Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 17 de octubre de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad y del contenido de la acción y su ratificación se infiere la denuncia de vulneración del derecho al debido proceso; por cuanto, el Vocal demandado, mediante Auto de Vista 259/2023 de 17 de marzo, declaró inadmisible el recurso de apelación incidental que interpuso contra el Auto Interlocutorio 122/2023 de 10 de marzo, que rechazó la solicitud de modificación de fianza; con el fundamento de que dicho recurso no fue presentada oralmente en el acto, como exige la norma, ya que consideró que la expresión “vamos a plantear apelación” expresa una intención futura y no una acción concreta; asimismo, se incurrió en dilación procesal indebida, puesto que el Auto supuestamente emitido el 17 de marzo del 2023 fue notificado recién el 24 del mismo mes y año y se halla archivado en la Sala penal; por lo que pide que se conceda la tutela y se señale día y hora de audiencia para considerar la apelación interpuesta. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 24/2023 de 6 de abril, cursante a fs. 20 y vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de La Paz; constituida en Jueza de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer lo siguiente:
a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 259/2023 de 17 de marzo, emitido por Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, b) Que la autoridad demandada o quien ejerza dicho cargo, señale día y hora de audiencia para la consideración del recurso de apelación incidental interpuesta, verificada en el plazo máximo de los tres días siguientes, desde la notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; siempre y cuando no se haya modificado la situación jurídica del peticionante de tutela. 3° DENEGAR la tutela con relación a la dilación en la notificación con el Auto de Vista 259/2023 de 17 de marzo y su devolución ante el Juez a quo, conforme a los fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1299/2025-S3 Sucre, 17 de octubre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 55649-2023-112-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 24/2023 de 6 de abril, cursante a fs. 20 y vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por María Alejandra Altuzarra Bustillos en representación sin mandato de Rene Mamani Paz contra Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 6 de abril de 2023, cursante de fs. 9 a 10, el accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de robo agravado, en audiencia de medidas cautelares, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; posteriormente, se concedió la solicitud de la cesación de su detención preventiva pero no pudo ejecutarse debido a la imposición de una fianza económica de Bs20 000 (veinte mil bolivianos), ante esa situación solicitó la modificación de la fianza, la cual fue rechazada en audiencia celebrada el 10 de marzo de 2023, por Auto Interlocutorio 122/2023, decisión que fue apelada conforme al art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Desde el 14 de marzo del mismo año, no se realizó la audiencia de consideración de la apelación incidental, razón por la que su abogada se apersonó ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, donde se le informó que el proceso se encontraba en despacho, sin embargo, al día siguiente retorno para colectar datos e interponer acción de libertad, empero se encontró con que ya se había emitido el Auto de Vista 259/2023 de 17 de marzo, declarando inadmisible la apelación por no haber sido interpuesta oralmente y en el acto, según la normativa legal, por consiguiente confirmó el Auto Interlocutorio 122/2023, se consideró improcedente por haber utilizado la frase “vamos a plantear apelación”, la cual, según la autoridad demandada, implicaba una acción futura; además, no se realizó la notificación del Auto de Vista 259/2023, conforme al procedimiento establecido, y que solo ha generado una mora procesal indebida.
Denunció lesión de sus derechos a la libertad, sin citar normal constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga señalar día y hora de audiencia para la consideración del recurso de apelación incidental.
Celebrada la audiencia virtual el 6 de abril de 2023, según consta en acta cursante de fs. 18 a 19, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante sin mandato, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que se presentó ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz para averiguar sobre la apelación incidental, le informaron que el expediente se encontraba en despacho, por lo que, solicitó la exhibición del cuaderno procesal. Cuando retornó al día siguiente para pedir una copia del libro diario, le comunicaron que el proceso ya había salido de despacho y que ya se encontraba notificada con el Auto de Vista 259/2023 de 17 de marzo, el 24 del mismo mes y año; es decir se incurrió en una mora procesal indebida ya que supuestamente la Resolución que fue emitida el 17 de marzo, recién se notificó el 24 del mismo mes y año, y desde entonces se halla archivada en la Sala Penal, pudiendo haberles notificado vía WhatsApp.
Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través del Informe/A.L.26/2023 presentado el 6 de abril de 2022, cursante de fs. 15 a 17 vta. manifestó que: a) Con las atribuciones y facultades conferidas por ley, el “16” de noviembre de igual año, emitió el Auto de Vista 259/2023 disponiendo confirmar el Auto Interlocutorio 122/2023; b) El Tribunal de alzada, conforme al art. 398 del CPP, debe considerar únicamente los agravios planteados por la parte apelante y su respectiva respuesta, en este caso, el Auto de Vista fue debidamente motivado y fundamentado cumpliendo con la estructura de fondo y forma, por lo que no se vulneró el derecho al debido proceso alegado; c) El memorial de la acción de libertad se limita a relatar hechos del proceso penal sin fundamentar su aplicación ni expresar una pretensión concreta, además podía solicitar explicación, complementación o enmienda según el art. 125 del CPP, pero no lo hizo dentro del plazo establecido y acudió a la acción de libertad sin haber agotado la vía judicial, por lo que no procede su consideración; d) Según los arts. 396.4 y 404 del Adjetivo Penal, los recursos deben interponerse oralmente ante el tribunal que dictó la resolución, y la parte interesada debía realizar un seguimiento oportuno, agotar todas las instancias legales, por lo que no se vulneró ningún derecho ni garantía constitucional; y, e) Se advirtió que la parte accionante no comprendió adecuadamente los fundamentos de la Resolución 259/2023, estaba facultada para solicitar explicación, complementación o enmienda conforme al art. 125 del CPP, no lo hizo dentro del plazo establecido, esta omisión implicó una aceptación tácita de la resolución; sin haber agotado oportunamente esa vía judicial, acudió a la acción de libertad con el objetivo de remediar su propia negligencia.
La Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 24/2023 de 6 de abril, cursante a fs. 20 y vta., denegó la tutela solicitada. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) Consideró que, se denuncia como acto ilegal que la autoridad demandada emitió un Auto de Vista sin permitir a la parte apelante ejercer su derecho a fundamentar, incumpliendo con la notificación conforme al procedimiento, lo que habría ocasionado mora procesal y vulneración de derechos; 2) La jurisprudencia constitucional establece que los casos que involucren a personas privadas de libertad deben resolverse con celeridad, aunque en este caso se alega que no se consideró su derecho a la impugnación, el Auto Supremo 114/2016-RRC de 17 de febrero, señala que las resoluciones judiciales deben estar debidamente fundamentadas y respaldadas por normas legales, deben contener los hechos, y realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva en garantía del debido proceso y la seguridad jurídica. Sin embargo, la parte demandante no logró demostrar que se hayan vulnerado sus derechos; y, 3) La Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, se ha modificado en todos sus lineamientos, respecto a las apelaciones, deben ser puestas a conocimiento en el momento de la finalización de la audiencia, será interpuesto de forma oral ante el juez o tribunal que la dicto, de conformidad con el art. 404 del CPP, concordante con el art. 180 de la CPE, quienes deberán emitir obrados ante la Sala Penal que corresponda.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Rene Mamani Paz -hoy accionante- por la presunta comisión del delito de robo agravado; en la audiencia de modificación de medida cautelar celebrada el 10 de marzo de 2023, el accionante solicitó sustituir la fianza económica de Bs20 000 impuesta, por la presentación de garantes personales, alegando imposibilidad de cumplimiento, para respaldar su petición, presentó un informe de Derechos Reales (DDRR) que acreditó no tener bienes registrados a su nombre, certificaciones de la Cooperativa de Telecomunicaciones de La Paz (COTEL) y de entidades financieras, además de un informe social de diciembre de 2022, que señalaba su situación económica desfavorable; sin embargo, el Juez consideró insuficiente la documentación presentada, argumentando que el informe de Derechos Reales solo abarcaba la ciudad de La Paz y no incluía otras localidades como El Alto o los Yungas, de donde el solicitante sería oriundo; también observó la falta de certificaciones de tránsito, de algunas entidades financieras y del entorno familiar del imputado, además de indicar que el informe social ya había sido valorado previamente. Por tanto, concluyó que no existían elementos legales pertinentes ni idóneos para modificar la fianza, rechazando Mediante Auto Interlocutorio 122/2023, decisión que fue apelada en la misma audiencia conforme al art. 251 del CPP (fs. 2 a 3). II.2. Cursa el Auto de Vista 259/2023 de 17 de marzo, en el que se indicó que con la entrada en vigencia de la Ley 1173, que modificó el art. 251 del CPP, y conforme a su disposición transitoria décima tercera, se estableció el Reglamento 12/2019 aplicable a los procesos penales, este reglamento dispuso que, una vez emitido el fallo sobre la aplicación de una medida cautelar personal, la parte afectada debía apelar oralmente en el acto, conforme al plazo del art. 251 del CPP; en el caso analizado, la parte interesada no interpuso su apelación de forma oral en el acto, sino que solo manifestó su intención futura de hacerlo al referir vamos a plantear apelación; por esta razón, se declaró inadmisible el recurso por no haberse presentado conforme a lo exigido legalmente; y, se confirmó el Auto Interlocutorio 122/2023 (fs. 13 a 14).