Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 20 de octubre de 2025
Concede en parte la tutela
La impetrante de tutela denuncia la lesión del debido proceso en sus componentes motivación, fundamentación, congruencia y valoración de la prueba; toda vez que, en su condición de víctima dentro del proceso penal seguido por violencia familiar o doméstica contra Juan Carlos Salazar Muñoz -tercero interesado-, la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -demandada-, mediante Auto de Vista 696, modificó la Resolución de primera instancia, dejando sin efecto la detención preventiva del encausado y disponiendo en su lugar, la aplicación de medidas cautelares personales contempladas en el art. 231 bis núm. 1 al 9 del CPP; por lo que, solicitó se conceda la tutela, disponiendo: 1) Dejar sin efecto el Auto de Vista 667/22, emitido por la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, 2) Emitir nueva resolución conforme los argumentos y fundamentos de la Sentencia Constitucional Plurinacional que se dicte y sea confirmado el Auto Interlocutorio de 16 de noviembre de 2022, emitido por la Jueza Mixta, Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primera del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución S-72 de 6 de julio, cursante de fs. 82 vta., a 84 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada respecto a la denuncia de vulneración del debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, respecto a los riesgos previstos en los arts. 234.4 y 7; y, 235.2 del CPP, disponiendo: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 696 de 1 de diciembre de 2022, emitido por la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, b) La emisión de un nuevo pronunciamiento debidamente fundamentado y motivado por parte de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en base a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, siempre y cuando, por el transcurso del tiempo no se hubiera modificado la situación jurídica del encausado. 2° DENEGAR la tutela con relación al riesgo procesal contenido en el art. 234.1 del CPP, al debido proceso en sus elementos congruencia, así como valoración de la prueba en cuanto a la omisión denunciada, con los razonamientos expresados en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1310/2025-S3 Sucre, 20 de octubre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 58234-2023-117-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución S-72 de 6 de julio, cursante de fs. 82 vta., a 84 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Silvia Martha Cala Bellido contra Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal departamental de Justicia de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 1 de junio de 2023, cursante de fs. 59 a 64, la accionante manifestó que:
Dentro del proceso penal seguido contra Juan Carlos Salazar Muñoz -tercero interesado- por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP), el Ministerio Público presentó el 25 de agosto de 2022, imputación formal ante la Jueza Mixta, Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primera del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz; posteriormente, mediante Auto Interlocutorio 671/2022 de 24 de octubre, el encausado fue declarado rebelde, librándose por este motivo mandamientos de arraigo y de aprehensión en su contra. En este contexto, el 16 de noviembre de 2022 se celebró audiencia de consideración de medidas cautelares, en la que mediante Auto Interlocutorio 671/2022 de la misma fecha se dispuso la medida extrema de detención preventiva del tercero interesado en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz con base en el mandamiento de aprehensión emitido; no obstante, por Auto de Vista 696 de 1 de diciembre de 2022, la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora demandada- admitió y declaró procedente el recurso de apelación interpuesto por la defensa de este último, modificando lo resuelto en la resolución de primera instancia y, en consecuencia, dejó sin efecto la detención preventiva, disponiendo en su lugar la aplicación de medidas cautelares personales, comprendidas en el art. 231 bis núm. 1 al 9 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Dicha determinación fue asumida sin fundamentar ni motivar la contestación a los agravios expresados por el apelante en su recurso, a pesar de la oposición a estos por parte de su defensa; y, tampoco se fundamentó ni motivó porqué se consideró razonable la sustitución de la detención preventiva por otra medida cautelar menos gravosa, cuando existe la probabilidad de autoría y la concurrencia de riesgos procesales de fuga y obstaculización. Por último, no se valoraron elementos de convicción cursantes en el cuaderno de control jurisdiccional que fueron debidamente valorados por el Juez a quo y que fueron mencionados por su defensa en la audiencia de apelación, pues sirvieron para establecer la concurrencia de los riesgos de fuga previstos en el art. 234.1, 2 y 4 del CPP, como ser la declaración informativa del imputado, el memorial presentado por la hermana de este ante el Juez de la causa y el mandamiento de aprehensión en virtud a rebeldía declarada.
Denunció la lesión del debido proceso en sus componentes motivación, fundamentación, congruencia; citando al efecto, los arts. 115, 117.I y 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 667/22 de 1 de diciembre de 2022, emitido por la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, b) Emitir nueva resolución conforme los argumentos y fundamentos de la Sentencia Constitucional Plurinacional que se dicte y sea confirmado el Auto Interlocutorio de 16 de noviembre de 2022, emitido por la Jueza Mixta, Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primera del Plan 3000 del mismo departamento.
