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SCP 1304/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 5 de agosto de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
5 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
65063-2024-131-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 19/2024 de 14 de junio, cursante de fs. 11 a 12 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada con la aclaración de no haber ingresado al análisis de fondo de la problemática.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el deber de control jurisdiccional y celeridad en causas con personas privadas de libertad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1304/2026-S2 Sucre, 5 de agosto de 2026 JURISPRUDENCIA REITERADA - Control jurisdiccional y celeridad SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 65063-2024-131-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 19/2024 de 14 de junio, cursante de fs. 11 a 12 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Manuel Chambilla Bolo en representación sin mandato de Silvia Álvarez Aparicio contra Rudy Quispe Huanca, Secretario; y David Fabio Machicado Ticona, Auxiliar, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de El Alto del departamento de La Paz.

I. OBJETO PROCESAL

Por memorial presentado el 13 de junio de 2024, cursante de fs. 2 a 3 vta., la accionante -a través de su representante sin mandato- denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, vinculados con el principio de celeridad; alegando que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, en audiencia de 5 de igual mes y año se dispuso su detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes. Determinación contra la cual, interpuso recurso de apelación incidental; sin embargo, los antecedentes pertinentes no fueron remitidos al Tribunal de alzada dentro del plazo de veinticuatro horas previsto por ley, habiendo transcurrido más de ocho días sin que se cumpliera la mencionada remisión, prolongándose la incertidumbre sobre la revisión de la medida que restringía su libertad. En ese marco, solicita se conceda la tutela y se disponga la remisión inmediata del legajo de apelación ante la Sala Penal correspondiente, así como la remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura para el establecimiento de las responsabilidades que pudieran corresponder.

Rudy Quispe Huanca, Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe de 14 de junio de 2024, cursante a fs. 14 y vta., señaló que el mencionado Juzgado no cuenta con servicio de fotocopias, que los costos del servicio externo son elevados, que se formularon observaciones al personal de apoyo y que existían bloqueos en las avenidas. Añadió que finalmente se remitió el cuaderno original de control jurisdiccional al Tribunal de alzada y sostuvo que hubieran cumplido los plazos procesales. David Fabio Machicado Ticona, Auxiliar del señalado Juzgado, no presentó informe ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su citación cursante a fs. 7. La Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, concedió la tutela solicitada al considerar acreditada la dilación indebida en la remisión del recurso. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si los hechos denunciados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. TRÁMITE PROCESAL

En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se determinó la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Por ello, el formato del presente fallo se ajusta a lo precedentemente determinado.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. Sobre el deber de control jurisdiccional y celeridad en causas con personas privadas de libertad

Los arts. 115.II, 178.I y 180.I de la CPE, consagran los principios del debido proceso, seguridad jurídica, celeridad y tutela judicial efectiva, imponiendo a las autoridades jurisdiccionales el deber de garantizar una administración de justicia pronta, oportuna y sin dilaciones indebidas. En materia penal, dicho deber adquiere mayor relevancia cuando el imputado se encuentra privado de libertad, pues las autoridades judiciales tienen la obligación de ejercer control jurisdiccional permanente sobre la legalidad y vigencia de la detención preventiva, así como de tramitar con la debida diligencia todas las actuaciones relacionadas con la situación jurídica del procesado.

Con base en ello, la SCP 0561/2024-S2 de 5 de septiembre estableció que: “…dentro de un enfoque de aplicación genérica tanto la autoridad judicial que conoce determinada causa penal como el juez de ejecución penal, tienen la atribución y deber de constituirse en garantes del respeto y vigencia de los derechos y garantías constitucionales y/o convencionales de las y los privadas/os de libertad, en el marco de cuya labor de ejercicio del control jurisdiccional, queda afianzado que cualquier situación o circunstancia que pudiese considerarse atentatoria a los mismos, debe ineludiblemente ser puesta a conocimiento de una de dichas autoridades judiciales -según sea pertinente-…” (las negrillas nos corresponden). En este sentido, inicialmente el deber de los jueces de instrucción en lo penal de ejercer el control jurisdiccional -conforme a los lineamientos de la Sentencia de 26 de septiembre de 2006, Caso Almonacid Arellano y otras vs. Chile de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)- no se limita a las actuaciones del Ministerio Público y a la Policía Boliviana (art. 279 del CPP), sino que se extiende a terceros como testigos y peritos, e incluye a su propio personal auxiliar como sucede con los secretarios-abogados, notificadores y auxiliares. En esa línea, el art. 135 del CPP, establece que el: “El incumplimiento de los plazos establecidos en este Código dará lugar a la responsabilidad disciplinaria y penal del funcionario negligente”, lo que concuerda con el art. 187.2 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) que tipifica como falta: “No promueva la acción disciplinaria contra su personal auxiliar, estando en conocimiento de alguna falta grave”, lo anterior denota el poder de control y el deber de resguardo de derechos y garantías que ejercen las autoridades judiciales sobre su personal, constituyendo estas la vía o recurso idóneo para reclamar las actuaciones de los funcionaros auxiliares. De hecho, el reconocimiento de la autoridad judicial como recurso idóneo frente a las faltas del personal auxiliar en la jurisprudencia boliviana se produce incluso desde la SC 0181/2005-R de 3 de marzo; salvo que concurran sub-reglas de excepción, como aquellas relativas a la afectación del derecho a la vida, derecho de menores de edad o situaciones de vulnerabilidad análogas.

III.2. Análisis del caso concreto

Conforme al objeto procesal, la controversia radica en la falta de remisión del recurso de apelación incidental presentado por la accionante contra la resolución que dispuso su detención preventiva, atribuida al Secretario y Auxiliar demandados, habiendo transcurrido más de ocho días sin que se haya efectivizado dicha remisión. En ese contexto, resulta imperativo señalar que, si bien toda solicitud vinculada al derecho a la libertad exige la mayor celeridad procesal -tal como se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo-, la accionante no demostró haber acudido previamente ante el Juez de la causa para denunciar la supuesta dilación del personal subalterno. Corresponde recordar que la autoridad jurisdiccional, en su condición de directora del proceso, ostenta la competencia para supervisar el trámite, corregir las omisiones de sus auxiliares y resguardar los derechos de las partes. Bajo ese entendimiento, la accionante tenía a su alcance el mecanismo idóneo e intraprocesal para hacer conocer al Juez la inobservancia denunciada y viabilizar oportunamente la remisión del recurso del cual dependía su situación jurídica, y en ese sentido, únicamente ante la eventual desatención o persistencia de la dilación por parte de la autoridad judicial correspondía activar la jurisdicción constitucional, empero contra la mencionada autoridad. En consecuencia, al no haberse agotado el reclamo previo ante la autoridad competente, procede denegar la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela solicitada, no obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 19/2024 de 14 de junio, cursante de fs. 11 a 12 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada con la aclaración de no haber ingresado al análisis de fondo de la problemática. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1304_2026-S2.pdf · páginas 1 a 5.

Huella digital del PDF (SHA-256): 99bad7bb278e1752c1035d5ae1a23c2fd29159287e38114f728d1503984f2bf7

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