Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 4 de noviembre de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación y motivación, a la defensa, acceso a una justicia pronta y efectiva, el principio de legalidad, la seguridad jurídica, presunción de inocencia y non bis in ídem; toda vez que, los demandados al emitir la Resolución TSI 383/2022: a) Afectaron el principio non bis in ídem al ser procesado dos veces por los mismos hechos relacionados con la supuesta falta de atención a recursos de reposición, debido a: 1) La primera denuncia, presentada ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Magistratura; y, 2) La segunda denuncia, presentada por Claudia Mireya Benítez Ávila, tramitada ante el Juzgado Disciplinario Primero de la Representación Distrital de La Paz del Consejo de la Magistratura, donde se le acusó retardación de justicia e incumplimiento de deberes; siendo ambas denuncias idénticas; b) No se tuvo en cuenta que la Sentencia Disciplinaria JD1 52/2021, se basó en la Resolución 086/2021, que posteriormente fue revocada por la SCP 0275/2022-S4, lo cual vulneró el principio de independencia judicial y la sanción se sustentó en un acto inválido; y, c) Se incumplieron los arts. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 185/2023 de 11 de agosto, cursante de fs. 261 a 264, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela solicitada, con base a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración que no se ingresó al fondo del análisis de la problemática planteada; y, 2º Llamar la atención a Israel Ramiro Campero Méndez y Alfredo Jaimes Terrazas, Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, conforme a los Fundamentos Jurídicos III.3 del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1299/2025-S2 Sucre, 4 de noviembre de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 58364-2023-117-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 185/2023 de 11 de agosto, cursante de fs. 261 a 264, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por William Presvitero Rodríguez Álvarez contra Marvin Arsenio Molina Casanova y Omar Michel Duran, Consejeros del Consejo de la Magistratura.
Por memoriales presentados el 24 y 27 de julio de 2023, cursantes de fs. 169 a 186 y 192, el accionante manifiesta lo siguiente:
En el proceso penal iniciado por Claudia Mireya Benítez Ávila contra Simón Ruiz Paz Corrales, inicialmente por la presunta comisión del delito de violación y luego ampliado al delito de feminicidio en grado de tentativa, las actuaciones fiscales y judiciales se realizaron conforme a la ley, y las solicitudes de control jurisdiccional e impugnaciones presentadas por la defensa fueron rechazadas por extemporáneas, y aunque se promovieron varias acciones constitucionales, solo una concedió parcialmente la tutela, estableciéndose que la ampliación del delito y la prolongación de la investigación fueron impulsadas por la propia víctima y las actuaciones judiciales se ajustaron al procedimiento legal, sin vulneración de derechos, pese a las reiteradas y extemporáneas impugnaciones presentadas. En ese contexto, en el proceso disciplinario Caso JD 80/2021, tramitado ante el Juzgado Disciplinario Primero de la Representación Distrital de La Paz del Consejo de la Magistratura, se emitió la Sentencia Disciplinaria JD1 52/2021 de 19 de agosto, declarando probada la denuncia en su contra, siendo sancionado con la suspensión por un mes sin goce de haberes. Contra dicha resolución interpuso recurso de apelación y excepción de cosa juzgada el 28 de septiembre de 2021, remitidos los antecedentes al Tribunal de Segunda Instancia del Consejo de la Magistratura, dictó la Resolución SD-AP 268/2021 de 28 de octubre, confirmando la resolución de primera instancia. Posteriormente, su solicitud de aclaración, complementación y enmienda