Celebrada la audiencia virtual el 6 de julio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 81 a 82 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado, ratificó los argumentos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolos señaló que: 1) Solicitó la aplicación del principio de presunción de veracidad en las acciones constitucionales, toda vez que la autoridad demandada no presentó informe escrito ni compareció a la audiencia para desvirtuar los hechos denunciados; 2) Expuso que, al ser víctima de violencia familiar o doméstica, la Jueza de instancia determinó la detención preventiva de su esposo -el tercero interesado-, al haberse acreditado la concurrencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización previstos en los arts. 234 núm. 1, 2, 4 y 7; y, 235 núm. 2 del CPP; 3) Alegó que el Auto de Vista 667/22, vulneró derechos fundamentales por las siguientes razones: 3.1) Respecto al domicilio y fuente laboral (art. 234.1 CPP) la autoridad demandada se limitó a sostener que las facturas de luz y agua no constituyen causal suficiente para negar domicilio del encausado, omitiendo valorar las contradicciones existentes entre la declaración voluntaria presentada por Ruth Muñoz -quien no es propietaria del inmueble-, tomando en cuenta que el documento alodial se encuentra a nombre de Carlos Salazar y las facturas de servicios a nombre de terceros; en relación al trabajo, el tercero interesado incurrió en contradicciones, pues primero manifestó no tener empleo; luego presentó memorial señalando que trabajaba en la empresa Sindegas; y posteriormente, en audiencia cautelar, exhibió contrato con la empresa Ilumina Group Bolivia Sociedad de Registro Limitado (S.R.L); aspecto que la Jueza de Instrucción valoró en su momento dichas inconsistencias y concluyó que no acreditaba fuente laboral; sin embargo, la Vocal demandada consideró que sí contaba con actividad lícita, sin advertir las contradicciones ni exigir documentación idónea como el Número de Identificación Tributaria (NIT) o la licencia de funcionamiento; 3.2) Con relación al art. 234.2 del CPP, la Vocal demandada sostuvo que, al existir domicilio, trabajo y familia, este riesgo se encontraba enervado; 3.3) En cuanto al art. 234.4 CPP, señaló que el encausado fue declarado rebelde en un proceso previo de divorcio y aprehendido con mandamiento, lo que evidenciaba su conducta procesal; no obstante, el Auto de Vista ahora recurrido sostuvo que no fue notificado de manera personal; argumento que la impetrante de tutela lo califica de arbitrario, puesto que el tercero interesado tenía pleno conocimiento del proceso y su abogado incluso presentó memoriales solicitando suspensión de audiencia; y, 3.4) Respecto al peligro de fuga y obstaculización (arts. 234.7 y 235.2 del CPP), la Vocal demandada reconoció su concurrencia; sin embargo, incurrió en contradicción al afirmar, por una parte, la existencia de elementos de autoría y de riesgos procesales suficientes para la detención preventiva y, por otra, otorgar medidas sustitutivas menos gravosas; 4) Enfatizó que el delito denunciado se encuentra contemplado en la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, cuyo art. 5.3 establece la aplicación preferente de esta normativa sobre cualquier otra;
y, 5) Argumentó que la autoridad judicial demandada desconoció la especialidad de la ley al aplicar los arts. 1 y 7 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, bajo el criterio de evitar el abuso de la detención preventiva, cuando el encausado apenas había cumplido quince días de reclusión.
Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentó informe escrito alguno, ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su legal notificación cursante a fs. 76 a 77.
Juan Carlos Salazar Muñoz en la audiencia de consideración de la acción tutear a través de su representante cursante a fs. 82, solicitó se deniegue la tutela manifestando que: i) Pidió la confirmación del Auto de Vista 696/2022, manteniéndose los derechos y obligaciones reconocidos en su favor; ii) Señaló que la peticiónate de tutela interpretó erróneamente el art. 234 del CPP al cuestionar el domicilio, puesto que si bien el inmueble pertenece al padre, ello no implica que carezca de domicilio, toda vez que habita y reside en dicho bien; iii) En cuanto al trabajo, indicó que, al momento de la denuncia, no tenía empleo, el cual perdió a raíz de su aprehensión; actualmente, además de ser estudiante de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), trabaja en la empresa Ilumina Group Bolivia S.R.L; aclaró que no es su responsabilidad verificar la legalidad de la empresa en relación con el NIT o la licencia de funcionamiento, sino cumplir con sus obligaciones contractuales y recibir la remuneración correspondiente; iv) Respecto al comportamiento procesal, sostuvo que la declaración de rebeldía respondió a deficiencias en las notificaciones, lo que le impidió apersonarse oportunamente; afirmó que, una vez informado, existieron impedimentos para su comparecencia; v) También manifestó que no existe peligro de obstaculización, dado que es estudiante, trabaja y reside en la casa de sus padres, careciendo de medios o condiciones para interferir en el proceso; y, vi) Finalmente, destacó que tanto la ley como la jurisprudencia constitucional disponen que debe evitarse el uso abusivo de la detención preventiva, privilegiando medidas menos gravosas, y añadió que ha cumplido estrictamente con las medidas dispuestas en el Auto de Vista impugnado.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución S-72 de 6 de julio, cursante de fs. 82 vta., a 84 vta., denegó la tutela solicitada. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: a) La Vocal demandada obró correctamente al haber protegido el derecho a la libertad que tiene todo ser humano; y, b) La resolución impugnada no vulneró el derecho fundamental al debido proceso tomando en cuenta que la autoridad judicial demandada ha obrado conforme a las garantías constitucionales en base al principio de progresividad de las garantías fundamentales.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, a instancia de Silvia Martha Cala Bellido -ahora accionante-, se llevó a cabo la audiencia de consideración de medidas cautelares personales ante la Jueza Mixta, Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primera del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz, quien mediante Auto Interlocutorio 671/2022 de 16 de noviembre, dispuso la detención preventiva de Juan Carlos Salazar Muñoz -tercero interesado-, por el plazo de noventa días en el Recinto Penitenciario Palmasola del mismo departamento, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; dicha decisión fue asumida al haberse acreditado la probabilidad de autoría y la concurrencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización previstos en los arts. 234.1, 2, 4 y 7; y, 235.2 del CPP; contra esa determinación, el encausado interpuso recurso de apelación incidental con fundamento en el art. 251 bis del CPP (fs. 13 vta. a 17 vta.). II.2. La Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -demandada- dictó el Auto de Vista 696 de 1 de diciembre de 2022, declarando admisible y parcialmente procedente la apelación incidental planteada por el tercero interesado; en consecuencia, modificó parcialmente el Auto Interlocutorio 671/2022, al haberse desvirtuado los riesgos procesales señalados en el art. 234.1, 2 y 4 del CPP; subsistiendo los peligros de fuga y obstaculización previstos en los arts. 234.7 y 235.2 de la citada norma adjetiva penal, y dispuso la aplicación de medidas cautelares personales contempladas en el art. 231 bis núm. 1 al 9 del referido cuerpo legal (fs. 25 vta. a 28 vta.) II.3. En cumplimiento a lo resuelto por el Tribunal de alzada, la Jueza de la causa ahora demandada emitió mandamiento de libertad en favor del tercero interesado, el 1 de diciembre de 2022 (fs. 29).
