B.IA.LEGAL

SCP 1312/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 20 de diciembre de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
20 de diciembre de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
46692-2022-94-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denunció como lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa, a la justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones y al principio de inocencia; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la supuesta comisión del delito de abuso sexual, mediante Auto de Vista de 21 de marzo de 2022: i) La Vocal demandada pese a que la parte civil así como el Fiscal de Materia realizaron una “mermada” argumentación indicando que el fallo de primera instancia carecía de fundamentación legal indicando únicamente la inexistencia de una Sentencia Constitucional que hizo referencia el Juez a quo, provocó que dicha autoridad ingrese en error haciéndole creer que la jurisprudencia constitucional obligaría al juzgador establecer que la existencia de un riesgo procesal obligaba aplicar medidas menos gravosas que la detención preventiva, extremo que no fue considerado de esa manera por el Juez a quo, por el contrario se hizo referencia a que debe valorar de forma objetiva todos los elementos de prueba; ii) De igual forma hizo una valoración ultra petita, siendo que ninguna de las partes intervinientes -parte civil y Ministerio Público- alegaron de forma clara cuál sería el agravio sufrido en la Resolución de 23 de enero de 2022, ya que de forma extraña y hasta desafiante con la norma procesal penal revocó dicho fallo y en consecuencia ordenó su detención preventiva argumentando con las propias observaciones realizadas por la parte civil y el Fiscal de Materia; y, iii) Finalmente de forma arbitraria ordenó su detención preventiva …

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 02/22 de 24 de marzo de 2022, cursante de fs. 15 a 16 vta.; pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto al reclamo del plazo de la detención preventiva, por lo que se deja sin efecto el Auto de Vista y el Auto de complementación y enmienda de 21 de marzo de 2022 a fin de que la Vocal demandada emita un nuevo con la debida fundamentación y motivación, sea conforme los fundamentos del presente fallo constitucional. 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto al primer y segundo objeto procesal conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del Código de Procedimiento Penal
  2. III.2. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso
  3. III.3. Sobre la protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1312/2023-S1 Sucre, 20 de diciembre de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 46692-2022-94-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 02/22 de 24 de marzo de 2022, cursante de fs. 17 a 19 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Álvaro Condori Quispe, Alexander Vargas Vásquez, Robín Oscar Justiniano Merubia en representación sin mandato de Oscar Felipe Quispe Quisberth contra Gladys Alba Franco, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 23 de marzo de 2022, cursante de fs. 4 a 6 la parte accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual signada con Código Único 70152102200048, el 23 de enero de 2022 se llevó a cabo su audiencia de consideración de medidas cautelares, en la cual el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de El Torno del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución ordenó su libertad aplicando medidas cautelares como la presentación periódica ante la autoridad fiscal, la prohibición de salir del país, la prohibición de acercarse al lugar y la presentación de dos garantes personales; exigencias, que ya fueron cumplidas; empero, el representante del Ministerio Público y la parte civil plantearon recuso de apelación contra la citada Resolución. Una vez sorteada la causa, se fijó audiencia para el 21 de marzo de 2022, en la cual la parte civil así como el Fiscal de Materia realizaron una “mermada” fundamentación indicando que el fallo de primera instancia carecía de fundamentación legal; vale decir que, no hicieron referencia a los derechos supuestamente vulnerados y únicamente refirieron la inexistencia de una Sentencia Constitucional que hizo referencia el Juez a quo, provocando que la Vocal demandada ingrese en error haciéndole creer que la jurisprudencia constitucional obligaría al juzgador a establecer que la existencia de un riesgo procesal obligaba aplicar medidas menos gravosas que la detención preventiva; extremo, que no fue considerado de esa manera por el Juez a quo, por el contrario se hizo referencia a que debe valorar de forma objetiva todos los elementos de prueba. La Vocal demandada hizo una valoración ultra petita, siendo que ninguna de las partes intervinientes -parte civil y Ministerio Público- alegaron de forma clara cuál sería el agravio generado por la Resolución de 23 de enero de 2022, ya que de forma extraña y hasta desafiante con la norma procesal penal se revocó dicho fallo y en consecuencia se ordenó su detención preventiva argumentándose el fallo con las propias observaciones realizadas por la parte civil y el Fiscal de Materia; al efecto, de forma arbitraria ordenó su detención preventiva por el plazo de noventa días, por lo que al observarse los parámetros para considerar dicho plazo, de forma textual refirió que “más bien le estoy favoreciendo”, sin comprender cual sería el favor que le estaría haciendo para fijar ese plazo y no referir cuales serían los actos pendientes a realizarse por el Ministerio Público.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La parte accionante denunció como lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa, a la justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones y al principio de inocencia, citando al efecto los arts. 15, 22, 115, 119, 125 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 2, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita que se conceda la tutela disponiéndose su libertad pura y simple; y, que la Vocal demandada emita una nueva Resolución debidamente fundamentada.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

La audiencia pública se efectuó el 24 de marzo de 2022, según acta cursante de fs. 15 a 16 vta. produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante, ratificó su acción de libertad ampliándola manifestó que: a) Existe una denuncia interpuesta por Dayana Victoriano el 21 de enero de 2022, por la supuesta comisión del delito de abuso sexual; b) En la audiencia de 21 de marzo del mismo año, el Fiscal de Materia realizó su fundamentación en dos minutos y la supuesta víctima efectuó su argumentación de agravios; c) La autoridad demandada con relación a la probabilidad de autoría prevista en el art. 233.1 del CPP, señaló que existen suficientes elementos como la declaración del denunciante, del imputado, el muestrario fotográfico, una llamada telefónica, el certificado médico forense y el informe psicológico preliminar; d) Lo curioso, es que esa fotografía también fue utilizada para fundamentar el peligro procesal de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP, siendo que el denunciado seria médico -que no trabaja en el hospital del municipio de El Torno- y la victima seria estudiante de medicina y que tendrían la facilidad de encontrarse; y, e) En relación al peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, señaló que el imputado influirá negativamente sin especificar a quien, como y cuando; es decir no existe una correcta fundamentación para ser enviado al Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, por el plazo de noventa días.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Gladys Alba Franco, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pese a su legal citación cursante a fs. 9 no presentó informe ni se hizo presente a la audiencia programada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 02/22 de 24 de marzo de 2022, cursante de fs. 17 a 19 vta., denegó la tutela impetrada, bajo los siguientes fundamentos: 1) La justicia constitucional ve cuestiones constitucionales y si la autoridad ordinaria lesionó un derecho o garantía constitucional recién se ingresará a reparar la misma; en el caso que nos ocupa, tenemos primero una audiencia de medidas cautelares llevada a cabo el 23 de enero de 2022 en El Torno donde el Juez dictó las medidas sustitutivas a la detención preventiva lo que dio lugar a la apelación realizada por el Fiscal de Materia y la defensa; 2) En atención a ello, el Tribunal de alzada en audiencia de 29 de marzo del mismo año, declaró admisible e improcedente el recurso de apelación interpuesto por el accionante; y, admisible y procedente el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público en consecuencia, revocó el Auto de primera instancia disolviéndose las medidas cautelares impuestas, ordenando la detención preventiva en razón de estar latente el art. 234.7 y 235.5 del CPP; 3) En ese Auto que dictó, si bien es cierto ya no hay otro recurso es decir, se agotó la vía ordinaria, la justicia constitucional va ingresar a observar si existe lesión, puesto que si así fuera, tendría que anularse el Auto de Vista para que se dicte uno nuevo y como consecuencia lógica la libertad del ahora detenido preventivo y en segundo supuesto se verificará si ese Auto lesiona o no derechos y garantías; 4) La Justicia Constitucional solo repara lesiones que haya hecho una autoridad ordinaria siempre y cuando esté ligado el derecho a la libertad, por ello, se ingresará al fondo y se revisará si este Auto cumple o no los requisitos requeridos por la norma, motivo por el cual evidentemente los fundamentos de la jueza o la juez ordinaria es que ella sostiene de que existiría el riesgo procesal del art. 234.7 con el grado de superioridad que tiene el imputado y la víctima que es una pasante de medicina y que está haciendo sus años de provincia y que este año salta a la vista, este peligro procesal que fue argumentado por el Ministerio Público; 5) Cursa acta, en la cual se puede evidenciar cual es el motivo que permitió la revocatoria de las medidas cautelares y ordenar la medida extrema de la detención preventiva y por principio de verdad material se puede evidenciar que efectivamente en audiencia de medidas cautelares se argumentó y demostró que el ahora detenido preventivo y accionante trabajaba, trabajo o trabaja en el Hospital Municipal de El Torno del departamento de Santa Cruz, documentación que fue utilizada en la audiencia cautelar para que el Juez reconozca esa fuente laboral en su fallo, establece que trajo ante este juzgador un certificado de trabajo del hospital Blanco Ovando, es decir, reconoció ese contrato, reconoció ese trabajo por lo tanto si en la audiencia cautelar se reconoció ese trabajo y se ha adjuntado documentación por consecuencia lógica que la jueza accionada aplicando ese criterio es que estableció que está latente el peligro procesal del art. 234.7; 6) Distinto hubiera sido que en audiencia de aplicación de medidas cautelares se hubiera demostrado o mostrado la prueba, si bien es cierto que el art. 391 del CPP establece que se debe concluir a los fundamentos del fallo cautelar la apelación, tampoco es menos cierto que se puede mostrar en grado de apelación se pudo haber mostrado una nota de desvinculación de ese trabajo, el suscrito juzgador no tiene la certeza de que él trabaje o no porque no hay una documentación que acredite que este esa desvinculación del imputado detenido preventivo, ahora accionante para establecer ese nexo del art. 234.7 del CPP; y, 7) Además tampoco se demostró ni en la audiencia de apelación, ni en esta audiencia tutelar que la Pasante dejó o sigue siendo Pasante y por principio de verdad material aquí no se demuestra que tal documentación pueda dar lugar a que el suscrito juzgador anule un Auto de Vista, por ello es que al no contar con esa documentación el Auto de Vista, no se evidencia lesión alguna, por lo tanto la justicia constitucional no puede ingresar a reparar tales lesiones reclamadas y no probadas. La parte accionante, en vía de complementación y enmienda solicitó se amplíe la resolución considerando el plazo establecido de la detención preventiva en el fallo impugnado. Al respecto, el Juez de garantías señaló que no se ingresó al fondo del asunto por lo que no corresponde la ampliación.

