Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 17 de octubre de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, la Vocal demandada, en la emisión del Auto de Vista 263/2023 de 26 de abril, mediante el cual dispuso revocar en parte el Auto Interlocutorio 130/2023-P de 6 de marzo, incurrió en las siguientes vulneraciones: 1) No declaró la inadmisibilidad de apelación incidental de la víctima, no obstante que dicho recurso fue interpuesto extemporáneamente y de forma escrita, contraviniendo el art. 404 del CPP; 2) Se pronunció de forma extra petita sobre la falta de firmas en el libro de la fiscalía; las fechas de salida judicial de 11, 12 y 13 de febrero del 2023; y, que su persona habría incumplido con la firma en el registro biométrico el 15 de febrero del 2022 - cuando en esa fecha no existía ni siquiera imputación formal-, siendo que esos aspectos no forman parte de los agravios del apelante; y, 3) No fundamenta ni motiva porque razón estaría agravando la medida cautelar impuesta, ni respecto a cuál sería la medida cautelar incumplida; asimismo, no realiza una valoración individualizada de la prueba ni señala que pruebas no habrían sido valoradas por el juez a quo; por lo que solicita que se disponga: i) Dejar sin efecto el Auto de Vista de 263/2023, ordenando la emisión de una nueva resolución con la debida fundamentación, motivación y congruente, dentro de los alcances del art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 027/2023 de 4 de mayo, cursante de fs. 59 a 62, pronunciada por el Juez de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto del departamento de La Paz; y, en consecuencia:
1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
2° Disponer lo siguiente:
a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 263/2023, emitido por Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. b) Que la autoridad demandada o quien ejerza el cargo, emita un nuevo Auto de Vista, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente sentencia Constitucional, siempre y cuando no lo haya hecho aún y la situación jurídica del accionante no haya sido modificada. 3° DENEGAR la tutela con relación al debido proceso en su elemento de fundamentación y al pedido de pago de costas y daños y perjuicios, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1296/2025-S3 Sucre, 17 de octubre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 55565-2023-112-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 027/2023 de 4 de mayo, cursante de fs. 59 a 62, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por César Oswaldo Rojas Orellana en representación sin mandato de José Luís Castillo Fernández contra Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 3 de mayo de 2023, cursante de fs. 39 a 48, el accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, de Fernando Fernández Herrera y Andrés Rene Uria Rojas, por la presunta comisión del delito de avasallamiento en área minera; el 15 de noviembre de 2022, se celebró la audiencia de medidas cautelares en el que mediante Auto Interlocutorio 448/2022-P, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz, dispuso otorgar medidas sustitutivas a la detención preventiva insertas en el art. 231 bis del Código de Procedimiento Penal (CPP), tales como: fianza juratoria, comprometiéndose a someterse al proceso y no obstaculizar la averiguación de la verdad; se les ordenó presentarse cada quince días ante el Ministerio Público para firmar el libro correspondiente; prohibición de comunicarse con personas determinadas, incluyendo la víctima, los testigos que ya habían declarado, y los testigos de cargo de la Fiscalía; prohibición de asistir a ciertos lugares y participar en actos sociales como fiestas o reuniones, salvo aquellas vinculadas a sus funciones dentro de la Cooperativa Minera “Unificada Uno” Gran Poder Responsabilidad Limitada (R.L.); fianza económica de Bs20 000 .- (veinte mil bolivianos) cada uno; prohibición salir del país o del ámbito territorial; y, la detención domiciliaria de los imputados. El 25 de enero de 2023, Dan Henrry Ferrufino Schmidt, en calidad de víctima, solicitó la revocatoria de la medida sustitutiva a la detención preventiva de su persona, debido al incumplimiento de las condiciones impuestas en la audiencia de medidas cautelares y mediante Auto Interlocutorio 130/2023-P de 6 de marzo, se rechazó la solicitud de la revocatoria impetrada. Ante ello, interpuso recurso de apelación incidental, alegando que el Auto Interlocutorio impugnado, no explicó, fundamentó ni motivo las causas de la ilicitud de la prueba presentada, y que se trata de la grabación de una publicación de Facebook por el Presidente de la central de Guanay, Diego Ordoñez, a la cual pertenece la Cooperativa Unificada Gran Poder Uno, siendo evidente que señor Castillo se encontraba en el evento de graduación de primaria del Colegio Candelaria de dicha comunidad, cuando debería estar guardando detención domiciliaria el 28 de noviembre del 2022, cuya fecha y hora se encuentra claramente en el video que no fue valorado; además, se advierte la falta de motivación y