Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 17 de octubre de 2025
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su vertiente a la fundamentación, y al principio de legalidad; puesto que la Vocal demandada, por Auto de Vista de 16 de mayo de 2023, confirmó la decisión de la Jueza a quo, manteniendo las medidas cautelares de la detención domiciliaria con custodio permanente, la fianza económica y el arraigo sin la debida fundamentación ni aplicación correcta del principio de proporcionalidad y necesidad; por lo que, solicita se conceda la tutela y se ordene la emisión de una nueva resolución. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 17 de mayo de 2023, cursante de fs. 30 a 35, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Cochabamba constituida en Jueza de garantías; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1301/2025-S3 Sucre, 17 de octubre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 55684-2023-112-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 17 de mayo de 2023, cursante de fs. 30 a 35, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Alfonso Pablo Camacho Escobar en representación sin mandato de Alan Ale Velásquez Gonzales contra Delina Irma Zurita Herbas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Por memorial presentado el 16 de mayo de 2023, cursante de fs. 2 a 3, el accionante por medio de su representante manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal signado con el Número de Registro Judicial (NUREJ) 201129785, iniciado en su contra y de otros a instancias del Ministerio Público y del Servicio Departamental de Caminos (SEDCAM), por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba, el 25 de abril del 2023, llevó adelante la audiencia de medidas cautelares, y por Auto Interlocutorio de la misma fecha impuso la detención domiciliaria con custodio permanente, presentación cada siete días ante el Ministerio Público, y fianza económica de Bs50 000.- (cincuenta mil bolivianos) y arraigo. Contra ese actuado procesal formuló recurso de apelación incidental, que fue resuelto por Delina Irma Zurita Herbas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandada-, a través del Auto de Vista de 16 de mayo de 2023, que confirmó el Auto apelado y declaró la improcedencia del referido medio de impugnación; decisión de alzada que, no contiene la fundamentación necesaria para justificar la correcta aplicación de los principios de proporcionalidad y necesidad de las medidas impuestas, en particular respecto a la medida de detención domiciliaria con custodio permanente y fianza económica, minimizando su efecto, sin considerar que implica la disminución del ejercicio de su derecho a la libertad.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su vertiente a la fundamentación, y al principio de legalidad, sin citar norma constitucional que los contengan.
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se ordene a la autoridad demandada la emisión de una nueva resolución que resuelva los agravios presentados contra el Auto Interlocutorio de 25 de abril de 2023.
Celebrada la audiencia virtual el 18 -siendo lo correcto 17- de mayo de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 29 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante, ratifico íntegramente los términos de su acción tutelar.
Delina Irma Zurita Herbas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 17 de mayo de 2023, cursante de fs. 8 a 10 vta., solicitó se deniegue la tutela, con base en los siguientes argumentos: a) La jurisdicción constitucional en su calidad de tribunal o juez de garantías está impedida de revisar o sustituir a la jurisdicción ordinaria, por cuanto la interpretación de la legalidad se encuentra entre sus competencia; así, la acción de libertad no se constituye en una instancia procesal que permita una nueva revisión de las resoluciones judiciales; b) El accionante omitió exponer el nexo de causalidad entre el derecho que denuncia como vulnerado y la presunta actuación lesiva; es decir, no explicó por qué la fundamentación de la resolución se aparta de los marcos legales de la sana crítica y equidad; y, c) No es evidente la vulneración de los derechos a la libertad, al debido proceso en su elemento a la fundamentación o que exista un acto lesivo, ni tampoco un absoluto estado de indefensión, pues el accionante se limitó a realizar cuestionamientos personales sin indicar las partes de la resolución con errores lógico-jurídicos, sin tomar en cuenta que, para reclamar derechos transgredidos y sea activada la acción de defensa invocada, es necesario identificar el fragmento de la resolución cuestionada donde se encuentra el defecto y no solo señalarla.
La Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, por Resolución de 17 de mayo de 2023, cursante de fs. 30 a 35, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) La autoridad demandada a través del Auto de Vista de 16 de mayo de 2023, cumplió a cabalidad con el art. 124 del Código de Procedimiento Penal (CPP), realizando una fundamentación adecuada, verificando los puntos de agravio, otorgando una explicación coherente sobre la aplicación de la detención domiciliaria, la fianza y la proporcionalidad; 2) Los argumentos vertidos por la Vocal demandada se encuentran dentro de los parámetros de razonabilidad, dado que, la decisión de confirmar las medidas cautelares se basó en el comportamiento anterior del imputado, al ser declarado rebelde y la concurrencia del riesgo de fuga ínsito en el art. 234.4 del CPP, elementos que garantizan los fines cautelares; 3) En su calidad de Jueza de garantías no puede ingresar a realizar una nueva interpretación de la medida cautelar ni cuestionar la sana crítica de los jueces ordinarios; y, 4) Las medidas cautelares no causan estado y son modificables en cualquier momento del proceso, conforme el art. 250 CPP, lo que implica que el accionante puede solicitar la cesación de la detención preventiva de forma reiterada ante la justicia penal.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. En el proceso penal seguido contra Alan Ale Velásquez Gonzales -accionante-por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, mediante Auto Interlocutorio de 25 de abril de 2023, pronunciado por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba, se dispuso como medidas cautelares la detención domiciliaria del accionante en su propio domicilio con custodios y salida laboral; obligación de presentarse con registro biométrico de la fiscalía una vez por semana; fianza económica en la suma de Bs50 000.-; prohibición de salir del departamento como del país, por el lapso de un mes, señalándose audiencia de juicio oral para el 22 de mayo del mismo año, resolución que fue apelada incidentalmente en la misma audiencia por el peticionante de tutela conforme al art. 251 del CPP (fs. 17 a 21). II.2. Cursa acta de audiencia de apelación incidental de medida cautelar de 16 de mayo de 2023, celebrada por Delina Irma Zurita Herbas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -demandada-, oportunidad donde el solicitante de tutela argumentó el recurso de apelación incidental planteado de forma oral (fs. 26 y vta.). II.3. Mediante Auto de Vista de 16 de mayo de 2023, la Vocal demandada, declaró improcedente la apelación incidental y confirmó el Auto Interlocutorio de 25 de abril de igual año (fs. 26 vta. a 28 vta.).
El accionante a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su vertiente a la fundamentación, y al principio de legalidad; puesto que la Vocal demandada, por Auto de Vista de 16 de mayo de 2023, confirmó la decisión de la Jueza a quo, manteniendo las medidas cautelares de la detención domiciliaria con custodio permanente, la fianza económica y el arraigo sin la debida fundamentación ni aplicación correcta del principio de proporcionalidad y necesidad; por lo que, solicita se conceda la tutela y se ordene la emisión de una nueva resolución. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0447/2018-S2 de 27 de agosto, recogió la jurisprudencia constitucional sobre fundamentación y motivación de las resoluciones que resuelven medidas cautelares, en lo relativo a los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP, cuyos extractos pertinentes se desglosan a continuación: así al respecto señala que:
«[…] el Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:
La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla. Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:
…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes.
Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también atañe a los tribunales de apelación; sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia de que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia.
Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:
…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.
Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva.
Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que el art. 398 del CPP, establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que éstos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o 1El FJ III.3, refiere: “Finalmente, cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención preventiva se encuentran: `3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables´.
En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes.
En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP”.
disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé.
En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP.
Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP.
En todo caso, el Tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que expone el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga.
El Tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que, de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria. En virtud a lo señalado, la fundamentación y motivación no exige que las resoluciones sean ampulosas, sino que contengan una explicación razonable de los motivos que llevaron a la autoridad judicial a decidir sobre la aplicación de una medida cautelar, en especial la detención preventiva; lo que implica que, se deberá razonar sobre el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de legalidad, así como de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, siempre que corresponda; aclarándose que, respecto a la proporcionalidad, cuando se analice la necesidad de la medida, no es menester que la autoridad judicial exponga las razones por las cuales se desestima cada una de las medidas sustitutivas previstas en el Código de Procedimiento Penal, sino que explique, por qué resulta indispensable su aplicación en mérito a los riesgos procesales existentes, a partir de la argumentación realizada por el Ministerio Público o la parte acusadora».
