Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 17 de octubre de 2025
Deniega la tutela
La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, y al debido proceso por falta de motivación; por cuanto su persona realizó un depósito por la suma de Bs10 393.- que es el monto que realmente adeuda por concepto de asistencia familiar a favor de sus hijos de dieciocho y veintidós años, debiendo haberse emitido a su favor mandamiento de libertad; sin embargo de ello, la Jueza demandada mediante decretos de 2 y 4 de mayo de 2023, rechazó su solicitud porque no habría cancelado el 100% de la obligación y porque la liquidación no fue oportunamente observada, determinación emitida sin que se haya corregido errores, ni se haya declarado nulo los actos procesales hasta el vicio más antiguo, encontrándose eximida del principio de subsidiaridad; por lo que, solicita se conceda la tutela, disponiendo que: i) La autoridad accionada emita una nueva liquidación y dentro de las veinticuatro horas expida mandamiento de libertad; y, ii) De encontrar falsedad malicia y temeridad en la parte contraria, remita obrados ante el Ministerio Público para que se les abra causa penal. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 37/2023 de 9 de mayo, cursante de fs. 337 a 341, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo del Departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. 2º Llamar la atención al abogado de la parte accionante, Juan Carlos Oro Ramos, por la razón expuesta en Fundamento Jurídico III.4. del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1298/2025-S3 Sucre, 17 de octubre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 55619-2023-112-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 37/2023 de 9 de mayo, cursante de fs. 337 a 341 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Nilda Castro Chino contra Ketty Nancy Velasquez Rosales, Jueza Pública de Familia Primera de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 8 de mayo de 2023, cursante de fs. 305 a 315, la accionante manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso familiar de divorcio, planteado el 9 de agosto de 2017, por Hugo Marcial Mamani Rivas, en su contra, se dispuso que en su calidad de demandada cancelara asistencia familiar a favor de sus hijos Ronald y José Mamani Castro, en la suma de Bs1 000.- (mil bolivianos), quienes actualmente tienen dieciocho y veintidós años de edad, habiendo solicitado una injusta liquidación por Bs64 733.- (sesenta y cuatro mil setecientos treinta y tres bolivianos), faltando a la verdad porque: a) Solo han descontado Bs6 000.-(seis mil bolivianos) (de tres depósitos bancarios) y del monto que señalaron como adeudado, la diferencia sería de Bs58 733.- (cincuenta y ocho mil setecientos treinta y tres bolivianos); sin embargo, por asistencia familiar a Ronald Mamani Castro tan solo adeudaba Bs9 243.- y por asistencia familiar a José Mamani Castro tan solo se le adeudaba Bs29 500.-, sumados ambos adeudos sería Bs38 743.- y no así 58 733.-; b) Han descontado Bs6 000.-, cuando los depósitos bancarios que ha realizado ascienden a un total de Bs28 350.- y; c) Si el monto que adeudaría sería de Bs38 743.-, menos los depósitos que ha realizado de Bs28 350.-, el monto que realmente adeudaría sería de Bs10 393.-, dinero que el 2 de mayo de 2023, fue depositado por sus familiares a la cuenta del apoderado Hugo Marcial Mamani Rivas, sin entenderse el justificativo para señalar que debería Bs 58 733.-, cuando su persona ya depositó lo realmente adeudado. El 2 de mayo de 2023, presentó un memorial solicitando se expida a su favor un mandamiento de libertad, por haberse depositado lo realmente adeudado de Bs10 393.- por asistencia familiar; que mereció respuesta mediante decreto de 2 igual fecha en el que se ha rechazado su solicitud, con el argumento de que no se tenía cancelado el 100% de la obligación. Ante ese evidente error en 3 de mayo de 2023, planteó recurso de reposición, que se resolvió por decreto de “3” -siendo lo correcto 4- de mayo de 2023, a través del que también se rechazó su solicitud, bajo el argumento de que todas las liquidaciones han sido tramitadas de acuerdo al art. 415 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014, teniendo la parte el plazo de tres días para observar una liquidación, y no así después de más de tres años, por lo que se dispuso que se esté a la Resolución 763/2023; con dicha determinación no se quiere corregir sus propios errores, que podrían corregirse en cualquier etapa del proceso. Con los señalados decretos de 2 y 3 (4) de mayo de 2023, se ha premiado a los fraudulentos, mentirosos y temerarios de contrario, habiendo correspondido a la autoridad judicial declarar nulo hasta el vicio más antiguo los actos procesales maliciosos; lo que no sucedió. Es viable la acción sin que se exija previamente el agotamiento de mecanismos intraprocesales, por pertenecer a un grupo vulnerable, encontrándose eximido del principio de subsidiaridad. Hizo notar que los hechos de la presente acción de libertad son diferentes a otros hechos ya denunciados, que devienen de los decretos de 4 y 5 de abril de 2023, en los que se pidió informes al Oficial de Diligencias y Secretaria del Juzgado, habiéndose solicitado reposición, por notificaciones ilegales y otros; por memorial de 10 de abril de 2023, hizo conocer a la autoridad las malas prácticas que han realizado los demandantes; en respuesta, los demandantes, el 26 de abril de 2023, presentaron un memorial con la siguiente glosa “responde a infundado recurso”; habiéndose emitido la Resolución 763/2023 de 28 de abril (por la que se rechazó el recurso de reposición y se concedió el de apelación del Auto de 4 de abril de similar año.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, debido proceso por falta de motivación al permitir su privación de libertad, citando al efecto los arts. 125 y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE); art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH); y, art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: 1) Que la autoridad demandada de oficio y tomando en cuenta todos los datos actuales, emita una liquidación justa e igualitaria; 2) Después de haber realizado la correspondiente liquidación y encontrando el cumplimiento de pago de la asistencia familiar, emita dentro de las veinticuatro horas, el correspondiente mandamiento de libertad; y, 3) De encontrar falsedad malicia y temeridad en los memoriales presentados por la parte contraria, remita obrados ante el Ministerio Público a fin de aperturar causa penal por delitos atribuidos contra los sindicados.