fundamentación y la incongruencia omisiva de la resolución constituyen un agravio. Posteriormente, en la audiencia de consideración de su recurso de apelación incidental llevada a cabo el 25 de abril –se entiende del 2023-, complementó sus agravios señalando que el Auto interlocutorio impugnado no contiene la debida fundamentación y motivación, por lo que atenta al debido proceso y a la línea jurisprudencia prevista en la SC N° 0759/2010-R y la SC 1369/2001-R; siendo una decisión de hecho; no realizó una valoración integral de la prueba; se presentó unas placas fotográficas donde se observa en un colegio mesas y sillas donde se está consumiendo bebidas alcohólicas el 28 de diciembre del 2022; igualmente se solicitó a la policía integral de ciudad Satélite, donde señaló su domicilio, la verificación correspondiente, en la que se pudo establecer que no se encontraba en su domicilio, empero el juzgador admitió que, en la presentación de la prueba, no se cumplió con el art. 13 del CPP; sin embargo no explica, ni fundamenta porque considera que es una prueba obtenida por un medio ilícito; asimismo, incurre en una incongruencia interna, ya que si bien alega que la prueba no estaría en el marco del art. 13 y que se debería haber solicitado al ITCUPP el desdoblamiento respectivo, sin embargo ingresa en el fondo y manifiesta que el acontecimiento no se habría llevado a cabo el 28 de noviembre; sino el 09 de diciembre del año 2022, porque se trataría de una graduación según se puede deslumbrar de las fotografías es de ciclo básico de una unidad educativa y no así del ciclo medio, que se produce el 09 de diciembre del 2022; otro agravio es que no establece el porqué de la ilicitud de esta prueba y porque no la habría considerado, incurriendo el juzgador en una ausencia de valoración integral de la prueba, puesto que no realiza una valoración de las circunstancias y se basa un hecho y no en el derecho, siendo que José Luis Castillo, ha incumplido la condición de guardar detención domiciliaria, dicho aspecto fue puesto a consideración del juzgador; no ha sido valorado el hecho de que habría dispuesto la suscripción del libro respectivo en Guanay cuando el domicilio para cumplir la medida de detención domiciliaria sería en la ciudad de El Alto, ciudad Satélite, existiendo una incongruencia en el cumplimiento de la medida, puesto que en forma semanal tiene que trasladarse a la localidad de Guanay a suscribir el respectivo libro en Fiscalía, mientras la detención domiciliaria debe cumplirse en la ciudad Satélite; finalmente alega ausencia de motivación fundamentación y valoración integral de la prueba y la transgresión al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Dicha apelación, fue radicada en la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, siendo resuelta por Claudia Marcela Castro Dorado -hoy demandada-, mediante Auto de Vista 263/2023 de 26 de abril, revocando en parte el Auto Interlocutorio 130/2023-P. En la emisión del Auto de Vista N° 263/2023, hoy impugnado, la Vocal demandada, incurrió en las siguientes vulneraciones: a) Admitió el recurso de apelación incidental, a pesar de que el mismo fue presentado de forma extemporánea, ya que dicho recurso no se interpuso de forma oral en la audiencia del 6 de marzo del 2023, conforme establece el art. 404 del CPP, sino que lo hizo de forma escrita recién el 7 del indicado mes y año, ante lo cual, la autoridad judicial demandada debió declarar la inadmisibilidad del recurso; b) Se pronunció sobre aspectos que no forman parte de los agravios de la apelación, ya que el apelante jamás fundamentó ni cuestionó la falta de firmas en el libro de la fiscalía; lo que demuestra que la autoridad demandada de oficio y bajo criterio parcializado cambio la fundamentación de los agravios; del mismo modo se pronuncia sobre aspectos no cuestionados de la resolución de primera instancia, tales como son las fechas de salida judicial de 11, 12 y 13 de febrero del 2023; y que su persona habría incumplido con la firma en el registro biométrico el 15 de febrero del 2022, cuando en esa fecha no existía ni siquiera imputación formal; y, c) No fundamenta ni motiva porque razón estaría agravando la medida cautelar impuesta; ya que si bien señala que el juez a quo no habría realizado una correcta valoración de la prueba, no señala de forma clara cuál habría sido la medida cautelar incumplida, indicado la fecha, lugar y modo en el que se habría producido el incumplimiento; no individualiza la prueba aportad en audiencia ni le otorga valor individual a cada una de ellas y no fundamenta de forma clara que prueba no fue valorada por el juez a quo, sobre cuya base debía determinar si incumplió o no la medida cautelar.
Denunció lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, citando al efecto los arts. 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga: 1) Dejar sin efecto el Auto de Vista de 263/2023, ordenando la emisión de una nueva resolución con la debida fundamentación, motivación y congruente, dentro de los alcances del art. 398 del CPP; y, 2) Se condene el pago de costas, daños y perjuicios.