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad y del contenido de la acción y su ratificación se infiere la denuncia de vulneración del derecho al debido proceso; por cuanto, el Vocal demandado, mediante Auto de Vista 259/2023 de 17 de marzo, declaró inadmisible el recurso de apelación incidental que interpuso contra el Auto Interlocutorio 122/2023 de 10 de marzo, que rechazó la solicitud de modificación de fianza; con el fundamento de que dicho recurso no fue presentada oralmente en el acto, como exige la norma, ya que consideró que la expresión “vamos a plantear apelación” expresa una intención futura y no una acción concreta; asimismo, se incurrió en dilación procesal indebida, puesto que el Auto supuestamente emitido el 17 de marzo del 2023 fue notificado recién el 24 del mismo mes y año y se halla archivado en la Sala penal; por lo que pide que se conceda la tutela y se señale día y hora de audiencia para considerar la apelación interpuesta. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Estos entendimientos fueron asumidos por la SCP 0387/2025-S3 de 20 de mayo de 2025. El art. 251 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, estipula:
La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior. Sobre las formas de presentación del recurso de apelación contra la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, se ha pronunciado la jurisprudencia constitucional, así la SC 1703/2004-R de 22 de octubre, determinó que este mecanismo de impugnación “puede ser planteado en forma oral y en la misma audiencia, no siendo necesario que posteriormente sea formalizado o fundamentado por escrito” . Bajo el mismo entendimiento la SCP 0425/2018-S2 de 14 de agosto, hace alusión a los principios de oralidad e inmediación que son parte del procedimiento penal, y reiteró lo establecido por la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, que determinó las subreglas referentes al recurso de apelación incidental, citando entre ellas:
1El FJ III.3, señala: “En el caso que se examina, uno de los extremos denunciados en el recurso está referido al hecho de que -según la demandante-, la interposición de la apelación incidental de la medida cautelar no cumplió con lo previsto por el art. 251 con relación a los arts. 403 inc. 3) y del 404 del CPP, que disponen que las apelaciones incidentales deben ser presentadas por escrito debidamente fundamentadas; al respecto, es necesario precisar, que si bien estas dos últimas disposiciones legales, de modo general regulan las apelaciones incidentales, incluidas las medidas cautelares de carácter real; empero, las mismas, no son extensivas para el trámite de los recursos interpuestos respecto a las medidas cautelares de carácter personal, las que por su naturaleza están sujetas a un trámite especial, regulado por el art. 251 del CPP, modificado por el art. 15 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (LSNSC), que está referido exclusivamente, al recurso de apelación planteado contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o sustituyan medidas cautelares de carácter personal, precepto legal que determina que una vez interpuesto el recurso, ‘las actuaciones pertinentes serán remitidas ante la Corte Superior de Justicia, en el término de veinticuatro horas’; asimismo, señala que el Tribunal de apelación resolverá sin más trámite dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior.
Consiguientemente, la interposición del recurso de apelación contra la Resolución que imponga o modifique, una medida cautelar personal, puede ser planteada en forma oral en la misma audiencia, no siendo necesario que posteriormente sea formalizado o fundamentado por escrito, -conforme señala la recurrente-; con mayor razón, si se tiene en cuenta, que la audiencia señalada por el Tribunal de Alzada para la consideración del recurso, está orientada a que las partes, en virtud de los principios de oralidad e inmediación que caracterizan al actual sistema procesal, expresen los fundamentos del recurso y exhiban los elementos probatorios en la audiencia pública señalada al efecto, y por lo mismo, las previsiones contenidas en los arts. 403 y 404 del citado Código no son aplicables al caso que se analiza”.
2El FJ III.3, indica: “Del repaso de la jurisprudencia constitucional vinculada a la tramitación del recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, y con la finalidad de otorgar seguridad jurídica a los justiciables, corresponde sistematizar las subreglas que han sido delineadas por este Tribunal, conforme a lo siguiente:
i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.
ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto.
iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.
iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.
v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.
vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia [iv)] Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. (…) Por tal motivo, ante toda apelación oral formulada en audiencia, la autoridad judicial debe disponer la remisión de los antecedentes de la causa al Tribunal ad quem en la misma audiencia, en ese mérito, a partir de ese momento, se computará el plazo previsto en el marco de lo dispuesto por el art. 251 del CPP. [el resaltado es añadido]
Este razonamiento se ha mantenido en el marco de la reforma realizada por el art. 11 de la Ley 1173 al art. 251 del CPP, así la SCP 0807/2021-S4 de 12 de noviembre, reafirmó lo siguiente:
[Al] respecto, la SCP 2356/2012 de 22 de noviembre, refirió que: “La teleología de la apelación incidental diseñada por el legislador contra Resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, es garantizar un procedimiento efectivo, rápido y oportuno para que la situación jurídica del imputado pueda ser revisada y valorada por un Tribunal colegiado de mayor jerarquía.
En este sentido, la tramitación prevista por el art. 251 del CPP, (…) se constituye en un procedimiento y tramitación especial que no reúne los mismos parámetros jurídicos o requisitos procedimentales establecidos por los arts. 403, 404 y 405 del CPP, pues dicho recurso se puede interponer inclusive de forma oral al momento de culminar o escuchar el pronunciamiento en audiencia sobre la procedencia o no de la detención preventiva o alguna otra medida sustitutiva, además de que no es necesario que acompañe ninguna otra prueba como así exige el art. 404 del CPP; en todo caso, el juez cautelar tiene el deber de remitir los actuados procesales pertinentes que hacen la apelación dentro de las 24 horas, sin que sea requisito que acompañe nueva prueba para el efecto, y menos aún, se emplace o corra traslado a las otras partes para que contesten dentro de los tres días; aclarando más bien que, el juez no tiene que esperar de ninguna manera que el apelante presente o ratifique su apelación de forma escrita, en todo caso como se dijo, tiene la obligación de imprimir celeridad en sus actos y remitir la documentación ante el Tribunal superior dentro del plazo previsto en el procedimiento especial establecido en el art. 251 del referido cuerpo adjetivo (…) [el resaltado es añadido]. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0991/2023-S2 de 12 de diciembre y 0935/2021-S2 de 3 de diciembre, se ha pronunciado en el marco de los fines y objetivos establecidos por la Ley 1173 y las modificaciones que incorporó al régimen de apelación incidental previsto en los arts. 403 y ss. del CPP, entre ellas, la presentación del recurso de apelación en forma oral, precisando lo siguiente: [Se] modificó el régimen de apelación incidental previsto en los art. 403 y ss. del CPP; así las cosas y en este nuevo contexto procesal el recurso de apelación incidental contra las resoluciones descritas en el art. 403 del Adjetivo Penal debe ser interpuesto de manera oral o escrita; el primer escenario, supone que el mismo debe ser formulado en audiencia e inmediatamente después que la autoridad jurisdiccional emitió la decisión que desde el punto de vista del recurrente, le ocasiona un agravio en sus derechos e intereses legítimos (…). En este contexto, la apelación oral formulada en el marco previsto en el art. 404 del CPP, debe ser aceptada sin la exigencia de cumplimiento de ningún otro requisito de carácter formal que vaya en contrasentido del principio de inmediación -transversal en todo el proceso penal boliviano- como es la exigencia de argumentación o fundamentación de agravios ante una autoridad que eventualmente no será la decisora; a partir de ello, la sola interposición del recurso de manera inmediata-oral y la exposición de agravios ante el tribunal de alzada son suficientes para: remitir antecedentes al superior jerárquico, disponer la admisibilidad del recurso y obtener una respuesta de fondo en etapa de apelación; ello, acorde a lo previsto en la SCP 0935/2021-S2 de 3 de diciembre, que respecto al alcance del recurso de apelación incidental conforme al marco previsto en el art. 403 del CPP, establece que: “…las partes deben formular el recurso de apelación de manera oral en la audiencia de resolución, luego de ser dictaminada la misma y notificada por su lectura, debiendo constar en dicho acto procesal de forma expresa su interposición, y cuya fundamentación será desarrollada posteriormente en alzada [El resaltado es nuestro].
