B.IA.LEGAL

SCP 1293/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 17 de octubre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
17 de octubre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
55687-2023-112-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la locomoción, a la defensa y al debido proceso en sus vertientes de legalidad y seguridad jurídica; toda vez que, en el proceso de homologación de documento privado de asistencia familiar, la Jueza ahora demandada dispuso su apremio corporal y posterior detención, ocurrida el 3 de mayo de 2023; sin considerar que nunca tuvo conocimiento de la falaz liquidación de asistencia familiar promovida por Sonia Vargas y el Auto de 7 de marzo de ese año, que la aprobó; por cuanto, la Oficial de diligencias codemandada, practicó las diligencias en el Tablero de la Secretaría del Juzgado y no así de forma personal como correspondía. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve: REVOCAR la Resolución de 9 de mayo de 2023, cursante de fs. 101 a 104 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de la problemática planteada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1293/2025-S3 Sucre, 17 de octubre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 55687-2023-112-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 9 de mayo de 2023, cursante de fs. 101 a 104 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luciano Arancibia Toledo en representación sin mandato de Javier Pacsi Espinoza contra Mercedes Huanca López, Jueza; y, Carmen Rosa Acarapi Mamani, Oficial de Diligencias, ambas del Juzgado Público de Familia Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 8 de mayo de 2023, cursante de fs. 48 a 51 vta., el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 3 de mayo de 2023, cuando salía de las oficinas de la Gestoría de Quillacollo, fue interceptado por un funcionario policial que portaba un mandamiento de apremio emanado y suscrito por la Jueza Pública de Familia Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba -ahora demandada-, señalando que iba a ser trasladado al Centro Penitenciario San Pablo de Quillacollo, por no haber pagado el monto de Bs29 000.- (veintinueve mil bolivianos), adeudados por asistencia familiar. Suma de dinero que tuvo que conseguir para obtener su libertad y no perder su fuente laboral, que apenas consiguió en el Municipio de Morochata, y a la cual debía asistir al día siguiente. Reclamó que, en el proceso de homologación de documento privado de asistencia familiar, fue notificado con la Sentencia de homologación en su domicilio real; sin embargo, la falaz liquidación promovida por Sonia Vargas y el Auto de 7 de marzo del indicado año, que la aprueba, fueron notificados en Secretaría del Juzgado conforme al art. 442 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-, y no así de manera personal ni procesal, razón por la que nunca tuvo conocimiento que se promovió la liquidación de asistencia familiar, lesionando sus derechos. Es así que, el 20 de marzo de 2023, se solicitó el mandamiento de apremio en su contra y ante la reiteración se extendió el mismo coartando su derecho de locomoción de forma ilegal.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la locomoción, a la defensa y al debido proceso en sus vertientes de legalidad y seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 23.I, 115.II y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia: a) Se anulen obrados hasta que se le notifique con la liquidación impetrada por Sonia Vargas dentro del proceso de homologación de asistencia familiar; b) Se remitan antecedentes ante el Ministerio Público por la falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado realizado por Sonia Vargas y la abogada que la patrocina Silvia Fernández Zeballos, por mentir en la liquidación y no considerar los depósitos realizados; y, c) Se remitan antecedentes ante el Juzgado Disciplinario o instancia pertinente por el actuar negligente de las demandadas, en vista del perjuicio generado y la conducción al Centro Penitenciario San Pablo de Quillacollo, donde fue amenazado de ser lesionado si no pagaba el monto de Bs700.- (setecientos bolivianos) y se le rapó el cabello.