I.2.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 20 de junio de 2023, cursante a fs. 23, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 7 de diciembre de 2023 (fs. 48); por lo que, la presente Sentencia es emitida dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Acta de audiencia de recurso de apelación incidental de medidas cautelares de 21 de marzo de 2022, llevado a cabo en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Oscar Felipe Quispe Quisberth ahora accionante, por la supuesta comisión del delito de abuso sexual (caso CUD 70361868) en el cual el impetrante de tutela luego de la intervención del Ministerio Público y la parte civil contestó y argumentó también su recurso de apelación (fs. 33 a 38). II.2. Por Auto de Vista de 21 de marzo de 2022, la Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del aludido proceso penal, luego de describir los antecedentes del caso referidos a los argumentos del Fiscal de Materia, de la defensa de la víctima, los argumentos del imputado y el análisis del caso concreto, en aplicación de los arts. 115. II, 178 y 180 de la CPE, 251 y 398 del CPP, declaró: admisible e improcedente el recurso de apelación interpuesto por el imputado Oscar Felipe Quispe Quisbert; admisible y procedente parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y la parte civil; y, en consecuencia se revocó la Resolución 11/2022 de 23 de enero, revocándose las medidas cautelares de carácter personal que impuso el Juez a quo, ordenando la detención preventiva del prenombrado en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, toda vez que, se encuentran latentes los riesgos procesales establecidos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, por el plazo de 90 días. Determinación asumida en consideración de los siguientes argumentos:

“De la lectura del citado Auto de Vista se tiene que el Ministerio Publico alegó lo siguiente: a) El Juez a quo no fundamentó debidamente su resolución, que ocasionó agravios a las partes en este caso a la víctima ya que para otorgar medidas sustitutivas reconoce que está latente el riesgo procesal inmerso en el art. 235.2 del CPP, indicando que si hay un solo riesgo procesal no puede detenerse preventivamente a una persona, pero al respecto no hace mención a ninguna sentencia sino solo señala que existe línea jurisprudencial; b) El Ministerio Público “estableció” el art. 234.7 del CPP, es decir que el imputado es un peligro efectivo para la víctima, en este caso estamos hablando del delito de orden sexual cometido presuntamente por el imputado contra una mujer que estaba haciendo su pasantía y el imputado en su condición de médico, además de ser tutor aprovechando la circunstancia comienza a realizar toques impúdicos, siendo que era su superior al momento de la comisión del hecho y ella era su dependiente académica. La víctima estaba en un estado de vulnerabilidad en la audiencia de consideración de medidas cautelares porque se encontraba con un tratamiento psicológico por un hecho anterior, lo cual fue utilizado por el juez como si estuviera dudando de la versión de la víctima siendo que el Ministerio Publico señalo líneas jurisprudenciales que establecen la vulnerabilidad de la mujer en este tipo de delitos, donde el Juez a quo no tomo como ciertos los argumentos expuestos por el Ministerio Publico para que se aplique el art. 234.7 del CPP; y, c) El Juez a quo con relación al trabajo del imputado, de igual forma convalidó el mismo, sin tomar en cuenta que en el mismo trabajo que desarrollaba se iba a desempeñar la víctima, ese aspecto se tomó en cuenta por lo que pide revocar la decisión del juez a quo ordenándose la detención preventiva del imputado. La supuesta víctima reclamó señalado lo siguiente: a) Esta en total desacuerdo con la Resolución del Juez a quo, siendo que existen elementos de convicción para determinar que el imputado es autor y participe del hecho ya que del cuadernillo de investigación, el certificado médico forense, el informe psicológico, y la llamada telefónica que hizo el imputado posterior al hecho para pedirle disculpas por lo acontecido, básicamente lo único que piden es que se respete la Norma suprema que protege el derecho a la integridad física, psicológica y sexual, además existe la Ley integral de lucha contra la Violencia donde las mujeres tienen un trato especial; b) Si bien se enervo el riesgo procesal inmerso en el art. 234.1 y 2; empero al igual que el Ministerio Publico no está conforme respecto al peligro procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, ya que el imputado es considerado un peligro efectivo para la victima habida cuenta que existe el elemento de haber llamado telefónicamente a la víctima y tiene la posibilidad de lograr de manera rápida considerando que la misma es extranjera, vive sola y obviamente está en estado de vulnerabilidad en el caso; c) Con relación al riesgo procesal inmerso en el art. 235.1 del CPP, sin duda al estar dentro de una etapa de investigación es fácil para el reconocido medico como lo mencionaron sus abogados pueda llegar y conseguir destruir o modificar elementos de prueba, por ello es importante mantener latente dicho riesgo, siendo que el imputado al ser un reconocido medico obviamente tiene los recurso económicos suficientes para poder lograr sus objetivos. Con relación al numeral 2) la misma está latente, empero simplemente manifestar que este numeral hace referencia a que por lo general los agresores intentan influenciar sobre las víctimas mediante amenazas o promesas para que no contiene con el ejercicio penal claro ejemplo sucedió cuando el imputado le llamo por teléfono induciendo a la víctima a que no ejerza la acción penal. Con relación al numeral 3), sin duda aluna el mismo debe mantenerse latente aun porque al ser un medio reconocido se sobre entiende que fácilmente puede influenciar en cualquier manera a las autoridades que participen en el caso. Otro aspecto que se debe considerar es la posición económica del imputado donde hay que reconocer que nuestra justicia esta corrompida y fácilmente puede influenciar a las autoridades, y funcionarios policiales. Otro punto que debe considerarse es respecto al informe psicológico, que según el colega, no dice que el imputado le tocó los senos y otras partes y que existiría duda razonable siendo que el concepto de abuso sexual según la Ley 348 es amplio que no solo abraca esas partes mencionadas por lo que al existir elementos de convicción suficientes de que el imputado es autor del hecho y que le mismo no se someterá al proceso y pueda obstaculizar el mismo pide la detención preventiva. Al respecto la parte imputada en relación a lo manifestado por el Ministerio Publico contestó señalando que en la presente audiencia, no se ha escuchado cual ha sido el agravio sufrido con la resolución recurrida si bien señala que existe falta de fundamentación en sentido de que no se hacía referencia a la sentencia constitucional, el cual dejo pasar en su momento para recién reclamar al Tribunal de alzada esa falta de señalar la sentencia constitucional, siendo que en base al art. 125 del CPP, podía solicitar complementación y enmienda pero no lo hizo. Con relación a los argumentos de la pate civil, tampoco hace referencia cual sería el agravio sufrido, por el contario hace una argumentación como si esta fuera una audiencia de consideración de medidas cautelares, no se ha referido cual el agravio sufrido en la resolución de 23 de enero de 2022, simplemente a hechos por lo que solicita rechazar los recuso de apelación de la parte civil y del Ministerio Público. Asimismo, argumentó su recurso de apelación alegando que sobre la probabilidad de autoría previsto en el art. 233.1 del CPP, existe una contradicción en la fundamentación del Ministerio Público y la parte denunciante, toda vez que el Ministerio Público indicó que el imputado logró besar y tocar las partes íntimas de la víctima, empero la entrevista psicológica refiere todo lo contrario, que simplemente el imputado pasó su mano y la intentó besar, además es ilógico que la víctima no hubiera gritado pidiendo ayuda, por el contrario se encontraba tranquila, es incomprensible que no se hubiera defendido si su brazo estaba libre, en este caso hay un revanchismo laboral; es más la supuesta víctima anteriormente habría sido objeto de un hecho similar en la localidad de Warnes y quizás por ese trauma anterior se quiere inculpar a una persona inocente. Asimismo, no existe el principio de certeza, los indicios no son suficientes, no existe ninguna anormalidad en el Auto interlocutorio, es más está sometido al proceso cumpliendo con todas las medidas impuestas, por lo que solicita se reconduzca el proceso, toda vez que no existe la probabilidad de autoría y se otorgue su libertad irrestricta. La representante del SLIM contesta refiriéndose a estos elementos o indicios suficientes para establecer la probabilidad de autoría del imputado, por lo que solicita que se aplique bajo el principio de favorabilidad, la Ley 348 que establece la aplicación de las medidas y políticas integrales de prevención, protección y reparación de los daños a las mujeres en situación de violencia, con la finalidad de garantizar una vida libre de todo tipo de violencia, en ese sentido solicita se ordene las medidas correspondientes en el presente caso.” (sic) Al respecto la Vocal demandada emitió su resolución bajo los siguientes fundamentos:

“El art. 398 del CPP señala que: "Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución", este Tribunal de alzada se va a circunscribir en analizar el recurso de apelación y la exposición de agravios que se plantean en la presente audiencia contra la Resolución 05/22 de 23 de enero, dictado por el Juzgado Público Mixto Civil Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero del Torno. Así también se debe dar cumplimiento a las diferentes Sentencias Constitucionales entre ellas la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio, que establecen la obligación que tiene el Tribunal de Alzada en fundamentar y motivar su resolución garantizando en esta manera el derecho al debido proceso. Con los fundamentos expuestos por los apelantes y la contestación del mismo se tiene lo siguiente: Que, del análisis del proceso y la resolución recurrida de 23 de enero de 2022 y la argumentación realizada en la presente audiencia, con relación a la fundamentación de los agravios del Ministerio Público, se tiene que de la revisión del cuaderno procesal y el cuadernillo de investigación se tiene que el Fiscal de Materia tanto en su imputación formal y en la fundamentación se refiere al art. 233.1 del CPP relativo a la probabilidad de autoría del imputado Oscar Felipe Quispe Quisbert, quien se desempeñaba como médico ginecólogo en el Hospital Municipal del Torno, menciona el Ministerio Público que el 21 de enero de 2022, aprox. a horas 10:30 am, cuando la víctima se encontraba realizando turno como interna en la especialidad de ginecología, en el momento de se prestaban a ingresar al quirófano, el prenombrado que es médico de planta, lleva a la víctima al sector del quirófano en la parte del vestidor porque estaban por atender a una paciente, una vez dentro la empuja contra pared, la agarra de los brazos y la aprieta, le baja el barbijo, la besa a la fuerza y manosea sus partes íntimas, esta situación es la que fundamenta el Ministerio Público y lógicamente señala la adecuación del delito previsto por el art. 312 del CPP. El Ministerio Público fue concreto al indicar que se habría materializado el tocamiento que establece la regla contra víctima y ese relato fue el mismo en la entrevista psicológica que ha establecido la situación y circunstancias del hecho, en este caso se observa que el art. 233.1 del CPP, que indica claramente que para que exista la probabilidad de autoría tienen que existir los elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es autor o partícipe del hecho punible, por lo que conlleva con todos los elementos que ha narrado el representante del Ministerio Público, más los elementos que ha presentado en la audiencia de aplicación de medidas cautelares y que consta en el cuadernillo de investigaciones, como es el certificado médico forense realizado por el Mecido Percy Said Cuellar Almendras, donde efectivamente establece "lesión contusa en el antebrazo derecho y brazo izquierdo producido reciente, por el cual el médico le otorga 5 días de impedimento". Asimismo, se tiene la entrevista psicológica realizado por el Rimer Delgadillo Vásquez-psicólogo dependiente del SLIM, donde la víctima le relata de manera concreta que: "el imputado la empuja contra la pared, le agarra los brazos con fuerza, le quita el barbijo y empezó a besarla, se le encima al cuerpo y le pasa la mano tocándole todo su cuerpo, señala que no consiguió gritar, ni siquiera hablar mientras las otras personas estaban en la otra sala. El imputado le decía que si se portaba bien ella iba a operar varias veces y que tendría más oportunidades para aprender"; esto relata la víctima y lógicamente esta concertado con el principio de verdad, es decir que la declaración de la víctima se constituye en prueba fundamental sobre los hechos, este mismo entendimiento lo encontramos en el caso Espinoza Gonzales vs. Perú en la Sentencia de 20 de noviembre de 2014 en el cual también señaló "que la declaración de la víctima, se constituye en una prueba fundamental', beneficio que tienen las víctimas en esta clase de delitos, en este caso existe la probabilidad de autoría y no se podría otorgar la libertad irrestricta del imputado, porque cumple los requisitos que establece el art. 233.1 del CPP y esto ha sido recogido por la Ley 1173, porque antes la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio, mencionó los requisitos que deben existir para fundamentar la probabilidad de autoría, indica que debe existir el mínimo de credibilidad, no se requiere certeza porque se está iniciando una etapa investigativa, en este caso se declara inadmisible el recurso de la parte imputada con relación a la probabilidad de autoría, porque se ha establecido de acuerdo al cuaderno de investigaciones los elementos indiciarios mínimos que se requiere para acreditar una probabilidad de autoría. Con relación al art. “233.2” del CPP, los agravios fundamentados por el representante del Ministerio Público y la parte civil, indicar lo siguiente, que no solamente debe existir una fundamentación ampulosa, en este caso el Ministerio Público ha sido concreto al fundamentar sus agravios con relación al peligro de fuga y lo que llama la atención a la suscrita Vocal es que el Juez a quo en ningún momento, pese a que lo fundamenta el Ministerio Público, indica sobre el peligro para la víctima, toda vez que en su condición de médico encargado de un grupo tiene la facilidad de acceso a la víctima porque es quien le enseña. Además, el informe policial realizado por la servidora pública policial Yovana Miroslava Michel establece que en el Hospital siempre se trató de evitar el acceso al imputado, estuvieron que esperar más de 20 min., etc. Al respecto, el Juez a quo no se refirió pese a que fue fundamentado por el Ministerio Público este riesgo procesal con la debida mención de las pruebas, si bien manifiesta la autoridad jurisdiccional en su resolución que las mujeres tienen que ser protegidas, etc., pero en realidad no menciona, ni toma en cuenta el riesgo procesal que fue debidamente fundamentado por el Ministerio Público. En el presente caso, el Juez a quo no aplica este riesgo procesal solamente pasa a fundamentar de manera breve el art. 235.2 del CPP y menciona que: "existe una línea jurisprudencial que establece que no se pueda aprehender a una persona por un solo riesgo procesal, pero si se puede dictar medidas drásticas por el hecho de que la víctima es una mujer y además ha escuchado que se pide protección, etc.", así también menciona el art. 321 del CPP sobre las medidas sustitutivas a la detención preventiva, cuando en realidad en es el art. 231 bis del CPP, impone unas medidas cautelares el Juez a quo y no se refiere al riesgo procesal que fue debidamente fundamentado por el Ministerio Público. Consecuentemente, vamos a mencionar que este riesgo procesal establecido en el art. 234. 7 del CPP: "Peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante"; están todos los elementos que fundamentó el Ministerio Público latentes y existentes, en el sentido que el imputado es médico, está trabajando en una institución donde la víctima fue hacer sus prácticas como pasante en el área de ginecología, es estudiante de la Universidad UDABOL y evidentemente el imputado utilizando esa superioridad, porque la víctima estaba en una situación de dependencia, situación por la que aconteció el hecho, porque el imputado tomó de los brazos a la víctima, le baja el barbijo, quiso besarla y al margen de eso indica que le habría tocado el cuerpo, entonces este extremo es suficiente para indicar que lógicamente existen los indicios suficientes contra del imputado, este hecho constituye un riesgo para la víctima que el Juez a quo omitió pronunciarse y no dio la garantía a la víctima, cuando es de conocimiento que el art. 15.II de la CPE establece que: "Todas las personas en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica", por ende todas autoridades estamos obligados a dar la protección reforzada a mujeres que se encuentran dentro de grupo vulnerable y así lo establece la SCP 0001/2019-S2 de 15 de enero que señala: "…Así, la Convención Belém Do Pará de 9 de junio de 1994, ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de igual año, (…) en cuyo art. 7, consigna los deberes que tienen los estados, de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre ellos, el de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y velar, porque las autoridades y funcionarios se comporten de acuerdo a esa obligación; es decir, actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer…". En este caso, la suscrita Vocal considera que se encuentra latente y subsistente el peligro efectivo para la víctima, en el sentido que el imputado posterior al hecho, y existe las capturas de pantalla, está el informe del policía que efectivamente luego de que aconteció el hecho el imputado llama a la víctima, eso se encuentra demostrado con las placas fotográficas que se encuentran adjuntadas en el cuadernillo de investigación. Por lo que el riesgo procesal del art. 234.7 del CPP se encuentra latente y vigente, por el grado de superioridad que tiene el imputado y la víctima que es una pasante de Medicina que está haciendo sus años de Provincia y este hecho es una amenaza para la víctima. Con relación al art. 235.2 del CPP, no ha sido debidamente fundamentado por el Juez a quo, solo menciona que existe una línea jurisprudencial cuando eso no es evidente, no existe línea jurisprudencia que establezca por un solo riesgo procesal se debe otorgar medidas o no se debe considerar una aprehensión, porque las sentencias que ha sido modulada, entre las que ha mencionado la parte de la víctima, la SCP 0377/2019-S2 de 14 de junio, indican que se debe hacer una valoración integral de todos los elementos aportados por las partes, en esta caso está empezando una investigación y lógicamente existen testigos, peritos y la misma víctima que debe prestar su declaración ante un juicio oral, que conlleva toda investigación después de concluida la etapa preparatoria. La defensa técnica del imputado solicitó complementación y enmienda, donde hizo notar que su defendido ya no está trabajando en el Hospital Municipal de El Torno, además tampoco la denunciante está en su internado, es decir que no habría esa cercanía. Asimismo, pidió complementar el pazo de la detención preventiva. Asimismo la Fiscal de Materia solicitó la complementación respecto al plazo de la detención preventiva que sería de 90 días. Al respecto la Vocal ahora demandada, señaló que en atención al reclamo efectuado por el imputado “…manifestar que el imputado es un médico y que la víctima es una pasante, por lo tanto existe el grado de superioridad este o no trabajando en el hospital…” (sic); asimismo, en atención a la solicitud del Fiscal de Materia complementó que el plazo mínimo de la detención preventiva es de 90 días” (sic [fs. 38 a 43 vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denunció como lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa, a la justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones y al principio de inocencia; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la supuesta comisión del delito de abuso sexual, mediante Auto de Vista de 21 de marzo de 2022: i) La Vocal demandada pese a que la parte civil así como el Fiscal de Materia realizaron una “mermada” argumentación indicando que el fallo de primera instancia carecía de fundamentación legal indicando únicamente la inexistencia de una Sentencia Constitucional que hizo referencia el Juez a quo, provocó que dicha autoridad ingrese en error haciéndole creer que la jurisprudencia constitucional obligaría al juzgador establecer que la existencia de un riesgo procesal obligaba aplicar medidas menos gravosas que la detención preventiva, extremo que no fue considerado de esa manera por el Juez a quo, por el contrario se hizo referencia a que debe valorar de forma objetiva todos los elementos de prueba; ii) De igual forma hizo una valoración ultra petita, siendo que ninguna de las partes intervinientes -parte civil y Ministerio Público- alegaron de forma clara cuál sería el agravio sufrido en la Resolución de 23 de enero de 2022, ya que de forma extraña y hasta desafiante con la norma procesal penal revocó dicho fallo y en consecuencia ordenó su detención preventiva argumentando con las propias observaciones realizadas por la parte civil y el Fiscal de Materia; y, iii) Finalmente de forma arbitraria ordenó su detención preventiva por el plazo de noventa días, por lo que al observarse los parámetros para considerar dicho plazo, de forma textual refirió que “más bien le estoy favoreciendo”, aspecto que no entiende cual sería el favor que le estaría haciendo para fijar ese plazo y no referir cuales serían los actos pendientes a ser realizados por el Ministerio Público. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela, para tal fin se desarrollará las siguientes temáticas: a) Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del Código de Procedimiento Penal; b) El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso; c) Sobre la protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género; y, d) Análisis del caso concreto.

