Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de octubre de 2025
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia, a la libertad de locomoción y al acceso a la justica, por parte de la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, quien al emitir el Auto de Vista de 15 de noviembre de 2022, no fundamentó ni motivó sobre los agravios expuestos en su recurso de apelación incidental, determinando confirmar el Auto de 27 de octubre de similar año, que dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pablo de Quillacollo del mismo departamento. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución AL-007/2023 de 5 de mayo, cursante de fs. 48 a 57 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1305/2025-S3 Sucre, 20 de octubre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 55416-2023-111-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución AL-007/2023 de 5 de mayo, cursante de fs. 48 a 57 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jesús Marcelo Ricaldez Ortega en representación sin mandato de Juan Flores contra Patricia Torrico Ortega, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Por memorial presentado el 4 de mayo de 2023, cursante de fs. 28 a 37 vta., el accionante a través de su representante, señaló que:
Dentro del proceso penal seguido en su contra a instancia del Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, el cual cuenta con imputación formal, fue sometido a audiencia de medidas cautelares donde se dispuso la extrema medida de su detención preventiva, por concurrir supuestamente los riesgos procesales de fuga y obstaculización descritos en los arts. 234.7 y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Ante dicha determinación, formuló el recurso de apelación incidental con la finalidad de mejorar su situación jurídica, impugnación que radicó en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que pronunció el Auto de Vista de 25 de enero de 2022, que declaró procedente en parte el recurso, eliminándose la concurrencia del riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP, quedando latente el riesgo procesal establecido en el art. 234.7 del mismo cuerpo procesal legal; posteriormente, su defensa formuló al Tribunal de Sentencia Penal Primero de Quillacollo del mismo departamento, solicitud de cesación de la detención preventiva, pidiendo que, ante la concurrencia de un solo riesgo procesal se realice el test de proporcionalidad, razonabilidad y objetividad a momento de determinar la aplicación de la medida extrema. Las autoridades del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, emitieron el Auto de 27 de octubre de 2022, sin aplicar correctamente el test de proporcionalidad, rechazaron su petición de cesación a la detención preventiva; por lo que, en apelación fundamentó dos puntos de agravio, el primero, referido a la incongruencia omisiva en la realización del test de proporcionalidad y el segundo, en relación a la violación del derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia; emitiéndose el Auto de Vista de 15 de noviembre de “2023” -siendo lo correcto 2022- que declaró improcedente el recurso de apelación incidental formulado, manteniendo de esta manera su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pablo de Quillacollo, sin realizar una correcta fundamentación y motivación sobre los agravios expuestos.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia, a la libertad de locomoción y acceso a la justicia, citando al efecto los arts. 13 y 115.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela, ordenando: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista de 15 de noviembre de 2022, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; b) Ordenar a la autoridad demandada emita nueva resolución debidamente fundamentada, motivada y congruente; y, c) Condenación de costas, costos, daños y perjuicios, averiguables en ejecución de sentencia.
Celebrada la audiencia pública el 5 de mayo de 2023, según costa en acta cursante a fs. 47 y vta., se produjeron los siguientes actuados.
El accionante a través de su representante ratificó in extenso, el contenido de su demanda tutelar.