La impetrante de tutela denuncia la lesión del debido proceso en sus componentes motivación, fundamentación, congruencia y valoración de la prueba; toda vez que, en su condición de víctima dentro del proceso penal seguido por violencia familiar o doméstica contra Juan Carlos Salazar Muñoz -tercero interesado-, la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -demandada-, mediante Auto de Vista 696, modificó la Resolución de primera instancia, dejando sin efecto la detención preventiva del encausado y disponiendo en su lugar, la aplicación de medidas cautelares personales contempladas en el art. 231 bis núm. 1 al 9 del CPP; por lo que, solicitó se conceda la tutela, disponiendo: 1) Dejar sin efecto el Auto de Vista 667/22, emitido por la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, 2) Emitir nueva resolución conforme los argumentos y fundamentos de la Sentencia Constitucional Plurinacional que se dicte y sea confirmado el Auto Interlocutorio de 16 de noviembre de 2022, emitido por la Jueza Mixta, Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primera del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por la SCP 0349/2018-S2 de 18 de julio, asumió el siguiente entendimiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. En el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como son:
a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido 3El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cual es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados. En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”.
4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”.
5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…)
esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…) b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´. (…) c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”.
6El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.
iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa.
7El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”.
8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.
9El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”.
10El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
La jurisprudencia contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013, citadas anteriormente, fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero -en casos de resoluciones judiciales o administrativas de última instancia, que conoce la justicia constitucional, dado el carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional-; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación; previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional, por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, indicó que:
Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.
El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la revisión de la valoración de la prueba, tiene como antecedes a las SSCC 0129/2004-R de 28 de enero y 0873/2004-R de 8 de junio, en las cuales se establece que dicha actividad es propia de la 11 El FJ III.3, expresa: “No obstante lo referido precedentemente, cabe también indicar que, en resguardo de los derechos fundamentales a la seguridad jurídica, el acceso a la justicia y a una tutela efectiva, propios de la víctima que plantea la denuncia ante el Ministerio Público para que cumpla con su función de promover la acción de la justicia para perseguir y sancionar al autor del delito, este Tribunal puede analizar la conducta omisiva del representante del Ministerio Público, el juez cautelar u otra autoridad competente para intervenir en la etapa preparatoria; conductas omisivas expresadas, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso, en no recibir o providenciar memoriales denegando el derecho de petición, en no realizar actos solicitados por las partes a fin de demostrar su acusación o desvirtuar la misma, en negar el trámite de las impugnaciones o, en su caso, en la no aplicación objetiva de la Ley pertinente al caso; en consecuencia, la denuncia sobre las omisiones referidas podrá ser de conocimiento de este Tribunal y examinado el caso, se tendrá o no que otorgar la tutela”.
12El FJ III.3, sostiene: “Por otra parte, también es preciso recordar que la compulsa de las pruebas que se aporten con el fin de obtener la cesación de la detención preventiva, es facultad exclusiva del Juez Cautelar que esté a cargo del control de la investigación, pues en los únicos casos que este Tribunal puede intervenir en la revisión de dicho análisis será cuando el jurisdicción ordinaria; sin embargo, abrió la posibilidad que la justicia constitucional pueda realizar el control tutelar de constitucionalidad, cuando la autoridad hubiere omitido la valoración de la prueba o se hubiere apartado de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; ambos supuestos fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R de 2 de octubre.
Posteriormente, la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, sostiene que también es posible revisar la valoración de la prueba cuando la decisión de la autoridad se basó en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento.
En ese marco, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, resume los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades: 1) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento.
Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la juzgador se hubiera apartado de las previsiones legales que rigen el acto procesal como de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, si estos casos no se dan, esta jurisdicción no puede intervenir para dejar sin efecto la resolución que conceda la cesación o la rechace, ya que ello importaría una doble valoración de la prueba”.
13 El FJ III.2, señala: “Ahora bien, siendo competencia de la jurisdicción constitucional, revisar excepcionalmente la labor de valoración de la prueba desarrollada por la jurisdicción ordinaria, únicamente, se reitera, cuando en dicha valoración: a) exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, b) cuando se haya adoptado una conducta omisiva expresada, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso y, su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales; dicha competencia del Tribunal Constitucional, se reduce, en ambos casos, a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o la actitud omisiva en esta tarea, pero en ningún caso a sustituir a la jurisdicción ordinaria examinando la misma”.
14 El FJ III.3, indica: “Ahora bien, analizados los actos de las autoridades recurridas; en primer término los del Juez que resolvió el incidente, se debe manifestar que ha efectuado una valoración de la prueba existente en obrados del incidente que dio lugar al presente amparo constitucional; y tal como fue expuesto, dicha labor le corresponde en forma exclusiva a su autoridad, no pudiendo este Tribunal efectuar un nuevo examen de dichos medios probatorios, a no ser que la sindéresis del referido Juez exceda de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles, desde el punto de vista de la certeza con que el material probatorio fue examinado, para asumir una decisión basada en la sana crítica; dicho de otro modo, este Tribunal, para procurar la vigencia material de los derechos fundamentales de las personas, puede analizar la valoración efectuada por los jueces ordinarios, cuando dicha apreciación no es verificable en la prueba utilizada por la autoridad judicial; por tanto, supone que el Juez asumió su decisión en una prueba inexistente, o que demuestra hechos diferentes a los que se utiliza como sustento de la Resolución judicial. En consecuencia, además de la omisión en la consideración de la prueba, que según la SC 0419/2006-R anteriormente citada es causal de excepción de la subregla de no valoración de la prueba, otra excepción se da cuando la autoridad judicial basa su decisión en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento”.
15 El FJ III.3.2, establece: “En resumen, por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento”.
referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia:
…se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente.
En este entendido y de la precedente contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, debe considerarse que una de las principales funciones de la justicia constitucional es la tutela de derechos fundamentales y garantías constitucionales; en consecuencia, debe ser una premisa en esta su labor el garantizar un real acceso a la justicia constitucional.
A partir de lo señalado, esta Sala concluye que es posible efectuar la revisión de la valoración de la prueba, conforme a los siguientes criterios: i) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; ii) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: ii.a) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii.b) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, ii.c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; iii) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, iv) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.