fue declarada no ha lugar por Auto de 22 de abril de 2022. Ante ello, promovió acción de amparo constitucional que fue concedida parcialmente por Resolución 171/2022 de 1 de agosto, disponiendo dejar sin efecto la Resolución SD-AP 268/2021, ordenando la emisión de una nueva decisión. Es así que, el Tribunal de Segunda Instancia emitió la Resolución TSI 383/2022 de 14 de noviembre, que nuevamente confirmó la Resolución Disciplinaria JD1 52/2021 y declaró no ha lugar su solicitud de aclaración, complementación y enmienda por Auto de Complementación de 17 de abril de 2023. En ese entendido, en el proceso disciplinario se vulneraron sus derechos fundamentales, toda vez que: a) Se afectó el principio non bis in ídem al ser procesado dos veces por los mismos hechos relacionados con la supuesta falta de atención a recursos de reposición, configurando una doble persecución contraria a dicha garantía constitucional. Señala que existieron dos denuncias: 1) La primera, presentada por Miriam Julieta Huacani Zapana, Viceministra de Igualdad de Oportunidades dependiente del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Magistratura, que dio lugar al “Informe Final 078/2021”, que concluyó que las actuaciones denunciadas eran actos estrictamente jurisdiccionales, no susceptibles de control administrativo, y que adquirió calidad de cosa juzgada al no ser impugnado y la “Sentencia 10/2021” reconoció la legalidad de su accionar, rechazando las acciones tutelares interpuestas y descartando indicios de corrupción o faltas disciplinarias; y, 2) La segunda denuncia fue presentada por Claudia Mireya Benítez Ávila tramitado ante el Juzgado Disciplinario Primero del Consejo de la Magistratura, acusando retardación de justicia e incumplimiento de deberes por no resolver oportunamente recursos de reposición y solicitudes de control jurisdiccional. Denuncias que considera eran idénticas, con los mismos sujetos, objeto y causa, y que se desconoció la cosa juzgada, en trasgresión del art. 117.II de la Constitución Política del Estado (CPE) y del “Acuerdo 020/2018”. Asimismo, b) La Sentencia Disciplinaria JD1 52/2021 que lo sancionó con un mes de suspensión, se sustentó en la “Resolución 086/2021”, señalando que no resolvió oportunamente un recurso de reposición, que fue revocada por la SCP 0275/2022-S4 de 11 de mayo, la cual determinó que no hubo vulneración de derechos. En consecuencia, considera que la sanción se basó en un acto inválido, afectando el principio de independencia judicial y contraviniendo los arts. 107 del “Acuerdo 020/2018” y 178 de la CPE; y, c) Argumenta que se incumplieron los arts. 23, 31.II y 74 del “Acuerdo 020/2018”, que exigen decisiones fundamentadas y coherentes basadas en la sana crítica. Asimismo, se omitió considerar la cosa juzgada de sus casos anteriores y se utilizó prueba revocada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, haciendo que las decisiones resulten arbitrarias y sin sustento jurídico.
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación y motivación; el derecho a la defensa, acceso a una justicia pronta y efectiva, el principio de legalidad, la seguridad jurídica, presunción de inocencia y non bis in ídem, citando al efecto los arts. 13, 109, 110, 113, 115, 116 y 117 de la CPE; 8.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Dejar sin efecto la Sentencia Disciplinaria JD1 52/2021 y la Resolución TSI 383/2022; b) Se resuelva por probada la excepción de cosa juzgada disponiendo la extinción y archivo de obrados, así como por improbada y rechace la denuncia presentada en su contra; y, c) Se abstenga de realizarse cualquier acto que vulnere derechos y garantías constitucionales.
Celebrada la audiencia pública el 11 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 257 a 260, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional.