Patricia Torrico Ortega, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, no presentó informe escrito alguno, ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 41.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución AL-007/2023 de 5 de mayo, cursante de fs. 48 a 57 vta., denegó la tutela solicitada. Decisión asumida bajo los siguientes fundamentos: 1) Del acta donde se consideró la impugnación planteada por Juan Flores -ahora accionante-contra el Auto de 27 de octubre de 2022, su abogado expuso sus agravios; “…1.-La vulneración del debido proceso en tres elementos: a) Ausencia de fundamento. b) Motivación y: c) La generación de incongruencia omisiva por parte del Tribunal de instancia respecto a un punto específico cuál es la aplicación del test de proporcionalidad…” (sic); 2) En el caso presente, es necesario verificar el aludido Auto de Vista de 15 de noviembre de 2022, emitido por la autoridad judicial ahora demandada; es así que, una vez realizada la contrastación, tanto de los agravios que fueron puestos en consideración, como la motivación y los fundamentos que sostienen la decisión de la Vocal demandada, se concluye que no tiene mérito el reclamo, debido a que se advierte que en sus consideraciones señaló que deben establecerse de principio los fundamentos que motivaron la adopción de la medida cautelar de detención preventiva y a continuación determinar cuáles fueron los nuevos elementos de convicción presentados a fin de verificar si fueron idóneos y suficientes para modificar la situación jurídica del imputado, de modo que pueda darse mérito a la petición de cesación; actividad que efectivamente fue cumplida por la Vocal demandada quien concluyó que el Tribunal a quo, realizó un adecuado y suficiente análisis y valoración de los elementos para concluir que los mismos no permitieron enervar el peligro de fuga identificado en el art. 234.7 del CPP, comprobando que la situación jurídico–procesal del imputado no habría variado; así también, se pronunció sobre la ausencia de aplicación del test de proporcionalidad; exponiendo en el Auto de Vista cuestionado aspectos que permitieron ver que no fue evidente la falta de pronunciamiento respecto a los tres momentos que la jurisprudencia identificó necesarios para su consideración destacados en la “SC 0103/2019”; 3) La Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, al emitir el Auto de Vista cuestionado, determinó que no existió una modificación de la situación jurídica del imputado -ahora accionante- por cuanto, el mismo no enervó el peligro de fuga lo que permitió establecer que se mantendrían en vigencia los requisitos exigidos por el art. 233 del adjetivo penal, y la proporcionalidad requerida deriva de la ponderación de aquellas circunstancias propias del hecho que motivo esta causa y que tienen que ver con las características del delito acusado, lo que determinó que deba realizarse un enfoque interseccional, como el que habría hecho en su momento el Tribunal a quo, motivando que se adoptara la medida cautelar de detención preventiva, al ser la más adecuada; y, 4) Por lo expuesto, el Auto de Vista cuestionado efectuó una exposición de los hechos que motivaron la impugnación e igualmente respecto de los agravios que sostuvieron la misma; así como la normativa aplicable, realizó un control de la valoración de la prueba, aplicando una interpretación a favor de la víctima; por último, arribó a una decisión, de lo cual no se advierte contenga una incongruencia omisiva como fue denunciado; por lo que, no es posible acoger lo pretendido.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto de 27 de octubre de 2022, emitido por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Juan Flores -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de violación con agravante; determinando en la parte resolutiva, rechazar la solicitud de modificación de la medida cautelar personal de detención preventiva, manteniéndola subsistente; planteando en audiencia el imputado conforme el art. 251 del CPP, el recurso de apelación incidental contra el Auto precedente; disponiéndose la remisión del expediente ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento (fs. 15 a 21). II.2. Por Auto de Vista de 15 de noviembre de 2022, Patricia Torrico Ortega, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -hoy demandada- resolvió el recurso de apelación incidental de medida cautelar interpuesto por Juan Flores -accionante-, declarando improcedente la apelación formulada, confirmando el Auto impugnado (fs. 22 a 26 vta.).
El accionante a través de su representante denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia, a la libertad de locomoción y al acceso a la justica, por parte de la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, quien al emitir el Auto de Vista de 15 de noviembre de 2022, no fundamentó ni motivó sobre los agravios expuestos en su recurso de apelación incidental, determinando confirmar el Auto de 27 de octubre de similar año, que dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pablo de Quillacollo del mismo departamento. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0339/2012 de 18 de junio, señaló que: “El Tribunal Constitucional, ha desarrollado amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga una medida cautelar de carácter personal de detención preventiva de un imputado y/o imputada, a través de la SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo que: ‘...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes’. En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: ‘…está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva’.
Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: ‘Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar’.
De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP” (las negrillas fueron agregadas).
Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, -Ley 1173 de 8 de mayo de 2019- Conforme lo dispone el art. 11 de la Ley 1173, se modificó únicamente el numeral 10 por el numeral 7 del art. 234 del CPP, empero no, su contenido, cuya redacción fue declarada constitucional por la SCP 0056/2014 de 3 de enero. La SCP 1598/2022-S4 de 6 de diciembre, señala que: [En virtud a las facultades reconocidas a los jueces o tribunales a efectos de determinar la concurrencia de los presupuestos procesales previstos en el art. 233 del CPP, en concordancia con los riesgos de fuga y obstaculización normados en los arts. 234 y 235 del mismo cuerpo normativo, en el marco de una adecuada valoración probatoria y la suficiente y debida fundamentación de sus decisiones, conforme se explicó en el Fundamento Jurídico precedente, esta Sala, a través de la SCP 0613/2019-S4 de 7 de agosto, concretamente respecto al peligro de fuga, teniendo especialmente en cuenta el peligro efectivo para la sociedad, para la víctima o el denunciante (art. 234.10 del citado Código), asumió el siguiente razonamiento: (…) En ese contexto, se tiene que en la interpretación de constitucionalidad efectuada en dicho fallo constitucional se asumió un enfoque de lo que debía entenderse por peligro efectivo (para la sociedad, víctima o denunciante) con el fin de diferenciarlo del riesgo de fuga referido a la existencia de actividad delictiva reiterada o anterior, culminando que el del numeral 10 (art. 234), a diferencia del 8, se constituía en una sentencia condenatoria anterior. Al respecto, es preciso tener presente que, en observancia de la facultad exclusiva de los jueces y tribunales de la causa penal de valorar los elementos de convicción encaminados a determinar la necesidad de imponer medidas cautelares con la finalidad de asegurar la presencia del imputado durante el desarrollo de la investigación, expuesto en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sustentado igualmente en la SCP 0056/2014, en la que se reconoció que el juez debe determinar la concurrencia del riesgo procesal de fuga (art. 234.10 del CPP) en elementos materiales comprobables en la situación particular concreta desde la perspectiva de las personas y los hechos; asimismo, tomando en cuenta que la norma procesal penal que reconoce como un riesgo de fuga el “Peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante”, no es cerrada ni taxativa; es decir, no enumera las circunstancias específicas que darían lugar a la determinación de dicho peligro efectivo, no es posible exigir al juez o tribunal de la causa que limite la valoración de los elementos indiciarios a determinar la existencia de una sentencia condenatoria previa por cuanto en ejercicio de su facultad reconocida en la ley especial de valoración probatoria e interpretación legal de la norma, en el marco de la garantía del debido proceso previsto en la Norma Constitucional, debe únicamente cuidar que en su decisión exprese los motivos de hecho y de derecho en que se basan sus decisiones y en el valor otorgado a los medios de prueba (art. 124 del CPP). (…) Al respecto, la SCP 0420/2020-S4 de 9 de septiembre, señaló que: «En virtud al desarrollo jurisprudencial expuesto, es posible concluir que si bien la corroboración de antecedentes penales traducidos en la existencia o no de sentencia condenatoria ejecutoriada contra el imputado, previa a la causa penal que se investiga, constituye un parámetro para determinar la existencia del peligro de fuga previsto en el art. 234.10 del Código adjetivo penal, este no puede ser el único ni considerado de manera uniforme para todos los casos, en virtud a que cada hecho investigado tiene sus propias peculiaridades relacionadas con el delito endilgado, el comportamiento del imputado y las secuelas o repercusiones en la víctima o en la sociedad; sin embargo, como se estableció en la SCP 0056/2014, su valoración no puede estar sujeta a la arbitrariedad o criterios subjetivos del juez o tribunal; al contrario, es necesario que las referidas autoridades se sustenten en hechos o circunstancias materialmente verificables, más allá de su criterio subjetivo; es decir, con base en la asistencia de elementos materiales comprobables en la situación particular concreta desde la perspectiva de las personas y los hechos, debiendo analizarse bajo los principios de razonabilidad y la proporcionalidad. (…) Por último, es preciso citar la SCP 0581/2019-S3 de 11 de septiembre, en la que luego de verificarse el razonamiento asumido por los Vocales del Tribunal de apelación demandados respecto a la concurrencia del peligro efectivo para la víctima, en base a distintos elementos probatorios, no limitados a los antecedentes penales del imputado, asumió el siguiente razonamiento: «De la contrastación efectuada tanto de los agravios denunciados como de los fundamentos expuestos en el Auto de Vista confutado a través de esta acción tutelar, se advierte que los Vocales demandados confirmaron la decisión de mantener la detención preventiva, observando los criterios de validez legal, respondiendo