Celebrada la audiencia virtual el 4 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 53 a 58 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante, en audiencia de garantías ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que: i) La víctima del proceso penal solicitó la revocatoria de las medidas sustitutivas, alegando que el accionante asistió a una graduación de nivel secundario consumiendo bebidas alcohólicas el 28 de diciembre de 2022, adjuntó cuatro fotografías impresas sin fecha, lugar, ni modo de obtención, y sin requerimiento fiscal que ordenara a la Policía de El Alto del departamento de La Paz realizar verificación domiciliaria; frente a estas pruebas, se presentaron los descargos, rechazándose la solicitud mediante el Auto Interlocutorio 130/2023-P, la que fue notificada en audiencia el mismo día, habilitando la apelación oral inmediata conforme al art. 251 del CPP, pero ninguna de las partes apeló, quedando precluido ese derecho; ii) El 7 de marzo de 2023, la víctima presentó un memorial denunciando parcialización e interpuso un recurso de apelación incidental, la autoridad judicial demandada, al admitir dicho recurso, vulneró el derecho al debido proceso en su vertiente de correcta aplicación de la norma adjetiva penal, ya que debió declarar su inadmisibilidad, este hecho constituyó el primer agravio; iii) El segundo agravio se refirió a que la Vocal demandada, al emitir el Auto de Vista confutado, excedió los límites establecidos por el art. 398 del CPP, el cual obliga a los vocales a circunscribirse exclusivamente a los agravios denunciados y debatidos en audiencia, en el caso de autos la autoridad demandada modificó de forma parcializada y evidente los fundamentos presentados por la parte adversa, y corrigió aspectos no fundamentados por la parte agraviada, introdujo argumentos no discutidos en audiencia, como la afirmación de que el imputado no firmó el libro de presentación el 15 de febrero sin referir año, alteró fechas y valoró pruebas no debatidas, como tres fotografías del Ministerio Público en que realizaba el inventario de entrega de despacho a otro fiscal de materia, que nunca fueron mencionadas en la audiencia de revocatoria de medidas sustitutivas. La Vocal demandada realizó una fundamentación oficiosa, vulnerando el principio de congruencia y el debido proceso, al considerar aspectos no peticionados ni planteados por las partes, lo que generó una incongruencia interna y externa en la resolución emitida; iv) El Auto de Vista impugnado señaló que se vulneró el principio de igualdad de las partes, argumentando que no existía incongruencia omisiva, ya que se valoraron fotografías presentadas por la parte sindicada, sin embargo, esta afirmación fue falsa, porque en la audiencia de revocatoria no se presentó ninguna fotografía relacionada con el inventario de la Fiscalía, sino en una audiencia distinta; al incorporar fundamentos no debatidos, incurrió en una incongruencia omisiva interna; y, v) La Vocal demandada afirmó que se incumplió una medida impuesta por el juez de primera instancia, pero no fundamentó cuál fue la medida incumplida, en qué circunstancias ocurrió ni qué prueba respaldaba tal afirmación, solo mencionó un supuesto incumplimiento del registro biométrico el 15 de febrero, sin precisar el año; si se trataba de 2022, en esa fecha aún no existía ninguna medida cautelar, a pesar de ello, utilizó ese argumento para agravar la medida sustitutiva, sin explicar en qué prueba se basó. Además, criticó al juez de la causa por no valorar la prueba de la víctima y por vulnerar el principio de imparcialidad, pero no indicó qué prueba no fue valorada; si pretendía revocar la medida, debió fundamentar detalladamente el modo, tiempo, lugar y forma del supuesto incumplimiento, así como señalar la prueba correspondiente. Finalmente, impuso medidas de imposible cumplimiento, como elevar la fianza a cincuenta mil bolivianos, a pesar de que el accionante no podía trabajar ni contaba con autorización para salir a trabajar, lo que afectó directamente su derecho a la libertad.
Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito presentado el 4 de mayo de 2023, cursante a fs. 52 y vta., manifestó: a) El Auto de Vista 263/2023, fue dictado dentro de los plazos legales y conforme a los parámetros de competencia establecidos en los arts. 396 y 398 del CPP, por ello, no se puedo presumir la vulneración de derechos ni garantías constitucionales; b) El Auto de Vista impugnado revocó parcialmente el Auto Interlocutorio 130/2023-P, al considerar que la parte sindicada no cumplió con el registro biométrico y no presentó justificativo ni documentación idónea que acreditara su presencia ante la autoridad competente, por ello, el incumplimiento del marcado biométrico no fue justificado de manera adecuada; y, c) Como parte del agravio se alegó la inadecuada valoración de la prueba, sin embargo, la SCP 0039/2012 de 26 de marzo, estableció que la jurisdicción constitucional no podía revisar ni sustituir la interpretación de la legalidad ordinaria realizada con plena jurisdicción y competencia, por lo que, no se incurrió en transgresión de derechos ni garantías constitucionales.