Este entendimiento fue desarrollado en la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero.
La accionante denuncia la lesión del debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación y congruencia; argumentando que, en su calidad de víctima dentro del proceso penal seguido por violencia familiar a doméstica contra Juan Carlos Salazar Muñoz -tercero interesado-, la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -demandada-, mediante Auto de Vista 696 del 1 de diciembre de 2022, modificó la Resolución de primera instancia, dejando sin efecto la detención preventiva del encausado y disponiendo en su lugar, la aplicación de medidas cautelares personales contempladas en el art. 231 bis núm. 1 al 9 del CPP; vulnerando de esta manera sus derechos fundamentales. De los antecedentes desarrollados en las Conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se evidencia que el Ministerio Público sigue un proceso penal a denuncia de Silvia Martha Cala Bellido -ahora impetrante de tutela- contra Juan Carlos Salazar Muñoz por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, la Jueza Mixta, Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primera del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz mediante Auto Interlocutorio 671/2022 de 16 de noviembre, dispuso su detención preventiva por el plazo de noventa días en el Centro Penitenciario Palmasola, al haberse acreditado la probabilidad de autoría y la concurrencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización previstos en los arts. 234.1, 2, 4 y 7, y 235.2 del CPP (Conclusión II.1). Consecuentemente, Juan Carlos Salazar Muñoz -ahora tercero interesado-, interpuso de manera oral en la audiencia de medidas cautelares el recurso de apelación incidental que fue sustanciado por la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Santa Cruz -demandada- dictó el Auto de Vista 696 de 1 de diciembre de 2022, declarando admisible el recurso revocando parcialmente la Resolución 671/2022, manteniéndose latente la probabilidad de autoría y los riesgos procesales contenidos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, ordenando medidas cautelares de carácter personal previstas en el art. 231 bis núm. 1 al 9 del citado cuerpo legal (Conclusión II.2); en consecuencia, la autoridad judicial demandada emitió el correspondiente mandamiento de libertad (Conclusión II.3). De conformidad con lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la fundamentación y motivación de las resoluciones, así como el principio de congruencia, se reconocen como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano; en ese marco, toda decisión judicial debe contener una exposición clara, precisa y ordenada de los hechos, así como del fundamento legal que la sustenta; además, la fundamentación se traduce en la justificación normativa de la decisión, mientras que la motivación corresponde a la coherencia lógico-jurídica que respalda la determinación adoptada, garantizando que esta sea razonada, consistente y no arbitraria; lo cual implica que, en el ámbito procesal, la observancia del debido proceso se vincula estrechamente con el principio de congruencia, entendido no solo como la necesaria correspondencia entre lo solicitado y lo resuelto, sino también como la concordancia integral del fallo; es decir, su coherencia interna y externa; en consecuencia, las resoluciones de segunda instancia deben guardar plena relación con los agravios expuestos en el recurso de apelación y en la contestación de alzada, la ausencia de motivación suficiente, o su carácter meramente aparente, configura arbitrariedad; de igual modo, la falta de coherencia interna o externa determina incongruencia, lo que obliga a verificar la incidencia de dicho defecto en la resolución impugnada, valorando su relevancia constitucional.
En tal sentido, a efectos de establecer si se produjeron los agravios denunciados por la impetrante de tutela, corresponde efectuar un análisis de los mismos, inicialmente desde los puntos de su contestación a los agravios expresados por el imputado -tercero interesado- en su recurso de apelación; posteriormente, su contrastación con el contenido del Auto de Vista 696 y finalmente los aspectos invocados en la acción de defensa. i) Con relación al art. 234.1 del CPP
La ahora impetrante de tutela, respecto a este punto de la apelación del imputado, señaló lo siguiente:
[c]on relación al domicilio de igual manera observamos esa situación ya que no se ha demostrado la habitualidad del imputado en dicho domicilio tampoco se ha hecho la presentación en la verificación domiciliaria de testigos los cuales certifiquen que habitualmente él vive en ese domicilio mas solamente han hecho la declaración voluntaria su padre, madre y hermana en si no hay testigos o en si una certificación de la junta vecinal que certifiquen que habitualmente él vive anteriormente dentro de dicho domicilio más aun cuando la hermana la señorita Mireya Kathia Salazar Muñoz presenta un memorial en fecha 24 de octubre en el cual adjunta su carnet de identidad una fotocopia en el cual señale mismo domicilio en el cual supuestamente estuviera conviviendo el imputado, sin embargo dice que no puede contactarlo entonces si al señalar su hermana con un memorial que vive en ese domicilio pero que no puede contactar entonces en que domicilio vive, entonces estamos en esas contradicciones cual la misma hermana en un memorial presentado ante una Autoridad Jurisdiccional ante el juzgado primero mixto, manifiesta de que no conoce el domicilio no puede dar con el paradero del mismo de su hermano sin embargo adjunta un carnet de identidad en el cual señala un domicilio el cual es el mismo domicilio que presenta su verificación domiciliaria la misma hermana que vive en el mismo domicilio no puede contactarlo entonces quienes más puede constatar si fuera su hermana y habita en el mismo domicilio de igual manera, con relacion al trabajo solamente hubiera adjuntado fotocopia simple o fotografía de documentacion, sin embargo no hubiera adjuntado ninguna documentacion en original tampoco un contrato de trabajo visado o mínimamente con reconocinoiento de firma el cual se pueda valorar dicha actividacl laboral también tiene que demostrar que el mismo hubiera adquiriclo antes de cometerse el hecho o antes de la imputación formal mínimamente simplemente presenta un certificado de trabajo y una verificación domiciliaria de un policía, sin embargo no se adjunta ninguna documentación original que demuestre una papeleta o boleta de pago a una planilla presentada en el Ministerio de Trabajo en el cual certifique y garantice de que el mismo trabaje en ese trabajo del cual manifiesta por lo que dicha situación también consideramos que la Juez ha valorado correctamente… (sic). Sobre el particular, la autoridad judicial demandada en el Auto de Vista 696, estableció que:
[E]l presente ilícito penal se da entre una pareja de casados y es en tal sentido que entendiendo que luego de la ruptura del vínculo matrimonial a causa del hecho suscitado, el imputado y la victima dejaron de convivir en el mismo domicilio ubicado en Z/ Plan 3000, B/ 24 de septiembre, 16 de julio, se tiene este punto por verdad material conforme señala el Art. 180 de la CPE, ante esa verdad material que imposibilita al imputado habitar el domicilio antes referido, la parte imputada presenta documentación fehaciente de otro domicilio ubicado en el R/ Braniff / Tumpa, Nº 51 que es de propiedad de sus padres, el señor Carlos Salazar Escobar y la señora Ruth Muñoz López que se encuentran presentes en audiencia y dan fe de lo referido, asimismo la victima reconoce este inmueble porque ha manifestado que incluso debieron haber vivido ahí en primera instancia En consecuencia, para la suscrita Vocal, el imputado si tiene un domicilio en calidad de tolerade, si muy bien no es propio el Art. 234 parte in fine del CPT estableció que en ningún caso la inexistencia de derecho propietario, contrato de arrendamiento o anticresis en favor del imputado, será por sí misma entendida como falta de domicilio, por tanto, pretender y decir que la factura de agua con la factura de luz no coinciden es excesivo toda vez que no guarda relación con la calidad de valoración que tiene que tener una Autoridad Jurisdiccional en el momento de la imposición de una medida cautelar donde la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público y parte civil, mismos que no se refirieron a que el imputado ha vivido o no en ese domicilio, sin embargo de acuerdo a los antecedentes del caso este Tribunal le reconoce ese domicilio al imputado, asimismo no se le puede exigir la habitabilidad y habitualidad del mismo porque el imputado vivía antes en el domicilio familiar (…) por lo que este Tribunal le reconoce el elemento domicilio al imputado, Por otra parte, desde el 19 de noviembre a esta fecha, el Ministerio Publico pudo haber traído a colación a este Tribunal en la presente audiencia documentales que contradigan las pruebas materiales presentadas por la parte recurrente para que sean valoradas, pero no lo hizo, en consecuencia este Tribunal con toda la documentación pertinente cursante en obrados le acredita el domicilio al imputado Juan Carlos Salazar Muñoz, Con relación al elemento trabajo o actividad licita, este Tribunal puede evidenciar que, de acuerdo a la imputación formal, el imputado no tendría un trabajo, es más, de acuerdo al certificado psicológico de la víctima los problemas se habrían suscitado porque el imputado no tendría plata para mantener a la familia debido a que no tiene trabajo. No obstante, el imputado ya ha presentado documentación que acredita tener una actividad licita, es decir, toda la documentación cursa en obrados y no hay informe contradictorio por parte del Ministerio Público que es el que tiene la carga de la prueba, si muy bien el día de la audiencia cautelar no tuvo la oportunidad porque no conocía esa prueba, empero ha tenido desde el 19 de noviembre hasta la fecha, la oportunidad de verificar si es cierto o no, el contrato de trabajo, o poder objetar de alguna otra manera, pero solo manifestar que no tiene NIT original y solo se adjuntó fotocopias, conocemos que hay varias S.C.P. que establecen que la presentación de fotocopias no puede ser motivo valedero para negar un derecho a una parte cuando se las presenta, en tal sentido, es evidente que está toda la documentación que acredita que el imputado si tiene un trabajo y es más, reconociéndole ese trabajo, dentro de la relación que hoy guardan las partes divorciadas, pues hay un respaldo para que el imputado pueda asistir económicamente a la esposa y a los niños conforme lo establezca la Juez de Familia y que pueda en estos tiempos difíciles paliar las necesidades de alimentación y otras que pueda tener la familia… (sic). Ahora bien, en audiencia de acción de amparo constitucional, la impetrante de tutela señaló que: [T]oda vez que en la audiencia cautelar se estableció que no concurría a este domicilio toda vez que, primero se presentó una verificación y se ha hecho una declaración voluntaria en calidad de tolerado de una señora Ruth Muñoz, la cual no es propietaria del dicho inmueble y se presenta un alodial de un propietario de nombre Carlos Salazar, también las facturas de luz y agua estaban a nombre de terceras personas entonces la Juez de instrucción de manera correcta hace una valoración y establece las diferentes contradicciones que existe en la presentación de este domicilio, pero que ha dicho la Vocal hoy accionada con relación al domicilio, solamente se limita a expresar que la factura de luz y agua no es una causal y es muy excesivo para no acreditar domicilio, no realiza ninguna mención sobre las contradicciones que ha existido al momento de presentar este domicilio, no expresa sobre porque la declaración de calidad de tolerado la declaración voluntaria que hace una señora Ruth Aleida no coincide con el alodial donde es propietario una persona de nombre Carlos Salazar, existe una falta de motivación, una falta fundamentación de las resoluciones lo cual son elementos del derecho al debido proceso, ahora bien que ha manifestado con relación 234.1 con relación al trabajo, el imputado cuando se realizó la declaración informativa ante la fiscalía menciona que no tiene trabajo al tercer día de la declaración presenta un Memorial haciendo conocer que trabaja en una empresa de nombre Sindegas y que trabajaría por un año y luego en la audiencia cautelar hace mención y presenta un contrato de que estaría trabajando en una empresa llamada ilumina Group Bolivia, entonces esos hechos la Juez de instrucción de manera correcta nace una valoración integral y establece que no concurre porque existen contradicciones, aparte que en la audiencia cautelar el hoy imputado no presenta lo que es el NIT y la licencia de funcionamiento… (sic) De lo precedente se advierte que la Vocal demandada, al momento de compulsar el riesgo procesal previsto en el art. 234.1 del CPP, efectuó una motivación y fundamentación debida, exponiendo de manera clara, precisa y ordenada la acreditación del domicilio del tercero interesado, al establecer que tiene la calidad de tolerado en el inmueble de sus progenitores; aspecto que se corroboró mediante la declaración voluntaria presentada, además de la presencia de sus progenitores en audiencia, quienes dieron fe de dichos extremos; incluso la propia impetrante de tutela, al presentar la acción, señaló que el alodial del bien inmueble se encuentra a nombre de “Carlos Salazar”, progenitor del tercero interviniente; el hecho de no existir contrato de arrendamiento o anticresis entre sus progenitores y el encausado no constituye un elemento suficiente para establecer la inexistencia de domicilio, tampoco puede sustentarse en que las facturas de servicios básicos estén a nombre de una tercera persona. En cuanto a la acreditación de la fuente laboral, la autoridad judicial demandada basó su decisión en la documental cursante en obrados, que no fue desvirtuada por el Ministerio Público ni por la presunta víctima; además, debe recordarse que la carga de la prueba para justificar la detención preventiva recae en el Ministerio Público, el cual debía demostrar objetivamente la concurrencia de dicho riesgo procesal, el hecho de que el encausado no haya presentado el NIT o la licencia de funcionamiento de sus empleadores no es suficiente para desacreditar su relación laboral con la empresa en la que desarrolla funciones; el fiscal asignado al caso, en su calidad de director funcional de la investigación, tenía la posibilidad de verificar la veracidad de la documentación presentada por el imputado, lo cual no realizó.