puntualmente a cada punto denunciado, mismos que fueron examinados con los elementos probatorios presentados y las razones en las que se fundó el Auto de 24 de abril de 2019; es así que inicialmente sobre el numeral 1 del art. 234 del CPP, analizaron todos los argumentos del Juez de instancia (…) procediendo luego a revisar el peligro de fuga del art. 234.10 del mismo cuerpo legal, evidenciándose que el Tribunal de alzada verificó la consideración de todas las pruebas aportadas a ese efecto, la pertinencia de las certificaciones de antecedentes penales y/o buena conducta asumida por el imputado, el informe psicológico, así como también las declaraciones testificales, mismas que sostienen que en su momento ya fueron valoradas, haciendo alusión a que este riesgo no fue considerado en atención a los antecedentes penales, policiales o a la proclividad a la delincuencia que tuviera este, sino por el estado de vulnerabilidad en el que se encuentra la víctima con relación al mismo como consecuencia del hecho ilícito que motivó la investigación, en resguardo y protección de esta; toda vez que analizaron que el Juez a quo compulsó que los informes psicológicos efectuados, por sí solos son insuficientes para enervar este riesgo de fuga, ya que al haberlos contrapuesto con la declaración anticipada de esta, constató que mostraba mucha tristeza y llanto a tiempo de relatar los hechos, elemento objetivo que lógicamente según afirman los Vocales demandados-, generó que dichos informes carezcan de suficiencia e idoneidad, ya que como apreció la autoridad judicial de instancia de manera objetiva en la audiencia de medidas cautelares, la situación de vulnerabilidad de la víctima subsiste; por lo que, se evidencia una amplia explicación coherente y razonable que efectúa un análisis integral de todas aquellas circunstancias concomitantes al hecho; dejaron además claramente establecido que respecto a la inexistencia de una sentencia condenatoria ejecutoriada, “…este riesgo no fue considerado en atención a los antecedentes penales o policiales o la proclividad a la delincuencia que tuviera el imputado, sino por el estado de vulnerabilidad en la que se encuentra la víctima…” (sic), por cuanto no es limitativo el hecho de tener sentencia condenatoria o no, sino que el Juez de la causa tomó en consideración otras circunstancias referentes al hecho ilícito; fundamentos que de ninguna manera se apartan de la jurisprudencia constitucional, así la SCP 0070/2014-S1 de 20 de noviembre sostuvo que: “En cuanto a lo previsto en la SCP 0056/2014, que refiere que para activar el numeral 10 del art. 234 del CPP, se debe tomar en cuenta la peligrosidad del imputado con relación a que tuviera sentencia condenatoria ejecutoriada anterior, este entendimiento no es limitativo, dado que su aplicación estará sujeta a los escenarios o contextos en los que se desarrolle el ilícito, en consideración a que el art. 234 del CPP, señala que por peligro de fuga se entiende toda circunstancia que permita sostener fundadamente que el imputado no se someterá al proceso buscando evadir la acción de la justicia, para decidir acerca de su concurrencia; es decir, que le otorga facultades al juzgador para realizar una evaluación integral de las circunstancias existentes en cada caso…”» (negrillas del texto original).
De acuerdo a los antecedentes que ilustran el expediente se advierte que Juan Flores -hoy impetrante de tutela-, se encuentra recluido en el Centro Penitenciario San Pablo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, por disposición del Juez de la causa, dentro del proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de violación agravada; en ese contexto, el 27 de octubre de 2022, se llevó adelante la audiencia virtual para la emisión de una nueva resolución por parte del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Quillacollo del mismo departamento, sustanciada la audiencia determinaron rechazar la solicitud de modificación de medida cautelar personal de detención preventiva, manteniéndola subsistente; así también, se observa que en el citado acto procesal, el imputado conforme el art. 251 del CPP, planteó el recurso de apelación incidental contra el Auto precedente; disponiendo la autoridad judicial la remisión del expediente ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento (Conclusión II.1). La Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, -ahora demandada-, donde radicó el recurso de apelación incidental, pronunció el Auto de Vista de 15 de noviembre de 2022, declarando improcedente la apelación formulada, confirmando el Auto impugnado (Conclusión II.2). En tal sentido, el accionante a través de su representante denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia, a la libertad de locomoción y al acceso a la justica, por parte de la Vocal demandada, quien al emitir el citado Auto de Vista de 15 de noviembre de 2022, no habría fundamentada ni motivado sobre los agravios expuestos en su recurso de apelación incidental, determinando confirmar el Auto de 27 de octubre de igual año, que dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pablo de Quillacollo del departamento de Cochabamba. En ese orden de cosas, identificada la problemática corresponde realizar la contrastación de los agravios expuestos por el peticionante de tutela en audiencia de recurso de apelación y lo resuelto por la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandada-; en tal sentido, extractaremos lo más relevante del Auto de Vista de 15 de noviembre de 2022; así, respecto a los agravios expuestos por el abogado del accionante se tiene: “…del auto apelado establece de manera clara y categórica la realización supuestamente de un test de proporcionalidad, razonabilidad y objetividad mismo que fue realizado de forma parcial, tomando en cuenta que tres son los momentos según la jurisprudencia para la realización de un test de proporcionalidad, razonabilidad y objetividad; el primer momento es el momento en el que la Autoridad judicial analiza si la medida cautelar es el único medio para la realización o el único medio para garantizar los fines de las medidas cautelares dentro de un caso concreto, (…) segundo momento es el momento de verificar la razonabilidad de la resolución en el sentido de identificar específicamente sí dentro el caso concreto, cuáles son los elementos que fundaron la aplicación de una detención preventiva y cuáles son los nuevos fundamentos que tendrían que ser considerados para resguardar o para identificar los motivos por los cuales la detención preventiva pueda ser modificada, siendo en esta parte que el Tribunal de Sentencia no realizó fundamento o razón jurídica alguna a efecto de identificar el motivo, razón o circunstancia fundamento lógico-jurídico que establezca por qué la medida de detención preventiva es la única medida razonable para garantizar los fines del art. 221 Procesal. (…) tercer momento es el momento de la objetividad cuando el Juez de la causa analiza las posibilidades de la aplicación de una medida cautelar, en este caso las posibilidades eran: 1. La detención preventiva y 2. Las medidas cautelares de carácter personal previstas en el Art. 231 Bis. Procesal, en el caso concreto se tiene que las Autoridades de instancia; 1. Solo valoraron, no tomaron en cuenta que solo previene un riesgo procesal y el riesgo procesal latente en el caso concreto es del Art. 234 Núm. 7 Procesal (…) debe tomarse en cuenta si el mismo fue correctamente ponderado y la detención preventiva es único medio para garantizar los fines del Art. 221 Bis y es la parte de un juzgamiento con perspectiva de género que en efecto es aplicable y concreto, empero la ponderación que se debe realizar entre dos grupos que son vulnerables; 1. el privado de libertad y; 2. la victima menor de edad teniendo un enfoque diferencial, incongruencia omisiva, puesto que no realizó el segundo punto de la razonabilidad del test en la construcción del Auto objeto del recurso y dos tiene rasgos de ausencia de fundamentación y motivación…” (sic). Expuestos los agravios del accionante, la Vocal demandada en el Auto de Vista cuestionado resolvió: “…definitivamente Juan Flores a través de su defensa no cumplió con el segundo elemento necesario para efectuar el análisis ponderado, cuál es la presentación de nuevos elementos de convicción aportados por el, para demostrar que ya no concurren los motivos que la determinaron, de la conclusión a la que arriba el Tribunal de instancia, este Tribunal advierte que la documentación presentada en criterio del Tribunal de instancia, no desvirtúa, no enerva el riesgo procesal porque simple y sencillamente es documentación impertinente tomando en cuenta cuál es el supuesto fáctico que sustenta el peligro efectivo, no para la sociedad, sino para la víctima y precisamente cuando se habla de este indicador de peligro de fuga, su naturaleza esta desarrollada en la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 001/2019-S2 de 15 de enero y su análisis versa sobre las condiciones particulares de la víctima porque es necesario analizar la situación de vulnerabilidad, de desventaja en la que se encuentran frente al imputado, es necesario tomar en cuenta las características del delito, la conducta que exteriorizó el imputado antes y con posterioridad a la probable comisión del delito, ese es el ámbito de análisis del peligro efectivo para la víctima y no otro (…). …arguye la ausencia de aplicación del test de proporcionalidad, pero si tomamos en cuenta la usencia de nuevos elementos de convicción que permitan efectuar la evolución integral y por ende la aplicación del test de proporcionalidad, pero pese a ello el Tribunal de instancia desarrolla esa labor, hizo una ponderación de los bienes del proceso previo análisis de la idoneidad de la medida cautelar cuando en realidad la situación procesal del imputado JUAN FLORES no ha variado ni un milímetro en relación a la aplicación de la medida cautelar, porque si no existen nuevos elementos de convicción aportados por el imputado su situación sigue siendo la misma y en esas condiciones pretender sobre la base de argumentación realizada por la