El Juez de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 027/2023 de 4 de mayo, cursante de fs. 59 a 62, concedió la tutela solicitada, en consecuencia ordenó que la autoridad accionada dicte resolución en cumplimiento del art. 398 del CPP, sin costas por ser excusable, con base en los siguientes fundamentos: 1) Según los antecedentes del acta de audiencia virtual de acción de libertad 25 de abril de 2023, la autoridad demandada incluyó en sus conclusiones aspectos y agravios no mencionados por el abogado de la presunta víctima, señaló fechas como el once, doce y trece, afirmó que el abogado de la defensa se presentó ante el Ministerio Público el 15 de febrero, sin señalar año, cuando la fiscalía estaba cerrada por inventario, para sustentar esto, adjuntó tres fotografías del proceso de entrega del despacho fiscal, sin embargo, este punto no fue parte del agravio ni objeto de apelación, y fue incorporado de forma unilateral por la autoridad demandada; 2) En la conclusión segunda, la autoridad señaló que no se habría cumplido con el registro biométrico el 15 de febrero, sin especificar el año, presumiéndose que fue en 2022, indicó que no existía un memorial ante el Ministerio Público que acreditara la presencia del accionante ese día, sin embargo, omitió fundamentar las razones de dicho incumplimiento; esta conclusión resultó incongruente, ya que, según los antecedentes del proceso, las medidas cautelares fueron impuestas recién el 15 de noviembre de 2022, por lo que en febrero de ese año aún no existían, evidenciando una contradicción en su razonamiento; y, 3) Con relación al primer agravio, referido a que el recurso de apelación no fue planteado de forma oral, se estableció que las resoluciones sobre medidas cautelares son apelables en efecto no suspensivo dentro del plazo de setenta y dos horas, aunque el art. 404 del CPP, modificado por la Ley 1173, dispone que la apelación debe interponerse de forma oral e inmediata ante el tribunal que la dictó, en los demás casos debe presentarse por escrito y debidamente fundamentada dentro de tres días. Ante esta contradicción normativa, consideró que corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional su modulación, y concluyó que el recurso de apelación incidental fue interpuesto dentro del plazo legal de setenta y dos horas.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio N° 448/2022-P de 15 de noviembre de 2022, mediante el cual, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz, dispuso otorgar “medidas sustitutivas” (sic) a la detención preventiva insertas en el art. 231 bis del CPP, entre otras la detención domiciliaria de los imputados (fs. 2 a 10); en ese mismo acto, la víctima y los imputados solicitaron explicación y complementación del Auto Interlocutorio, que fue resuelto por la autoridad judicial por auto complementario pronunciado también en la misma audiencia (fs. 11 a 12). II.2. Cursa memorial presentado el 25 de enero de 2023, mediante el cual la víctima Dan Henrry Ferrufino Schmidt solicitó la revocatoria de la medida sustitutiva a la “detención preventiva” respecto a José Luís Castillo Fernández, alegando que fue visto consumiendo alcohol en una graduación el 28 de noviembre de 2022 en la comunidad de Candelaria, Municipio de Guanay, lo que contraviene las condiciones impuestas en la audiencia de medidas cautelares, en la que se le otorgó detención domiciliaria en El Alto departamento de La Paz, medida que incumple frecuentemente, so pretexto que debe firmar cada quince días en la Fiscalía de Guanay, pero permanece varios días fuera, paseando por lugares públicos; y ,que por informes policiales su domicilio suele estar cerrado con candado, lo que evidencia el incumplimiento de la detención domiciliaria (fs. 16 a 17). II.3. Mediante Auto Interlocutorio 130/2023-P de 6 de marzo de 2023 el juez de la causa, determinó rechazar la solicitud de revocatoria de medidas cautelares de carácter personal, por no haberse cumplido con el art. 13 del CPP manteniendo todas las medidas impuestas por Auto Interlocutorio 448/2022-P de 15 de noviembre de 2022, quedando notificadas las partes procesales por su oralidad a efectos de interponer los recursos que le franquea la ley (fs. 28 a 33). II.4. Cursa memorial, mediante el cual la victima Dan Henrry Ferrufino Schmidt, el 7 de marzo de 2023, interpuso recurso de apelación incidental en forma escrita contra el Auto Interlocutorio 130/2023-P, refiriendo que el Juez Aquo rechazó la solicitud de revocatoria de la detención domiciliaria al amparo delo previsto en el art. 247 inc. 1 del CPP; argumentando que no se cumplió con el art. 13 del CPP, sin embargo, no explicó, fundamentó ni motivo las causas de la ilicitud de la prueba presentada, puesto que la prueba presentada se trata de la grabación de una publicación de Facebook por el Presidente de la Central de Guanay, Diego Ordoñez, a la cual pertenece la Cooperativa Unificada Gran Poder Uno, siendo evidente que señor Castillo se encontraba en el evento de graduación de primaria del Colegio Candelaria de dicha comunidad, cuando debería estar guardando detención domiciliaria el 28 de noviembre del 2022, cuya fecha y hora se encuentra claramente en el video que no fue valorado; además, se advierte la falta de motivación y fundamentación y la incongruencia omisiva de la resolución constituyen un agravio (fs. 34 a 35). En audiencia de consideración de la apelación de medidas cautelares de 26 de abril del 2023, la victima expuso, los siguientes agravios: i) No contiene la debida fundamentación y motivación por lo que atenta el debido proceso y la línea jurisprudencial como la SC N° 0759/2010-R la SC 1369/20001-R y la SC 1369/2011-R; se trata de una decisión de hecho y no de derecho; no se habría efectuado una valoración integral de la prueba presentada, como ser las placas