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SCP 1311/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 5 de agosto de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
5 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
65168-2024-131-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 101/2024 de 6 de mayo, cursante de fs. 17 a 19, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres y Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el deber de control jurisdiccional y celeridad en causas con personas privadas de libertad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1311/2026-S2 Sucre, 5 de agosto de 2026 JURISPRUDENCIA REITERADA - Control jurisdiccional SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 65168-2024-131-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 101/2024 de 6 de mayo, cursante de fs. 17 a 19, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Iver Hugo Zapana Aruquipa en representación sin mandato de Brandow Jhonatan López Zegarrundo contra Sandra Vargas Gutiérrez, Secretaria; y, Jharet Félix Vela Chambi, Auxiliar ambos del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Sexto de El Alto del departamento de La Paz.

I. OBJETO PROCESAL

El accionante, a través de su representante sin mandato, denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la libertad y a la petición, así como del principio de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio en grado de complicidad, se encuentra con detención preventiva en el Centro Penitenciario Qalauma de La Paz; en estas circunstancias, solicitó cesación a la detención preventiva, cuya audiencia se llevó a cabo el 29 de marzo de 2024, emitiéndose la correspondiente resolución, mediante la cual se determinó rechazar su solicitud. Ante ello, interpuso recurso de apelación conforme al art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), disponiéndose la remisión de antecedentes al Tribunal ad quem; sin embargo, transcurrió más de un mes hasta la presentación de esta acción de libertad, sin que dicha apelación fuera remitida, pese al seguimiento constante realizado ante el juzgado; por lo que, solicitó se conceda la tutela y se ordene que de manera inmediata se remita el recurso de apelación al Tribunal de alzada. Sandra Vargas Gutiérrez, secretaria del citado Juzgado, argumentó que, el 6 de mayo de 2024, se intentó remitir la apelación; sin embargo, no fue recibida por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz por una supuesta demora en la hora de presentación; por lo que, no se concretó la remisión. Jharet Félix Vela Chambi, auxiliar del indicado Juzgado, manifestó que, el 6 de mayo de 2024 se apersonó ante la referida Sala a efectos de remitir el recurso de apelación dispuesto mediante Auto Interlocutorio 157/2024 de 29 de marzo; no obstante, no se recibió el mismo, toda vez que el personal indicó que estaban revisando cuadernos, que no aceptarían más y que no debía insistir, puesto que se encontraban en audiencia; de manera que, no pudo realizar la remisión. EL Juez de garantías, concedió la tutela impetrada, disponiendo la remisión del recurso de apelación al Tribunal de Alzada, en el día. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. TRÁMITE PROCESAL

En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se determinó la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Por ello, el formato del presente fallo se ajusta a lo precedentemente determinado.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. Sobre el deber de control jurisdiccional y celeridad en causas con personas privadas de libertad

Los arts. 115.II, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado consagran los principios de debido proceso, seguridad jurídica, celeridad y tutela judicial efectiva, imponiendo a las autoridades jurisdiccionales el deber de garantizar una administración de justicia pronta, oportuna y sin dilaciones indebidas. En materia penal, dicho deber adquiere mayor relevancia cuando el imputado se encuentra privado de libertad; pues, las autoridades judiciales tienen la obligación de ejercer control jurisdiccional permanente sobre la legalidad y vigencia de la detención preventiva, así como de tramitar con la debida diligencia todas las actuaciones relacionadas con la situación jurídica del procesado. Con base en ello, la SCP 0561/2024-S2 de 5 de septiembre estableció que: “…dentro de un enfoque de aplicación genérica tanto la autoridad judicial que conoce determinada causa penal como el juez de ejecución penal, tienen la atribución y deber de constituirse en garantes del respeto y vigencia de los derechos y garantías constitucionales y/o convencionales de las y los privadas/os de libertad, en el marco de cuya labor de ejercicio del control jurisdiccional, queda afianzado que cualquier situación o circunstancia que pudiese considerarse atentatoria a los mismos, debe ineludiblemente ser puesta a conocimiento de una de dichas autoridades judiciales -según sea pertinente-” (las negrillas fueron añadidas). En este sentido inicialmente el deber de los jueces de instrucción en lo penal de realizar el control jurisdiccional facultad que, conforme a la Sentencia Almonacid Arellano vs. Chile de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solo se debe realizar respecto al Ministerio Público y la Policía (art. 279 del CPP) sino también frente a terceros como testigos, peritos, etc. y respecto a su propio personal auxiliar, como sucede con secretarios, notificadores y auxiliares. Por ello mismo el art. 135 del CPP establece que el: “El incumplimiento de los plazos establecidos en este Código dará lugar a la responsabilidad disciplinaria y penal del funcionario negligente”; precepto concordante con la falta establecida en el art. 187.2 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) que señala como falta: “No promueva la acción disciplinaria contra su personal auxiliar, estando en conocimiento de alguna falta grave” lo que denota el poder de control y el deber de resguardo de derechos y garantías de las autoridades judiciales sobre su personal. El reconocimiento de las autoridades judiciales como recurso idóneo frente al personal auxiliar en la jurisprudencia boliviana se produce incluso desde la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, salvo se presenten subreglas como sucede en casos en los que se afecta el derecho a la vida, menores de edad, etc.