parte imputada ahora apelante que considera que ha previsto e identificado otras medidas cautelares, cuando la situación procesal sigue siendo la misma (…) consecuentemente este Tribunal no advierte que se haya generado vulneración al debido proceso por incumplimiento al deber de fundamentación y motivación de la resolución, por cuanto la premisa normativa está claramente identificada y en cuanto a la motivación los razonamientos lógicos jurídicos están explicitados tanto en el Considerando III cuánto en el Considerando IV de la resolución que guarda un hilo conductor cuál es la verificación previamente del análisis ponderado de los dos elementos y de cuyo resultado se ingresa recién al análisis o aplicación del juicio de proporcionalidad al caso específico…” (sic). De acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, todo Tribunal de alzada que resuelva una apelación incidental de una medida cautelar, debe pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad. En ese orden de cosas, de lo precedente se advierte que la Vocal demandada al momento de emitir el Auto de Vista de 15 de noviembre de 2022, dio respuesta motivada, fundamentada y congruente, sobre los agravios expuestos por el accionante; así sobre la falta de realización del test de proporcionalidad, razonabilidad y objetividad, cuestionado, estableció que el impetrante de tutela no puede reclamar la falta de ponderación en la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva, puesto que no presentó nueva documental que enerve el peligro de fuga que se mantiene latente al ser un peligro para la víctima menor de edad; añadiendo lo que respecta al art. 234.7 del CPP, en el cual se deben analizar las condiciones particulares de la víctima que en el caso presente es una menor de edad en condición de vulnerabilidad y se encuentra en situación de desventaja frente al imputado, además de considerarse las características del delito, la conducta que exteriorizó el imputado antes y con posterioridad a la probable comisión del delito que se le endilga; aspectos que conforme describió la Vocal demandada también fueron considerados por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, al rechazar la solicitud de cesación de la detención preventiva; consideraciones que se sustentan en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Asimismo, la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en la emisión del Auto de Vista ahora cuestionado, respecto a que no se hubiera aplicado el test de proporcionalidad, explicó que existió una evidente ausencia de nuevos elementos de convicción que permitan realizar el citado test; sin embargo, enfatizó que el Tribunal a quo, desarrollo esa labor efectuando la ponderación de los bienes del proceso previo análisis de la idoneidad de la medida cautelar de detención preventiva del ahora accionante, donde pudo establecer que la situación procesal del imputado no varió en relación a la aplicación de la medida extrema, por no existir nuevos elementos de convicción aportados en la audiencia de apelación; por lo que, no puede pretender cambiar su situación jurídica con base en argumentos sobre la existencia de otras medidas cautelares, sin prueba alguna que desvirtúe el riesgo procesal de peligro de fuga y riesgo para la víctima. Consecuentemente, se advierte que no es evidente la conculcación de los derechos invocados por el accionante, puesto que la Vocal demandada motivó y fundamentó su resolución al declarar improcedente el recurso de apelación incidental formulado por el peticionante de tutela y confirmar el Auto de 27 de octubre de 2022, ya que como se estableció precedentemente, dicho Auto de Vista contiene una respuesta motivada, fundamentada y congruente, respecto a los agravios expuestos por el imputado -ahora accionante-, conteniendo una estructura de forma y fondo, describiendo los agravios expuestos, la normativa que funda su decisión, analizando clara y objetivamente él porque es improcedente el recurso planteado, motivo por el cual corresponde denegar la tutela solicitada. Finalmente, sobre los derechos a la libertad de locomoción y acceso a la justicia denunciados como lesivos por el impetrante de tutela; cabe señalar que, el mismo se encuentra privado de libertad por disposición de autoridad judicial competente, situación jurídica que no causa estado y puede ser modificada en cualquier estado del proceso penal, conforme a las causales determinadas en el Código Adjetivo Penal; asimismo, se advierte que el accionante dentro la demanda penal seguida en su contra, hizo uso de los medios y recursos que la ley le franquea, actuando activamente; por lo que, no es evidente la conculcación de los derechos prenombrados, en ese mérito se deniega la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución AL-007/2023 de 5 de mayo, cursante de fs. 48 a 57 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1305_2025-S3.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): a6f7f5b212e382007a5525fb90acca71e508eeecf62478d56126a7bd0ddf9090
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →