B.IA.LEGAL

SCP 1289/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 18 de diciembre de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
18 de diciembre de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
47193-2022-95-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La peticonante de tutela, denuncia la vulneración a sus derechos a la libertad de locomoción, a la verdad material, y al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, dentro el proceso penal iniciado en su contra por falsedad material y otros, se determinó medidas cautelares personales en su contra, y tras haber apelado, la autoridad demandada confirmó la decisión impugnada mediante Auto de Vista 165/2022 de 28 de marzo, incurriendo en las siguientes irregularidades: i) Como agravio se expresó que, en cuanto a la autoría, la Jueza a quo de forma extra petita señaló que la Resolución 06/2012 (Declaración Judicial de matrimonio de hecho entre la accionante y Juan Carlos Pinto Ticona) no existe en el Libro de Tomas de Razón y sería falsa, cuando dicho aspecto no consta en la imputación; a lo cual, el Vocal demandado en el acápite IV, punto 4.1, incurriendo en incongruencia externa respondió que, en apelación de medidas cautelares no es posible cuestionar tipos penales al contar con las vías para impugnar la imputación; ii) Sobre el riesgo procesal del art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud a la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 035/2022 de 13 de abril, cursante de fs. 77 a 78 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, por vulneración al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, relacionada a su libertad de locomoción, y a la verdad material, en base a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer dejar sin efecto el Auto de Vista Auto de Vista 165/2022 de 28 de marzo, debiendo emitirse uno nuevo, conforme los fundamentos expresados en el presente fallo constitucional, siempre y cuando la situación jurídica de la accionante no haya cambiado con posterioridad. 3 Exhortar a Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental Justicia de La Paz a no incurrir nuevamente en situaciones de no incluir actuados remitidos a este Tribunal que contengan los agravios de los apelantes, privando que dichos argumentos sean considerados por la justicia constitucional bajo cualquier justificativo irrazonable e incoherente que afecte el contenido íntegro de la documentación remitida; de reiterarse dicho accionar, se remitirán antecedentes ante las instancias pertinentes para su investigación y sanción conforme a normativa pertinente.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del CPP
  2. III.2. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1289/2023-S1 Sucre, 18 de diciembre de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 47193-2022-95-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 035/2022 de 13 de abril, cursante de fs. 77 a 78 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Silvia Cinthia Cruz Nina contra Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 12 de abril de 2022, cursante de fs. 57 a 61 vta., la accionante, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión delito de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, tramitado ante el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz, en el que se encuentra investigada junto a otro coimputado; caso en el cual, el 21 de febrero de 2022, se llevó a cabo una audiencia de medidas cautelares, donde se dictó el Auto Interlocutorio 136/2022-P, que le impuso seis medidas sustitutivas, entre ellas, la detención domiciliaria sin salida laboral. Contra dicha Resolución, interpuso apelación incidental conforme el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que fue sorteado a la Sala Penal del Vocal ahora demandado, instancia que emitió el Auto de Vista 165/2022 de 28 de marzo, declarando improcedentes las cuestiones planteadas y confirmó la Resolución apelada.

Señala como agravios que, en cuanto a la autoría, la Jueza a quo de forma extra petita manifestó que la Resolución 06/2012 (Declaración Judicial de matrimonio de hecho entre la accionante y Juan Carlos Pinto Ticona) no existe en el Libro de Tomas de Razón y sería falsa, cuando dicho aspecto no consta en la imputación; a lo cual, el Vocal demandado en el acápite IV, punto 4.1 del Auto de Vista 165/2022, incurriendo en incongruencia externa respondió que, en apelación de medidas cautelares no es posible cuestionar tipos penales al contar con las vías para impugnar la imputación. Asimismo, sobre el riesgo procesal del art. 234.1 del CPP, planteó dos agravios, el primero, referido a que la carga de la prueba recae en la parte denunciante en cuanto a la actividad lícita; y, segundo, relacionado a que presentó boletas de pago hasta el mes de diciembre de 2021, y la suspensión de audiencias cautelares no fue atribuible a su persona; empero, el Vocal demandado en el acápite IV, punto 5.1 del Auto de Vista ahora cuestionado, refirió que las boletas de pago sólo demuestran actividad hasta diciembre de 2021, por ello sería correcta la valoración de la Jueza a quo; siendo evidente que no respondió a ninguno de los agravios. Respecto al riesgo procesal del art. 234.7 del CPP (víctima), manifiesta que la Jueza de instancia incurrió en inversión de la prueba al señalar que su persona no presentó garantías en favor de la víctima, cuando contrariamente el Ministerio Público es la instancia que debió demostrar la concurrencia de este riesgo; sin embargo, el Vocal demandado en el acápite IV, punto 6.1 del Auto de Vista cuestionado, no se refirió al reclamo de la inversión probatoria, ni a la errónea exigencia de las garantías conforme señala la "SCP 0185/2019-S3" arrimada en la apelación. En cuanto al riesgo procesal del art. 235.2 de la norma adjetiva penal, se denunció que la Jueza a quo, realizó valoraciones abstractas y presunciones al indicar "podría", contraviniendo la "SCP 0276/2018-S2" y la última parte del señalado art. 235; a lo que, el Vocal demandado en el acápite IV, punto 7.1 del citado Auto de Vista indicó que, para aplicar la jurisprudencia se tendría que haber adjuntado el fallo, con lo cual estaría de acuerdo; empero, soslayó a su vez manifestarse sobre el reiterado art. 235 del CPP, incurriendo nuevamente en incongruencia externa. Por último, se indicó como agravio al Vocal demandado que es madre de dos hijas de 15 y 11 años; y que su padre falleció el 2011, siendo esa la razón para continuar con su trabajo como Maestra Normalista. Sin embargo la autoridad demandada en el acápite IV, punto 8.1 del Auto de Vista 165/2022, señaló que no basta demostrar que sea madre de familia, sino que tiene que demostrar las necesidades para mantenerse a sí y a su familia. Ese criterio contradice la sana crítica, por lo que esa autoridad se apartó de los marcos legales de razonabilidad y equidad al emitir ese criterio de manera arbitraria, sin considerar su situación, dando preferencia a la verdad formal.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La impetrante de tutela denunció la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, relacionada a su libertad de locomoción, y a la verdad material, citando al efecto los arts. 23.I, 115.II y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, y se disponga dejar sin efecto el Auto de Vista 165/2022, ordenando se dicte nueva resolución debidamente fundamentada, motivada y congruente pronunciándose sobre todos los agravios.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 13 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 72 a 76 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado, ratificó in extenso su memorial de acción de libertad, y ampliándolo manifestó que en el caso se ha cumplido con la subsidiariedad, puesto que se han agotado todos los mecanismos procesales ordinarios.

I.2.2.Informe de la autoridad demandada

Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental Justicia de La Paz, mediante informe escrito presentado el 13 de abril de 2022, cursante de fs. 67 a 70, señaló que: a) Del contenido de la acción de libertad, se evidencia que la accionante hizo una transcripción de los antecedentes y copia de Sentencias Constitucionales exponiendo agravios que ya fueron considerados y resueltos; además señala que el Auto de Vista 165/2022 carece de fundamentación, motivación e incongruencia externa; sin embargo, simplemente las señala, sin fundamentarlos; b) Toda Autoridad que conozca de una solicitud y que resuelva la misma, debe exponer los motivos que sustentan su decisión de manera que el usuario a momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, dejando pleno convencimiento de que en el caso, no se aplicó únicamente las normas sustantivas y procesales; esta interpretación se tiene por el Tribunal Supremo de Justicia en el AS 114/2016-RRC de 17 de febrero; así también, que la congruencia externa, es un principio rector de toda sentencia; en el presente caso el recurso de apelación de medidas cautelares, por lo que no existió ninguna omisión o introducción con aspectos ajenos a la controversia; c) Consecuentemente el Auto de Vista 165/2022, tiene los fundamentos de hecho, derecho y jurisprudenciales, no existiendo ninguna vulneración al debido proceso, cumple con la estructura de fondo y de forma que establece en relación a la fundamentación y motivación previsto por el art. 124 del CPP; d) Lo que manifiesta la ahora accionante no se adecúa a la defensa, peor aun cuando no agotó los mecanismos de defensa para solicitar tutela en la vía constitucional, pues como sus autoridades podrán advertir que no ha sido planteado el recurso de aclaración, complementación y enmienda, ni en la audiencia de apelación incidental de medidas cautelares ni dentro de las 24 horas que franquea la Ley, planteado oportunamente, por lo que no es posible conceder la tutela por falta de subsidiariedad; e) Asimismo, se refirió a cada uno de ellos; sin embargo, ahora aumenta otros agravios que no lo dijo en audiencia como el art. 235. 2 del CPP, por lo que no puede pronunciarse de oficio sobre algo que no fue denunciado; f) Se debe considerar que el Tribunal de garantías debe regirse por el principio de limitación por competencia prevista en el art. 398 del CPP; es decir, los agravios expuestos, que aperturan su competencia y sobre los cuales se debe emitir la fundamentación correspondiente en relación al principio de imparcialidad señalado en el art. 178.I de la CPE; así la SC 1306/2011 de 26 de septiembre y la SCP 0077/2012 de 16 de abril, establecen que se deben fundamentar respecto de los agravios expuestos en la apelación; g) Por otro lado, considera que el abogado de la accionante, no ha entendido claramente los fundamentos del Auto de Vista 165/2022; pues tenía la obligación de haber solicitado una explicación, complementación y enmienda al amparo del art. 125 del CPP, misma que no lo hizo, por lo que estaba plenamente de acuerdo con dicho Auto de Vista, ya que el mismo es claro y coherente, consecuentemente, ahora, después de casi un mes sin haber agotado esa instancia rápida y oportuna, vulnerando la subsidiariedad que deben cumplir, ahora pretende vía acción de libertad, subsanar su negligencia; h) También se debe dejar en claro que este Tribunal de alzada no ha vulnerado ningún derecho ni garantía constitucional, por lo que la solicitante de tutela tenía la obligación de especificar de manera clara y especifica en qué consistiría la vulneración que alega, así como estaba en la obligación de establecer el nexo causal entre los actos supuestamente vulneratorios y derechos y/o garantías constitucionales que considera vulnerados, restringidos, suprimidos o amenazados de serlo; e, i) Es importante establecer que la acción de libertad procede como una causal cuando una persona esta indebidamente detenida. En el presente caso, la accionante no está con detención preventiva, sino con medidas sustitutivas a la detención, entonces es improcedente esta acción, ya que en ningún momento su autoridad dispuso su detención, siendo inviable su solicitud.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 035/2022 de 13 de abril, cursante de fs. 77 a 78 vta., denegó la tutela solicitada, sin disponer nada; bajo los siguientes fundamentos: 1) De los antecedentes adjuntos al memorial de acción de libertad, se evidencia que no tiene ningún elemento de juicio, por lo que se puede establecer que fueron debidamente fundamentados los agravios en el Auto de Vista 165/2022; 2) Se establece que la impetrante de tutela no solicitó explicación, complementación y enmienda respecto del citado Auto de Vista, por esa situación, a criterio del Tribunal, queda demostrada la aseveración sostenida por el Vocal demandado, en sentido de que emitió dicho Auto de Vista, respondiendo a cada uno de los agravios de la apelación incidental, en sujeción al art. 398 del CPP, sin vulnerar derecho alguno de la ahora accionante; y que la misma aumentó otros agravios que no los dijo en la audiencia de apelación, tales como el referido al riesgo procesal del art. 235.2 del CPP; 3) Por otra parte, se establece que el párrafo I.9 del art. 231 bis del CPP, modificado por la Ley 1173, dispone: "Detención domiciliaria en su propio domicilio o en el de otra persona, sin vigilancia o con la que determine la jueza, el juez o tribunal. Si el imputado no puede proveer a sus necesidades económicas o a las de su familia la jueza, el juez o tribunal podrá autorizar que se ausente durante la jornada laboral”; a criterio de este Tribunal, a la ahora accionante, le facultaba el art. 125 del CPP que en la vía de explicación, complementación y enmienda, en la misma audiencia en la que se emitió el Auto Interlocutorio 136/2022-P, pudo solicitar justificando debidamente que la Juez a quo corrija la medida cautelar personal de detención domiciliaria sin salida laboral adoptada en contra de ella, autorizando que se ausente durante la jornada laboral; ya que dicha enmienda y corrección no importa modificación esencial de la medida cautelar de detención domiciliaria, sino corrección de un aspecto accesorio a la misma. Si es que lo hizo, fue sin explicar ni justificar debidamente. Tampoco solicitó aclaración y enmienda al Auto de Vista que confirmó la Auto Interlocutorio 136/2022-P; 4) Según el art. 250 del CPP, cualquier determinación relativa a la medida cautelar personal, no causa estado; en consecuencia, la accionante no solamente podía, sino puede aún solicitar ante la Juez a quo la autorización de salida laboral de la medida cautelar de la detención domiciliaria, incluso modificación o revocatoria de esta medida y otras; y, 5) La SCP 0294/2017-S2 de 3 de abril, haciendo referencia a la SCP 0482/2013 de 12 de abril, dice: "Dada la naturaleza jurídica de esta acción tutelar y su alcance, a partir de la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, se establecieron los supuestos de subsidiaridad excepcional del recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, indicando que en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportuna para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, éstos deber ser utilizados previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, la acción de libertad operará de manera subsidiaria..."; en consecuencia, se establece que la autoridad demandada al emitir el Auto de Vista 165/2022, no ha vulnerado derecho alguno que asiste a la accionante.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto constitucional 29 de junio de 2023, cursante a fs. 83, se dispuso la suspensión del plazo procesal para la emisión de la presente Resolución, a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 23 de noviembre de 2023 (fs. 110); por lo que, el presente fallo constitucional es emitido dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de antecedentes cursantes en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias de Arminda Ticona Ticona y Simón Paredes Laura en contra de Silvia Cinthia Cruz Nina (accionante) y otros por el presunto delito de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado; el Fiscal de Materia presentó ante el Juez Público de turno de la Niñez y Adolescencia de Caranavi del departamento de La Paz, memorial de “SUBSANACION A LA RESOLUCIÓN DE IMPUTACION FORMAL” de 28 de abril de 2021, señalando entre otros, que siendo propietarios de dos bienes inmuebles, ambos ubicados en la ciudad de La Paz, los mismos se encontrarían registrados a nombre de otra persona en virtud a una Resolución de declaratoria de herederos y una resolución judicial de matrimonio de hecho, proceso que se habría realizado con muchas irregularidades, e incluso falsificación de documentos públicos, hechos habrían sido cometidos por los imputados Silvia Cinthia Cruz Nina y otro. Que una vez que los denunciantes se enteraron, realizaron las averiguaciones, y resulta que de la búsqueda de documentación, se encuentran la Resolución 138/2011 de 1 de agosto y Auto de 6 de agosto de 2011. Estas dos Resoluciones no cursan en el Libro de Tomas de Razón del “Juzgado de Instrucción de Caranavi”. A partir de dichas Resoluciones señaladas y los hechos en primera instancia por no existir las resoluciones en los libros de tomas de razón del “Juzgado de Instrucción Mixto de Caranavi”, se habría realizado la falsedad no solo de esas resoluciones, sino que además en base a las mismas inexistentes, se habría confeccionado escrituras públicas que luego fueron inscritas en Derechos Reales de Coroico del departamento de La Paz y otras instituciones como el “Gobierno Autónomo Municipal”, las cuales serían la Resolución 6/2013 de 15 de enero con el que se elaboró la Escritura Pública 860/2014 de 26 de septiembre, la Resolución 138/2011 y Auto de 6 de agosto de 2011 con el que se elaboró la Escritura Pública 861 de 26 de septiembre de 2014; la Resolución 6/2012 de 9 de febrero, sobre declaratoria de matrimonio, que no existe en el Libro de Tomas de Razón del indicado Juzgado (fs. 2 a 7 vta.). II.2. Por Auto Interlocutorio 136/2022-P de 21 de febrero, la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz, dispuso la detención domiciliaria de Silvia Cinthia Cruz Nina, dentro la denuncia presentada por Arminda Ticona Ticona y Simón Paredes Laura, por ser propietarios de dos bienes inmuebles, los cuales a la fecha se encuentran registrados a nombre de otra persona en virtud a una declaratoria de herederos y una declaratoria judicial de matrimonio de hecho, que se habría realizado con muchas irregularidades, falsificando documentación como el carnet de identidad de Juan Carlos Pinto Ticona, cometidos por Silvia Cinthia Cruz Nina (ahora accionante), señalando:

“CONSIDERANDO I.- (…), sin embargo, este proceso deviene del año 2018 a la fecha nos encontramos en el 2020 a cuatro años de la tramitación de la presente causa y era obligación de la parte imputada sí quería presentar algún tipo de documentación que pueda ser valorado por esta autoridad judicial pues presentar en original o debidamente legalizado, sin embargo, de las copias simples que habrían presentado la ahora imputada como ser la minuta de compra y venta de la señora Arminda Ticona Ticona y Simon Paredes Laura en favor del señor Juan Carlos Pinto Ticona en la gestión 2017 de la escritura pública de compra y venta ante Notario de Fe Pública se puede advertir de manera clara y evidente, que la superficie de 180 mtrs han sido transferidos en calidad de venta en favor del señor Juan Carlos Pinto, asimismo, que el señor Juan Carlos Pinto Ticona, habría fallecido el año 2011, cursa un testimonio de declaratoria de herederos seguido por la ciudadana Silvia Cinthia Cruz Nina representación de sus hijas Sireya Madeleine Ticona Cruz y Nayara Jezebel Pinto Cruz al fallecimiento de Juan Carlos Pinto Ticona lo que da a entender a esta autoridad que la transferencia de dicho bien inmueble a nombre de Sireya Medeleine Pinto Cruz y Nayara Jezebel Pinto Cruz como legitimas herederas conforme al testimonio da lugar a que la mismas serían las titulares de dicho terreno, sin embargo con la Resolución 06/2012 que sería el documento que habría conforme lo ha manifestado el Representante del Ministerio Publico la parte víctima que habría sido el documento por el cual ha realizado el cambio de titularidad de los bienes inmuebles se debe tomar en cuenta que una resolución sin una ejecutoria y un testimonio no es un documento que sería para poder realizar una tramitación de cambio de titularidad si bien cursa conforme a la certificación que ha sido emitida por el Doctor Eduardo Aramayo Maguiña, Secretario del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia N° 1 de la localidad de Caranavi el mismo resolución ha sido elevada de tomas de razón se debe tomar en cuenta que es una resolución que certifica que, evidentemente, la que no da a entender a esta autoridad judicial que la misma habría sido ejecutada que cursaría un testimonio que da el valor a efectos de que surjan futuros actos administrativos como ser cambio de nombre, ventas futuras del bien inmueble que podría ser éstas. (…) Con relación al artículo 234, Núm. 1 en su elemento domicilio, se tiene el carnet de identidad presentado por la misma y el informe de verificación domiciliaria es claro y evidente que la hora ciudadana imputada Silvia cinta Cruz Nina tiene un domicilio que sería en la urbanización puerto de mejillones Calle 4 N° 562, entre calle "K" calle "L" de la ciudad del Alto, (…). Con relación al elemento familia, han presentado certificados de embargo, se debe tomar en cuenta que conforme a la amplia línea jurisprudencial elemento familiar se tiene con la simple presentación del carnet de identidad, en el cual se puede evidenciar que las ciudadana Silvia Cinthia Cruz Nina tiene una familia de origen al tener un apellido materno y paterno, sin embargo, también se puede advertir que tiene una familia descendiente, que serían las menores de edad Sireya Medeleine Pinto Cruz y Nayara Jezebel Pinto Cruz. Con relación al trabajo, se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos que si bien ha presentado unas boletas de pago, dichas boletas de pago datan del año 2021 y se tiene y como última boleta de pago la de octubre del 2021, sin embargo, nos encontramos a febrero 21 de febrero de 2022 a 2 meses porque cursa una boleta del mes de diciembre sido la última boleta del pago que adjunta la ahora imputada (…). Con relación al Numeral 2 (…) Con relación al peligro efectivo para la sociedad, (…) Silvia Cinthia Cruz Nina no registra antecedentes policiales de la revisión de centros penales se tiene que Silvia Cintia Cruz Nina no registra antecedentes penales por lo que no concurriría el peligro efectivo para la sociedad Con relación al peligro efectivo para de la víctima, se debe tomar en cuenta que parte imputada no ha presentado las garantías a favor de la víctima a esta autoridad judicial, no ha presentado ningún documento, (…). (…) Con relación al Núm. 1 del Art. 235, que la ahora imputada podría suprimir destruir elementos de prueba es claro y evidente que la carga de la prueba está a cargo de la representante del Ministerio Público y de la parte víctima, aspectos que no han sido enervados por los mismos toda vez que el Representante del Ministerio Público, (…).

Con relación al Núm. 2 del Art. 235, se debe tomar en cuenta que la ciudadana Silvia Cintia Cruz Nina ahora imputada, tiene un vínculo familiar directo con los ahora imputados, que serían las 2 nietas que son descendientes de su hijo fallecido que podrían ser un elemento a efectos de que la ciudadana Silvia Cinthia Cruz influya de manera en ambas víctimas a efectos de que los mismos cambien su versión se porten reticentes, no quieran prestar la declaración informativa, ampliatoria o no quieran presentarse a otros aspectos, además, se debe tomar en cuenta que dentro de la presente causa existe otro imputado, coimputado, que también podría ser influido, de manera que también puede ser influido de manera negativa por la ciudadana Silvia Cinthia Cruz, Nina toda vez, a efectos de que no quiera presentarse algún acto investigativo no quiera someterse a la investigación se porte reticente, cambie su declaración, además del contacto que podría haber entre ambos, porque para esta autoridad judicial concurrían Núm. 2 del Art. 235. (…) CONTINUACION DE LA AUDIENCIA (…) ABOGADO DE LA PARTE IMPUTADA.- DR MARCOS CALCINA.- (…) vamos a solicitar complementación y enmienda… ABOGADO DE LA PARTE IMPUTADA.- DR MARCOS CALCINA.- (…) en virtud del art. 251 del código de procedimiento penal, vamos a interponer recurso de apelación incidental en contra de la resolución que su autoridad acaba de dictar solicitando se remita en los plazos establecidos. ABOGADA DE LA PARTE VICTIMA.- DRA. ELBA BORDA LAURA.- La palabra señor juez, al amparo del Art. 180 de la CPE y el art 251 del código de procedimiento penal interponemos Recurso de apelación formulando hacer conocer los agravios ante el Tribunal de Alzada… (sic [fs. 8 a 16 vta.]). II.3. Mediante Auto de Vista 165/2022 de 28 de marzo, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental Justicia de La Paz, ante la apelación contra el Auto Interlocutorio 136/2022-P, en el que se aplicó medidas cautelares menos gravosas a la imputada Silvia Cinthia Cruz Nina; se declaró la admisibilidad del recurso incidental, determinando la IMPROCEDENCIA de las cuestiones planteadas y en su mérito CONFIRMÓ dicho Auto Interlocutorio, señalando se tenga presente que las medidas cautelares tienen carácter provisional y pueden ser modificadas o revocadas conforme dispone el art. 250 del CPP, argumentando:

“FUNDAMENTOS DE HECHO, DERECHO Y JURISPRUDENCIALES: Que, el suscrito Vocal de la Sala Penal Tercera, analizando todo el legajo venido en grado de apelación compulsando y valorando debidamente los elementos de convicción que cursan en el mismo legajo, así como analizando los argumentos esgrimidos y en base a ello emite la siguiente Resolución correspondiente bajo las siguientes conclusiones de hecho, derecho y jurisprudenciales. 1ro. Que, la Resolución apelada en el presente caso es la Resolución N° 136/2022-P dentro del proceso penal que le sigue Ministerio Público en contra de Silvia Cinthia Cruz Nina por el delito de Falsedad Material e Ideológica: 2do. Que, se debe cumplir con el Art. 124 del CPP respecto a la debida emisión de la motivación y fundamentación de la Resolución que vaya a emitir este Juez de Alzada cautelar por extensión; así también, se debe considerar que este Tribunal de Alzada se debe regir por el principio de limitación por competencia previsto en el Art. 398 del CPP, es decir, los agravios expuestos por la parte apelante son los que apertura la competencia de este Juez de Alzada y sobre los cuales se debe emitir la fundamentación correspondiente bajo el principio de imparcialidad previsto en el Art. 178.1 de la CPE; otros extremos, otras situaciones no vienen al caso considerar en una apelación de una medida cautelar de carácter personal exclusivamente. Así también se tiene relación en este momento la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1306/2011 de 26 de septiembre de 2011 en la cual se establece que se debe fundamentar respecto a los agravios que la parte apelante haya propuesto al Juez de Alzada; además, la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0077/2012 de 16 de abril de 2012 concluye que en Alzada debe resolverse los agravios expresados en la apelación y no ir más allá de lo que no se ha solicitado. 3ro. Que, el presente caso la parte apelante manifiesta que la Resolución venida en apelación carece de fundamentación y que incluso no se ha realizado una valoración de los elementos de prueba en relación al art.173 del CPP 13 del CPP y mucho más aún que no ha tomado en cuenta fotocopias simples. 3.1. Al respecto, cuando la parte recurrente denuncia la falta de fundamentación en una resolución jurisdiccional tiene la obligación de demostrar que clase de fundamentación adolece la resolución recurrida ya sea falta de fundamentación fáctica, falta de fundamentación intelectiva, falta de fundamentación jurídica o falta de fundamentación descriptiva. En el presente caso la parte apelante solo de manera general ha señalado la existencia de la falta de fundamentación. Por otro lado, si bien es cierto que los procesos penales se deben valorar hasta incluso fotocopias simples pero cuando se denuncia la falta de valoración de los elementos de prueba incumpliendo el art. 173 CPP la parte recurrente debe demostrar qué reglas de la sana crítica se habrían vulnerado al no haber sido valorado sus elementos probatorios es decir la lógica, la experiencia común o la psicología, situación que en el presente caso no se ha demostrado objetivamente y mucho menos fundamentado, porque el solo hecho indicar que no se han valorado fotocopias simples no demuestra para nada agravio alguno. 4to.- Que, por otro lado, manifiesta que la autoridad A quo habría actuado extrapetita toda vez que en cuanto a su actuar se habría indicado la falsificación de tres soluciones y que incluso la Resolución No. 06/2012 es aquella que no existiría en el libro de tomas de razón, aspecto que inclusive no daría lugar a que su conducta se adecue a este tipo penal imputado. 4.1. Al respecto, es importante tener presente, que en el presente caso cuando tratamos de algunos argumentos como establecer la no participación o responsabilidad en el tipo penal provisional calificado por el Ministerio Público que ha calificado en el actuar de una persona se debe acudir a la SCP 1079/2016-S3 la misma que de manera expresa señala lo siguiente ′...este Tribunal recuerda que en el análisis de procedencia de medidas cautelares de carácter personal, no es posible cuestionar y menos resolver sobre la adecuada o inadecuada atribución de tipos penales a los coimputados, pues ello constituye un análisis propio de la imputación formal y que puede ser agotado con una impugnación expresa a dicho actuado procesal...`. Consecuentemente, si considera que por su actuar extrapetita la imputada no habría participado de ninguna falsificación de resoluciones jurisdiccionales y mucho menos en aquella que no existiría, que es la Resolución N° 06/2012 eso ya es un aspecto de fondo y que si por esa situación habría sido imputada la ahora apelante, entonces tiene la vía expedita en este caso a través de un incidente de actividad procesal defectuosa para poder impugnar la imputación, pero ese aspecto no se puede resolver en una audiencia de medida cautelar personal cómo 1 señala la uniforme Jurisprudencia Constitucional indicada anteriormente. 5to. Que, con referencia a la actividad lícita en sentido que habría presentado varias boletas de pago pertenecientes al Magisterio desde el ingreso básico así como también la antigüedad. 5.1. Al respecto es importante establecer que ese elemento de prueba ha tomado en cuenta la autoridad A quo y ha establecido que eso (boletas de pago) solo demuestra su actividad lícita hasta el año 2021 y más allá no existe elemento objetivo que demuestre alguna actividad lícita, entonces la valoración realizada por la autoridad A quo es correcta en ese sentido. 6to.-.Que, con relación a que no existe ningún elemento probatorio para poder haber establecido el peligro efectivo para la víctima conforme el artículo 234 numeral 7 del CPP. 6.1. Al respecto, este Tribunal de Alzada, minuciosamente el legajo de apelación y ha podido establecer que no es ha revisado cierto lo que indica la parte apelante, toda vez que la autoridad A quo, ha tomado en cuenta que las víctimas son de la tercera edad, es decir, que pertenecen a sectores vulnerables de la sociedad y que ellos merecen protección reforzada, en consecuencia esa situación, tomando en cuenta incluso el lineamiento jurisprudencial constitucional, en la SCP 394/2018- S2 se establece que este peligro efectivo para la victima ya es latente por el hecho de la existencia en la diferencia que existe cuando las víctimas pertenecen a sectores vulnerables a la sociedad y mucho más cuando son mujeres y peor aun cuando han sido víctimas como indica la autoridad A quo de hechos de violencia psicológica, entonces en este caso, existe una diferencia abismal entre la parte imputada con las víctimas y por eso lógicamente la autoridad A quo a impuesto este riesgo procesal a efectos de proteger reforzadamente a la víctima que es mujer y que pertenece al sector de la tercera edad.

7mo. Que, en cuanto no se habría aplicado correctamente la SCP 286/2018-S2 por el que prohíbe hacer el uso de la de la palabra que él “podría” toda vez que los riesgos procesales no pueden ser emitidos con meras subjetividades. 7.1. Este Tribunal de Alzada ha revisado minuciosamente el legajo de apelación y se puede establecer que la parte apelante no ha presentado dicho fallo constitucional, tampoco en esta audiencia virtual que lo podía hacer por el sistema Cisco Webex eso que significa, que no ha cumplido con lo que establece la Ley 1173 que por Disposición Décimo Tercera ha creado el Reglamento No. 12/2019 que es de cumplimiento obligatorio por que ha sido creado por una norma legal y su artículo 29 parágrafo II de manera expresa señala lo siguiente: "...los abogados intervinientes en audiencia a momento de invocar, alegar o sustentar sus alegatos en jurisprudencia ordinaria, constitucional o convencional deberán presentar dichos fallos en físico ante la autoridad Jurisdiccional con fines de generar en la Autoridad Judicial convicción al emitir la respectiva Resolución...", entonces en este caso, al no existir la presentación de ese elemento jurisprudencial que indica la parte apelante para que se aplique, este Tribunal de Alzada no lo puede aplicar por qué no se ha presentado dicha documentación jurisprudencial. 8vo. Que, a la parte ahora imputada apelante, se le ha aplicado la detención domiciliaria, la misma manifiesta que es madre de dos hijas y que el padre habría fallecido por lo que indicaría que se deje sin efecto esa detención domiciliaria. 8.1. Al respecto vamos acudir al art. 231 bis numeral 9 ultima parte del CPP modificado por la Ley 1173 que de manera expresa señala lo siguiente "...Si el imputado no puede proveer a sus necesidades económicas o a las de su familia, la jueza, el juez o el tribunal podrá autorizar que se ausente durante la jornada laboral...". Esta norma legal establece que no solo basta demostrar que sea madre de familia, sino que tiene que demostrar que necesidades tiene para mantenerse a sí y a su familia, ya que la detención domiciliaria le coartaría, a efectos que la autoridad judicial le autorice para trabajar, entonces, lo que corresponde en este caso es que la parte imputada conforme la norma legal que se ha indicado anteriormente y los elementos probatorios acuda ante la autoridad A quo para solicitar la correspondiente modificación de esa medida cautelar, pero el solo hecho de indicar que es madre de dos hijos no es suficiente para modificar esa medida cautelar de carácter personal (sic [fs. 17 a 19 vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La peticonante de tutela, denuncia la vulneración a sus derechos a la libertad de locomoción, a la verdad material, y al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, dentro el proceso penal iniciado en su contra por falsedad material y otros, se determinó medidas cautelares personales en su contra, y tras haber apelado, la autoridad demandada confirmó la decisión impugnada mediante Auto de Vista 165/2022 de 28 de marzo, incurriendo en las siguientes irregularidades: i) Como agravio se expresó que, en cuanto a la autoría, la Jueza a quo de forma extra petita señaló que la Resolución 06/2012 (Declaración Judicial de matrimonio de hecho entre la accionante y Juan Carlos Pinto Ticona) no existe en el Libro de Tomas de Razón y sería falsa, cuando dicho aspecto no consta en la imputación; a lo cual, el Vocal demandado en el acápite IV, punto 4.1, incurriendo en incongruencia externa respondió que, en apelación de medidas cautelares no es posible cuestionar tipos penales al contar con las vías para impugnar la imputación; ii) Sobre el riesgo procesal del art. 234.1 del CPP, planteó dos agravios, el primero, referido a que la carga de la prueba recae en la parte denunciante en cuanto a la actividad lícita; y, segundo, relacionado a que presentó boletas de pago hasta el mes de diciembre de 2021, y la suspensión de audiencias cautelares no fue atribuible a su persona; empero, la autoridad demandada en el acápite IV, punto 5.1, refirió que las boletas de pago sólo demuestran actividad hasta diciembre de 2021, por ello sería correcta la valoración de la Jueza a quo; siendo evidente que no respondió a ninguno de los agravios; iii) En cuanto al riesgo procesal del art. 234.7 del CPP (víctima), se manifestó que la Jueza de instancia incurrió en inversión de la prueba al señalar que su persona no presentó garantías en favor de la víctima, cuando contrariamente el Ministerio Público es la instancia que debió demostrar la concurrencia de este riesgo; sin embargo, el Vocal demandado en el acápite IV, punto 6.1, no se refirió al reclamo de la inversión probatoria, ni a la errónea exigencia de las garantías conforme señala la "SCP 0185/2019-S3" arrimada en la apelación; iv) Respecto del riesgo procesal del art. 235.2 del CPP, se denunció que la Jueza a quo, realizó valoraciones abstractas y presunciones al indicar "podría", contraviniendo la "SCP 0276/2018-S2" y la última parte del indicado art. 235; a lo que, el Vocal demandado en el acápite IV, punto 7.1 indicó que, para aplicar la jurisprudencia se tendría que haber adjuntado el fallo, con lo cual estaría de acuerdo; empero, soslayó a su vez manifestarse sobre el reiterado art. 235 del CPP. Incurriendo nuevamente en incongruencia externa; y, v) Como otro agravió, se denunció que es madre de dos hijas (de 15 y 11 años) y que, al fallecimiento del padre, ella es responsable de su cuidado y cubrir sus necesidades básicas; empero la autoridad demandada, sin fundamento, motivación y razón lógica, manifestó que, debía demostrar el tipo de necesidades que tendrían ella y sus hijas, soslayando una verdad material como la alimentación, techo y otras necesidades básicas de todo ser humano. En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, desarrollando para ello los siguientes temas: a) Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del CPP; b) El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso; y, c) Análisis del caso concreto.

III.1. Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del CPP

Inicialmente, corresponde señalar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación. En tal sentido, la fundamentación se refiere a la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa. Por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador.

Efectuada las precisiones que anteceden, e ingresando a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones en las cuales se apliquen medidas cautelares, por las autoridades jurisdiccionales en el ámbito penal, incumbe remitirnos a la amplia jurisprudencia constitucional emitida por esta instancia celadora de la supremacía constitucional; en ese sentido, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, en su Fundamento Jurídico III.2, efectuó el siguiente desarrollo jurisprudencial, precisando que:

“Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar. Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva” (el resaltado y subrayado es ilustrativo).

Asimismo, la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en su Fundamento Jurídico III.1.7, bajo el epígrafe “Sobre la exigencia de la decisión judicial sea fundamentada”, estableció que la motivación implica conocer de forma indubitable las razones que llevaron al juez o autoridad judicial de tomar una determinada decisión, aspecto que es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla. Prosiguiendo con la revisión de la jurisprudencia constitucional, respecto a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones, se tiene a las razones de la SC 0759/2010-R de 2 de agosto, que en su Fundamento Jurídico III.3 epigrafiado como “La motivación de las resoluciones como obligación del juez”, acudiendo al art. 124 del CPP, señaló que toda resolución debe ser debidamente fundamentada, exponiendo los hechos y normas legales aplicables; añadiendo además que:

“…cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión” (el resaltado es añadido) . Por su parte, respecto a que la motivación no debe ser ampulosa, la citada jurisprudencia constitucional, extrayendo las razones de la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, precisó que:

“…cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (las negrillas son ilustrativas).

De igual forma, la SC 0033/2012 de 16 de marzo, mediante su Fundamento Jurídico III.3, denominado “De la fundamentación de las resoluciones que determinen la detención preventiva”, refirió básicamente que la detención preventiva como medida cautelar personal, puede ser dispuesta cuando existan los elementos referidos al “fumus boni iuris” y el “periculum in mora”, previstos en el art. 233 del CPP, decisión que debe ser dispuesta mediante una resolución debidamente fundamentada conforme prevé el art. 236 del mismo cuerpo adjetivo penal; además, dicha jurisprudencia, apoyándose en las razones desarrolladas por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, refirió que:

“En este sentido la jurisprudencia constitucional ha señalado en su SC 0089/2010-R de 4 de mayo, ‘En los casos en que un Tribunal de apelación decida revocar las medidas sustitutivas y a la par disponer la aplicación de la detención preventiva de un imputado, está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medias sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los art 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones se puede disponer la detención preventiva” (el resaltado es ilustrativo).

Con relación a la fundamentación y motivación de las resoluciones al aplicar el art. 398 del CPP, la jurisprudencia de esta instancia constitucional, a través de la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en su Fundamento Jurídico III.3, titulado “El alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP y la exigencia de motivación en las resoluciones que disponen la detención preventiva”, señaló inicialmente que de acuerdo al referido precepto legal del art. 398 del CPP, los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expuestos en apelación; empero, precisó que al tratarse de la aplicación de medidas cautelares el tratamiento difiere, señalando que:

“Sin embargo, tratándose de la aplicación de medidas cautelares, dicha normativa no debe ser entendida en su literalidad sino interpretada en forma integral y sistemática, por lo que también cabe referirse a lo establecido en el art. 233 del CPP, modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, cuando señala que: ‘Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos: 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad” (las negrillas son adicionadas).

En ese marco, dicha Sentencia Constitucional Plurinacional, haciendo referencia al antes art. 236.3 –ahora– art. 236.4 del CPP, agregó que:

“En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP” (el resaltado es ilustrativo).

Jurisprudencia constitucional, que fue reiterada entre otras por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0303/2013 de 13 de marzo, 0329/2016-S2 de 8 abril; y, 1158/2017-S2 15 de noviembre.

Finalmente, siguiendo dichos razonamientos, la SCP 0723/2018-S2 de 31 de octubre, respecto de la aplicación del art. 398 del CPP, señaló que:

“…el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP. Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP. En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga. El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria” (resaltado y subrayado nos corresponden).

Conforme al contexto jurisprudencial descrito, es posible concluir que, las autoridades jurisdiccionales, están obligadas a emitir sus resoluciones debidamente fundamentadas y motivadas, comprendiendo que el primero se refiere a la justificación de todas las disposiciones legales sobre las cuales sostiene su decisión; y el segundo relacionado a la justificación de las razones lógico-jurídicas, respecto de los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes; máxime cuando se trate de decisiones que emerjan de la aplicación de medidas cautelares, supuestos en los cuales, los jueces instructores o cautelares y los tribunales de apelación, están impelidos de sustentar sus resoluciones. Ahora bien, en el caso de los tribunales de apelación, y al tratarse de solicitudes de aplicación de medidas cautelares, conforme lo precisado por la citada SCP 0077/2012, el art. 398 del CPP, no debe ser entendida en su literalidad, sino interpretada de forma integral y sistémica; lo cual, exige que estas autoridades jurisdiccionales, luego de un análisis integral del supuesto, deben fundamentar y motivar sus decisiones precisando los elementos de convicción que permitan concluir en la necesidad de modificar, rechazar medidas cautelares o determinar la cesación o rechazo de esa solicitud; a cuyo efecto, deben también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP, y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 de la citada norma adjetiva penal, mediante una resolución con la suficiente justificación normativa, conforme requiere el art. 236.4 del referido precepto legal. No siendo admisible que las autoridades del tribunal de apelación rechacen la solicitud, basándose en presunciones relativas a los riesgos de fuga y obstaculización; ya que, si no se demuestra mediante una debida fundamentación y motivación la necesaria detención preventiva, la resolución emitida conlleva una arbitrariedad que vulnera los derechos previstos por la Constitución Política del Estado.

III.2. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso

El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso; asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema. Bajo esa comprensión constitucional, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se constituye en un medio para asegurar, en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados, no agotan el contenido del debido proceso, puesto que en atención el principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando.

En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; empero, esta idea general no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que, la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente, es posible concluir que, la congruencia como componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones: 1) La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, lista en el marco del principio de progresividad no es limitativa, sino más bien enunciativa, pues a ella se agregan otros elementos que hacen al debido proceso como garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de este como medio para asegurar la realización del valor justicia, en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: "En opinión de esta Corte, para que exista "debido proceso legal" es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. (…) Es así como se ha establecido, en forma progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho Internacional.

Así configurado, es preciso recordar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino que es extensiva a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad (SSCC 0042/2004 y 1234/2000-R entre otras [las negrillas son nuestras]).

5La SC 0486/2010-R de 5 de julio, en su F.J. III.4.1, señaló que: “De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.

De otra parte, respecto de la congruencia como principio constitucional en el proceso civil, se indica que: “…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia “ultra petita” en la que se incurre si el Tribunal concede “extra petita” para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; “citra petita”, conocido como por “omisión” en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.” (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438).

Es decir que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita” en los que el juez o tribunal decide cuestiones que han quedado consentidas y que no fueron objeto de expresión de agravios (extra petita); y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).

El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”.

limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes. 2) La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión. Finalmente, a lo descrito corresponde efectuar una necesaria precisión en torno a la congruencia y su comprensión en el tratamiento y aplicación de las medidas cautelares por Tribunales de apelación según lo dispuesto por el art. 398 del CPP; que de acuerdo a la SCP 0077/2012, citada en el Fundamento JuridicoIII.1 de este fallo 6La SCP 0055/2014 de 3 de enero en su F.J. III.2.2, estableció que: “La congruencia de las resoluciones judiciales integra los componentes del debido proceso. En ese contexto, a partir de una concepción doctrinal, su análisis se orienta desde dos acepciones: externa, entendida como principio rector de toda resolución judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y respuesta) y lo resuelto por las autoridades judiciales, sin que el juzgador tome en cuenta aspectos ajenos a la controversia; interna, porque entendida la resolución como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

En ese sentido, la uniforme jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, señaló: “…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.

(…).

De lo expuesto se confirma, que el órgano encargado de dictar la resolución, debe circunscribir su fallo a lo peticionado y no resolver más allá de lo pedido, que sería un pronunciamiento ultra petita, o, conceder algo distinto a lo solicitado por las partes, conocido en doctrina procesal como un pronunciamiento extra petita”. En el mismo sentido, la SC 0863/2003-R de 25 de junio, precisó que: “…el juez o tribunal ad quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”, entendimiento reiterado en las SSCC 1009/2003-R, 1312/2003-R y 0358/2010-R. Posteriormente, respecto a la pertinencia de las resoluciones pronunciadas por autoridades judiciales de segunda instancia, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, puntualizó: “…implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. En esa misma línea, la SC 2017/2010-R de 9 de noviembre, señaló: “…la pertinencia entre el recurso de apelación, resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista, es una condición esencial para asegurar a los justiciables que en la decisión de su recurso los superiores en grado tienen delimitado su campo de acción para emitir su resolución, limite que se expresa precisamente en la fundamentación de agravios prevista por el art. 227 del Código de Procedimiento Civil (CPC), como por el contenido de lo resuelto en la sentencia apelada, marco del cual el tribunal de alzada no puede apartarse”. Estos razonamientos fueron reiterados posteriormente en la SCP 0037/2012 de 26 de marzo y, desarrollados ampliamente en la SCP 1111/2012 de 6 de septiembre”.

constitucional, el mencionado art. 398 del CPP, no debe ser entendido en su literalidad respecto a remitirse solamente a los agravios y lo señalado por las partes como expresión literal de la congruencia exigida; sino que, dicha previsión debe ser interpretada de forma integral y sistémica en el sentido que, los referidos tribunales de alzada, al momento de resolver impugnaciones relacionadas a la aplicación de medidas cautelares, no sólo se circunscribirán a los puntos impugnados (congruencia externa), sino que tienen el deber de compulsar integralmente todos los antecedentes y hechos a efectos de fundamentar y motivar debidamente sus resoluciones que dispongan el cese o la privación de libertad de los procesados, justificando objetivamente la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del citado Código, conforme requiere el art. 236.4 del referido precepto legal.

III.3. Análisis del caso concreto

La impetrante de tutela, denuncia la vulneración a sus derechos a la libertad de locomoción, a la verdad material, y al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, dentro el proceso penal iniciado en su contra por falsedad material y otros, se determinó medidas cautelares personales en su contra, y tras haber apelado, la autoridad demandada confirmó la decisión impugnada mediante Auto de Vista 165/2022 de 28 de marzo, incurriendo en las siguientes irregularidades: i) Como agravio se expresó que, en cuanto a la autoría, la Jueza a quo de forma extra petita señaló que la Resolución 06/2012 (Declaración Judicial de matrimonio de hecho entre la accionante y Juan Carlos Pinto Ticona) no existe en el Libro de Tomas de Razón y sería falsa, cuando dicho aspecto no consta en la imputación; a lo cual, el Vocal demandado en el acápite IV, punto 4.1, incurriendo en incongruencia externa respondió que, en apelación de medidas cautelares no es posible cuestionar tipos penales al contar con las vías para impugnar la imputación; ii) Sobre el riesgo procesal del art. 234.1 del CPP, planteó dos agravios, el primero, referido a que la carga de la prueba recae en la parte denunciante en cuanto a la actividad lícita; y, segundo, relacionado a que presentó boletas de pago hasta el mes de diciembre de 2021, y la suspensión de audiencias cautelares no fue atribuible a su persona; empero, la autoridad demandada en el acápite IV, punto 5.1, refirió que las boletas de pago sólo demuestran actividad hasta diciembre de 2021, por ello sería correcta la valoración de la Jueza a quo; siendo evidente que no respondió a ninguno de los agravios; iii) En cuanto al riesgo procesal del art. 234.7 del CPP (víctima), se manifestó que la Jueza de instancia incurrió en inversión de la prueba al señalar que su persona no presentó garantías en favor de la víctima, cuando contrariamente el Ministerio Público es la instancia que debió demostrar la concurrencia de este riesgo; sin embargo, el Vocal demandado en el acápite IV, punto 6.1, no se refirió al reclamo de la inversión probatoria, ni a la errónea exigencia de las garantías conforme señala la "SCP 0185/2019-S3" arrimada en la apelación; iv) Respecto del riesgo procesal del art. 235.2 del CPP, se denunció que la Jueza a quo, realizó valoraciones abstractas y presunciones al indicar "podría", contraviniendo la "SCP 0276/2018-S2" y la última parte del indicado art. 235; a lo que, el Vocal demandado en el acápite IV, punto 7.1 indicó que, para aplicar la jurisprudencia se tendría que haber adjuntado el fallo, con lo cual estaría de acuerdo; empero, soslayó a su vez manifestarse sobre el reiterado art. 235 del CPP. Incurriendo nuevamente en incongruencia externa; y, v) Como otro agravió, se denunció que es madre de dos hijas (de 15 y 11 años) y que, al fallecimiento del padre, ella es responsable de su cuidado y cubrir sus necesidades básicas; empero la autoridad demandada, sin fundamento, motivación y razón lógica, manifestó que, debía demostrar el tipo de necesidades que tendrían ella y sus hijas, soslayando una verdad material como la alimentación, techo y otras necesidades básicas de todo ser humano.

Antes de ingresar al análisis de cada problemática relacionada a la posible vulneración al debido proceso en su elemento congruencia externa, incumbe precisar que, con la finalidad de verificar los agravios expuestos por la accionante en apelación incidental, esta instancia constitucional solicitó copia del acta de audiencia de la indicada apelación incidental, sin que la misma haya sido remitida; en tal antecedente, con el propósito de resolver el caso, se acudió al contenido del Auto de Vista 165/2022, en el cual a fs. 17, se tiene que el Vocal demandado, precisó en la indicada resolución que los agravios de la apelante -ahora accionante-fueron redactados en el acta digital, por ello "…no siendo loables volverlos a repetir" su transcripción en la resolución; situación irregular que imposibilita a esta instancia constitucional compulsar objetivamente los agravios de la impetrante de tutela; de su parte, la autoridad demandada mediante Informe de fs. 67 a 70 por un lado, señaló que: “...podemos evidenciar que la parte accionante hace una transcripción de los antecedentes, copia de sentencias constitucionales y exponiendo nuevamente los agravios que ya fueron considerados y resueltos..." (sic), y por otro, manifestó que, "...en cuanto a los agravios que manifiesta la ahora accionante, es importante establecer que mi Autoridad se refirió a cada uno de ellos. Sin embargo, ahora aumenta otros agravios que no lo dijo en audiencia como el art. 235 núm. 2 del CPP, por lo que esta autoridad no puede pronunciarse de oficio a algo que no fue denunciado" (sic); de ello, se colige que, inicialmente informa que la impetrante de tutela nuevamente expone los agravios que fueron resueltos, para después contrariamente señalar que, se pretendería incluir un agravio no producido en audiencia de apelación; información que no orienta objetivamente a esta instancia constitucional, máxime si se tiene en cuenta que la autoridad demandada no adjuntó la copia del acta de apelación incidental que estaría digitalizada para corroborar la supuesta inclusión de un agravio. En ese contexto, inicialmente, esta instancia constitucional, no puede cohonestar el actuar irregular del Vocal demandado al no incluir objetivamente los agravios de la apelante en el Auto de Vista 165/2022, privando que dichos argumentos sean parte integrante del indicado Auto de Vista, bajo un justificativo irrazonable e incoherente como el "...no siendo loables volverlos a repetir"; consecuentemente, incumbe exhortar a la autoridad demandada no incurrir nuevamente en dicha irregularidad que afecta el contenido íntegro de la resolución, y de reiterarse dicho accionar, se remitirán antecedentes ante las instancias pertinentes para su investigación y sanción conforme a normativa pertinente. Finalmente, en atención al principio pro actione se ingresará a compulsar las problemáticas identificadas tomando como base esencial lo argüido por la accionante y el principio de presunción de veracidad debido a que el Vocal demandado, en su informe no rebatió objetivamente lo señalado en la acción de amparo constitucional respeto al contenido de los agravios expuestos en audiencia de apelación incidental, mismos que irrazonablemente no fueron introducidos en el Auto de Vista bajo el incoherente pretexto de no ser loable volver a repetirlos al estar transcrita en acta digital.

En esa necesaria introducción, de la revisión y compulsa de los antecedentes se evidenció lo siguiente: Arminda Ticona Ticona y Simón Paredes Laura, plantearon una denuncia en contra de Silvia Cinthia Cruz Nina (ahora accionante) y otro, por el presunto delito de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, señalando que siendo propietarios de dos bienes inmuebles, en la ciudad de La Paz, los mismos se encontrarían registrados a nombre de otra persona en virtud a una declaratoria de herederos y una resolución judicial de matrimonio de hecho, proceso que se habría realizado con muchas irregularidades, y con falsificación de documentos públicos cometidos por los imputados Silvia Cinthia Cruz Nina y otro. Que una vez que los denunciantes se enteraron, realizaron las averiguaciones, y resulta que de la búsqueda de documentación, se encuentran la Resolución 138/2011 de 1 de agosto y Auto de 6 de agosto de 2011, las cuales no cursarían en el Libro de Tomas de Razón del “Juzgado de Instrucción de Caranavi”. Por ello se había realizado la falsedad no solo de esas resoluciones, sino que además en base en base a ellas que eran inexistentes, se habría confeccionado escrituras públicas que luego fueron inscritas en Derechos Reales de Coroico del departamento de La Paz y otras instituciones como el “Gobierno Autónomo Municipal”; asimismo, que la Resolución 6/2012 de 9 de febrero, sobre declaratoria de matrimonio (entre la accionante y el hijo de los denunciantes), no existe en el Libro de Tomas de Razón del indicado Juzgado (Conclusión II.1).

Es así que, la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz, a través del Auto Interlocutorio 136/2022-P de 21 de febrero, dispuso la detención domiciliaria de la ahora impetrante de tutela, entre otras medidas sustitutivas, argumentando entre otros aspecto, que:

“…sin embargo, de las copias simples que habría presentado la ahora imputada como ser la minuta de compra y venta de la señora Arminda Ticona Ticona y Simón Paredes Laura en favor del señor Juan Carlos Pinto Ticona en la gestión 2017 de la escritura pública de compra y venta ante Notario de Fe Pública se puede advertir de manera clara y evidente, que la superficie de 180 mtrs han sido transferidos en calidad de venta en favor del señor Juan Carlos Pinto quien habría fallecido el 2011, cursa un testimonio de declaratoria de herederos seguido por la ciudadana Silvia Cinthia Cruz Nina representación de sus hijas Sireya Madeleine Ticona Cruz y Nayara Jezebel Pinto Cruz al fallecimiento de Juan Carlos Pinto Ticona lo que da a entender a esta autoridad que la transferencia de dicho bien inmueble a nombre de Sireya Medeleine Pinto Cruz y Nayara Jezebel Pinto Cruz como legitimas herederas conforme al testimonio da lugar a que la mismas serían las titulares de dicho terreno, sin embargo con la Resolución 06/2012 que sería el documento que habría conforme lo ha manifestado el Representante del Ministerio Publico la parte víctima que habría sido el documento por el cual ha realizado el cambio de titularidad de los bienes inmuebles se debe tomar en cuenta que una resolución sin una ejecutoria y un testimonio no es un documento que sería para poder realizar una tramitación de cambio de titularidad si bien cursa conforme a la certificación que ha sido emitida por el Doctor Eduardo Aramayo Maguiña, Secretario del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia N° 1 de la localidad de Caranavi el mismo resolución ha sido elevada de tomas de razón se debe tomar en cuenta que es una resolución que certifica que, evidentemente, la que no da a entender a esta autoridad judicial que la misma habría sido ejecutada que cursaría un testimonio que da el valor a efectos de que surjan futuros actos administrativos como ser cambio de nombre, ventas futuras del bien inmueble que podría ser éstas…” (sic [Conclusión II.2]). Esta Resolución fue apelada por la ahora impetrante de tutela en virtud del art. 251 del CPP, por lo que el Tribunal de alzada conformado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental Justicia de La Paz, ante la apelación contra el Auto Interlocutorio 136/2022-P de 21 de febrero, dictó el Auto de Vista 165/2022 de 28 de marzo (ahora cuestionado), determinando la IMPROCEDENCIA de las cuestiones planteadas y en su mérito CONFIRMÓ dicho Auto Interlocutorio (Conclusión II.3).

Así, conocidos los antecedentes del presente caso, tomando en cuenta que el Tribunal Constitucional Plurinacional debe asumir en su verdadera dimensión, el rol de precautelar el respeto y la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, corresponde a continuación verificar si los extremos denunciados por la accionante son evidentes y si en efecto la parte demandada actuó apartándose de la normativa vigente; en ese sentido, se tiene:

III.3.1. Respecto a la primera problemática

En relación a la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento congruencia La solicitante de tutela denuncia que, en cuanto a la autoría, la Jueza a quo de forma extra petita señaló que la Resolución 06/2012 (Declaración Judicial de matrimonio de hecho entre la accionante y Juan Carlos Pinto Ticona) no existe en el Libro de Tomas de Razón y sería falsa, cuando dicho aspecto no consta en la imputación; a lo cual, el Vocal demandado en el acápite IV, punto 4.1 del Auto de Vista 165/2022, incurriendo en incongruencia externa respondió que, en apelación de medidas cautelares no es posible cuestionar tipos penales al contar con las vías para impugnar la imputación. Al respecto, siendo que la presente problemática se encuentra vinculada al derecho al debido proceso en su elemento congruencia, debemos remitirnos al entendimiento contenido en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, pues es necesario comprender que, toda autoridad judicial se encuentra impelida de emitir una resolución que respete todas las garantías del derecho al debido proceso, y es precisamente la congruencia que se constituye en un elemento importante del mismo, el cual debe ser concebido desde dos sentidos: a) La congruencia interna que cuida el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, y evita que en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión; y, b) La congruencia externa que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes y lo resuelto por las autoridades judiciales; conllevando una prohibición para el juzgador, de incurrir en incongruencia ultra petita, extra petita y citra petita. Esta última acepción, que por su contenido condiciona la competencia de las autoridades judiciales, pues solo podrá resolverse lo solicitado y probado por las partes; ahora bien, refiriéndonos a la competencia de los tribunales de alzada en materia penal, se tiene que el art. 398 del CPP determina expresamente que “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”; en tal sentido, quedó definido el límite de actuación de los tribunales de segunda instancia; empero, sin perjuicio de lo anterior debe considerarse que, la vasta jurisprudencia sostuvo que tratándose del conocimiento de medidas cautelares de carácter personal, dicho artículo no debía ser entendido en su literalidad, respecto a remitirse solamente a los agravios y lo señalado por las partes como expresión literal de la congruencia exigida; sino que, dicha previsión debe ser interpretada de forma integral y sistémica, en mérito a lo que, los tribunales de alzada no solo se circunscribirán a los puntos impugnados sino que tienen el deber de compulsar integralmente todos los antecedentes y hechos. Sobre la base de lo anterior, con el objeto de analizar si es evidente que la autoridad judicial ahora demandada incurrió en una falta de congruencia, el análisis se efectuará en relación a la primera problemática; así se tiene que dicha autoridad señaló en el acápite IV del Auto de Vista 165/2022 lo siguiente:

“Que, el suscrito Vocal de la Sala Penal Tercera, analizando todo el legajo venido en grado de apelación compulsando y valorando debidamente los elementos de convicción que cursan en el mismo legajo, así como analizando los argumentos esgrimidos y en base a ello emite la siguiente Resolución correspondiente bajo las siguientes conclusiones de hecho, derecho y jurisprudenciales. (…) 4to.- Que, por otro lado, manifiesta que la autoridad A quo habría actuado extrapetita toda vez que en cuanto a su actuar se habría indicado la falsificación de tres soluciones y que incluso la Resolución No. 06/2012 es aquella que no existiría en el libro de tomas de razón, aspecto que inclusive no daría lugar a que su conducta se adecue a este tipo penal imputado. 4.1. Al respecto, es importante tener presente, que en el presente caso cuando tratamos de algunos argumentos como establecer la no participación o responsabilidad en el tipo penal provisional calificado por el Ministerio Público que ha calificado en el actuar de una persona se debe acudir a la SCP 1079/2016-S3 la misma que de manera expresa señala lo siguiente ‴...este Tribunal recuerda que en el análisis de procedencia de medidas cautelares de carácter personal, no es posible cuestionar y menos resolver sobre la adecuada o inadecuada atribución de tipos penales a los coimputados, pues ello constituye un análisis propio de la imputación formal y que puede ser agotado con una impugnación expresa a dicho actuado procesal...‴ (sic). De lo expuesto en cuanto a esta problemática, resulta evidente que la autoridad demandada en el Auto de Vista 165/2022, omitió responder si el cuestionamiento de los tipos penales estaba o no en la imputación formal, y respondió con otro aspecto no cuestionado, expresando que en apelación de medidas cautelares, no es posible cuestionar la adecuada atribución de tipos penales, y que tendría la vía expedita para impugnar a través de un incidente de actividad procesal defectuosa, cuando la accionante no cuestionó dicho extremo, incurriendo en una incongruencia citra petita, que se da cuando el fallo de la autoridad competente omite pronunciarse sobre alguno de los agravios deducidos, por lo que no existe una coherencia o la estricta correspondencia entre lo peticionado y resuelto, correspondiendo concederse la tutela en relación a este punto.

III.3.2. Con relación a la segunda problemática

En esta problemática, se tiene que la impetrante de tutela sobre el riesgo procesal del art. 234.1 del CPP, planteó dos agravios; el primero, referido a que la carga de la prueba recae en la parte denunciante en cuanto a la actividad lícita; y, segundo, relacionado a que presentó boletas de pago hasta el mes de diciembre de 2021, y la suspensión de audiencias cautelares no fue atribuible a su persona; empero, el Vocal demandado en el acápite IV, punto 5.1, refirió que las boletas de pago sólo demuestran actividad hasta diciembre de 2021, por ello sería correcta la valoración de la Jueza a quo; siendo evidente que no respondió a ninguno de los agravios En ese contexto, en sujeción al razonamiento jurisprudencial ya expuesto, en relación a la congruencia externa en cuanto a la primera sub problemática referida a que la carga de la prueba recae en la parte denunciante en cuanto a la actividad lícita respecto al riesgo procesal del art. 234.1 del CPP, considerado por la autoridad demandada, en el Auto de Vista cuestionado no se evidencia una respuesta al punto observado, señalándose entre otros, que tiene la vía expedita, en este caso a través de incidente de actividad procesal defectuosa para poder impugnar la imputación, toda vez que dicho aspecto no se podía resolver en una audiencia de medida cautelar personal como lo señala uniformemente la jurisprudencia constitucional; resultando evidente que el Vocal demandado en su Auto de Vista 165/2022, no respondió al primer agravio, habiendo dicha autoridad emitido una respuesta en sentido inverso; es decir, atribuyendo a la parte imputada la generación de la prueba, cuando no es lógico, ni coherente que la imputada nada tiene que demostrarle al Juez en una audiencia de aplicación de medidas cautelares, probablemente sí tenga que hacerlo en una audiencia de cesación a la detención preventiva, pero una audiencia de medidas cautelares, es el Ministerio Público o la parte querellante o acusadora, quien tiene que demostrar objetivamente la concurrencia o no del riesgo procesal y no en sentido inverso atribuirle esa responsabilidad la parte imputada conforme lo establece el párrafo V del art. 231 bis. del CPP, que prevé que la carga de la prueba para acreditar los riesgos procesales corresponde al Ministerio Público y a la parte querellante, debiendo comprenderse que al aportarse elementos de prueba, el operador de justicia se halla impelido de analizar y valorar todos y cada uno de esos elementos, siendo por ello que debe asignarse el valor correspondiente de acuerdo a la previsión contenida en el art. 173 del CPP, pues de no hacerlo se incurriría en una resolución arbitraria e incongruente.

Ahora bien, en cuanto a la segunda sub problemática relativa a que la imputada (ahora accionante), presentó boletas de pago hasta el mes de diciembre de 2021, y la suspensión de audiencias cautelares no fue atribuible a su persona; a lo cual, el Vocal demandado en el acápite IV, punto 5.1, refirió que las boletas de pago sólo demuestran actividad hasta diciembre de 2021, por ello sería correcta la valoración de la Jueza a quo. En cuanto a este punto de la revisión del contenido del Auto de Vista 165/2022, la autoridad demandada señaló:

“Al respecto es importante establecer que ese elemento de prueba ha tomado en cuenta la autoridad A quo y ha establecido que eso (boletas de pago) solo demuestra su actividad lícita hasta el año 2021 y más allá no existe elemento objetivo que demuestre alguna actividad lícita, entonces la valoración realizada por la autoridad A quo es correcta en ese sentido” (sic). De lo descrito sobre este aspecto, se tiene por evidente que el Vocal demandado, no emitió una respuesta analizando el devenir de la audiencia señalada al efecto, que de acuerdo a los antecedentes del caso había sido suspendida hasta el mes de febrero por razones atribuibles al Órgano Jurisdiccional, no así a la imputada; aspectos que no fueron mencionados en el citado acápite del Auto de Vista cuestionado, habiendo señalado dicha autoridad que la valoración realizada por la Jueza a quo, resultaba correcta sobre este aspecto. En conclusión al no haberse emitido respuesta a estos dos agravios expresados en las señaladas sub problemáticas, corresponde conceder la tutela impetrada por falta de congruencia externa.

III.3.3. En cuanto a la tercera problemática

La accionante en este punto, denuncia que en cuanto al riesgo procesal del art. 234.7 del CPP (víctima), se manifestó que la Jueza de instancia incurrió en inversión de la prueba al señalar que su persona no presentó garantías en favor de la víctima, cuando contrariamente el Ministerio Público es la instancia que debió demostrar la concurrencia de este riesgo; sin embargo, el Vocal demandado en el acápite IV, punto 6.1, no se refirió al reclamo de la inversión probatoria, ni a la errónea exigencia de las garantías conforme señala la "SCP 0185/2019-S3" arrimada en la apelación, para verificar ello, corresponde remitirnos al contenido del Auto de Vista 165/2022, en el cual, el Vocal demandado manifestó:

“6.1. Al respecto, este Tribunal de Alzada, ha revisado minuciosamente el legajo de apelación y ha podido establecer que no es cierto lo que indica la parte apelante, toda vez que la autoridad A quo, ha tomado en cuenta que las víctimas son de la tercera edad, es decir, que pertenecen a sectores vulnerables de la sociedad y que ellos merecen protección reforzada, en consecuencia esa situación, tomando en cuenta incluso el lineamiento jurisprudencial constitucional, en la SCP 394/2018- S2 se establece que este peligro efectivo para la victima ya es latente por el hecho de la existencia en la diferencia que existe cuando las víctimas pertenecen a sectores vulnerables a la sociedad y mucho más cuando son mujeres y peor aun cuando han sido víctimas como indica la autoridad A quo de hechos de violencia psicológica, entonces en este caso, existe una diferencia abismal entre la parte imputada con las víctimas y por eso lógicamente la autoridad A quo a impuesto este riesgo procesal a efectos de proteger reforzadamente a la víctima que es mujer y que pertenece al sector de la tercera edad” (sic). En cuanto a este tópico se establece que, de manera similar a la decisión asumida en la segunda problemática, la autoridad demandada, no tomó en cuenta el hecho de que es el Ministerio Público o la parte querellante o acusadora, la instancia que debe demostrar objetivamente la concurrencia o no del riesgo procesal y no en sentido inverso atribuirle esa responsabilidad a la parte imputada conforme lo establece el párrafo V del art. 231 bis. del CPP, que prevé que la carga de la prueba para acreditar los riesgos procesales corresponde al Ministerio Público y a la parte querellante, en este caso el hecho de resultar un peligro para la sociedad o para la víctima o la parte denunciante (art. 234.7 del CPP), siendo que la exigencia de la otorgación de garantías a los denunciantes, resulta una situación excesiva y errónea, correspondiendo en cuanto a este punto, también otorgar la tutela solicitada.

III.3.4. Respecto a la cuarta problemática

En este punto el agravio expresado es el relativo al riesgo procesal del art. 235.2 del CPP, en el cual se denunció que la Jueza a quo, realizó valoraciones abstractas y presunciones al indicar "podría", contraviniendo la "SCP 0276/2018-S2" y la última parte del indicado art. 235 del CPP; a lo que, el Vocal demandado en el acápite IV, punto 7.1 indicó que, para aplicar la jurisprudencia se tendría que haber adjuntado el fallo, con lo cual estaría de acuerdo; empero, soslayó a su vez manifestarse sobre el reiterado art. 235 del CPP, incurriendo nuevamente en incongruencia externa. A este respecto el Vocal demandado, en el Auto de Vista 165/2022, argumentó:

“7.1. Este Tribunal de Alzada ha revisado minuciosamente el legajo de apelación y se puede establecer que la parte apelante no ha presentado dicho fallo constitucional, tampoco en esta audiencia virtual que lo podía hacer por el sistema Cisco Webex eso que significa, que no ha cumplido con lo que establece la Ley 1173 que por Disposición Décimo Tercera ha creado el Reglamento No. 12/2019 que es de cumplimiento obligatorio por que ha sido creado por una norma legal y su artículo 29 parágrafo II de manera expresa señala lo siguiente: "...los abogados intervinientes en audiencia a momento de invocar, alegar o sustentar sus alegatos en jurisprudencia ordinaria, constitucional o convencional deberán presentar dichos fallos en físico ante la autoridad Jurisdiccional con fines de generar en la Autoridad Judicial convicción al emitir la respectiva Resolución...", entonces en este caso, al no existir la presentación de ese elemento jurisprudencial que indica la parte apelante para que se aplique, este Tribunal de Alzada no lo puede aplicar por qué no se ha presentado dicha documentación jurisprudencial” (sic). Asimismo, habiéndose invocado lo que razonó la “SCP 0276/2018-S2” de 25 de junio, en cuanto al riesgo procesal estatuido en el art. 235.2 del CPP se tiene que señaló que:

”El riesgo procesal debe ser acreditado por la parte acusadora, pues no puede presumirse, tampoco considerarse en abstracto ni con la mera cita de la disposición legal; el Ministerio Público debe ir a la audiencia con evidencia que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad. Así por ejemplo, el acusador debe llevar a la audiencia la información que permita sostener que el imputado no tiene domicilio fijo y luego argumentar cómo se deriva de ese extremo la existencia del peligro de fuga, no basta señalar que no tiene domicilio, es necesario justificar cómo esa circunstancia implica el peligro de fuga. En ese contexto, ningún peligro procesal debe estar fundado en meras suposiciones; lo cual implica que, si la autoridad judicial funda su decisión en supuestos como ser “que el imputado en libertad 'podría' asumir una determinada conducta” -propia del peligro de fuga y obstaculización-, tal argumento no satisface la exigencia de una debida motivación ni constituye una explicación apropiada para determinar la aplicación de alguna medida cautelar de carácter personal; por cuanto, el juzgador debe asumir absoluta convicción para establecer la concurrencia o no, de un determinado riesgo procesal; es decir, le corresponde a la autoridad judicial con base a lo argumentado por el acusador y lo sostenido por la defensa en el contradictorio, definir si existe o no algún peligro procesal; por consiguiente, lo que no le está permitido, es decidir respecto a la situación jurídica sobre la base de probabilidades -podría o no podría-. En tal sentido, si la decisión judicial se base en meras presunciones de concurrencia o no, de los presupuestos previstos en las normas procesales referidas anteriormente, vulnera el debido proceso del imputado. La jurisprudencia constitucional, respecto a la prohibición de fundar la aplicación de medidas cautelares en meras suposiciones, precisó que si bien la autoridad judicial está facultada para evaluar las circunstancias que hagan presumir el peligro de fuga y obstaculización de manera integral; empero: …debe fundar su determinación en las pruebas y tomando en cuenta todas las circunstancias previstas por la Ley; corresponde al acusador probar y demostrar la concurrencia de esas circunstancias previstas en las normas precedentemente señaladas, no siendo suficiente la mera referencia y presunción de que concurran las mismas, pues por determinación del art. 16-II y 6 del CPP, se presume la inocencia del encausado mientras no se pruebe su culpabilidad”.

De lo descrito, se evidencia que el Vocal demandado en el contenido del Auto de Vista ahora observado, no emitió pronunciamiento alguno respecto a lo atinente al riesgo procesal contenido en el art. 235.2 del CPP, toda vez que, tal cual se refirió precedentemente con la finalidad de verificar los agravios expuestos por la accionante en el recurso de apelación incidental, este Tribunal, solicitó copia del acta de audiencia en la cual se dedujeron los mismos, sin que lo solicitado haya sido remitido; en tal antecedente, por lo que se tuvo que acudir a la revisión y análisis del contenido del Auto de Vista 165/2022, en el cual se tiene que el Vocal demandado, precisó en la indicada resolución que los agravios de la ahora accionante fueron redactados en un acta digital, afirmando dicha autoridad que no era “loable volverlos a repetir" su transcripción en la resolución; extremo que imposibilita a este Tribunal; siendo que la autoridad demandada mediante su informe escrito señaló que se evidenció la exposición de los agravios “que ya fueron considerados y resueltos..."; que sin embargo de ello, la impetrante de tutela habría aumentado otros agravios, entre ellos, precisamente el art. 235.2 del CPP, información que no orienta de manera objetiva para su análisis y consideración, más si se toma en cuenta que el Vocal demandado no adjuntó la copia del acta de apelación incidental que estaría digitalizada para corroborar la supuesta inclusión de un agravio. Por lo expuesto, siendo que la autoridad demandada en el citado informe escrito, no rebatió objetivamente lo deducido en la acción tutelar respecto a los agravios expuestos en audiencia de apelación incidental en sujeción al principio de presunción de veracidad, de conformidad al entendimiento asumido en la SCP 1187/2016-S2 de 22 de noviembre en relación a este principio de lo denunciado expuso el deber de responder a la acción de defensa; caso contrario, se tomaría como una presunción de veracidad lo demandado por el accionante, correspondiendo en base a ello conceder la tutela por falta de congruencia externa.

III.3.5. Con relación a la quinta problemática

En cuanto a la fundamentación y motivación La impetrante de tutela denuncia en esta problemática que es madre de dos hijas (de 15 y 11 años) y que, al fallecimiento del padre, ella es responsable de su cuidado y cubrir sus necesidades básicas; empero el Vocal demandado, sin fundamento, motivación y razón lógica, manifestó que, debía demostrar el tipo de necesidades que tendrían ella y sus hijas, soslayando una verdad material como la alimentación, techo y otras necesidades básicas de todo ser humano En ese antecedente, en base a lo expresado precedentemente, siendo que esta problemática se encuentra vinculada al derecho del debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, resulta de especial relevancia hacer alusión al entendimiento contenido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, en el cual se sostuvo que, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, finalidad que conlleva que las decisiones que adopten las autoridades judiciales deben citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable –fundamentación–, y además debe expresar los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa –motivación–. En ese marco, tomando en cuenta la importancia que implica el deber de fundamentar y motivar las resoluciones, la vasta jurisprudencia constitucional estableció que en cuanto a las resoluciones de los tribunales de apelación que dispongan, modifiquen o revoquen medidas cautelares, dicha exigencia no queda exenta pues el análisis no puede reducirse a una mera formalidad ni a una aplicación literal de lo establecido en el art. 398 del CPP, sino contrariamente, debe ser interpretada en forma integral y sistemática, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en la que deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; y, 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible (requisito material) la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad (requisito procesal); y, plazo de duración de la detención preventiva. Presupuestos que desembocarán en la manifestación de las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes ni tampoco puede contener meras suposiciones, siendo que el operador de justicia evalué las circunstancias que hagan presumir la concurrencia del peligro de fuga y obstaculización de manera integral; toda vez que, si no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, el fallo viene a ser arbitrario. Bajo esas consideraciones, respecto a este punto, la autoridad demandada en el contenido del Auto de Vista 165/2022, sobre este agravio, manifestó que:

“8.1. Al respecto vamos acudir al art. 231 bis numeral 9 ultima parte del CPP modificado por la Ley 1173 que de manera expresa señala lo siguiente "...Si el imputado no puede proveer a sus necesidades económicas o a las de su familia, la jueza, el juez o el tribunal podrá autorizar que se ausente durante la jornada laboral...". Esta norma legal establece que no solo basta demostrar que sea madre de familia, sino que tiene que demostrar que necesidades tiene para mantenerse a sí y a su familia, ya que la detención domiciliaria le coartaría, a efectos que la autoridad judicial le autorice para trabajar, entonces, lo que corresponde en este caso es que la parte imputada conforme la norma legal que se ha indicado anteriormente y los elementos probatorios acuda ante la autoridad A quo para solicitar la correspondiente modificación de esa medida cautelar, pero el solo hecho de indicar que es madre de dos hijos no es suficiente para modificar esa medida cautelar de carácter personal” (sic). Al respecto, debemos precisar que, en cuanto al elemento fundamentación, se advierte que el Vocal demandado en su Auto de Vista 165/2022 el mismo carece de la premisa normativa exigida para que el fallo se encuentre debidamente fundamentado, pues era preciso establecer cuáles son los supuestos adicionales que hacen que la accionante pueda demostrar de manera contundente las necesidades de su persona y sus hijas menores de edad, cuando se recordó que el padre de sus hijas ya falleció el 2011, siendo una razón suficientemente valedera para que en su condición de madre, vea justificado que tenga que trabajar para proveer a sus hijas menores de edad; es decir, atendiendo el conjunto de circunstancias mínimas inherentes a las necesidades básicas que le permitan vivir con dignidad a su persona e hijas acorde con su naturaleza del ser humano, para lo cual deben tomarse en cuenta aspectos como la satisfacción de las necesidades básicas, la salud, la edad, o cualquiera otra que desde una concepción social del Estado, que implique una especial atención, por lo que la autoridad demandada al soslayar consideraciones como las expuestas incurrió en una evidente actuación arbitraria, contrariando la exigencia del deber de motivación, constituyendo su situación una verdad material, tomando en cuenta que de acuerdo a la exigencia jurisprudencial el deber de motivar es un elemento que se encuentra relacionado a la justificación de la decisión a través de una argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos fácticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; consecuentemente, sobre este punto es necesario precisar en primer lugar se evidencia una falta de fundamentación y motivación, siendo que contrariamente se tiene una motivación arbitraria conforme se expresó precedentemente. En síntesis, y acorde a todo lo señalado precedentemente, esta instancia constitucional considera que no se efectuó un examen adecuado de la situación de la accionante para determinar la justificación de las necesidades de la prenombrada en cuanto a sus hijas menores de edad por lo que, en relación al presente corresponde conceder la tutela. En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud a la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 035/2022 de 13 de abril, cursante de fs. 77 a 78 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, por vulneración al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, relacionada a su libertad de locomoción, y a la verdad material, en base a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer dejar sin efecto el Auto de Vista Auto de Vista 165/2022 de 28 de marzo, debiendo emitirse uno nuevo, conforme los fundamentos expresados en el presente fallo constitucional, siempre y cuando la situación jurídica de la accionante no haya cambiado con posterioridad. 3 Exhortar a Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental Justicia de La Paz a no incurrir nuevamente en situaciones de no incluir actuados remitidos a este Tribunal que contengan los agravios de los apelantes, privando que dichos argumentos sean considerados por la justicia constitucional bajo cualquier justificativo irrazonable e incoherente que afecte el contenido íntegro de la documentación remitida; de reiterarse dicho accionar, se remitirán antecedentes ante las instancias pertinentes para su investigación y sanción conforme a normativa pertinente. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

1 “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla” (el resaltado nos corresponde).

2 El art. 398 del CPP señala que: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”

3 El art. 236 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, vigente desde el 4 de noviembre del mismo año, señala: “El auto que disponga la aplicación de una medida cautelar personal, será dictado por la jueza, el juez o tribunal del proceso y deberá contener: 1. Los datos personales del imputado o su individualización más precisa; 2. El número único de causa asignada por el Ministerio Público y la instancia jurisdiccional correspondiente; 3. Una sucinta enunciación del hecho o hechos que se le atribuyen; 4. La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la medida, con las normas legales aplicables; 5. El lugar de su cumplimiento; 6. El plazo de duración de la medida”.

4 La jurisprudencia constitucional expresada en la SC 0902/2010-R de 10 de agosto, refiere respecto a los elementos que componen a la garantía general del debido proceso en los siguientes términos: “En consonancia con los tratados internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (SSCC 0082/2001-R, 0157/2001-R, 0798/2001-R, 0925/2001-R, 1028/2001-R, 1009/2003-R, 1797/2003-R, 0101/2004-R, 0663/2004-R, 022/2006-R, entre otras); sin embargo, esta

7 El Código de Procedimiento Penal estipule: “Artículo 173.- (Valoración). El juez o tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando

adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida.”

8 III.3. Sobre la presunción de veracidad de lo denunciado. La SCP 0591/2013 de 21 de mayo asumiendo el entendimiento de la SCP 0087/2012 de 19 de abril, sostuvo que: “…en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social (…) la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos. La Sentencia citada precedentemente reiteró la jurisprudencia constitucional anterior que estableció que, a falta de pruebas, se tienen por ciertos los extremos denunciados en la acción de libertad cuando la autoridad o persona demandada no asiste a la audiencia ni presta su informe de ley, o cuando en audiencia, o en su informe, confirma los actos denunciados de ilegales (SSCC 1164/2003-R, 0650/2004-R, 0141/2006-R, y 0181/2010-R, entre muchas otras)” (el resaltado y subrayado fueron agregados).

9 El Código de Procedimiento Penal en su art. 398 establece que: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1289_2023-S1.pdf · páginas 1 a 36.

Huella digital del PDF (SHA-256): 25f15c92522fa681d3a84161948c0e96faef96a646db981cc8bc2cac9332154a

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