La SCP 0025/2018 de 28 de febrero, se ha pronunciado sobre el deber de observar el principio de proporcionalidad a tiempo de aplicar medidas cautelares, exponiendo el siguiente razonamiento: «El principio de proporcionalidad fue concebido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional -SCP 2299/2012 de 16 de noviembre- no solo como una prohibición de exceso en la actuación del poder, en el entendido que las autoridades de los diferentes órganos del poder público y las instituciones del Estado, deben actuar conforme a las competencias otorgadas por la Ley Fundamental, sino también como una exigencia para que sus funciones sean realizadas bajo limitaciones y responsabilidades que la Norma Suprema establece, como el respeto a los derechos fundamentales. En ese entendido, el ejercicio de las funciones y competencias de las autoridades requiere proporcionalidad, en especial cuando interfiere en el ejercicio de derechos fundamentales, por cuanto una actuación desproporcionada, quebranta las bases fundamentales del Estado Plurinacional Constitucional. El principio de proporcionalidad, de acuerdo a la SCP 2299/2012, se sustenta en la idea de vinculación de los poderes públicos a los derechos fundamentales, por lo que, una disminución en el ejercicio de los mismos debe tener una causa justificada y solo en la medida necesaria. Este principio tiene su fundamento en el carácter inviolable de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 13.I de la CPE y es considerado como un criterio hermenéutico de imperativa observancia en el ejercicio de cualquier competencia pública, por cuanto la efectivización de un derecho fundamental no puede ser limitado más allá de lo que sea imprescindible para la protección de otro derecho fundamental o bien jurídico constitucional, con la finalidad de evitar el sacrificio innecesario o excesivo de los derechos fundamentales. Lo anotado implica, entonces, que la autoridad, al momento de elaborar una ley, emitir una norma o aplicar una disposición legal que limita un derecho fundamental, debe efectuar un juicio de proporcionalidad en el que se analice tres aspectos fundamentales: a) Si la medida limitativa o restrictiva de un derecho fundamental es idónea o adecuada para la finalidad buscada con la misma; b) Si la medida limitativa o restrictiva es necesaria, y si acaso, existen otras menos graves, que restrinjan en menor grado el derecho fundamental, que podrían ser adoptadas en el caso concreto para alcanzar la finalidad perseguida; y, c) Analizar la proporcionalidad en sentido estricto, que consiste en dilucidar si la afectación, restricción o limitación al derecho fundamental no resulta exagerada o desmedida frente a las ventajas que se obtienen con tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. El principio de proporcionalidad fue utilizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para el análisis de la limitación al ejercicio de los derechos humanos, y en especial, con relación a las medidas cautelares en materia penal; por ejemplo, reiterando el entendimiento emitido en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, la Sentencia de 1 de diciembre de 2016 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, dispuesta dentro del Caso Andrade Salmón vs. Bolivia, establece que la aplicación de medidas cautelares, en particular la privación de libertad, debía ser proporcional, determinando los siguientes criterios en el párrafo 147:
Por el contrario, resulta además necesario que, en el momento de la decisión, las autoridades judiciales justifiquen: a) que la finalidad de las medidas que restringen ese derecho sea compatible con la Convención, esto es, el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia, b) la necesidad de su imposición en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto, y c) que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. De ese modo, a la hora de analizar la imposición de ese tipo de medidas, las autoridades judiciales deben basar sus decisiones en elementos objetivos que puedan indicar que se puedan materializar efectivamente los peligros procesales que se buscan precaver. Con relación a la Sentencia del Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, cabe mencionar al Voto Razonado del Juez Sergio García Ramírez, quien sostuvo en el párrafo 7:
En fin de cuentas, pues, las medidas cautelares penales, como cualesquiera restricciones de derechos fundamentales, debieran ser: a) excepcionales y no ordinarias, rutinarias, sistemáticas; b) justificadas dentro de un marco preciso de razones y condiciones que les confieran legitimidad y racionalidad; c) acordadas por autoridad jurisdiccional independiente, imparcial y competente, que las resuelva con formalidad y exprese los motivos y los fundamentos en que apoya el mandamiento; d) indispensables para alcanzar el fin legítimo que con ellas se pretende; e) proporcionales a éste y a las circunstancias en que se emiten; f) limitadas, tanto como sea factible, en intensidad y duración; g) revisables periódicamente: por mandato de la ley y por instancia de las partes, revisión que debe contar con las garantías inherentes a un verdadero régimen impugnativo (independencia, eficacia y celeridad); h) revocables o sustituibles cuando se ha rebasado el tiempo razonable de vigencia, tomando en cuenta sus características. Todo esto, que es aplicable al sistema general de medidas cautelares penales, tiene especial acento si se piensa en la más severa de aquéllas: la privación cautelar de la libertad.
