Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 5 de agosto de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 20/24 de 7 de junio de 2024, cursante de fs. 40 a 43, Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los términos dispuestos por el Juez de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1303/2026-S2 Sucre, 5 de agosto de 2026 JURISPRUDENCIA REITERATIVA: Cumplimiento de medidas cautelares y emisión del mandamiento de libertad SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 65059-2024-131-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 20/24 de 7 de junio de 2024, cursante de fs. 40 a 43, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Armin Vidal Flores Beltrán en representación sin mandato de Diego Armando Estrada Mendo contra Juan Coronado Camacho, Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz.
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la libertad, vinculados con el principio de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, habiéndose dispuesto la aplicación de medidas cautelares personales menos gravosas que la detención preventiva, las cuales fueron cumplidas por su parte, solicitó la emisión del mandamiento de libertad en su favor, mereciendo el decreto de 8 del mismo mes y año, por el que la autoridad demandada ordenó que se libre el solicitado mandamiento; sin embargo, mediante decreto del día siguiente, la misma autoridad dejó sin efecto dicha providencia y ordenó la verificación del domicilio señalado para el cumplimiento de la detención domiciliaria. El 26 de abril de 2024 presentó la verificación domiciliaria y nuevamente solicitó que se libre el mandamiento de libertad; empero, mediante decreto de 7 de mayo del referido año, el Juez demandado condicionó su emisión a la notificación previa de la víctima y del Ministerio Público con el acta de la audiencia de 1 de febrero de 2024. Cumplido dicho acto de comunicación, el Ministerio Público presentó recurso de apelación contra la referida resolución. Pese a reiterar su petición, el Juez demandado se rehusó a librar el mandamiento, bajo el argumento de la existencia del referido recurso, incurriendo en una actuación arbitraria, puesto que no tomó en cuenta que la libertad es de inmediata ejecución una vez cumplidas las medidas impuestas, sin necesidad de esperar la resolución de la apelación. Solicitó se conceda la tutela solicitada, disponiendo se libre el correspondiente mandamiento de libertad de manera inmediata. Ante ello, el Juez demandado no presentó informe escrito que curse en antecedentes remitidos a ese Tribunal; sin embargo, en acta de audiencia de garantías, la Secretaria hizo constar la presentación de informe, sin referirse a su contenido. El Juez de garantías concedió la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad judicial demandada libre el mandamiento de libertad en favor del accionante, en el plazo de veinticuatro horas de su notificación. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se determinó la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Por ello, el formato del presente fallo se ajusta a lo precedentemente determinado.
Sobre el cumplimiento de las medidas cautelares y la correspondiente emisión de mandamiento de libertad, la SCP 0745/2013 de 7 de junio, estableció lo siguiente: “…cuando se trata de un fallo que determina la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva; el único requisito exigible para materializar la libertad del imputado, será el cumplimiento de las últimas medidas impuestas, claro está que se deben discriminar dos tiempos procesales en su consecución; de un lado, las exigencias establecidas para ser acatadas antes de otorgarse la libertad, entre ellas, las fianzas, los arraigos y garantías reales o personales; y de otro lado, están las posteriores, como ser, presentaciones periódicas ante ciertas autoridades o instancias, prohibición de concurrir a ciertos lugares y frecuentar a determinadas personas o sujetos procesales. Entonces, es lógico suponer que la exigencia de cumplimiento previo de las medidas sustitutivas debe estar referida a las que son materialmente posibles de realizarse antes de la obtención de la libertad. La jurisprudencia constitucional refiriéndose a la efectividad de la libertad después de la aplicación de medidas cautelares sustitutivas a la detención preventiva, a través de la SC 0473/2004-R de 30 de marzo, señaló: ‘…lo establecido en el art. 245, en sentido de que la libertad sólo se hará efectiva luego de haberse otorgado la fianza, sólo puede ser aplicado a los supuestos en que el imputado hubiera estado detenido preventivamente en virtud a una resolución judicial debidamente fundamentada, y en forma posterior se le concede la cesación de su detención, sustituyéndola con una fianza real, por presentarse alguno de los casos establecidos en el art. 239 del CPP. Cuando no se reúnen estos supuestos, se ha determinado que lo que corresponde a la autoridad judicial es ordenar la libertad de quien se encuentra aprehendido por orden fiscal y concederle un plazo razonable para el cumplimiento de las medidas sustitutivas a la detención preventiva que le fueron impuestas…’. En el mismo sentido, las SSCC 0318/2003-R, 0679/2003-R y 1085/2003-R. En ese mismo orden, las SSCC 0550/2010-R y 1242/2010-R, entre otras, recogiendo el razonamiento de la SC 1447/2004-R de 6 de septiembre, determinaron: ‘…para otorgar la libertad luego de haberse concedido la cesación de la detención preventiva sólo es exigible el cumplimiento de las medidas sustitutivas que se hubieren aplicado, pues esa es la única condición que ha previsto el legislador, lo que implica que no puede exigirse el cumplimiento de otras condiciones, requisitos o realización de diligencias, como condición previa a viabilizar la libertad de los imputados beneficiados con la cesación de la detención preventiva’”. Es decir que, cuando una resolución dispone la aplicación de medidas sustitutivas o menos gravosas a la detención preventiva, la libertad debe materializarse una vez cumplidas las condiciones que, por su naturaleza, deban ejecutarse antes de la salida del recinto penitenciario, como las fianzas, el arraigo o las garantías reales o personales.
