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SCP 1287/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 18 de diciembre de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
18 de diciembre de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
44600-2022-90-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 22/2021 de 4 de diciembre, cursante de fs. 36 vta. a 41, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia:DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos descritos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1287/2023-S1 Sucre, 18 de diciembre de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 44600-2022-90-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 22/2021 de 4 de diciembre, cursante de fs. 36 vta. a 41, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis René Alejandro Sauciri Urrelo y Angélica Pilar Apodaca Piuca en representación sin mandado de Ascencio Velásquez Vera contra Walter Pérez Lora, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Ernesto Guardia Escobar, Carlos Fremiot Mendieta Terrazas y María Jackeline Soriano Rivero, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Segundo de la Capital del citado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 2 de diciembre de 2021, cursante de fs. 8 a 9, el accionante a través de sus representantes sin mandato, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho.

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro el proceso penal que sigue en su contra el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño y adolescente con agravante, se encuentra con detención preventiva desde el 26 de enero de 2020, en la cual se ordenó el plazo de seis meses para la realización de la investigación, y ante el incumplimiento de control jurisdiccional respecto a la aplicación de medidas sustitutivas, y la remisión del expediente al Tribunal de Sentencia Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz junto a la acusación formal de parte del Ministerio Público, el mismo solicitó la ampliación de su detención preventiva que conforme al art. 239.2 del Código de Procedimiento Pena (CPP) fue concedida por dicho Tribunal sin llevarse a cabo una audiencia previa, ampliando la misma hasta el 13 de agosto de 2021, a la cual ante su vencimiento el referido Tribunal de Sentencia tampoco se pronunció sobre la aplicación de medidas sustitutivas, y ante la solicitud de dicha determinación fue rechazada la misma. Dicha resolución fue impugnada en base al art. 251 del CPP, la misma que radicó en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y en la audiencia de apelación el Vocal demandado emitió una resolución sin analizar los defectos de la resolución del a quo, ratificando la misma, sin que exista coherencia, fundamentación y motivación, pues solo rechazó sus peticiones sin explicar las razones objetivas respecto a la aplicación de la ley, puesto que la detención preventiva no puede estar supeditado a la discrecionalidad de la autoridad dejándolo en una inseguridad jurídica, vulnerando los derechos al debido proceso, a la defensa, a la tutela judicial efectiva, pronta y oportuna, y a la libertad de locomoción.

I.1.2. Derechos, garantías y principio supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la defensa, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de locomoción, así como al principio de seguridad jurídica, citando para cuyo efecto los arts. 22, 23.I y 115.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Dejar sin efecto las resoluciones dictadas por las autoridades demandadas; b) Qué se lleve a cabo una nueva audiencia; y, c) Se dicte nuevas resoluciones debidamente fundamentadas conforme a la Ley.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

La audiencia pública se realizó el 4 de diciembre de 2021, según consta en acta cursante de fs. 33 a 36, produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, se ratificó en el contenido in extenso de la acción de libertad, y, ampliándolo refirió que: 1) El Vocal demandado al resolver el recurso de apelación, no reparó los agravios fundamentados respecto a la cesación de la detención preventiva, basándose simplemente en el vencimiento de la duración de dicha medida, la cual es fatal e improrrogable, excepto cuando el Ministerio Público solicite de forma justificada y fundamentada su ampliación antes de su vencimiento, la cual debe ser tramitada en una audiencia; 2) Ante el cumplimiento del plazo de su detención preventiva, se presentó la acusación formal y el Juez Instructor remitió el expediente ante el Tribunal de Sentencia Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, en la cual cuando se solicitó el 26 de junio “se entiende de 2021”, la cesación a la detención preventiva, la autoridad jurisdiccional rechazó dicha petición sin pronunciarse respecto al art. 239.2 del CPP y ante la solicitud de complementación fue sorprendido de que el Ministerio Público habría solicitado la ampliación de su detención preventiva por ciento veinte días, siendo resuelto por el Tribunal de Sentencia Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz de forma discrecional, teniendo como nueva fecha de cumplimiento el 13 de agosto de 2021; 3) Cuanto se solicitó una nueva cesación a la detención preventiva el 22 de septiembre “se entiende de 2021”, dicho Tribunal sale con que se debería haber peticionado antes de su vencimiento; 4) El Tribunal de Sentencia Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, incluyó aspectos personales en la resolución, como si fueran la última palabra valorando simplemente un informe médico; 5) El recurso de apelación debió ser resuelto de forma coherente y pertinente, de manera fundamentado y motivado, aspectos que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz no lo hizo, basándose en aspectos externos insertos en la Constitución Política del Estado y Convenios Internacionales, los cuales fueron introducidos sin haber sido solicitados por parte del Ministerio Público, menos debatidos en la audiencia de medidas cautelares, ni en la solicitud de cesación a la detención preventiva; 6) El Auto de Vista 468 de 8 de noviembre de 2021, vulnera el derecho al debido proceso, habiéndolo sentenciado sin dar la posibilidad de encontrar a los autores, ya que se alega su inocencia actuando de forma discrecional, sin que haya reparado los agravios denunciados; y, 7) Se debió analizar simplemente el vencimiento del plazo de la detención preventiva en base al art. 239.2 de CPP, y no así en enervar riesgos procesales insertos en el art. 239.1 de la misma Ley siendo una nomenclatura distinta a la solicitud realizada.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Walter Pérez Lora, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentó informe ni se apersonó a la audiencia, pese a su legal citación cursante a fs. 26. Ernesto Guardia Escobar, Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, presentó informe escrito el 3 de diciembre de 2021, cursante a fs. 32, señalando que, el 22 de septiembre de 2021 se llevó a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva, la cual fue rechazada, la misma que fue confirmada por la Sala Penal Primera. María Jackeline Soriano Rivero y Carlos Fremiot Mendieta Terrazas, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz no presentaron informe ni se apersonaron a la audiencia programada, pese a su legal citación cursante de fs. 21 a 22; y, 29 respectivamente.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 22/2021 de 4 de diciembre, cursante de fs. 36 vta. a 41, denegó la tutela solicitada, en mérito a los siguientes fundamentos: i) La resolución que rechaza la cesación a la detención preventiva emitido por el Vocal demandado circunscribió su fallo a lo establecido en el art. 398 del CPP, existiendo una debida fundamentación y motivación, en la que se le indica al accionante por qué corresponde el rechazo de su cesación a la detención preventiva del porque se debe mantener dicha medida; ii) Señaló la existencia de un interés superior descrito en la SCP “587/2020” en la que indicó que “… hay un interés superior de niño niña y adolescente que debe tener primacía ante los diversos tratados internacionales…” (sic), siendo que en el caso el delito del que acusa al impetrante de tutela es de violación de niño, niña y adolescente, debe existir una protección reforzada en aplicación del art. 239.4 “…se entiende del Código de Procedimiento Penal” (sic); iii) Se estableció una excepción a la duración máxima de la detención preventiva de los doce o veinticuatro meses en delitos de violación de niño, niña y adolescente; iv) El Tribunal de Sentencia Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz estableció que se debe enervar los riesgos procesales que fundaron la detención preventiva en base al art. 139 “lo correcto es 239”.1 del CPP, en la cual no basta con señalar el simple vencimiento de la detención preventiva, y no como manifiesta el peticionante de tutela, la cual no puede caducar sin haber un fundamento jurídico; y, v) Al existir un interés superior, el impetrante de tutela debe superar los riesgos procesales, en la cual no basta los fundamentos del cumplimiento del plazo de la detención preventiva.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 14 de marzo de 2023, cursante a fs. 45, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 23 de noviembre de 2023 (fs. 66); por lo que, la presente Sentencia es emitida dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Sentencia 46/21 de 20 de septiembre de “2020”, dictado por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, proceso penal que se le sigue a Ascencio Velásquez Vera -ahora impetrante de tutela- por la supuesta comisión del delito de violación infante, niña, niño y adolescente con la agravante, en su parte resolutiva determinaron que:

“Primero: Declara al imputado ASCENCIO VELASQUEZ VERA, de Nacionalidad Boliviana, de 60 años de edad y otras generales de ley conocidas, autor y culpable de la comisión del delito de VIOLACION DE NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE, previsto y sancionado por los Arts. 308 bis., párrafo primero, del Código Penal, con las AGRAVANTES establecida en el Art.310, Incs. f), l) y n) del Código Penal, modificado por la Ley no. 1173, en su disposición adicional cuarta, condenándolo a la pena de TREINTA (30) AÑOS de presidio, sin derecho a indulto; computables a partir de la fecha de su detención, o sea desde el 29 de Enero del 2020 hasta el 29 de Enero 2.050, inclusive. Dicha pena la deberá cumplir en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz (Cárcel Pública de Palmasola). Segundo: De igual manera se lo condena al nombrado imputado al pago de costas a calificarse en ejecución de Sentencia, conforme a lo dispuesto por el Art. 272 del Código de Procedimiento Penal” (sic [fs. 54 a 58]). II.2. Por Acta de Audiencia de Cesación a la Detención Preventiva llevada a cabo el 22 de septiembre de 2021, ante el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, la defensa del impetrante de tutela, fundamentó que:

“ABOGADO DE LA DEFENSA: presidente mi defendido el señor Ascencio Velásquez vera ha sido sentenciado, eso no es óbice para que se le niega la cesación a la detención preventiva que tiene un carácter temporal, provisional y de carácter instrumental, este tribunal ha tomado conocimiento de la existencia de riesgos procesales por cuanto se ha cerrado el debate, no hay testigos, no hay peritos, tampoco hay la víctima, en cumplimiento al principio de legalidad y a lo que este tribunal ha determinado una ampliación de 120 días de duración de la detención preventiva, vencido al 13 de agosto del 2021 ,en cumplimiento al art. 239.2 de la ley 1173, corresponde que se aplique medidas sustitutivas a la detención preventiva señaladas en el art. 231 bis del CPP., suficientes para garantizar que el acusado comparezca a todos los actos del recurso que queda pendiente, y más allá del criterio personal que puedan tener frente al hecho suscitado y que han sido juzgado, cuando el principio de legalidad obedece solo cuando es indispensable y no debe de ser una condena anticipada, en ese entendido pido se aplique el art. 239 núm. 2) de la ley 1173 y 231 bis del CPP., y sea con detención domiciliaria previa verificación de su domicilio por autoridad no impedida y así también se ordene su arraigo a efectos que no se salga sin autorización de este tribunal y cualquier otra medida pertinente y de posible cumplimiento” (sic [fs. 59 y vta.]). II.3. Cursa Resolución 18/2021 de 22 de septiembre, emitido por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, por el que declararon rechazar la solicitud de cesación a la detención preventiva peticionada por el ahora accionante, en el proceso penal que se le sigue por la comisión del delito de violación de infante, niño, niña y adolescente con agravante, bajo los siguientes argumentos:

“CONSIDERANDO: Que, la defensa realiza la presente solicitud amparándose en el art. 239 núm. 2) de la ley 1173, señalando que el plazo dado por el tribunal se habría vencido el 13 de agosto del 2021, razón por la cual se le debe dar las medidas sustitutivas a la detención preventiva a favor el acusado, aplicando el principio de legalidad, reconociendo y admitiendo que este tribunal ha condenado al acusado por lo que pide se cumpla el art. 231 bis del CPP., aplicándose las siguientes medidas sustitutivas como ser la detención preventiva en su domicilio, el arraigo y cualquier otra medida de posible cumplimiento.

Por su parte la señora fiscal señala que la defensa no ha desvirtuado los elementos subsistentes, como ser los riesgos procesales de fuga y el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, por lo que solicita se rechace la presente solicitud, por no haberse presentado nuevos elementos para desvirtuar los riesgos procesales que se encuentran vigentes. Por su parte la defensoría de la niñez y adolescencia señala que se rechace la presente solicitud en razón a que no se ha presentado nuevos elementos para desvirtuar los riesgos procesales que se encuentran vigentes. CONSIDERANDO Que, debemos establecer que el art. 239 núm. 2) de la ley 1173, señala que las medidas cautelares personales cesaran por el cumplimiento de de alguna de las siguientes causales. 2) cuando haya vencido el plazo respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de detención. al respecto debemos señalar que en el presente proceso el ministerio publico solicito al tribunal la ampliación de un plazo para que subsista la necesidad de la detención preventiva del acusado y este tribunal concedió un plazo de 120 días, este plazo habría vencido pero sin embargo la defensa oportunamente no planteo la cesación a la detención preventiva por el cumplimiento de ese plazo de los 120 días que este tribunal concedió al ministerio público, tomándose en cuenta además que ya se dictó la sentencia en contra del acusado Asencio Velásquez vera por el delito de violación agravada, condenándolo a los 30 años de presidio sin derecho a indulto. Se debe establecer también que por mandato del art. 221 del CPP., que establece que la libertad personal y demás derechos y garantías reconocidos a toda persona por la CPE, las convenciones y tratados internacionales vigentes, y este código solo podrán ser restringido cuando sea indispensable para asegurar la averiguación de la verdad el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley, al respecto debemos hacer mención que cuando se refiere al art. 221 del CPP., se concluye que existen postulados que deben prevalecer, de ello se colige que el proceso debe de ser entendido como un todo, compuesto por diferentes etapas procesales, así lo estableció la sentencia constitucional 0012/2021-S3 de 19 de febrero del 2021, la misma que establece que cuando el proceso se encuentre en la fase de recursos, apelación restringida, nulidad, y casación y al ser una de las finalidades de las medidas cautelares la aplicación de la ley, de acuerdo a lo previsto en el citado art. correspondería garantizar el desarrollo del mismo conforme sostuvo la autoridad accionada cuando señalo que el tribunal ad quo considero la excepcionalidad en el caso al tratarse de un grupo vulnerable así como la naturaleza del delito, la certeza de la responsabilidad, dada la gravedad del hecho que devino en la imposición de una pena de 30 años y que dicha sentencia que aun no adquirió la calidad de cosa juzgada, lo que asia conforme ya se refirió supra, a que los alcances y finalidad de la detención preventiva estaban vigentes y que ese fue el fundamento sustancial del tribunal de primera instancia y no una mera especulación como alegaba el accionante hoy peticionarte de tutela. se debe tomar en cuenta también que la excepcionalidad para no otorgar la cesación a la detención preventiva impetrada, debido a que la víctima pertenecía a un grupo vulnerable y requería de una protección reforzada por parte del estado y por ende del órgano judicial así como la naturaleza del hecho vinculado con la certeza de la responsabilidad penal que derivó en una sanción penal de 30 años sin derecho a indulto y los alcances de esta medida cautelar es un razonamiento acorde con lo estableció en la línea jurisprudencial mencionada anteriormente, por lo que se tiene que cuando el juez cautelar dispuso la medida cautelar de detención preventiva había la probabilidad de autoría del imputado Ascencio Velásquez Vera, que para este tribunal que dictó la sentencia de fecha 20 de septiembre del 2021, quien lo condeno a una pena de 30 años de presidio sin derecho a indulto, esa probabilidad que tenía el juez cautelar, cambia de esta y viene a ser una certeza plena por la comisión del delito acusado por el ministerio público que es el de violación a infante niño niña y adolescente, por consiguiente es inviable dar curso a la solicitud realizada por la defensa.

POR TANTO

El Tribunal Segundo de Sentencia por unanimidad de votos de todos sus miembros y en aplicación de la jurisdicción y competencia que por ley ejerce y al no haberse cumplido con las formalidades establecidas por el art. 239 núm. 2) de la ley 1173, Resuelve: RECHAZAR la cesación a la detención preventiva solicitado por el acusado Ascencio Velasquez vera, tomando en cuenta que la defensa no presento ningún nuevo elemento para solicitar la cesación de la detención preventiva, para poder desvirtuar los riesgos procesales que aún subsisten, con la finalidad que la defensa pueda plantear su recurso de apelación incidental se concede el termino de 72 horas conforme lo establece el art. 251 del CPP., la misma que fue modificada por la ley 1173 en su art. 404, la misma que debe ser planteada en forma oral en esta audiencia” (sic [fs. 60 a 61]). II.4. Consta Acta de Audiencia de Apelación de Rechazo de Cesación a la Detención Preventiva de 8 de noviembre de 2021, en la cual la defensa del impetrante de tutela, a momento de fundamentar su solicitud, peticionó se disponga la cesación a la detención preventiva y la aplicación de medidas cautelares de carácter personal de detención domiciliaria, arraigo, fianza juratoria, económica o personal, y las prohibiciones que establece el art. 231 Bis del CPP, bajo los siguientes fundamentos:

“…fundamentar tres agravios que este digno Tribunal debe reparar para la aplicación objetiva de la Ley para impartir justicia, toda persona está amparada por la Constitución Política del Estado y se presume su inocencia, en el momento de la definición de la situación jurídica de mi defendido Ascencio Velásquez Vera se determina la detención preventiva por 180 días, en el ínterin se presenta acusación y la autoridad jurisdiccional en la etapa preparatoria no pudo resolver, cuando llega al Tribunal de Sentencia el Ministerio Público habría solicitado una ampliación por 120 días, la misma que como toda petición vinculada al derecho a la libertad, en aplicación del art. 113 de la nueva Ley 1173 debe haber una audiencia oral para debatir y definir si corresponde o no, la petición del Ministerio Público para ampliar el plazo de la detención preventiva. Hay dos agravios, el primero que no se cumplió los 180 días y segundo cuando el Tribunal de Sentencia Penal 2° directamente admite y amplia dicho plazo de 120 a sola petición del Ministerio Público sin escuchar al imputado, no se realizó ninguna audiencia y estableció su vencimiento en fecha 13 de agosto de 2021, ese día por disposición del Tribunal a quo vencía el plazo de la detención preventiva, más allá del aspecto de fondo que es el juicio y los recursos que corresponden, pero en cuanto a la medida cautelar este era el plazo de acuerdo al art. 130 del Código de Procedimiento Penal, los plazos son improrrogables así sean plazo judicial o legal, este fue un plazo judicial por el Tribunal a quo concedió ese plazo al Ministerio Público. El Tribunal a quo cuando se solicitó cesación por el art. 239 núm. 2) del Código de Procedimiento Penal, señala que la defensa no lo habría solicitado, pero el Tribunal a quo impuso un plazo por lo que de oficio tendrían que señalar audiencia y llamar a las partes para aplicar las medidas sustitutivas que garanticen el desarrollo normal del proceso, la presencia del acusado en las instancias que corresponda, porque en el ínterin que se llevó el juicio terminó cuando condenaron a mi defendido, pero aún tenemos el recurso de apelación restringida, pero el Tribunal a quo se agarra de estos dos aspectos siendo que la defensa no lo había solicitado antes del 3 de agosto la audiencia, pero el Tribunal señaló la audiencia para esa fecha y no llevaron a cabo ninguna audiencia para resolver la detención preventiva provisional, dictan sentencia e indican que es otro elemento para finalmente denieguen la solicitud de medidas sustitutivas a la detención preventiva contenidas en el art. 231 bis del Código de Procedimiento Penal, ante esta situación la defensa interpone apelación incidental motivo de la presente audiencia siendo que la libertad es un derecho elemental para el ejercicio de la misma defensa ya que en el presente caso hay muchas dudas y se tiene que dar con el verdadero autor pero el Tribunal solamente sobre la acusación fiscal y un informe preliminar resolvió condenarlo, pero esta no es la última palabra por esta razones señor Vocal corresponde que verifique si se han cumplido con las formalidades que garantizan el debido proceso penal vinculado a la presunción de inocencia, la temporalidad, la provisionalidad de las medidas cautelares que tienen como finalidad simplemente asegurar el proceso, que el sujeto del proceso debe cumplir las medidas cautelares pero no siempre en detención, sino que puede ser en detención domiciliaria por lo que solicito que las medidas sustitutivas precisamente sean de detención domiciliaria, arraigo, fianza juratoria, económica o personal que su probidad considera pertinente útil y necesario, así como también las prohibiciones que la misma norma procesal penal establece para que el imputado se someta a las disposiciones que su probidad dicte en aplicación del art. 231 bis del Código de Procedimiento Penal, lo que corresponda hasta el vencimiento de la duración máxima de la detención preventiva que fueron ampliadas por 120 días y que venció en fecha 13 de agosto no pudiendo ampliarse más porque la Ley no lo autoriza, no es como antes en forma indeterminada, no estamos en un sistema inquisitivo para que el Tribunal a quo determine detención más detención, cuando no se tiene una sentencia condenatoria ejecutoriada, hay que revalorizar el art. 117 de la Constitución Política del Estado, que a nadie se le puede aplicar una condena anticipada sin haber sido oído y juzgado con las formalidades legales, por tanto siendo provisional la Sentencia de instancia que la misma es apelable, corresponde a su autoridad aplique medidas sustitutivas a la detención preventiva suficientes para garantizar que el acusado se va a someter al proceso” (sic [fs. 14 y 15]). II.5. Por Auto de Vista 468 de 8 de noviembre de 2021, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz declaró “ADMISIBLE e IMPROCEDENTE LA APELACIÓN INCIDENTAL INTERPUESTA EL ACUSADO ASCENCIO VELÁSQUEZ VERA, EN CONSECUENCIA, SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADO POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL 2° DE LA CAPITAL” (sic), bajo los siguientes argumentos: “CONSIDERANDO: Que, el art. 398 del Código de Procedimiento Penal señala que: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”; este tribunal de alzada se va a circunscribir en analizar el recurso de apelación y la exposición de agravios que se plantean en la presente audiencia contra la resolución N° 18/21 de fecha 22 de septiembre de 2021, dictado por el Tribunal de Sentencia Penal 2° de la Capital. Con los fundamentos de la parte acusada apelante y la contestación del Ministerio Público; y del análisis del cuaderno procesal venido en apelación se tiene lo siguiente: CONSIDERANDO: Que, Del análisis del proceso, la autoridad jurisdiccional en sus argumentos para dictar su resolución manifiesta que: “en el presente proceso solicitó al Tribunal la ampliación de un plazo para que subsista la necesidad de la detención preventiva del acusado, por lo que el Tribunal a quo concedió un plazo de 120 días, este plazo se habría vencido pero sin embargo la defensa oportunamente no planteo la cesación a la detención preventiva por el cumplimiento del plazo de los 120 días que este Tribunal concedió al Ministerio Público, tomándose en cuenta además que ya se dictó sentencia en contra del acusado Ascencio Velásquez Vera por el delito de Violación Agravada, condenándolo a los 30 años de presidio sin derecho a indulto, por lo tanto rechaza la solicitud de cesación a la detención preventiva”. El fin de la aplicación de la detención preventiva es garantizar lo que establece el art. 221 del Código de Procedimiento Penal: “La libertad personal y los demás derechos y garantías reconocidas a toda persona por la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y este Código, sólo podrán ser restringidos cuando sea indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley”; en el presente caso, si bien es evidente que se aplicó en un principio la detención preventiva por un plazo determinado y se solicitó además la ampliación, una vez presentada la acusación formal concluye la etapa investigativa, toda vez que la detención preventiva se aplica para que el Ministerio Público tenga la oportunidad de culminar con el proceso investigativo, cuando el Ministerio Público concluye con la investigación y presenta la acusación lo que se aplica es lo establecido en el art. 239 núm. 1) del Código de Procedimiento Penal: “Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida”; es decir desvirtúa los riesgos procesales que motivaron la detención preventiva. En el presente caso, como manifiesta la autoridad jurisdiccional que se habría vencido el plazo que solicitó el Ministerio Público para la realizar la correspondiente investigación, sin embargo, ese término estaba con acusación cuando se venció y en la actualidad se condenó al acusado con 30 años de presidio sin derecho al indulto. Que, la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0012/2021-S3 de fecha 19 de febrero, considera la excepcionalidad en el caso de tratarse de un grupo vulnerable estableciendo que: “es pertinente señalar que en cuanto a las solicitudes de cesación de la detención preventiva donde las víctimas se encuentran dentro de un grupo considerado vulnerable, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha desarrollado entendimientos jurisprudenciales en sentido de que, cuando se analice la imposición de la referida medida cautelar, y por ende su cesación, el juzgador debe efectuar una labor que no solo implique la aplicación de la normativa procesal pertinente, sino que además debe tomar en cuenta ciertos principios a objeto de precautelar los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los involucrados en el proceso penal; es decir, tanto de quien se encuentra restringido en el ejercicio de su derecho a la libertad, así como de la víctima y otras partes intervinientes en el proceso; así, la SCP 0587/2020-S3 de 24 de septiembre, sostuvo que: ‘…la Constitución Política del Estado, en sus arts. 60 y 31.I, establece la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos mereciendo de manera inmediata su protección, y permitirle un acceso a la justicia pronta, oportuna y con asistencia especial, además de que prohíbe y sanciona cualquier forma de violencia ejercida sobre los mismos, circunstancia similar se advierte en los diversos instrumentos internacionales emitidos sobre este caso como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer Convención Belém Do Pará, que señala el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres en situación de violencia, ya sea en su integridad física, sexual o psicológica.’” Que, El delito acusado, se trata de Violación a Niño, Niña y Adolescente; es decir, contra personas que tiene una protección reforzada, así está establecido en el art. 239 núm. 4) del Código de Procedimiento Penal: “Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas”; es decir que las reglas del vencimiento del plazo de la detención preventiva, no opera en delitos contra Niños, Niñas o Adolescentes, necesariamente tiene que desvirtuar los riesgos procesales que motivaron su detención, conforme a lo establecido en el art. 239 núm. 1) del Código de Procedimiento Penal: “Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida”.

POR TANTO

El suscrito Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, administrando justicia a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, en virtud a la jurisdicción y competencia que por ley ejerce, en estricta aplicación de los arts. 115.II, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado, art. 398 y 251 del Código de Procedimiento Penal, declara: ADMISIBLE e IMPROCEDENTE LA APELACIÓN INCIDENTAL INTERPUESTA EL ACUSADO ASCENCIO VELÁSQUEZ VERA, EN CONSECUENCIA SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADO POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL 2° DE LA CAPITAL” (sic [fs. 15 vta. a 17 vta.]).

FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la defensa, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de locomoción, así como al principio de seguridad jurídica; toda vez que, dentro el proceso que le sigue el Ministerio Público por la comisión del delito de violación de infante, niña, niño y adolescente con agravante, las autoridades demandadas a tiempo de resolver tanto su solicitud de cesación a la detención preventiva, como en la apelación contra la resolución de rechazo, incurrieron en las siguientes ilegalidades: a) Los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; emitieron la Resolución 18/2021 de 22 de septiembre, rechazando su solicitud de cesación a la detención preventiva, en base a una ampliación a la medida cautelar peticionada por el Ministerio Público, la cual no fue sustentada y fundamentada en audiencia pública, exigiendo que deba enervar todos los riesgos procesales que motivaron la aplicación de dicha medida, sin considerar lo establecido en el art. 239.2 del CPP respecto al cumplimiento del plazo de la detención preventiva; y, b) El Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz a tiempo de resolver el recurso de apelación incidental contra la Resolución 18/2021, confirmó la misma; empero; 1) No respondió a todos los agravios denunciados en su recurso de apelación, circunscribiendo su fundamento en normas constitucionales y convencionales que no fueron solicitados por el Ministerio Público; y, 2) Rechazó la cesación a la detención preventiva sin dar una explicación sobre las razones del porque aplicó la norma de otra forma a la destinada en el Código de Procedimiento Penal. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada, desarrollando para ello los siguientes temas: i) El enfoque interseccional para analizar la violencia hacia las mujeres, que busca equilibrar los derechos de víctimas e imputados, en sintonía con el deber estatal de eliminar toda violencia de género; i.a) Respecto del enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes, mujeres; ii) Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del Código de Procedimiento Penal; iii) El principio de congruencia como componente del debido proceso; iv) La garantía general del debido proceso en su elemento defensa; v) Tutela judicial efectiva como garantía jurisdiccional; vi) El derecho a la libertad de circulación; y, vii) Análisis del caso concreto.

III.1. El enfoque interseccional para analizar la violencia hacia las mujeres, que busca equilibrar los derechos de víctimas e imputados, en sintonía con el deber estatal de eliminar toda violencia de género

La descripción a las reflexiones constitucionales desarrollada en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, fue realizada en la SCP 0268/2020-S1 de 5 de agosto, misma que, con un enfoque interseccional contiene argumentos garantistas y progresivos respecto de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia a efectos de su aplicación mediante una perspectiva de género.

III.1.1. Respecto del enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes, mujeres.

La SCP 0394/2018-S2, en su Fundamento Jurídico III.1, con profundidad abordó este aspecto que se constituye en un elemento importante a tiempo de compulsar y tratar casos donde se advierta a mujeres víctimas de violencia. En ese sentido, la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, inicialmente señaló que el enfoque interseccional, es una herramienta útil para el análisis de la vulneración de derechos, y en especial la igualdad al presentarse elementos de discriminación, agregando al respecto que:

“…es posible tener una mirada plural de la discriminación y violencia hacia diversas categorías biológicas, sociales y culturales, como el sexo, el género, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la edad, la nacionalidad y otros ejes de identidad que se interaccionan en múltiples, y a menudo, en simultáneos niveles de discriminación y violencia, comprendiendo las desigualdades y necesidades de esta población en los casos concretos, las cuales pueden estar atravesadas por diversas identidades u otros factores, que las coloquen en situaciones mayores de subordinación, violencia o discriminación” (el resaltado es añadido). Asimismo, refirió que el enfoque interseccional, es incorporado gradualmente superando con ello el análisis unidimensional para alcanzar la interpretación múltiple de la discriminación en sus diferentes factores y categorías en cumplimiento a las recomendaciones de instrumentos internacionales como en el Sistema de Protección de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará); en ese marco internacional, precisó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) aplicaron el enfoque interseccional al advertir factores de discriminación. Del razonamiento desplegado por la mencionada SCP 0394/2018-S2, es posible puntualizar que el enfoque interseccional es un instrumento necesario y valioso para analizar, 1 Este enfoque, permite analizar la discriminación y violencia hacia las mujeres, comprendiendo sus desigualdades y necesidades en casos concretos, como lo exige, además, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), en cuyo art. 9 establece como criterio interpretativo sobre las obligaciones internacionales de los Estados, que éstos tendrán especialmente en cuenta, la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada, así, como embarazada, discapacitada, menor de edad, anciana o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad. 2 “…Así, la referida Corte IDH, en el Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, a través de la Sentencia de 25 de noviembre de 2006, sobre Fondo, Reparaciones y Costas, en el párrafo 259 inc. i), hizo referencia a la violencia sexual contra las mujeres que se encuentran bajo la custodia del Estado, señalando que: “…Las mujeres han sido víctimas de una historia de discriminación y exclusión por su sexo, que las ha hecho más vulnerables a ser abusadas cuando se ejercen actos violentos contra grupos determinados por distintos motivos, como los privados de libertad...”. La misma Sentencia en el párrafo 292, también se refirió a las mujeres embarazadas que se encontraban en prisión, indicando que: “…Las mujeres embarazadas que vivieron el ataque experimentaron un sufrimiento psicológico adicional, ya que además de haber visto lesionada su propia integridad física, padecieron sentimientos de angustia, desesperación y miedo por el peligro que corría la vida de sus hijos…”. Asimismo, hizo referencia a las madres internas, indicando en el párrafo 330, que: La incomunicación severa tuvo efectos particulares en las internas madres. Diversos órganos internacionales han enfatizado la obligación de los Estados de tomar en consideración la atención especial que deben recibir las mujeres por razones de maternidad, lo cual implica, entre otras medidas, asegurar que se lleven a cabo visitas apropiadas entre madre e hijo. La imposibilidad de comunicarse con sus hijos ocasionó un sufrimiento psicológico adicional a las internas madres. Por otra parte la Corte IDH, en el Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, a través de la Sentencia de 16 de noviembre de 2009 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, en los párrafos 408 y 409, además de analizar la relación de la violencia de género con las relaciones sociales, culturales y económicas de discriminación, para caracterizar a las víctimas, también lo hizo respecto a las discriminaciones de género, pobreza y edad, al hacer referencia a los derechos de las víctimas menores de edad (…) En el mismo sentido, la Corte IDH en los Casos Rosendo Cantú y Otra VS. México -Sentencia de 31 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas- y Fernández Ortega y Otros VS. México -Sentencia de 30 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas-, efectuó el análisis sobre la discriminación y violencia de las mujeres indígenas, estableciendo que debía garantizarse el acceso a la justicia de los miembros de las comunidades indígenas, adoptando medidas de protección que tomen en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, así como sus valores, usos y costumbres. También cabe mencionar, el Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, en cuya Sentencia de 24 de febrero de 2012 sobre Fondo, Reparaciones y Costas, donde la Corte IDH hizo referencia a la discriminación sufrida por las mujeres con orientación sexual diversa; pues se impuso a la accionante, que en su condición de mujer atendiera y privilegiara sus deberes como madre (…)”

especialmente la vulneración del derecho a la igualdad, permitiendo visualizar de forma plural la discriminación y violencia en general hacia las mujeres; tomando en cuenta para ello, sus desigualdades y necesidades, haciendo eco, a través de ese análisis, sobre las exigencias a nivel internacional como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, siendo uno de sus mandatos, el considerar el estado de vulnerabilidad de la mujer víctima de violencia, por razones diversas. Reanudando, la aludida Sentencia Constitucional Plurinacional, refirió que, en el caso concreto (motivo de su análisis), al tratarse de una mujer víctima de violencia sexual adolescente, debe ser aplicado el enfoque interseccional, que permitirá comprender de mejor forma su vulnerabilidad e identificar criterios reforzados de protección plasmados en la Constitución Política del Estado e instrumentos internacionales; así respecto a la normativa internacional que rige la protección de niñas, niños y adolescentes, en el marco del art. 60 de la CPE, señaló que estos grupos etáreos gozan de especial protección y atención de sus derechos, debiendo en consecuencia ser atendidos con preferencia en los centros de salud, en la escuela, entidades judiciales, y por la Policía Boliviana, entre otros; en tal sentido, añadió que los estándares de protección internacional, son obligatorios para nuestro Estado, ya que a partir de los arts. 13 y 256 de la CPE, pueden ser aplicados de forma preferente y favorable; así, citó a dichos estándares internacionales como el art.19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que prevé medidas de protección para los menores; art. 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-, que reconoce por un lado, el derecho a medidas de protección; y por otro, una obligación para el Estado referido a adoptar medidas especiales de protección a fin de garantizarles la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral; art. VII de la declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH), que regula sobre la protección y cuidado de los niños; Declaración de los Derechos del Niño que en sus principios 8 y 9 prevé el derecho a la protección ante el abandono cruel y explotación, y la preferencia en recibir socorro y protección; y, el art. 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que en esencia dispone para los Estado el deber de adoptar medidas en favor de la niñez víctima de cualquier forma de abuso o explotación en el marco los mismos principios descritos en la referida Convención. Identificada y descrita la normativa del contexto internacional, la precitada SCP 0394/2018-S2, se refirió a la normativa vinculada a mujeres víctimas de violencia sexual y las específicas regulaciones conectadas a la violencia contra niñas y adolescentes; en dicha labor, razonó que el constituyente al haber incorporado el art. 15 en la CPE, reconoció un derecho especifico que deriva en la obligación para el Estado (en todos sus niveles) para investigar, socorrer y sancionar los actos de violencia contra la mujer; asimismo, agregó que:

“…el Estado al ratificar un convenio internacional de derechos humanos, adquiere la obligación de respetar y proteger los derechos reconocidos en dicho instrumento. Así, la Convención Belém Do Pará de 9 de junio de 1994, ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de igual año, se constituye en el primer Tratado Interamericano que reconoce la violencia hacia las mujeres, como una violación de derechos humanos; en cuyo art. 7, consigna los deberes que tienen los estados, de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre ellos, el de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y velar, porque las autoridades y funcionarios se comporten de acuerdo a esa obligación ... (…) …el art. 9 de dicha Convención establece, que los Estados tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, por ser menor de edad o estar en situación socioeconómica desfavorable” (las negrillas son agregadas).