En el ámbito interno, estas características están descritas en el art. 221 del CPP, que establece que la libertad personal y los demás derechos y garantías reconocidas a toda persona por la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y el propio Código Procesal Penal, “…sólo podrán ser restringidos cuando sea indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley” (el resaltado es nuestro). En el segundo párrafo, el mismo artículo señala que: “Las normas que autorizan medidas restrictivas de derechos, se aplicarán e interpretarán de conformidad con el art. 7 de este Código. Estas medidas serán autorizadas por resolución judicial fundamentada, según lo reglamenta este Código y sólo durarán mientras subsista la necesidad de su aplicación”. Por su parte, el art. 7 del CPP, respecto a las medidas cautelares y restrictivas -tanto personales como reales- establece que su aplicación será excepcional y que: “Cuando exista duda en la aplicación de una medida cautelar o de otras disposiciones que restrinjan derechos o facultades del imputado, deberá estarse a lo que sea más favorable a éste” (las negrillas son añadidas); introduciendo en este punto el principio de favorabilidad que en materia penal tiene rango constitucional y está previsto en el art. 116.I de la CPE. Conforme a las normas procesales penales y los estándares interamericanos antes señalados, las medidas cautelares deben ser aplicadas: 1) Con carácter excepcional; 2) Cuando resulten indispensables para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley, lo que supone que las autoridades judiciales deban realizar en todos los casos de imposición de medidas cautelares -que suponen una limitación a derechos fundamentales- el juicio de proporcionalidad precedentemente explicado; 3) Deben ser impuestas a través de una resolución judicial debidamente fundamentada y motivada; 4) Tienen que ser limitadas en cuanto a su duración, en tanto subsista la necesidad de su aplicación, y por ende, también son revocables o sustituibles y revisables periódicamente; y, 5) En caso de duda respecto a una medida restrictiva de un derecho, deberá aplicarse lo que le sea más favorable
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su vertiente a la fundamentación, y al principio de legalidad, puesto que, el Auto de Vista de 16 de mayo de 2023, pronunciado por la Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró improcedente el recurso de apelación y confirmó la decisión de la Jueza a quo manteniendo incólumes las medidas cautelares impuestas, específicamente la detención domiciliaria con custodio permanente, la fianza de Bs50 000.- y el arraigo; empero, el mencionado Auto de Vista adolece de falta de debida fundamentación y de la correcta aplicación de los principios de proporcionalidad y necesidad, ya que dicha autoridad de alzada se limitó a reproducir el fallo recurrido sin exponer argumentos propios que justifiquen la subsistencia de dichas medidas restrictivas de derechos. De la exposición en Conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se evidencia que dentro del proceso penal seguido contra el accionante y otros, mediante Auto Interlocutorio de 25 de abril de 2023, se dispuso la detención domiciliaria del accionante en su propio domicilio con custodio permanente y salida laboral; obligación de presentarse a la Fiscalía y proceder su registro biométrico una vez por semana; fianza económica en la suma de Bs50 000.-; prohibición de salir del departamento como del país, entre otras medidas. La decisión de instancia fue objeto de apelación incidental, exponiendo los agravios que le ocasionaron, bajo los siguientes argumentos: i) El Auto Interlocutorio de 25 de abril de 2023, vulnera el principio de legalidad y el art. 124 del CPP -debida fundamentación-, así como, el derecho al debido proceso, al imponer medidas cautelares gravosas que no se condicen con los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, máxime si no existe daño económico grave al Estado; ii) La jueza a quo omitió considerar la proporcionalidad, pues la detención domiciliaria con custodio, la fianza de Bs50 0000.- y la presentación semanal constituyen una situación gravosa sin sustento jurídico; iii) Corresponde su modificación por una presentación cada quince días y una fianza de Bs10 000.- (diez mil bolivianos), y se levante la detención domiciliaria con custodio; y, iv) El monto de Bs50 000.- resulta excesivo y sin sustento jurídico, la fianza de Bs10 000.-, es un monto que cubriría los gastos de una posible captura y se ajustaría a los posibles daños de una justicia restaurativa. La apelación incidental fue resuelta por Auto de Vista de 16 de mayo de 2023, siendo declarada improcedente y confirmando lo dispuesto por el Auto Interlocutorio 25 de abril de igual año, exponiendo los siguientes razonamientos: a) El Juez a quo actuó de manera correcta y acertada al desestimar la solicitud de detención preventiva planteada por el Ministerio Público y SEDCAM, optando por la aplicación de medidas cautelares sustitutivas, dicha decisión fue fundamentada en una estricta observancia del principio de proporcionalidad, al considerar que la detención preventiva constituía una medida extrema, inclinándose por la imposición de medidas menos gravosas que se adecúan al estado del proceso sin comprometer la finalidad de la medida cautelar; b) Las medidas sustitutivas impuestas, que incluyen la detención domiciliaria, la presentación periódica semanal ante la autoridad fiscal y la fianza económica de Bs50 000.