Celebrada la audiencia pública el 9 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 335 a 336 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante a través de su abogado, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar. Con referencia a otras acciones constitucionales que se habrían presentado con anterioridad expresó que: i) La acción de libertad que planteó el 31 de marzo (por falta de notificación con la liquidación), fue rechazada por subsidiaridad, habiendo sido archivada; ii) Con relación a la segunda acción de libertad, se cuestionó informes presentados por la Secretaria y Auxiliar del Juzgado, habiendo hecho notar irregularidades de notificación; y, iii) La presente acción es para que la Jueza demandada emita una nueva liquidación conforme a ley, en cuanto ha cumplido con sus obligaciones de asistencia familiar. Estándose tramitando un incidente de nulidad de obrados, que se encontrarían en Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de La Paz, el Juez de garantías constitucionales consultó sí: “la nulidad (es) de todo el cuaderno de juicio o del trámite de liquidación que se habría hecho en la presente causa”; a lo que la parte accionante aclaró que la presente: “acción de libertad está referida específicamente a que la autoridad accionada emita nueva liquidación porque la ley así lo permite”.
La autoridad demandada en audiencia ha expresado que: a) Antes del planteamiento de la presente acción, se ha presentado dos acciones de libertad, la primera, el 31 de marzo, cuestionando que no se habría notificado en una dirección correcta; la segunda, el 7 de abril, todas con relación a la liquidación; b) Se ha planteado un incidente de nulidad que no se ha dado lugar, pero se ha concedido la apelación; y, c) Solicitó se determine daños y perjuicios a la parte accionante, por interponer una tercera acción de libertad con los mismos fundamentos, desgastando a la administración de justicia.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo del Departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías constitucionales, por Resolución 37/2023 de 9 de mayo, cursante de fs. 337 a 341 y vta., denegó la tutela solicitada. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) Efectuada la liquidación se ha conminado a la ahora accionante al pago de la asistencia familiar. Se apersonó al Juzgado y ha conocido el proceso y todos los actuados procesales, correspondiendo la expedición del mandamiento de apremio; 2) Existe una apelación planteada por la impetrante de tutela, sorteada a la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de La Paz, donde se encuentra radicada y pendiente de trámite, cuando se resuelva recién se podría considerar si hay vulneración al derecho a la libertad, no pudiendo inmiscuirse como Juez de garantías en la jurisdicción ordinaria familiar; y, 3) La primera acción de libertad se ha declarado improcedente y la segunda ha sido denegada, esta tercera acción está planteada bajo los mismos fundamentos que la segunda, toda vez que se observó la liquidación de asistencia familiar.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Hugo Marcial Mamani Rivas, el 9 de agosto de 2017, presentó contra Nilda Castro Chino -accionante-, una demanda de divorcio (fs. 10 a 13); por Resolución de medidas provisionales 122/2018 de 24 de enero, se dispuso contra la demandada un monto de asistencia familiar a favor de los beneficiados por la suma de Bs500.- haciéndose un total de Bs1 000.-mensual para los dos hijos (fs. 49 a 51); a través de la Sentencia 123/2018 se homologó la Resolución de medidas provisionales (fs. 53 a 55).
II.2. La parte demandante presentó liquidación a favor de los beneficiarios en la suma de Bs58 733 (fs. 160 a 161); disponiéndose el traslado (fs. 161 vta.); aprobándose la liquidación por Auto de 3 de febrero de 2023 (fs. 168); solicitándose mandamiento de apremio (fs. 172), habiéndose emitido el Auto de 15 de igual mes y año, que dispuso la emisión del mandamiento de apremio, hasta que se pague el monto de Bs58 733 (fs. 172 vta.). Los Autos señalados fueron impugnados por Nilda Castro Chino a través de una acción de libertad, según lo aseverado por la autoridad demandada no controvertido por la accionante.
