Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 17 de octubre de 2025
Deniega la tutela
El accionante considera lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa y a contar con un juez natural; por cuanto, las autoridades demandadas no remitieron oportunamente el cuaderno de control jurisdiccional ante el Juez competente, impidiendo que pueda asumir defensa plena.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 127/2023 de 16 de mayo, cursante de fs. 21 a 22, pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1292/2025-S3 Sucre, 17 de octubre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 55665-2023-112-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 127/2023 de 16 de mayo, cursante de fs. 21 a 22, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gabriel Patty Coronel y Yobana Ticona Quispe en representación sin mandato de Joaquín Antonio Marín Palle contra Andrés Franz Zabaleta Callisaya, Juez y Edwin Quispe Nina, Secretario ambos del Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 15 de mayo de 2023, cursante de fs. 10 a 11 vta., el accionante a través de sus representantes sin mandato, expreso que:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, el Juez de turno del Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo del departamento de La Paz -ahora demandado-, en audiencia de medidas cautelares de 7 de mayo de 2023, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz. Desde esa fecha acudió a dicho Juzgado para que, remitan el cuaderno de control jurisdiccional a un Juzgado competente previo sorteo; sin embargo, alegaron “…no estaba la resolución de medidas cautelares…” (sic). Esa situación generó que, no pueda presentar memoriales para su salida judicial y asumir su defensa dentro el referido proceso; además, solo cuenta con plazo de treinta días de investigación.
Denunció la lesión de sus derechos, a la libertad, al debido proceso, a la defensa; y a contar con un juez natural, sin citar normas constitucionales que la contienen.
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que los demandados remitan en el día el cuaderno de control jurisdiccional a un Juez competente.
Celebrada la audiencia pública virtual el 16 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 19 a 20, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, reitero íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, manifestó que: a) Constantemente rogó e imploró a las autoridades -ahora demandadas-, la remisión del cuaderno de control jurisdiccional al Juzgado de competente a efectos de asumir defensa dentro el proceso penal que se le sigue; b) El Ministerio Público, requirió tomas de muestra de origina y de sangre; sin embargo, no acudió al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), debido a la imposibilidad de presentar memorial de salida judicial al no contar con Juez natural; y, c) Cuentan con menos de veinte días para asumir defensa; además, señaló que una pericia del IDIF demora de dos a tres semanas encontrándose contra el reloj. En ese sentido reiteró conceder la tutela impetrada.
Andrés Franz Zabaleta Callisaya, Juez y Edwin Quispe Nina, Secretario ambos del Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo del departamento de La Paz, a través de informe escrito presentado el 16 de mayo de 2023, cursante a fs. 17 y vta., señalaron que: 1) El proceso penal contra el ahora accionante, consigna el Código Único de Denuncia (CUD) 201102062300062. Conocieron la causa por turno de fin de semana. Ante ello los antecedentes fueron remitidos en originales al Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; 2) En relación al Auto Interlocutorio de medidas cautelares se encuentra transcrito, firmado y arrimado en el libro de Tomas de Razón de su despacho judicial; y, 3) Solicitaron se deniegue la tutela.
El Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 127/2023 de 16 de mayo, cursante de fs. 21 a 22, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) El Juez y Secretario demandos, conocieron la causa del proceso por turno de fin de semana y que, al vencimiento de los días sábado y domingo, debieron realizar el sorteo; y, remisión de los antecedentes ante el Juez competente; ii) Mediante nota con CITE Of. 252/2023 de 15 de mayo, los -ahora demandados- remitieron los antecedentes del proceso en original al Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, por declinatoria de competencia; iii) La referida nota lleva cargo de recepción de fecha 16 de mayo de 2023, a horas 11:04; empero, las autoridades demandadas fueron notificadas con la presente acción de libertad a horas 11:20 del mismo día, evidenciándose que, la remisión de los antecedentes a dicho Juzgado, fueron cumplidas, con anterioridad a la notificación. En ese sentido el petitorio de tutela invocado por el ahora impetrante de tutela es insubsistente; y, iv) El cuestionamiento impetrado por el accionante fue cumplido.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene la Resolución de Imputación Formal de 6 de mayo de 2023, por la que, Sara Nancy Villarroel Bustios, Fiscal de Materia, imputó formalmente a Joaquín Antonio Marín Palle -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas. Ante ello, Edwin Quispe Nina, Secretario del Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo del departamento de La Paz -ahora codemandado-, señaló audiencia de consideración de medidas cautelares para el 7 del mismo mes y año a horas 11:00 (fs. 2 a 9 vta.). II.2. Mediante nota CITE Of 252/2023 de 15 de mayo, con cargo de recepción de 16 del mismo mes y año a horas 11:04, dirigido al Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, el Secretario -codemandado-, remitió obrados en original del proceso penal signado Código Único de Denuncia (CUD)201102062300062 (fs. 18 a vta.).
El accionante considera lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa y a contar con un juez natural; por cuanto, las autoridades demandadas no remitieron oportunamente el cuaderno de control jurisdiccional ante el Juez competente, impidiendo que pueda asumir defensa plena.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0026/2025-S3 de 27 de febrero, establece que: «La jurisprudencia constitucional de manera uniforme y reiterada, estableció que la tutela del derecho al debido proceso corresponde por regla general ser conocida y resuelta a través de la acción de amparo constitucional, por ser la vía idónea a tal fin. Sin embargo, el extinto Tribunal Constitucional a través de la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, respecto al tema estableció el siguiente entendimiento: “…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad”. Por su parte, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, complementando el razonamiento anterior, sostuvo que: “…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”. Entendimiento reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1332/2014, 0293/2018-S4 y 0352/2018-S2, entre otras.
En ese marco, la SCP 1609/2014 de 19 de agosto, realizando una reconducción de la línea jurisprudencial, en relación a la activación de la acción de libertad cuando se denuncia la vulneración del debido proceso señaló que: “…Es así que, la referida SCP 0217/2014, estableció que ‘el debido proceso penal, es una garantía procesal establecida por la Constitución Política del Estado, que tiene como objetivo proteger los derechos constitucionales que de él emergen y en ese proceso controlar la capacidad punitiva del Estado que, en su momento puede afectar la libertad personal y la presunción de inocencia de aquellos que se encuentran involucrados en una contienda judicial penal. En este contexto y estando establecido que toda persona sometida a un proceso penal, se halla constitucionalmente imbuido del derecho a la defensa, a la asistencia de un abogado para su asesoramiento en las diferentes etapas del proceso, a un debido proceso sin dilaciones injustificadas, a la posibilidad de presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, en resumen del derecho a un debido proceso, se determina que, únicamente cuando se trata de materia penal, la acción de libertad es el medio idóneo, eficaz y eficiente para restablecer el debido proceso, en todos sus elementos. En consecuencia, se hace necesario establecer a partir de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad´. Conforme a dicho razonamiento, la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso, como presupuesto exigible para su tutela a través de la acción de libertad, desaparecía; sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional considera que, partiendo de la propia naturaleza jurídica de la acción de libertad, desarrollada en el Fundamento Jurídico anterior y cuyo principal objetivo es precisamente tutelar de manera específica el derecho a la libertad, no puede modificarse su esencia y ampliar su espectro de acción a aquellos asuntos netamente procedimentales que, aun cuando devengan del área penal, no se hallen en vinculación con el derecho a la libertad; en consecuencia, mediante la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se hace necesario reconducir el anterior entendimiento y restablecer la jurisprudencia constitucional previa, respecto a la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso. Este entendimiento, emerge precisamente de la interpretación literal y teleológica del art. 125 CPE, que establece la procedencia de la acción de libertad, cuando se produzca una restricción o amenaza de restricción ilegal o indebida a los derechos fundamentales a la vida y a la libertad física a raíz de una persecución ilegal o un indebido procesamiento; en consecuencia, tratándose de la procedencia de la acción de libertad en relación al debido proceso, debe entenderse que la inobservancia a éste -debido proceso-, ha sido la causal principal para la afectación del bien jurídico libertad; pues, de lo contrario, si los actos emergentes del procesamiento no ponen en riesgo la libertad y no ocasionan su restricción, no podrán ser evaluados y considerados a través de la acción de libertad, correspondiendo su tratamiento, una vez agotados todos los medios intra procesales, a la acción de amparo constitucional, como medio de defensa idóneo en el jurisdicción constitucional para reparar y subsanar los defectos procesales en que pudieran haber incurrido tanto servidores públicos como personas particulares. En este contexto, corresponde reconducir al entendimiento asumido anteriormente por las SSCC 0219/2004-R de 19 de octubre y 1865/2004-R de 1 de diciembre” ۛ » (las negrillas son nuestras).
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se constató que: el Ministerio Público imputó formalmente al ahora accionante; por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas. Ante ello, el Secretario del Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo del departamento de La Paz -ahora codemandado-, señaló audiencia de consideración de medidas cautelares para el 7 de mayo de 2023 a horas 11:00 (Conclusión II.1). Actuado en el que, el Juez de turno demandado dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San pedro de La Paz. Ahora bien, mediante nota CITE Of 252/2023 de 15 de mayo, con cargo de recepción de 16 del mismo mes y año a horas 11:04, el Secretario codemandado, remitió obrados en original al Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz (Concusión II.2.). En ese contexto, este Tribunal comprende que, el impetrante de tutela denuncia en instancia constitucional, la existencia de una aparente irregularidad procesal incurrida supuestamente por el Juez de turno y Secretario -ahora demandados-; consistente en que, en audiencia de consideración de medidas cautelares de 7 de mayo de 2023, dispuso su detención preventiva y que, hasta el momento de la interposición de la presente acción tutelar ninguno efectivizó la remisión del cuaderno de control jurisdiccional a un Juzgado competente previo sorteo, para que así
-según alega-, pueda presentar memoriales con el fin de buscar una salida judicial y asumir su defensa dentro del referido proceso.
Así las cosas y considerando lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, se llega a la conclusión, que la supuesta irregularidad procesal denunciada por el accionante, con las que hace entrever que estaría siendo sometido a un indebido procesamiento, no pueden ser sometidas a análisis de constitucionalidad por este Tribunal, puesto que: a) La aparente falta de remisión del cuaderno de control jurisdiccional a un Juez competente correspondiente a su caso, no se encuentra vinculada con su derecho a la libertad; ya que, estaría restringido de ese su derecho, al habérsele impuesto la medida cautelar de detención preventiva que cumple en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz y no por el aspecto que ahora reclama; y, b) Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, no se lo colocó en un estado de indefensión absoluta; puesto que, al margen de ser, un aspecto que no reclamó en instancia constitucional, no existe prueba que demuestre que le haya restringido formular peticiones ante la autoridad ahora demandada quien hasta ese momento tenía el control jurisdiccional de la causa. Por lo que, está demostrado en el presente caso, que el hecho denunciado por el impetrante de tutela contra el Juez y Secretario demandados, no se adecúa a ninguno de los supuestos de la procedencia de la acción de libertad, por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo. En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 127/2023 de 16 de mayo, cursante de fs. 21 a 22, pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1292_2025-S3.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): aac52066e1592d20743787fd867c928ef246ea096703c3d23384bbaeb4942461
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