Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 14 de octubre de 2025
Concede la tutela
La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la vida y a la integridad física; alegando que el Juez Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba, dentro el proceso penal que sigue contra José Francisco Espinoza Muñoz por la presunta comisión del ilícito de violencia familiar o doméstica, declaró procedente el incidente presentado por el denunciado y dispuso el acceso de este junto a sus hijos al inmueble en el que habita, colocándola en situación de violencia, vulnerabilidad y desventaja por su delicado estado de salud ante su agresor. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2023 de 11 de mayo, cursante de fs. 193 a 197, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Octava de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos y alcances de lo dispuesto por la Jueza de garantías, conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1284/2025-S3 Sucre, 14 de octubre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 55495-2023-111-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 03/2023 de 11 de mayo, cursante de fs. 193 a 197, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Tomasa García Jiménez de Espinoza contra José Hernán Gutiérrez Moscoso, Juez Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba; y, Filomena Bautista Cabrera, Fiscal de Materia.
Por memorial presentado el 10 de mayo de 2023, cursante a fs. 139 a 146, la accionante expresó que:
Dentro el proceso penal que sigue contra José Francisco Espinoza Muñoz, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el 22 de abril de 2021, Mirta Faridy Arnez Arze, Fiscal de Materia, dictó medidas de protección contra el denunciado, determinando lo siguiente: a) Someterse a terapia psicológica; b) Prohibición de asumir acciones de intimidación, amenazas o coacción a los testigos de los hechos de violencia, a la víctima o familiares; y, c) Abstención de agredir física y psicológicamente a la denunciante o entorno familiar, determinaciones destinadas a la protección reforzada de la víctima, tal como dispone el art. 174 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
En audiencia de medidas cautelares de 17 de abril de 2023, el Juez Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba, declaró procedente el incidente presentado por el denunciado y dispuso el acceso de este, junto a sus hijos al inmueble donde habita; determinación que vulneró su privilegio de protección de la vida e integridad física.
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida y la integridad física; citando al efecto los arts. 15.I y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, dispongan: 1) Dejar sin efecto la audiencia cautelar, así como el Auto Interlocutorio que resolvió el incidente de 17 de abril de 2023; 2) Ratificar la determinación del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) en cuanto a la salida, desocupación, restricción del agresor a su domicilio, por su condición de mujer en situación de violencia, vulnerabilidad y desventaja por su delicado estado de salud; 3) Brindar todas las medidas de protección, mientras dure todo el proceso penal, prohibiendo a su agresor enajenar, hipotecar, prendar, disponer o cambiar la titularidad del derecho propietario de los bienes muebles e inmuebles comunes; 4) Prohibir al agresor acercarse, concurrir o ingresar al domicilio y lugar de trabajo; 5) Prohibición de comunicarse, intimidar o molestarle por cualquier medio o a través de terceras personas, así como a cualquier integrante de su familia; y, 6) El sometimiento a terapia psicológica a su agresor.
Celebrada la audiencia pública virtual el 11 de mayo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 191 a 192, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogada, ratificó los argumentos expuestos en su acción tutelar y ampliándolos, señaló que: i) El denunciado solicitó el ingreso al domicilio de la accionante con ruptura de candados, extremo que coloca en riesgo su vida; ii) No es correcto que el Juez demandado determinara que la víctima cohabite con su agresor; toda vez que, ordenó que retorne al domicilio con todos sus hijos y concubina, ya que dos de los cuatro hijos son mayores de edad, poniendo mucho más en peligro su integridad física; y, iii) Conforme a los protocolos para juzgar con perspectiva de género, no habría ninguna norma que faculte a una autoridad judicial disponer que un agresor viva en el mismo domicilio de la víctima por el simple hecho de tener derecho propietario.