III.1. Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del Código de Procedimiento Penal

Inicialmente, corresponde señalar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación. En tal sentido, la fundamentación se refiere a la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa. Por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador.

Efectuada las precisiones que anteceden, e ingresando a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones en las cuales se apliquen medidas cautelares, por las autoridades jurisdiccionales en el ámbito penal, incumbe remitirnos a la amplia jurisprudencia constitucional emitida por esta instancia celadora de la supremacía constitucional; en ese sentido, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, en su Fundamento Jurídico III.2, efectuó el siguiente desarrollo jurisprudencial, precisando que:

“Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar. Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva” (el resaltado es ilustrativo).

Asimismo, la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en su Fundamento Jurídico III.1.7, bajo el epígrafe “Sobre la exigencia de la decisión judicial sea fundamentada”, estableció que la motivación implica conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez o autoridad judicial de tomar una determinada decisión, aspecto que es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla. Prosiguiendo con la revisión de la jurisprudencia constitucional, respecto a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones, se tiene a las razones de la SC 0759/2010-R de 2 de agosto, que en su Fundamento Jurídico III.3 epigrafiado como “La motivación de las resoluciones como obligación del juez”, acudiendo al art. 124 del CPP, señaló que toda resolución debe ser debidamente fundamentada, exponiendo los hechos y normas legales aplicables; añadiendo además que:

“…cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión” (el resaltado es añadido).

Por su parte, respecto a que la motivación no debe ser ampulosa, la citada jurisprudencia constitucional, extrayendo las razones de la SC 1356/2005-R de 31 de octubre, precisó que:

“…cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (el resaltado es nuestro). De igual forma, la SCP 0033/2012 de 16 de marzo, mediante su Fundamento Jurídico III.3, denominado “De la fundamentación de las resoluciones que determinen la detención preventiva”, refirió básicamente que la detención preventiva como medida cautelar personal, puede ser dispuesta cuando existan los elementos referidos al “fumus boni iuris” y el “periculum in mora”, previstos en el art. 233 del CPP, decisión que debe ser dispuesta mediante una resolución debidamente fundamentada conforme prevé el art. 236 del mismo cuerpo adjetivo penal; además, dicha jurisprudencia, apoyándose en las razones desarrolladas por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, refirió que:

“En este sentido la jurisprudencia constitucional ha señalado en su SC 0089/2010-R- de 4 de mayo, ‘En los casos en que un Tribunal de apelación decida revocar las medidas sustitutivas y a la par disponer la aplicación de la detención preventiva de un imputado, está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medias sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los art 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones se puede disponer la detención preventiva’” (el resaltado es ilustrativo).

Con relación a la fundamentación y motivación de las resoluciones al aplicar el art. 398 del CPP, la jurisprudencia de esta instancia constitucional, a través de la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en su Fundamento Jurídico III.3, titulado “El alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP y la exigencia de motivación en las resoluciones que disponen la detención preventiva”, señaló inicialmente que de acuerdo al referido precepto legal del art. 398 del CPP, los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expuestos en apelación; empero, precisó que: al tratarse de la aplicación de medidas cautelares:

“Sin embargo, tratándose de la aplicación de medidas cautelares, dicha normativa no debe ser entendida en su literalidad sino interpretada en forma integral y sistemática, por lo que también cabe referirse a lo establecido en el art. 233 del CPP, modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, cuando señala que: ‘Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos: 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad’” (negrillas adicionadas).

En ese marco, dicha Sentencia Constitucional Plurinacional, haciendo referencia al antes art. 236.3 –ahora– art. 236.4 del CPP, agregó que:

“En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP” (el resaltado es ilustrativo).

Jurisprudencia constitucional, que fue reiterada entre otras por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales: 0303/2013 de 13 de marzo de 2013, 0329/2016-S2 de 8 abril de 2016; y, 1158/2017-S2 15 de noviembre de 2017.

Finalmente, siguiendo dichos razonamientos, la SCP 0723/2018-S2 de 31 de octubre, respecto de la aplicación del art. 398 del CPP, señaló que:

“…el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP. Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP.

En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga. El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria” (el resaltado nos corresponde).

Conforme al contexto jurisprudencial descrito, es posible concluir que, las autoridades jurisdiccionales, están obligadas a emitir sus resoluciones debidamente fundamentadas y motivadas, comprendiendo que el primero se refiere a la justificación de todas las disposiciones legales sobre las cuales sostiene su decisión; y el segundo relacionado a la justificación de las razones lógico-jurídicas, respecto de los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes; máxime cuando se trate de decisiones que emerjan de la aplicación de medidas cautelares, supuestos en los cuales, los jueces instructores o cautelares y los tribunales de apelación, están impelidos de sustentar sus resoluciones.

Ahora bien, en el caso de los tribunales de apelación, y al tratarse de solicitudes de aplicación de medidas cautelares, conforme lo precisado por la citada SCP 0077/2012, el art. 398 del CPP, no debe ser entendida en su literalidad, sino interpretada de forma integral y sistémica; lo cual, exige que estas autoridades jurisdiccionales, luego de un análisis integral del supuesto, deben fundamentar y motivar sus decisiones precisando los elementos de convicción que permitan concluir en la necesidad de modificar, rechazar medidas cautelares o determinar la cesación o rechazo de esa solicitud; a cuyo efecto, deben también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 de la citada Norma Adjetiva Penal, mediante una resolución con la suficiente justificación normativa, conforme requiere el art. 236.4 del referido precepto legal. No siendo admisible que las autoridades del tribunal de apelación rechacen la solicitud, basándose en presunciones relativas a los riesgos de fuga y obstaculización; ya que, si no se demuestra mediante una debida fundamentación y motivación la necesaria detención preventiva, la resolución emitida conlleva una arbitrariedad que vulnera los derechos previstos por la Constitución Política del Estado.