Marvin Arsenio Molina Casanova y Omar Michel Duran, Consejeros del Consejo de la Magistratura, por informe escrito cursante de fs. 251 a 256, pidieron se deniegue la tutela impetrada y sostuvieron que: a) Respecto al reclamo sobre la supuesta vulneración del principio non bis in ídem, aclaran que no hubo doble sanción ni identidad de sujeto, objeto y causa, ya que el Consejo de la Magistratura sólo tiene competencia disciplinaria y no se encontró ningún proceso paralelo, advirtiendo que la sanción disciplinaria impuesta (un mes de suspensión sin goce de haberes) se encuentra fundamentada y motivada, pues el accionante retardó la emisión de la resolución de un recurso de reposición por más de dos meses en un proceso penal por tentativa de feminicidio, infringiendo el art. 187.14 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); b) El Tribunal Constitucional Plurinacional no puede revisar la interpretación de legalidad ordinaria salvo que el impetrante de tutela demuestre motivación arbitraria, incongruencia o violación clara de derechos, lo cual no ocurrió en el caso y que al no cumplir con los requisitos doctrinales de las “auto-restricciones” y carecer de argumentación suficiente, la acción es improcedente; y, c) Ratifican que la Resolución TSI 383/2022 cuenta con la motivación, fundamentación y congruencia requeridas, y que la solicitud de aclaración y complementación fue correctamente rechazada por no corresponder modificar el fondo de la decisión.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 185/2023 de 11 de agosto, cursante de fs. 261 a 264, concedió la tutela solicitada, disponiendo que las autoridades demandadas emitan nueva resolución, anulando hasta la Sentencia Disciplinaria JD1 52/2021 emitida por el Juzgado Disciplinario Primero de la Representación Distrital de La Paz del Consejo de la Magistratura; con base en los siguientes fundamentos: 1) Respecto al principio non bis in ídem, no existió doble juzgamiento, pues la Unidad de Transparencia y el régimen disciplinario tienen ámbitos de competencia distintos, toda vez que, la primera investiga hechos vinculados a corrupción y la segunda se ocupa de faltas funcionales dentro de la administración de justicia; no obstante, la autoridad disciplinaria omitió valorar la sentencia constitucional que revocó la Resolución -de amparo constitucional- “086/2021”, la cual sirvió de fundamento para imponer la sanción que implicó una vulneración al derecho al debido proceso y a la valoración de la prueba; y, 2) Si bien la jurisdicción constitucional no revisa ordinariamente la valoración probatoria, señaló que puede hacerlo cuando la omisión probatoria afecta derechos fundamentales, conforme a la SCP 238/2018-S2, que en el caso, constató que la Resolución de Segunda Instancia TSI 383/2022 no tomó en cuenta ni mencionó la sentencia revocatoria presentada por el accionante en apelación y en el presente caso las autoridades demandadas no realizaron una valoración completa y racional de la prueba.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Nota MJTI-VIO 287/2021 de 6 de abril, en la que Miriam Julieta Huacani Zapana, Viceministra de Igualdad de Oportunidades dependiente del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, remite denuncia y solicita información de William Presvitero Rodríguez Álvarez -ahora accionante-, a Marco Antonio Cárdenas Uzquiano, Encargado Distrital del Consejo de la Magistratura de La Paz (fs. 3 a 4); la misma que, por proveído de 29 de abril de 2021, Mariela Gutiérrez Mallea, Profesional III Transparencia Institucional del Consejo de la Magistratura, solicitó al impetrante de tutela, informe documentado con relación a los hechos descritos (fs. 6). II.2. Mediante Informe Final CM/TI/MGM/LP 078/2021 de 20 de mayo, Mariela Gutiérrez Mallea, Profesional III Transparencia Institucional del Consejo de la Magistratura, concluyó que el caso MP/Simón Ruiz Paz Corrales es de naturaleza jurisdiccional y no competencia de la Unidad de Transparencia, ya que afectaría la independencia judicial. No se hallaron indicios de corrupción ni faltas disciplinarias, por lo que, en aplicación del art. 23.IV de la Ley de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción -Ley 974 de 4 de septiembre de 2017-, rechazó la denuncia, dejando la posibilidad de solicitar una auditoría del caso, informe que por escrito de 31 de mayo de 2021, el impetrante de tutela hizo conocer al Juez Disciplinario Primero de la Representación Distrital de La Paz del Consejo de la Magistratura, como prueba de reciente obtención a efectos de su consideración (fs. 8 a 10 vta. y, 13 y vta.). II.3. A través de Sentencia Disciplinaria JD1 52/2021 de 19 de