II.3. Nilda Castro Chino, el 3 de abril de 2023, planteó incidente de nulidad de obrados con reserva de apelación (fs. 185 a 188); resuelto por Auto de 3 de similar año, a través del que se dispuso no haber lugar a la nulidad por encontrarse fuera de plazo de ley (fs. 189); Auto impugnado en apelación, que se ha concedido por Resolución 763/2023 de 28 de abril (fs. 260 a 266).
II.4. Mediante decretos de 4 y 5 de abril de 2023, se dispuso que informe el Oficial de Diligencias y la Secretaria (fs. 193); Nilda Castro Chino por memorial presentado el 10 de abril de 2023 impugnó los mencionados decretos planteando recurso de reposición (fs. 200 a 205). Por Resolución 763/2023 de 28 de abril, se rechazó el recurso de reposición contra los decretos de 4 y 5 de abril (fs. 260 a 266).
II.5. Por memorial de 2 de mayo de 2023, Nilda Castro Chino expresó que debe por asistencia familiar el monto de Bs10 393.-, dinero que canceló en la cuenta del representante legal de sus hijos, por lo que solicitó se emita mandamiento de libertad (fs. 282 a 285). Por Decreto de 2 de mayo de 2023, se dispuso no haber lugar al mandamiento de libertad solicitado, porque no se ha cancelado el 100% de la obligación (fs. 286 vta.); impugnándose este decreto a través de recurso de reposición (fs. 289 a 293); resuelto por decreto de 4 de mayo de 2023 se dispuso no haber lugar a la reposición solicitada y estése a la Resolución 763/2023 (fs. 294).
La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, y al debido proceso por falta de motivación; por cuanto su persona realizó un depósito por la suma de Bs10 393.- que es el monto que realmente adeuda por concepto de asistencia familiar a favor de sus hijos de dieciocho y veintidós años, debiendo haberse emitido a su favor mandamiento de libertad; sin embargo de ello, la Jueza demandada mediante decretos de 2 y 4 de mayo de 2023, rechazó su solicitud porque no habría cancelado el 100% de la obligación y porque la liquidación no fue oportunamente observada, determinación emitida sin que se haya corregido errores, ni se haya declarado nulo los actos procesales hasta el vicio más antiguo, encontrándose eximida del principio de subsidiaridad; por lo que, solicita se conceda la tutela, disponiendo que: i) La autoridad accionada emita una nueva liquidación y dentro de las veinticuatro horas expida mandamiento de libertad; y, ii) De encontrar falsedad malicia y temeridad en la parte contraria, remita obrados ante el Ministerio Público para que se les abra causa penal. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0828/2018-S2 de 10 de diciembre, se ha pronunciado sobre el deber constitucional de asistencia familiar y la prevalencia del derecho sustancial estableciendo el siguiente entendimiento:
«La Constitución Política del Estado vigente desde el 7 de febrero de 2009, estipula en su art. 64.I, el deber de los cónyuges o convivientes de aportar, en igualdad de condiciones, a la formación integral de los hijos, expresando textualmente que: “Los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos mientras sean menores o tengan alguna discapacidad” (las negrillas son nuestras).
En correspondencia con dicha normativa, el art. 108.9 de la referida Norma Suprema prescribe, entre los deberes de los bolivianos y bolivianas, el de: “Asistir, alimentar y educar a las hijas e hijos”; cuyo cumplimiento tiene que ser garantizado por el Estado boliviano, de acuerdo con el art. 9.4 de la citada Norma Suprema.
En sintonía con la Constitución Política del Estado, el Código de las Familias y del Proceso Familiar -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-, en su art. 109, establece el contenido y extensión de la asistencia familiar, expresando:
I. La asistencia familiar es un derecho y una obligación de las familias y comprende los recursos que garantizan lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta; surge ante la necesidad manifiesta de los miembros de las familias y el incumplimiento de quien debe otorgarla conforme a sus posibilidades y es exigible judicialmente cuando no se la presta voluntariamente; se priorizará el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
II. La asistencia familiar se otorga hasta cumplida la mayoría de edad, y podrá extenderse hasta que la o el beneficiario cumpla los veinticinco (25) años, a fin de procurar su formación técnica o profesional o el aprendizaje de un arte u oficio, siempre y cuando la dedicación a su formación evidencie resultados efectivos. (…)
Por su parte, la doctrina constitucional desarrollada por este Tribunal, señaló las características distintivas y especiales de la obligación de la asistencia familiar -su carácter personalísimo respecto del acreedor, la intransmisibilidad a titulo universal, oneroso o gratuito-, que la diferencia de las obligaciones civiles; en contrapartida, expresó también que este derecho se extingue con la muerte de su titular. En síntesis, uno de los deberes que surge del vínculo familiar, es la asistencia familiar, que no solo se limita a la carga económica, sino, abarca una responsabilidad social, destinada a contribuir al bienestar de los miembros de la familia y específicamente a la formación integral de los hijos que se encuentran en una situación de necesidad, de apoyo económico y moral».
