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SCP 1299/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 5 de agosto de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
5 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
64970-2024-130-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/2024 de 13 de junio, cursante de fs. 294 a 295 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Del principio de subsidiariedad excepcional
  2. III.2. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1299/2026-S2 Sucre, 5 de agosto de 2026 JURISPRUDENCIA REITERADA - Subsidiariedad excepcional SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 64970-2024-130-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 13/2024 de 13 de junio, cursante de fs. 294 a 295 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Heydi Nicole Tambo Orellana contra Cecilia Miranda Casas, Directora del Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz y Ángel Mamani Villazante, funcionario policial.

I. OBJETO PROCESAL

La accionante alegó la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso: toda vez que, dentro del proceso de asistencia familiar seguido en su contra, el 25 de mayo de 2024 a horas 20:30 fue objeto de la ejecución de un apremio ilegal mientras observaba la entrada del Gran Poder. El mandamiento fue ejecutado en horas de la noche, a pesar de que no habilitaba días ni horarios extraordinarios, y además establecía responsabilidad para la autoridad policial en caso de incurrir en excesos, aspecto que no fue asumido. Manifestó haber sufrido tratos denigrantes por parte de los funcionarios policiales y su expareja, al ser conducida enmanillada y a jalones durante dos horas frente a las demás personas, primero a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) y posteriormente al Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz, recibió malos tratos por parte de los funcionarios policiales al momento de su ingreso al recinto. Por lo expuesto, solicitó se conceda tutela impetrada, se disponga su libertad, en el día y se remitan antecedentes al Tribunal Disciplinario de la Policía Boliviana. Cecilia Miranda Casas, Directora del Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz, en audiencia de garantías, manifestó que no hizo caso omiso al mandamiento de apremio, toda vez que este fue emitido por autoridad competente y no tiene plazo de caducidad; por lo cual, no lesionó ningún derecho y, al contrario solo cumplió con su deber, por lo que solicitó se deniegue la tutela. Ángel Mamani Villazante, funcionario policial, refirió que: a) El mandamiento de apremio se ejecutó por instrucción de su superior, se trasladó a la accionante al Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz a horas 20:30, aclaró que en ningún momento existió violencia verbal o física, y que la demora se debió al congestionamiento vehicular generado por la entrada folclórica, por lo que no fue posible su traslado en patrulla policial; y, b) Se debía considerar que la SCP 0296/2017-S1 de 12 de abril, que establece que para ejecutar un mandamiento de apremio las autoridades tienen el deber de garantizar el interés superior del menor de edad. El Juez de garantías denegó la tutela solicitada, argumentando que, si bien la aprehensión fue ejecutada fuera de horario regular, ello no implica que sea ilegal, pues debe considerarse el interés superior del menor de edad, quien tiene derecho a recibir asistencia familiar; asimismo, señaló que, de lo manifestado por la accionante, no existió exceso de autoridad en la ejecución del mandamiento de apremio. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. TRÁMITE PROCESAL

En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se determinó la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Por ello, el formato del presente fallo se ajusta a lo precedentemente determinado.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. Del principio de subsidiariedad excepcional

La SC 0008/2010-R de 6 de abril, refiriéndose a la excepcionalidad del principio de subsidiariedad en relación a la acción de libertad determinó que: “…esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas” (las negrillas fueron añadidas).

III.2. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio

La SCP 0018/2020-S1 de 12 de marzo, señaló que la acción de libertad es el medio más eficaz para proteger la vida y la libertad por su carácter urgente; sin embargo, si existen mecanismos procesales específicos que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir esos derechos, deben agotarse primero. Sólo si estos no logran la restitución, procede la acción de libertad, así sobre su aplicación en caso de un mandamiento de apremio por causal de asistencia familiar refirió que: “…este entendimiento debe ser asumido en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio que vulnera el derecho a la libertad como resultado de una supuesta ilegal persecución, indebido procesamiento o privación de libertad, debiendo agotarse los mecanismos idóneos, eficaces y oportunos al alcance, a efectos de buscar la restitución del derecho lesionado, no siendo pertinente activar de manera directa la justicia constitucional.” (las negrillas nos pertenecen). Complementa la citada sentencia, que la vía incidental regulada por el art. 255 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) se constituye en la vía idónea para observar cualquier aspecto relativo al mandamiento de apremio, debiendo incluso agotar el recurso de apelación, con carácter previo a acudir a la vía constitucional.

III.3. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la vulneración a sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, fue aprehendida de forma ilegal en horas de la noche, cuando el mandamiento de apremio emitido dentro de un proceso de asistencia familiar no establecía la habilitación de horas extraordinarias; sino que, por el contrario, señala responsabilidad en caso de exceso de autoridad, aspecto que no fue observado, pues durante la ejecución de la orden y en el traslado hasta el Centro Penitenciario fue enmanillada y recibió malos tratos por parte de los funcionarios policiales. A su vez, los demandados refieren que cumplieron con su deber al ejecutar una orden emitida por autoridad competente y que la jurisprudencia prioriza el interés superior de los menores de edad en la ejecución de los referidos mandamientos. De lo descrito y evaluando los presupuestos de procedencia de la acción de libertad, debe considerarse su naturaleza excepcionalmente subsidiaria; toda vez que, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se deja establecido que en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, estos deben ser utilizados previamente por el o los afectados, para recién poder activar esta vía constitucional; y, en el presente caso, si la impetrante de tutela consideraba que el mandamiento de apremio fue indebidamente ejecutado por los funcionarios policiales demandados, previamente a activar la acción de libertad, debió acudir ante la autoridad judicial que ejerce el control jurisdiccional de la causa; es decir, ante la Jueza Pública de Familia Tercera de El Alto del departamento de La Paz por la vía incidental -conforme lo desarrollado en el fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional-pues tal vía es la idónea para cuestionar la legalidad de la actuación policial y obtener la restitución de sus derechos que alega fueron lesionados. Consecuentemente, se advierte que la peticionante de tutela contaba con mecanismos procesales ordinarios idóneos, para cuestionar la forma de ejecución del mandamiento de apremio; sin embargo, al no haberse agotado los medios de defensa ordinarios, la presente acción de libertad deviene de improcedente, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/2024 de 13 de junio, cursante de fs. 294 a 295 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1299_2026-S2.pdf · páginas 1 a 5.

Huella digital del PDF (SHA-256): 10f76563d3a2dedf01c237bf10f3e7f077409e6d21cbce3bcfbff917701109cc

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