nueva Esperanza 3, Nueva Esperanza 4, Nueva Esperanza 5, Nueva Esperanza 6, Nueva Esperanza 7, se evidencia la realización de las siguientes actividades: Identificación en Gabinete, Resolución Instructoria, Pericias de Campo, conforme reglamento aprobadas mediante DS 25763 (vigente en su momento), Informe en conclusiones e informe de cierre, conforme las disposiciones reguladas mediante DS 29215 y documentación cursante; 7) De acuerdo con las etapas de saneamiento cumplidas, documentación aportada y conforme el análisis establecido en el Informe en Conclusiones Saneamiento de Oficio (SAN-SIM) de 15 de junio de 2012, socializadas conforme al art. 305 del DS 29215, se emitió la resolución final de saneamiento, Resolución Suprema 15757 de 12 de agosto de 2015, que resuelve entre otros: Modificar la Sentencia de 22 de julio de 1976 y Tramite Agrario de Dotación 42454 quedando subsanados los vicios de nulidad relativa, debiendo en consecuencia emitirse el correspondiente Titulo Ejecutorial Individual en favor de la Asociación Agropecuaria Colonia Menonita Nueva Esperanza con la superficie de 27501.3600 has (Veintisiete mil quinientos un hectáreas con tres mil seiscientos metros cuadrados) clasificado como Empresarial con actividad ganadera, ubicado en el municipio de San José de Chiquitos, provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz; 8) Asimismo, en el Numeral II se DECLARA TIERRA FISCAL la superficie 3013.8717 ha. (Tres mil trece hectáreas con ocho mil setecientos diecisiete metros cuadrados) ubicado en el municipio de San José de Chiquitos, provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz, disponiendo su inscripción definitiva en Derechos Reales a nombre del INRA, disponiéndose el desalojo de la Asociación Agropecuaria Colonia Menonita Nueva Esperanza de la Tierra Fiscal producto del recorte en el plazo de tres (3) días de la ejecutoria de la “Resolución Final de Saneamiento” (sic), de conformidad a los dispuesto en los arts. 453 y 454 del Reglamento de las Leyes Nos. 1715 y 3545, notificado personalmente con la referida Resolución Final de Saneamiento a Jacob Enns Wieler y Peter Banman Thiessen el 30 de septiembre de 2015 habiéndose cumplido con la publicidad establecida por la normativa, en consecuencia la “Resolución Final de Saneamiento” (sic) se encuentra plenamente ejecutoriada; 9) Sobre el reclamo de la lesión del debido proceso y a la defensa, debemos señalar que dentro del proceso de saneamiento del predio denominado Colonia Nueva Esperanza, el proceso administrativo se desarrolló con la debida publicidad, convocatoria a cualquier persona interesada a apersonarse y participar en el proceso de saneamiento, conforme establece el art. 294 parágrafo IV y V del DS 29215 (publicación del edicto en medio de prensa de circulación nacional y su difusión en una emisora radial local con un mínimo de tres ocasiones con intervalo de un día y dos pases por cada uno), las notificaciones a los colindantes del predio; 10) De antecedentes se tiene en la carpeta de Saneamiento copia legalizada del Testimonio de Poder 171/2012, poder otorgado por la Asociación Colonia Menonita Nueva Esperanza, a favor de Jacob Enns Wieler y Peter Banman Thiessen, quienes participaron del proceso de saneamiento, siendo que la fundamentación contenida en el Informe en Conclusiones, se evidencia la notificación con todos los actuados del proceso de saneamiento a los nombrados, quienes a partir de esa fecha tienen una participación activa en el proceso; 11) Se tiene en carpeta de saneamiento la notificación de 13 de abril de 2013 con el Informe Técnico Legal DDSC-CO I-INF. 017/2013 de 15 de enero; el 27 de febrero de 2013, los prenombrados en base a Testimonio de Poder 171/2012, presentan documentación para que sea arrimada a la carpeta del predio; y, el 11 de junio de 2013 presentan boleta original de pago por tasa de saneamiento y catastro; el 15 de agosto de 2013 solicitaron Certificación de estado de Tramite, actos procesales que no fueron observados por los integrantes de la Asociación Agropecuaria Colonia Menonita Nueva Esperanza, teniendo los mismos como actos cumplidos por JACOB ENSS WIELER y PETER BANMAN THIESSEN, a la fecha de la notificación personal con la “Resolución Final de Saneamiento” (sic), quienes se encuentran acreditados como representantes de la tantas mencionada Asociación, toda vez que en proceso de saneamiento no cursa documento legal que revoque la representatividad otorgada; 12) A más de ello después de haber transcurrido más de seis (6) años de la emisión de la resolución final de saneamiento, Resolución Suprema 15757, ahora el accionante pretende hacerse notificar con un acto administrativo que se encuentra plenamente ejecutoriada y consecuentemente PRECLUIDO las etapas del proceso de saneamiento y concluido con la emisión de la referida Resolución Final de Saneamiento el 2015, desvirtuando con tales antecedentes, la vulneración al debido proceso, ni mucho menos a la defensa alegado por el impetrante de tutela; 13) Ahora respecto a la observación que realiza el peticionante de tutela, en relación al Testimonio de Poder 171/2012, que no se encontraría el protocolo en los archivos de la gestión 2012, en la Notaria de Fe Pública 1 de San José Chiquitos del departamento de Santa Cruz, según certificación de 5 de agosto de 2021, el cual señalaría que: revisado los archivos que habrían sido entregados por la Notaria de Fe Pública “Dorys Saucedo” el indicado Testimonio de Poder 171/2012, no se encuentra en los archivos recibidos por la señalada citada Notaria de Fe Pública; motivo por el cual, la parte accionante refiere que los funcionarios del INRA Santa Cruz, de forma irregular habrían practicado la notificación con la “Resolución Final de Saneamiento” (sic) en base al Testimonio de Poder 171/2014 de 20 de junio; 14) Al respecto el peticionante de tutela de manera totalmente incongruente señala a al Testimonio de Poder 171/2012, posteriormente hace referencia al Testimonio Poder 171/2014; sin embargo, de la revisión de los antecedentes del proceso de Saneamiento se advierte únicamente el Testimonio de Poder 171/2012; 15) Respecto la certificación de la Notaria de Fe Pública 1 de San José Chiquitos, que según certificación de 5 de agosto de 2021, señalaría que: revisado los archivos que habrían sido entregados a “Dorys Saucedo” el indicado Testimonio de Poder 171/2012 no se encontraría en los archivos recibidos por la referida Notaria, al respecto el art. 82 de la Ley del Notariado Plurinacional (LNP) -Ley 483 de 25 de enero de 2014-, en cuanto a la nulidad de documentos notariales dispone "la nulidad de los documentos notariales solo puede declararse mediante sentencia ejecutoriada emanada por autoridad competente", en ese contexto legal, lo argüido por la parte accionante que pretende invalidar la notificación con la “Resolución Final de Saneamiento” (sic), cuando refiere la falta de eficacia del Testimonio de Poder 171/2012, toda vez que no se encontraría el protocolo en la Notaria de Fe Pública 1 de San José de Chiquitos, no tiene sustento legal, ya que conforme a la disposición legal referida para la nulidad de documentos notariales, solo puede declararse mediante sentencia ejecutoriada emanada por autoridad competente; 16) El impetrante de tutela en su petitorio solicita dejar sin efecto la notificación con la “Resolución Final de Saneamiento de 22 de junio de 2012” (sic), no identifica con precisión cual es la Resolución que pide dejar sin efecto, considerando que la resolución final de saneamiento, Resolución Suprema 15757 es del 12 de agosto 2015, por lo que el accionante, demuestra total desconocimiento de los actuados del proceso de saneamiento ejecutado por el INRA; y, 17) Finalmente, respecto a la medida cautelar solicitada, el mismo no corresponde, toda vez no tiene derecho de propiedad sobre el predio que fue declarado Tierra Fiscal a nombre del INRA, considerando que las medidas precautorias solamente pueden ser dispuestas para garantizar el derecho posesorio y de propiedad, por lo que no pueden dictarse contra el propietario en este caso el INRA, en caso de ser así, constituiría en una ilegalidad de acuerdo a lo establecido en el art. 10 del reglamento de la Ley 1715, solicitando al efecto declarar improcedente la acción tutelar.