Sobre el oportuno suministro de la asistencia familiar sin perjuicio del ejercicio de los medios o recursos idóneos de impugnación se ha pronunciado la SCP 0714/2019-S2 de 21 de agosto, señalando lo siguiente: «Tomando en cuenta las características especiales de la obligación de la asistencia familiar que la distinguen de la obligación civil, destinada a la insoslayable asistencia integral del beneficiario para cubrir sus necesidades indispensables, y cuya naturaleza trasciende el vínculo familiar para convertirse en una responsabilidad social que incumbe a la sociedad y las diferentes entidades del Estado en todos sus niveles, en ese marco es necesario tomar en cuenta entre otros, el principio de prevalencia del derecho material respecto al formal, la observancia del principio de justicia material para la efectiva y oportuna concreción del derecho de asistencia familiar de los beneficiarios, extremo que podría alcanzarse de alguna manera a través de su cumplimiento voluntario extrajudicial, sin necesidad de acudir a la vía judicial y los medios compulsivos para su materialización, estado aconsejable tanto para los obligados como para los beneficiarios. Sin embargo, cuando no se cumpla en los términos indicados precedentemente, el CFPF en su art. 127.I, prescribe en forma terminante el cumplimiento oportuno e insoslayable de la asistencia familiar en favor de los beneficiarios, en los siguientes términos: “La obligación de asistencia familiar es de interés social. Su oportuno suministro no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad de la autoridad judicial”, bajo amenaza inminente de ordenarse las medidas compulsivas previstas en el art. 415.II, III y IV en la citada norma procesal. Esta regulación normativa merece algunas consideraciones, en los casos en que no sea posible su cumplimiento voluntario, puede acudirse a la vía judicial para la determinación o aprobación de la asistencia familiar, en el marco del debido proceso, traducido en el cumplimiento de los procedimientos fijados por el Código de las Familias y del Proceso Familiar a través de un proceso extraordinario de asistencia familiar o mediante un proceso de resolución inmediata cuando haya acuerdo para la asistencia familiar; asimismo, es posible el uso de los medios compulsivos para su cumplimiento, cuando, a pesar de la conminatoria emitida por la autoridad judicial, previa aprobación de la liquidación de la asistencia familiar propuesta y se tenga cuantificada la misma, conforme a lo previsto por el art. 415.I y II del CFPF, no es cumplida esta obligación, puesto que el cumplimiento del deber de asistencia familiar es inexorable y no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno. Es decir, la liquidación de asistencia familiar aprobada por la autoridad judicial y notificada al obligado, marca el momento del oportuno suministro de esta obligación en favor del beneficiario, que no puede posponerse o dilatarse, no puede condicionarse a plazo o condición alguna, a la resolución de recurso alguno o al cumplimiento de procedimiento alguno, pudiendo acudirse a los medios compulsivos como el apremio corporal incluso con autorización de allanamiento, rotura de candados o chapas de puerta, arraigo e hipoteca legal de los bienes que conforman el patrimonio del obligado, embargo y venta judicial, para el cumplimiento del importe de la asistencia familiar devengada. Con el añadido que el incumplimiento a este mandato insoslayable por la autoridad judicial, es susceptible de responsabilidad funcionaria. La determinación de las medidas compulsivas para el oportuno suministro de la asistencia familiar, de modo alguno implica la restricción del derecho a impugnar; por cuanto el obligado puede ejercer el derecho a recurrir o a asumir los medios o recursos idóneos para lograr la revisión de la determinación asumida, sin perjuicio del cumplimiento de la asistencia familiar, cuya liquidación se encuentre aprobada y notificada al obligado, con la aclaración que si la resolución del recurso planteado por el obligado, le favorece de alguna manera, de tal forma que haya diferencia cuantitativa o de cálculo a su favor, ésta debe ser tomada en cuenta por la autoridad judicial a tiempo de substanciar la aprobación de las futuras liquidaciones, reconociendo la diferencia que le favorezca [el resaltado es añadido].
La SCP 0241/2018-S2 de 12 de junio, sistematizadora de línea jurisprudencial, se ha pronunciado respecto a los supuestos de subsidiariedad excepcional que rige en la acción de libertad, de acuerdo al siguiente desarrollo: «El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero , sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad; ya en el marco de la Constitución Política del Estado vigente a partir de 2009, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo , señaló que la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria. Posteriormente, la SC 0105/2010-R de 10 de mayo, señaló que cuando quien recurre de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aun en el supuesto que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, no procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad; puesto de lo contrario, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico. Más adelante en la SC 0687/2011-R de 16 de mayo, se denegó la tutela en razón a que el accionante activo paralelamente las jurisdicciones ordinaria y constitucional, luego la SCP 0160/2014-S2 de 20 de noviembre, también denegó la tutela por activación paralela de las jurisdicciones ordinaria y constitucional».