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 9 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 99 a 100 vta.; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El peticionante de tutela, a través de sus abogados, ratificó in extenso el contenido de su demanda, y ampliándola manifestó que: 1) En los antecedentes del proceso de homologación de asistencia familiar, no existe ninguna notificación que se le haya diligenciado con la liquidación presentada de manera falsaria; 2) Tanto la conducta de la Jueza como de la Oficial de Diligencias al notificar en Secretaría, bajo criterio de aplicación del art. 442 del CFPF, generó su indefensión y vulneración del debido proceso, además de coartar su derecho de locomoción; 3) La indefensión señalada generó un vicio de nulidad que coartó el art. 23 de la CPE; 4) La SCP 0797/2016-S2 de 22 de agosto, establece y determina que con la liquidación y con la intimación de pago, se debe notificar de manera personal y comunicar al obligado esos extremos; 5) En los informes de las demandadas se hace una errónea interpretación del art. 442 del CFPF, ya que el citado artículo se establece solo en relación a las liquidaciones que efectúa la parte adversa; pero no así respecto a la intimación del pago; 6) El interés superior de su hijo siempre fue precautelado y no se le puede atribuir responsabilidad por no presentarse o apersonarse al proceso, cuando no fue notificado; y, 7) Acude a la jurisdicción constitucional bajo la acción de libertad reparadora -innovativa-.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Mercedes Huanca López, Jueza Pública de Familia Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba, a través de informe presentado el 9 de mayo de 2023, cursante de fs. 88 a 89, manifestó que: i) La determinación que asumió de ninguna forma lesiona los derechos del accionante o impide su ejercicio; ii) La notificación con el Auto de 7 de marzo de 2023, que aprueba la liquidación se encuentra acorde a la normativa familiar pues el art. 442 del CFPF, concordante con los arts. 313 y 314 del mismo Código, establece que: “La notificación con la liquidación de pagos devengados de asistencia familiar dentro del proceso extraordinario, se practicará en domicilio procesal fuera de estrados y en caso de no haber sido fijado, se lo practicará en secretaria del juzgado” (sic); iii)El argumento efectuado por el accionante se encuentra alejado de la normativa familiar y las reiteradas líneas jurisprudenciales; puesto que, habiendo sido citado legalmente en su domicilio real, conocía de la causa y también el documento objeto de homologación que hubiera generado el mandamiento de apremio; por lo que, luego de ser citado, tenía la obligación de apersonarse al proceso y hacer conocer su domicilio procesal a fines de la comunicación procesal en los casos determinados por ley; iv) Su negligencia y omisión no puede ser observada como una vulneración de sus derechos que le generó lesión a su derecho de locomoción, más aún si al presente, el impetrante de tutela ya no se encuentra detenido, al haberse ejecutado el mandamiento de libertad dispuesto; v) El argumento del prenombrado tiene un matiz de apelación y no así el objeto de la presente acción de libertad y con un fundamento alejado de la normativa familiar y de las líneas jurisprudenciales que rigen el caso como las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0583/2018-S4 de 28 de septiembre y 0253/2020-S4 de 27 de julio, que señalan que si el obligado no hubiere señalado un domicilio procesal se le notificará en Secretaría del juzgado en estricta aplicación del art. 442 del CFPF; vi) Actuar en contrario a la aludida norma, sería atentatorio al interés superior de la niña, niño y adolescente; además, todo pago de asistencia familiar va encaminado a sustentar gastos de un menor de edad que requiere una atención prioritaria y urgente y prevalecen frente a cualquier otro interés que les pueda afectar; vii) Las acciones tutelares tienen como finalidad proteger derechos de aquellos que se consideren víctimas por el menoscabo de estos; pero, sin responder a un capricho niconsiderar los principios y normativa que rigen la materia familiar; y, viii) Dar lugar a la presente acción generaría ineficacia de la seguridad jurídica. Carmen Rosa Acarapi Mamani, Oficial de Diligencias del Juzgado Público de Familia Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, mediante informe presentado el 9 de mayo de 2023, cursante a fs. 90 y vta., señaló que: a) Javier Pacsi Espinoza -ahora accionante- fue citado el 10 de febrero de 2021, en su domicilio real y pese a su legal citación, nunca se apersonó ni señaló un domicilio procesal; motivo por el cual las posteriores notificaciones se realizaron en Tablero de la Secretaría del Juzgado; y, b) La liquidación de la asistencia familiar reclamada se practicó conforme al art. 442 del CFPF, en presencia de testigo.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, por Resolución de 9 de mayo de 2023, cursante de fs. 101 a 104 vta., “denegó” -lo correcto es concedió-la tutela solicitada en la modalidad de acción de libertad innovativa, recomendando a la autoridad y a la funcionaria de apoyo jurisdiccional demandadas, eviten situaciones como la tratada, a fin de no incurrir en conductas que afecten la libertad, sin posibilidad de reponer un estado prexistente. Decisión asumida bajo los siguientes fundamentos: 1) Si bien a la fecha el accionante se encuentra en libertad se deben realizar algunas consideraciones respecto a los arts. 415 y 442 del CFPF; 2) Los parágrafos I y II del art. 415 del citado Código, facultan a la parte beneficiaria a presentar la liquidación de pago de asistencia familiar devengada, la que necesariamente debe ser comunicada a la otra parte; 3) Ante la facultad legal de hacerse conocer a la otra parte una liquidación de pago de asistencia familiar devengada frente a la falta de apersonamiento de esa parte ausente -como fue resaltado en el caso-; correspondía necesariamente su notificación en el domicilio real del obligado a efecto de un conocimiento efectivo de la solicitud de su contraparte; y, 4) El art. 442 del CFPF, no resulta aplicable en el caso concreto; particularmente porque el accionante no se apersonó al proceso y fue sorprendido con el mandamiento de apremio. Un razonamiento adverso, indudablemente resultaría contrario al principio pro homine.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. En el proceso de homologación de asistencia familiar seguido por Sonia Vargas contra Javier Pacsi Espinoza -ahora accionante-; Gladis Teresa Copa Torrez, Jueza Pública de Familia Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba, emitió la Sentencia 001/2021 de 4 de enero, por la cual aprobó y homologó el documento transaccional de asistencia familiar de 27 de febrero de 2020, debiendo el obligado cancelar la suma -mensual- de Bs1000.- (mil bolivianos) en favor de su hijo. Decisión notificada al hoy impetrante de tutela mediante Cédula fijada en su domicilio el 10 de igual mes y año (fs. 14 a 15 y 17). II.2. El 2 de diciembre de 2022, Sonia Vargas presentó liquidación de asistencia familiar en la suma de Bs29 000.-. que fue observada por Mercedes Huanca López, Jueza Pública de Familia Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba -ahora demandada-, mediante decreto de 5 de ese mes y año (fs. 22 a 23). En ese entendido, el 20 de enero de 2023, la primera nombrada presentó nueva liquidación de asistencia familiar, por la misma suma. Disponiendo la autoridad demandada, a través de providencia de 30 de idéntico mes y año, se ponga en conocimiento del obligado -accionante-, para que observe dentro de tercero día, bajo conminatoria de aprobarse y cuya diligencia “…deberá practicarse conforme establece el Art. 442 de la Ley 603” (sic). Notificado el peticionante de tutela en “…Secretaría del Juzgado Tablero…” (sic) el 3 de febrero de 2023, por Carmen Rosa Acarapi Mamani, Oficial de Diligencias del Juzgado Público de Familia Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba -codemandada- (fs. 27 a 30). II.3. El 27 de febrero de 2023, Sonia Vargas solicitó aprobación de la liquidación de asistencia familiar. Misma que fue aceptada por la autoridad jurisdiccional demandada, mediante Auto de 7 de marzo de ese año, intimándose al obligado a cancelar la suma adeudada dentro de tercero día de su notificación legal, bajo conminatoria de expedirse mandamiento de apremio. En tal sentido, el 20 de mismo mes y año, la prenombrada demandante solicitó mandamiento de apremio contra el hoy solicitante de tutela. Emitiéndose en consecuencia la providencia de 22 de igual mes y año, ordenando que previamente se notifique al obligado con el Auto de aprobación de la liquidación. Notificándose en consecuencia al ahora accionante en Tablero de Secretaría del Juzgado con dicha resolución el 3 de abril de 2023, conforme al art. 314.I del CFPF, por la Oficial de Diligencias codemandada (fs. 31 a 35 y 38). II.4. El 10 de abril de 2023, Sonia Vargas solicitó nuevamente mandamiento de apremio contra Javier Pacsi Espinoza. Mismo que fue ordenado mediante Auto de 18 de idéntico mes y año. Actos comunicados mediante notificación fijada en Tablero de la Secretaría de Juzgado de 20 de ese mes y año, por la codemandada (fs. 39 a 41). Labrándose el mandamiento de apremio 26/2023 dispuesto, el 24 de igual mes y año. Ejecutado el 3 de mayo de igual año (fs. 94 y vta.). II.5. El 3 de mayo de 2023, Javier Pacsi Espinoza -accionante- adjuntando boleta de depósito al Banco Unión S.A. de la suma liquidada, impetró mandamiento de libertad en el día ante la Jueza demandada, quien a través de decreto de igual fecha dispuso el mismo. Labrado y ejecutado ese día (fs. 93 a 98 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la locomoción, a la defensa y al debido proceso en sus vertientes de legalidad y seguridad jurídica; toda vez que, en el proceso de homologación de documento privado de asistencia familiar, la Jueza ahora demandada dispuso su apremio corporal y posterior detención, ocurrida el 3 de mayo de 2023; sin considerar que nunca tuvo conocimiento de la falaz liquidación de asistencia familiar promovida por Sonia Vargas y el Auto de 7 de marzo de ese año, que la aprobó; por cuanto, la Oficial de diligencias codemandada, practicó las diligencias en el Tablero de la Secretaría del Juzgado y no así de forma personal como correspondía. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar

La SCP 0018/2020-S1 de 12 de marzo, consideró el siguiente entendimiento: “…el Tribunal Constitucional a través de la SC 0008/2010-R de 6 de abril, hace mención a la naturaleza de esta acción de defensa al indicar que: ‘Su naturaleza hace que esta acción, frente a otros mecanismos ineficaces, se configura como un medio de defensa idóneo para la protección efectiva y real de derechos fundamentales vinculados a la vida, libertad y procesamientos indebidos que hagan peligrar, supriman o restrinjan estos derechos’. Asimismo, esta misma Sentencia Constitucional en el Fundamento Jurídico III.4 modulando en entendimiento señalado en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, manifiesta: El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resultan ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos

POR TANTO

, la acción de libertad operará solamente en caso de no haber restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas. En ese contexto la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, señaló que la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria. En consecuencia, este entendimiento debe ser asumido en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio que vulnera el derecho a la libertad como resultado de una supuesta persecución ilegal, indebido procesamiento o privación de libertad, debiendo agotar los mecanismos idóneos, eficaces y oportunos al alcance, a efectos de buscar la restitución del derecho lesionado, no siendo pertinente activar de manera directa la justicia constitucional” (el resaltado es ilustrativo).

III.2. El incidente en el Código de las Familias y del Proceso Familiar

La misma SCP 0018/2020-S1, señaló: “La doctrina define al incidente como una cuestión que difiere de la causa principal de un proceso judicial, los cuales sin embargo se encuentran relacionados; es decir que, se trata de un litigio accesorio al procedimiento judicial principal, que el juez de la causa debe resolverlo a través de un auto debidamente fundamentado. El art. 255 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), señala referencia a la procedencia de un incidente: ‘Todo incidente deberá formularse de manera fundamentada’; seguidamente los artículos del mismo Código hacen referencia a la tramitación de los incidentes planteados, señalando: Artículo 256. (TRAMITACIÓN). La tramitación de los incidentes deberá observar las siguientes disposiciones: a) Los incidentes serán resueltos en audiencia. b) Si el incidente se plantea fuera de audiencia, éste deberá ser presentado dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes de la notificación.

c) El incidente planteado en el curso de una audiencia será fundado y formulado verbalmente; oída la parte contraria si corresponde, se resolverá de inmediato. d) Si el incidente es notoriamente improcedente o se funda en hechos alegados anteriormente, la autoridad judicial lo rechazará sin más trámite. Además, si la resolución que resuelve el incidente planteado no fuere positiva para el incidentista, tiene la posibilidad de activar los medios de impugnación que el referido Código establece en los arts. 364.I: ‘Las resoluciones judiciales son impugnables de acuerdo a las disposiciones previstas en el presente Código’; art. 366 del mismo cuerpo legal que indica: ‘Las resoluciones judiciales podrán impugnarse mediante los recursos de: a) Reposición. b) Apelación. c) Casación. d) Compulsa’; y, art. 368 del referido Código que menciona: ‘…proceder la reposición con alternativa de apelación únicamente contra los autos interlocutorios’. En conclusión, el incidente es una figura jurídica que se aplica en el ámbito de la jurisdicción ordinaria en materia familiar, medio procesal al que debe acudir la parte que se creyere afectada por defectos en el proceso, como ser falta de notificación o diligencia defectuosa entre otros, previo a acudir a la vía constitucional; y una vez agotada la misma, es decir, apelada ante la instancia superior, recién queda expedita la presente acción tutelar” (las negrillas son ilustrativas).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la locomoción, a la defensa y al debido proceso en sus vertientes de legalidad y seguridad jurídica; toda vez que, en el proceso de homologación de documento privado de asistencia familiar, la Jueza ahora demandada dispuso su apremio corporal y posterior detención ocurrida el 3 de mayo de 2023; sin considerar que nunca habría tenido conocimiento de la falaz liquidación de asistencia familiar promovida por Sonia Vargas y el Auto de 7 de marzo de ese año, que la aprobó, por cuanto la Oficial de diligencias codemandada, practicó las diligencias en el Tablero de la Secretaría del Juzgado y no así de forma personal como correspondía. Al respecto, de los antecedentes venidos en revisión y plasmados en las Conclusiones de este fallo constitucional, se tiene que en el proceso de homologación de asistencia familiar seguido por Sonia Vargas contra Javier Pacsi Espinoza -ahora accionante-; Gladis Teresa Copa Torrez, Jueza Pública de Familia Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba, emitió la Sentencia 001/2021 de 4 de enero, por la cual aprobó y homologó el documento transaccional de asistencia familiar de 27 de febrero de 2020, debiendo el obligado cancelar la suma -mensual- de Bs1000.- en favor de su hijo. Decisión notificada al hoy impetrante de tutela mediante cédula fijada en su domicilio el 10 de igual mes y año (Conclusión II.1). Es así que, el 2 de diciembre de 2022, Sonia Vargas presentó liquidación de asistencia familiar en la suma de Bs29 000.-, que fue observada por Mercedes Huanca López, Jueza Pública de Familia Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba -ahora demandada-, mediante decreto de 5 de ese mes y año. En ese entendido, el 20 de enero de 2023, la primera nombrada presentó nueva liquidación de asistencia familiar, por la misma suma. Disponiendo la autoridad demandada, a través de providencia de 30 de idéntico mes y año, se ponga en conocimiento del obligado -accionante-, para que observe dentro de tercero día, bajo conminatoria de aprobarse y cuya diligencia “…deberá practicarse conforme establece el Art. 442 de la Ley 603” (sic). Notificado el peticionante de tutela en “…Secretaría del Juzgado Tablero…” (sic) el 3 de febrero de 2023, por Carmen Rosa Acarapi Mamani, Oficial de Diligencias del Juzgado Público de Familia Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba -codemandada-. Entonces, el 27 de de indicado mes y año, Sonia Vargas solicitó aprobación de la liquidación de asistencia familiar. Misma que fue aceptada por la autoridad jurisdiccional demandada, mediante Auto de 7 de marzo de ese año, intimándose al obligado a cancelar la suma adeudada dentro de tercero día de su notificación legal, bajo conminatoria de expedirse mandamiento de apremio. En tal sentido, el 20 de ese mes y año, la prenombrada demandante solicitó mandamiento de apremio contra el hoy solicitante de tutela. Emitiéndose en consecuencia la providencia de 22 de igual mes y año, ordenando que previamente se diligencie al obligado con el Auto de aprobación de la liquidación. Notificándose en consecuencia al ahora accionante en Tablero de Secretaría del Juzgado con dicha resolución el 3 de abril de referido año, conforme al art. 314.I del CFPF, por la Oficial de Diligencias codemandada (Conclusiones II.2 y II.3). En consecuencia, el 10 de abril de 2023, Sonia Vargas solicitó nuevamente mandamiento de apremio contra Javier Pacsi Espinoza, que fue ordenado mediante Auto de 18 de idéntico mes y año. Actos comunicados a través de notificación fijada en Tablero de la Secretaría de Juzgado de 20 de ese mes y año, por la codemandada. Labrándose el mandamiento de apremio 26/2023 dispuesto, el 24 de indicado mes y año. Ejecutado el 3 de mayo de igual año, fecha en la cual, Javier Pacsi Espinoza -accionante- adjuntando boleta de depósito al Banco Unión S.A. de la suma liquidada, impetró mandamiento de libertad en el día ante la Jueza demandada, quien a través de decreto de igual fecha dispuso su emisión. Labrado y ejecutado ese día (Conclusiones II.4 y II.5). En ese orden de cosas, en el caso concreto se advierte que el ahora impetrante de tutela alega que nunca tuvo conocimiento de la liquidación de asistencia familiar presentada, menos de su aprobación judicial, por cuanto con ambos actos fue notificado por la Oficial de Diligencias codemandada, en el Tablero de la Secretaría del Juzgado donde se tramitó la homologación del documento transaccional de asistencia familiar, enterándose de los referidos al momento de ejecutarse el mandamiento de apremio en su contra sucedido el 3 de mayo de 2023. Liquidación que pagó ese mismo día pese a ser una suma de dinero que no correspondía; toda vez que, debía presentarse en su fuente laboral al día siguiente. Ahora bien, la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, referida a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, señala que en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad evitando la persecución o procesamiento indebido, estos deben ser utilizados previamente por el o los afectados, por cuanto la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados, a pesar de haber agotado estas vías específicas. Este entendimiento también es aplicable en materia familiar, ya que el incidente y consiguiente impugnación resulta ser el medio de defensa idóneo, eficiente y oportuno al que previamente debió acudir el accionante, ante la emisión de una resolución que supuestamente vulneró su derecho a la libertad, por estar ilegalmente e indebidamente procesado, tal como se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Bajo ese marco jurisprudencial, se establece que el impetrante de tutela ya en libertad (Conclusión II.5) -aspecto que no impide la presentación de esta acción tutelar, bajo su modalidad innovativa, cuyo propósito radica, esencialmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional que implica desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional, con la misión fundamental de evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción-, omitió utilizar el mecanismo que la ley le confiere procesalmente, pretendiendo que esta jurisdicción constitucional resuelva directamente los supuestos agravios que a su criterio se suscitaron a causa del diligenciamiento de las notificaciones efectuadas en el Tablero de la Secretaría del Juzgado Público de Familia Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba; ello con la finalidad que, a través de esta acción de defensa, se anulen obrados hasta que se le notifique con la liquidación impetrada por Sonia Vargas dentro del proceso de homologación de asistencia familiar; se remitan antecedentes ante el Ministerio Público por la falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado realizado por la prenombrada y la abogada que la patrocina, por mentir en la liquidación y no considerar los depósitos realizados; y, se remitan antecedentes ante el Juzgado Disciplinario o instancia pertinente por el actuar negligente de las demandadas, soslayando que podía utilizar en forma oportuna un mecanismo procesal específico de defensa idóneo y eficiente para restituir sus derechos supuestamente vulnerados, por cuanto, la acción de libertad opera solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados, no obstante, de haber agotado los medios de defensa que prevé nuestro ordenamiento jurídico. Consiguientemente, al haber acudido directamente a esta acción de defensa, estando en libertad por haber cumplido con la obligación exigida, y no haber evidencia que agotó previamente los medios de defensa idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria que tenía a su alcance, este Tribunal se encuentra impedido de ingresar a examinar el fondo de la presente acción tutelar, por incumplimiento al principio de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; razón por la cual, corresponde denegar la tutela. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve: REVOCAR la Resolución de 9 de mayo de 2023, cursante de fs. 101 a 104 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de la problemática planteada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1293_2025-S3.pdf · páginas 1 a 12.

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