III.2. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso

El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso; asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema. Bajo esa comprensión, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se constituye en un medio para asegurar en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados, no agotan el contenido del debido proceso, puesto que en atención el principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando. En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; empero, esta idea general no es limitativa respecto de la 4 La jurisprudencia constitucional expresada en la SC 0902/2010-R de 10 de agosto, refiere respecto a los elementos que componen a la garantía general del debido proceso en los siguientes términos: “En consonancia con los tratados internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (SSCC 0082/2001-R, 0157/2001-R, 0798/2001-R, 0925/2001-R, 1028/2001-R, 1009/2003-R, 1797/2003-R, 0101/2004-R, 0663/2004-R, 022/2006-R, entre otras); sin embargo, esta lista en el marco del principio de progresividad no es limitativa, sino más bien enunciativa, pues a ella se agregan otros elementos que hacen al debido proceso como garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de este como medio para asegurar la realización del valor justicia, en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: "En opinión de esta Corte, para que exista "debido proceso legal" es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. (…) Es así como se ha establecido, en forma progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho Internacional" (las negrillas son nuestras).

Así configurado, es preciso recordar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino que es extensiva a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad (SSCC 0042/2004 y 1234/2000-R entre otras)”. 5 La SC 0486/2010-R de 5 de julio, en su F.J. III.4.1, señaló que: “De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente, es posible concluir que la congruencia como componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones: i. La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes. ii. La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión. pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.

De otra parte, respecto de la congruencia como principio constitucional en el proceso civil, se indica que: “…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia “ultra petita” en la que se incurre si el Tribunal concede “extra petita” para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; “citra petita”, conocido como por “omisión” en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.” (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438).

Es decir que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita” en los que el juez o tribunal decide cuestiones que han quedado consentidas y que no fueron objeto de expresión de agravios (extra petita); y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).

El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”. 6 La SCP 0055/2014 de 3 de enero en su F.J. III.2.2, estableció que: “La congruencia de las resoluciones judiciales integra los componentes del debido proceso. En ese contexto, a partir de una concepción doctrinal, su análisis se orienta desde dos acepciones: externa, entendida como principio rector de toda resolución judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y respuesta) y lo resuelto por las autoridades judiciales, sin que el juzgador tome en cuenta aspectos ajenos a la controversia; interna, porque entendida la Finalmente, a lo descrito corresponde efectuar una necesaria precisión en torno a la congruencia y su comprensión en el tratamiento y aplicación de las medidas cautelares por Tribunales de apelación según lo dispuesto por el art. 398 del CPP; que de acuerdo a la SCP 0077/2012, citada en el F.J.III.1 de este fallo constitucional, el mencionado art. 398 del CPP, no debe ser entendido en su literalidad respecto a remitirse solamente a los agravios y lo señalado por las partes como expresión literal de la congruencia exigida; sino que, dicha previsión debe ser interpretada de forma integral y sistémica en el sentido que, los referidos Tribunales de alzada, al momento de resolver impugnaciones relacionadas a la aplicación de medidas cautelares, no sólo se circunscribirán a los puntos impugnados (congruencia externa), sino que tienen el deber de compulsar integralmente todos los antecedentes y hechos a efectos de fundamentar y motivar debidamente sus resoluciones que dispongan el cese o la privación de libertad de los procesados, justificando objetivamente la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 de la citada Norma Adjetiva Penal, conforme requiere el art. 236.4 del referido precepto legal.

III.3. Sobre la protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género

resolución como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

En ese sentido, la uniforme jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, señaló: “…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.

(…).

De lo expuesto se confirma, que el órgano encargado de dictar la resolución, debe circunscribir su fallo a lo peticionado y no resolver más allá de lo pedido, que sería un pronunciamiento ultra petita, o, conceder algo distinto a lo solicitado por las partes, conocido en doctrina procesal como un pronunciamiento extra petita”. En el mismo sentido, la SC 0863/2003-R de 25 de junio, precisó que: “…el juez o tribunal ad quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”, entendimiento reiterado en las SSCC 1009/2003-R, 1312/2003-R y 0358/2010-R. Posteriormente, respecto a la pertinencia de las resoluciones pronunciadas por autoridades judiciales de segunda instancia, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, puntualizó: “…implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. En esa misma línea, la SC 2017/2010-R de 9 de noviembre, señaló: “…la pertinencia entre el recurso de apelación, resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista, es una condición esencial para asegurar a los justiciables que en la decisión de su recurso los superiores en grado tienen delimitado su campo de acción para emitir su resolución, limite que se expresa precisamente en la fundamentación de agravios prevista por el art. 227 del Código de Procedimiento Civil (CPC), como por el contenido de lo resuelto en la sentencia apelada, marco del cual el tribunal de alzada no puede apartarse”. Estos razonamientos fueron reiterados posteriormente en la SCP 0037/2012 de 26 de marzo y, desarrollados ampliamente en la SCP 1111/2012 de 6 de septiembre”.

La SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, en referencia a esta temática abordó un conjunto de razones respecto a las víctimas de violencia en razón de género que a continuación son descritas. Así, la antedicha jurisprudencia, resaltó la importante necesidad de precautelar los derechos del imputado y la víctima dentro de un proceso penal, que permite resolver el problema jurídico objeto del referido proceso penal en el marco del equilibrio de los derechos de ambos, pero particularmente cuando se trate de delitos de violencia contra la mujer; en dicho propósito, a efectos de explicar la búsqueda del mencionado equilibro entre los derechos de la víctima y del imputado en el Estado Constitucional y su análisis en las acciones de defensa. La precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, señaló que la SC 0815/2010-R, por un lado, argumentó que no obstante del ius puniendi del Estado, la víctima cobró una importancia trascendental a partir del art. 121 de la CPE, al prever que la misma tiene el derecho a ser oída antes de cada decisión judicial; por otro lado, citó los derechos de las víctimas como el acceso a la justicia y trato justo, establecidos en la Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia Para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que también se estableció una adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas7. En esa ruta, también citó a la SC 1388/2011-R de 30 de septiembre, para luego concluir que el equilibro buscado, también debía ser considerado en las acciones de defensa emergentes de los procesos penales, especialmente cuando los derechos del imputado y la víctima se hallan en conflicto, ello implica que las acciones de defensa no se pueden limitar a resolver el problema jurídico planteado, sino que debe examinarse el contexto y los derechos en conflicto –cuando corresponda-, más aun cuando se trate de violencia hacia las mujeres. Por su parte, respecto “del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y, el consiguiente deber del Estado y la sociedad de eliminar toda forma de violencia en razón de género”, la SCP 0017/2019-S2, esencialmente señaló que:

“La magnitud de la violencia contra las mujeres a nivel nacional e internacional y los resultados adversos que ocasiona a la víctima, pone de manifiesto el grave problema que la sociedad enfrenta. Detrás de estos cuadros de violencia contra la mujer, se devela una discriminación estructural, resultante de categorías, roles y diferencias culturales y sociales, donde predominó y continúa predominando una visión patriarcal; es decir, la posición subordinada de la mujer respecto del varón, se origina en una estructura social construida sobre la base de un modelo de masculinidad hegemónica; ya que en el caso de la mujer, no existen razones naturales o biológicas que la releguen a una posición de subordinación o dependencia; puesto que, su situación no es asimilable a otros sectores poblaciones, que por sus características físicas o psíquicas resultan vulnerables. Sin embargo, la construcción cultural y social vista desde una visión patriarcal, es la que tiende a situarla en un escenario de desigualdad. Ahora bien, la violencia de género, se presenta como un reflejo de esta situación de desigualdad, basada en la distribución de roles sociales que fueron transcendiendo históricamente; lo cual, engloba a las diversas aristas que adquiere la violencia contra la mujer, que según el espacio físico o personal en el que ocurre el hecho de violencia, comprende aquella que la mujer sufre en el ámbito doméstico o familiar. Ello demuestra que la violencia hacia las mujeres, y en particular, la violencia en el seno familiar, no es un problema que deba resolverse entre particulares, por la trascendencia y connotación social que adquirió, como una violación a los derechos humanos de las mujeres y los demás miembros del núcleo familiar, que limita el desarrollo pleno de sus potencialidades, y que el Estado no puede desatender. Estos aspectos fueron visibilizados en la comunidad internacional; así, la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, establece: “…la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos (…).”8.