Previamente a delimitar la problemática de la presente acción tutelar, planteada por Nilda Castro Chino con el patrocinio del abogado Juan Carlos Oros Ramos interpuesta en contra de Ketty Nancy Velasquez Rosales, Jueza Pública de Familia Primero de El Alto, es necesario establecer si tiene identidad con otras acciones constitucionales, planteadas por Juan Carlos Oros Ramos por Nilda Castro Chino contra la misma autoridad accionada. De la revisión del buscador de causas y Resoluciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, se evidencia que la ahora accionante contra la misma autoridad accionada, el 31 de marzo de 2023 ha planteado una primera acción de libertad (Expediente 54686-2023-110-AL), en la que se ha impugnado los Autos de 3 y 15 de febrero de 2023, a través de los que se aprobó una liquidación y se expidió un mandamiento de apremio, cuestionando las notificaciones que se han efectuado, solicitando se emita mandamiento de libertad en su favor; esta acción fue resuelta por la SCP 1061/2025-S1 de 1 de septiembre, a través de la que se confirmó la Resolución del Juez de garantías constitucionales y se denegó la tutela planteada. De similar manera, el 7 de abril de 2023, la ahora accionante planteó contra la misma autoridad accionada una segunda acción de libertad (Expediente 55002-2023-111-AL), en la que se han impugnado las resoluciones de 4 y 5 de abril, vinculadas a informes del Oficial de Diligencias y de la Secretaria, cuestionándose notificaciones realizadas, solicitando se emita mandamiento de libertad; habiéndose emitido la SCP 1125/2025-S1 de 10 de septiembre por la que se ha confirmado la Resolución pronunciada por el Juez de garantías que denegó la tutela solicitada. La presente, es una tercera acción de libertad (Expediente 55619-2023-112-AL), que ha sido planteada el 8 de mayo de 2023, a través de la que se cuestionan los decretos de 2 y 4 de mayo de 2023, por los que se dispuso no haber a la emisión del mandamiento de libertad solicitado, ni al recurso de reposición planteado, solicitándose se emita el correspondiente mandamiento de libertad.
De la relación antes efectuada, se evidencia que en el presente caso, existe identidad de sujetos procesales porque se trata de la misma persona que plantea la acción contra la misma autoridad judicial; asimismo existe identidad de objeto, porque el propósito de las tres acciones tutelares es el mismo, en sentido que se expida mandamiento de libertad a favor de la accionante; sin embargo de ello, no existe identidad de causa o de motivo, pues el acto o Resolución judicial que dio origen a las diferentes acciones de libertad son distintos actuados procesales, emitidos en el transcurso del tiempo. Al no darse la triple identidad, corresponde pasar a resolver el fondo de lo planteado en la presente acción constitucional. La parte accionante considera estar ilegalmente privada de su libertad en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, porque la autoridad demandada aprobó una liquidación de Bs58 733.- que fue presentada por los beneficiarios de manera maliciosa, aprobándose esa liquidación expidió mandamiento de apremio en su contra, que dio lugar a que su persona, a través de sus familiares, realizara un depósito de Bs10 393.-que es el monto que realmente adeuda por concepto de asistencia familiar, solicitando se emita mandamiento de libertad a su favor, al que no se ha dado curso.
De la revisión de obrados se evidencia que en la tramitación del proceso de divorcio, seguido por Hugo Marcial Mamani Rivas contra la ahora accionante, el Juez de la causa provisionalmente fijó un monto de Bs500.- para cada uno de los hijos, por concepto de asistencia familiar a favor de los beneficiarios, haciéndose un total de Bs1 000.- mensual, decisión de medidas provisionales y monto que finalmente fue homologado en sentencia; presentándose una liquidación por los beneficiarios, que aprobada y no fue observada por la parte demandada y dio lugar a la emisión de un mandamiento de apremio, cuestionado en acciones tutelares, planteándose incidentes de nulidad de notificaciones del mandamiento de apremio y otros, como solicitudes de emisión de mandamiento de libertad, a lo que no se ha dado lugar.