fotográficas donde se observa en un colegio mesas y sillas donde se están consumiendo bebidas alcohólicas el 28 de diciembre del 2022; asimismo, la verificación efectuada por la policía, que da cuenta que el imputado no se encontraba en el domicilio que había señalado; ii) Se cuestionó la afirmación efectuada de que la prueba no estaría en el marco del “art. 13” (sic) y que se debería haber solicitado al ITCUPP el desdoblamiento respectivo; no obstante ello, se ingresa al examen de fondo señalando que el acontecimiento no se habría llevado a cabo el 28 de noviembre sino el 09 de diciembre del año 2022, ya que se trataría de una graduación de ciclo básico de una unidad educativa y no así del ciclo medio; iii) No establece el porqué de la ilicitud de la mencionada prueba y porque no la habría considerada; incurriendo en una ausencia de valoración integral de la prueba, no valora las circunstancias, se basa en un hecho y no en el derecho siendo que José Luis Castillo ha incumplido la condición de guardar la detención domiciliaria, que fue puesto a consideración del Juez juzgador; y, iv) No se ha valorado por el Juez el hecho de que habría dispuesto la suscripción del libro respectivo en Guanay, cuando el domicilio para cumplir la medida de detención domiciliaria sería en la ciudad de El Alto, ciudad Satélite, es otro aspecto que no ha sido considerado por el juzgador, existiendo demás una incongruencia en el cumplimiento de la medida pues en forma semanal tiene que trasladarse a la localidad de Guanay a suscribir el respectivo libro en la Fiscalía; mientras la detención domiciliaria debe cumplirla en la ciudad Satélite (fs. 36 a 37). II.5. Mediante Auto de Vista 263/2023 de 26 de abril, Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy demandada- revocó en parte el Auto Interlocutorio 130/2023-P, disponiendo que el accionante cumpla detención domiciliaria con dos custodios policiales y el registro biométrico se debe realizar dos veces por semana los días lunes y viernes en la ciudad de nuestra Señora de La Paz y el pago de una fianza económica de Bs50 000.- (cincuenta mil bolivianos 00/100), con los siguientes fundamentos: a) el art. 251 del CPP, hace viable la interposición del recurso de apelación por lo que se ingresa a examinar el fondo; b) Se hace referencia a aun evento en el colegio Candelaria en 28 de noviembre o 9 de diciembre, señalando que la fecha correcta seria esta última, y que existió una asamblea en una cooperativa que existiría una autorización judicial; y en la parte conclusiva detalle el domicilio del sindicado ubicado en ciudad satélite, a las placas fotográficas sin constar fecha y lugar y que estas pruebas no cumplen con la legalidad, se afirma que habría comparecido a la fiscalía el 15 de febrero y se adjunta 3 placas fotográficas del inventario que estaba recibiendo el fiscal, razón por la que estaba cerrado, existe agravio, ya que el a quo si bien observa la legalidad sobre la prueba aportada por la víctima por incumplimiento al principio de legalidad; sin embargo, de forma contradictoria le da el valor probatorio a unas fotografías que no cumpliría con el principio de legalidad presentadas por la parte sindicada sobre la puertas cerradas de la Fiscalía el 15 de febrero, debido a que el fiscal habría estado recibiendo un inventario, con lo cual el juez a quo vulnera el principio de igualdad entre las partes y asimismo se incurre en una incongruencia omisiva, y una ausencia de fundamentación y motivación, al valorar la prueba en cuanto al principio de legalidad, lo que implica una vulneración a la fundamentación motivación y congruencia; y, c) Existe una incorrecta aplicación por parte del juez a quo del art. 471.1 -se entiende del CPP-; del contenido del auto interlocutorio recurrido y lo manifestado por la parte sindicada, refiere que no cumplió con el registro biométrico en fecha 15 de febrero, se presume del año 2022, ante la autoridad competente, sin que exista un memorial que acredite que el sindicado se apersonó ante el Ministerio Publico a cumplir con el registro biométrico; la autoridad a quo omite pronunciamiento sobre este incumplimiento de esta medida impuesta (fs. 38).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, la Vocal demandada, en la emisión del Auto de Vista 263/2023 de 26 de abril, mediante el cual dispuso revocar en parte el Auto Interlocutorio 130/2023-P de 6 de marzo, incurrió en las siguientes vulneraciones: 1) No declaró la inadmisibilidad de apelación incidental de la víctima, no obstante que dicho recurso fue interpuesto extemporáneamente y de forma escrita, contraviniendo el art. 404 del CPP; 2) Se pronunció de forma extra petita sobre la falta de firmas en el libro de la fiscalía; las fechas de salida judicial de 11, 12 y 13 de febrero del 2023; y, que su persona habría incumplido con la firma en el registro biométrico el 15 de febrero del 2022 - cuando en esa fecha no existía ni siquiera imputación formal-, siendo que esos aspectos no forman parte de los agravios del apelante; y, 3) No fundamenta ni motiva porque razón estaría agravando la medida cautelar impuesta, ni respecto a cuál sería la medida cautelar incumplida; asimismo, no realiza una valoración individualizada de la prueba ni señala que pruebas no habrían sido valoradas por el juez a quo; por lo que solicita que se disponga: i) Dejar sin efecto el Auto de Vista de 263/2023, ordenando la emisión de una nueva resolución con la debida fundamentación, motivación y congruente, dentro de los alcances del art. 398 del CPP; y, ii) Se condene el pago de costas, daños y perjuicios. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Refiriéndose a la resolución sobre medidas cautelares de carácter personal, el art. 251 del CPP, establece que: “La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior (el resaltado es añadido).