-, son estrictamente idóneas y necesarias para garantizar la integridad del proceso, su aplicación asegura los fines esenciales de las medidas cautelares; es decir, garantizar eficazmente la presencia del imputado durante todas las etapas procesales, y consecuentemente, asegurar la aplicación eficiente de la normativa penal; c) La concurrencia del riesgo de fuga, conforme al art. 234. 4 del CPP, se halla plenamente acreditada y se construye en razón del comportamiento anterior del imputado, quien fue declarado rebelde y se ejecutó un mandamiento de aprehensión en su contra, demostrando con esa conducta que no tiene la voluntad de someterse al proceso, confirmando la existencia concurrente de los dos presupuestos fundamentales para la aplicación de las medidas cautelares -probabilidad de autoría y existencia del riesgo procesal-; y, d) En cuanto a la fianza económica fijada de Bs50 000.-, ésta se considera razonable, no es excesiva ni de imposible cumplimiento y obedece a una valoración de los antecedentes del caso; es importante señalar que, el recurrente mantiene expedita la vía para acudir ante el juez de origen a fin de demostrar su real capacidad económica con la prueba idónea, y en caso que le sea imposible cumplir podrá solicitar la modulación correspondiente. De esa manera, ingresando al análisis de la problemática jurídica, se procede a realizar la evaluación directa de los cargos y fundamentos de hecho y de derecho desarrollados en la acción tutelar, cotejándolos de manera rigurosa con la fundamentación jurídica y fáctica del Auto de Vista impugnado, a la luz de la jurisprudencia constitucional glosada en los Fundamentos Jurídicos III.1. -Fundamentación de Resoluciones- y III.2. -Principio de Proporcionalidad- de esta fallo constitucional; todo ello, con el objetivo de determinar si la autoridad judicial demandada incurrió en la omisión o insuficiencia de fundamentar y motivar su resolución de forma clara y suficiente, como componente ineludible del debido proceso, y si el Auto de Vista confutado cumple con los ineludibles estándares exigidos para las resoluciones que restringen derechos, cuya esencia radica en la fundamentación suficiente en la apelación de la medida cautelar, centrando la denuncia del accionante en la aplicación del juicio de proporcionalidad en sus subprincipios de necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. No obstante, lo alegado por el accionante, al examinar el Auto de Vista de 16 de mayo de 2023, se evidencia que la Vocal demandada sí cumplió con la debida fundamentación, en observancia del principio de proporcionalidad; puesto que, justificó el carácter reforzado y necesario de las medidas sustitutivas -detención domiciliaria con custodio y fianza de Bs50 000.- en un hecho objetivo e irrefutable de la previa declaratoria de rebeldía y ejecución de mandamiento de aprehensión del accionante estipulado en el art. 234.4 del CPP, lo cual demuestra la ineficacia de medidas menos gravosas; asimismo, el Tribunal de alzada consideró la necesidad al validar que el riesgo de fuga comprobado, el cual requiere el máximo control posible sin llegar a la detención preventiva; asimismo, la autoridad demandada explicó que la aplicación de la detención domiciliaria con custodio permanente se sustentó en el principio de proporcionalidad, dado que, se desestimó la solicitud de detención preventiva efectuada por el Ministerio Público por considerarla una medida extrema, lo cual revela un análisis riguroso del citado principio; en cuanto, a la no excesividad descrita en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la autoridad demandada, observó que la detención domiciliaria se impuso después de que el Ministerio Público hubiese solicitado la detención preventiva, la cual fue denegada porque los presupuestos concurrentes no eran suficientes para imponer la señalada medida extrema y excepcional -arts. 221 y 233 del CPP-. Razonamiento que refleja un análisis de no excesividad de la medida ahora cuestionada, demostrando que se ponderó correctamente la afectación a la libertad frente al fin cautelar, optando por la alternativa menos restrictiva de entre las que garantizaban eficazmente la presencia del imputado. Por consiguiente, la resolución impugnada cumple con la fundamentación y motivación exigida por la jurisprudencia, de la misma manera también prioriza el principio de favorabilidad estipulada en los arts. 7 del CPP y 116.I de la CPE, respecto a la restricción de derechos, confirmando que la medida cautelar impuesta fue el resultado de una decisión razonable y calibrada; de igual forma, justificó la necesidad de las medidas sustitutivas y su máxima contención, incluida la detención domiciliaria con custodio, dado que se acreditó con suficiencia probatoria el riesgo de fuga, estipulado en el art. 234. 