En consecuencia, lo desarrollado permite concluir que la vocal demandada no vulneró el derecho al debido proceso en sus componentes de motivación y fundamentación, tampoco el principio de congruencia al existir el pronunciamiento extrañado.
ii) Con relación al art. 234.4 del CPP
La peticionante de tutela, en la contestación a la apelación formulada por el tercero interesado, estableció:
[A]hora con relación al comportamiento del imputado Art. 234 núm. 4) de igual manera el imputado sido declarado rebelde no se hubiera presentado la audiencia hubiera mandado su abogado indicándole también de que su abogado de mala fe diga que no era su abogado por lo que claramente se puede ver que el comportamiento del imputado no quisiera someterse al proceso, no se sometió al proceso se tuvo que activar o ejecutar un mandamiento de aprehensión por rebeldía y en pleno paro hubiera sido llevado por la Autoridad Jurisdiccional para resuelva situación jurídica y es consecuencia a eso que se determina su detención preventiva por lo que consideramos que el comportamiento del imputado ha sido de no someterse al proceso y… (sic). Al respecto, el Auto de Vista objeto de revisión estableció:
[E]ntendiendo que la primera notificación fue entregada a la hermana del imputado vía medio electrónico y esta a la vez presentó un memorial manuscrito manifestando que evidentemente es su hermano el imputado pero que la han notificado a ella y que ella habiendo sido con un día no ha pedido comunicarse con el sindicado. Después se lo notificó al abogado y el mismo no se hizo presente, y ahora se pretende establecer de manera subjetiva toda vez que no hay prueba que el imputado tenía conocimiento de la notificación por ser su abogado y estar en la audiencia del divorcio, entonces esas son cuestiones muy internas que no han sido palpadas ni demostradas pero lo que se puede ver es que el imputado no fue notificado de manera personal. En tal sentido, lo manifestado por la Juez Ad quo no es un argumento valedero para habilitar este riesgo procesal toda vez que este numeral se activa cuando se denota un comportamiento reticente de la parte imputada, es decir, cuando se le notifica de manera personal y el imputado no compele ante la Autoridad, pero de acuerdo a los antecedentes del caso se puede evidenciar que la notificación no cumplió su cometido toda vez que el imputado no se enteró de la misma… (sic). Sobre el particular en la acción de amparo constitucional, la peticionante de tutela refirió que:
[S]e acreditó en audiencia de medidas cautelares lo que es el comportamiento del imputado durante el proceso en otro anterior también concurrió este riego en razón al que el hoy imputado se lo aprehendió con un mandamiento de aprehensión en razón a que él fue declarado rebelde, ha sido declarado rebelde y en una audiencia de divorcio que tuvieron los de hoy tercer interesado y mi cliente es ahí donde se realiza la aprehensión, entonces de manera clara y certera se evidencian el comportamiento que estaba teniendo el hoy imputado en ese proceso de violencia familiar por lo cual se acredito, pero que ha dicho el Auto de Vista que el imputado no ha sido notificado de manera personal, por lo cual no concurre este riesgo, situación que no ha pasado, situación que el imputado conocía de manera certera el proceso de violencia familiar y es más hasta su abogado presenta memoriales solicitando suspensión de dicha audiencia de medidas cautelares… (sic). De lo anteriormente desarrollado, se advierte que si bien el Tribunal de alzada concluyó en que el hoy tercero interesado no fue notificado de manera personal para la audiencia celebrada el 24 de octubre de 2022, no siendo por ello un argumento válido del Juez a quo para dar por concurrente el riesgo procesal previsto en el art. 234.4 del CPP; sin embargo, se omitió el pronunciamiento sobre la inconcurrencia del imputado a prestar su declaración informativa ante el Ministerio Público, motivo que también fue objeto de análisis por la Jueza de la causa para establecer la concurrencia del mencionado riesgo procesal; consiguientemente, la autoridad judicial ahora demandada, al enervar el riesgo procesal contemplado en el art. 234.4 del CPP, no explicó de manera suficiente su decisión, al basarse únicamente en la supuesta falta de notificación personal de la imputación formal al tercero interesado; según su razonamiento, el encausado carecía de conocimiento del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, habiendo sido conducido ante la autoridad jurisdiccional en ejecución del mandamiento de aprehensión por rebeldía.
Este Tribunal advierte que, la argumentación empleada por la autoridad judicial demandada, al desvirtuar el riesgo procesal previsto en el art. 234.4 del CPP, se sustentó en motivación insuficiente, al omitir las razones de la omisión de pronunciamiento sobre la incomparecencia del imputado ante el Ministerio Público; tal proceder resulta contrario a lo dispuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia, en el cual se resaltó la obligación de las autoridades jurisdiccionales de motivar sus resoluciones con criterios objetivos, razonados y verificables.