Dicha norma procesal que es de carácter especial, es la que corresponde ser aplicada cuando se trata de apelación incidental contra las resoluciones judiciales sobre medidas cautelares de carácter personal con preferencia a las normas generales referidas a la apelación incidental prevista en el art. 404 del CPP, conforme ya lo estableció la SCP 2356/2012 de 22 de noviembre, “…la tramitación prevista por el art. 251 del CPP, modificado por la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (LSNSC), se constituye en un procedimiento y tramitación especial que no reúne los mismos parámetros jurídicos o requisitos procedimentales establecidos por los arts. 403, 404 y 405 del CPP, pues dicho recurso se puede interponer inclusive de forma oral al momento de culminar o escuchar el pronunciamiento en audiencia sobre la procedencia o no de la detención preventiva o alguna otra medida sustitutiva, además de que no es necesario que acompañe ninguna otra prueba como así exige el art. 404 del CPP”. Por su parte, la SCP 0529/2019-S2 de 15 de julio, luego de señalar que es posible la apelación oral de la apelación en audiencia, también estableció que la apelación incidental prevista en el art. 251 del CPP, puede ser interpuesta de forma escrita, precisando que a resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, es apelable, en el efecto no suspensivo, pudiendo formularse la alzada (…) “ b) De manera escrita, en el término de setenta y dos horas, en el supuesto de no haber formulado apelación conforme a lo precisado en el punto anterior; es decir, a la culminación de la audiencia cautelar y de la resolución que se considera lesiva a los derechos del imputado; debiendo seguirse la tramitación regulada en el art. 251 del CPP.” En suma, la apelación incidental contra las resoluciones que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, se halla regulado por la norma especial contenida en el art. 251del CPP; y, en el marco de lo dispuesto por dicha norma legal, el apelante tiene el plazo de 72 horas para interponer el recurso de apelación, cuyo derecho no precluye por el hecho de no haber sido planteado dicho recurso en la audiencia que se emitió la resolución apelada.
El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como un derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la CADH; y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.
En el Fundamento Jurídico III.3, de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso, como son:
a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.
En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que 1El cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma.
…consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”.
2El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”. 3El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cual es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados. En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”.
sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: i) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; ii) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; iii) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; iv) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, v) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-.
4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…)
(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…)
b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´. (…)
c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 6El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: a) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; b) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; c) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, d) Por la falta de coherencia del fallo, que se manifiesta: d.1) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto o parte resolutiva-; y, d.2) En su dimensión externa, que implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo.
5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”. 7El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.
9El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”.
respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa.
La jurisprudencia contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 citadas anteriormente, fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció:
Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna. Estos entendimientos fueron asumidos por las SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio, entre otras.
Asimismo, cabe resaltar que el jurisprudencia constitucional, sistematizada en el la SCP 0061/2018-S2 de 15 de marzo, ha distinguido entre el contenido de la fundamentación respecto de la motivación de los fallos, estableciendo que: “1) La fundamentación se refiere a la obligación de las autoridades, en especial de las jurisdiccionales, de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en los que se apoye su determinación, así como de justificar la utilización de dichas disposiciones normativas o de interpretarlas de una determinada manera; es decir, consiste en la justificación normativa de la decisión que da por resultado la construcción de la premisa normativa; en cambio; y, 2) La motivación hace referencia a la serie de razonamientos lógico-jurídicos que permiten entender, el porqué un determinado caso se ajusta a la hipótesis normativa planteada en el mismo, significa que la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión que el acto concreto que se trate, se encuentra por una parte, probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las que considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra, explicando el porqué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal, elementos con los cuales se realiza la justificación fáctica de la decisión y se construye la premisa fáctica”.
Los estándares de fundamentación y motivación contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 -citadas anteriormente-, son aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal y a lo dispuesto en los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP; asimismo, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en una resolución judicial que resolvió una medida cautelar en apelación, interpretó el art. 398 del mismo Código. Ahora bien, la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2, que analiza previamente la relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la resolución cuando se denuncia arbitraria o insuficiente motivación, no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva, en las que sí, es exigible disponer la nulidad y realizar el reenvío ante la autoridad jurisdiccional ordenando se emita nueva resolución; por cuanto en estos casos, aun se advierta que la corrección de una decisión con fundamentación o motivación arbitraria o insuficiente, no modificará la parte resolutiva, esto es, la decisión de la detención preventiva; sin embargo, es esencial que el imputado y el juez o tribunal conozcan las razones jurídicas que sustentaron la decisión de la detención preventiva respecto a las condiciones establecidas en el art. 233.1 y 2 del CPP, vinculadas a los arts. 234 y 235 del citado cuerpo legal; es decir, es esencial que conozcan cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la medida cautelar, a efectos que: i) Por una parte, el imputado pueda solicitar en el futuro su cesación de la detención preventiva, aportando nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no concurren los motivos que la determinaron, y por tanto, solicite medidas sustitutivas o su libertad irrestricta; y, ii) Por otra, el juez o tribunal analice de manera ponderada, si los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado, demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia que la misma sea sustituida por otra.
En efecto, conforme destacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, en la Sentencia de 21 de noviembre de 2007 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas -jurisprudencia de la Corte IDH incorporada al bloque de constitucionalidad, a partir de la SC 0110/2010 de 10 de mayo-, la motivación de la decisión judicial que restringe la libertad personal, garantiza el derecho a la defensa, por cuanto, evita que una falta de motivación impida que el imputado conozca las razones por las cuales permanece privado de libertad, además, le dificulta su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr su liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante. Por lo que, tanto la resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, como la que resuelve la apelación deben tener, en palabras de la Corte IDH, una fundamentación suficiente, que permita al privado de libertad conocer los motivos por los cuales se mantiene su restricción a este derecho.
Estos razonamientos fueron asumidos por las SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio, entre otras.