a) El deber de asistencia familiar hasta que el beneficiario cumpla veinticinco años de edad
Frente al deber constitucional del obligado, se tiene el derecho de los beneficiarios de satisfacer sus más elementales necesidades como alimentación, vivienda, educación y otros, asistencia familiar que se otorga hasta cumplida la mayoría de edad y podrá extenderse hasta que los beneficiarios cumplan veinticinco (25) años, a fin de colaborar en su formación técnica, profesional u oficio, siempre y cuando la dedicación a esa formación evidencie resultados efectivos, conforme se establece en Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo. Cuando esa obligación y deber constitucional no se presta voluntariamente, es exigible judicialmente, siempre priorizándose el interés superior de grupos vulnerables, dentro de los que se encuentran niñas, niños y adolescentes, en cuanto a la connotación e importancia social de su oportuno suministro, que les permita satisfacer sus necesidades de subsistencia y que contribuyan a su desarrollo integral; pero además ese no solo está dado para niños o para adolescentes, sino que puede extenderse para aquellos hijos que son mayores de edad, como se da en el caso presente, en el que los beneficiarios son de dieciocho y veintidós años, como ha expresado la parte accionante. Debe tenerse presente el razonamiento que al respecto se ha señalado en la SCP 1061/2025-S1, que ha sido emitida por la primera acción de libertad planteada por la ahora accionante Nilda Castro Chino, precisamente por la obligación que tiene con sus hijos mayores de edad (ahora terceros interesados), en la que se ha expresado que:
“[R]esulta evidente que debe primar el interés superior de los hijos e hijas -que no necesariamente deben ser menores de edad- beneficiarios de la asistencia familiar respecto a los cuales no debe existir ninguna diferenciación; asimismo, en el caso de que sea la madre o el padre, la persona que debe cumplir con esa obligación; puesto que, a partir de un enfoque familiar tanto la madre como el padre pueden estar obligados a otorgar la asistencia familiar, así como ante su incumplimiento ser objeto de la restricción de su libertad personal a través de un mandamiento de apremio emitido por una autoridad competente; lo que de ninguna manera implica el desconocimiento del enfoque de género y una visión de protección a la mujer; es así que, al ser el instituto de la asistencia familiar un derecho y obligación de las familias, la misma puede involucrar beneficiarios, que como se dijo, no necesariamente tienen que ser menores de edad; por lo que, al no establecer una diferenciación en cuanto a la cualidad de los beneficiarios al momento del cumplimiento de la asistencia familiar; asimismo, no hace una distinción respecto a la obligada u obligado de ese beneficio, pudiendo ser tanto el progenitor como la progenitora.” De ahí que no se puede desconocer la obligación que tiene la parte accionante, como progenitora, de cumplir con su deber de asistencia familiar en favor de sus hijos mayores de edad, no pudiendo existir ninguna diferenciación con relación a hijos menores de edad, como tampoco puede desconocerse su obligación o el deber legal que tiene como madre de sus hijos. Otra cosa es que la parte obligada, en la tramitación del proceso de asistencia familiar, se presente ante la autoridad jurisdiccional competente y demuestre, pruebe o acredite que la asistencia familiar que cancela a sus beneficiarios, hijos mayores de edad, no estén dedicados a una formación que evidencie resultados efectivos, en el marco de lo establecido en el art. 109-II in fine del CFPF, conforme a los propios medios que le otorga el ordenamiento jurídico; mientras su situación jurídica no cambie, tampoco cambia la obligación que tiene de cancelar el monto de asistencia familiar que corresponda.
b) Consecuencias del incumplimiento del pago de asistencia familiar
En la tramitación de un proceso familiar, de encontrarse devengada una obligación de pago de asistencia familiar, la parte beneficiaria puede presentar una liquidación de la obligación que considera incumplida, que debe ser legalmente puesta a conocimiento de la parte obligada, a efectos que en el plazo legal de tres días la observe, vencido el cual y sin observación, corresponderá a la autoridad judicial aprobar la liquidación y de no pagarse la obligación, emitir el correspondiente mandamiento de apremio en el marco de lo regulado por el art. 415 con relación al art. 127.II del CF, sin embargo, en aquellos casos o circunstancias, en las que la persona obligada a satisfacer una asistencia familiar, incumpla con su deber legal, se emite y ejecuta el señalado mandamiento, conforme se ha desarrollado en Fundamento Jurídico III.2. de la presente decisión constitucional. En el caso que motiva esta acción tutelar, en ejecución de la asistencia familiar, los beneficiarios presentaron una liquidación de pago de asistencia devengada de Bs58 733.-, que fue puesto en conocimiento de la parte contraria, quién en la oportunidad legal de tres días, no observó la misma; vencido dicho plazo, la autoridad judicial por Auto de 3 de febrero de 2023, aprobó la mencionada liquidación de asistencia familiar, intimando a su pago dentro de tercero día; al no haberse honrado el pago señalado en la liquidación aprobada, la Jueza de la causa emitió mandamiento de apremio correspondiente. Puede darse el caso que la liquidación presentada por el beneficiario, sea una liquidación que no responda a los datos del proceso, que existan comprobantes de pagos que no hayan sido tenidos en consideración, que haya evidencia de problemas de notificación, o cualquier otra razón, que amerite que la autoridad judicial, vuelva a revisar los actuados procesales que están siendo ejecutados; en esa circunstancia corresponderá a la parte que se siente agraviada en sus derechos asumir los medios o recursos idóneos para lograr