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la libertad y a la petición, así como del principio de celeridad; toda vez que, habiendo interpuesto recurso de apelación incidental contra la resolución que rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva, éste no fue remitido al Tribunal de alzada dentro del plazo legal de veinticuatro horas, habiendo transcurrido más de un mes hasta la interposición de la presente acción de libertad. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se advierte que se demanda directamente a la secretaria y al auxiliar, del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Sexto de El Alto del departamento de La Paz, denunciando la falta de remisión del recurso de apelación incidental. Al respecto, la secretaria demandada argumentó que se intentó remitir la apelación el 6 de mayo de 2024, empero no fue recibida por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por una supuesta demora en la hora de presentación; asimismo que el auxiliar codemandado manifestó que el personal de dicha Sala indicó que se encontraban revisando cuadernos y en audiencia, y que por ello ya no recibirían más expedientes, por lo que no se pudo concretar la remisión. Conforme se tiene expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la autoridad jurisdiccional -en este caso, el Juez de Instrucción en lo Penal- es quien, en su condición de director del proceso, ejerce la dirección, control y supervisión de todos los actos procesales desarrollados en su despacho, no solo de la actuación del Ministerio Público y de la Policía, sino también del personal de apoyo jurisdiccional que cumplen funciones de carácter administrativo. Esta facultad de supervisión y resguardo de derechos se sustenta en que cualquier situación o circunstancia atentatoria a los derechos de las partes debe ser ineludiblemente puesta en conocimiento de la autoridad que ejerce el control jurisdiccional de la causa. Asimismo, el art. 135 del CPP establece que el incumplimiento de los plazos procesales dará lugar a la responsabilidad disciplinaria del funcionario negligente, precepto concordante con la falta grave prevista en el art. 187.2 de la LOJ, que impone al juez el deber de promover la acción disciplinaria contra su personal auxiliar.

En el caso concreto, si bien el accionante se encuentra con detención preventiva y existió una dilación administrativa en la remisión del cuaderno de apelación ante el Tribunal de alzada, no se advierte en antecedentes que el impetrante de tutela hubiera acudido previamente ante el Juez de la causa, a efectos de reclamar la dilación administrativa denunciada o exigir el control jurisdiccional respectivo, sobre la secretaria y el auxiliar de su despacho. Al no haberse agotado estos mecanismos de reclamo idóneos dentro del jurisdicción ordinaria con carácter previo a activar la justicia constitucional, este Tribunal se encuentra impedido de ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada; correspondiendo, en consecuencia, denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la impetrada, actuó de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 101/2024 de 6 de mayo, cursante de fs. 17 a 19, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres y Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1311_2026-S2.pdf · páginas 1 a 5.

Huella digital del PDF (SHA-256): 220e240914b0295ccfcc04c747c328641e87b9b21ccd34d9f35d4e59e7bc8b88

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