agosto, el Juez Disciplinario Primero de la Representación Distrital de La Paz del Consejo de la Magistratura, declaró probada la denuncia interpuesta por Juan Carlos Camacho Terceros contra el impetrante de tutela por la comisión de la falta disciplinaria prevista en el art. 187.14 de la LOJ, imponiendo la sanción de suspensión del ejercicio de sus funciones por un mes sin goce de haberes (fs. 15 a 22 vta.); no obstante, contra dicha determinación el accionante interpuso recurso de apelación y excepción de cosa juzgada por memorial de 28 de septiembre de 2021 (fs. 24 a 32 vta.). II.4. El Tribunal Disciplinario de Segunda Instancia del Consejo de la Magistratura, emitió la Resolución SD-AP 268/2021 de 28 de octubre, por la que confirmó totalmente la Sentencia Disciplinaria JD1 52/2021 señalada en la Conclusión II.3 (fs. 35 a 40); y, ante la solicitud de aclaración, complementación y enmienda impetrada por el accionante, emitió el Auto de Complementación de 22 de abril de 2022 (fs. 51 a 55). II.5. De la revisión del Sistema de Gestión Procesal de este Tribunal Constitucional Plurinacional, se evidencia la existencia de la SCP 0593/2024-S2 de 13 de septiembre, signada con el expediente 52404-2023-105-AAC, que corresponde a la acción de amparo constitucional presentada por el impetrante de tutela contra los ahora accionados y Mirtha Gaby Meneses Gómez, Consejera; Alejandro Ubaldo Mujica Arias, Juez Disciplinario Primero de la Representación Distrital de La Paz, todos del Consejo de la Magistratura; y, Claudia Mireya Benítez Ávila; con similares argumentos a los expuestos en la presente acción tutelar; en su parte dispositiva resolvió REVOCAR en parte la Resolución 171/2022 de 1 de agosto, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia; DENEGAR en todo la tutela solicitada. II.6. Cursa Resolución TSI 383/2022, de 14 de noviembre, emitida por Marvin Arsenio Molina Casanova y Omar Michel Duran, Consejeros del Consejo de la Magistratura -demandados-, en la que señala que, como resultado de la acción de amparo constitucional interpuesta por el accionante, se dictó la Resolución 171/2022, mediante la cual se concedió parcialmente la tutela y se dejó sin efecto la Resolución SP-AP 268/2021, disponiendo la emisión de una nueva. En cumplimiento de dicho fallo constitucional, se confirmó en su integridad la Sentencia Disciplinaria JD1 52/2021 (fs. 130 a 136 vta.); posteriormente, la parte demandada pronunció el Auto de Complementación de 17 de abril de 2023 que rechaza la solicitud de complementación y enmienda presentada por el impetrante de tutela (fs. 56 a 58).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación y motivación, a la defensa, acceso a una justicia pronta y efectiva, el principio de legalidad, la seguridad jurídica, presunción de inocencia y non bis in ídem; toda vez que, los demandados al emitir la Resolución TSI 383/2022: a) Afectaron el principio non bis in ídem al ser procesado dos veces por los mismos hechos relacionados con la supuesta falta de atención a recursos de reposición, debido a: 1) La primera denuncia, presentada ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Magistratura; y, 2) La segunda denuncia, presentada por Claudia Mireya Benítez Ávila, tramitada ante el Juzgado Disciplinario Primero de la Representación Distrital de La Paz del Consejo de la Magistratura, donde se le acusó retardación de justicia e incumplimiento de deberes; siendo ambas denuncias idénticas; b) No se tuvo en cuenta que la Sentencia Disciplinaria JD1 52/2021, se basó en la Resolución 086/2021, que posteriormente fue revocada por la SCP 0275/2022-S4, lo cual vulneró el principio de independencia judicial y la sanción se sustentó en un acto inválido; y, c) Se incumplieron los arts. 23, 31.II y 74 del “Acuerdo 020/2018”, que exigen decisiones fundamentadas y coherentes basadas en la sana crítica; asimismo, se omitió considerar la cosa juzgada y se utilizó prueba revocada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, generando decisiones arbitrarias y sin sustento jurídico. Ante ello, los demandados señalaron que no existió vulneración del principio non bis in ídem, ya que no hubo doble sanción ni identidad de sujeto, objeto y causa, y la suspensión impuesta fue debidamente fundamentada por la retardación en resolver un recurso de reposición en un proceso por tentativa de feminicidio. Asimismo, se indicó que el Tribunal Constitucional Plurinacional no puede revisar cuestiones de legalidad ordinaria sin evidencia de arbitrariedad o violación de derechos. Finalmente, se ratificó que la Resolución TSI 383/2022 fue motivada y fundamentada, y que la solicitud de aclaración fue correctamente rechazada.