la revisión de la determinación asumida. En consecuencia, si hay vicios en la notificación con la liquidación de una asistencia familiar y otras razones, que ha dado lugar a la emisión de un mandamiento de apremio, que no han sido cuestionados en la oportunidad correspondiente, corresponde a la parte que se considere agraviada, plantear el incidente de nulidad de notificación u otro, conforme las normas de los arts. 256 y siguientes del CFPF. En el caso de autos, aprobada que fue la liquidación de asistencia familiar, se emitió mandamiento de apremio y en su ejecución, la parte demandada que se sintió agraviada en su derecho a la libertad, ha realizado una serie de actos procesales: 1) El 31 de marzo de 2023 cuestionó lo sucedido planteando de manera directa una primera acción de libertad en la que solicitó se deje sin efecto la notificación con la liquidación y autos que la aprueban emitiéndose mandamiento de aprehensión, por lo que solicitó mandamiento de libertad; 2) El 3 de abril de 2023, promovió un incidente de nulidad de obrados, porque se habría validado una liquidación y mandamiento de apremio vulnerándose su derecho de contradicción, solicitando la nulidad hasta el vicio más antiguo que sería la notificación con un desarchivo de la causa, incidente en apelación (pendiente de resolución); 3) Los decretos de 4 y 5 de abril de 2023, que dispusieron informes de funcionarios de apoyo jurisdiccional fueron cuestionados de manera directa en una segunda acción de libertad, presentada el 7 de abril de 2023, en la que se solicitó se deje sin efecto notificaciones con la liquidación, como el auto que lo aprobó y dispuso su aprehensión y se expida mandamiento de libertad; y, 4) El 10 de abril de 2023, en la vía ordinaria se dio por notificada con los decretos de 4 y 5 de abril y solicitó reposición de los mencionados decretos, que también son cuestionados en una segunda acción de libertad planteada el 7 de abril de 2023, en la que se volvió a solicitar se deje sin efecto la notificación con la liquidación, como el Auto que la aprobó y se expida el mandamiento de libertad. La parte accionante, con esa forma de actuación no ha hecho más que desgastar a la jurisdicción ordinaria como la constitucional, al extremo que la última tuvo que denegar las acciones planteadas -SCP 1061/2025-S1 y 1125/2025-S1-, pues siempre desestimó sus peticiones, sin concluirse la impugnación de medios ordinarios, activando en forma paralela ambas jurisdicciones. Este círculo que ha provocado la propia parte accionante, a través de su abogado defensor, lejos de beneficiarle ha ido en contra de sus derechos e intereses dignos de tutela, en la medida que este Tribunal Constitucional Plurinacional no ha podido nunca pronunciarse sobre el fondo, por esa irregular actuación de la defensa de la parte demandada; lo que también se ha dado en el presente caso, que se constituye en la tercera acción de libertad que plantea, en la que ha considerado que la liquidación presentada por los beneficiarios es maliciosa, debiéndose realizarse una nueva, por haber cumplido con su obligación, señalando nuevamente la accionante que debe emitirse el correspondiente mandamiento de libertad. En el memorial de acción de libertad se volvió a reiterar que, aprobada la liquidación, la autoridad judicial expidió mandamiento de apremio contra la parte demandada y como consecuencia del mismo, se la privó de libertad. Considera que esa liquidación ha sido elaborada en forma maliciosa por los demandantes (beneficiarios), quienes han presentado una liquidación con un adeudo de Bs58 733.-, sin descontar todos los depósitos bancarios que ha realizado, acompañando una serie de cuadros de las liquidaciones de Ronald y José Mamani Castro, como de los depósitos que habría realizado, señalando que correspondería emitirse mandamiento de libertad, pedido que no se habría dado curso; finalmente, cuando canceló la suma de Bs10 393.- que sería el monto que considera que adeudaría, solicitando se emita mandamiento de libertad, no se dio curso al mismo, lo que se cuestiona en la presente acción tutelar. Esta tercera acción constitucional, como se tiene expresado, tiene la misma finalidad que todos los reclamos anteriores -sean en la jurisdicción constitucional o en la jurisdicción ordinaria-, se constituye el memorial presentado el 2 de mayo de 2023, en el que consideró que la liquidación que presentó la parte beneficiaria fue maliciosa, siendo el monto que realmente adeudaría de Bs10 393.-, por lo que ha depositado ese monto, correspondiendo emitirse mandamiento de libertad. A esa solicitud no se ha dado curso por decreto de 2 de mayo de 2023, en el que se dispuso no haber lugar a lo pedido al no haberse cancelado el 100% la obligación; esa determinación ha sido cuestionada en recurso de reposición planteado el 3 de mayo de 2023, en el que expresó que la liquidación no fue observada por su parte en la oportunidad correspondiente porque su abogado en ningún momento le hizo conocer de las liquidaciones presentadas en su contra; recurso de reposición al que se dispuso no haber lugar por decreto de 4 de mayo de 2023 en el que también se señaló que las liquidaciones se tramitaron conforme el art. 415 de la Ley 603, debiendo haberse observado la liquidación que ha impugnado en el plazo de tres días, no de tres años. De la relación precedente queda claro que la demandada no observó en oportunidad legal la liquidación que se habría elaborado en su contra, misma que como ella misma señaló, supuestamente no habría sido de su conocimiento, porque el abogado que la representaba en ese entonces, no le hizo conocer la misma. Realizando los cálculos de su obligación que consideró pertinentes, como cancelado el saldo que entendió que adeudaba, solicitó se expida mandamiento de libertad, a lo que no se dio lugar, impugnando a través del recurso de reposición y luego planteando esta tercera acción constitucional.