4 del Adjetivo Penal, el cual, se configuró sobre su comportamiento anterior, siendo objeto de la declaratoria de rebeldía y posterior aprehensión, confirmando así la concurrencia de los presupuestos fundamentales y la ineficacia de cualquier medida de menor intensidad; del fundamento expuesto, se revela un análisis exhaustivo de la necesidad e idoneidad de la medida, dado que la Vocal demandada evaluó la conducta del accionante, concluyendo que la materialización del riesgo de fuga justificaba una restricción indispensable para asegurar los fines del proceso estipulada en el art. 221 del CPP, lo cual implica un análisis adecuado del principio de proporcionalidad respecto a las vertientes antes señaladas. Finalmente, la autoridad accionada, calificó la fianza económica en el monto de Bs50 000.- como razonable y no excesiva, argumentando que responde a una valoración de los antecedentes del proceso y los bienes jurídicos tutelados, con lo cual se cumple con el estándar de proporcionalidad en sentido estricto, para evitar que la medida se convierta en una barrera insalvable o una privación indirecta de libertad por motivos económicos; asimismo, hizo notar expresamente que el accionante en cualquier momento puede solicitar la modificación o modulación del monto ante el juez de origen, previa acreditación de su real y objetiva capacidad económica, esta previsión procesal conforme a la jurisprudencia constitucional neutraliza cualquier acusación de arbitrariedad patrimonial, pues asegura que la finalidad de la fianza sea cautelar y no punitiva, garantizando el respeto al principio de favorabilidad estipulado en el art. 7 del Adjetivo Penal y el derecho a la libertad en su máxima extensión posible. En ese entendido, este razonamiento ratifica la legalidad de la imposición y la posibilidad de modificación de las medidas cautelares, pues considera como suficiente la fianza, como medida sustitutiva a la detención preventiva, regulado en el art. 231 bis de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, que dispone la presentación de fiadores personales con domicilio y solvencia económica demostrada; precepto que busca asegurar el sometimiento del accionante al proceso y evitar el peligro de fuga; su determinación, debe sujetarse a los principios de proporcionalidad y razonabilidad, lo que implica que la autoridad jurisdiccional debe fijarla de modo que no sea excesiva y guarde relación con la capacidad económica real del imputado y las circunstancias del caso; además, que es previsible de revisión por aplicación del principio de variabilidad; así, determinado por el art. 239 del CPP, que establece las medidas cautelares son de carácter provisional e instrumental y, por lo tanto, variables, permitiendo que el accionado solicite su modificación, sustitución o cesación en cualquier momento ante el juez de origen, siempre que acredite nuevos elementos de convicción que demuestren, su real incapacidad para cumplir con el monto fijado, siendo revisable mediante una nueva solicitud.
Por lo tanto, este Tribunal concluye que la resolución emitida por la Vocal demandada contiene los fundamentos fácticos y jurídicos suficientes y pertinentes que sustentan y explican la decisión de confirmar las medidas cautelares, cumpliendo de forma satisfactoria con el ineludible estándar de la debida fundamentación y motivación que exige el debido proceso, la Constitución Política del Estado y la uniforme jurisprudencia constitucional; de esa manera, el reclamo formulado por el accionante se reduce a una mera disconformidad con el criterio judicial adoptado, sin lograr evidenciar en el Auto de Vista impugnado contenga un defecto absoluto que se traduzca en una total o inexistente falta de fundamentación; por consiguiente, al no configurarse la lesión grave o total a un derecho fundamental, la acción de tutela resulta improcedente para revertir una decisión que se encuentra debidamente motivada. En consecuencia, la Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 17 de mayo de 2023, cursante de fs. 30 a 35, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Cochabamba constituida en Jueza de garantías; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
2 Corte IDH, Caso Andrade Salmón vs. Bolivia (2016), párrafo 147. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_330_esp.pdf 3Corte IDH, Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Bolivia (2007), Voto Razonado del Juez Sergio García Ramírez, párrafo 7. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/CF/Jurisprudencia2/busqueda_casos_contenciosos.cfm
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1301_2025-S3.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): 6533d20d1140cd2634d89c8b819ca88c8f43baf8174d5aacf65cdf0afe990e0b
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