En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Sobre el particular, el art. 53.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo), prevé como una de las figuras de sustracción de la materia o del objeto procesal a situaciones en las que cesaron los efectos del acto reclamado. Asimismo, la SCP 1078/2022-S2 de 24 de agosto, sostiene que: “…la sustracción de la materia o del objeto procesal consiste en la desaparición de los supuestos de hecho denunciados a través de la acción de amparo constitucional, luego cuando esto sucede, el juez o tribunal de garantías, no podrá decidir o pronunciar sobre algo que ya no tiene elementos fácticos que lo sustenten; vale decir que el petitorio del que ha devenido es insubsistente; por lo que por simple lógica una vez identificado el acto lesivo denunciado y contando con la certeza de que dicho acto y sus consecuencias ya no existen, se irrumpe la posibilidad de pronunciarse sobre el análisis de fondo de la pretensión, correspondiendo la declaración de la sustracción de la misma” (las negrillas nos corresponden).
El impetrante de tutela alega la vulneración de sus derechos al debido proceso -en sus elementos de fundamentación y motivación-, a la defensa, al acceso a una justicia pronta y efectiva, así como de los principios de legalidad, seguridad jurídica, presunción de inocencia y non bis in ídem, dentro del proceso disciplinario seguido en su contra ante el Juzgado Disciplinario Primero de la Representación Distrital de La Paz del Consejo de la Magistratura, que emitió la Sentencia Disciplinaria JD1 52/2021 de 19 de agosto, confirmada en apelación por el Tribunal de Segunda Instancia del Consejo de la Magistratura mediante Resolución SD-AP 268/2021 de 28 de octubre (Conclusiones II.3 y II.4).
Ante ese contexto, el accionante interpuso acción de amparo constitucional contra dicha resolución, que fue parcialmente concedida mediante la Resolución 171/2022 de 1 de agosto -de acción de amparo constitucional-, la cual dejó sin efecto la Resolución SD-AP 268/2021 y ordenó emitir una nueva decisión, en consecuencia en cumplimiento de ese fallo constitucional, el Tribunal de Segunda Instancia del Consejo de la Magistratura dictó la Resolución TSI 383/2022 de 14 de noviembre, ahora impugnada (Conclusión II.6). De lo expuesto, se establece que el peticionante de tutela, plantea la presente acción de amparo constitucional, sin considerar inicialmente que no es posible impugnar mediante otro amparo las decisiones emitidas por autoridades que derivan de resoluciones de defensa, toda vez que la emisión de la Resolución TSI 383/2022, que ahora impugna, la misma es consecuencia directa del cumplimiento de la Resolución 171/2022 emitida por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la cual hasta ese entonces aún no había sido revisada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; y, que a la fecha cuenta con la SCP 0593/2024-S2 (Conclusión II.5), que resolvió revocar en parte la referida Resolución 171/2022, y denegar en todo la tutela solicitada, por lo que las decisiones posteriores quedaron sin efecto incluida la resolución que ahora se impugna, la misma que es consecuencia del primer amparo constitucional.
En consecuencia, al existir pronunciamiento expreso de la jurisdicción constitucional denegando la tutela impetrada a través de la SCP 0593/2024-S2, respecto al fondo de los hechos denunciados en aquella oportunidad que conforme al art. 203 de la CPE es vinculante y obligatoria; considerando que, ahora nuevamente se busca sean analizados con la presentación de una nueva acción de amparo constitucional, conforme el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, el petitorio se torna en insubsistente, en ese sentido, corresponde denegar la tutela solicitada.