Juez Público Mixto en lo Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Roboré del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 04/22 de 6 de abril de 2022, cursante de fs. 203 a 208 vta., concedió la tutela solicitada dejando sin efecto la notificación de la “Resolución aludida, debiendo practicarse nueva notificación con la Resolución Final de Saneamiento” (sic) al apoderado de la Asociación Agropecuaria Colonia Menonita Nueva Esperanza en la persona del ciudadano Peter Neufeld Friessen, en cuanto a la petición realizada a la medida cautelar este deberá darse a lo que resuelva el INRA, bajo los siguientes fundamentos: i) En el caso presente de autos el accionante al momento de plantear su acción de amparo constitucional adjunto poder que representa a la Asociación Agropecuaria Colonia Menonita Nueva Esperanza, y señala que el mismo no habría sido notificado a la institución a la cual él representa, conforme la “Resolución Final de Saneamiento” (sic), manifiesta que no ha sido oportunamente ni debidamente notificado con dicha Resolución para utilizar todos los recursos que le franquea la ley; ii) Asimismo señala que han sido notificada por otras personas que no tienen poder alguno, y como lo ha mencionado en el informe la autoridad demandada señala de que habían sido notificados a Jacob Enns Wieler y Peter Banman Thiessen como representantes de la Colonia “Menonita” Nueva Esperanza y que por eso el accionante cumpliría con el principio de inmediatez; iii) En cuanto al principio de subsidiariedad, emerge porque hay otro mecanismo para hacer valer su derecho, y conforme se tiene plasmado en su demanda de acción tutelar señala que no han sido presentados en sus diferentes memoriales, solicitando la nulidad de notificación, y el 16 de febrero del 2022 la última que ha sido presentado mediante Hoja de Ruta 3423 que a la fecha todos los memoriales no han tenido respuesta afirmativa mucho menos negativa; iv) Para el suscrito Juez de garantías la misma que será revisada por el Tribunal Constitucional Plurinacional al no darse estas condiciones para el tema del principio de subsidiariedad, es que la Asociación Agropecuaria Colonia Menonita Nueva Esperanza no ha tenido respuesta negativa ni positiva a los diferentes memoriales presentados, por lo que cumple con el principio de subsidiariedad; v) En cuanto a la legitimación el accionante al ser apoderado de la Asociación Agropecuaria Colonia Menonita Nueva Esperanza cumple con la legitimación de estos tres requisitos para la procedencia de acción de amparo constitucional, el art. 128 de la CPE establece que esta acción tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales indebida de los servidores públicos o persona individual o colectiva que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos en la constitución y la ley; vi) La acción de amparo constitucional se interpondrá por toda persona que se crea afectada por otra a su nombre o con poder suficiente ante la autoridad correspondiente de acuerdo a la constitución ante cualquier juez o tribunal competente siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidas, suprimidas o amenazadas; y, vii) Por lo que en el presente caso al no tener una respuesta oportuna, sin dilaciones a los diferentes memoriales que han sido presentados por la Colonia Agropecuaria Colonia Menonita Nueva Esperanza a ser escuchado en virtud al último memorial de 22 de febrero de 2022 es que considera que hay vulneración al derecho al debido proceso y a la legítima defensa que debe tener todo ciudadano estante y habitante del Estado Plurinacional de Bolivia, hacerle conocer que el suscrito juez no reconoce derecho de propiedad, no por influenciar en otro ámbito sino que precautela solamente los derechos vulnerados en cuanto a las garantías y al debido proceso y así como también el derecho a la legitima defensa.
Por Decreto Constitucional de 17 de julio de 2023, cursante a fs. 215, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 7 de diciembre de 2023 (fs. 288); por lo que, la presente Sentencia es emitida dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.
De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: II.1. Por Resolución Administrativa RA SG SJD DAJ PJ 2012 015 de 9 de enero de 2012, Roly Aguilera Gasser, Secretario General en representación del Gobernador del GAD de Santa Cruz resolvió otorgar Personalidad Jurídica a la Asociación Civil denominada ASOCIACION AGROPECUARIA COLONIA MENONITA NUEVA ESPERANZA, con domicilio en San José de Chiquitos, provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz (fs. 32). II.2. Consta Informe en Conclusiones Saneamiento de Oficio (SAN-SIM) de 15 de junio de 2012, emitido por Richard Amaga Esquivel, Profesional Técnico II y Oscar Guztavo Montaño Ugarte, Profesional Jurídico II, ambos del INRA Santa Cruz, dentro de los expedientes agrarios 26638, 34900, 42454 y 45154 correspondiente al predio Colonia Nueva Esperanza, Polígono 101, San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz, concluye y sugiere Anular los Títulos Ejecutoriales conjuntamente el tramite agrario correspondiente al expediente 45154, razón social Nueva Esperanza 2 que se encuentra afectado por vicios de nulidad absoluta; asimismo, al verificarse el cumplimiento parcial de la Función Económica Social “sugiere dictar RESOLUCIÓN CONJUNTA SUPREMA ANULATORIA y VÍA CONVERSIÓN y MODIFICATORIA de la Sentencia de fecha 22/07/1976” (sic) del trámite agrario de dotación correspondiente al expediente agrario 42454 quedando subsanados los vicios de nulidad relativa y otorgar nuevo Título Ejecutorial Individual conforme a cuadro; y, finalmente sugiere declarar tierra fiscal la superficie que no cumple la Función Económica Social respecto al predio ubicado en el municipio de San José de Chiquitos, provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz, conforme a especificaciones geográficas y antecedentes (fs. 224 a 238). II.3. A través de Informe de Cierre –sin fecha– del predio Colonia Nueva Esperanza ubicado en el municipio de Sana José de Chiquitos, provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz, Polígono 101, realizado por el Oscar Gustavo Montaño Ugarte, Profesional Jurídico II y Richard Amaga Esquivel, Profesional Técnico II y el Responsable del Centro de Operaciones, ambos del INRA Santa Cruz, que informan que la Colonia Nueva Esperanza (su reconocimiento del derecho propietario en base al nombre está sujeto a que presente la personalidad jurídica con la denominación actual) y en la casilla de observaciones se intima a la Colonia Nueva Esperanza a presentar la respectiva personalidad jurídica, poniendo en conocimiento que hasta la fecha no presentaron la misma con el entendido en caso no se presente lo solicitado sean considerados en copropiedad todos los que acrediten ser bolivianos y estén en anexo de beneficiarios en la carpeta de saneamiento. Firmando el interesado Jacob Enns Wieler y Peter Banman Thiessen, que en forma manuscrita expresan: “No estamos de acuerdo sobre el recorte de la superficie de Cl. Nueva Esperanza” (sic [fs. 244]). II.4. Se tiene Memorándum de Notificación practicada el 18 de junio de 2012 a Henman Neufeld Bueckent, Jefe de Colonia Nueva Esperanza, ubicado en el Polígono 101, provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz, dicha notificación fue realiza por el Profesional Jurídico II del INRA Santa Cruz, con la facultad prevista en los arts. 65 y 66 de LSNRA, en el que se convoca a presentarse en oficinas del INRA de San José de Chiquitos del citado departamento el 19, 20, 21 y 22 de junio de 2012 a partir de horas 08:30 a 18:30, para que se les pueda socializar con los resultados preliminares del proceso de saneamiento de la Colonia Nueva Esperanza establecidos en el Informe de Cierre, asimismo se les intima a presentar la personalidad jurídica de la Colonia (fs. 241). II.5. Cursa Comunicado del INRA –sin fecha– que señala: “SE COMUNICA A LOS BENEFICIAROS DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA beneficiarios COLONIA NUEVA ESPERANZA Polígono 101 A HACERSE PRESENTE A LA ETAPA DE SOCIALIZACION DE RESULTADOS CON EL INFORME DE CIERRE acto en el que tomara conocimiento de los resultados PRELIMINARES del saneamiento titulación de la propiedad agraria (entrega de planos provisionales) apersonarse entre los días 19, 20, 21 y 22 de junio de 2012, a oficinas del INRA en San José de Chiquitos ubicado en la calle Warnes entre German Busch y el trillo en mérito de cumplir con lo establecido por el art. 305 del D.S. 29215 Reglamento de las leyes 1715 y 3545” (sic), firmando dicho comunicado el Responsable del Centro de Operaciones del INRA Santa Cruz (fs. 242), al efecto se tiene Recibo 32217 de 19 de junio de 2012 por la suma de Bs24.