En consecuencia, corresponde conceder la tutela impetrada en lo que respecta al señalado riesgo procesal, al haberse evidenciado que la decisión cuestionada careció de la debida motivación y fundamentación. En cuanto al principio de congruencia, no corresponde la concesión de tutela, evidenciándose que sí existió un pronunciamiento al motivo expresado por la ahora accionante en respuesta al recurso de apelación formulado por el tercero interesado.
iii) Con relación a los arts. 234.7 y 235.2 del CPP
La defensa de la ahora solicitante de tutela, señaló en la audiencia de apelación:
[C]on relación al Art. 234 núm. 7) peligro para la víctima, sociedad y denunciante al víctima y la denunciante es la misma persona también solamente la parte de la defensa adjunta Rejap y Cenvi y conforme lo establece la S.C.P. 394/2018 S2 la documentación de Rejap de Cenvi no es suficiente para enervar dicho peligro para la víctima o para la denunciante toda vez que se debe juzgar con perspectiva de género tomando en cuenta la situación de vulnerabilidad de la mujer contra su agresor, en ese sentido en aplicación de que es vinculante conforme lo establece el Art. 203 y es de cumplimiento obligatorio para todas las Autoridades jurisdiccionales consideramos que la Juez ha aplicado correctamente dicho criterio por la S.C.P. 394/2018, con relación al Art. 234 núm. 7) peligro para la víctima, sociedad y denunciante al víctima y la denunciante es la misma persona también solamente la parte de la defensa adjunta Rejap y Cenvi y conforme lo establece la S.C.P. 394/2018 S2 la documentación de Rejap de Cenvi no es suficiente para enervar dicho peligro para la víctima o para la denunciante toda vez que se debe juzgar con perspectiva de género tomando en cuenta la situación de vulnerabilidad de la mujer contra su agresor, en ese sentido en aplicación de que es vinculante conforme lo establece el Art. 203 y es de cumplimiento obligatorio para todas las Autoridades jurisdiccionales consideramos que la Juez ha aplicado correctamente dicho criterio por la S.C.P. 394/2018, con relación al peligro de obstaculización Art. 235 núm. 2) efectivamente el imputado va a influir contra la declaración de la víctima en ese caso la niña toda vez que de igual manera se puede realizar toda vez que es una menor de edad puede realizarse una entrevista por cámara Gesell, también contra los testigos y víctima denunciante quien era cónyuge así mismo contra otros testigos que estuvieron presentes en el momento del hecho quiere decir en este caso su señora madre que estaba presente en el lugar de los hechos conforme también se hizo conocer con una acción directa los cuales manifiesta la madre estuviera en el lugar de los hechos en el domicilio y que de igual manera hubiera amenazado a la denunciante diciéndole ya vas a ver lo que estás haciendo consta también un informe de acción directa de los policías asignado al caso lo cual ha sido valorado correctamente por la Juez Ad Quo… (sic). En ese sentido, de la revisión de la resolución cuestionada se advierte que la autoridad judicial demandada sostuvo:
[S]in embargo, por el hecho que se está investigando en el presente caso corresponde habilitar este riesgo procesal, toda vez que existe la desproporcionalidad de la edad y condición de mujer y madre de la víctima, que puede encontrarse en estado de necesidad por la mantención de los niños, su alimentación y su salud, es decir, la madre está en esa situación de desproporción con relación al hombre y esa situación se puede evidenciar en el ilícito penal suscitado en este caso, que como consecuencia la víctima tiene un impedimento de 5 días conforme el certificado médico forense, por lo que este, Tribunal valida el riesgo procesal del Art. 234 núm. 7) del C.P.P.
(…)
Evidentemente este riesgo procesal es una garantía propia del debido proceso que la Autoridad dispone para proteger la investigación, para cuidar que los elementos materiales del tipo penal que se investiga sean recolectados sin ninguna interrupción o interferencia de la parte imputada, es decir, que no entorpezca la averiguación de la verdad histórica de los hechos por parte del Ministerio Público. En ese entendido, se deben realizar todos los actos de investigación pendientes, en primer lugar, si hay menores de edad los respectivos peritos saben y conocen perfectamente cual es el procedimiento para tomar la declaración de un menor de edad o un bebé pequeño, así como también a la víctima con la prueba de cámara Gesell, los testigos que el propio imputado pueda proponer para así llegar a la verdad histórica de los hechos, por lo que este Tribunal valida el riesgo procesal del Art. 235 núm. 2) del C.P.P., está latente para proteger la investigación.
(…)
El espíritu de la Ley 1173 ha sido evitar el hacinamiento carcelario conforme lo señala en su Art. 1 y establece también que existe la posibilidad de que una persona pueda defenderse en libertad conforme lo señala el Art. 231 del C.P.P. cual establece "Cuando existan suficientes elementos de convicción que permitan sostener que el imputado es con probabilidad autor o participe de un hecho punible y además existan en su contra suficientes elementos de convicción que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad, la jueza, el juez o tribunal, únicamente a petición del fiscal o del querellante, podrá imponer al imputado una o más de las medidas cautelares personales siguientes” (señala un catálogo de 10 medidas) la máxima y extrema es la detención preventiva, por su parte la defensa técnica del imputado solicita se aplique el Art 7 del C.P.P. que establece que cuando exista duda en la aplicación de una medida cautelar o de otras disposiciones que restrinjan derechos o facultades del imputado, deberá estarse a lo que sea más favorable a éste. En tal sentido a criterio de este Tribunal las medidas sustitutivas podrían ser viables para el imputado toda vez que es la primera denuncia que el imputado tiene, además que él es padre de un niño y tiene que trabajar para su mantención y además los actos de investigación que va a realizar el Ministerio Público con las garantías propias que dan los núm. 1 al 9 del Art. 231 Bis del C.P.P. puede realizarlo sin ninguna interrupción, por lo que este Tribunal resuelve imponer medidas cautelares de carácter personal al imputado… (sic).