Bajo el mismo entendimiento la SCP 0732/2023-S2 de 28 de julio, estableció lo siguiente:
[La] simple interposición o formulación oral del recurso ante la autoridad que emitió la decisión impugnada; sin la exigencia de cualquier otro requisito formal como es el caso de la exposición de agravios ante la autoridad que no es decisora; es suficiente para que el legajo procesal sea remitido al Tribunal de alzada, este aperture su competencia, declare la admisibilidad del recurso y emita una decisión de fondo, que responda a la fundamentación de agravios realizada por el recurrente o apelante. Un entendimiento contrario; es decir, declarar la inadmisibilidad del recurso de apelación incidental (en el marco del art. 403 del CPP) a partir de la falta de exposición de agravios del recurrente ante el juez o tribunal que dictó la decisión judicial, no solo transgrede los principios que fundamentan el orden penal vigente; sino, criterios de interpretación de derechos humanos reconocidos por la jurisprudencia constitucional que permiten la vigencia y materialización efectiva de los mismos; así, en observancia del principio pro actione -SCP 0897/2013 de 20 de junio; los jueces y tribunales deben interpretar la norma en el sentido más favorable para la admisibilidad de un recurso o medio de impugnación a fin de que se emita un pronunciamiento de fondo; en el mismo sentido, y acorde al principio pro homine, las autoridades judiciales no solo deben aplicar las normas que sean más favorables para la protección o materialización de un derecho sino adoptar una interpretación también favorable y extensiva al mismo, por sobre una que restrinja y limite su efectividad y vigencia [el énfasis es añadido].
El accionante a través de su representante enfoca su problemática en el hecho de que se le concedió la cesación a la detención preventiva; pero no pudo concretarse porque se le impuso una fianza económica de imposible cumplimiento, ante esa situación, solicitó la modificación de la fianza, la cual fue rechazada mediante Auto Interlocutorio 122/2023 de 10 de marzo, decisión que fue apelada conforme al art. 251 del CPP; recurso que fue radicado en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; al acudir a la referida Sala, se le informó que el expediente se encontraba en despacho; al día siguiente, al retornar y sacar datos para interponer la acción de libertad, se sorprendió que el Vocal demandado ya había emitido el Auto de Vista 259/2023 de 17 de marzo, que declaró inadmisible la apelación incidental, fundamentando que por haber empleado el término: “vamos a plantear apelación”, interpretada como una intención futura, no correspondía su admisión, además no se cumplió con la notificación adecuada, lo que generó una mora procesal, considerando que el Auto de Vista confutado vulneró su derecho a la libertad. De la revisión de antecedentes y conforme los datos consignados en la Conclusión II.1 del presente fallo constitucional, se advierte que dentro del proceso penal seguido contra el accionante por la presunta comisión del delito robo agravado, en la audiencia celebrada el 10 de marzo de 2023, de sustitución de la fianza económica impuesta por la presentación de garantes personales, alegando imposibilidad material de cumplir con dicha obligación; el juez de la causa resolvió rechazar la solicitud de modificación de la medida cautelar, al considerar que no se habían acreditado elementos legales pertinentes ni idóneos para justificar el cambio. Dicha decisión fue apelada en la misma audiencia, conforme al art. 251 del CPP. De conformidad con los datos consignados en la Conclusión II.2 del presente fallo constitucional, se advierte que el Auto de Vista 259/2023 señaló que, con la entrada en vigencia de la Ley 1173 que modificó el art. 251 del CPP, concordante con el art. 33 del Reglamento 12/2019 sobre Conductas y Medidas Disciplinarias aplicables al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencias Penales se exige que, una vez dictado el fallo sobre una medida cautelar personal, la parte afectada debe interponer su apelación de forma oral e inmediata en la misma audiencia; en el caso analizado, la parte interesada no apeló oralmente en el acto, sino que únicamente expresó su intención futura de hacerlo al manifestar “vamos a plantear apelación”, por este motivo, el recurso fue declarado inadmisible por no cumplir con los requisitos legales establecidos, confirmando el Auto Interlocutorio 122/2023. Ahora bien, corresponde analizar y aplicar el Fundamento Jurídico III.1 de ésta Sentencia Constitucional Plurinacional, al presente caso; el Vocal demandado, mediante Auto de Vista 259/2023, resolvió declarar inadmisible el recurso de apelación incidental interpuesto, bajo el argumento de que no fue planteado en el acto de manera oral, como lo establece el art. 251 del CPP, y solamente se ha limitado a indicar vamos a apelar, que se refiere a un acto a futuro que puede o no ser realizado, la interposición del recurso de apelación tiene que ser un