- (veinticuatro bolivianos) de la emisora radial San José 5.580 khz ONDA CORTA y 102.9 F.M. por concepto de lectura de comunicado (fs. 248). II.6. Se tiene Testimonio de Poder 171/2012 de 22 de junio, emitido por “Dorys de Saucedo”, Notaria de Fe Pública de Segunda Clase, de San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz, por el cual ABRAM NEUFELD NEUFELD y otros en su condición de asociados de la ASOCIACION AGROPECUARIA COLONIA MENONITA NUEVA ESPERANZA ubicada en la provincia Chiquitos cantón San José del departamento de Santa Cruz, confieren poder especial, amplio, suficiente y bastante en favor de los asociados Jacob Enns Wieler y Peter Banman Thiessen para que en representación de sus personas, acciones y derechos se apersonen en las oficinas del INRA a objeto de realizar todo tipo de trámite en dicha entidad (fs. 279 a 280). II.7. Por Informe Técnico Legal DDSC-CO I- INF. 017/2013 de 15 de enero, emitido por Juan Carlos Chumacero Linares, Profesional Jurídico I del INRA Santa Cruz, dirigido al Director Departamental a.i. de la misma institución, referido a Informe sobre control de calidad del predio “Colonia Nueva Esperanza” Polígono 101, que Concluye y Sugiere se emita Resolución Suprema Conjunta Anulatoria y de Conversión (fs. 262 a 270). II.8. Mediante Resolución Suprema 15757 de 12 de agosto de 2015, el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y la Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, resolvió: “1° Anular el Titulo Ejecutorial Individual con antecedente en la Resolución Suprema 186359 de 10 de marzo de 1978, correspondiente al expediente agrario de dotación 34900, los Títulos Ejecutoriales Individuales y Proindiviso con antecedente en el Auto de Vista de 9 de octubre de 1972, correspondiente al expediente agrario 45154 subsanando los vicios de nulidad relativa y vía conversión y adjudicación otorgar nuevos Títulos Ejecutoriales Individuales y en Copropiedad según corresponda a favor de los actuales titulares derivados sobre los predio ubicados en el municipio de San José de Chiquitos, conforme a especificaciones y demás antecedentes; 2° Modificar la Sentencia de 22 de julio de 1976 y Trámite Agrario de Dotación 42454, quedando subsanados los vicios de nulidad relativa debiendo emitirse Titulo Ejecutorial Individual en favor de la Asociación Agropecuaria Colonia Menonita Nueva Esperanza con la superficie de 7221.4000 ha (siete mil doscientos veintiún hectáreas con cuatro mil metros cuadrados), respecto al predio denominado Asociación Agropecuaria Colonia Menonita Nueva Esperanza clasificado como empresarial con actividad ganadera ubicado en el municipio de San José de Chiquitos conforme a especificaciones y demás antecedentes; y, 3° En virtud de la continuidad de superficie y por tratarse de una sola unidad productiva se dispone la emisión de un solo Título Ejecutorial que abraque la superficie total comprendida en las partes resolutivas 1° y 2° del predio ubicado en el municipio de San José de Chiquitos, provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz conforme a especificaciones, y demás antecedentes técnicos del plano adjunto; (…) 11° Declarar Tierra Fiscal la superficie de recorte de 3013.8717 ha (tres mil trece hectáreas con ocho mil setecientos diecisiete metros cuadrados), ubicada en el municipio de San José de Chiquitos provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz conforme a especificaciones y demás antecedentes, disponiendo su inscripción en derechos reales a nombre del INRA; 12° Se dispone el Desalojo de la ASOCIACION AGROPECUARIA COLONIA MENONITA NUEVA ESPERANZA de la tierra fiscal producto del recorte, en el plazo de tres días de la ejecutoria de la Resolución…” (sic [fs. 245 a 255]). Al efecto se tiene diligencia de notificación con la referida Resolución Suprema 15757 realizada el 30 de septiembre de 2015, que fue practicada personalmente a Jacob Enns Wieler y Peter Banman Thiessen en representación legal de la ASOCIACION AGROPECUARIA COLONIA MENONITA NUEVA ESPERANZA con Testimonio de Poder 171-2014 (fs. 261). II.9. Cursa Informe Técnico Legal JRLL-SCE-INF-SAN 1287/2016 de 14 de diciembre, emitido por Willy Aruquipa Flores, Profesional Jurídico I de la Dirección General de Saneamiento del INRA, dirigido al Director General de Saneamiento del INRA, el cual en atención a la solicitud de notificación con la “Resolución Final de Saneamiento” (sic) realizado por los representantes de la ASOCIACION AGROPECUARIA COLONIA MENONITA NUEVA ESPERANZA, dicho informe Concluye que se realizó la notificación de la “Resolución Final de Saneamiento” (sic) del predio ASOCIACION AGROPECUARIA COLONIA MENONITA NUEVA ESPERANZA, a Jacob Enns Wieler y Peter Banman Thiessen representantes legales de la citada Asociación Agropecuaria con poder especial, amplio y suficiente – Testimonio de Poder 171/2012–, otorgado por la referida asociación que se encuentra vigente al momento de la notificación con la Resolución Final, por lo que sugiere no dar curso a la solicitud planteada por la aludida asociación (fs. 256 a 258). Informe que fue aprobado por providencia de 15 de diciembre de 2016 por el Director General de Saneamiento y Titulación del INRA (fs. 259). Al efecto consta diligencia de notificación personal con dicho Informe practicada el 12 de enero de 2017 a Peter Wiebe Bueckert y Jacob Harms Peters, representantes legales (Testimonio 286/2016) de la Asociación Agropecuaria Colonia Menonita Nueva Esperanza (fs. 260). II.10.Se tiene Cédula de Identidad de Extranjero E-1587181 de Peter Neufeld Friessen, de nacionalidad Belice (fs. 1).
II.11.Consta Informe Legal DGST-JRLL-INF-SAN 239/2020 de 21 de octubre, emitido por David Julio Arratia Quisbert, Profesional Jurídico III de la Dirección General de Saneamiento del INRA, dirigido al Director General de Saneamiento y Titulación del INRA, referido a la respuesta a solicitud –efectuado por el representante legal– sobre el estado actual del proceso de saneamiento del predio denominado ASOCIACION AGROPECUARIA COLONIA MENONITA NUEVA ESPERANZA; informe que responde a 7 puntos o cuestionamientos efectuados por Luis Fernando Lulleman Gutiérrez, apoderado legal de la citada Asociación, el mismo que en sus parte más sobresalientes señala:
(…) Al punto 2.- Conforme se registra en la Ficha catastral los representantes se apersonaron durante el Relevamiento de Información en Campo como Colonia Nueva Esperanza; sin embargo, mediante nota ingresada en fecha 26 de junio de 2012 (se adjunta copia de la nota), los representantes del predio adjuntan fotocopia de la personalidad jurídica mediante la cual se establece la denominación del predio como Asociación Agropecuaria Colonia Menonita Nueva Esperanza; siendo esta persona jurídica la beneficiaria dentro el proceso de saneamiento. Al punto 3.- Se adjunta copia simple del Testimonio Poder N° 171/2012 de fecha 22 de junio de 2012; asimismo, se debe considerar que mediante nota ingresada en fecha 26 de junio de 2012 (se adjunta copia de la nota), los representantes del predio Asociación Agropecuaria Colonia Menonita Nueva Esperanza, hacen la entrega entre otros documentos el Testimonio Poder N° 171-2012 nota en la que en su punto N° 15 aclaran el "Poder Especial que confieren los Asociados de la Colonia menonita Nueva Esperan a favor de Jacob Enns Wieler y Peter Banman Thieseen, como representantes de la Asociación de la Colonia Menonita Nueva Esperanza..." (…) Al punto 4.- De la verificación del Sistema de Mantenimiento y Administración de Tierras (SIMAT), no se identificó proceso de saneamiento con la denominación de Asociación Colonia Menonita Nueva Esperanza, ubicada en el municipio San José de Chiquitos, provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz, identificándose solo a la Asociación Agropecuaria Colonia Menonita Nueva Esperanza en la referida ubicación geográfica. (…) Al punto 7.