De la revisión de antecedentes, es necesario observar el proceder de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, siendo que dentro de la tramitación de la presente acción de amparo constitucional en la cual el accionante reclama respecto a la Resolución TSI 383/2022, solicitando que esta sea dejada sin efecto; pues la citada Sala Constitucional al admitir la presente demanda y resolverla por Resolución 185/2023 de 11 de agosto, concedió la tutela disponiendo dejar sin efecto la Resolución TSI 383/2014 y que las autoridades demandadas emitan una nueva anulando incluso la Sentencia Disciplinaria JD1 52/2021, emitida por el Juzgado Disciplinario Primero de la Representación Distrital de La Paz del Consejo de la Magistratura, incurrieron de esa manera en determinadas acciones, sobre las cuales corresponde observar los siguientes aspectos: i) La referida Sala Constitucional sobrepasó las actuaciones encomendadas a la justicia constitucional disponiendo se anule hasta la Sentencia Disciplinaria JD1 52/2021, aspecto este último que debió ser dilucidado por la jurisdicción correspondiente; por lo que, su actuar debió estar constreñido únicamente a observar con rigurosidad el marco competencial de la justicia constitucional, evitando excederse en sus actuaciones y que interfieran indebidamente en el curso regular de los procesos que se tramiten; ii) Así también, la dicha Sala Constitucional, en el referido contexto, no observó las reglas de improcedencia descritas en el art. 53 del CPCo, dado que omitió verificar que la Resolución TSI 383/2022 -objeto de impugnación-, provenía de una anterior acción de amparo constitucional interpuesta por el mismo accionante, resuelta mediante Resolución 171/2022, que concedió parcialmente la tutela y dejó sin efecto la Resolución SD-AP 268/2021 -que a la fecha cuenta con la SCP 0593/2024-S2 de 13 de septiembre-, situación que evidencia un trámite procesal innecesario y contrario al principio de dirección procesal, al haberse movilizado indebidamente el aparato de la justicia constitucional, cuando tenía la obligación de verificar tal situación, antes de la admisión de la presente acción, siendo su omisión una infracción al deber de control previo que tiene; iii) Finalmente se advierte que de la revisión de antecedentes, el memorial de acción de amparo constitucional fue presentado el 24 de julio de 2023; sin embargo, no se señaló audiencia de garantías en el término de 48 horas establecido por el art. 56 del Código de Procedimiento Constitucional (CPCo), programándose audiencia de garantías para el 11 de agosto de 2023, además de tal aspecto, cabe señalar que conforme se tiene establecido por el art. 129.IV de la CPE, toda decisión pronunciada dentro de una acción de amparo constitucional por los Jueces o Tribunales de garantías debe ser remitida en revisión de oficio ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en el plazo de veinticuatro horas siguientes a su emisión; asimismo, el art. 38 del CPCo establece que: “La resolución y antecedentes de la Acción de Defensa se elevarán de oficio, en revisión, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en el plazo de veinticuatro horas siguientes a la emisión de la resolución…”; en el caso de autos, la Resolución 185/2023 de 11 de agosto, que resolvió la acción de amparo constitucional, se emitió en esa data; sin embargo, la remisión fue efectivizada el 13 de septiembre de 2023, conforme se tiene de la guía de courrier 1294333 -fs. 265-; lo que contraviene la normativa constitucional y legal citadas. En este sentido, tales aspectos exponen la negligencia de los Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por lo que, amerita llamar la atención a la referida Sala Constitucional, a fin de que en futuras actuaciones observe con rigurosidad el marco competencial de la justicia constitucional y normativo, evitando pronunciamientos que excedan sus competencias, y que interfieran indebidamente en el curso regular de los procesos que se tramitan. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 185/2023 de 11 de agosto, cursante de fs. 261 a 264, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela solicitada, con base a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración que no se ingresó al fondo del análisis de la problemática planteada; y, 2º Llamar la atención a Israel Ramiro Campero Méndez y Alfredo Jaimes Terrazas, Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, conforme a los Fundamentos Jurídicos III.3 del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1299_2025-S2.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): a83dde400280e72cf01a406bbcd01742fccbd065b0a400d4d122f09bdc5a5ecb
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