Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 5 de agosto de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/2024 de 14 de junio, cursante de fs. 23 a 25 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del Departamento de Beni; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, manteniendo las disposiciones asumidas por la Jueza de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1308/2026-S2 Sucre, 5 de agosto de 2026 JURISPRUDENCIA REITERADA - Requerimiento fiscal para cesación a la detención preventiva SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 65155-2024-131-AL Departamento: Beni En revisión la Resolución 11/2024 de 14 de junio, cursante de fs. 23 a 25 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marcelo Illanes Saavedra en representación sin mandato de María José Saavedra Patiño contra Cristian Ramos, Fiscal de Materia.
La accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la seguridad jurídica y de petición; señalando que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas: a) El 31 de mayo de 2024 solicitó al Ministerio Público la emisión de requerimientos fiscales destinados a obtener documentación necesaria para tramitar la cesación de su detención preventiva; sin embargo, mediante decreto de 4 de junio del mismo año, la autoridad demandada rechazó su solicitud, argumentando que la causa se encontraba en etapa de juicio oral y que no existían actos investigativos pendientes; b) Previamente, el 10 de igual mes y año, solicitó al Tribunal de Sentencia la emisión de oficios con la misma finalidad, petición que fue rechazada mediante decreto de 22 del mismo mes y año, bajo el argumento de que la autoridad jurisdiccional no podía producir prueba, conforme al art. 342 del Código de Procedimiento Penal (CPP). En ese contexto, las autoridades demandadas interpretaron erróneamente su solicitud, pues no pretendía generar nuevos actos investigativos ni producir prueba sobre el fondo del proceso, sino únicamente obtener documentación necesaria para sustentar su solicitud de cesación de la detención preventiva, encontrándose privada de libertad desde el 26 de marzo de 2023. Por ello, solicita se ordene a la autoridad demandada emitir de manera inmediata los requerimientos fiscales solicitados. Cristian Ramos, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías solicitó se deniegue la tutela solicitada, alegando el incumplimiento del principio de subsidiariedad, ya que tanto el decreto jurisdiccional de 22 de mayo de 2024, como el decreto fiscal de 4 de junio del mismo año, fueron emitidos oportunamente y no fueron impugnados dentro de los plazos establecidos; por lo que, no existiría acto lesivo. La Jueza de garantías concedió la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad fiscal demandada emita en el día las solicitudes de la accionante en su memorial de 31 de mayo de 2024. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se determinó la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Por ello, el formato del presente fallo se ajusta a lo precedentemente determinado.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0195/2025-S4 de 2 de abril, citando a la SCP 0134/2018-S4 de 16 de abril, señalo: “A la luz de este marco constitucional y legal, se tiene que el Ministerio Público se constituye en una institución de especial importancia en la eficacia de la persecución penal pública y representa a la sociedad velando el respeto de los derechos y garantías constitucionales; en este contexto, sus actuaciones deben enmarcarse dentro de los principios y valores constitucionales, y al bloque de convencionalidad; es así que, si el Ministerio Público mediante sus representantes, presentan la acusación formal conforme el art. 323 inc. 1) del CPP, y se constituye en parte contraria de la o del imputado, eso no impide de ninguna manera, que aún pueda emitir requerimientos fundamentados, dando curso a solicitudes que sirvan para recolectar elementos para una petición de cesación a la detención preventiva, tomando en cuenta que la referida cesación es un instituto accesorio al proceso principal -donde no se discute si el imputado es culpable o no-en el cual, éste debe suscitar un incidente que aborde las causales establecidas en el art. 239 del CPP, y que en caso de ser declarado procedente, no tiene ninguna repercusión para el fondo del proceso, pues las medidas cautelares -como se dijo- es un instituto procesal tendiente a evitar los peligros de obstaculización del proceso y buscan asegurar la presencia del imputado en el juicio, siendo una de sus características que estas medidas no causan estado; de ahí su revestimiento de su carácter excepcional, instrumental y de necesidad. Consiguientemente, a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, el Ministerio Público tiene el deber de emitir requerimientos para la obtención de documentos que sirvan a la o el imputado a presentar un incidente de cesación a la detención preventiva, aún exista acusación formal; sin perjuicio de que éste, también pueda hacerlo directa y particularmente efectivizando su derecho constitucional a la petición, pues el art. 24 de la CPE, señala que: ‘Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario’; similar precisión, está inserta en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que en su art. XXIV, precisa: ‘Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución’. Por su parte, la doctrina estableció que de este derecho constitucionalmente reconocido acontecen dos consecuencias: la de ‘...no ser castigado por solicitar algo al Estado...’ y ‘...la de obtener una respuesta de la autoridad a la que se dirige (...). Tal derecho a respuesta -independientemente del contenido de ella-, en un término razonable, resulta obligado en un régimen republicano donde las autoridades son responsables ante la comunidad, y ésta es fuente del poder de aquellos. Además, el derecho a respuesta da sentido y solidez al derecho de peticionar’ (Sagüés, Néstor Pedro. Elementos de Derecho Constitucional. Tomo 2, editorial Astrea, Buenos Aires, Argentina 1999). (…) De lo señalado se extrae que, aún si la autoridad fiscal hubiera emitido resolución de acusación formal contra los imputados, y el proceso se encuentre en etapa de juicio oral, el Ministerio Público, en cumplimiento del derecho a la petición y los principios que rigen dicho órgano de defensa de la sociedad, debe extender los requerimientos que correspondan o le sean requeridos, con mayor razón si los mismos tienen por objeto la obtención de documentación para una eventual solicitud de cesación a la detención preventiva, independientemente de si la documentación a ser obtenida desvirtúe o no los riesgos procesales que sustentan la extrema medida; dado que, dicha valoración corresponde a la autoridad jurisdiccional del caso” (énfasis añadido).
La accionante denuncia que la autoridad fiscal demandada negó la emisión de los requerimientos necesarios para tramitar su cesación a la detención preventiva. Al respecto, de la revisión de los antecedentes que conforman el expediente constitucional, se advierte que, el 10 de mayo de 2024, la accionante presentó memorial ante el Tribunal Segundo de Sentencia Penal, solicitando la emisión de requerimientos destinados a obtener documentación necesaria para tramitar su cesación a la detención preventiva (fs. 15 a 16); dicha solicitud fue rechazada mediante decreto de 22 de mayo de 2024, bajo el argumento de que la autoridad jurisdiccional no podía producir prueba, conforme al art. 342 del CPP (fs. 17). Asimismo, el 31 de igual mes y año, la peticionante de tutela acudió ante el Ministerio Público solicitando requerimientos fiscales con el mismo propósito (fs. 18 a 19); petición que fue rechazada por el Fiscal de Materia ahora demandado mediante decreto de 4 de junio del mismo año, señalando que la causa se encontraba en etapa de juicio oral y que no correspondía realizar actos investigativos (fs. 20). A partir de los antecedentes expuestos, corresponde precisar que, conforme al Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, el Ministerio Público tiene la obligación de emitir los requerimientos necesarios cuando se trate de personas privadas de libertad cuya situación jurídica dependa de la obtención de elementos requeridos a través de dicha institución. En ese marco, se advierte que la autoridad fiscal demandada realizó una interpretación restrictiva de la solicitud formulada por la accionante, pues esta no pretendía la realización de nuevos actos investigativos ni la incorporación de elementos probatorios destinados al juicio oral, sino únicamente obtener documentación necesaria para viabilizar el tratamiento de una cuestión incidental, como es la cesación de la detención preventiva. En consecuencia, la negativa sustentada en que la causa se encontraba en etapa de juicio oral constituyó un obstáculo injustificado para el ejercicio de su derecho a solicitar la modificación de su situación jurídica, generando una dilación indebida vinculada a su derecho a la libertad. Debe considerarse que las medidas cautelares, por su naturaleza, se tramitan de manera incidental y no forman parte del debate de fondo propio del juicio oral; por ello, la circunstancia de que el proceso se encontrara en dicha etapa no constituía fundamento suficiente para negar la emisión de los requerimientos solicitados, máxime cuando estos estaban destinados exclusivamente a sustentar una eventual solicitud de cesación de la detención preventiva. En consecuencia, al haberse impedido injustificadamente a la accionante obtener la documentación necesaria para promover la revisión de su situación jurídica, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/2024 de 14 de junio, cursante de fs. 23 a 25 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del Departamento de Beni; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, manteniendo las disposiciones asumidas por la Jueza de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1308_2026-S2.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): 9471de9804c2ea51153ec09f0eccd4bff6da979a3a842407cca1494b8c1ae3a2
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