- Cursa en el proceso de saneamiento nota ingresada en fecha 26 de junio de 2012, por la cual los representantes del predio denominado Asociación Agropecuaria Colonia Menonita Nueva Esperanza entre otros documentos presentan voluntariamente, Testimonio Poder N° 171/2012 de fecha 22 de junio de 2012 mediante el cual eligen como representantes legales a los señores JACOB ENSS WIELER Y PETER BANMAN THIESSEN, quienes a partir de la fecha tienen una participación activa en el proceso de saneamiento, habiendo sido notificados en fecha 13 de abril de 2013 con el Informe Técnico legal DDSC-COI-INF. N° 017/2013 de fecha 15 de enero de 2013 (…) por lo que los señores JACOB ENSS WIELER Y PETER BANMAN THIESSEN, a la fecha de la notificación Personal con la Resolución Final de Saneamiento se encuentran debidamente acreditados como representantes de la Asociación Agropecuaria Colonia Menonita Nueva Esperanza, toda vez que en el proceso de saneamiento no cursa documento legal que revoque la representatividad otorgada a sus personas” (sic [fs. 272 a 176]). II.11.Se tiene Acta de Entrega, realizada el 31 de diciembre de 2020, al representante de la ASOCIACION AGROPECUARIA COLONIA MENONITA NUEVA ESPERANZA, de una copia simple del Informe Legal DGST-JRLL-INF-SAN 239/2020 (fs. 277). II.12.A través de memorial presentado el 4 de enero de 2022 (hoja de ruta 158/2021), el representante legal de la Asociación Agropecuaria Colonia Menonita Nueva Esperanza, impetró ante el Director Nacional del INRA la nulidad de notificación con la con la “Resolución Final de Saneamiento” (sic) a fin de realizar una nueva diligencia de notificación a los legítimos representes legales, finalmente solicitó copia legalizada de la Resolución Suprema 15757 de 12 de agosto de 2015 (fs. 16 a 24); al respecto el INRA notificó a Peter Neufeld Friessen –ahora accionante– el 16 de febrero de 2022 con el Informe Legal DGST-JRLL-INF-SAN 313/2022 de 6 de febrero, que señala que el prenombrado debe solicitar dicha copia legalizada al Ministerio de la Presidencia (fs. 7). II.13.Cursa Testimonio 0028/2022 de 5 de febrero, suscrito por Melfy Varinia Antelo Baldomar, Notaria de Fe Pública 1 de San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz, mediante el cual, los representantes propietarios del fundo rústico denominado “ASOCIACION AGROPECUARIA COLONIA MENONITA NUEVA ESPERANZA”, otorgan:
“…PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE, cual por derecho se requiere a favor de los Señores: PETER NEUFELD FRIESSEN con Cedula de Identidad número: E-1587181 (e, guion, uno, cinco, ocho, siete, uno, ocho, uno), de nacionalidad Belice y/o HERMAN WIELER NEUDORF con Cedula de Identidad número: E-2935914 (e, guion, dos, nueve, tres, cinco, nueve, uno, cuatro), de nacionalidad Belice; Todos mayores de edad y hábiles por ley, para que de manera conjunta o indistinta, en nombre y representación de sus personas, acciones y derechos, se apersonen ante las oficinas del INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA - INRA Nacional y/o Departamental a objeto de poder reiniciar, continuar y concluir los trámites de Saneamiento Agrario del mencionado predio. A tal efecto se lo faculta a solicitar y recoger certificaciones, planos, resoluciones, registros, firmar todo tipo de formularios, pagar tasas, impuestos, pedir legalizaciones, inscripciones, formular toda clase de reclamos y todos los documentos necesarios hasta la obtención de los Certificados de Saneamiento y/o los Títulos Ejecutoriales y su correspondiente inscripción en Derechos Reales.- Estando facultados para notificarse con la Resolución Final de Saneamiento, sea esta Administrativa o Suprema- Mas Poder para iniciar y proseguir proceso contencioso, administrativo ante el Tribunal Agroambiental, pedir la nulidad de actuaciones administrativas y judiciales, iniciar y proseguir procesos judiciales y administrativos ante cualquier otra instancia, pedir y asistir a inspecciones, presentar escritos, ofrecer y producir pruebas, pedir y asistir a audiencias, propugnare impugnar dictámenes, pedir excusas, recusar. ocurrir en quejas, pedir informe, certificaciones, testimonios y fotocopias legalizadas, solicitar duplicados.- Más Poder para apersonarse ante la AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y ONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRA-ABT, Nacional, Departamental, Regional, para trámites y presentación de chaqueos en superficies menores (PDM-p), Informe de ejecución de desmonte (IPDM-p) y autorización de quemas en la Propiedad denominada Colonia Menonita Nueva Esperanza, perteneciente a la Asociación Agropecuaria Colonia Menonita Nueva Esperanza.- Más Poder para realizar trámites de Autorización de Derecho de Uso, como chaqueos o desmontes familiares, Planes de Ordenamiento Predial, actualización de Plan General de Manejo Forestal, autorizaciones de deslinde y todo tipo de trámite ante la ABT, en cualquiera de sus niveles.- Más Poder para realizar Planes de Ordenamiento Predial (POP). Planes de desmontes y otros Instrumentos de Gestión del Predio mencionado.- Más Poder presentarse ante las oficinas de la UCAB - PROGRAMA DE PRODUCCION DE ALIMENTOS Y RESTITUCION DE BOSQUES, Nacional y/o Departamental, con el objeto de Regularizar desmontes. Al efecto se los faculta para solicitar modificaciones, presentar cartas, informes, realizar reclamos. - En suma, podrá realizar cuantos actos y diligencias que sean conducentes al buen éxito del presente mandato, sin que por falta de clausula expresa alguna dejen de surtir los efectos legales o sean tachados de insuficiente o falta de personería. CONCLUSION. - En fe de lo cual y previa lectura del presente instrumento, los comparecientes así lo otorgan, se ratifica y firma, dando su conformidad y aceptación en presencia de la Notaria de Fe Pública que certifica y Da Fe…” (sic [fs. 2 a 6 vta.]). II.14.A través de memorial presentado el 16 de febrero de 2022, Peter Neufeld Friessen y Herman Wieler Neudorf, representantes de la Asociación Agropecuaria Colonia Menonita Nueva Esperanza reiteró ante el Director Nacional del INRA la nulidad de notificación con la “Resolución Final de Saneamiento” (sic [fs. 9 a 13 vta.]). II.15.Por memorial presentado el 8 de agosto de 2023, Eulogio Nuñez Aramayo, Director Nacional a.i. del INRA –ahora demandado– se apersona ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, adjuntando documentación solicitada, y pide que se revoque la Resolución del Juez de garantías a objeto de que se deniegue la tutela impetrada por falta de cumplimento de subsidiariedad e inmediatez, siendo que se había notificado con la “Resolución Final de Saneamiento, Resolución Suprema 15757 de fecha 12 de agosto de 2015, se notificó personalmente a los señores JACOB ENSS WIELER Y PETER BANMAN THIESSEN en FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015” (sic), y asimismo se puso en contexto o notificó con el “Informe Legal DGST-JRLL-ONF-SAN N° 239/2020 de fecha 21 de octubre de 2020, al representante de la Asociación Agropecuaria Colonia Menonita Nueva Esperanza” (sic) el 31 de diciembre de 2020, y que desde esa fecha transcurrió más de un año y tres meses (fs. 281 a 284).
La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica; toda vez que, el Director Nacional a.i. del INRA, mediante Informe Técnico Legal JRLL-SCE-INF-SAN 1287/2016 de 14 de diciembre, rechazó su solicitud de notificación con la “Resolución Final de Saneamiento”(sic), argumentando que Jacob Enss Wieler y Peter Banman Thiessen fueron considerados representantes legales desde el 26 de junio de 2012, por haber participado activamente en el proceso de saneamiento, y que fueron notificados de forma irregular con dicha Resolución en base al Testimonio de Poder 171/2012 de 22 de junio, que no cuenta con respaldo en archivos de la Notaria de Fe Pública; asimismo, emitió el Informe Legal DGST-JRLL-INF-SAN 239/2020 de 21 de octubre, sin realizar un adecuado análisis, que refiere que la cuestionada notificación cumple con la normativa vigente, siendo que los miembros de la Asociación Agropecuaria Colonia Menonita Nueva Esperanza no otorgaron poder en favor de los prenombrados, por lo que no podían ser objeto de notificación. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: a) Sobre el principio de inmediatez; b) Casos de flexibilidad en el cómputo del plazo de seis meses para plantear la acción de amparo constitucional; c) De la legitimación activa en la acción de amparo constitucional: El representante legal de una persona jurídica debe tener poder especial y suficiente; y, d) Análisis del caso concreto.