Del estudio de los antecedentes que cursan en obrados, y lo referido en las Conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se evidencia que dentro del proceso penal seguido contra el accionante y otros, mediante Auto Interlocutorio 448/2022-P, se dispuso otorgar medidas cautelares, entre otras, la detención domiciliaria del accionante. Posteriormente, el 25 de enero de 2023, la víctima solicitó la revocatoria de las medidas “sustitutivas” (sic) a la detención preventiva respecto al accionante, por el incumplimiento de las condiciones impuestas; solicitud que fue rechazada por el Auto Interlocutorio 130/2023-P. Ante tal determinación, la víctima, interpuso recurso de apelación incidental en forma escrita; el cual fue resuelto mediante el Auto de Vista 263/2023 de 26 de abril, que se impugna a través de la presente acción de libertad, denunciando que la Vocal accionada, habría incurrido en los actos ilegales que se examinan a continuación: Con relación a la admisibilidad de la apelación La accionante denuncia que la Vocal demandada, no declaró la inadmisibilidad de apelación incidental interpuesto por la víctima, no obstante que el mismo no se interpuso de forma oral en la audiencia del 6 de marzo del 2023, conforme establece el art. 404 del CPP, sino que lo hizo de forma escrita recién el 7 del indicado mes y año. De acuerdo a los antecedentes cursantes en el expediente constitucional, se advierte que mediante Auto Interlocutorio pronunciado en audiencia celebrada el 6 de marzo de 2023, el Juez de primera instancia, resolvió el incidente de revocatoria de las medidas cautelares de carácter personal (Concusión III.3); contra dicha determinación, la víctima interpuso recurso de apelación incidental de forma escrita el 7 del indicado mes y año (Conclusión II.4); la cual fue resuelta por la Vocal demandada mediante el Auto de Vista N° 263/2023 de 26 de abril, que admitiendo la alzada se pronunció sobre el fondo ( conclusión) . Ahora bien, de principio cabe puntualizar que conforme lo ha establecido la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la fundamentación se refiere a la obligación de las autoridades, en especial de las jurisdiccionales, de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en los que se apoye su determinación, así como de justificar la utilización de dichas disposiciones normativas o de interpretarlas de una determinada manera. En ese marco, en lo que tañe a la interpretación y elección de la norma aplicable en los supuestos de apelación incidental contra resoluciones relativas a medidas cautelares de carácter personal, la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, ha establecido que la apelación incidental contra las resoluciones que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, se halla regulado por la norma especial contenida en el art. 251 del CPP y no así por las previsiones de los arts. 403, 404 y 405 del mismos cuerpo normativo, las mismas que constituyen normas generales sobre el trámite de apelación incidental; y, en el marco de lo dispuesto por la norma legal especial de aplicación preferente, el apelante tiene el plazo de 72 horas para interponer el recurso de apelación, cuyo derecho no precluye por el hecho de no haber sido planteado dicho recurso en la audiencia que se emitió la resolución apelada; es decir, dicho recurso puede ser interpuesto de forma oral en la audiencia o de forma escrita en el término de 72 horas. Consiguientemente, la autoridad accionada al haber admitido el recurso de apelación presentado de forma escrita dentro del plazo previsto por el art. 251 del CPP, ha efectuado una interpretación conforme al principio de legalidad, razón por la cual no es evidente que la autoridad demandada hubiera vulnerado el debido proceso en su elemento de fundamentación, dado que la premisa normativa de la admisión del recurso de apelación incidental contra una resolución cautelar de carácter personal se encuentra debidamente construida; razón por la cual corresponde denegar la tutela sobre esta denuncia. Respecto a la congruencia El accionante también denuncia que la Vocal demandada, se pronunció de forma extra petita sobre la falta de firmas en el libro de la fiscalía; las fechas de salida judicial de 11, 12 y 13 de febrero del 2023; y, que su persona habría incumplido con la firma en el registro biométrico el 15 de febrero del 2022 - cuando en esa fecha no existía ni siquiera imputación formal-, siendo que esos aspectos no forman parte de los agravios del apelante. Del contraste de los agravios de la apelación formulada por la víctima en su apelación escrita y asimismo en la audiencia de consideración dela apelación ( Conclusión II.4); y el pronunciamiento de la Vocal demandada en la emisión del Auto de Vista, hoy impugnado (Conclusión II.5), se advierte, que efectivamente, la apelante no hizo referencia a la supuesta falta de firmas en la fiscalía, a las salidas judiciales del 11,12 y 13 de febrero del 2023 y al incumplimiento del registro biométrico el 15 de febrero del 2022; puesto que los agravios expuestos hacían referencia a la falta de valoración integral de la prueba presentada, como el caso de la placas fotográficas; a la verificación efectuada por la policía en el domicilio del imputado; a la incongruencia de afirmar la ilicitud de la obtención de la prueba y no obstante ello valorar la misma; a la falta de motivación sobre la ilicitud de la prueba; la falta de valoración integral de la prueba; y la incongruencia de haberse dispuesto que el imputado firme el libro de la fiscalía en Guanay y que cumpla la detención preventiva en la ciudad de El Alto, lo que provoca que semanalmente deba trasladarse a Guanay a firmar el libro. Ahora bien, si bien es cierto que la congruencia externa de las resoluciones de apelación relativas a la aplicación, modificación o cesación de las medidas cautelares, tiene un alcance deferente, en consideración a que la aplicación de dichas medidas son revisables de oficio, a partir de lo cual, el tribunal de alzada está facultado a verificar si en el caso concreto concurren los requisitos de validez formal y material de la restricción de los derechos fundamentales del imputado, como ser el derecho a la libertad personal y de locomoción; empero, dada esa finalidad, el ejercicio de esa atribución, debe efectuarse en el marco del principio de favorabilidad, puesto que su propósito es evitar que se produzca una indebida restricción de los derechos fundamentales; y, garantizar que las medidas cautelares tengan un carácter instrumental, se apliquen de forma excepcional, en mérito al principio de inocencia; y de proporcional. En ese marco, el pronunciamiento de la Vocal demandada esencialmente sobre la vulneración del principio de igualdad en cuanto a la observación de la legalidad de las placas fotográficas presentadas por la víctima y la valoración de las 3 fotografías presentadas por la parte sindicada, que no cumpliría con la legalidad; y, el incumplimiento al registro biométrico el 15 de febrero del 2022, que resultan ser aspectos que no forman parte de los agravios de la apelación, no se halla amparada por la facultad de efectuar la revisión de oficio; y, por consiguiente resulta excesivo, con lo cual infringe el principio de congruencia externa, en cuyo mérito los jueces y tribuales se hallan reatados en sus pronunciamientos a las peticiones de las partes formuladas en los actos de constitución del proceso, en este caso en la apelación; dicha infracción, que conlleva un pronunciamiento extra petita, vulnera el derecho al debido proceso, en su elemento de congruencia externa, que amerita tutelar en este caso. Sobre la falta de motivación El accionante también denuncia que la Vocal demandada, no fundamenta ni motiva porque razón estaría agravando la medida cautelar impuesta, ni respecto a cuál sería la medida cautelar incumplida; y asimismo, no realiza una valoración individualizada de la prueba ni señala que pruebas no habrían sido valoradas por el juez a quo. De la revisión del Auto de Vista impugnado, se advierte, que la Vocal demandada, concluyó que el peticionante de tutela, no habría cumplido con la medida cautelar de registro biométrico el día 15 de febrero del 2022, y sin bien hace alusión, como respaldo de su conclusión el contenido del auto interlocutorio apelado y la afirmación de la parte sindicada; empero, no precisa cual o cuales son los elementos de prueba que demuestran el incumplimiento que alega, lo cual resulta aún más relevante, por el hecho de que las medidas cautelares, entre ellas el registro biométrico, fueron impuestas recién mediante el Auto interlocutorio 448/2022- de 15 de noviembre de 2022; es decir, que en la fecha del supuesto incumplimiento del registro biométrico -15 de febrero del 2022,- aún no se había impuesto dicha mediad cautelar; y, de esta manera, la conclusión esgrimida por la Vocal demandada, carece de respaldo probatorio; y, por consiguiente, dicha autoridad judicial incurre en motivación arbitraria, que vulnera el derecho al debido proceso en su elemento de motivación. Asimismo, la Vocal demandada, no esgrime argumento alguno que justifique la decisión de agravar las medidas cautelares, ni precisa cuales habrían sido las pruebas que no fueron valoradas por el juez a quo; incurriendo de esa manera en una decisión sin motivación, que vulnera el derecho al debido proceso en su elemento de motivación, y por consecuencia el derecho a la libertad de locomoción al haberse agravado las condiciones de la detención domiciliara. En definitiva, las arbitrariedades de la motivación advertidas, vulneran el derecho al debido proceso, en su elemento de motivación, razón por la cual corresponde conceder la tutela solicitada. Finalmente, en el marco de la facultad potestativa prevista proel art. 39.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), se dispone no ha lugar al pago de las costas y daños y perjuicios solicitados. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 027/2023 de 4 de mayo, cursante de fs. 59 a 62, pronunciada por el Juez de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto del departamento de La Paz; y, en consecuencia:
1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
2° Disponer lo siguiente:
a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 263/2023, emitido por Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. b) Que la autoridad demandada o quien ejerza el cargo, emita un nuevo Auto de Vista, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente sentencia Constitucional, siempre y cuando no lo haya hecho aún y la situación jurídica del accionante no haya sido modificada. 3° DENEGAR la tutela con relación al debido proceso en su elemento de fundamentación y al pedido de pago de costas y daños y perjuicios, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
10 El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
11 El párrafo 118, señala: “Por otro lado, la Corte destaca que la motivación de la decisión judicial es condición de posibilidad para garantizar el derecho de defensa. En efecto, la argumentación ofrecida por el juez debe mostrar claramente que han sido debidamente tomados en cuenta los argumentos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado rigurosamente, más aún en ámbitos en los que se comprometen derechos tan importantes como la libertad del procesado. Ello no ocurrió en el presente caso. La falta de motivación en las decisiones de la Jueza impidió que la defensa conociera las razones por la cuales las víctimas permanecían privadas de su libertad y dificultó su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr la liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante”. 12El párrafo 107, indica: “El Tribunal recalca que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben ofrecer la fundamentación suficiente que permita a los interesados conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad (…)”. Del mismo modo, el párrafo 117, subraya: “De igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar aunque sea en forma mínima las razones por las que considera que la prisión preventiva debe mantenerse (…)”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1296_2025-S3.pdf · páginas 1 a 21.
Huella digital del PDF (SHA-256): 9512b8eeeab05207eeb7abd89d4c741a55e0581776a8055e7e650c47c513cbf6
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