La impetrante de tutela, en su acción de defensa, refirió lo siguiente: [L]a Vocal lo mantiene latente establece que concurre estos dos riesgos Procesales pero que ha pasado, porque ha dado medidas menos gravosas en la detención preventiva, hay una incongruencia señora presidenta, primero señala que el artículo 233.1 de la ley 1173 establece que para que concurra la detención preventiva debe haber elementos de autoría y deben concurrir los riesgos Procesales en este caso concurre tanto fugas y obstaculización después señala que el artículo 1 de la ley 1173 es evitar el Abuso de la detención preventiva y también señala que en aplicación al artículo 7 de la ley 1970 que establece que cuando existen dudas de una medida cautelar debe estar a lo que es más favorable a este, en razón a esos fundamentos emite resolución por lo cual le otorga medidas contempladas en el artículo 231 bis, medidas que son menos gravosas a la detención preventivas, ahora bien estableciendo los hechos señora presidenta, cuáles son las vulneraciones que ha establecido aquí, primeramente debemos recordar señores Vocales, que en el presente caso estamos ante un delito contemplado en la ley 348 es un delito que en el artículo 5.3 de ley 348 establece de manera clara que no reconoce privilegio o de ninguna clase su aplicación es preferente respecto a cualquier otra norma para los delitos establecidos en la presente ley entonces no estamos ante un delito de estafa ante un delito de robo, estamos ante un delito contemplado en la ley 348, ahora bien al decir que al aplicar el artículo 7, el artículo 1 de la ley 1173 en decir evitar el abuso de la detención preventiva el hoy tercer interesado solo ha estado con 15 días de detención preventiva entonces hay una incongruencia también en las resoluciones… (sic).
De lo expresado se desprende que, la autoridad jurisdiccional de alzada, si bien concluyó en la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, impuso medidas cautelares personales sustitutivas a la detención preventiva en favor del imputado, advirtiendo falta de fundamentación y motivación sobre la decisión emitida; puesto que, no se consideró la jurisprudencia constitucional dictada por este Tribunal, vinculada al análisis del riesgo procesal del art. 234.7 del CPP en delitos de violencia de género, jurisprudencia que compele a las autoridades de la administración de justicia a efectuar un análisis bajo una perspectiva reforzada, que no se restringe a garantizar la averiguación de la verdad y la aplicación de la ley -art. 221 del CPP-, sino que debe sujetarse a la pauta hermenéutica de la Ley, en consecuencia, las medidas cautelares deben orientarse a asegurar la protección y seguridad de la mujer víctima, evitando la repetición de actos de violencia -SCP 0006/2020-S1 de 6 de marzo-; este criterio, que responde a la finalidad instrumental de las medidas cautelares en casos de violencia de género, no fue considerado al momento de fundamentar y motivar la decisión cuestionada, correspondiendo conceder la tutela sobre este punto.
Del mismo modo, para disponer medidas sustitutivas a la detención preventiva la autoridad judicial demandada no consideró la jurisprudencia constitucional vinculada a los peligros de obstaculización previstos en el art. 235 del CPP en delitos relacionados con violencia contra la mujer, la cual refiere que, dichos riesgos implican que las autoridades judiciales y del Ministerio Público están obligadas a adoptar medidas reforzadas y específicas, aplicando la perspectiva de género y garantizando la integridad de los derechos de las mujeres víctimas de violencia familiar o doméstica; tales medidas deben atender el interés superior de la víctima, prevenir su revictimización y asegurar que pueda ejercer sus derechos en un marco de protección efectiva -SCP 0222/2020-S1 de 31 de julio.
Respecto al principio de congruencia, no corresponde conceder la tutela, en razón a que este Tribunal verificó que si existió una respuesta por parte de la autoridad judicial de alzada.
En consecuencia, corresponde conceder la tutela solicitada al haber emitido la autoridad de alzada una decisión carente de fundamentación y motivación en cuanto a la inconcurrencia del peligro procesal de fuga previsto en el art. 234.4 del CPP; asimismo, al no considerar la jurisprudencia de este Tribunal referida a los riesgos procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP.
Al respecto, la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional establece con meridiana claridad que, la revisión de la actividad valorativa de la prueba propia de las autoridades de la jurisdicción ordinaria a cargo de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando estas autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; cuando omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, cuando basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación. En cuyo caso, la competencia de esta jurisdicción se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material, siempre y cuando las irregularidades denunciadas tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales. Ahora bien, en el caso concreto es evidente que la autoridad de alzada no se pronunció respecto a el memorial presentado por la hermana del imputado, ante el Juez de la causa y el mandamiento de aprehensión en virtud a rebeldía declarada, elementos de convicción a los cuales la defensa de la ahora accionante hizo referencia en la audiencia de apelación celebrada el 1 de diciembre de 2022; no obstante, la accionante no logró establecer la relevancia constitucional de la omisión denunciada; es decir, que no explicó la incidencia de la referida prueba en el fondo de lo resuelto por la Vocal de la Sala Penal ahora demandada, correspondiendo en dicho mérito denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución S-72 de 6 de julio, cursante de fs. 82 vta., a 84 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada respecto a la denuncia de vulneración del debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, respecto a los riesgos previstos en los arts. 234.4 y 7; y, 235.2 del CPP, disponiendo: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 696 de 1 de diciembre de 2022, emitido por la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, b) La emisión de un nuevo pronunciamiento debidamente fundamentado y motivado por parte de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en base a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, siempre y cuando, por el transcurso del tiempo no se hubiera modificado la situación jurídica del encausado. 2° DENEGAR la tutela con relación al riesgo procesal contenido en el art. 234.1 del CPP, al debido proceso en sus elementos congruencia, así como valoración de la prueba en cuanto a la omisión denunciada, con los razonamientos expresados en el presente fallo constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma.…consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1310_2025-S3.pdf · páginas 1 a 24.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7d6a347c75f8a5a2026515f828159ef00b209ce08681aa8d6083557488b07185
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