El principio de inmediatez se encuentra reconocido en el art. 129.II de la CPE, al establecer que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial” (las negrillas son nuestras). Con las mismas prerrogativas, el art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo), dispone que:
ARTÍCULO 55. (PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN). I. La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho. II. Para los casos de solicitud de complementación, aclaración y enmienda de una decisión judicial o administrativa, el plazo se computará desde la notificación con la resolución que la conceda o rechace (el resaltado es nuestro). El Tribunal Constitucional a través de la SC 1157/2003-R de 15 de agosto, hizo referencia al principio de inmediatez, señalando en su Fundamento Jurídico III.1, que:
…por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos. Similar criterio, fue asumido en la SC 0128/2010-R de 10 de mayo. De igual forma, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de numerosas sentencias constitucionales plurinacionales, se pronunció sobre el plazo que se otorga para interponer este mecanismo de defensa, en atención a la necesidad de brindar una protección inmediata y eficaz a los derechos y garantías lesionados; en ese sentido, la SCP 1463/2013 de 22 de agosto, en el Fundamento Jurídico III.4, respecto al doble efecto de este principio, señaló que:
El principio de inmediatez se caracteriza por tener una doble dimensión; positiva y negativa, la primera consistente en que el amparo constitucional es la vía idónea para la protección inmediata de derechos fundamentales y garantías constitucionales restringidos o suprimidos indebida o ilegalmente; la segunda, la activación de esta garantía jurisdiccional depende que su interposición se realice en un plazo razonable, que la Norma Fundamental fijó en seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última decisión judicial o administrativa.
…no existiendo o no mediando una notificación o pronunciamiento judicial o administrativo expreso que haga conocer del acto ilegal u omisión indebida, el cómputo del plazo para activar esta garantía jurisdiccional, se efectuará a partir de la última vulneración alegada o en su caso del último reclamo efectuado por el agraviado o afectado (las negrillas son ilustrativas). Dicha línea jurisprudencial es complementada por la SCP 0213/2018-S2 de 22 de mayo, que expresa textualmente: “En resumen, corresponde puntualizar que en estos supuestos, deberá establecerse si hubo desinterés, desidia, negligencia o indiferencia de los actores, en cuanto al reclamo de sus derechos, o si por el contrario, existió un reclamo continuo de los derechos considerados como vulnerados”.
Al respecto, el art. 129.II de la CPE, establece que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”. Sin embargo, la SC 0762/2003-R de 6 de junio, en su Fundamento Jurídico III.1 estableció que:
…previo a ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, cabe señalar que, si bien es cierto que, a través de su jurisprudencia, este Tribunal ha establecido que el recurso de amparo constitucional, adoptado en Bolivia como una acción tutelar de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, tiene por naturaleza jurídica el de ser un recurso regido por los principios de subsidiariedad e inmediatez, debiendo en atención a este último principio, el recurrente solicitar su tutela en forma inmediata, es decir, una vez que se opere la vulneración del derecho y agote las vías legales ordinarias, a cuyo efecto se ha establecido como un plazo razonable el de seis meses para que la persona afectada presente el recurso; no es menos cierto que, la sub-regla fijada por el Tribunal no es rígida ni cerrada, pues podrá flexibilizarse cuando se hubiese excedido en algunos días y la lesión del derecho fundamental sea evidente y de tal naturaleza que el órgano encargado del control de constitucionalidad no puede ni debe permitir se consume (el resaltado es añadido). De lo precisado en forma presente, se establece que el término de seis meses previsto en el art. 129.II de la Norma Suprema, se constituye en un parámetro objetivo de un plazo considerado por el legislador constituyente como razonable para interponer la acción de amparo constitucional pero que en atención al valor justicia, el derecho de acceso a la justicia, el principio de igualdad que impele otorgar un trato diferente a situaciones disímiles, dicha consideración no puede ser automática sino lo suficientemente flexible para considerar las particularidades de cada caso en concreto; al efecto, si bien la norma y jurisprudencia, ha establecido que la acción de amparo constitucional, debe ser interpuesto en el plazo razonable de seis meses, no es menos cierto que, conforme a la sub-regla fijada por el Tribunal no es rígida ni cerrada, pues podrá flexibilizarse cuando se hubiese excedido en algunos días y la lesión del derecho fundamental sea evidente y/o grosera, de tal forma que el Tribunal Constitucional Plurinacional no puede ni debe permitir se consuma.
El representante legal de una persona jurídica debe tener poder especial y suficiente
El art. 129.I de la CPE, prevé: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”. Por su parte, el art. 52.1 del CPCo, establece que esta acción de defensa, podrá ser interpuesta por: “Toda persona natural o jurídica cuyos derechos estén siendo restringidos, suprimidos o amenazados, de serlo, directamente u otra en su nombre con poder suficiente”.
Sobre el particular, la SC 0705/2010-R de 26 de julio, señaló que:
…una condición esencial de admisión del amparo constitucional, es la legitimación activa, entendiéndose por ésta como la capacidad procesal que reconoce el Estado a la persona, sea natural o jurídica, para activar las acciones tutelares o las vías procesales de control de constitucionalidad... …la coincidencia de la persona del sujeto activo con la persona a la cual la ley concede el derecho de la acción, en ese sentido, tendrá legitimación activa quien sea titular de uno de los derechos fundamentales o garantías constitucionales establecidas en la Constitución Política del Estado y podrá ejercerla por sí o mediante tercera persona con poder expreso y suficiente para ejecutar la acción (el resaltado es ilustrativo).
En ese sentido, la SCP 1890/2012 de 12 de octubre, de un análisis tanto del art. 129.I de la CPE así como del art. 52.1 del CPCo, estableció que:
…el requisito esencial para acreditar legitimación procesal activa en una acción de amparo constitucional -independientemente si es interpuesta por sí o por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente, como por ejemplo por el Defensor del Pueblo- es la ‘afectación directa’ del derecho fundamental o garantía constitucional objeto de protección de esta acción de defensa, por el acto lesivo denunciado en que hubiera incurrido el servidor público o el particular. Es, lo que llamó el Tribunal Constitucional anterior, el ‘agravio directo’, precisamente a partir del art. 19.II del texto Constitucional anterior, que precisaba: ‘El recurso de amparo se interpondrá por la persona que se creyera agraviada o por otra a su nombre con poder suficiente -salvo lo dispuesto en el artículo 129º de esta Constitución…’. De donde resulta que la legitimación procesal activa en la acción de amparo constitucional conceptualmente con relación al texto constitucional anterior no tiene variación alguna. Por ello, es menester aclarar, que no siempre existe coincidencia entre la capacidad procesal, referida a la aptitud para comparecer en juicio y realizar actos procesales válidos y la legitimación activa, referida esencialmente a la ‘afectación directa’ del derecho fundamental o garantía constitucional objeto de protección de esta acción de amparo constitucional.
En efecto, la norma constitucional contenida en el art. 129.I, lleva implícito tanto el reconocimiento de la legitimación activa como de la capacidad procesal, distinguiendo su comprensión y alcance. Así reconoce: 1) Capacidad procesal. Cuando permite que otra persona a nombre de la (persona física o jurídica afectada) interponga la acción de amparo constitucional, está reconociendo la capacidad procesal de que un tercero plantee el amparo por el afectado -siempre mejor dicho por el ‘afectado directo’-, condicionando su representación a la existencia de un poder suficiente, excepto cuando ese tercero es el Defensor del Pueblo que por expresa disposición del art. 75.2 de la LTCP no necesita de poder; y 2) Legitimación procesal activa. Cuando el mismo texto constitucional reconoce que la titularidad de los derechos fundamentales restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión, recae en la persona (física o jurídica) que se ‘crea afectada’, está restringiendo la comprensión de la legitimación procesal activa a la persona que libremente puede ejercer sus derechos subjetivos activando la justicia constitucional, es decir, a la persona que goza de los derechos reconocidos por la Constitución, conforme establece el art. 14.I de la CPE, debido a que en quien recae las consecuencias jurídicas de la resolución o acto de la autoridad o persona que se impugna en la acción de amparo es precisamente, el titular de los derechos subjetivos; siendo opcional del titular de esos derechos de activar la justicia constitucional por sí o por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente (el resaltado es ilustrativo).
Ahora bien, en relación a las personas jurídicas, la SCP 0260/2012 de 29 de mayo, tomando en cuenta la importancia que la personería esté debidamente acreditada y respaldada, agregó que:
…la presente acción constitucional debe interponerse por quien acredite su calidad de representante legal. En ese sentido, la línea jurisprudencial sentada por el extinto Tribunal Constitucional, en la SC 0022/2003-R de 8 de enero, reiterada -entre otras- por las SSCC 1758/2011-R, 0833/2011-R y 2683/2010-R, señaló: ‘…En el caso de las personas jurídicas, (…) el recurrente, que es quien demanda en su representación, debió acreditar su condición de legítimo representante adjuntando el poder correspondiente, en el que debía constar inexcusablemente el acta de constitución de la sociedad, la nómina de socios, su inscripción al Registro de Comercio, su personería jurídica y sus Reglamentos (…). La jurisprudencia citada precedentemente, es aplicable a las entidades colectivas de derecho; es decir, a una persona colectiva con personalidad jurídica; en consecuencia, con todos los requisitos inherentes a un ente de derecho.
Ahora bien, ahondando más sobre el particular, la SCP 0877/2012 de 20 de agosto, en el análisis de la problemática planteada en el Fundamento Jurídico III.3 concluyó:
…en este mismo sentido el art. 835.I del Código Civil (CC) previene que: ‘El poder general, no confiere facultades para los actos judiciales que por su naturaleza exijan poderes especiales o la presencia personal del interesado’. De los alcances de esta normativa relacionada con la contenida en el art. 129.I de la CPE, así como por la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2, se infiere que a los fines de incoar una acción de amparo mediante apoderado este requiere de un mandato especial, suficiente y bastante; requisitos que no fueron asumidos en el mandato otorgado en favor del ahora accionante, cuando de manera genérica le faculta apersonarse ante el tribunal donde se estuviere sustanciando una demanda de nulidad de título ejecutorial y si bien de forma enunciativa le autoriza a demandar acción de amparo constitucional; empero no se advierte facultades para apersonarse ante qué Tribunal Departamental de Justicia y contra que autoridades presentará ésta acción tutelar; omisión que permite concluir que el ahora accionante carece de legitimación activa para interponer la presente acción de amparo constitucional al no haber acreditado debidamente su personería (…), determinando en consecuencia la denegar la acción sin ingresar al análisis de fondo de la problemática motivo de la presente acción tutelar (las negrillas fueron añadidas).
La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica; toda vez que, el Director Nacional a.i. del INRA, mediante Informe Técnico Legal JRLL-SCE-INF-SAN 1287/2016 de 14 de diciembre, rechazó su solicitud de notificación con la “Resolución Final de Saneamiento”(sic), argumentando que Jacob Enss Wieler y Peter Banman Thiessen fueron considerados representantes legales desde el 26 de junio de 2012, por haber participado activamente en el proceso de saneamiento, y que fueron notificados de forma irregular con dicha Resolución en base al Testimonio de Poder 171/2012 de 22 de junio, que no cuenta con respaldo en archivos de la Notaria de Fe Pública; asimismo, emitió el Informe Legal DGST-JRLL-INF -SAN 239/2020 de 21 de octubre, sin realizar un adecuado análisis, que refiere que la cuestionada notificación cumple con la normativa vigente, siendo que los miembros de la Asociación Agropecuaria Colonia Menonita Nueva Esperanza no otorgaron poder en favor de los prenombrados, por lo que no podían ser objeto de notificación.
En ese antecedente, conforme a las Conclusiones arribadas en el presente fallo constitucional, se tiene que Resolución Administrativa RA SG SJD DAJ PJ 2012 015 de 9 de enero de 2012, por el cual el GAD de Santa Cruz otorga Personalidad Jurídica a la Asociación Civil denominada ASOCIACION AGROPECUARIA COLONIA MENONITA NUEVA ESPERANZA, con domicilio en San José de Chiquitos, provincia Chiquitos de departamento de Santa Cruz; en ese contexto, se tiene Informe en Conclusiones Saneamiento de Oficio (SAN-SIM) de 15 de junio de 2012, emitido por el INRA Santa Cruz, entre otros aspectos concluye y sugiere Anular los Títulos Ejecutoriales conjuntamente el tramite agrario correspondiente al expediente 45154; asimismo, al verificarse el cumplimiento parcial de la Función Económica Social sugiere “dictar RESOLUCIÓN CONJUNTA SUPREMA ANULATORIA y VÍA CONVERSIÓN y MODIFICATORIA de la Sentencia de fecha 22/07/1976” (sic [Conclusiones II.1 y II.2]). A través de Informe de Cierre –sin fecha– del predio Colonia Nueva Esperanza, se informa que la citada Colonia (su reconocimiento del derecho propietario en base al nombre está sujeto a que presente la personalidad jurídica); asimismo, se tiene Memorándum de Notificación practicada el 18 de junio de 2012 a Henman Neufeld Bueckent, Jefe de Colonia Nueva Esperanza, donde se convoca a presentarse en oficinas del INRA de San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz, el 19, 20, 21 y 22 de junio de 2012, para que se les pueda socializar con los resultados preliminares del proceso de saneamiento; a ese efecto consta Comunicado del INRA –sin fecha– que fue difundida por radio el 19 de junio de 2012; de la misma forma se tiene Testimonio de Poder 171/2012 de 22 de junio, por el cual ABRAM NEUFELD NEUFELD y otros en su condición de asociados de la Asociación Agropecuaria Colonia Menonita Nueva Esperanza confieren poder especial amplio y suficiente y bastante en favor de Jacobs Enns Wieler y Peter Banman Thiessen para que en representación de sus personas, acciones y derechos se apersone en las oficinas del INRA (Conclusiones II.3, II.4, II.5 y II.6). El Informe Técnico Legal DDSC-CO I- INF. 017/2013 de 15 de enero, emitido por el INRA Santa Cruz, Concluye y Sugiere se emita Resolución Suprema Conjunta Anulatoria y de Conversión; en ese contexto cursa Resolución Suprema 15757 de 12 de agosto de 2015, que entre otros aspectos resolvió: “…2° Modificar la Sentencia de 22 de julio de 1976 y Trámite Agrario de Dotación 42454, quedando subsanados los vicios de nulidad relativa debiendo emitirse Titulo Ejecutorial Individual en favor de la Asociación Agropecuaria Colonia Menonita Nueva Esperanza con la superficie de 7221.4000 ha; 11° Declarar Tierra Fiscal la superficie de recorte de 3013.8717 ha, ubicada en el municipio de San José de Chiquitos provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz; y, 12° Se dispone el Desalojo de la referida Asociación de la tierra fiscal producto del recorte…” (sic). Al efecto se tiene diligencia de notificación a Jacob Enns Wieler y Peter Banman Thiessen en representación legal de la Asociación Agropecuaria Colonia Menonita Nueva Esperanza, realizada el 30 de septiembre de 2015 (Conclusiones II.7 y II.8). Cursa Informe Técnico Legal JRLL-SCE-INF-SAN 1287/2016 de 14 de diciembre, emitido por el INRA, el mismo concluye que se realizó la notificación de la “Resolución Final de Saneamiento” (sic) del predio Asociación Agropecuaria Colonia Menonita Nueva Esperanza, a Jacobs Enns Wieler y Peter Banman Thiessen; Informe que fue aprobado por providencia de 15 de diciembre de 2016 por el Director General de Saneamiento y Titulación del INRA. Al efecto consta diligencia de notificación personal con dicho Informe el 12 de enero de 2017 a Peter Wiebe Bueckert y Jacob Harms Peters; en ese contexto se tiene Cédula de Identidad de Extranjero E-1587181 de Peter Neufeld Friessen de nacionalidad Belice, de la misma forma consta Informe Legal DGST-JRLL-INF-SAN 239/2020 de 21 de octubre, emitido por el INRA referido a la respuesta a solicitud –efectuado por el representante legal– sobre el estado actual del proceso de saneamiento del predio denominado ASOCIACION AGROPECUARIA COLONIA MENONITA NUEVA ESPERANZA (Conclusiones II.9, II.10 y II.11). El 4 de enero de 2022, la parte accionante impetró ante el Director Nacional del INRA la nulidad de notificación con la con la “Resolución Final de Saneamiento” (sic); al respecto se tiene notificación a Peter Neufeld Friessen con el Informe Legal DGST-JRLL-INF-SAN 313/2022, asimismo cursa copia legalizada del Testimonio 0028/2022 de 5 de febrero, por el cual, los representantes propietarios del fundo rústico denominado “ASOCIACION AGROPECUARIA COLONIA MENONITA NUEVA ESPERANZA” otorgan poder especial, amplio y suficiente en favor de Peter Neufeld Friessen y Herman Wieler Neudorf, en ese sentido, el 16 de febrero de 2022, la parte accionante reiteró la nulidad de notificación con la “Resolución Final de Saneamiento” (sic); finalmente el 8 de agosto de 2023 la parte demandada se apersonó ante este Tribunal, adjuntando documentación solicitada y pide que se revoque la Resolución del Juez de garantías a objeto de que se deniegue la tutela impetrada por falta de cumplimento de subsidiariedad e inmediatez, siendo que se había notificado con la resolución final de saneamiento, Resolución Suprema 15757 de 12 de agosto de 2015, el 30 de septiembre de 2015 y se había notificado con Informe Legal DGST -JRLL-SAN 239/2020 de 21 de octubre, el 31 de diciembre de 2020 (Conclusiones II.12, II.13, II.14 y II.15). En ese antecedente, en forma previa al análisis de la problemática u objeto procesal, cabe precisar si dentro de esta acción de amparo constitucional concurre alguna de las causales de improcedencia, en ese sentido se verificará: 1) La falta de legitimación activa; y, 2) El principio de inmediatez característica de esta acción tutelar. i) Sobre la falta de legitimación activa Al respecto, la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, establece que entre los requisitos formales que se deben cumplir a tiempo de formular una acción de amparo constitucional, se encuentra la obligación de acreditar la personería