Por una parte, la accionante no consideró que en aquellos casos en los que una liquidación no ha podido ser impugnada en plazo legal, en el marco de lo establecido por el art. 415 del CF; la única vía ordinaria que le queda es a través de la interposición de un incidente, en el que cuestione lo que considere conveniente, tal la nulidad de notificación u otro, pero en el marco del procedimiento establecido en los arts. 255 y siguientes del CF. En la especie la parte demandante ha cuestionado las notificaciones, a través de un incidente que lo planteó el 3 de abril de 2023, que al ser rechazado motivó su impugnación a través de un recurso de apelación, que a tiempo de plantear no solo la segunda acción constitucional, sino también esta tercera acción constitucional no fue resuelto por el ad-quem y al existir medios ordinarios de defensa en trámite, no abre la competencia de este Tribunal para conocer y resolver el fondo de lo demandado, conforme se ha señalado en el Fundamento Jurídico III.3, debido a que no es posible activar simultáneamente la jurisdicción ordinaria y la constitucional, de ocurrir esta situación se inviabiliza la acción tutelar. Por otra parte y con relación a la emisión del decreto de 4 de mayo de 2023, a través del que no se dio curso a la reposición del decreto de 2 de mayo que a su vez, tampoco dio curso a la solicitud de expedición de un mandamiento de libertad, se constituye en una providencia cuestionada de manera directa a través de esta tercera acción tutelar, cuando bien pueden ser impugnados por los medios ordinarios de defensa que correspondan, que se constituyen las vías idóneas para reclamarse lo que sea pertinente y recién plantear una acción como la presente. Esta forma de actuar de la parte accionante, a través de su abogado defensor, desconoce que el cumplimiento de una obligación de asistencia familiar, mientras exista y éste vigente, es de cumplimiento necesario, pues en situación contraria; es decir, el incumplimiento en el pago de asistencia familiar, aprobado por la autoridad judicial, provoca la emisión y ejecución de mandamiento de apremio; sin que ello impida que la parte obligada utilice hasta agotar, los medios o los recursos idóneos para lograr la revisión de la determinación asumida (sea en cuanto a la liquidación, el monto adeudado, el mandamiento de aprehensión, notificaciones actuados, ejecución del mandamiento u otros); no pudiendo la jurisdicción constitucional impedir ese cumplimiento, que responde al deber constitucional que tiene el obligado, frente al derecho sustantivo de la parte que está siendo beneficiada, mientras lo tenga y se encuentre así reconocido, conforme se ha precisado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional.
De la revisión de obrados, se advierte que el abogado Juan Carlos Oro Ramos, unas veces en representación sin mandato y otras con la firma de su defendida y ahora accionante Nilda Castro Chino, presentó acciones de libertad con identidades, pretendió con ello que en sede constitucional, se dé solución a un mismo problema jurídico en sentido que se reconozca el pago de Bs10 393.- como único monto que adeudaría en favor de sus hijos beneficiarios de dieciocho y veintidós años de edad, debiendo expedirse a su favor un mandamiento de libertad. Sin desconocer el derecho que tiene la parte accionante de asumir los medios o recursos idóneos para lograr la revisión de una determinación asumida o la ejecución de actos procesales, como es la aprobación de una liquidación, la emisión de un mandamiento de aprehensión, su ejecución y la no emisión de un mandamiento de libertad, con la lealtad procesal correspondiente, debe permitir el avance del trámite procesal, a fin de lograr determinaciones judiciales que ejecutoriadas y puedan permitir a este Tribunal Constitucional Plurinacional analizar el fondo de lo demandado. Con esa actitud asumida por la defensa de la parte accionante, la presente acción de libertad viene a ser la tercera acción tutelar que se desestima sin ingresar al fondo de la problemática, que lo único que logra es perjudicar los derechos de su defendida y congestionar la jurisdicción constitucional innecesariamente; de seguir entorpeciendo la tramitación del proceso, se remitirán antecedentes para el procesamiento que en derecho pueda corresponder. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 37/2023 de 9 de mayo, cursante de fs. 337 a 341, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo del Departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. 2º Llamar la atención al abogado de la parte accionante, Juan Carlos Oro Ramos, por la razón expuesta en Fundamento Jurídico III.4. del presente fallo constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1298_2025-S3.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): 11000b702883a4f776f14f485d522eff87c199cf895d83d1ba3057da08e1c109
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