Prosiguiendo, la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, al referirse sobre los estándares del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, vinculados con la violencia de género, se remitió a la Recomendación 19 pronunciada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), que se constituye como una de las más relevantes al señalar que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide el goce de sus derechos y libertades en igualdad con el hombre, y que la violencia contra la mujer conlleva responsabilidad estatal en cuanto a la implementación de mecanismos necesarios de protección y prevención para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas; de igual forma la indicada jurisprudencia, respecto al acceso a la justicia de las mujeres señaló que:

“...El mencionado Comité de la CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; obstáculos que se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, debido a factores como los estereotipos de género, leyes discriminatorias, procedimientos interseccionales de discriminación, las prácticas y los requisitos en materia probatoria; limitaciones que constituyen violaciones persistentes a los derechos humanos de las mujeres. En dicha Recomendación, se hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia, y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso. El mencionado Comité de la CEDAW, también recomienda a los Estados Partes establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos, atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-. Asimismo, establece recomendaciones específicas en la esfera del Derecho Penal, encomendando que los Estados ejerzan la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por todos los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer; y, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar” (el resaltado es ilustrativo). En ese marco, añadió que en el caso el Caso LC vs. Perú -octubre 2011, la Decisión asumida por el Comité de la CEDAW, es un importante precedente por cuanto el referido Comité, además de abordar el derecho del aborto en casos de violencia sexual, reconoció la obligación de protección reforzada, que recae sobre las niñas, adolescentes y mujeres como mayores víctimas de violencia sexual. Sujetándose a la normativa internacional descrita, la mencionada SCP 0394/2018-S2, advirtió que conforme a la Ley 548 de 17 de julio de 2014, denominada Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), el Estado (multinivel) adquiere una corresponsabilidad a través de sus instituciones, y las niñas, niños y adolescentes adquieren derechos y son sujetos de protección contra toda violencia, priorizando su resguardo. Por su parte, en referencia a la Ley 2033 de 29 de octubre de 1999, Ley de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual, y Ley 348 de 9 de marzo de 2013, titulada Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, refirió que estos actos legislativos contienen un conjunto de disposiciones en favor de las víctimas; entre ellas: La obligación de la autoridad que investiga delitos contra la violencia sexual, para ordenar las medidas necesarias de la protección a la víctima, sus familiares, dependientes y testigos entre otros; el establecimiento de mecanismos y medidas integrales de prevención, atención y reparación a mujeres en situación de 8Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por el Estado boliviano por la Ley 1100 de 15 septiembre de 1989. 9Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Caso L. C. vs. Perú, Comunicación 22/2009 de 18 de junio. Documento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) CEDAW/C/50/D/22/2009 (25 de noviembre de 2011). 10. “…cuyo objeto es garantizar el ejercicio pleno e integral de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando el Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SPINNA), para garantizar la vigencia plena de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado, a través de todas sus instituciones públicas y privadas, en todos sus niveles, la familia y la sociedad. Este nuevo instrumento legal se basa en once principios; cuales son, interés superior, prioridad absoluta, igualdad y no discriminación, equidad de género, desarrollo integral, corresponsabilidad, ejercicio progresivo de derechos y especialidad. En el Capítulo VIII del citado Código, se desarrolla el derecho a la integridad personal y la protección contra la violencia a las niñas, niños y adolescentes, priorizando el resguardo contra cualquier forma de vulneración a su integridad sexual; disponiendo se diseñen e implementen políticas de prevención y protección contra toda forma de abuso, explotación o sexualización precoz. Así, el art. 145.I, establece que: “La niña, niño y adolescente, tiene derecho a la integridad personal, que comprende su integridad física, psicológica y sexual”. Por su parte, el art. 148.II inc. a) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), respecto a este sector poblacional, prevé el derecho de ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual; la cual es definida como: “…toda conducta tipificada en el Código Penal que afecte la libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescente”. Asimismo, el art. 157 del CNNA, en el marco del derecho de acceso a la justicia, establece: I. Las niñas, niños y adolescentes, tienen el derecho a solicitar la protección y restitución de sus derechos, con todos los medios que disponga la ley, ante cualquier persona, entidad u organismo público o privado (…) IV. La preeminencia de los derechos de la niña, niño y adolescente, implica también, la garantía del Estado de procurar la restitución y restauración del derecho a su integridad física, psicológica y sexual. Se prohíbe toda forma de conciliación o transacción en casos de niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia (las negrillas son incorporadas)”.

violencia, implementando para ello, el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPASSE); la prioridad nacional del Estado en la erradicación de la violencia hacia las mujeres; y, la obligación de articular servicios, acciones y políticas integrales destinadas a la atención, sanción y erradicar todo tipo de violencia por parte del Nivel Central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas (ETA). En ese marco, la antedicha SCP 0394/2018-S2, refirió que de acuerdo al contenido regulatorio del art. 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), en los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, el Ministerio Público debe brindar una protección inmediata a los mismos; además, puntualizó que:

“…si bien internamente tenemos un adecuado desarrollo normativo; sin embargo, es evidente que las disposiciones legales, en muchos casos, requieren ser interpretadas, considerando el contexto de violencia -estructural y concreta- de la víctima, así como su situación especial de vulnerabilidad. Es, en ese marco de interpretación, que tanto las autoridades judiciales, como del Ministerio Público y la Policía Boliviana, deben tomar en cuenta el enfoque interseccional, cuando se trate de niñas o adolescentes víctimas de violencia, a efectos de actuar inmediatamente, con prioridad, adoptando las medidas de protección que sean necesarias, evitando todas aquellas acciones que se constituyan en revictimizadoras y no tomen en cuenta el interés superior de la niña o la adolescente.

En ese sentido, el enfoque interseccional permite dar concreción al principio de igualdad, comprendido desde una perspectiva material; pues analiza las situaciones que colocaron a una persona, en el caso concreto, en mayores niveles de vulnerabilidad, con la finalidad de resolver el caso aplicando medidas, cuando corresponda, que permitan reparar y transformar las situaciones de subordinación, discriminación o violencia, no solo de la víctima en concreto, sino también, de todas las personas que se encuentren en situación similar” (el resaltado es añadido). Prosiguiendo, la SCP 0394/2018-S2, en su Fundamento Jurídico III.2 bajo el título: “Sobre el riesgo procesal de fuga de peligro efectivo para la víctima o el denunciante en delitos relacionados contra la mujer” señaló que, al ser la detención preventiva meramente instrumental, la aplicación de su restricción resulta una excepcionalidad, debiendo concurrir simultáneamente las exigencias de los numerales 1 y 2 del art. 233 del CPP; así, en cuanto a los peligros de fuga y obstaculización, de acuerdo a los arts. 234 y 235, de la referida norma procesal penal, para decidir sobre su concurrencia, se debe realizar una avaluación integral de las circunstancias existentes, como el “peligro efectivo para la víctima o el denunciante”, previsto en el actual art. 234.7 del CPP. Asimismo, remitiéndose a la SCP 0056/2014 de 3 de enero, que declaró la constitucionalidad del entonces art. 234.10 -ahora-art. 234.7 del CPP, señaló que, el peligro efectivo para la víctima o el denunciante debe ser materialmente verificable, suponiendo ello, la existencia de elementos comprobables sobre la situación de las víctimas; en tal sentido, agregó que, en supuestos de violencia contra las mujeres, corresponderá a los fiscales y autoridades judiciales desde una perspectiva de género, considerar “la situación de vulnerabilidad o desventaja en la que se encuentre la víctima o denunciante respecto al imputado; las características del delito cuya autoría se atribuye al imputado; y, la conducta exteriorizada por éste, contra la víctima o denunciante, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si la misma puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos, tanto de la víctima como del denunciante”. En ese contexto, la referida SCP 0394/2018-S2, sostuvo que las medidas destinadas a desvirtuar los peligros de fuga del antes art. 234.10 -ahora art. 234.7- del CPP -peligro efectivo para la víctima o denunciante-, no debe significar una revictimización; por ello, los fiscales y jueces deben considerar que, en muchas veces, las garantías personales o mutuas solicitadas por los imputados para desvirtuar dicho riesgo, se constituyen en medidas revictimizadoras debido a que la víctima tiene que enfrentarse con su agresor, desnaturalizando además la protección que el Estado debe otorgar a las mujeres víctimas de violencia, ya que incluso, según el art. 35 de la Ley 348, ellas tienen el derecho de solicitar las medidas de protección, cuya 11“Sobre esta circunstancia, la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0056/2014 de 3 de enero -que declaró la constitucionalidad del art. 234.10 del CPP-, señaló en el Fundamento Jurídico III.5.3, que: En definitiva, el peligro relevante en materia penal al que hace referencia la norma demandada, es la posibilidad de que la persona imputada cometa delitos, pero no el riesgo infinitesimal al que se refiere Raña y descrito en el Fundamentos Jurídicos III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, sino el riesgo emergente de los antecedentes personales del imputado por haberse probado con anterioridad que cometió un delito, lo que genera una probabilidad adicional de delinquir; más, esa situación es similar a la establecida en el art. 234.8 del CPP, referido a: “La existencia de actividad delictiva reiterada o anterior”; empero, aunque parecida no es similar, encontrando diferencia puesto que la norma demandada adicionalmente precisa que la situación de peligrosidad sea efectiva, mientras que la del art. 234.8 del CPP, precisa antecedentes criminales reiterados; en ese orden, es también necesario comprender la efectividad de la peligrosidad exigida por la norma demandada. El concepto “efectivo” que se debe adicionar a la peligrosidad para que opere como fundamento de la detención preventiva por peligro de fuga, hace alusión, según el diccionario jurídico que utiliza este Tribunal, a un apeligro existente, real o verdadero, como contraposición a lo pretendido, dudoso, incierto o nominal; es decir a un peligro materialmente verificable, más allá del criterio subjetivo del juez, que puede ser arbitrario, por ello supone la asistencia de elementos materiales comprobables en la situación particular concreta desde la perspectiva de las personas y los hechos, por ello se debe aplicar bajo el principio de la razonabilidad y la proporcionalidad, no encontrando en ello ninguna inconstitucionalidad por afectación del debido proceso o de la presunción de inocencia consagrados constitucionalmente. En consecuencia, el peligro efectivo, encuentra justificación en la necesidad de imponer medidas de seguridad a las personas que hubieran sido encontradas culpables de un delito anteriormente, pero no le sindica como culpable del ilícito concreto que se juzga, ni provoca que en la tramitación del proceso sea culpable del presunto delito cometido.

finalidad, según el art. 32.I de la referida norma es: “…interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantías, en el caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente”; en tal sentido la mencionada SCP 0394/2018-S2, concluyo precisando tres aspectos a ser considerados, según los siguientes términos:

“Consiguientemente, a partir de todo lo explicado, en el marco de las medidas de protección exigidas al Estado boliviano, por las normas nacionales e internacionales, las autoridades fiscales y judiciales, deben considerar que:

a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante; b) De manera específica, tratándose del delito de trata de personas, deberá considerarse la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas que sufrieron engaño, fraude, violencia, amenaza, intimidación, coerción, abuso de autoridad, o en general, ejercicio de poder sobre ellas; y,

En casos de violencia contra las mujeres, la solicitud de garantías personales o garantías mutuas por parte del imputado, como medida destinada a desvirtuar el peligro de fuga previsto en el art. 234.10 del CPP, se constituye en una medida revictimizadora, que desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las víctimas; pues, en todo caso, es ella y no el imputado, la que tiene el derecho, en el marco del art. 35 de la Ley 348, de exigir las medidas de protección que garanticen sus derechos”. De todo lo descrito y desarrollado por la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, citado y precisado en la SCP 0268/2020-S1 de 5 de agosto, se tiene que, estas, contienen reflexiones constitucionales con un enfoque interseccional, que contribuyen en la tarea de reforzar y garantizar la protección de las niñas y adolescentes mujeres víctimas de violencia conforme al bloque de constitucionalidad y la normativa nacional; lo cual, sin duda alguna, las sitúan dentro el ámbito de la doctrina del estándar más alto respecto a la protección de este grupo altamente vulnerable; extremo, que conlleva a que dichos razonamientos, deben ser aplicados por las instancias investigativas (policiales y fiscales) y jurisdiccionales en todos los casos en los que se advierta como víctimas a niñas y adolescentes mujeres; cumpliendo de esta forma, con las exigencias internacionales a nuestro Estado, respecto de la obligación de actuar con la debida diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer (niñas y adolescentes), guiados a una finalidad mayor que es la erradicación total de la violencia y protección a las víctimas.

III.2. Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del Código de Procedimiento

Penal Inicialmente, corresponde señalar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación. En tal sentido, la fundamentación se refiere a la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa. Por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. Efectuada las precisiones que anteceden, e ingresando a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones en las cuales se apliquen medidas cautelares, por las autoridades jurisdiccionales en el ámbito penal, incumbe remitirnos a la amplia jurisprudencia constitucional emitida por esta instancia celadora de la supremacía constitucional; en ese sentido, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, en su Fundamento Jurídico III.2, efectuó el siguiente desarrollo jurisprudencial, precisando que:

“Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar. Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva” (el resaltado es ilustrativo).

Asimismo, la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en su Fundamento Jurídico III.1.7, bajo el epígrafe “Sobre la exigencia de la decisión judicial sea fundamentada”, estableció que la motivación implica conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez o autoridad judicial de tomar una determinada decisión, aspecto que es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla. Prosiguiendo con la revisión de la jurisprudencia constitucional, respecto a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones, se tiene a las razones de la SC 0759/2010-R de 2 de agosto, que en su Fundamento Jurídico III.3 epigrafiado como “La motivación de las resoluciones como obligación del juez”, acudiendo al art. 124 del CPP, señaló que toda resolución debe ser debidamente fundamentada, exponiendo los hechos y normas legales aplicables; añadiendo además que:

“…cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión” (el resaltado es añadido).

Por su parte, respecto a que la motivación no debe ser ampulosa, la citada jurisprudencia constitucional, extrayendo las razones de la SC 1356/2005-R de 31 de octubre, precisó que:

“…cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (el resaltado es nuestro).

De igual forma, la SC 0033/2012 de 16 de marzo, mediante su Fundamento Jurídico III.3, denominado “De la fundamentación de las resoluciones que determinen la detención preventiva”, refirió básicamente que la detención preventiva como medida cautelar personal, puede ser dispuesta cuando existan los elementos referidos al “fumus boni iuris” y el “periculum in mora”, previstos en el art. 233 del CPP, decisión que debe ser dispuesta mediante una resolución debidamente fundamentada conforme prevé el art. 236 del mismo cuerpo adjetivo penal; además, dicha jurisprudencia, apoyándose en las razones desarrolladas por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, refirió que:

“En este sentido la jurisprudencia constitucional ha señalado en su SC 0089/2010-R-de 4 de mayo, ‘En los casos en que un Tribunal de apelación decida revocar las medidas sustitutivas y a la par disponer la aplicación de la detención preventiva de un imputado, está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medias sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los art 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones se puede disponer la detención preventiva’” (el resaltado es ilustrativo).

Con relación a la fundamentación y motivación de las resoluciones al aplicar el art. 398 del CPP, la jurisprudencia de esta instancia constitucional, a través de la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en su Fundamento Jurídico III.3, titulado “El alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP y la exigencia de motivación en las resoluciones que disponen la detención preventiva”, señaló inicialmente que de acuerdo al referido precepto legal del art. 398 del CPP, los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expuestos en apelación; empero, precisó que: al tratarse de la aplicación de medidas cautelares:

“Sin embargo, tratándose de la aplicación de medidas cautelares, dicha normativa no debe ser entendida en su literalidad sino interpretada en forma integral y sistemática, por lo que también cabe referirse a lo establecido en el art. 233 del CPP, modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, cuando señala que: ‘Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos: 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad’” (negrillas adicionadas).

En ese marco, dicha Sentencia Constitucional Plurinacional, haciendo referencia al antes art. 236.3 –ahora– art. 236.4 del CPP, agregó que:

“En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP” (el resaltado es ilustrativo).

Jurisprudencia constitucional, que fue reiterada entre otras por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales: 0303/2013 de 13 de marzo, 0329/2016-S2 de 8 abril; y, 1158/2017-S2 de 15 de noviembre. Finalmente, siguiendo dichos razonamientos, la SCP 0723/2018-S2 de 31 de octubre, respecto de la aplicación del art. 398 del CPP, señaló que:

“…el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP. Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP. En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga.

El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria” (el resaltado nos corresponde).

Conforme al contexto jurisprudencial descrito, es posible concluir que, las autoridades jurisdiccionales, están obligadas a emitir sus resoluciones debidamente fundamentadas y motivadas, comprendiendo que el primero se refiere a la justificación de todas las disposiciones legales sobre las cuales sostiene su decisión; y el segundo relacionado a la justificación de las razones lógico-jurídicas, respecto de los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes; máxime cuando se trate de decisiones que emerjan de la aplicación de medidas cautelares, supuestos en los cuales, los jueces instructores o cautelares y los tribunales de apelación, están impelidos de sustentar sus resoluciones. Ahora bien, en el caso de los tribunales de apelación, y al tratarse de solicitudes de aplicación de medidas cautelares, conforme lo precisado por la citada SCP 0077/2012, el art. 398 del CPP, no debe ser entendida en su literalidad, sino interpretada de forma integral y sistémica; lo cual, exige que estas autoridades jurisdiccionales, luego de un análisis integral del supuesto, deben fundamentar y motivar sus decisiones precisando los elementos de convicción que permitan concluir en la necesidad de modificar, rechazar medidas cautelares o determinar la cesación o rechazo de esa solicitud; a cuyo efecto, deben también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 de la citada Norma Adjetiva Penal, mediante una resolución con la suficiente justificación normativa, conforme requiere el art. 236.4 del referido precepto legal. No siendo admisible que las autoridades del tribunal de apelación rechacen la solicitud, basándose en presunciones relativas a los riesgos de fuga y obstaculización; ya que, si no se demuestra mediante una debida fundamentación y motivación la necesaria detención preventiva, la resolución emitida conlleva una arbitrariedad que vulnera los derechos previstos por la Constitución Política del Estado.

III.3. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso

El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso; asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema. Bajo esa comprensión constitucional, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se constituye en un medio para asegurar, en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados, no agotan el contenido del debido proceso, puesto que en atención el principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando. En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; empero, esta idea general no es limitativa 15 La jurisprudencia constitucional expresada en la SC 0902/2010-R de 10 de agosto, refiere respecto a los elementos que componen a la garantía general del debido proceso en los siguientes términos: “En consonancia con los tratados internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (SSCC 0082/2001-R, 0157/2001-R, 0798/2001-R, 0925/2001-R, 1028/2001-R, 1009/2003-R, 1797/2003-R, 0101/2004-R, 0663/2004-R, 022/2006-R, entre otras); sin embargo, esta lista en el marco del principio de progresividad no es limitativa, sino más bien enunciativa, pues a ella se agregan otros elementos que hacen al debido proceso como garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de este como medio para asegurar la realización del valor justicia, en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: "En opinión de esta Corte, para que exista "debido proceso legal" es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. (…) Es así como se ha establecido, en forma progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho Internacional" (las negrillas son nuestras). Así configurado, es preciso recordar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino que es extensiva a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad (SSCC 0042/2004 y 1234/2000-R entre otras)”. 16 La SC 0486/2010-R de 5 de julio, en su F.J. III.4.1, señaló que: “De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que, la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente, es posible concluir que, la congruencia como componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones:

i. La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes. ii. La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión. ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. De otra parte, respecto de la congruencia como principio constitucional en el proceso civil, se indica que: “…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia “ultra petita” en la que se incurre si el Tribunal concede “extra petita” para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; “citra petita”, conocido como por “omisión” en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.” (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438). Es decir que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita” en los que el juez o tribunal decide cuestiones que han quedado consentidas y que no fueron objeto de expresión de agravios (extra petita); y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita). El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”. 17 La SCP 0055/2014 de 3 de enero en su F.J. III.2.2, estableció que: “La congruencia de las resoluciones judiciales integra los componentes del debido proceso. En ese contexto, a partir de una concepción doctrinal, su análisis se orienta desde dos acepciones: externa, entendida como principio rector de toda resolución judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y respuesta) y lo resuelto por las Finalmente, a lo descrito corresponde efectuar una necesaria precisión en torno a la congruencia y su comprensión en el tratamiento y aplicación de las medidas cautelares por Tribunales de apelación según lo dispuesto por el art. 398 del CPP; que de acuerdo a la SCP 0077/2012, citada en el F.J.III.1 de este fallo constitucional, el mencionado art. 398 del CPP, no debe ser entendido en su literalidad respecto a remitirse solamente a los agravios y lo señalado por las partes como expresión literal de la congruencia exigida; sino que, dicha previsión debe ser interpretada de forma integral y sistémica en el sentido que, los referidos Tribunales de alzada, al momento de resolver impugnaciones relacionadas a la aplicación de medidas cautelares, no sólo se circunscribirán a los puntos impugnados (congruencia externa), sino que tienen el deber de compulsar integralmente todos los antecedentes y hechos a efectos de fundamentar y motivar debidamente sus resoluciones que dispongan el cese o la privación de libertad de los procesados, justificando objetivamente la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 de la citada Norma Adjetiva Penal, conforme requiere el art. 236.4 del referido precepto legal.

III.4. La garantía general del debido proceso en su elemento defensa

autoridades judiciales, sin que el juzgador tome en cuenta aspectos ajenos a la controversia; interna, porque entendida la resolución como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión. En ese sentido, la uniforme jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, señaló: “…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. (…). De lo expuesto se confirma, que el órgano encargado de dictar la resolución, debe circunscribir su fallo a lo peticionado y no resolver más allá de lo pedido, que sería un pronunciamiento ultra petita, o, conceder algo distinto a lo solicitado por las partes, conocido en doctrina procesal como un pronunciamiento extra petita”. En el mismo sentido, la SC 0863/2003-R de 25 de junio, precisó que: “…el juez o tribunal ad quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”, entendimiento reiterado en las SSCC 1009/2003-R, 1312/2003-R y 0358/2010-R. Posteriormente, respecto a la pertinencia de las resoluciones pronunciadas por autoridades judiciales de segunda instancia, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, puntualizó: “…implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. En esa misma línea, la SC 2017/2010-R de 9 de noviembre, señaló: “…la pertinencia entre el recurso de apelación, resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista, es una condición esencial para asegurar a los justiciables que en la decisión de su recurso los superiores en grado tienen delimitado su campo de acción para emitir su resolución, limite que se expresa precisamente en la fundamentación de agravios prevista por el art. 227 del Código de Procedimiento Civil (CPC), como por el contenido de lo resuelto en la sentencia apelada, marco del cual el tribunal de alzada no puede apartarse”. Estos razonamientos fueron reiterados posteriormente en la SCP 0037/2012 de 26 de marzo y, desarrollados ampliamente en la SCP 1111/2012 de 6 de septiembre”.

El debido proceso se encuentra consagrado en la Constitución Política del Estado como un derecho fundamental (art. 115.II), garantía constitucional (117.I) y principio procesal constitucional que disciplina la función de impartir justicia (art. 180.I), en atención a estas cualidades, la jurisprudencia constitucional se encargó de resaltar su carácter tridimensional del debido proceso, en sus diferentes fallos como las SSCC 0086/2010-R de 4 de mayo, 0902/2010-R de 10 de agosto, 0533/2011-R de 25 de abril, entre otras; además, también fue la jurisprudencia constitucional del extinto Tribunal Constitucional la que se encargó de asignarle la calidad de garantía general en las citadas SSCC 0902/2010-R, 0981/2010-R de 17 de agosto y 1145/2010-R de 27 de agosto; asimismo, en la Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0270/2012, 2493/2012, 0903/2019-S4 y 0618/2018-S1, entre otras. En ese sentido la SCP 1840/2013 de 25 de octubre, configuró su contenido, alcance o los elementos constitutivos que le conciernen, en los siguientes términos:

“En consonancia con los Tratados Internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra sí mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones”(las negrillas son añadidas). Configuración, contenido o alcance que no se encuentra configurada en una clausula cerrada, al contrario, debido al carácter progresivo de los derechos, previsto en el art. 13.1 de la CPE, esos elementos constitutivos, tienen un carácter enunciativo, puesto que, el debido proceso, al constituirse en una garantía general, del mismo, pueden derivar otros elementos conforme al desarrollo doctrinal y jurisprudencial, así como al desarrollo del proceso, cuya finalidad viene a constituir en un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. En esa línea de razonamiento, es pertinente señalar que una de las lecturas de la garantía general del debido proceso se traduce –conforme a la SC 0418/2000-R de 2 de mayo- en el “…derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar…”; en otros términos, se busca evitar que una persona sufra la imposición de una sanción o la afectación de un derecho, sin el cumplimiento de un proceso previo, en el que se observen los derechos fundamentales y las garantías de naturaleza procesal, en sus elementos constituidos como los derechos al juez natural, a la defensa y a la presunción de inocencia, aplicables en procesos administrativos y en todos aquellos que se presentan en la esfera privada de las instituciones, asociaciones o cooperativas, donde se tenga que determinar una situación con efectos jurídicos que repercuten en los derechos de las personas. Por lo que, el debido proceso abarca los presupuestos procesales mínimos a los que debe regirse todo proceso judicial, administrativo o corporativo, observando todas las formas propias del mismo así como las leyes preexistentes, para hacer posible la materialización de la justicia en igualdad de condiciones, de ser juzgado por un juez o tribunal imparcial, independiente, competente y preestablecido legalmente con anterioridad a los hechos atribuidos. En ese marco, uno de los elementos de la garantía general del debido proceso, es el derecho al juez natural reconocido en el art. 120.I de la CPE; el otro elemento de la garantía general del debido proceso es el derecho a la defensa reconocido en el art. 119.II de la CPE, en los siguientes términos: “Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios”. Sobre dicha base, la jurisprudencia constitucional entiende el derecho a la defensa como la potestad inviolable de la persona a ser escuchado en juicio, a fin de negar, contradecir o desvirtuar los hechos que se le atribuyen, ofreciendo y produciendo pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea.

19 La SCP 0782/2018-S2 de 26 de noviembre, respecto a una de las lecturas del debido proceso, expresa: “Conforme a las citadas disposiciones constitucionales, lo que se busca es evitar que una persona sufra la imposición de una sanción o la afectación de un derecho, sin el cumplimiento de un proceso previo, en el que se observen los derechos fundamentales y las garantías de naturaleza procesal, contenidos en la Constitución Política del Estado y las leyes que desarrollan tales derechos. Asimismo, el debido proceso se encuentra reconocido como un derecho humano en el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)[1], al igual que en el art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)[2], instrumentos comprendidos dentro del bloque de constitucionalidad, conforme al art. 410.II de la Ley Fundamental. (…) en ese entendido, el debido proceso en sus elementos constituidos por los derechos al juez natural, a la defensa y a la presunción de inocencia, son aplicables en los procesos administrativos y en todos aquellos que se presentan en la esfera privada de las instituciones, asociaciones o cooperativas, donde se tenga que determinar una situación con efectos jurídicos que repercuten en los derechos de las personas”. 20 La SCP 2184/2012 de 8 de noviembre, ha expresado que una de las lecturas del debido proceso “… abarca los presupuestos procesales mínimos a los que debe regirse todo proceso judicial, administrativo o corporativo, observando todas las formas propias del mismo así como las leyes preexistentes, para hacer posible la materialización de la justicia en igualdad de condiciones, lo que implica la posibilidad de ser juzgado por un juez o tribunal imparcial, independiente, competente y preestablecido legalmente con anterioridad a los hechos atribuidos y en el marco de garantías y presupuestos procesales imperantes en el orden jurídico rector”. 21 Respecto al derecho a la defensa, la SC 1534/2003-R de 30 de octubre, expreso textualmente: “…como potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos“.

A este derecho se vincula también el derecho a ser oído, reconocido en el art. 117.I de la CPE, prevista como una de las garantías judiciales en el art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), que a la letra dice:

“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. En ese marco Convencional, la Corte IDH en el Caso Barbani Duarte y otros Vs. Uruguay, expresó al respecto que “…implica, por un lado, un ámbito formal y procesal de asegurar el acceso al órgano competente para que determine el derecho que se reclama […]. Por otra parte, ese derecho abarca un ámbito de protección material que implica que el Estado garantice que la decisión que se produzca a través del procedimiento satisfaga el fin para el cual fue concebido. Esto último no significa que siempre deba ser acogido sino que se debe garantizar su capacidad para producir el resultado para el que fue concebido” En esa comprensión, se puede concluir que el derecho a ser oído se encuentra vinculado íntimamente con el derecho a la defensa, que en el ámbito del derecho a una justicia plural –cuyo ejercicio comprende a la jurisdicción ordinaria, agroambiental, especializada e indígena originaria campesina– reconocida por nuestro ordenamiento constitucional, es extensible a cualquier autoridad u órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, que debe ser 22 Corte IDH. Caso Barbani Duarte y otros Vs. Uruguay. Fondo Reparaciones y costas. Sentencia de 13 de octubre de 2011. Serie C No. 234, 122, Corte IDH. Caso Canales Huapaya y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2015. Serie C No. 296, 97. 23 Respecto a la composición del Órgano Judicial del Estado Plurinacional con Autonomías, el art. 179 de la CPE, establece: “I. La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales; la jurisdicción indígena originaria campesinas se ejerce por sus propias autoridades; existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley. II. La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina gozarán de igual jerarquía. III. La justicia constitucional se ejerce por el Tribunal Constitucional Plurinacional. IV. El Consejo de la Magistratura es parte del Órgano Judicial”. 24 Respecto a la facultad de cualquier autoridad administrativa u órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, que incluye a procesos administrativos sancionadores, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Tribunal Constitucional Vs. Perú, Sentencia de 31 de enero de 2001, ha expresado textualmente: “71. De conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo47. Es decir, que cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un “juez o tribunal competente” para la “determinación de sus derechos”, esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana”, jurisprudencia citada en la SCP 143/2012 de 14 de mayo, SCP 0014/2013 de 3 de enero, SCP 0083/2013 de 17 de enero, SCP 0389/2018-S3 de 14 de agosto, entre otras.

ejercitado antes de emitir sus resoluciones o decisiones, por lo que quienes ejercen funciones jurisdiccionales, no están exentos del cumplimiento de este derecho, en otros términos, se encuentran impelidos de escuchar a quienes afectaran dichas decisiones o resoluciones, sin excepción alguna, pues su reconocimiento y ejercicio, conlleva la posibilidad de conocer los hechos que se les atribuye, alegar y asumir defensa, negando, contradiciendo o desvirtuando los mencionados hechos, presentar pruebas, impugnar decisiones, etc.

III.5. Tutela judicial efectiva como garantía jurisdiccional

Al respecto el art. 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica señala: “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecidas con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. El nuevo modelo constitucional progresivo y garantista, también consagra en su catálogo de derechos fundamentales, el derecho de acceso efectivo a la justicia cuando en el art. 115.I de la CPE señala que: “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”, para ese cometido la Norma Fundamental estableció los principios rectores en los que se debe fundamentar la jurisdicción ordinaria señalando en el art. 180.I que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”; por lo que, son estos preceptos constitucionales que exigen a los jueces y tribunales aplicar y observar el valor eficacia de la función jurisdiccional, por el que se pueda concebir una noción moderna de tutela judicial efectiva de los derechos y al que los actuales juzgadores deben comprometerse de manera irrenunciable. En ese marco, el máximo guardián e intérprete de la Constitución Política del Estado como es el Tribunal Constitucional, interpretando el contenido y alcance del derecho a la tutela judicial efectiva, en la SC 1388/2010-R de 21 de septiembre, señaló:

“La tutela judicial efectiva comprende la posibilidad de activar o iniciar ante los órganos jurisdiccionales un proceso, en el que obtenga una sentencia fundamentada que declare el derecho de cada una de las partes conforme corresponda en justicia, además implica la posibilidad de poder interponer los recursos que la ley establezca y la eventualidad de obtener el cumplimiento efectivo de la sentencia, con el objeto de garantizar el restablecimiento de una situación jurídica vulnerada, evitando la indefensión, involucrando el acceso a los tribunales; la efectividad de las decisiones judiciales; y el ejercicio del recurso previsto en la ley# (las negrillas son nuestras).

Este entendimiento fue reiterado entre otras por las SSCC 0492/2011-R de 25 de abril y 1967/2011-R de 28 de noviembre y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0861/2012 de 20 de agosto y 1478/2012 de 24 de septiembre, en esta última refiriéndose al derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, señaló que:

“…el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia -sin pretender agotar todas las perspectivas de este derecho tan ampliamente concebido y desarrollado- contiene: 1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de este derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y, 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho”.

Siguiendo la normativa y el lineamiento jurisprudencial descrito precedentemente, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0015/2018-S1 de 1 de marzo, citando entre otras la SCP 0404/2013-L de 28 de mayo, establece que:

“…toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecidas con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, como podrá advertirse la norma transcrita consagra dos derechos humanos de la persona: 1) el derecho de acceso a la justicia; y 2) el derecho al debido proceso, entendiéndose por aquélla la potestad, capacidad y facultad que tiene toda persona para acudir ante la autoridad jurisdiccional competente para demandar que se preserve o restablezca una situación jurídica perturbada o violada que lesiona o desconoce sus derechos e intereses, a objeto de lograr, previo proceso, una decisión judicial que modifique dicha situación jurídica. Conocido también en la legislación comparada como 'derecho a la jurisdicción' (art. 24 de la Constitución Española), es un derecho de prestación que se lo ejerce conforme a los procedimientos jurisdiccionales previstos por el legislador, en los que se establecen los requisitos, condiciones y consecuencias del acceso a la justicia; por lo mismo, tiene como contenido esencial el libre acceso al proceso, el derecho de defensa, el derecho al pronunciamiento judicial sobre el fondo de la pretensión planteada en la demanda, el derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas, el derecho de acceso a los recursos previstos por ley…” . De lo señalado y descrito en forma precedente se establece que la tutela judicial efectiva implica la posibilidad de activar o iniciar ante los órganos jurisdiccionales un proceso, en el que obtenga una sentencia fundamentada que declare el derecho de cada una de las partes conforme corresponda en justicia, además involucra la posibilidad de poder interponer los recursos que la ley establezca y la eventualidad de obtener el cumplimiento efectivo de la sentencia, con el objeto de garantizar el restablecimiento de una situación jurídica vulnerada, evitando la indefensión, involucrando el acceso a los tribunales; la efectividad de las decisiones judiciales; y el ejercicio del recurso previsto en la ley.

III.6. El derecho a la libertad de circulación

El artículo 21 de la Constitución Política del Estado, consagra los derechos de las bolivianas y bolivianos, entre ellos el derecho a la libertad de locomoción cuando en el numeral 7 de este artículo refiere: “A la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano, que incluye la salida e ingreso del país”. A su vez, los convenios y tratados internacionales han incorporado la libertad de locomoción, entre los cuales está la Declaración Universal de los Derechos Humanos que en su art. 13 establece:

“1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su art. 12, señala que:

“1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia. 2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio. 3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto. 4. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país”. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su art. 22.1 y 2, refiere:

“1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales. 2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio”. Así también, la anterior Constitución Política del Estado ya consideraba al derecho a la locomoción como un derecho fundamental por su estricta vinculación con el derecho a la libertad, ya que sin el ejercicio pleno de este derecho no podría ejercerse el derecho a la locomoción entendido como la potestad de las personas de circular y desplazarse libremente de un lugar a otro; en tal sentido, la jurisprudencia desde sus inicios instituyó su protección a través del habeas corpus, así pronunciándose sobre este derecho, la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre , refirió que entre las finalidades y modalidades protectivas del habeas estaba exclusivamente la protección de los derechos a la libertad física y de locomoción; entendimiento que se fue reiterando a través de la jurisprudencia entre ellas la SCP 0100/2011-R de 21 de febrero que señalo:

“…se constituye en una garantía jurisdiccional esencial, pues su ámbito de protección ahora incorpora al derecho a la vida -bien jurídico primario y fuente de los demás derechos del ser humano- junto a la clásica protección al derecho a la libertad física o personal, la garantía del debido proceso en los supuestos en que exista vinculación directa con el derecho a la libertad física y absoluto estado de indefensión (SC 1865/2004) y el derecho a la libertad de locomoción, cuando exista vinculación de este derecho con la libertad física o personal, el derecho a la vida o a la salud (SC 0023/2010-R)”. Razonamiento, reiterado en las SSCC 0023/2010-R de 13 de abril, 0040/2011-R de 7 de febrero y la SCP 0031/2012 del 16 de marzo, entre otras. En ese sentido, tanto la Norma Suprema como los instrumentos internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad, garantizan el derecho a la libertad de locomoción en todo el territorio nacional; asimismo, el derecho a la locomoción se mantuvo en el nuevo modelo constitucional que se caracteriza por ser más amplio y progresivo.

En esa línea la Corte IDH, indicó que este derecho tiene una condición indispensable para el libre desarrollo de toda persona, al exponer que:

“La Corte ha señalado que el derecho de circulación y residencia es una condición indispensable para el libre desarrollo de la persona y consiste, inter alia, en el derecho de quienes se encuentren legalmente dentro de un Estado a circular libremente en ese Estado y escoger su lugar de residencia” Empero, este derecho, si bien es una libertad trascendental, su universalidad, se encuentra parcialmente limitada o restringida legítimamente y bajo el cumplimiento estricto de ciertas condiciones, previstas en el art. 22.3 de la CADH. Por otra parte, el derecho en análisis también implica la posibilidad de salir libremente del país; de esa manera, el art. 22.2 de la CADH, establece que el derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio. La Convención ha entendido que de este derecho son titulares todas las personas, y que es oponible incluso frente al Estado del cual uno es nacional. A este respecto, la Corte IDH ha previsto que:

“El artículo 22 de la Convención protege el derecho de circulación y de residencia, el cual contempla el derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio, habiéndose alegado que este último aspecto ha sido violado en el presente caso. (…) Además, el Comité de Derechos Humanos se ha referido al derecho a salir libremente de cualquier país, respecto del cual señaló que: La libertad de salir del territorio de un Estado no puede hacerse depender de ningún fin concreto o del plazo que el individuo decida permanecer fuera del país. En consecuencia, dicha libertad incluye el viaje temporal al extranjero y la partida en caso de emigración permanente. Igualmente, el derecho de la persona a determinar el Estado de destino es parte de la garantía jurídica. El derecho de circulación y residencia, incluido el derecho a salir del país, pueden ser objeto de restricciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 22.3 y 30 de la Convención. Sin embargo, es necesario que dichas restricciones se encuentren expresamente fijadas por ley, y que estén destinadas a prevenir infracciones penales o a proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden público, la moral o la salud pública o los derechos y libertades de los demás, en la medida indispensable en una sociedad democrática”.

III.7. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la defensa, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de locomoción, así como al principio de seguridad jurídica; toda vez que, dentro el proceso que le sigue el Ministerio Público por la comisión del delito de violación de infante, niña, niño y adolescente con agravante, las autoridades demandadas a tiempo de resolver tanto su solicitud de cesación a la detención preventiva, como en la apelación contra la resolución de rechazo, incurrieron en las siguientes ilegalidades: a) Los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; emitieron la Resolución 18/2021 de 22 de septiembre, rechazando su solicitud de cesación a la detención preventiva, en base a una ampliación a la medida cautelar peticionada por el Ministerio Público, la cual no fue sustentada y fundamentada en audiencia pública, exigiendo que deba enervar todos los riesgos procesales que motivaron la aplicación de dicha medida, sin considerar lo establecido en el art. 239.2 del CPP respecto al cumplimiento del plazo de la detención preventiva; y, b) El Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz a tiempo de resolver el recurso de apelación incidental contra la Resolución 18/2021, confirmó la misma; empero; 1) No respondió a todos los agravios denunciados en su recurso de apelación, circunscribiendo su fundamento en normas constitucionales y convencionales que no fueron solicitados por el Ministerio Público; y, 2) Rechazó la cesación a la detención preventiva sin dar una explicación sobre las razones del porque aplicó la norma de otra forma a la destinada en el Código de Procedimiento Penal. Bajo ese marco, de inicio, es necesario señalar que, a partir de lo establecido en los arts. 203 de la CPE y 15 del Código Procesal Constitucional (CPCo), las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante no solo de manera vertical para jueces, tribunales y autoridades, sino también horizontal para el mismo Tribunal; bajo esa línea, habiéndose emitido la SCP 0394/2018-S2 citado por la SCP 0268/2020-S1 se generó un precedente trascendental para este Tribunal, pues se estableció la obligatoriedad de realizar un análisis integral del problema jurídico de las acciones de defensa cuando las mismas devengan de un contexto de violencia en razón de género (Fundamento Jurídico III.1); en tal sentido, en el presente caso, tomando en cuenta que la problemática traída en revisión emerge de un proceso penal cuya investigación se relaciona con actos de violación de infante niña, niño y adolescente con agravante, en el abordaje de la misma se debe considerar Estándares Internacionales para la protección de derechos de las mujeres niñas víctimas de violencia, pues es innegable que, el Estado al ser parte de los Sistemas Universal e Interamericano de Derechos Humanos tiene el deber de ejercer el control de convencionalidad y cumplir con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos; en ese entendido, este Tribunal, en conocimiento de la presente acción de libertad que emerge de un proceso penal en el que se debate hechos de violencia hacia las mujeres, se encuentra obligado de efectuar un análisis del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales; verificando si se cumplieron con los estándares internacionales e internos respecto a la protección del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, que de inobservarse generarán responsabilidad internacional del Estado ante el incumplimiento de sus obligaciones. En ese entendido, de los antecedentes adjuntos a la presente causa se arribaron a las conclusiones siguientes, dentro el proceso penal seguido contra el accionante por la comisión del delito de violación de infante, niña, niño y adolescente con agravante, el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz emitió la Sentencia 46/21 de 20 de septiembre de “2020”, por la cual se declaró culpable al impetrante de tutela, condenándolo a una pena privativa de libertad de treinta años sin derecho a indulto; por lo que, de forma posterior el 22 de septiembre de 2021, se llevó a cabo su audiencia de cesación a la detención preventiva, en la cual solicitó se aplique en su favor medidas sustitutivas, a lo cual, los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, rechazaron la solicitud de cesación a la detención preventiva solicitada por el peticionante de tutela a través de la Resolución 18/2021, la cual fue objeto de impugnación a través del recurso de apelación incidental, identificando los agravios sufridos por dicha determinación, solicitando la revocatoria de la misma, y al mismo tiempo la aplicación de medidas cautelares de carácter personal de detención domiciliaria, arraigo, fianza juratoria, económica o personal, y las prohibiciones que establece el art. 231 Bis del CPP, por lo que, dicho recurso fue resuelto por el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz mediante el Auto de Vista 468 de 8 de noviembre de 2021, por la que se declaró improcedente su recurso de apelación, y por lo mismo confirmó la resolución impugnada en todas sus partes (Conclusiones II.1, II.2, II.3, II.4 y II.5).

En ese contexto, la parte accionante denuncia a distintas autoridades jurisdiccionales: al Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y a los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del citado departamento, por haber lesionado sus derechos, tras emitir la Resolución 18/2021 y el Auto de Vista 468 respectivamente, en la que se rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva; por lo que, la problemática será analizada de forma separada para cada autoridad demandada, para posteriormente, como se mencionó líneas arriba, para verificar si las autoridades demandadas a momento de emitir las resoluciones cuestionadas cumplieron o no con la aplicación del enfoque interseccional en apego a los Estándares Internacionales y Nacionales, de la siguiente manera:

III.7.i) En relación a la Resolución 18/2021 de 22 de septiembre emitido por los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia

Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz El accionante denuncia que los demandados emitieron la Resolución 18/2021 de 22 de septiembre, rechazando su solicitud de cesación a la detención preventiva, en base a una ampliación a la medida cautelar peticionada por el Ministerio Público, la cual no fue sustentada y fundamentada en audiencia pública, exigiendo que deba enervar todos los riesgos procesales que motivaron la aplicación de dicha medida, sin considerar lo establecido en el art. 239.2 del CPP respecto al cumplimiento del plazo de la detención preventiva.

En ese contexto, debemos remitirnos a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, que refiere que: “…la fundamentación se refiere a la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa. Por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación”.

Es decir, que las Resoluciones deben contar con el contenido fundamentado, motivado y el respectivo razonamiento explicativo de la decisión asumida para que ésta quede al entendimiento de la parte interesada y la misma quede satisfecha con tal o cual determinación. La Corte IDH, en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de los Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, refirió que:

“…la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga la credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática.

El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En ese sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso” (sic [las negrillas son adicionadas]). En ese contexto, corresponde a esta jurisdicción constitucional, realizar la compulsa sobre si Resolución 18/2021 ahora impugnado, se encuentra debidamente fundamentada y motivada, a momento de haber rechazado la solicitud de cesación a la detención preventiva presentada por el accionante.

En ese orden de cosas, el impetrante de tutela, en la audiencia de cesación a la detención preventiva llevada a cabo el 22 de septiembre de 2021, señaló como argumentos descritos en la Conclusión II.2 de este fallo constitucional lo siguiente:

“ABOGADO DE LA DEFENSA: presidente mi defendido el señor Ascencio Velásquez vera ha sido sentenciado, eso no es óbice para que se le niega la cesación a la detención preventiva que tiene un carácter temporal, provisional y de carácter instrumental, este tribunal ha tomado conocimiento de la existencia de riesgos procesales por cuanto se ha cerrado el debate, no hay testigos, no hay peritos, tampoco hay la víctima, en cumplimiento al principio de legalidad y a lo que este tribunal ha determinado una ampliación de 120 días de duración de la detención preventiva, vencido al 13 de agosto del 2021 ,en cumplimiento al art. 239 un.2 de la ley 1173, corresponde que se aplique medidas sustitutivas a la detención preventiva señaladas en el art. 231 bis del CPP., suficientes para garantizar que el acusado comparezca a todos los actos del recurso que queda pendiente, y más allá del criterio personal que puedan tener frente al hecho suscitado y que han sido juzgado, cuando el principio de legalidad obedece solo cuando es indispensable y no debe de ser una condena anticipada, en ese entendido pido se aplique el art. 239 núm. 2) de la ley 1173 y 231 bis del CPP., y sea con detención domiciliaria previa verificación de su domicilio por autoridad no impedida y así también se ordene su arraigo a efectos que no se salga sin autorización de este tribunal y cualquier otra medida pertinente y de posible cumplimiento” (sic).

En ese orden de ideas, conforme lo descrito en la Conclusión II.3 de este fallo constitucional, se dictó la Resolución 18/2021, por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, por el que declararon rechazar la solicitud de cesación a la detención preventiva, bajo los siguientes argumentos:

“CONSIDERANDO: Que, la defensa realiza la presente solicitud amparándose en el art. 239 núm. 2) de la ley 1173, señalando que el plazo dado por el tribunal se habría vencido el 13 de agosto del 2021, razón por la cual se le debe dar las medidas sustitutivas a la detención preventiva a favor el acusado, aplicando el principio de legalidad, reconociendo y admitiendo que este tribunal ha condenado al acusado por lo que pide se cumpla el art. 231 bis del CPP, aplicándose las siguientes medidas sustitutivas como ser la detención preventiva en su domicilio, el arraigo y cualquier otra medida de posible cumplimiento.

Por su parte la señora fiscal señala que la defensa no ha desvirtuado los elementos subsistentes, como ser los riesgos procesales de fuga y el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, por lo que solicita se rechace la presente solicitud, por no haberse presentado nuevos elementos para desvirtuar los riesgos procesales que se encuentran vigentes.

Por su parte la defensoría de la niñez y adolescencia señala que se rechace la presente solicitud en razón a que no se ha presentado nuevos elementos para desvirtuar los riesgos procesales que se encuentran vigentes.

CONSIDERANDO Que, debemos establecer que el art. 239 núm. 2) de la ley 1173, señala que las medidas cautelares personales cesaran por el cumplimiento de de alguna de las siguientes causales.

2) cuando haya vencido el plazo respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de detención.

al respecto debemos señalar que en el presente proceso el ministerio publico solicito al tribunal la ampliación de un plazo para que subsista la necesidad de la detención preventiva del acusado y este tribunal concedió un plazo de 120 días, este plazo habría vencido pero sin embargo la defensa oportunamente no planteo la cesación a la detención preventiva por el cumplimiento de ese plazo de los 120 días que este tribunal concedió al ministerio público, tomándose en cuenta además que ya se dicto la sentencia en contra del acusado Asencio Velásquez vera por el delito de violación agravada, condenándolo a los 30 años de presidio sin derecho a indulto.

Se debe establecer también que por mandato del art. 221 del CPP., que establece que la libertad personal y demás derechos y garantías reconocidos a toda persona por la CPE, las convenciones y tratados internacionales vigentes, y este código solo podrán ser restringido cuando sea indispensable para asegurar la averiguación de la verdad el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley, al respecto debemos hacer mención que cuando se refiere al art. 221 del CPP., se concluye que existen postulados que deben prevalecer, de ello se colige que el proceso debe de ser entendido como un todo, compuesto por diferentes etapas procesales, así lo estableció la sentencia constitucional 0012/2021-S3 de 19 de febrero del 2021, la misma que establece que cuando el proceso se encuentre en la fase de recursos, apelación restringida, nulidad, y casación y al ser una de las finalidades de las medidas cautelares la aplicación de la ley, de acuerdo a lo previsto en el citado art. correspondería garantizar el desarrollo del mismo conforme sostuvo la autoridad accionada cuando señalo que el tribunal ad quo considero la excepcionalidad en el caso al tratarse de un grupo vulnerable así como la naturaleza del delito, la certeza de la responsabilidad, dada la gravedad del hecho que devino en la imposición de una pena de 30 años y que dicha sentencia que aun no adquirió la calidad de cosa juzgada, lo que asia conforme ya se refirió supra, a que los alcances y finalidad de la detención preventiva estaban vigentes y que ese fue el fundamento sustancial del tribunal de primera instancia y no una mera especulación como alegaba el accionante hoy peticionarte de tutela.

se debe tomar en cuenta también que la excepcionalidad para no otorgar la cesación a la detención preventiva impetrada, debido a que la víctima pertenecía a un grupo vulnerable y requería de una protección reforzada por parte del estado y por ende del órgano judicial así como la naturaleza del hecho vinculado con la certeza de la responsabilidad penal que derivó en una sanción penal de 30 años sin derecho a indulto y los alcances de esta medida cautelar es un razonamiento acorde con lo estableció en la línea jurisprudencial mencionada anteriormente, por lo que se tiene que cuando el juez cautelar dispuso la medida cautelar de detención preventiva había la probabilidad de autoría del imputado Ascencio Velásquez Vera, que para este tribunal que dictó la sentencia de fecha 20 de septiembre del 2021, quien lo condeno a una pena de 30 años de presidio sin derecho a indulto, esa probabilidad que tenía el juez cautelar, cambia de esta y viene a ser una certeza plena por la comisión del delito acusado por el ministerio público que es el de violación a infante niño niña y adolescente, por consiguiente es inviable dar curso a la solicitud realizada por la defensa.

POR TANTO

El Tribunal Segundo de Sentencia por unanimidad de votos de todos sus miembros y en aplicación de la jurisdicción y competencia que por ley ejerce y al no haberse cumplido con las formalidades establecidas por el art. 239 núm. 2) de la ley 1173, Resuelve: RECHAZAR la cesación a la detención preventiva solicitado por el acusado Ascencio Velasquez vera, tomando en cuenta que la defensa no presento ningún nuevo elemento para solicitar la cesación de la detención preventiva, para poder desvirtuar los riesgos procesales que aún subsisten, con la finalidad que la defensa pueda plantear su recurso de apelación incidental se concede el termino de 72 horas conforme lo establece el art. 251 del CPP., la misma que fue modificada por la ley 1173 en su art. 404, la misma que debe ser planteada en forma oral en esta audiencia” (sic).

En ese contexto, es necesario realizar el análisis acerca del cumplimiento de los requisitos de fundamentación y motivación con las que debe contar la resolución ahora impugnada; así tenemos:

i. Sobre la fundamentación

Los Jueces demandados, a momento de declarar el rechazo de su petición de cesación a la detención preventiva, se basaron en los arts. 221 y 239.2 del CPP. En ese contexto, se puede evidenciar que las autoridades demandadas, a momento de emitir la Resolución ahora cuestionada, fundamentaron su decisión en las normas insertas en el Código Adjetivo Penal, denotándose que dicha determinación cuenta con la fundamentación exigida por la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Resolución Constitucional, ya que dicha decisión tuvo su basamento en normas jurídicas vigentes, correspondiendo denegar la tutela al respecto. ii. Respecto a la motivación

Los demandados al emitir la Resolución 18/2021 de 22 de septiembre, por el cual determinaron rechazar la solicitud de cesación a la detención preventiva, señalaron que: a) El Ministerio Público solicitó al Tribunal la ampliación del plazo de detención la cual fue concedido por ciento veinte días; empero, tras haberse cumplido dicho plazo, el imputado no planteó la cesación a su detención preventiva por dicho cumplimiento; b) Se debe tomar en cuenta que se dictó Sentencia contra el acusado con la sanción de treinta años de presidio sin derecho al indulto; c) Al ser una de las finalidades de la detención preventiva la aplicación efectiva de la ley, se debe garantizar el desarrollo del proceso al tratarse de una víctima perteneciente a un grupo vulnerable; y, d) La presunta probabilidad de autoría del Juez cautelar, al existir una acusación dicho aspecto muta a una certeza de la comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente. Ahora bien, conforme se desarrolló en el acápite anterior, respecto a la fundamentación, que la resolución cuestionada contaría con dicho elemento del debido proceso, es menester examinar si dicha determinación, cuenta o no cuenta con la debida motivación, es decir, la subsunción de los hechos con las normas jurídicas que sirvieron como base para tomar la decisión impugnada, si se valoraron de forma objetiva las pruebas aportadas en el caso concreto, realizando esa argumentación lógico-jurídica, explicando los motivos y razones de dicha determinación, las que deben guardar coherencia e interdependencia con la norma jurídica a momento de fundamentar la decisión, elementos que fueron desarrollados de forma abundante en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Resolución Constitucional, las que deben ser cumplidas por toda autoridad sea esta judicial o administrativa, y el no hacerlo la misma se tornaría en arbitraria y por ende sin efecto legal alguno. En ese orden de ideas, de la revisión exhaustiva y minuciosa realizada a la Resolución 18/2021 emitida por las autoridades demandadas, la misma se refiere conforme a la Conclusión II.3 de este fallo constitucional, que:

“…se debe tomar en cuenta también que la excepcionalidad para no otorgar la cesación a la detención preventiva impetrada, debido a que la víctima pertenecía a un grupo vulnerable y requería de una protección reforzada por parte del estado y por ende del órgano judicial así como la naturaleza del hecho vinculado con la certeza de la responsabilidad penal que derivó en una sanción penal de 30 años sin derecho a indulto y los alcances de esta medida cautelar es un razonamiento acorde con lo estableció en la línea jurisprudencial mencionada anteriormente, por lo que se tiene que cuando el juez cautelar dispuso la medida cautelar de detención preventiva había la probabilidad de autoría del imputado Ascencio Velásquez Vera, que para este tribunal que dictó la sentencia de fecha 20 de septiembre del 2021, quien lo condeno a una pena de 30 años de presidio sin derecho a indulto, esa probabilidad que tenía el juez cautelar, cambia de esta y viene a ser una certeza plena por la comisión del delito acusado por el ministerio público que es el de violación a infante niño niña y adolescente, por consiguiente es inviable dar curso a la solicitud realizada por la defensa”. Así, se tiene que los demandados a momento de emitir la resolución cuestionada, señaló que al tratarse de víctimas pertenecientes a población vulnerable, se debía aplicar el fin de la detención preventiva que es la aplicación efectiva de la ley, máxime cuando existe una sentencia que lo condenó a una pena privativa de libertad de treinta años sin derecho a indulto por el delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, por lo que la supuesta probabilidad de autoría, quedó superada ante la existencia de una acusación fiscal y por ende de una sanción, siendo una labor y obligación del juzgador de velar por el fiel cumplimiento del proceso penal. En ese sentido, respecto a los supuestos de cesación a la detención preventiva -medidas cautelares personales- el art. 239.2 del CPP, modificado por la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019 -Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia de Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres- establece que:

“Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES) Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales:

1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida;

2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención;

3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga;

4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio…” (las negrillas nos pertenecen).

En ese orden de cosas, se tiene que si bien una de las causales para la cesación a la detención preventiva es el cumplimiento del plazo de la detención preventiva; empero, se tiene que tomar en cuenta que la finalidad de la medida extrema si bien es la aplicación de la ley y la garantía que el encausado se someterá al proceso, también se debe tener en cuenta que el plazo de la medida cautelar se aplica para la etapa preparatoria -investigación por parte del Ministerio Público-, en las que, mientras no exista una acusación o una sentencia condenatoria; empero, cuando ya se cuenta con dichos actos procesales, es menester para poder adquirir la cesación a la detención preventiva enervar los riesgos procesales que fundaron la aplicación de la medida extrema; extremos que fueron de cierta medida explicadas por los demandados; máxime cuando se trata de una víctima mujer en situación de violencia y menor de edad, debiendo no solo aplicarse lo establecido en el art. 239 del CPP, sino también a la hora de emitir una decisión sobre las peticiones del denunciado, imputado, acusado o sentenciado, debe de realizarse una ponderación entre los derechos del mismo con los de la víctima aplicando un enfoque interseccional conforme lo determina el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, aspectos ocurridos en el presente caso, pues las autoridades demandadas no solo realizaron un explicación sucinta de los supuestos legales por los cuales no es viable la concesión de la petición de cesación a la detención preventiva, sino también, de forma general, pero cumpliendo las obligaciones internacionales asumidas por el Estado, resaltó que tampoco es viable la cesación solicitada al ser las víctimas parte de una población vulnerable, y más que todo al existir una resolución condenatoria que lo sanciona con 30 años de presidio sin derecho a indulto al encontrarlo culpable y autor del delito de violación de infante, niña, niño y adolescente con agravante -Conclusión II.1-, la que si bien, dicha Sentencia condenatoria no se encuentra ejecutoriada y con calidad de cosa juzgada; empero, tampoco significa aquello que las causas que motivaron la aplicación de la detención preventiva hayan desaparecido, o que por el simple cumplimiento del plazo de la medida extrema deba necesariamente disponer la cesación a dicha detención y la aplicación de medidas cautelares de carácter personal con excepción de la detención preventiva, por la vulnerabilidad de las víctimas frente a su agresor -dos mujeres niñas frente a su abuelo-, aspectos que fueron debidamente explicados por las autoridades ahora demandadas. Aspectos a los cuales, y subsumiendo los adjetivos descritos en la norma, y lo descrito en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se advierte que las autoridades demandas subsumieron y explicaron el por qué no se aplica de forma directa el art. 239.2 del CPP para disponer su solicitud de la cesación a la detención preventiva, exigiendo de forma coherente cumplir con lo determinado en el art. 239.1 del mismo cuerpo legal; es decir, que el peticionante de tutela para lograr el cese de su detención debía necesariamente enervar todos los riesgos procesales que motivaron la aplicación de dicha medida, al existir ya una acusación formal y una sentencia en su contra, además que mencionó que en favor de las menores de edad víctimas deben aplicarse la protección reforzada en favor de las mismas, aspectos estos que fueron tomados en cuenta por los demandados a momento de emitir la resolución ahora impugnada, denotando que la Resolución 18/2021, se encuentra debidamente motivado, correspondiendo denegar la tutela al respecto.

III.7.ii) Respecto al Auto de Vista 468 de 8 de noviembre de 2021 pronunciado por el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz

El accionante refiere que el Vocal demandado al emitir el Auto de Vista 468, a tiempo de resolver el recurso de apelación incidental contra la Resolución 18/2021, confirmó la misma; empero; a) No respondió a todos los agravios denunciados en su recurso de apelación, circunscribiendo su fundamento en normas constitucionales y convencionales que no fueron solicitados por el Ministerio Público; y, b) Rechazó la cesación a la detención preventiva sin dar una explicación sobre las razones del porque aplicó la norma de otra forma a la destinada en el Código de Procedimiento Penal.

a. En relación a la primera sub problemática

La denuncia responde a que el Vocal demandado no respondió a todos los agravios denunciados en su recurso de apelación, circunscribiendo su fundamento en normas constitucionales y convencionales que no fueron solicitados por el Ministerio Público. En ese orden de ideas, en primer término, se estudiará el aspecto a la congruencia como elemento del debido proceso, considerado como vulnerado por el peticionante de tutela, verificando si efectivamente el demandado emitió la Resolución ahora impugnada sin una debida congruencia a los agravios reclamados.

Por lo que, a ese efecto, corresponde identificar los agravios planteado por el accionante en su recurso de apelación incidental interpuesto contra la Resolución 18/2021, que se encuentra plasmado en la Conclusión II.4 de este fallo constitucional; así se tiene, que en esencia expresa los siguientes agravios:

“…fundamentar tres agravios que este digno Tribunal debe reparar para la aplicación objetiva de la Ley para impartir justicia, toda persona está amparada por la Constitución Política del Estado y se presume su inocencia, en el momento de la definición de la situación jurídica de mi defendido Ascencio Velásquez Vera se determina la detención preventiva por 180 días, en el ínterin se presenta acusación y la autoridad jurisdiccional en la etapa preparatoria no pudo resolver, cuando llega al Tribunal de Sentencia el Ministerio Público habría solicitado una ampliación por 120 días, la misma que como toda petición vinculada al derecho a la libertad, en aplicación del art. 113 de la nueva Ley 1173 debe haber una audiencia oral para debatir y definir si corresponde o no, la petición del Ministerio Público para ampliar el plazo de la detención preventiva. Hay dos agravios, el primero que no se cumplió los 180 días y segundo cuando el Tribunal de Sentencia Penal 2° directamente admite y amplia dicho plazo de 120 a sola petición del Ministerio Público sin escuchar al imputado, no se realizó ninguna audiencia y estableció su vencimiento en fecha 13 de agosto de 2021, ese día por disposición del Tribunal a quo vencía el plazo de la detención preventiva, más allá del aspecto de fondo que es el juicio y los recursos que corresponden, pero en cuanto a la medida cautelar este era el plazo de acuerdo al art. 130 del Código de Procedimiento Penal, los plazos son improrrogables así sean plazo judicial o legal, este fue un plazo judicial por el Tribunal a quo concedió ese plazo al Ministerio Público. El Tribunal a quo cuando se solicitó cesación por el art. 239 núm. 2) del Código de Procedimiento Penal, señala que la defensa no lo habría solicitado, pero el Tribunal a quo impuso un plazo por lo que de oficio tendrían que señalar audiencia y llamar a las partes para aplicar las medidas sustitutivas que garanticen el desarrollo normal del proceso, la presencia del acusado en las instancias que corresponda, porque en el ínterin que se llevó el juicio terminó cuando condenaron a mi defendido, pero aún tenemos el recurso de apelación restringida, pero el Tribunal a quo se agarra de estos dos aspectos siendo que la defensa no lo había solicitado antes del 3 de agosto la audiencia, pero el Tribunal señaló la audiencia para esa fecha y no llevaron a cabo ninguna audiencia para resolver la detención preventiva provisional, dictan sentencia e indican que es otro elemento para finalmente denieguen la solicitud de medidas sustitutivas a la detención preventiva contenidas en el art. 231 bis del Código de Procedimiento Penal, ante esta situación la defensa interpone apelación incidental motivo de la presente audiencia siendo que la libertad es un derecho elemental para el ejercicio de la misma defensa ya que en el presente caso hay muchas dudas y se tiene que dar con el verdadero autor pero el Tribunal solamente sobre la acusación fiscal y un informe preliminar resolvió condenarlo, pero esta no es la última palabra por esta razones señor Vocal corresponde que verifique si se han cumplido con las formalidades que garantizan el debido proceso penal vinculado a la presunción de inocencia, la temporalidad, la provisionalidad de las medidas cautelares que tienen como finalidad simplemente asegurar el proceso, que el sujeto del proceso debe cumplir las medidas cautelares pero no siempre en detención, sino que puede ser en detención domiciliaria por lo que solicito que las medidas sustitutivas precisamente sean de detención domiciliaria, arraigo, fianza juratoria, económica o personal que su probidad considera pertinente útil y necesario, así como también las prohibiciones que la misma norma procesal penal establece para que el imputado se someta a las disposiciones que su probidad dicte en aplicación del art. 231 bis del Código de Procedimiento Penal, lo que corresponda hasta el vencimiento de la duración máxima de la detención preventiva que fueron ampliadas por 120 días y que venció en fecha 13 de agosto no pudiendo ampliarse más porque la Ley no lo autoriza, no es como antes en forma indeterminada, no estamos en un sistema inquisitivo para que el Tribunal a quo determine detención más detención, cuando no se tiene una sentencia condenatoria ejecutoriada, hay que revalorizar el art. 117 de la Constitución Política del Estado, que a nadie se le puede aplicar una condena anticipada sin haber sido oído y juzgado con las formalidades legales, por tanto siendo provisional la Sentencia de instancia que la misma es apelable, corresponde a su autoridad aplique medidas sustitutivas a la detención preventiva suficientes para garantizar que el acusado se va a someter al proceso” (sic).

Así puntualizado los agravios, corresponde establecer si el Auto de Vista 468 de 8 de noviembre de 2021 ahora cuestionado, dio o no respuesta a los agravios deducidos por el accionante; para dicho cometido, de la compulsa integral a la resolución mencionada, se tiene que la autoridad demandada en la referida resolución, conforme a la Conclusión II.5 de esta Resolución Constitucional, argumentó que:

“CONSIDERANDO: Que, el art. 398 del Código de Procedimiento Penal señala que: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”; este tribunal de alzada se va a circunscribir en analizar el recurso de apelación y la exposición de agravios que se plantean en la presente audiencia contra la resolución N° 18/21 de fecha 22 de septiembre de 2021, dictado por el Tribunal de Sentencia Penal 2° de la Capital. Con los fundamentos de la parte acusada apelante y la contestación del Ministerio Público; y del análisis del cuaderno procesal venido en apelación se tiene lo siguiente:

CONSIDERANDO: Que, Del análisis del proceso, la autoridad jurisdiccional en sus argumentos para dictar su resolución manifiesta que: “en el presente proceso solicitó al Tribunal la ampliación de un plazo para que subsista la necesidad de la detención preventiva del acusado, por lo que el Tribunal a quo concedió un plazo de 120 días, este plazo se habría vencido pero sin embargo la defensa oportunamente no planteo la cesación a la detención preventiva por el cumplimiento del plazo de los 120 días que este Tribunal concedió al Ministerio Público, tomándose en cuenta además que ya se dictó sentencia en contra del acusado Ascencio Velásquez Vera por el delito de Violación Agravada, condenándolo a los 30 años de presidio sin derecho a indulto, por lo tanto rechaza la solicitud de cesación a la detención preventiva”. El fin de la aplicación de la detención preventiva es garantizar lo que establece el art. 221 del Código de Procedimiento Penal: “La libertad personal y los demás derechos y garantías reconocidas a toda persona por la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y este Código, sólo podrán ser restringidos cuando sea indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley”; en el presente caso, si bien es evidente que se aplicó en un principio la detención preventiva por un plazo determinado y se solicitó además la ampliación, una vez presentada la acusación formal concluye la etapa investigativa, toda vez que la detención preventiva se aplica para que el Ministerio Público tenga la oportunidad de culminar con el proceso investigativo, cuando el Ministerio Público concluye con la investigación y presenta la acusación lo que se aplica es lo establecido en el art. 239 núm. 1) del Código de Procedimiento Penal: “Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida”; es decir desvirtúa los riesgos procesales que motivaron la detención preventiva. En el presente caso, como manifiesta la autoridad jurisdiccional que se habría vencido el plazo que solicitó el Ministerio Público para la realizar la correspondiente investigación, sin embargo, ese término estaba con acusación cuando se venció y en la actualidad se condenó al acusado con 30 años de presidio sin derecho al indulto.

Que, la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0012/2021-S3 de fecha 19 de febrero, considera la excepcionalidad en el caso de tratarse de un grupo vulnerable estableciendo que: “es pertinente señalar que en cuanto a las solicitudes de cesación de la detención preventiva donde las víctimas se encuentran dentro de un grupo considerado vulnerable, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha desarrollado entendimientos jurisprudenciales en sentido de que, cuando se analice la imposición de la referida medida cautelar, y por ende su cesación, el juzgador debe efectuar una labor que no solo implique la aplicación de la normativa procesal pertinente, sino que además debe tomar en cuenta ciertos principios a objeto de precautelar los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los involucrados en el proceso penal; es decir, tanto de quien se encuentra restringido en el ejercicio de su derecho a la libertad, así como de la víctima y otras partes intervinientes en el proceso; así, la SCP 0587/2020-S3 de 24 de septiembre, sostuvo que: ‘…la Constitución Política del Estado, en sus arts. 60 y 31.I, establece la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos mereciendo de manera inmediata su protección, y permitirle un acceso a la justicia pronta, oportuna y con asistencia especial, además de que prohíbe y sanciona cualquier forma de violencia ejercida sobre los mismos, circunstancia similar se advierte en los diversos instrumentos internacionales emitidos sobre este caso como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer Convención Belém Do Pará, que señala el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres en situación de violencia, ya sea en su integridad física, sexual o psicológica.’”

Que, El delito acusado, se trata de Violación a Niño, Niña y Adolescente; es decir, contra personas que tiene una protección reforzada, así está establecido en el art. 239 núm. 4) del Código de Procedimiento Penal: “Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas”; es decir que las reglas del vencimiento del plazo de la detención preventiva, no opera en delitos contra Niños, Niñas o Adolescentes, necesariamente tiene que desvirtuar los riesgos procesales que motivaron su detención, conforme a lo establecido en el art. 239 núm. 1) del Código de Procedimiento Penal: “Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida”.

POR TANTO

El suscrito Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, administrando justicia a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, en virtud a la jurisdicción y competencia que por ley ejerce, en estricta aplicación de los arts. 115.II, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado, art. 398 y 251 del Código de Procedimiento Penal, declara: ADMISIBLE e IMPROCEDENTE LA APELACIÓN INCIDENTAL INTERPUESTA EL ACUSADO ASCENCIO VELÁSQUEZ VERA, EN CONSECUENCIA SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADO POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL 2° DE LA CAPITAL” (sic). i) Respecto al primer agravio, referido a que antes de que se cumpliera los ciento ochenta días de detención preventiva dispuesta por el Juez a quo, se remitió los antecedentes al Tribunal de Sentencia Penal Segundo con la acusación formal, en la cual, el Ministerio Público volvió a solicitar la ampliación de la detención preventiva por otros ciento veinte días, la autoridad demandada indico que, para poder solicitar una cesación a la detención preventiva, debía basarse en lo estipulado en el art. 239.1 del CPP; toda vez, si bien feneció el plazo de duración de la detención preventiva, al haberse vencido cuando ya existía una acusación formal en su contra, ya carece de relevancia; puesto que, el plazo de detención preventiva sirve al Ministerio Público para que el mismo realice actos investigativos , aspectos sucede en su caso, además que ya existe una sentencia condenatoria en su contra por el tiempo de treinta años de presidio sin derecho a indulto, por lo que, si el acusado pretendía beneficiarse con la cesación a la detención preventiva, debió desvirtuar los riesgos procesales que determinaron la aplicación de la extrema ratio, concluyéndose que existe respuesta a dicho agravio denunciado. ii) Sobre el segundo agravio, en relación a que una vez el Ministerio Público solicitó al Tribunal de Sentencia Penal Segundo la ampliación de su detención preventiva por el tiempo de ciento veinte días, dicho Tribunal concedió la petición sin llamar de forma previa a una audiencia, ampliando la detención preventiva hasta el 13 de agosto, y cuando se cumplió dicho plazo, no llamó de oficio a una audiencia para aplicar las medidas sustitutivas, ya que el Código de Procedimiento Penal no permite más ampliaciones, debiendo haberse aplicado otras medidas; empero, cuando se solicitó la aplicación de las mismas, el Tribunal de Sentencia referido prescribió de forma discrecional que se enerven los riegos procesales que motivaron su detención preventiva, el Vocal accionado señaló que: a) Se aplicó la detención preventiva por un plazo determinado, en la que se solicitó su ampliación, y cuando se presentó la acusación formal terminó la etapa de investigación dada al Ministerio Público, debiendo aplicarse de forma posterior lo establecido en el art. 239.1 del CPP, debiendo desvirtuar los riegos procesales de motivaron la aplicación de la detención preventiva, además que en el caso se emitió una sentencia condenatoria de treinta años de presidio sin derecho a indulto; y, b) La causa penal es de violación de niño, niña y adolescente, existiendo una protección reforzada contenido en el art. 239.4 del CPP, en la cual el solo cumplimiento del plazo de la detención preventiva, no se aplica para delitos de violación de niña, niño y adolescente, debiendo necesariamente enervar los riegos procesales que dieron lugar a su detención preventiva en base a lo establecido en el art. 239.1 del mismo cuerpo legal, quedando contestado el punto demandado.

En ese entrever, de la lectura de ambos documentos procesales, es posible remitirnos inicialmente a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional referido a la congruencia de las resoluciones como parte esencial del debido proceso, que consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; que no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contendido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución; debiendo ser comprendida como congruencia externa, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador o autoridad administrativa, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva. Bajo ese marco, conforme a lo descrito respecto del recurso de apelación incidental y el Auto de Vista ahora cuestionado, se puede establecer que la misma contiene una debida congruencia, ya que la autoridad demandada dio respuesta a los dos agravios denunciados en la presente acción de defensa deducidos por el accionante, por lo que corresponde denegar la tutela respecto a esta.

b. Sobre la segunda sub problemática

El reclamo está centrado en que el Vocal accionado rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva sin dar una explicación sobre las razones del porque aplicó la norma de otra forma a la destinada en el Código de Procedimiento Penal. En ese contexto, es pertinente previamente remitirnos a lo descrito en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, que refiere que:

“…la fundamentación se refiere a la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa. Por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación”.

Es decir, que las Resoluciones deben contar con el contenido fundamentado, motivado y el respectivo razonamiento explicativo de la decisión asumida para que ésta quede al entendimiento de la parte interesada y la misma quede satisfecha con tal o cual determinación. La Corte IDH, en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de los Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, refirió que:

“…la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga la credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática.

El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En ese sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso” (sic [las negrillas son adicionadas]).

Y que dicha labor de los órganos jurisdiccionales, al tratarse de tribunales de apelación, respecto a solicitudes de aplicación de medidas cautelares, el referido Fundamento Jurídico III.3, indicó que la aplicación del art. 398 del CPP, no debe ser entendida en su literalidad, sino interpretada de forma integral y sistémica; lo cual, exige que estas autoridades jurisdiccionales, luego de un análisis integral de supuesto, deben fundamentar y motivar sus decisiones precisando los elementos de convicción que permitan concluir en la necesidad de modificar, rechazar medidas cautelares o determinar la cesación o rechazo de esa solicitud; a cuyo efecto, deben también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del Código Adjetivo Penal, a través de una resolución con la debida justificación normativa, conforme lo dispone el art. 236.4 del CPP. No siendo admisible que los tribunales de apelación basen sus determinaciones en presunciones relativas a los riesgos de fuga y obstaculización, debiendo demostrar con una cabal fundamentación y motivación la necesidad de la detención preventiva, y de no hacerlo se torna en una arbitrariedad que vulnera los derechos previstos por la Norma Suprema. En ese contexto, corresponde a esta jurisdicción constitucional, realizar la compulsa sobre si el Auto de Vista 468 ahora impugnado, se encuentra debidamente fundamentada y motivada, a momento de haber rechazado la solicitud de cesación a la detención preventiva presentada por el accionante, y por consiguiente haber confirmado la Resolución 18/2021 pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz. En ese orden de cosas, del segundo motivo de apelación -segundo agravio- descrito en el recurso de apelación incidental presentado por el impetrante de tutela, descrito en la Conclusión II.4 de esta Resolución Constitucional, respecto a la denuncia ahora analizada, el peticionante señaló que:

“…segundo cuando el Tribunal de Sentencia Penal 2° directamente admite y amplia dicho plazo de 120 a sola petición del Ministerio Público sin escuchar al imputado, no se realizó ninguna audiencia y estableció su vencimiento en fecha 13 de agosto de 2021, ese día por disposición del Tribunal a quo vencía el plazo de la detención preventiva, más allá del aspecto de fondo que es el juicio y los recursos que corresponden, pero en cuanto a la medida cautelar este era el plazo de acuerdo al art. 130 del Código de Procedimiento Penal, los plazos son improrrogables así sean plazo judicial o legal, este fue un plazo judicial por el Tribunal a quo concedió ese plazo al Ministerio Público. El Tribunal a quo cuando se solicitó cesación por el art. 239 núm. 2) del Código de Procedimiento Penal, señala que la defensa no lo habría solicitado, pero el Tribunal a quo impuso un plazo por lo que de oficio tendrían que señalar audiencia y llamar a las partes para aplicar las medidas sustitutivas que garanticen el desarrollo normal del proceso, la presencia del acusado en las instancias que corresponda, porque en el ínterin que se llevó el juicio terminó cuando condenaron a mi defendido, pero aún tenemos el recurso de apelación restringida, pero el Tribunal a quo se agarra de estos dos aspectos siendo que la defensa no lo había solicitado antes del 3 de agosto la audiencia, pero el Tribunal señaló la audiencia para esa fecha y no llevaron a cabo ninguna audiencia para resolver la detención preventiva provisional, dictan sentencia e indican que es otro elemento para finalmente denieguen la solicitud de medidas sustitutivas a la detención preventiva contenidas en el art. 231 bis del Código de Procedimiento Penal, ante esta situación la defensa interpone apelación incidental motivo de la presente audiencia siendo que la libertad es un derecho elemental para el ejercicio de la misma defensa ya que en el presente caso hay muchas dudas y se tiene que dar con el verdadero autor pero el Tribunal solamente sobre la acusación fiscal y un informe preliminar resolvió condenarlo, pero esta no es la última palabra por esta razones señor Vocal corresponde que verifique si se han cumplido con las formalidades que garantizan el debido proceso penal vinculado a la presunción de inocencia, la temporalidad, la provisionalidad de las medidas cautelares que tienen como finalidad simplemente asegurar el proceso, que el sujeto del proceso debe cumplir las medidas cautelares pero no siempre en detención, sino que puede ser en detención domiciliaria por lo que solicito que las medidas sustitutivas precisamente sean de detención domiciliaria, arraigo, fianza juratoria, económica o personal que su probidad considera pertinente útil y necesario, así como también las prohibiciones que la misma norma procesal penal establece para que el imputado se someta a las disposiciones que su probidad dicte en aplicación del art. 231 bis del Código de Procedimiento Penal, lo que corresponda hasta el vencimiento de la duración máxima de la detención preventiva que fueron ampliadas por 120 días y que venció en fecha 13 de agosto no pudiendo ampliarse más porque la Ley no lo autoriza, no es como antes en forma indeterminada, no estamos en un sistema inquisitivo para que el Tribunal a quo determine detención más detención, cuando no se tiene una sentencia condenatoria ejecutoriada, hay que revalorizar el art. 117 de la Constitución Política del Estado, que a nadie se le puede aplicar una condena anticipada sin haber sido oído y juzgado con las formalidades legales, por tanto siendo provisional la Sentencia de instancia que la misma es apelable, corresponde a su autoridad aplique medidas sustitutivas a la detención preventiva suficientes para garantizar que el acusado se va a someter al proceso”. (sic).

En ese orden de ideas, conforme lo descrito en la Conclusión II.5 de este fallo constitucional, respecto a dicha denuncia, se tiene que el demandado, a momento de emitir el Auto de Vista 468, refiere que:

“CONSIDERANDO: Que, Del análisis del proceso, la autoridad jurisdiccional en sus argumentos para dictar su resolución manifiesta que: “en el presente proceso solicitó al Tribunal la ampliación de un plazo para que subsista la necesidad de la detención preventiva del acusado, por lo que el Tribunal a quo concedió un plazo de 120 días, este plazo se habría vencido pero sin embargo la defensa oportunamente no planteo la cesación a la detención preventiva por el cumplimiento del plazo de los 120 días que este Tribunal concedió al Ministerio Público, tomándose en cuenta además que ya se dictó sentencia en contra del acusado Ascencio Velásquez Vera por el delito de Violación Agravada, condenándolo a los 30 años de presidio sin derecho a indulto, por lo tanto rechaza la solicitud de cesación a la detención preventiva”. El fin de la aplicación de la detención preventiva es garantizar lo que establece el art. 221 del Código de Procedimiento Penal: “La libertad personal y los demás derechos y garantías reconocidas a toda persona por la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y este Código, sólo podrán ser restringidos cuando sea indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley”; en el presente caso, si bien es evidente que se aplicó en un principio la detención preventiva por un plazo determinado y se solicitó además la ampliación, una vez presentada la acusación formal concluye la etapa investigativa, toda vez que la detención preventiva se aplica para que el Ministerio Público tenga la oportunidad de culminar con el proceso investigativo, cuando el Ministerio Público concluye con la investigación y presenta la acusación lo que se aplica es lo establecido en el art. 239 núm. 1) del Código de Procedimiento Penal: “Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida”; es decir desvirtúa los riesgos procesales que motivaron la detención preventiva. En el presente caso, como manifiesta la autoridad jurisdiccional que se habría vencido el plazo que solicitó el Ministerio Público para la realizar la correspondiente investigación, sin embargo, ese término estaba con acusación cuando se venció y en la actualidad se condenó al acusado con 30 años de presidio sin derecho al indulto.

Que, la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0012/2021-S3 de fecha 19 de febrero, considera la excepcionalidad en el caso de tratarse de un grupo vulnerable estableciendo que: “es pertinente señalar que en cuanto a las solicitudes de cesación de la detención preventiva donde las víctimas se encuentran dentro de un grupo considerado vulnerable, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha desarrollado entendimientos jurisprudenciales en sentido de que, cuando se analice la imposición de la referida medida cautelar, y por ende su cesación, el juzgador debe efectuar una labor que no solo implique la aplicación de la normativa procesal pertinente, sino que además debe tomar en cuenta ciertos principios a objeto de precautelar los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los involucrados en el proceso penal; es decir, tanto de quien se encuentra restringido en el ejercicio de su derecho a la libertad, así como de la víctima y otras partes intervinientes en el proceso; así, la SCP 0587/2020-S3 de 24 de septiembre, sostuvo que: ‘…la Constitución Política del Estado, en sus arts. 60 y 31.I, establece la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos mereciendo de manera inmediata su protección, y permitirle un acceso a la justicia pronta, oportuna y con asistencia especial, además de que prohíbe y sanciona cualquier forma de violencia ejercida sobre los mismos, circunstancia similar se advierte en los diversos instrumentos internacionales emitidos sobre este caso como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer Convención Belém Do Pará, que señala el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres en situación de violencia, ya sea en su integridad física, sexual o psicológica.’” Que, El delito acusado, se trata de Violación a Niño, Niña y Adolescente; es decir, contra personas que tiene una protección reforzada, así está establecido en el art. 239 núm. 4) del Código de Procedimiento Penal: “Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas”; es decir que las reglas del vencimiento del plazo de la detención preventiva, no opera en delitos contra Niños, Niñas o Adolescentes, necesariamente tiene que desvirtuar los riesgos procesales que motivaron su detención, conforme a lo establecido en el art. 239 núm. 1) del Código de Procedimiento Penal: “Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida”.

POR TANTO

El suscrito Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, administrando justicia a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, en virtud a la jurisdicción y competencia que por ley ejerce, en estricta aplicación de los arts. 115.II, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado, art. 398 y 251 del Código de Procedimiento Penal, declara: ADMISIBLE e IMPROCEDENTE LA APELACIÓN INCIDENTAL INTERPUESTA EL ACUSADO ASCENCIO VELÁSQUEZ VERA, EN CONSECUENCIA SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADO POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL 2° DE LA CAPITAL” (sic). En ese contexto, es necesario realizar el análisis acerca del cumplimiento de los requisitos de fundamentación y motivación con las que debe contar la resolución ahora impugnada; así tenemos: a. Sobre la fundamentación

El Vocal demandado, al declarar la improcedencia del recurso de apelación incidental presentada por el impetrante de tutela, respecto al rechazo de su petición de cesación a la detención preventiva, y consiguientemente confirmó la Resolución 18/2021, en base a los arts. 115.II, 178 y 180 de la CPE; y, 221, 239.1 y 4, 251 y 398 del CPP. En ese contexto, se puede evidenciar que la autoridad demandada, a momento de emitir el Auto de Vista ahora impugnado, fundamentó su decisión en las normas insertas en la Norma Suprema y el Código Adjetivo Penal, denotándose que dicha determinación cuenta con la fundamentación exigida por la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, ya que dicha decisión tuvo su basamento en normas jurídicas vigentes, correspondiendo denegar la tutela al respecto. b. Respecto a la motivación

El demandado al declarar la improcedencia del recurso de apelación incidental presentada por el impetrante de tutela, respecto al rechazo de su petición de cesación a la detención preventiva, y consiguientemente confirmó la Resolución 18/2021, indicó que: 1) Se aplicó la detención preventiva por un plazo determinado, en la que se solicitó su ampliación, y cuando se presentó la acusación formal terminó la etapa de investigación dada al Ministerio Público, debiendo aplicarse de forma posterior lo establecido en el art. 239.1 del CPP, debiendo desvirtuar los riegos procesales de motivaron la aplicación de la detención preventiva, además que en el caso se emitió una sentencia condenatoria de treinta años de presidio sin derecho a indulto; y, 2) La causa penal es de violación de niño, niña y adolescente, existiendo una protección reforzada contenido en el art. 239.4 del CPP, en la cual el solo cumplimiento del plazo de la detención preventiva, no se aplica para delitos de violación de niña, niño y adolescente, debiendo necesariamente enervar los riegos procesales que dieron lugar a su detención preventiva en base a lo establecido en el art. 239.1 del mismo cuerpo legal Ahora bien, conforme se desarrolló en el acápite anterior, respecto a la fundamentación, que la resolución cuestionada contaría con dicho elemento del debido proceso, es menester examinar si dicha determinación, cuenta o no cuenta con la debida motivación, es decir, la subsunción de los hechos con las normas jurídicas que sirvieron como base para tomar la decisión impugnada, si se valoraron de forma objetiva las pruebas aportadas en el caso concreto, realizando esa argumentación lógico-jurídica, explicando los motivos y razones de dicha determinación, las que deben guardar coherencia e interdependencia con la norma jurídica a momento de fundamentar la decisión, elementos que fueron desarrollados de forma abundante en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Resolución Constitucional, las que deben ser cumplidas por toda autoridad sea esta judicial o administrativa, y el no hacerlo la misma se tornaría en arbitraria y por ende sin efecto legal alguno. En ese orden de ideas, de la revisión exhaustiva y minuciosa realizada al Auto de Vista 468 emitida por la autoridad demandada, la misma refiere conforme a la Conclusión II.5 de este fallo constitucional, que:

“…en el presente caso, si bien es evidente que se aplicó en un principio la detención preventiva por un plazo determinado y se solicitó además la ampliación, una vez presentada la acusación formal concluye la etapa investigativa, toda vez que la detención preventiva se aplica para que el Ministerio Público tenga la oportunidad de culminar con el proceso investigativo, cuando el Ministerio Público concluye con la investigación y presenta la acusación lo que se aplica es lo establecido en el art. 239 núm. 1) del Código de Procedimiento Penal: “Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida”; es decir desvirtúa los riesgos procesales que motivaron la detención preventiva. En el presente caso, como manifiesta la autoridad jurisdiccional que se habría vencido el plazo que solicitó el Ministerio Público para la realizar la correspondiente investigación, sin embargo, ese término estaba con acusación cuando se venció y en la actualidad se condenó al acusado con 30 años de presidio sin derecho al indulto. (…).

Que, El delito acusado, se trata de Violación a Niño, Niña y Adolescente; es decir, contra personas que tiene una protección reforzada, así está establecido en el art. 239 núm. 4) del Código de Procedimiento Penal: “Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas”; es decir que las reglas del vencimiento del plazo de la detención preventiva, no opera en delitos contra Niños, Niñas o Adolescentes, necesariamente tiene que desvirtuar los riesgos procesales que motivaron su detención, conforme a lo establecido en el art. 239 núm. 1) del Código de Procedimiento Penal: “Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida” (sic). Así, se tiene que el accionado a momento de emitir la resolución ahora impugnada, señaló que el objeto de la detención preventiva es garantizar el sometimiento del imputado en el proceso, al existir los riesgos de fuga y obstaculización en el accionar del sindicado; situación que hasta antes de la acusación formal puede ser ampliado por petición del Ministerio Público y que ante el cumplimiento del plazo el imputado puede solicitar la cesación a la detención preventiva. Así también, indicó que una vez que se presenta la acusación formal -como ocurre en el presente caso- la figura de cesación a la detención preventiva no opera por el solo cumplimiento del plazo de la detención preventiva, sino que al haber culminado la etapa de investigación por parte del Ministerio Público, la solicitud de cesación a la detención preventiva ya no debe estar centrado al simple cumplimiento del plazo; sino, a enervar todos los riesgos procesales que motivaron la aplicación de la extrema medida, agregando además que la causal de cesación a la detención preventiva inserta en el art. 239.4 del CPP no se aplica en delitos de violación a niñas, niños y adolescente, y que al tratarse de un delito de esa magnitud, debe aplicarse una protección reforzada en apego al interés superior del niño conforme a los arts. 60 y 61.I de la CPE. En ese sentido, los arts. 123; 231 bis.I.10; 233; y, 239.1, 2, 3 y 4 del CPP, modificado por la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019 -Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia de Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres- respecto a la aplicación, ampliación y cesación de la detención preventiva, establecen que:

“Artículo 123. (RESOLUCIONES). La jueza, el juez o tribunal dictarán sus resoluciones en forma de providencias, autos interlocutorios y sentencia, y deberán advertir si éstas son recurribles, por quienes y en qué plazo. (…). Las únicas resoluciones que podrán ser pronunciadas sin necesidad de audiencias son las que resuelven la cesación a la detención preventiva por las causales contempladas en los numerales 3 y 4 del Artículo 239 de este Código, la que disponga la aplicación de un criterio de oportunidad según lo previsto en el Parágrafo I del Artículo 328 de este Código y la que disponga la ratificación, modificación o revocatoria de una medida de protección especial en favor de la víctima según lo previsto en el Parágrafo II del Artículo 389 ter de este Código (las negrillas nos corresponden). Artículo 231 bis. (MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). I. Cuando existan suficientes elementos de convicción que permitan sostener que el imputado es con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible y además existan en su contra suficientes elementos de convicción que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad, la jueza, el juez o tribunal, únicamente a petición del fiscal o del querellante, podrá imponer al imputado una o más de las medidas cautelares personales siguientes: (…). 10. Detención preventiva únicamente en los casos permitidos por este Código (las negrillas fueron añadidas). Artículo 233. (REQUISITOS PARA LA DETENCIÓN PREVENTIVA). La detención preventiva únicamente será impuesta cuando las demás medidas cautelares personales sean insuficientes para asegurar la presencia del imputado y el no entorpecimiento de la averiguación del hecho. Será aplicable siempre previa imputación formal y a pedido del fiscal o víctima, aunque no se hubiera constituido en querellante, quienes deberán fundamentar y acreditar en audiencia pública los siguientes extremos: 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; 3. El plazo de duración de la detención preventiva solicitada y los actos investigativos que realizará en dicho término, para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la Ley. En caso de que la medida sea solicitada por la víctima o el querellante, únicamente deberá especificar de manera fundamentada el plazo de duración de la medida. El plazo de duración de la detención preventiva podrá ser ampliado a petición fundada del fiscal y únicamente cuando responda a la complejidad del caso. La ampliación también podrá ser solicitada por el querellante cuando existan actos pendientes de investigación solicitados oportunamente al fiscal y no respondidos por éste. (Las negrillas nos corresponden). Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES) Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida;

2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención; 3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio…” (las negrillas nos pertenecen).

Aspectos a los cuales, y subsumiendo los adjetivos descritos en la norma, y lo descrito en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se advierte que la autoridad demandada concluyó que el hecho de haberse cumplido el plazo de la detención preventiva impuesta al accionante no es una causal de aplicación directa para determinar su cesación a la detención preventiva, máxime cuando dicho plazo y pese incluso no exista acusación o sentencia no opera en delitos de violación a niña, niño o adolescente -proceso penal de violación a infante niña, niño o adolescente con agravante que se le sigue al impetrante de tutela-, por lo que al no operar estas causales en el delito mencionado, se tiene que el Vocal demandado subsumió y explicó el por qué se debía aplicar el art. 239.1 del CPP para la solicitud de la cesación a la detención preventiva; es decir, que el peticionante de tutela para lograr el cese de su detención debía necesariamente enervar todos los riesgos procesales que motivaron la aplicación de dicha medida, al existir ya una acusación formal en su contra, además que mencionó que al existir menores de edad víctimas deben aplicarse la protección reforzada en favor de las mismas, todos estos aspectos fueron tomados en cuenta por el demandado a momento de emitir la resolución ahora impugnada, denotando que el Auto de Vista 468 de 8 de noviembre de 2021, se encuentra debidamente motivado, correspondiendo denegar la tutela al respecto. Así también, con la decisión asumida se puede entrever que el Vocal demandado no vulneró los derechos a la defensa, tutela judicial efectiva y a la circulación, descritos en los Fundamentos Jurídicos III.4, III.5 y III.6 de esta Resolución Constitucional; toda vez que, el accionante ejerció su derecho a la defensa desde el primer momento en el proceso penal que se le sigue en su contra por la comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente con agravante en todas las etapas del proceso, hasta la audiencia de apelación del rechazo a su solicitud de cesación a la detención preventiva conforme se establece de la Conclusión II.4 de este fallo constitucional; de igual modo, tuvo la oportunidad en los plazos previstos por la Norma Adjetiva Penal el poder oponer los recursos que creyere conveniente contra las resoluciones judiciales que a su criterio fueron lesivos a sus derechos y garantías constitucionales con el objetivo de obtener una resolución acorde a sus intereses, así se tiene de las Conclusiones II.4 y II.5 de esta Resolución Constitucional que interpuso el Recurso de Apelación Incidental contra la Resolución 18/2021 emitido por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, obteniendo como respuesta el Auto de Vista 468 ahora impugnado, no evidenciándose que se le haya impedido la interposición de dicho recurso y su correspondiente fundamentación en una audiencia; y por último, con relación a su derecho a la libertad de circulación, se tiene que tener en cuenta que tanto su libertad personal, como el de circulación no fue privado de forma arbitraria, sino que dicha restricción es fruto de una resolución de aplicación de medidas cautelares que devino en su detención preventiva por la investigación abierta en su contra por el delito anteriormente referido, por lo que no se encuentra restringido de dicho derecho de forma ilegal y arbitraria, correspondiendo denegar la tutela respecto a los derechos a la defensa, tutela judicial efectiva y libertad de circulación.

III.7.iii). Sobre la aplicación del enfoque interseccional en el caso concreto

Ahora bien, en el presente caso se analizará el asunto de manera integral dentro el proceso penal que nos ocupa tal como se estableció en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en ese orden de ideas, se tiene que contra el accionante se aplicó la extrema ratio de detención preventiva por la comisión del delito de violación de infante, niña, niño y adolescente con agravante, la que tras haber solicitado la cesación a la detención preventiva, la misma fue rechazado por el Tribunal a quo mediante la Resolución 18/2021, resolución que fue apelada por lo cual el Vocal demandado declaró improcedente la impugnación ratificando la Resolución apelada a través del Auto de Vista 468 de 8 de noviembre de 2021, manteniendo su detención preventiva, decisión que fue tomado bajo los fundamentos siguientes:

“CONSIDERANDO: Que, Del análisis del proceso, la autoridad jurisdiccional en sus argumentos para dictar su resolución manifiesta que: “en el presente proceso solicitó al Tribunal la ampliación de un plazo para que subsista la necesidad de la detención preventiva del acusado, por lo que el Tribunal a quo concedió un plazo de 120 días, este plazo se habría vencido pero sin embargo la defensa oportunamente no planteo la cesación a la detención preventiva por el cumplimiento del plazo de los 120 días que este Tribunal concedió al Ministerio Público, tomándose en cuenta además que ya se dictó sentencia en contra del acusado Ascencio Velásquez Vera por el delito de Violación Agravada, condenándolo a los 30 años de presidio sin derecho a indulto, por lo tanto rechaza la solicitud de cesación a la detención preventiva”. El fin de la aplicación de la detención preventiva es garantizar lo que establece el art. 221 del Código de Procedimiento Penal: “La libertad personal y los demás derechos y garantías reconocidas a toda persona por la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y este Código, sólo podrán ser restringidos cuando sea indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley”; en el presente caso, si bien es evidente que se aplicó en un principio la detención preventiva por un plazo determinado y se solicitó además la ampliación, una vez presentada la acusación formal concluye la etapa investigativa, toda vez que la detención preventiva se aplica para que el Ministerio Público tenga la oportunidad de culminar con el proceso investigativo, cuando el Ministerio Público concluye con la investigación y presenta la acusación lo que se aplica es lo establecido en el art. 239 núm. 1) del Código de Procedimiento Penal: “Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida”; es decir desvirtúa los riesgos procesales que motivaron la detención preventiva. En el presente caso, como manifiesta la autoridad jurisdiccional que se habría vencido el plazo que solicitó el Ministerio Público para la realizar la correspondiente investigación, sin embargo, ese término estaba con acusación cuando se venció y en la actualidad se condenó al acusado con 30 años de presidio sin derecho al indulto.

Que, la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0012/2021-S3 de fecha 19 de febrero, considera la excepcionalidad en el caso de tratarse de un grupo vulnerable estableciendo que: “es pertinente señalar que en cuanto a las solicitudes de cesación de la detención preventiva donde las víctimas se encuentran dentro de un grupo considerado vulnerable, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha desarrollado entendimientos jurisprudenciales en sentido de que, cuando se analice la imposición de la referida medida cautelar, y por ende su cesación, el juzgador debe efectuar una labor que no solo implique la aplicación de la normativa procesal pertinente, sino que además debe tomar en cuenta ciertos principios a objeto de precautelar los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los involucrados en el proceso penal; es decir, tanto de quien se encuentra restringido en el ejercicio de su derecho a la libertad, así como de la víctima y otras partes intervinientes en el proceso; así, la SCP 0587/2020-S3 de 24 de septiembre, sostuvo que: ‘…la Constitución Política del Estado, en sus arts. 60 y 31.I, establece la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos mereciendo de manera inmediata su protección, y permitirle un acceso a la justicia pronta, oportuna y con asistencia especial, además de que prohíbe y sanciona cualquier forma de violencia ejercida sobre los mismos, circunstancia similar se advierte en los diversos instrumentos internacionales emitidos sobre este caso como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer Convención Belém Do Pará, que señala el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres en situación de violencia, ya sea en su integridad física, sexual o psicológica.’”

Que, El delito acusado, se trata de Violación a Niño, Niña y Adolescente; es decir, contra personas que tiene una protección reforzada, así está establecido en el art. 239 núm. 4) del Código de Procedimiento Penal: “Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas”; es decir que las reglas del vencimiento del plazo de la detención preventiva, no opera en delitos contra Niños, Niñas o Adolescentes, necesariamente tiene que desvirtuar los riesgos procesales que motivaron su detención, conforme a lo establecido en el art. 239 núm. 1) del Código de Procedimiento Penal: “Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida”.

POR TANTO

El suscrito Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, administrando justicia a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, en virtud a la jurisdicción y competencia que por ley ejerce, en estricta aplicación de los arts. 115.II, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado, art. 398 y 251 del Código de Procedimiento Penal, declara: ADMISIBLE e IMPROCEDENTE LA APELACIÓN INCIDENTAL INTERPUESTA EL ACUSADO ASCENCIO VELÁSQUEZ VERA, EN CONSECUENCIA SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADO POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL 2° DE LA CAPITAL (sic [Conclusión II.5]). Conforme lo anotado precedentemente incumbe realizar el siguiente análisis: En ese orden de cosas, considerando que en el proceso penal las víctimas son dos menores de edad mujeres, que sufrieron una violación sexual con agravantes, es necesario verificar si en la emisión del Auto de Vista 468 de 8 de noviembre de 2021 se cumplió con los Estándares Internacionales e Internos respecto a la protección del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, pues debe comprenderse que los órganos y jueces tienen la obligación reforzada de asegurar el efectivo ejercicio de sus derechos, debiendo actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia hacia la mujer, de ahí que, se debe observar un proceso argumentativo con la debida fundamentación y motivación a partir de un enfoque interseccional que pasa por identificar los patrones de poder y relaciones asimétricas entre la víctima y el imputado, que coloquen a la primera en una situación de vulnerabilidad; determinándose el derecho aplicable y los problemas que pueden surgir, problemas interpretativos o la necesidad de efectuar una ponderación ante la existencia de normas y principios contrapuestos. En ese contexto, siendo que el análisis se centrará en el Auto de Vista 468 de 8 de noviembre de 2021, es preciso referirse a los términos expuesto en dicho fallo, que refiere:

“Que, la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0012/2021-S3 de fecha 19 de febrero, considera la excepcionalidad en el caso de tratarse de un grupo vulnerable estableciendo que: “es pertinente señalar que en cuanto a las solicitudes de cesación de la detención preventiva donde las víctimas se encuentran dentro de un grupo considerado vulnerable, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha desarrollado entendimientos jurisprudenciales en sentido de que, cuando se analice la imposición de la referida medida cautelar, y por ende su cesación, el juzgador debe efectuar una labor que no solo implique la aplicación de la normativa procesal pertinente, sino que además debe tomar en cuenta ciertos principios a objeto de precautelar los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los involucrados en el proceso penal; es decir, tanto de quien se encuentra restringido en el ejercicio de su derecho a la libertad, así como de la víctima y otras partes intervinientes en el proceso; así, la SCP 0587/2020-S3 de 24 de septiembre, sostuvo que: ‘…la Constitución Política del Estado, en sus arts. 60 y 31.I, establece la prioridad del interés superior de 32 Corte IDH. Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Párr. 242 “La Corte ha especificado los principios rectores que es preciso observar en investigaciones penales relativas a violaciones de derechos humanos. La Corte también ha señalado que el deber de investigar efectivamente tiene alcances adicionales cuando se trata de una mujer que sufre una muerte, maltrato o afectación a su libertad personal en el marco de un contexto general de violencia contra las mujeres. En casos de violencia contra la mujer, ciertos instrumentos internacionales resultan útiles para precisar y dar contenido a la obligación estatal reforzada de investigarlos con la debida diligencia” 33 La CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER "CONVENCION DE BELEM DO PARA" en su art. 7 establece: “Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: (…) b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”. Así también, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en su art. 4 determina que: “Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla. Los Estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer. Con este fin, deberán: (…) c) Proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares”.

la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos mereciendo de manera inmediata su protección, y permitirle un acceso a la justicia pronta, oportuna y con asistencia especial, además de que prohíbe y sanciona cualquier forma de violencia ejercida sobre los mismos, circunstancia similar se advierte en los diversos instrumentos internacionales emitidos sobre este caso como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer Convención Belém Do Pará, que señala el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres en situación de violencia, ya sea en su integridad física, sexual o psicológica.’”

Que, El delito acusado, se trata de Violación a Niño, Niña y Adolescente; es decir, contra personas que tiene una protección reforzada, así está establecido en el art. 239 núm. 4) del Código de Procedimiento Penal: “Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas”; es decir que las reglas del vencimiento del plazo de la detención preventiva, no opera en delitos contra Niños, Niñas o Adolescentes, necesariamente tiene que desvirtuar los riesgos procesales que motivaron su detención, conforme a lo establecido en el art. 239 núm. 1) del Código de Procedimiento Penal: “Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida” (sic [Conclusión II.5]). De los antecedentes expuestos en examen, se puede evidenciar que el demandado a momento de emitir el Auto de Vista ahora impugnado, al momento de realizar una ponderación entre los derechos del accionante y de las víctimas menores de edad, aunque de forma genérica reconociendo el interés superior de la niña, niño y adolescente, con una simple referencia al a Convención de Belém do Pará, reconoció la vulnerabilidad de las víctimas frente al imputado, se tiene que cumplió con el deber de la debida diligencia en el presente caso, que tiene como víctimas a dos mujeres menores de edad, cumpliendo de esta manera con los Estándares Internacionales y Nacionales de respeto y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en situación de violencia, poniendo en alto el interés superior del niño conforme lo establece el art. 60 de la CPE, al observar la vulnerabilidad de las víctimas, obligaciones que se encuentran descritos y desarrollados en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. De donde se puede concluir, de manera clara que la autoridad demandada si consideró que en casos de violencia contra las mujeres (niñas, adolescentes o mayores de edad) es deber de la autoridad judicial aplicar el enfoque interseccional ello considerando que las víctimas de violación son dos mujeres menores de edad, quienes merecen especial atención y protección de sus derechos; siendo necesario romperse la forma tradicional de resolver los conflictos, removiendo todos los obstáculos y mecanismos de hecho y derecho que mantienen la impunidad y utilizando todas las medidas para diligenciar el proceso, en el que la investigación sea asumida de manera seria, imparcial y efectiva para la determinación de la verdad, la persecución, captura, enjuiciamiento, y en su caso, la sanción de los responsables de los hechos, consecuentemente se concluye que el Vocal demandado cumplió con los Estándares Internacionales e Internos para la protección de los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia. Finalmente en el presente caso, es necesario aclarar que no se ingresó a efectuar juicios de valor sobre la inocencia o culpabilidad del ahora accionante, puesto que no es competencia de este Tribunal realizar dicha labor, debiendo ser la autoridad jurisdiccional del ramo la que realice la valoración de todos los actuados y poder emitir una decisión ya sea absolutoria o condenatoria -que en la actualidad ya existe, estando en etapa de apelación-; en ese antecedente se analizó las denuncias realizadas por el impetrante de tutela en relación a los agravios denunciados en contra de las autoridades jurisdiccionales demandadas, y en una valoración integral de todo el historial de hechos, se aplicó el enfoque interseccional para la solución del caso concreto.

34 El Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Generó señaló que: “… el enfoque interseccional ha sido poco a poco acogido en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tanto a nivel normativo como en la interpretación que efectúan los órganos de supervisión tanto del sistema universal como interamericano, lo que ha permitido superar el análisis de un solo eje de discriminación, para introducir una interpretación múltiple, con dos o más ejes de discriminación. Un ejemplo de ello es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que en el art. 9 señala que los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad.” 35 Corte IDH. Caso Carpio Nicolle y otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2004. Parr. 134. 36 Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988. Párr. 177 “En ciertas circunstancias puede resultar difícil la investigación de hechos que atenten contra derechos de la persona. La de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado.” 37 Corte IDH. Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009. Párr. 101.

En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 22/2021 de 4 de diciembre, cursante de fs. 36 vta. a 41, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia:DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos descritos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA

Notas al pie

3. Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 19: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en San José de Costa Rica, 1969. Entra en vigor el 18 de julio de 1978. A la cual Bolivia se adhiere mediante Decreto Supremo (DS) 16575 el 13 de junio de 1979, elevado a rango de Ley 1430 de 11 de febrero de 1993.

4 Protocolo de San Salvador, art. 16: “Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo.” También, art. 15 con el título “Protección de la familia”; en el cual, es muy relevante la obligación de los Estados de brindar adecuada protección al grupo familiar, así dentro del numeral 2, literal c., indica: “adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral”. Suscrito en San Salvador de El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, en el décimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Entró en vigor el 16 de noviembre de 1999. Ratificado por Bolivia mediante Ley 3293 de12 de diciembre de 2005.

5 Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, art. VII: “Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales”. Adoptada en la novena Conferencia Interamericana, celebrada en Bogotá, Colombia, 1948, conjuntamente con la constitución de la OEA. 6Declaración de los Derechos del Niño, Principio 8: “El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro”. Principio 9: “El niño deber ser protegido contra toda forma de abandono crueldad y explotación (…)” 7Convención Belén Do Pará, art. 9: “Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad”.

12 “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla” (el resaltado nos corresponde).

13 El art. 398 del CPP señala que: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”

14 El art. 236 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, vigente desde el 4 de noviembre del mismo año, señala: “El auto que disponga la aplicación de una medida cautelar personal, será dictado por la jueza, el juez o tribunal del proceso y deberá contener: Los datos personales del imputado o su individualización más precisa; 1. 2. El número único de causa asignada por el Ministerio Público y la instancia jurisdiccional correspondiente; 3. Una sucinta enunciación del hecho o hechos que se le atribuyen; 4. La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la medida, con las normas legales aplicables; 5. El lugar de su cumplimiento; 6. El plazo de duración de la medida”.

18 La jurisprudencia constitucional pronunciada en la SCP 1840/2013 de 25 de octubre, formuló razonamientos respecto al contenido, alcance o los elementos constitutivos del debido proceso.

25 El FJ III. 3 refiere que: “A su vez, aquel desconocimiento a una resolución que causa estado por haber adquirido la calidad de cosa juzgada, vulnera la tutela judicial efectiva, pues se estaría desconociendo la efectividad de una resolución que declara la extinción de la acción penal, dejando al justiciable en un estado de incertidumbre. No obstante, hay que aclarar que, los alcances de los fundamentos expuestos líneas precedentes, única y exclusivamente están dirigidos a restablecer el derecho al debido proceso en su elemento non bis in ídem y la tutela judicial efectiva del accionante, respecto al impedimento de continuar el proceso penal instaurado en su contra por el hecho de haber omitido denunciar supuestos ilícitos relacionados a la suscripción de 24 proyectos…”.

26 El FJ III.3.3 señala: “…al margen de dicha conclusión el Auto Supremo hace mención a dos documentos, el primero, la carta notariada de fs. 25 del expediente, que fue de conocimiento de los accionantes el 19 de abril de 2002, manifestando no ser lógico que dicha prueba se reserve para intentar la revisión de la Sentencia condenatoria, y el segundo documento, la declaración de Gonzalo David Lazcano Murillo, Asesor Legal del “TRANSNAVAL”, señalando que la sola afirmación de esta persona en sentido de que la situación jurídica del inmueble era de conocimiento de quienes realizaron las gestiones, no desvirtúa la responsabilidad penal de los accionantes; determinación de la que se colige existió vulneración de los derechos al debido proceso y tutela judicial efectiva de los accionantes, toda vez que los Ministros demandados no fundamentaron en forma debida el rechazo a la solicitud de revisión de sentencia, omitiendo compulsar la totalidad de la prueba aportada…”.

27 En su F.J. III.1 “…este recurso protege exclusivamente la libertad física y el derecho de locomoción, quedando los otros derechos protegidos por el amparo constitucional. Así, la SC 675/2002-R, de 10 de junio, señala que el recurso de hábeas corpus “tiene por finalidad proteger todas las circunstancias relacionadas a la libertad de las personas, no así otros derechos o garantías reconocidos por la Constitución, que bien pueden ser reclamados a través de las acciones ordinarias correspondientes y agotadas las mismas, se abre la competencia de la jurisdicción constitucional, para otorgar la tutela vía Amparo Constitucional”. En el mismo sentido se ha pronunciado las SSCC 934/2004-R, 1264/2004-R, 1712/2004-R, entre otras.”

28 Corte IDH, Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 1 de julio de 2006, párr. 206.

29 Corte IDH, Caso Ricardo Canese vs. Paraguay. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Párrafos 114, 116 y 117.

30 La Constitución Política del Estado en su art. 203 determinó que: “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno.”

31 El Código Procesal Constitucional establece: “Artículo 15°. - (Carácter obligatorio, vinculante y valor jurisprudencial de las sentencias) Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional; excepto las dictadas en las acciones de inconstitucionalidad y recurso contra tributos que tienen efecto general. Las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares.”

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1287_2023-S1.pdf · páginas 1 a 69.

Huella digital del PDF (SHA-256): 5f88a7b4f16d815a87d00b9388bac2ced2c68492e343758a129b4ab57ab2d89c

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