Efectuada dicha reflexión, la jurisprudencia constitucional que se describe, comentó que a través del art. 15 de la CPE, por un lado se incluyó el reconocimiento de los derechos de las mujeres a vivir libres de violencia y, por otro, el deber del Estado de adoptar las medidas necesarias para combatir ese tipo de violencia de género; en ese marco, precisó que una de las pautas que guían a la justicia constitucional, es el principio de interpretación conforme a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, a partir de lo dispuesto por los arts. 13 y 256 de la Norma Suprema, siempre que el reconocimiento o interpretación que derive de estas disposiciones contengan un estándar de protección más favorable al derecho. En mérito a dicho razonamiento y en base a lo dispuesto por el Comité Para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés); el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará); el precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Gonzáles y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, “Sentencia de 16 de noviembre de 2009”, sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas; y, la Ley 348, permitió a la SCP 0017/2019-S2 identificar algunos estándares importantes aplicables al derecho de las mujeres a vivir libres de violencia consistentes en: a) La obligación del Estado de actuar con la debida diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, incluyendo en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas –entre otras- para además erradicar dicha violencia y proteger a las víctimas; b) Protección a las víctimas; c) Sensibilidad de la justicia por temas de género; y, d) Reparación integral a la víctima. Seguidamente, la SCP 0017/2019-S2, refiriéndose a “las normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos pro hechos de violencia en razón de género“, expresó que los estándares señalados precedentemente, deben guiar la actuación en el servicio público de las diferentes instancias y reparticiones del Estado, añadiendo que conforme a la Ley 348, esos estándares deben ser aplicados de manera exclusiva en los procesos judiciales -en especial penales- y administrativos, por violencia en razón de género, citando al efecto el art. 45 de la mencionada Ley 348, que prevé garantías para el ejercicio de los derechos de las mujeres en situación de violencia como: El acceso a los servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el conocimiento de esa situación por parte de las diferentes autoridades que atiendan esos casos; Protección de la dignidad e integridad de la víctima, evitando la revictimización y un eventual maltrato; la averiguación de la verdad; y, La reparación del daño y prevención de la reiteración de los actos de violencia. Prosiguiendo con la identificación de la normativa especial aplicable, la reiterada SCP 0017/2019-S2, estableció que:

“La misma Ley 348, en el Capítulo II sobre las Investigaciones -del mismo Título I-, en su art. 59, dispone que la investigación debe ser seguida de oficio, independientemente del impulso de la denunciante; norma que está vinculada directamente con la consideración de la violencia en razón género dentro del ámbito público y no privado; por ello, aun la víctima desista o abandone la investigación, el Ministerio Público debe seguirla de oficio; por ello, no es sostenible rechazar denuncias por falta de colaboración de la víctima, o porque ésta, una vez efectuada la denuncia, no volvió a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) o del Ministerio Público; pues, dichas afirmaciones vulneran no solo la norma expresa contenida en el citado art. 59 de la Ley 348, sino también, el principio de la debida diligencia; la obligación internacional del Estado de investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia hacia las mujeres; y, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia” (resaltado corresponde a la fuente).

De igual forma, señaló que el art. 61 de la Ley 348, añadió más tareas al Ministerio Público en casos de violencia de género contra la mujer, para ello, citó las siguientes:

1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito. 2. Recolección de las pruebas necesarias, como responsable de la investigación de delitos de violencia en razón de género, sin someter a la mujer a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes que no sean los imprescindibles, debiendo recurrir a métodos de investigación alternativa, científica y con apoyo de la tecnología, a fin de averiguar la verdad. 3. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. En caso de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos, así como por el tratamiento médico y psicológico que la mujer requiera; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios del Sistema de Atención Integral de su jurisdicción (el resaltado es agregado).

Luego, la referida jurisprudencia describió los principios procesales que rigen los hechos de violencia contra las mujeres desarrollados en el art. 86 de la Ley 348; para despues señalar que en el marco del art. 87.4 de la mencionada Ley 348, en todos los procedimientos administrativos, judiciales e indígena originario campesinos (IOC) se aplicará entre otras 9“Artículo 86 (PRINCIPIOS PROCESALES). En las causas por hechos de violencia contra las mujeres, las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales: 1. Gratuidad. Las mujeres en situación de violencia estarán exentas del pago de valores, legalizaciones, notificaciones, formularios, testimonios, certificaciones, mandamientos, costos de remisión, exhortes, órdenes instruidas, peritajes y otros, en todas las reparticiones públicas. 2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento. 3.Oralidad. Todos los procesos sobre hechos de violencia contra las mujeres deberán ser orales. 4. Legitimidad de la prueba. Serán legítimos todos los medios de prueba y elementos de convicción legalmente obtenidos que puedan conducir al conocimiento de la verdad. 5.Publicidad. Todos los procesos relativos a la violencia contra las mujeres serán de conocimiento público, resguardando la identidad, domicilio y otros datos de la víctima. 6.Inmediatez y continuidad. Iniciada la audiencia, ésta debe concluir en el mismo día. Si no es posible, continuará durante el menor número de días consecutivos. 7.Protección. Las juezas y jueces inmediatamente conocida la causa, dictarán medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia. 8.Economía procesal. La jueza o juez podrá llevar a cabo uno o más actuados en una diligencia judicial y no solicitará pruebas, declaraciones o peritajes que pudieran constituir revictimización. 9.Accesibilidad. La falta de requisitos formales o materiales en el procedimiento no deberá retrasar, entorpecer ni impedir la restitución de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables. 10.Excusa. Podrá solicitarse la excusa del juez, vocal o magistrado que tenga antecedentes de violencia, debiendo remitirse el caso inmediatamente al juzgado o tribunal competente. 11.Verdad material. Las decisiones administrativas o judiciales que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, debe considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple. 12.Carga de la prueba. En todo proceso penal por hechos que atenten contra la vida, la seguridad o la integridad física, psicológica y/o sexual de las mujeres, la carga de la prueba corresponderá al Ministerio Público. 13.Imposición de medidas cautelares. Una vez presentada la denuncia, la autoridad judicial dictará inmediatamente las medidas cautelares previstas en el Código Procesal Penal, privilegiando la protección y seguridad de la mujer durante la investigación, hasta la realización de la acusación formal. En esta etapa, ratificará o ampliará las medidas adoptadas. 14.Confidencialidad. Los órganos receptores de la denuncia, los funcionarios de las unidades de atención y tratamiento, los tribunales competentes y otros deberán guardar la confidencialidad de los asuntos que se someten a su consideración, salvo que la propia mujer solicite la total o parcial publicidad. Deberá informarse previa y oportunamente a la mujer sobre la posibilidad de hacer uso de este derecho. 15.Reparación. Es la indemnización por el daño material e inmaterial causado, al que tiene derecho toda mujer que haya sufrido violencia (el resaltado es nuestro)”.

la siguiente directriz: “Obligación de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de todos los hechos que constituyan violencia hacia las mujeres” (resaltado añadido); asimismo, añadió que esa obligación, se complementa con el art. 90 de la mencionada ley respecto a que los delitos son de acción pública, cuya investigación y sanción es de oficio, alcance que según la jurisprudencia que se trata, se refuerza con el art. 94 de la Ley 348 al disponer que:

“Ninguna mujer de be tener la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación de violencia; será el Ministerio Público quien, como responsable de la investigación de los delitos, reúna las pruebas necesarias, dentro el plazo máximo de ocho (8) días bajo responsabilidad, procurando no someter a la mujer agredida a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes, careos que constituyan revictimización. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. Si se tratara de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios gratuitos de los Servicios Integrales de Atención. La o el Fiscal deberá acortar todos los plazos de la etapa preparatoria hasta la acusación en casos de violencia contra la mujer por su situación de riesgo" (las negrillas corresponden al texto original).

En ese marco, la jurisprudencia constitucional que es revisada, precisó que en apego a los estándares internacionales e internos sobre la protección de mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia, que conlleva una investigación de oficio, con celeridad, protección inmediata, y el hecho que la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público y no a la víctima; para luego, concluir que, en la adopción de medidas cautelares, como en el establecimiento de los criterios de peligro para la víctima previstos en el art. 234.10 del CPP, se debe privilegiar la protección y seguridad de la mujer, conforme lo reflexionado en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, bajo los siguientes términos:

“a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante”.

Finalmente, la SCP 0017/2019-S2, respecto del “enfoque integral del problema jurídico en casos de violencia en razón de género en las acciones de defensa”, señaló que,

“Los principios y garantías procesales a favor de las víctimas mujeres de violencia, que fueron descritos en el anterior Fundamento Jurídico, no solo se aplican a los procesos penales, sino, como manda la misma Ley 348, a todas las causas por hechos de violencia contra las mujeres, en todas las materias; consiguientemente, también en la justicia constitucional; pues, en el marco de lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia, es obligación del Tribunal Constitucional Plurinacional, analizar el problema jurídico planteado en las acciones de defensa de manera integral, considerando los derechos de las partes en conflicto; más aún, tratándose de casos que emerjan de hechos de violencia en razón de género; pues en éstos asuntos, aun el peticionante de tutela sea el imputado, corresponderá analizar el contexto del proceso penal, para verificar si se cumplieron los estándares internacionales e internos respecto a la protección de los derechos de las mujeres; de lo contrario, se cohonestaría actuaciones contrarias a la normativa internacional e interna; incumpliendo con las responsabilidades internacionales asumidas por el Estado boliviano” (el resaltado es añadido).