del accionante, lo que también contiene la demostración de la legitimación activa, entendiéndose por ésta como la capacidad procesal que reconoce el Estado a la persona, sea natural o jurídica, para activar las acciones tutelares o las vías procesales de control de constitucionalidad y la cual debe tener coincidencia de la persona del sujeto activo con la persona a la cual la ley concede el derecho de la acción, y podrá ejercerla por sí o mediante tercera persona con poder especial, expreso y suficiente para ejecutar la acción; es decir, que debe interponerse por la persona agraviada o afectada que demuestre tener interés directo sobre el asunto y contra quien recaen las consecuencias jurídicas de la resolución o acto de la autoridad o particulares que se impugnan. En ese orden, de la revisión del Testimonio 0028/2022 de 5 de febrero (Conclusión II.13), se advierte que los representantes propietarios del fundo rústico denominado “ASOCIACION AGROPECUARIA COLONIA MENONITA NUEVA ESPERANZA” otorgan poder en favor de Peter Neufeld Friessen y Herman Wieler Neudorf, para que “…en nombre y representación de sus personas, acciones y derechos, se apersonen ante las oficinas del INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA - INRA Nacional y/o Departamental a objeto de poder reiniciar, continuar y concluir los trámites de Saneamiento Agrario (…) Estando facultados para notificarse con la Resolución Final de Saneamiento, sea esta Administrativa o Suprema- mas Poder para iniciar y proseguir proceso contencioso, administrativo ante el Tribunal Agroambiental, pedir la nulidad de actuaciones administrativas y judiciales, iniciar y proseguir procesos judiciales y administrativos ante cualquier otra instancia, pedir y asistir a inspecciones, presentar escritos…” (sic), de lo que resulta claro que el poder adjuntado a la demanda tutelar, por el que, Peter Neufeld Friessen, alega representación para poder interponer la presente acción de amparo constitucional en pro de obtener la tutela de los derechos denunciados como lesionados de la “ASOCIACIÓN AGROPECUARIA COLONIA MENONITA NUEVA ESPERANZA”; si bien refiere que es un poder amplio y suficiente para apersonarse ante el INRA, el Tribunal Agroambiental, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) y la Unidad de Coordinación de Alimentos y Bosques (UCAB), empero no instituye el mandato especifico y suficiente para poder apersonarse ante el Tribunal Constitucional Plurinacional ni ante el Juez o Tribunal de garantías; asimismo, tampoco el indicado Testimonio de Poder refiere que por ejemplo el apoderado ahora accionante tenga facultades para interponer acciones de amparo constitucional o tutelares en las instancias correspondientes, sino que se limita en otorgar más poder para iniciar procesos contenciosos administrativos, proseguir procesos judiciales y administrativos, presentar escritos, etc. No siendo un poder suficiente y expreso que denote la voluntad de los miembros de la indicada asociación para la presentación de esta garantía constitucional ni que sea actual; condición sine qua non que debió ser considerada previamente por el Juez de garantías, y que al no haber sido advertida en etapa de admisión, merece su denegatoria por falta de legitimación activa previsto en el art. 52 del CPCo. En virtud a las razones anotadas, este Tribunal se ve impedido lamentablemente de considerar el fondo de la acción de tutelar incoada por el impetrante de tutela en búsqueda de la restitución de los derechos fundamentales de la “ASOCIACIÓN AGROPECUARIA COLONIA MENONITA NUEVA ESPERANZA” alegados de transgredidos por la parte demandada; siendo que la carencia de legitimación activa evidenciada, se insiste, debió ser observada en etapa de admisión por el Juez de garantías, a objeto de evitar la existencia de causas que impidan el desarrollo posterior de la acción de defensa presentada y el despliegue de una actividad procesal que concluya con la emisión de una resolución denegatoria de la acción. En consecuencia, se advierte que tanto el ahora accionante apoderado y los supuestos representados, sin contar con la debida legitimación activa para la presente acción de amparo constitucional, paradójicamente pretenden revisar supuestas irregularidades en la acreditación de los representantes legales o apoderados legales en el proceso de saneamiento, sus notificaciones y demás actuaciones que conforme se tiene señalado precedentemente, no cuenta con poder especial, expreso y suficiente a fin de acreditar la legitimación activa; razón por la cual corresponde denegar la tutela por falta de legitimación activa, con la aclaración que en el presente caso, no se ingresó al análisis del fondo del objeto procesal asunto.
ii) Respecto al principio de inmediatez característica de esta acción tutelar En este acápite cabe señalar que si bien la parte accionante ha planteado problemas jurídicos de carácter sustancial relacionado con la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa y tutela judicial efectiva por no haberse notificado con la Resolución Final de Saneamiento (resolución final de saneamiento, Resolución Suprema 15757 de 12 de agosto de 2015); empero, la autoridad demandada de manera reiterativa alegó el incumplimiento del principio de inmediatez, siendo que la parte accionante a través de sus representantes legales habrían sido notificados con dicha Resolución, el 30 septiembre de 2015 y que a la fecha de presentación de la acción de defensa habrían transcurrido más de siete años; además alega que mediante Informe Legal DGST-JRLL-SAN 239/2020 de 21 de octubre, se había rechazado la notificación con la referida Resolución, y que una vez notificado con ese Informe, el 31 de diciembre de 2020, no se había interpuesto o impugnado recurso alguno contra ese acto administrativo, aspecto que merece un análisis previo en la presente causa en examen. Al respecto, cabe señalar la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de presente la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que respecto al principio de inmediatez señala que la acción de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial, siendo que ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a disposición en forma indefinida, más al contrario tiene un tiempo razonable; la interposición en el plazo mencionado responde a un tiempo reglado prudente de tolerancia o aceptación del acto lesivo que se acusa, de lo contrario se da lugar al principio de preclusión del derecho de activar esta acción tutelar ante la jurisdicción constitucional. En ese marco, de la revisión de antecedentes se establece que el INRA el 15 de junio de 2012, emitió el Informe en Conclusiones Saneamiento de Oficio (SAN-SIM) dentro de los expedientes agrarios: 26638, 34900, 42454 y 45154 correspondientes al predio Colonia Nueva Esperanza, Polígono 101, San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz, que entre otros aspectos sugiere que al verificarse el cumplimiento parcial de la Función Económica Social se dicte “RESOLUCIÓN CONJUNTA
SUPREMA ANULATORIA y VÍA CONVERSIÓN y MODIFICATORIA de la Sentencia de 22 de julio de 1976” del trámite agrario de dotación correspondiente al expediente agrario 42454 quedando subsanados los vicios de nulidad relativa y otorgar Titulo Ejecutorial individual en favor de la Colonia Nueva Esperanza conforme a detalle de cuadro; asimismo, sugiere declarar tierra fiscal la superficie que no cumple la Función Económica Solcial. Asimismo se tiene Informe de Cierre –sin fecha– del citado predio donde se informa que la Colonia Nueva Esperanza no estaba presentado aún su personalidad jurídica con la denominación actual, al efecto en la casilla de observaciones se intima a presentar su personalidad jurídica, en constancia de notificación firman Jacobs Enns Wieler y Peter Banman Thiesen, que expresan no estar de acuerdo con el recorte de superficie. De la misma forma consta notificación de 18 de junio de 2012 practicada a los prenombrados a objeto de que se presenten a las oficinas del INRA de San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz el 19, 20, 21, y 22 de junio de 2012 a objeto de que se les pueda hacer conocer los resultados preliminares del proceso de saneamiento de la Colonia Nueva Esperanza establecidos en el Informe de Cierre, donde nuevamente se intima a presentar su personalidad jurídica –que conforme a los antecedentes fue otorgada por Resolución Administrativa RA SG SJD DAJ PJ 2012 015 de 9 de enero de 2012–. De igual forma, consta comunicado que fue difundida el 19 de junio de 2012 en una radio emisora de San José de Chiquitos. Finalmente luego de la emisión el Informe Técnico Legal DDSC-CO I- INF. 017/2013 de 15 de enero que sugiere y recomienda emitir una Resolución Suprema Conjunta Anulatoria y de Conversión, el Presidente del Estado Plurinacional y la Ministra de Desarrollo Rural y Tierras emiten la Resolución Suprema 15757 de 12 de agosto de 2015, que entre otros aspectos resolvió: “…2° Modificar la Sentencia de 22 de julio de 1976 y Trámite Agrario de Dotación 42454, quedando subsanados los vicios de nulidad relativa debiendo emitirse Titulo Ejecutorial Individual en favor de la Asociación Agropecuaria Colonia Menonita Nueva Esperanza con la superficie de 7221.4000 ha; 11° Declarar Tierra Fiscal la superficie de recorte de 3013.8717 ha, ubicada en el municipio de San José de Chiquitos provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz; y, 12° Se dispone el Desalojo de la referida Asociación de la tierra fiscal producto del recorte…” (sic). Al efecto se tiene diligencia de notificación con dicho acto administrativo a Jacob Enns Wieler y Peter Banman Thiessen representantes legales de la citada Asociación –por Testimonio de Poder 171/2012 de 22 de junio– realizada el 30 de septiembre de 2015. De lo precisado en el párrafo precedente, en lo relativo al proceso de Saneamiento de Oficio (SAN-SIM) del predio objeto de la presente, claramente se advierte que hasta cierta etapa el citado proceso hasta el Informe en Conclusiones e Informe de Cierre, se llevó a cabo bajo el denominativo del predio Colonia Nueva Esperanza, Polígono 101, San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz, el mismo que una vez intimado a la parte interesada para que presente su personalidad jurídica, recién se tiene Testimonio de Poder 171/2012 de 22 de junio (que conforme al art. 82 de la Ley 483 no fue declarado nula) que los asociados de la Asociación Agropecuaria Colonia Menonita Nueva Esperanza otorgan poder amplio y suficiente a Jacob Enns Wieler y Peter Banman Thiessen para que se apersonen al INRA a fin de realizar todo tipo de trámite, que en este caso se ve reflejado con la notificación con la resolución final de saneamiento, Resolución Suprema 15757, que fue efectivizada el 30 de septiembre de 2015, y no así el 22 de junio de 2012 tal como alega de forma confusa en su petitorio la parte accionante; es decir que, contabilizando el plazo de los seis meses a partir de las indicadas fechas hasta la interposición de la presente acción tutelar transcurrió en forma superabundante dicho plazo previsto en los arts. 129.II de la CPE y 55 del CPCo, donde la parte impetrante de tutela dejó prelucir su derecho de activar la presente acción de defensa, más aun si contabilizamos dicho plazo desde el 22 de junio de 2012, tal como se advierte del petitorio del memorial. Asimismo, conforme a los antecedentes también se advierte que el 2016 la parte accionante solicitó al INRA que se le notifique con la resolución final de saneamiento, Resolución Suprema 15757, al efecto dicha entidad por Informe Técnico Legal JRLL-SCE-INF-SAN 1287/2016 de 14 de diciembre, ya le había contestado no dar curso a esa solicitud porque ya se había notificado con dicha Resolución a Jacob Enns Wieller y Peter Banman Thiesen en su calidad de representantes legales de la Asociación Agropecuaria Colonia Menonita Nueva Esperanza. Informe que fue notificada a los solicitantes el 12 de enero de 2017. De la misma forma en respuesta al reclamo y solicitud realizada en la gestión 2020, el INRA en el 31 de diciembre de 2020 notificó a la parte accionante con el Informe Legal DGST-JRLL-INF-SAN 239/2020, que de igual forma refiere en sus partes más sobresalientes, haberse notificado a la Asociación Agropecuaria Colonia Menonita Nueva Esperanza, con la resolución final de saneamiento, Resolución Suprema 15757, el 30 de septiembre de 2015, haciendo notar que el Testimonio de Poder 171/2012 de 22 de junio, seguía vigente al momento de la notificación y que no había documento legal que la misma fuera revocada. Al respecto de igual forma hace entrever que la parte accionante desde el 2016 ya conocía de la emisión de la resolución final de saneamiento, Resolución Suprema 15757, y en la gestión 2020 nuevamente intenta que se le notifique con dicho acto administrativo, a lo cual la entidad demandada por Informe Legal DGST-JRLL-INF-SAN 239/2020 –notificada a la parte accionante el 31 de diciembre de 2020– ya le había denegado su pretensión de que se le notifique nuevamente; al efecto contabilizando el plazo de seis meses a partir de esa notificación hasta la interposición de la presente acción tutelar también la había transcurrido más de un año y tres meses, vale decir que la parte impetrante de tutela dejo precluir su derecho de acudir a la justicia constitucional a fin de hacer prevalecer sus derechos en causa propia. Consecuentemente el accionante tal como se tiene precisado en forma precedente por su propio desinterés y desidia hizo que precluya su derecho de activar la justicia constitucional, correspondiendo por lo tanto denegar la tutela sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.
Finalmente, en el caso de que se podría alegar la flexibilización del plazo de la inmediatez, corresponde señalar que el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional estableció como presupuestos el haber excedido el plazo de inmediatez en algunos días y la lesión del derecho fundamental sea evidente y/o grosera, de tal forma que este Tribunal no puede ni debe permitir se consuma; al efecto una vez contrastados con los antecedentes, no se advierte que en el presente caso concurra dichos presupuestos de flexibilización, siendo que respecto al primer presupuesto, el plazo de seis meses a partir del supuesto acto lesivo –30 de septiembre de 2015– hasta la interposición de la presente acción de defensa –21 de marzo de 2022– fue sobrepasado de forma abundante, es decir por más de siete años y no en unos días; asimismo sobre el segundo presupuesto, tampoco se advierte que exista una lesión de derechos evidente y/o grosera que no pueda soslayarse por este Tribunal, siendo que la parte accionante al haber solicitado notificación con la “Resolución Final de Saneamiento” (sic) en dos oportunidades, hace inferir que conocía de la emisión de la resolución final de saneamiento, Resolución Suprema 15757, y que más bien quiso hacer inducir en error al INRA; aspecto que tal como se tiene precisado supra, confirma el haber dejado precluir su derecho de activar la presente acción tutelar dentro del plazo de seis meses previsto en la norma y jurisprudencia.
En este acápite cabe precisar que el Juez Público Mixto en lo Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Roboré del departamento de Santa Cruz, además de no advertir una falta de legitimación activa de la parte accionante en relación al Testimonio 0028/2022 de 5 de febrero adjuntado, que tal como se tiene precisado supra, no es un poder, especifico, expreso y suficiente y que era causal de improcedencia; de la revisión de la Resolución 04/22 de 6 de abril de 2022, pronunciada por el citado Juez de garantías, se tiene que la misma adolece de una alarmante falta de motivación y fundamentación; toda vez que, se limita en realizar una descripción de los antecedentes y lo señalado por la parte accionante a fin de conceder la tutela, sin realizar al efecto una debida fundamentación que implica la cita de normas o jurisprudencia aplicable, ni efectuar un razonamiento lógico-jurídico o motivación sobre las razones por las cuales se estaba concediendo la tutela y disponiendo la notificación con la “Resolución Final de Saneamiento” (sic). Por los fundamentos expuestos, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, actuó de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 04/22 de 6 de abril de 2022, cursante de fs. 203 a 208 vta., pronunciada por el Juez Público Mixto en lo Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Roboré del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela respecto a los derechos invocados conforme los fundamentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin haber ingresado al fondo del objeto procesal. 2° Llamar severamente la atención al Juez Público Mixto en lo Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Roboré del departamento de Santa Cruz, conforme al acápite III.5 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
1 Fallo constitucional que fue reiterado entre otras por la SCP 0975/2012 de 22 de agosto y SCP 0936/2019-S1 de 12 de septiembre.
2 Al respecto el FJ III.1 de la SCP 0741/2020-S1 de 16 de noviembre señala que: “…es posible concluir en que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron
aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1313_2023-S1.pdf · páginas 1 a 29.
Huella digital del PDF (SHA-256): 4710b80ba59b015260cb28c3ececac88abca0a76e757e2eeef68b6332d0da7fd
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