José Hernán Gutiérrez Moscoso, Juez Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 10 de mayo de 2023, cursante a fs. 190, señaló que: a) Dentro el caso seguido por el Ministerio Público a denuncia de la impetrante de tutela contra José Francisco Espinoza Muñoz por el delito de violencia familiar o doméstica, en audiencia de aplicación de medidas cautelares, la defensa técnica del imputado interpuso incidente por defecto absoluto, sosteniendo que el Ministerio Publico ni la autoridad jurisdiccional dispuso entre las medidas de protección, el alejamiento o desapoderamiento del imputado y sus cuatro hijas del domicilio que habitaba con la denunciante; es así que procedió con la revisión y valoración de la documentación presentada, fundamentando y motivando su resolución, declarando fundado el incidente planteado y dispuso la reposición del acto o medidas de hecho desplegadas con abuso por la solicitante de tutela, sometiendo a una ponderación de valores, respecto a la afectación a menores de edad al dejarlas sin techo, además de generar de forma irregular por funcionarios policiales el alejamiento del inmueble sin que existiera orden fiscal o judicial; b) Una vez emitida la resolución debidamente motivada y fundamentada, correspondía activar la impugnación si alguna de las partes hubiera sido agraviada, y no de manera incoherente activar la acción de libertad, menos con los argumentos explanados en el memorial presentado por la accionante; c) Una vez resuelto el incidente, sustanció la audiencia de aplicación de medidas cautelares fundamentando el presupuesto material y los presupuestos procesales; por lo que, no hubo ningún acto que alejado del procedimiento, o que active la procedencia de la acción de libertad; y d) Por todo ello solicitó la denegatoria de tutela constitucional. Filomena Bautista Cabrera, Fiscal de Materia, mediante informe escrito presentado el 11 de mayo de 2023, cursante de fs. 188 a 189 vta., señaló: 1) Conforme al informe policial de verificación de cumplimiento de medidas de protección, de 23 de abril de igual año, el investigador asignado al caso manifestó que realizó la inspección del domicilio ubicado en la zona de Callajchullpa, el cual se encontraba cerrado por la accionante, quien no permitió el ingreso para la verificación, adjuntando un muestrario fotográfico del actuado.; 2) Asimismo, si la impetrante de tutela evidenció que sus derechos fueron conculcados, tenía otras vías a objeto de hacer prevalecer sus derechos; por lo que, en el caso no hubo vulneración alguna que pusiera en riesgo sus garantías constitucionales; 3) Tuvo a su alcance todos los mecanismos ordinarios de defensa, peticiones e impugnaciones ante el Juez demandado que conoció la causa. Debió considerar que el proceso contaba con inicio de investigación y estaba bajo control jurisdiccional, correspondiendo que la impetrante de tutela acudiera a la vía pertinente para hacer valer sus derechos, en caso de estar segura de que habían sido vulnerados, conforme lo determinó la jurisprudencia constitucional; y, 4) En consecuencia, la peticionante de tutela no agotó las vías previstas por la ley, debiendo, en el caso presente, aplicarse lo establecido por el principio de subsidiariedad.
La Jueza de Sentencia Penal Octava de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 03/2023 de 11 de mayo, cursante de fs. 193 a 197, concedió la tutela solicitada, disponiendo: i) La emisión de nueva resolución acorde a los derechos y garantías consagrados en la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad aplicable al caso, teniendo en cuenta la finalidad otorgada por las medidas de protección, siendo una regla que no podía omitirse, debido a que, estas se asumen para evitar mayores hechos de violencia y resguardar la vida e integridad de la víctima, resolución a emitirse en el plazo de veinticuatro horas; ii) Dejar sin efecto el Auto Interlocutorio de 17 de abril de 2023; iii) Ademas de conminar a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), a cumplir a cabalidad y con la debida diligencia las determinaciones relacionadas a casos de violencia, teniendo en cuenta toda la normativa nacional e internacional que al caso aplica; dándose a conocer a la FELCV de Colcapirhua esa decisión; y, iv) Ordenar la notificación al SLIM de Colcapiruhua para que en conocimiento, asuma el trámite de este caso, de acuerdo a los lineamientos de esta sentencia y todo el marco normativo. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: a) El 17 de abril de 2023, tuvo lugar la audiencia para definir la situación jurídica del denunciado, resolviéndose el incidente planteado por este, en aplicación del art. 169.3 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el Juez demandado declaró probado el mismo, alegando que entre las medidas de protección, no estaba el desocupar el inmueble que tenían en común con la víctima, acreditado ello con documentación, indicando que con su nueva familia habían hijos menores de edad, que estaban viviendo en condiciones deplorables; situación por la cual la autoridad judicial ordenó la reposición del acto, disponiendo el acceso al imputado junto a sus hijos, ya que también tendría un porcentaje de titularidad sobre el inmueble; b) La autoridad demandada expuso que, no existía disposición alguna de alejamiento o desalojo del inmueble, no era una de las medidas de protección asumidas en la causa, también mencionó la existencia de menores de edad a cargo del acusado y fundamentó el derecho relacionado a esas personas menores de edad, y la existencia de exceso en la aplicación de medidas de protección por parte de la víctima; c) Aplicó medidas cautelares de carácter personal de presentación periódica, prohibición de consumir bebidas alcohólicas y arraigo; no asumió ninguna decisión dirigida a evitar nuevos hechos de violencia, cuando el caso reportó según memorial de 8 de enero de 2023, de la víctima al Ministerio Público, el incumplimiento de medidas de protección; d) La actuación de la autoridad Fiscal como del Juez demandado, estaban fuera del contexto normativo y de protección a la víctima, no sólo de carácter nacional, sino internacional, mencionado ampliamente en líneas precedentes, olvidó por completo la finalidad de las medidas de protección y la situación de vulnerabilidad de la víctima, agravando la situación de riesgo que fue informado por la ahora accionante