En ese, marco, añadió que el razonamiento precedente condice con el art. 180.I de la CPE, respecto al principio de verdad material en el entendido que el juzgador debe buscar la paz social, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos encontrando la verdad de los hechos, por encima de los ritualismos procesales, cuya finalidad sea el acceso a la justicia material, en el marco de los estándares internacionales de la Corte IDH y lo regulado en el art. 86.11 de la Ley 348.

Consecuentemente, y en base a dichas reflexiones constitucionales, la citada SCP 0017/2019-S2, concluyó en el sentido que:

“…en las acciones de defensa que emerjan de procesos judiciales o administrativos en los que se debatan hechos de violencia hacia las mujeres, la justicia constitucional está obligada a efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso; pues, solo de esta manera, se podrá dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y se respetarán los derechos de las víctimas de violencia en razón de género, entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, así como a una vida libre de violencia”. De todo lo descrito y desarrollado por la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, citado y precisado en esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que, esta contiene reflexiones constitucionales con un enfoque interseccional, que contribuyen en la tarea de reforzar y garantizar la protección de las mujeres, víctimas de violencia conforme al bloque de constitucionalidad y la normativa nacional; lo cual, sin duda alguna, las sitúan dentro el ámbito de la doctrina del estándar más alto respecto a la protección de estos grupos altamente vulnerables; extremo, que conlleva a que dichos razonamientos, deben ser aplicados por las instancias investigativas (policiales y fiscales) y jurisdiccionales en todos los casos en los que se advierta como víctimas a mujeres; cumpliendo de esta forma, con las exigencias internacionales a nuestro Estado, respecto de la obligación de actuar con la debida diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, guiados a una finalidad mayor que es la erradicación total de la violencia y protección a las víctimas.

III.4. Análisis del caso concreto

La parte accionante denunció como lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa, a la justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones y al principio de inocencia; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la supuesta comisión del delito de abuso sexual, mediante Auto de Vista de 21 de marzo de 2022: i) La Vocal demandada pese a que la parte civil así como el Fiscal de Materia realizaron una “mermada” argumentación indicando que el fallo de primera instancia carecía de fundamentación legal indicando únicamente la inexistencia de una Sentencia Constitucional que hizo referencia el Juez a quo, provocó que dicha autoridad ingrese en error haciéndole creer que la jurisprudencia constitucional obligaría al juzgador establecer que la existencia de un riesgo procesal obligaba aplicar medidas menos gravosas que la detención preventiva, extremo que no fue considerado de esa manera por el Juez a quo, por el contrario se hizo referencia a que debe valorar de forma objetiva todos los elementos de prueba; ii) De igual forma hizo una valoración ultra petita, siendo que ninguna de las partes intervinientes -parte civil y Ministerio Público- alegaron de forma clara cuál sería el agravio sufrido en la Resolución de 23 de enero de 2022, ya que de forma extraña y hasta desafiante con la norma procesal penal revocó dicho fallo y en consecuencia ordenó su detención preventiva argumentando con las propias observaciones realizadas por la parte civil y el Fiscal de Materia; y, iii) Finalmente de forma arbitraria ordenó su detención preventiva por el plazo de noventa días, por lo que al observarse los parámetros para considerar dicho plazo, de forma textual refirió que “más bien le estoy favoreciendo”, aspecto que no entiende cual sería el favor que le estaría haciendo para fijar ese plazo y no referir cuales serían los actos pendientes a ser realizados por el Ministerio Público. De la revisión de antecedentes se tiene al Acta de audiencia de recurso de apelación incidental de medidas cautelares de 21 de marzo de 2022, llevado a cabo en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Oscar Felipe Quispe Quisberth, ahora accionante, por la supuesta comisión del delito de abuso sexual en la cual, la parte accionante luego de la intervención del Ministerio Público y la parte civil contestó y argumentó su recurso de apelación incidental; al efecto, la Vocal demandada por Auto de Vista de la citada fecha, luego de describir los antecedentes del caso referidos a los argumentos del representante del Ministerio Publico, la defensa de la víctima, los argumentos del imputado, el análisis del caso concreto, en aplicación de los arts. 115. II, 178 y 180 de la CPE, 251 y 398 del CPP, declaró: admisible e improcedente el recurso de apelación interpuesto por el imputado Oscar Felipe Quispe Quisbert; admisible y procedente parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y la parte civil; y, en consecuencia se revocó la Resolución 11/2022 de 23 de enero, revocándose las medidas cautelares de carácter personal que impuso el Juez a quo y ordenó la detención preventiva del prenombrado en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; toda vez que, se encuentran latentes los riesgos procesales establecidos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, por el plazo de 90 días (Conclusión II.1 y II.2).

Con esos antecedentes, en consideración a las problemáticas presentadas por la parte ahora accionante, se tiene que:

III.4.1. Sobre la problemática consignada en el inc. i)

En este punto, el accionante denunció que la Vocal demandada mediante Auto de Vista de 21 de marzo de 2022, pese a que la parte civil así como el Fiscal de Materia realizaron una “mermada” fundamentación indicando que el fallo de primera instancia carecía de fundamentación legal indicando únicamente la inexistencia de una Sentencia Constitucional que hizo referencia el Juez a quo, provocó que dicha autoridad ingrese en error haciéndole creer que la jurisprudencia constitucional obligaría al juzgador establecer que la existencia de un riesgo procesal obligaba aplicar medidas menos gravosas que la detención preventiva, extremo que no fue considerado de esa manera por el Juez a quo, por el contrario se hizo referencia a que debe valorar de forma objetiva todos los elementos de prueba. De la problemática descrita en el párrafo precedente, claramente se denota que reclama la lesión del debido proceso en su elemento de fundamentación y motivación en la Resolución que dispuso la revocatoria de sus medidas cautelares, respecto al cual la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, señala que dichos elementos del debido proceso no sólo son exigibles al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determina la sustitución o modificación de esa medida; o, finalmente, cuando se la revoca; y que, esa labor no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos lógico-jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes.

En ese marco, de la revisión y lectura del Auto de Vista impugnado no es evidente que la Vocal demandada hubiera incurrido en error; ya que luego de identificar los agravios expresados por el Ministerio Público y la parte civil, como uno de los puntos, se reclamó que el Juez a quo sin señalar una Sentencia se limitó en señalar que existe línea jurisprudencial que señalaría que, cuando concurre un solo riesgo procesal obligaba aplicar medidas menos gravosas a la detención preventiva; extremo sobre el cual la Autoridad demandada advierte una falta de fundamentación porque el Juez a quo respecto al riesgo procesal inmerso en el art. 235.2 del CPP, solo mencionaría que existe línea jurisprudencial cuando eso no sería cierto; es decir que, no existe jurisprudencia que establezca que por un solo riesgo procesal no debe considerarse una detención, porque la sentencia fue modulada por la SCP 0377/2019-S2 de 14 de junio y otras, que indican que debe realizarse una valoración integral de los elementos aportados, y que como se está empezando la investigación, lógicamente existen testigos, peritos y la misma victima que debe prestar su declaración ante el juicio oral que conlleva, toda una investigación después de la etapa preparatoria. Lo descrito en el párrafo anterior, claramente denota una debida fundamentación y motivación; toda vez que, la Autoridad demandada respecto a la fundamentación que implica la cita de normas o jurisprudencia aplicable, citando el art. 235.2 del CPP referido al riesgo de obstaculización, además de la SCP 0377/2019-S2 de 14 de junio, con argumentos lógico-jurídicos o motivación explicó que no es evidente lo mencionado por el Juez a quo en sentido de que existiría línea jurisprudencial que señalaría que por un solo riesgo procesal obligaba aplicar medidas menos gravosas que la detención preventiva, siendo que ese entendimiento hubiera sido modulado por la referida sentencia constitucional que establecería que más bien debe hacerse una valoración integral de los elemento probatorios aportados por las partes, y que como en el caso estaba iniciándose la investigación, lógicamente existen testigos, peritos y la propia víctima que debe prestar su declaración en un eventual juicio oral, podían ser influenciados negativamente en el caso; aspecto que, a su vez hace viable denegar la tutela respecto a la presente problemática porque la Autoridad demandada tal como se tiene precisado con un debido sustento legal explicó que lo argumentado por el Juez en relación a la concurrencia de un solo riesgo procesal que implicaría aplicar medidas menos gravosas a la detención preventiva, conforme a la reciente jurisprudencia precitada no era evidente, siendo que debe realizarse un análisis integral de la pruebas en el caso concreto.