En cambio, las medidas cuyo cumplimiento solo puede comenzar después de recuperada la libertad, como las presentaciones periódicas o determinadas prohibiciones, no pueden convertirse en obstáculos para la expedición del mandamiento. Tampoco corresponde añadir requisitos no establecidos en la resolución que concedió la cesación ni supeditar su ejecución a formalidades que no constituyan condiciones previas de libertad.
Efectivamente, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, se celebró la audiencia de cesación de la detención preventiva el 1 de febrero de 2024, en la que se emitió el Auto Interlocutorio que declaró fundada la petición del accionante, imponiéndole, en sustitución de la extrema medida, el arraigo, la detención domiciliaria con salida laboral, la prohibición de acercarse a la víctima y a su entorno familiar, una fianza económica de Bs20 000.- (veinte mil bolivianos), entre otras medidas (fs. 5 a 6 vta.). De manera reiterada, el accionante, haciendo conocer el cumplimiento de las medidas impuestas, solicitó que se libre en su favor el mandamiento de libertad, conforme se tiene de los memoriales de 4 de abril, 7 y 20 de mayo, todos de 2024 (fs. 7 y vta.; 12; y, 16 y vta.). Pese al cumplimiento de la verificación domiciliaria y de los actos de comunicación ordenados por el Juez demandado, no se libró el referido mandamiento, bajo la justificación expresa de que debía tramitarse la apelación presentada por el Ministerio Público contra el Auto Interlocutorio de 1 de febrero de 2024, providenciada el 15 de mayo del señalado año (fs. 11; 14 y vta.; 15 a 17). En ese contexto, se advierte con meridiana claridad que el Juez demandado, desde la aplicación de medidas cautelares menos gravosas a la detención preventiva, dispuesta en audiencia de 1 de febrero de 2024, hasta la presentación de la acción de libertad, acaecida el 5 de junio del mencionado año, mantuvo la negativa de librar el mandamiento de libertad, bajo el argumento de la existencia de la apelación incidental interpuesta por el Ministerio Público contra la decisión emitida en la citada audiencia; ello, no obstante haber dispuesto expresamente que se libre dicho mandamiento mediante providencia de 8 de abril del mismo año. De esa manera, incurrió en dilación indebida e inobservó el principio de celeridad en una cuestión vinculada con la libertad del accionante, aspecto que exigía de dicha autoridad la mayor celeridad posible, considerando que se habían cumplido las medidas impuestas en sustitución de la detención preventiva y que la apelación incidental contra la modificación o cesación de medidas cautelares no tiene efecto suspensivo. En consecuencia, la tramitación de la apelación incidental podía desarrollarse hasta su resolución, sin necesidad de suspender la emisión del mandamiento de libertad ni condicionar su libramiento a la resolución del referido recurso; lo contrario podría generar una restricción indebida del derecho a la libertad del accionante -Fundamento Jurídico III.1-; por ello, corresponde conceder la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías.
En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 20/24 de 7 de junio de 2024, cursante de fs. 40 a 43, Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los términos dispuestos por el Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1303_2026-S2.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): 83a88297733682ca5809e14097058ce7fec5e27399752417d56d1cfa3a8dd5d6
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