a la Fiscal de Materia a través de memorial antes mencionado; e) No existió la debida diligencia en el accionar del Juez demandado, ni de la autoridad fiscal, ni de la Policía Boliviana; f) La autoridad judicial olvidó por completo todo el contexto normativo, omitiendo la concepción del art. 389 del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 8 de mayo de 2019- y otras leyes que se relacionan directamente a estos casos; toda vez que, el art. 389.I Bis del CPP, prevé de manera clara que, en casos de desocupación, esa determinación operaba independientemente de la acreditación de propiedad o posesión de inmueble (ello será dilucidado en la vía llamada por ley), pero de manera contradictoria, sin observar los derechos y garantías de la víctima, dispuso de forma inmediata el acceso del acusado al inmueble, olvidando por completo el objetivo de las medidas de protección, inclusive las que no disponían la desocupación y que el acusado retornara al domicilio en común con la víctima; y, g) Las resoluciones emitidas por la autoridad demandada, pusieron en riesgo latente a la víctima -hoy solicitante de tutela-, porque no hubo una medida de protección idónea dispuesta por ninguna autoridad, pues cuando estas no son vigiladas en su observancia, agravaron la situación de la víctima, disponiendo que su agresor retorne a su domicilio.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa requerimiento de medidas de protección de 22 abril de 2021, emitida por Mirta Faridy Arnez Arze, Fiscal de Materia, dirigida al Director de la FELCV, respecto a medidas de protección a ser notificadas a José Francisco Espinoza Muñoz, por el investigador asignado al caso, quien en coordinación con el personal del SLIM de Colcapirhua, realizaran el control y seguimiento de su cumplimiento (fs. 21). II.2. Cursa memorial presentado el 13 de febrero de 2023 por Tomasa García Jiménez de Espinoza -hoy impetrante de tutela-, ante el Juez Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba, solicitando la ratificación de medidas de protección contra José Francisco Espinoza Muñoz, debido a que continuaba hostigándola; mereciendo decreto de igual fecha, homologando y ratificando las medidas de protección dispuestas el 22 de abril de 2021 (fs. 102 y vta.). II.3. Acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares de 17 de abril de 2023, en la que José Hernán Gutiérrez Moscoso, Juez Público de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba -ahora demandado-, mediante auto de igual fecha resolvió el incidente por defecto absoluto planteado por el imputado, declarando probado el indicado incidente, cuya parte resolutiva, es como sigue:
“POR TANTO.- Declarar PROBADO el INCIDENTE planteado en cuanto al Art. 169 núm. 3), y se va a DISPONER de manera inmediata se reponga el acto disponiendo el acceso al imputado junto a sus hijos ya que él también goza de un porcentaje de titularidad sobre el inmueble.- Quedando notificada las partes con la presente resolución, misma que es susceptible de impugnación” (sic [s. 131 a 138]).
La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la vida y a la integridad física; alegando que el Juez Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba, dentro el proceso penal que sigue contra José Francisco Espinoza Muñoz por la presunta comisión del ilícito de violencia familiar o doméstica, declaró procedente el incidente presentado por el denunciado y dispuso el acceso de este junto a sus hijos al inmueble en el que habita, colocándola en situación de violencia, vulnerabilidad y desventaja por su delicado estado de salud ante su agresor. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0019/2018-S2 de 28 de febrero, determinó que, en los casos de violencia contra las mujeres, la tutela a la vida es inmediata, al disponer que: “De acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, por regla, esta acción tutelar no se rige por el principio de subsidiariedad; sin embargo, ante la existencia de mecanismos idóneos de protección para los derechos presuntamente lesionados, el agraviado debe acudir previamente a los mismos, solicitando la tutela o la reparación de sus derechos considerados conculcados; y en su defecto, si tales mecanismos fueren ineficaces, inoportunos, inconducentes e inidóneos, es posible activar la jurisdicción constitucional a través de la presente acción tutelar. Más aun considerando la importancia del derecho a la vida, como objeto de protección de la acción de libertad, el entendimiento asumido por este Tribunal señala que, ante la denuncia de su vulneración, no es aplicable la excepción de subsidiariedad; por lo que, es posible activar de manera directa la jurisdicción constitucional, pese a existir mecanismos ordinarios de protección; conforme a lo establecido en el art. 125 de la CPE, que dispone: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro (…) podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’. Respecto a esta temática, el razonamiento jurisprudencial reiterado por el Tribunal Constitucional -SSCC 0008/2010-R de 6 de abril, 0080/2010-R de 3 de mayo y 0589/2011-R de 3 de mayo[1], entre otras- ha precisado que, al tratarse de la tutela del derecho a la vida, de cuyo ejercicio depende el goce de otros derechos, bajo ningún argumento puede aplicarse la excepción de subsidiariedad de la presente garantía jurisdiccional, lo cual compele a esta jurisdicción, efectuar el respectivo trámite, dejando de lado cualquier otro mecanismo ordinario de protección existente para ello. (…) En ese contexto, este Tribunal, al resolver una acción de amparo constitucional, pronunció la señalada SCP 0033/2013, otorgando la tutela de manera directa, en razón que los mecanismos de la vía ordinaria no resultaron efectivos en el establecimiento de medidas de protección a una mujer víctima de violencia; por lo que, correspondía reforzar su protección jurídica, entendimiento que por el carácter tutelar de esta acción, resulta extensivo al trámite de la acción de libertad; más aun, si se toma en cuenta los bienes jurídicos que se hallan inmersos en su ámbito de su protección. Por estas razones, al tratarse de aquellos casos en los que se hallen involucradas mujeres en situación de violencia, que ponga en riesgo su derecho a la vida, es posible acudir directamente a la jurisdicción constitucional en busca de tutela inmediata” (las negrillas nos corresponden).
En esa línea la SCP 0625/2025-S3 de 26 de junio, complementando lo señalado precedentemente, se refirió a la finalidad de las medidas de protección como instrumento para la materialización del derecho a la vida, estableciendo: “III.1.3. La finalidad y naturaleza de las medidas de protección para interrumpir la escalada letal
Ante la realidad estadísticamente demostrada de que el feminicidio es la culminación de un ciclo de violencia preexistente, el Estado ha dispuesto de instrumentos normativos cuya finalidad es precisamente interrumpir dicha escalada. El mecanismo más importante es el de las medidas de protección, establecidas en la Ley 348.
Al respecto, la SCP 0443/2023-S2 de 1 de junio, sostuvo que: Sobre la finalidad de las medidas de protección en su art. 32, indica lo siguiente:
«I. Las medidas de protección tienen por objeto interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantizar, en caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente.
inmediata, que impone la autoridad competente para salvaguardar la vida, la integridad física, psicológica, sexual, derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia y los de sus dependientes’.
Por otra parte, el art. 61.1 del referido cuerpo legal, respecto a la obligación del Ministerio Público de hacer cumplir estas medidas de protección, señala:
‘Además de las atribuciones comunes que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público, las y los Fiscales de Materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones las siguientes medidas:
1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito’.
En efecto, las medidas de protección son preventivas y aplicadas según la necesidad, para garantizar la protección de las mujeres en situación de violencia, y por la importancia que estas revisten, son de atención inmediata con el fin de evitar la reiteración de la violencia mientras se investigue, procese y sancione al agresor»” (las negrillas y el subrayado fueron añadidos).
Así también respecto al tema, la SCP 0295/2023-S1 de 24 de abril sostuvo que: ‘…la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres determinó:
Artículo 389. (APLICACIÓN).
I.Cuando se trate de delitos vinculados a las distintas formas de violencia contra niñas, niños, adolescentes o mujeres, se aplicarán las medidas de protección especial establecidas en los siguientes Artículos, a fin de evitar que el hecho produzca mayores consecuencias, que se cometan nuevos hechos de violencia, reducir la situación de vulnerabilidad de la víctima y otorgarle el auxilio y protección indispensable en resguardo de su integridad
Por lo expresado, es evidente que las medidas de protección tienen por objeto neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia ejercida por la persona denunciada, permitiendo a la víctima el normal desarrollo de sus actividades, asegurando su integridad física…’ .
La naturaleza y el alcance de estas medidas, conforme al mandato del art. 32 de la Ley 348, se desglosan en tres acciones fundamentales que los operadores de justicia deben ejecutar: i) Prevenir: Implica una actuación proactiva y anticipatoria. Ante los primeros indicios de violencia o la existencia de un riesgo evaluable, la autoridad debe actuar para evitar que la agresión se materialice o se agrave. No se requiere la existencia de una lesión física consumada; basta la amenaza o el riesgo latente objetivamente demostrados para activar el deber de prevención; ii) Interrumpir: Esta acción se orienta a detener un ciclo de violencia que ya está en curso y fue evidenciado a través de elementos probatorios pertinentes. Su objetivo es cortar de raíz la dinámica de agresión, especialmente en la fase de “acumulación de tensión” o inmediatamente después de una “explosión violenta”. Un ejemplo claro, es el desalojo del agresor del domicilio, que interrumpe físicamente su capacidad de continuar ejerciendo violencia en el espacio vital de la víctima; y, iii) Impedir: Se enfoca en el futuro. Busca crear barreras fácticas y legales para que el agresor no pueda volver a cometer actos de violencia. Las órdenes de restricción o alejamiento son la manifestación más clara de esta finalidad, pues impiden el contacto físico que podría derivar en una nueva agresión.
De lo anterior, se desprende que las medidas de protección no son una sanción, sino que tienen una naturaleza eminentemente cautelar y preventiva. Su imposición no requiere de un juicio de culpabilidad (juicio de reproche), sino de un juicio de probabilidad y riesgo (juicio de riesgo). El juez o fiscal no debe preguntarse si el agresor es culpable, sino si existe un riesgo probable y creíble para la vida e integridad de la víctima. Dicho análisis debe basarse en el acervo probatorio disponible, evitando con ello decisiones subjetivas o excesivas.
La frase ‘son de aplicación inmediata y no podrán suspenderse” refuerza este carácter de urgencia. La ley entiende que la violencia de género es un fenómeno dinámico y que un día de retraso puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.
A la luz de los datos estadísticos, la finalidad de estas medidas adquiere una dimensión de salvaguarda existencial. No se trata simplemente de evitar una lesión, sino de interrumpir o evitar la escalada de un proceso que ha demostrado ser la antesala de las consecuencias letales en cientos de casos en nuestro país. Son, por tanto, el instrumento más poderoso del Estado para cumplir con su deber de garante y materializar la protección del derecho a la vida ante un peligro real, inminente y progresivo. La omisión o aplicación tardía de estas medidas constituye una falla estatal que debe evitarse. El resguardo del derecho a la vida mediante la aplicación de medidas de protección eficaces contribuye directamente a la materialización de los valores supremos del Estado y especialmente consolida sus deberes de garante respecto al derecho a la vida’” (el resaltado es ilustrativo).
Al respecto, la SCP 0734/2020-S3 de 12 de noviembre, señala: «El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) que supervisa el cumplimiento de las normas contenidas en la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que se constituye en un instrumento jurídico internacional del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, emitió la Recomendación General 19 de 29 de enero de 1992 -sobre la violencia contra la mujer-, que afirma que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación, que impide gravemente que esta goce de derechos y libertades en la misma condición que el hombre; y que dicha violencia, conlleva responsabilidad estatal, no solamente por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para proteger a las mujeres, y cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas. Sobre el acceso de las mujeres a la justicia, el CEDAW a través de la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, encomendó a los Estados a ejercer la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar. Por su parte, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de 9 de junio de 1994 (Convención Belém Do Pará), ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de igual año, en su artículo 4, establece que: 'Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: a. el derecho a que se respete su vida;
b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;
c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales;
d. el derecho a no ser sometida a torturas;
e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia;
f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;
g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos; (…)''. Derechos que encuentran su materialización dentro de las políticas a asumir por parte de los Estados; por consiguiente, el Estado Boliviano al ratificar la Convención de Belém do Para, mediante Ley 1599 de 18 de octubre de 1994, asume la norma de la debida diligencia. De igual modo, la Convención de Belém do Pará, en el art. 7 literales d. y f. establece que los Estados tienen el deber de:
“d. Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad”.
“f. Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos”. En Bolivia, esa problemática inicialmente fue abordada desde la perspectiva privada, a partir de la promulgación de la Ley contra la Violencia en la Familia o Doméstica -Ley 1674 de 15 de diciembre de 1995-, posteriormente, a través de la Ley 348, asume con prioridad, la erradicación de la violencia hacia las mujeres, en el marco del art. 3.I de esta última Ley, señalando que: “El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género”. Asimismo, el art. 32 de la Ley 348 establece que: “I. Las medidas de protección tienen por objeto interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantizar, en caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente. II. Las medidas de protección son de aplicación inmediata, que impone la autoridad competente para salvaguardar la vida, la integridad física, psicológica, sexual, derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia y los de sus dependientes”. Las medidas de protección son dictadas por la autoridad competente y se encuentran desarrolladas en el art. 35 de la Ley 348 y son las siguientes:
1. Ordenar la salida, desocupación, restricción al agresor del domicilio conyugal o donde habite la mujer en situación de violencia, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, y ordenar que el agresor se someta a una terapia psicológica en un servicio de rehabilitación.
2. Prohibir al agresor enajenar, hipotecar, prendar, disponer o cambiar la titularidad del derecho propietario de bienes muebles o inmuebles comunes.
3. Disponer la asistencia familiar a favor de hijas, hijos y la mujer.
4. Prohibir al agresor acercarse, concurrir o ingresar al domicilio, lugar de trabajo o de estudios, domicilio de las y los ascendientes o descendientes, o a cualquier otro espacio que frecuente la mujer que se encuentra en situación de violencia.
5. Restituir a la mujer al domicilio del cual hubiera sido alejada con violencia, cuando ella lo solicite, con las garantías suficientes para proteger su vida e integridad.
6. Prohibir al agresor comunicarse, intimidar o molestar por cualquier medio o a través de terceras personas, a la mujer que se encuentra en situación de violencia, así como a cualquier integrante de su familia.
7. Prohibir acciones de intimidación, amenazas o coacción a los testigos de los hechos de violencia.
8. Suspender temporalmente al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus hijas e hijos.
9. Realizar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común o de posesión legítima.
10. Disponer la entrega inmediata de objetos y documentos personales de la mujer y de sus hijas e hijos o dependientes.
11. Retener los documentos de propiedad de bienes muebles o inmuebles, mientras se decide la reparación del daño.
12. Disponer la tolerancia o reducción del horario de trabajo de la mujer que se encuentra en situación de violencia, sin que se vean afectados sus derechos laborales y salariales.
13. Ordenar la anotación preventiva de los bienes sujetos a registro del agresor, así como el congelamiento de cuentas bancarias para garantizar las obligaciones de asistencia familiar.
14. Velar por el derecho sucesorio de las mujeres.
15. Disponer la remoción del agresor de acoso sexual en el medio laboral.
16. Disponer medidas para evitar la discriminación en la selección, calificación, permanencia y ascenso en su fuente laboral.
17. Restringir, en caso de acoso sexual, todo contacto del agresor con la mujer, sin que se vean afectados los derechos laborales de la mujer.
18. Disponer cualquier medida cautelar de protección a las mujeres que se encuentran en situación de violencia señalada en el Código de Procedimiento Penal y el Código de Procedimiento Civil.
19. Todas las que garanticen la integridad de las mujeres que se encuentran en situación de violencia”. El art. 61 de la Ley 348 establece que dentro de las atribuciones comunes que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público, las y los Fiscales de Materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones -entre otras- las medidas de: “1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito (…) 4. Dirigir la investigación de las instancias policiales responsables de la investigación de delitos vinculados a la violencia hacia las mujeres, definiendo protocolos y criterios comunes de actuación, a fin de uniformar los procedimientos, preservar las pruebas y lograr un registro y seguimiento de causas hasta su conclusión, generando estadísticas a nivel municipal, departamental y nacional”. Por otra parte, en el Título V sobre Legislación Penal, en el Capítulo III denominado Simplificación del Procedimiento Penal para Delitos de Violencia contra las Mujeres, específicamente en el art. 86 de la Ley 348, se establecen los principios procesales que deben regir los hechos de violencia contras las mujeres, disponiendo que:
“ARTÍCULO 86. (PRINCIPIOS PROCESALES). En las causas por hechos de violencia contra las mujeres, las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales:
1. Gratuidad. Las mujeres en situación de violencia estarán exentas del pago de valores, legalizaciones, notificaciones, formularios, testimonios, certificaciones, mandamientos, costos de remisión, exhortes, órdenes instruidas, peritajes y otros, en todas las reparticiones públicas.
2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento.
3. Oralidad. Todos los procesos sobre hechos de violencia contra las mujeres deberán ser orales.
4. Legitimidad de la prueba. Serán legítimos todos los medios de prueba y elementos de convicción legalmente obtenidos que puedan conducir al conocimiento de la verdad.
5. Publicidad. Todos los procesos relativos a la violencia contra las mujeres serán de conocimiento público, resguardando la identidad, domicilio y otros datos de la víctima.
6. Inmediatez y continuidad. Iniciada la audiencia, ésta debe concluir en el mismo día. Si no es posible, continuará durante el menor número de días consecutivos.
7. Protección. Las juezas y jueces inmediatamente conocida la causa, dictarán medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia.
8. Economía procesal. La jueza o juez podrá llevar a cabo uno o más actuados en una diligencia judicial y no solicitará pruebas, declaraciones o peritajes que pudieran constituir revictimización.
9. Accesibilidad. La falta de requisitos formales o materiales en el procedimiento no deberá retrasar, entorpecer ni impedir la restitución de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables.
10. Excusa. Podrá solicitarse la excusa del juez, vocal o magistrado que tenga antecedentes de violencia, debiendo remitirse el caso inmediatamente al juzgado o tribunal competente.
11. Verdad material. Las decisiones administrativas o judiciales que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, debe considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple.
12. Carga de la prueba. En todo proceso penal por hechos que atenten contra la vida, la seguridad o la integridad física, psicológica y/o sexual de las mujeres, la carga de la prueba corresponderá al Ministerio Público.
13. Imposición de medidas cautelares. Una vez presentada la denuncia, la autoridad judicial dictará inmediatamente las medidas cautelares previstas en el Código Procesal Penal, privilegiando la protección y seguridad de la mujer durante la investigación, hasta la realización de la acusación formal. En esta etapa, ratificará o ampliará las medidas adoptadas.
14. Confidencialidad. Los órganos receptores de la denuncia, los funcionarios de las unidades de atención y tratamiento, los tribunales competentes y otros deberán guardar la confidencialidad de los asuntos que se someten a su consideración, salvo que la propia mujer solicite la total o parcial publicidad. Deberá informarse previa y oportunamente a la mujer sobre la posibilidad de hacer uso de este derecho.
15. Reparación. Es la indemnización por el daño material e inmaterial causado, al que tiene derecho toda mujer que haya sufrido violencia” (las negrillas y el subrayado son nuestros). En el mismo sentido, el art. 87 de la Ley 348, establece directrices en los procedimientos administrativos, judiciales e indígena originario campesinos relacionados con la violencia de género, entre las que se encuentran: La Disposición de medidas de protección para salvaguardar a mujeres en situación de violencia; y, la obligación de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de todos los hechos que constituyan violencia hacia las mujeres. En cuanto a las atribuciones y competencias de los juzgados de instrucción de materia contra la violencia hacia las mujeres, el art. 68 de la Ley 348 modifica los arts. 57, 58, 68 y 72 de la Ley del Órgano Judicial, (LOJ) y concretamente en lo que concierne al Juez cautelar, efectúa la modificación con el siguiente texto:
“Artículo 72. (COMPETENCIA DE JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN DE MATERIA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES). Las juezas y los jueces de Instrucción contra la violencia hacia las mujeres tienen competencia para:
1. El control de la investigación, conforme a las facultades y deberes previstos en la Ley;
2. Emitir las resoluciones jurisdiccionales y de protección que correspondan durante la etapa preparatoria y de la aplicación de criterios de oportunidad;
(…)”. Por lo mencionado, se concluye que las normas expuestas, desarrollan de manera uniforme el criterio de aplicación sobre la protección a las mujeres víctimas de violencia, pues el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia con el fin de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer e incluso, establecen que las autoridades judiciales o servidores públicos de las diferentes instituciones y órganos del Estado que intervengan en casos de violencia contra las mujeres, como ser el Ministerio Público y los miembros de la Policía Boliviana, tienen la obligación de adoptar las medidas de protección necesarias de forma inmediata y oportuna, desde el inicio de la etapa preparatoria, tanto en el control jurisdiccional como en la fase de investigación, en aplicación de los principios y garantías procesales -entre otros- los de celeridad, accesibilidad, protección, imposición de medidas cautelares, establecidos en el Código Penal y en la Ley 348. Entendimiento que fue aplicado por la jurisprudencia constitucional, a través de la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, en el que no solo establece la aplicación de una debida diligencia en ese tipo de procesos, sino también la adopción de medidas cautelares, estableciendo que: “…en el marco de los estándares internacionales e internos de protección a las mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia que, en la labor de investigación, se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia las mujeres, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la misma, la prohibición de revictimización y que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y no a la víctima. Además, cabe señalar que, en la adopción de medidas cautelares, se debe privilegiar la protección y seguridad de la mujer durante la investigación; entendimiento que ya fue plasmado en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, que al momento de establecer los criterios de peligro para la víctima, contenidos en el art. 234.10 del CPP, señaló en su Fundamento Jurídico III.2, que:
a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante” (las negrillas y el subrayado pertenecen al texto original).
La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la vida y a la integridad física; alegando que el Juez Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba, dentro el proceso penal que sigue contra José Francisco Espinoza Muñoz por la presunta comisión del ilícito de violencia familiar o doméstica, declaró procedente el incidente presentado por el denunciado y dispuso el acceso de este junto a sus hijos al inmueble en el que habita, colocándola en situación de violencia, vulnerabilidad y desventaja por su delicado estado de salud ante su agresor. De la revisión de antecedentes, se tiene Requerimiento de medidas de protección de 22 abril de 2021, emitida por Mirta Faridy Arnez Arze, Fiscal de Materia, dirigida al Director de la FELCV, respecto a las siguientes medidas de protección como son: 1) Someterse a terapia psicológica; 2) Prohibición de asumir acciones de intimidación, amenazas o coacción a los testigos de los hechos de violencia, a la víctima o familiares; y, 3) Abstención de agredir física, y psicológicamente a la denunciante o entorno familiar (Conclusión II.1).
Como consecuencia de la denuncia presentada por la ahora accionante contra su esposo, se instauró proceso penal por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, dentro del cual por memorial presentado el 13 de febrero de 2023, Tomasa García Jiménez de Espinoza, dirigiéndose al Juez Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba, solicitó la ratificación de medidas de protección dispuestas contra José Francisco Espinoza Muñoz, debido a que continuaba hostigándola; solicitud que mereció el decreto de igual fecha, homologando y ratificando las medidas de protección dispuestas el 22 de abril de 2021 (Conclusión II.2). Dentro del referido proceso tuvo lugar la audiencia de aplicación de medidas cautelares el 17 de abril de 2023, actuado en el que José Hernán Gutiérrez Moscoso, Juez Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba -hoy demandado- también resolvió el incidente por defecto absoluto, planteado por el imputado, el mismo que fue resuelto por auto de igual fecha, declarando probado el incidente, disponiendo el acceso del denunciado conjuntamente sus hijos al inmueble de la accionante (Conclusión II.3). En ese contexto, antes de ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada se debe precisar que, ante la existencia de mecanismos idóneos intraprocesales de protección para los derechos presuntamente vulnerados a través de esta acción tutelar, debería aplicarse la subsidiariedad de forma excepcional; por lo que, en el presente caso, si bien la accionante podía seguir el trámite establecido por el art. 389 quinquies del CPP, determinado para casos en los cuales los imputados incumplen las medidas de protección que les impusieron; sin embargo, dicha subsidiariedad puede ser flexibilizada cuando se trata de la protección del derecho a la vida, en el marco del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, que tiene una reforzada protección jurídica, debido a que de su ejercicio depende el goce de los demás derechos; en consecuencia, es posible que en esas circunstancias, se acuda directamente a la jurisdicción constitucional en busca de tutela inmediata (Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional). De acuerdo al Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, desarrollan de manera uniforme el criterio de aplicación sobre la protección a las mujeres víctimas de violencia, pues el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia con el fin de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer e incluso, establecen que las autoridades judiciales o servidores públicos de las diferentes instituciones y órganos del Estado que intervengan en casos de violencia contra las mujeres, como ser el Ministerio Público y los miembros de la Policía Boliviana, tienen la obligación de adoptar las medidas de protección necesarias de forma inmediata y oportuna, desde el inicio de la etapa preparatoria, tanto en el control jurisdiccional como en la fase de investigación, en aplicación de los principios y garantías procesales -entre otros- los de celeridad, accesibilidad, protección, imposición de medidas cautelares, establecidos en el Código Penal y en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-. Ahora bien, la accionante denunció que el Juez demandado, en audiencia de medidas cautelares, actuado en el que también fue resuelto el incidente formulado por su esposo, mediante Auto Interlocutorio de 17 de abril de 2023, declaró procedente y dispuso el acceso de este junto a sus hijos al inmueble donde vive la solicitante de tutela; determinación que vulneró su privilegio de la protección de la vida e integridad física, encontrándose por ello su vida en alto riesgo, al encontrarse en curso el proceso penal por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, a pesar de la imposición de medidas de protección que se habrían dispuesto a su favor.
En el caso que se examina, si bien entre las medidas inicialmente dispuestas por la Fiscal de Materia a cargo, no se encontraba la salida o desocupación del domicilio conyugal por parte del denunciado, el Juez demandado como autoridad judicial a cargo del control jurisdiccional del proceso del proceso penal, a momento de resolver el merituado incidente, debió considerar el memorial presentado por la impetrante de tutela en el que solicitó la ratificación de las medidas de protección dispuestas en su favor, pero sobre todo el hecho de que en el mismo, la impetrante de tutela hizo conocer que, el hostigamiento por parte de su esposo y agresor, aún continuaban y persistían, conllevando ello la inobservancia de las aludidas medias de protección, accionar de la autoridad demandada que se apartó de la finalidad que persiguen las medidas de protección, que tiene no sólo una dimensión de salvaguarda existencial, pues no solo se trata simplemente de evitar una lesión, sino de interrumpir o evitar la escalada de un proceso que ha demostrado ser la antesala de las consecuencias letales en cientos de casos en nuestro país. Constituyéndose estas, en el instrumento más poderoso del Estado para cumplir con su deber de garante y materializar la protección del derecho a la vida ante un peligro real, inminente y progresivo. Nótese que, la omisión o aplicación tardía de estas medidas constituye una falla estatal que debe evitarse, puesto que el resguardo del derecho a la vida mediante la aplicación de medidas de protección eficaces contribuye directamente a la materialización de los valores supremos del Estado y especialmente consolida sus deberes de garante respecto al derecho a la vida; aspectos que no fueron tomados en cuenta en su verdadera dimensión por el Juez demandado, sumándose a ello el hecho de que independientemente de que el imputado fuera también copropietario del inmueble donde habita la accionante, resultaba sumamente riesgoso para la vida e integridad de esta, el permitir que su agresor, volviera a la casa conyugal, máxime si el proceso penal entre ambos se encontraba en curso. Consecuentemente, era necesaria una protección idónea en estos casos, puesto que el incumplimiento de las medidas de protección dispuestas para la protección de las víctimas de violencia se constituye en un riesgo para el derecho a la vida y dignidad de las afectadas, las cuales debido a su situación de vulnerabilidad podrían ser orilladas a ingresar en depresión e inestabilidad, o en el peor de los casos tomar decisiones que atenten contra su vida; todo a causa del actuar negligente de esta autoridad encargada del efectivo cumplimiento de las medidas de protección, quienes en el caso en análisis agravó la situación de la accionante con la decisión asumida, poniendo en riesgo su vida e integridad física.
En ese entendido, corresponde conceder la tutela impetrada contra el Juez Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba, quien de manera arbitraria e injustificada dispuso que el imputado José Francisco Espinoza Muñoz y sus hijos, retornen al inmueble en el que habita la impetrante de tutela, colocándola en estado de desprotección y vulnerable a cualquier maltrato físico o psicológico, al ser la vida un derecho de protección prioritaria, inmediata y sin mayores formalidades, cuando se trata de una víctima de violencia. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2023 de 11 de mayo, cursante de fs. 193 a 197, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Octava de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos y alcances de lo dispuesto por la Jueza de garantías, conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1284_2025-S3.pdf · páginas 1 a 21.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7ea6ea415314eccb8dbe8a3c62fb956c090250abd6fb1c3d80e759e76dacb0ea
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