acto procesal presente y cierto, por lo que se considera que no realizó de manera correcta la interposición del mismo; más aún porque la Ley 1173 no reconoce el término “vamos a apelar”. Al haber realizado esa interpretación el Vocal demandado, se considera totalmente errónea, ya que el accionante al culminar con la audiencia de modificación de medidas cautelares de 10 de marzo de 2023, y tras ser notificado verbalmente con la decisión judicial, interpuso de inmediato recurso de apelación incidental según lo establecido en el art. 251 del CPP, modificado por la Ley 1173, refiriendo en forma textual “..vamos a plantear apelación conforme al artículo 251en contra dela resolución que ha dictado su autoridad…” (sic); más delante recalca “como carece de fundamentación exacta respecto a la solicitud que se ha planteado es que estamos planteándola apelación…” (sic). Como se advierte no cabe ninguna duda, que el peticionante de tutela expresó de forma indubitable su voluntad de impugnar el Auto Interlocutorio que rechazó la modificación de medidas “sustitutivas”; puesto que de forma clara apeló en forma oral contra dicha determinación en audiencia, ajustándose al marco legal, que establece que dicho recurso debe ser presentado de forma oral en audiencia; la interposición de la alzada es tan evidente que el propio juez a quo no tuvo duda alguna de su planteamiento, puesto en la misma audiencia, respondiendo a la interposición de la apelación, dispuso: ”téngase por planteado la apelación, no obstante, se le va a conceder y conforme al art. 251 del Adjetivo Penal por secretaría remítase antecedentes al Tribunal de alzada a efectos de su resolución” (sic). Consiguientemente, la interpretación efectuada por el Vocal demandado resulta incorrecta, puesto que, en lugar de proceder conforme a la voluntad de la parte apelante, se extravía en una interpretación literal de lo manifestado por el abogado de defensa a tiempo de apelar, desconociendo que la normativa procesal penal no impone el uso de frases sacramentales para interponer recursos; por ello, concluir que el término utilizado por el accionante “vamos a apelar”, constituya como una referencia a una intención futura y no a un recurso formal presentado, desconoce abiertamente el principio pro actione, que le obligaba a desechar todo rigorismo o formalismo excesivo, a fin de materializar el derecho a la impugnación del hoy accionante y en consecuencia pronunciarse sobre el fondo del recurso. Por ello, esta Sala, en el marco del entendimiento establecido en la SCP 0591/2013 de 21 de mayo, de que existe la posibilidad que los aspectos de derecho que fueron inobservados por el accionante sean subsanados por la autoridad judicial que conoce la acción, advierte que se restringe el derecho al debido proceso en su elemento de impugnación, al no haberse permitido la revisión sobre la decisión de primera instancia; y, de forma directa ha resultado vulnerado el derecho a la libertad personal del accionante, puesto que ha impedido que se defina la situación jurídica del peticionante de tutela; razón por la cual corresponde conceder la tutela solicitada. Con relación a la dilación que se denuncia con la notificación del Auto de Vista pronunciado el 17 de marzo del 2023 y su oportuna devolución ante el Juez a quo, toda vez que no cursa en el expediente constitucional la diligencia de notificación con dicho actuado ni la constancia de la fecha de la devolución del legajo de apelación y que el Vocal accionado alega haberse efectuado de forma inmediata a su emisión, no es posible el pronunciamiento sobre el fondo de dicho denuncia, razón por la cual corresponde denegar la tutela solicita sobre esta denuncia. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar totalmente la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 24/2023 de 6 de abril, cursante a fs. 20 y vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de La Paz; constituida en Jueza de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer lo siguiente:
a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 259/2023 de 17 de marzo, emitido por Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, b) Que la autoridad demandada o quien ejerza dicho cargo, señale día y hora de audiencia para la consideración del recurso de apelación incidental interpuesta, verificada en el plazo máximo de los tres días siguientes, desde la notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; siempre y cuando no se haya modificado la situación jurídica del peticionante de tutela. 3° DENEGAR la tutela con relación a la dilación en la notificación con el Auto de Vista 259/2023 de 17 de marzo y su devolución ante el Juez a quo, conforme a los fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte” (énfasis añadido).
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1299_2025-S3.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): b9aab167f58564a40cbfe4a612f6b35dfa68c216c10faea9bbff2cffc0e5fe0c
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