III.4.2. Sobre la problemática consignada en el inc. ii)

En este punto reclama que la Vocal demandada, mediante Auto de Vista de 21 de marzo de 2022, de igual forma hizo una valoración ultra petita, siendo que ninguna de las partes intervinientes -parte civil y Ministerio Público- alegaron de forma clara cuál sería el agravio sufrido en la Resolución de 23 de enero de 2022, ya que de forma extraña y hasta desafiante con la norma procesal penal revocó dicho fallo y en consecuencia ordenó su detención preventiva argumentando con las propias observaciones realizadas por la parte civil y el Fiscal de Materia. Al respecto, la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional ha señalado que la congruencia como principio característico del debido proceso es entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo considerado y lo resuelto, pero además, esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un análisis integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la Resolución, dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido. Además, conforme al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, en apelación de medidas cautelares la autoridad judicial con una debida fundamentación y motivación debe analizar de forma íntegra todos los elementos probatorios que permitan la necesidad de modificar, rechazar las medidas cautelares. En ese marco, de la revisión del Auto de Vista impugnado se advierte que en el primer CONSIDERANDO se describen los agravios expresados por el Ministerio Publico y la parte civil referidos a la falta de fundamentación en el Auto interlocutorio respecto a la probabilidad de autoría inmerso en el art. 233.1 del CPP (delito de abuso sexual) y los riesgos procesales de fuga y obstaculización previstos en los arts. 234.1 y 7; 235.1, 2 y 3 del CPP, a continuación señalando la respuesta a los agravios expresados por el Fiscal de Materia y la víctima así como los argumentos del recurso de apelación del imputado que pidió libertad irrestricta, en el tercer CONSIDERANDO se realiza el análisis del caso concreto, donde la Vocal demandada respondiendo a los cuestionamientos expresados por las partes respecto al art. 233.1 del CPP referido a la probabilidad de autoría, respondió señalando que conforme a la fundamentación de la imputación formal, el certificado médico forense que señala la lesión en su antebrazo derecho e izquierdo, el relato de la victima reflejado en la entrevista psicológica, advierte que el imputado (medico) el 21 de enero de 2022, cuando se aprestaban a ingresar al quirófano, en la parte del vestidor le empuja a la víctima (pasante) contra la pared le agarra de los brazos, le baja el barbijo, la besa a la fuerza y le toca su cuerpo, aspecto que se adecuaría al delito de abuso sexual previsto en el art. 312 del CP, al efecto citando una Sentencia de la CIDH caso Espinoza Gonzales vs Perú y la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio señaló que la declaración de la víctima esta concertado con el principio de verdad material siendo que sería una prueba fundamental en este tipo de delitos en el que no se requiere de certeza sino un mínimo de credibilidad por estar iniciándose la etapa investigativa. En relación al riesgo procesal de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP referido al peligro efectivo para la sociedad o la víctima reclamado por el Ministerio Publico, la Autoridad demandada, respondió señalando que dicho peligro procesal está latente porque el imputado al ser médico, que trabaja en la entidad donde la victima está haciendo sus prácticas como pasante en el área ginecológica, el nombrado utilizando su superioridad y relación de dependencia, siendo que le había tomado de los brazos, le hubiera bajado el barbijo y besado y tocado su cuerpo, este extremo sería suficiente para indicar que existe un riesgo para la víctima, que el Juez a quo había obviado garantizar su derecho que está previsto en el art. 15.II de la CPE, donde toda autoridad conforme a la SCP 0001/2019-S2 de 15 de enero, esta obligado a dar la protección reforzada a mujeres que están en este grupo vulnerable a fin de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Respecto al riesgo procesal de obstaculización inmerso en el art. 235.2 del CPP, referido a que el imputado amenace o influya negativamente en los testigos, peritos, victima alegado por la parte civil, la Vocal demandada, respondió señalando el art. 235.2 del CPP referido al riesgo de obstaculización, explica que no es evidente lo mencionado por el Juez a quo en sentido de que existiría línea jurisprudencial que señalaría que por un solo riesgo procesal obligaba aplicar medidas menos gravosas que la detención preventiva, siendo que ese entendimiento hubiera sido modulado por la SCP 0377/2019-S2 de 14 de junio, que establecería que más bien debe hacerse una valoración integral de los elemento probatorios aportados por las partes, y que como en el caso estaba iniciándose la investigación, lógicamente existen testigos, peritos y la propia víctima que debe prestar su declaración en un eventual juicio oral, podían ser influenciados negativamente en el caso.

En ese contexto conforme lo descrito y señalado precedentemente, se advierte que la Autoridad demandada declaró admisible e improcedente el recurso de apelación del ahora accionante y admisible y procedente parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y la parte civil, y, en consecuencia revocó la Resolución del a quo, a así como revocó las medidas cautelares y ordenó la detención preventiva del imputado por el plazo de noventa días, todo ello tal como se tiene precisado en forma precedente, lo hizo con una debida congruencia, que además de responder a los agravios del Ministerio Publico y la parte civil, también contestó debidamente a los argumentos y agravios del imputado, aspecto que hace viable denegar la tutela sobre el presente objeto procesal. Al margen de todo lo señalado, siendo que los criterios del enfoque de género y el juzgamiento con perspectiva de género (Fundamento Jurídico III.3.), se constituyen actualmente en directrices imprescindibles a ser consideradas en todos los niveles del sistema de administración o impartición de justicia; debe exhortarse a toda autoridad que ejerce jurisdicción -en el presente caso a la autoridad jurisdiccional que dirige el proceso penal seguido contra el accionante- a que en el ejercicio de sus funciones, potestades y deberes, tal como lo hizo la Autoridad judicial demandada al emitir el Auto de Vista impugnado, en el que citando la SCP 0001/2019-S2 de 15 de enero -que hace alusión al Convenio de Belém do Pará- señaló que está obligado a dar protección reforzada a mujeres que están es ente grupo vulnerable; aspecto que no significa que la juzgadora o juzgador comprometa su imparcialidad y sometimiento a la Constitución Política del Estado y la Ley, sino que siga las directrices del citado Convenio.

III.4.3. Sobre la problemática consignada en el inc. iii)

En este punto el accionante denunció que la Vocal demandada mediante Auto de Vista de 21 de marzo de 2022, de forma arbitraria ordenó su detención preventiva por el plazo de noventa días, por lo que al observarse los parámetros para considerar dicho plazo, de forma textual refirió que “más bien le estoy favoreciendo”, aspecto que no entiende cual sería el favor que le estaría haciendo para fijar ese plazo y no referir cuales serían los actos pendientes a ser realizados por el Ministerio Público. Al respecto, cabe primeramente precisar que de la revisión del acta de audiencia y el Auto de Vista impugnado y su Auto de complementación y enmienda de 21 de marzo de 2022, no es evidente que la Autoridad judicial le haya indicado que le estuviera favoreciendo; sin embargo en relación al reclamo de una arbitraria determinación de otorgarle noventa días de detención preventiva, se infiere que lo que se denuncia es la lesión del debido proceso en su elemento de fundamentación y motivación, sobre el cual en estricta aplicación de la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, realizando una lectura integra del Auto de Vista y el Auto de complementación y enmienda se tiene que la Vocal demandada ciertamente incurrió en la vulneración del debido proceso en sus elementos señalados; toda vez que, ante el reclamo de que se explique y complemente sobre las razones por las cuales le estaba imponiendo el plazo de 90 días de detención preventiva, la Autoridad judicial de forma arbitraria, sin sustento legal ni razonamiento lógico-jurídico o motivación se limitó en señalar que en vista de que el Fiscal de Materia solicitó permiso para asistir a otra audiencia, entonces no puede dejarse en incertidumbre el plazo de detención y que no podría referirse a los actos de investigación a realizarse en ese plazo; es decir que, no explica con un sustento legal porque le estaba otorgando el plazo mínimo de noventa días de detención preventiva y que actuados investigativos se debía realizar en ese lapso de tiempo, correspondiendo a esos efectos conceder la tutela impetrada por la lesión al debido proceso. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada obró de forma parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 02/22 de 24 de marzo de 2022, cursante de fs. 15 a 16 vta.; pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto al reclamo del plazo de la detención preventiva, por lo que se deja sin efecto el Auto de Vista y el Auto de complementación y enmienda de 21 de marzo de 2022 a fin de que la Vocal demandada emita un nuevo con la debida fundamentación y motivación, sea conforme los fundamentos del presente fallo constitucional. 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto al primer y segundo objeto procesal conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

1 “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla” (el resaltado nos corresponde).

2 El art. 398 del CPP señala que: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”

3 El art. 236 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, vigente desde el 4 de noviembre del mismo año, señala: “El auto que disponga la aplicación de una medida cautelar personal, será dictado por la jueza, el juez o tribunal del proceso y deberá contener: 1. Los datos personales del imputado o su individualización más precisa; 2. El número único de causa asignada por el Ministerio Público y la instancia jurisdiccional correspondiente; 3. Una sucinta enunciación del hecho o hechos que se le atribuyen; 4. La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la medida, con las normas legales aplicables; 5. El lugar de su cumplimiento; 6. El plazo de duración de la medida”.

7 “En el marco de dicho derecho, la referida Declaración señala también que: 6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas: a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información; b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente; c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial; d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia; e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas. (…) [las negrillas son agregadas].

I.1. 8Preámbulo de la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 48/104 del 20 de diciembre de 1993. I.2. Disponible en: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx I.3.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1312_2023-S1.pdf · páginas 1 a 33.

Huella digital del PDF (SHA-256): f2337074786787ceb2e39c6b539e6da59a03bb8ae339b62cfa22b8ddd956cbae

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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