Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 14 de octubre de 2025
Deniega la tutela
El accionante, denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de violación, el Vocal ahora demandado, emitió el Auto de Vista de 2 de mayo de 2023, incurriendo en los siguientes agravios: 1) Respecto al riesgo procesal descrito en el art. 234.7 del CPP, no se valoraron los elementos de prueba como la solicitud de homologación de medidas de protección, garantías constitucionales unilaterales para la víctima; e, informe psicológico, emitido por la psicóloga del Régimen Disciplinario que acreditarían que no constituye un peligro para la víctima ni otra persona; 2) Con relación al riesgo procesal del art. 235.2 del CPP, no se valoró el certificado de permanencia y buena conducta, el cuaderno de investigaciones del cual se puede corroborar que no existe informe negativo en su contra; su declaración voluntaria notariada, por la cual otorgó amplias garantías constitucionales para la víctima, denunciante y su entorno familiar; las medidas de protección que fueron ofrecidas ante la Fiscal de Materia y memoriales por los cuales solicitó el avance de las investigaciones a efectos que se desarrolle su audiencia en Cámara Gesell, pero que fueron suspendidas precisamente por ausencia de la víctima, demostrando así su intención de colaborar con todos los actuados procesales. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 12/23 de 5 de mayo de 2023, cursante de fs. 149 vta. a 152 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, de conformidad a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional; y,
2° Llamar severamente la atención a los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituidos en Tribunal de garantías, ante la completa inobservancia a lo previsto en el arts. 29.4 inc. e) y 38 del CPCo y lo establecido en la SCP 0087/2012 de 19 de abril, que establecen la obligación de remitir tanto la resolución como los antecedentes que permitan a este Tribunal, realizar la revisión de la decisión arribada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1283/2025-S3 Sucre, 14 de octubre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 55492-2023-111-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 12/23 de 5 de mayo de 2023, cursante de fs. 149 vta. a 152 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Franz Jesus Menacho Heredia en representación sin mandato de Omar Ramos Veizaga contra Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 4 de mayo de 2023, cursante a fs. 1 y de 117 a 118 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, expresó que:
Dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de violación; el 2 de mayo de 2023, el Vocal demandado emitió Auto de Vista, por el cual declaró la improcedencia de su recurso de apelación incidental y negó su cesación de la detención preventiva, incurriendo en los siguientes agravios: Respecto al riesgo procesal descrito en el art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP), referente al peligro efectivo para la víctima, incidió en incongruencia omisiva al no pronunciarse sobre la SCP 0545/2020 de 6 de octubre, que estableció que para desvirtuar ese riesgo se deben ofrecer garantías constitucionales y un informe psicológico que acredite la inexistencia de ese peligro; además, presentó solicitud de homologación de medidas de protección, garantías constitucionales unilaterales para la víctima; e, informe psicológico emitido por la psicóloga del Régimen Disciplinario que acreditó que no constituye un peligro para la víctima ni otra persona; pese a ello, no se desvirtuó el citado riesgo procesal en omisión de una correcta valoración de la prueba, contraviniendo su derecho a la libertad. Con relación al riesgo procesal establecido en el art. 235.2 del CPP, de igual manera, presentó certificado de permanencia y buena conducta, el cuaderno de investigaciones, del cual se puede corroborar que no existió informe negativo en su contra; así también, presentó declaración voluntaria notariada, en el que otorgó amplias garantías constitucionales para la víctima, denunciante y su entorno familiar; además, exteriorizó las medidas de protección que fueron ofrecidas ante la Fiscal de Materia y memoriales por los cuales solicitó el avance de las investigaciones, a efectos que se desarrolle su audiencia en Cámara Gesell, pero que fueron suspendidas precisamente por ausencia de la víctima, demostrando así su intención de colaborar con todos los actuados procesales.
Denunció la lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia; citando al efecto los arts. 15, 18, 21, 22, 23, 72, 115, 116, 117 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela disponiendo la nulidad del Auto de Vista de 2 de mayo de 2023 y que el Vocal demandado, dentro de las cuarenta y ocho horas, instale audiencia de apelación incidental y emita nuevo fallo.
Celebrada la audiencia pública virtual el 5 de mayo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 144 a 149 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de sus abogados ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar.
Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no se presentó en audiencia ni remitió informe, pese a su notificación cursante a fs. 123.
El Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de Garantías, mediante Resolución 12/23 de 5 de mayo de 2023, cursante de fs. 149 vta. a 152 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo la nulidad del Auto de Vista de 2 de mayo de 2023, ordenando que la autoridad demandada emita nuevo fallo valorando todos los elementos de forma integral; determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: a) El accionante alegó la falta de fundamentación y motivación del citado Auto de Vista, argumentando que se consideró indebidamente el art. 234.7 del CPP, en razón a que no tomó en cuenta los informes de permanencia y buena conducta; situación semejante respecto al riesgo descrito por el art. 235.2 del mismo Código; pues, no se tomó en cuenta la SCP 0375/2021-S3, respecto a las pericias ordenadas y los informes de permanencia y buena conducta; b) En la presente acción de libertad, no se cuenta con el Auto de Vista a objeto de verificar los extremos denunciados; por lo que, ante el silencio de la autoridad demandada, se presume la veracidad de los hechos denunciados, estableciendo que no existió una valoración adecuada de los elementos de prueba, debiendo volver a ejecutarse esta función.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio de 20 de marzo de 2023, a través del cual, el Juez de Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, declaró infundada la solicitud de cesación de la detención preventiva del ahora accionante manteniendo su situación jurídica vigente (fs. 133 vta. a 137). II.2. Mediante Auto de Vista de 2 de mayo de 2023, Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, “…Declaro Admisible e improcedente el Incidente de Cesación interpuesto…” (sic), por el impetrante de tutela (fs. 117 a 119 y 144 a 149 vta. -extractado de la demanda tutelar y acta de audiencia de garantías).
El accionante, denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de violación, el Vocal ahora demandado, emitió el Auto de Vista de 2 de mayo de 2023, incurriendo en los siguientes agravios: 1) Respecto al riesgo procesal descrito en el art. 234.7 del CPP, no se valoraron los elementos de prueba como la solicitud de homologación de medidas de protección, garantías constitucionales unilaterales para la víctima; e, informe psicológico, emitido por la psicóloga del Régimen Disciplinario que acreditarían que no constituye un peligro para la víctima ni otra persona; 2) Con relación al riesgo procesal del art. 235.2 del CPP, no se valoró el certificado de permanencia y buena conducta, el cuaderno de investigaciones del cual se puede corroborar que no existe informe negativo en su contra; su declaración voluntaria notariada, por la cual otorgó amplias garantías constitucionales para la víctima, denunciante y su entorno familiar; las medidas de protección que fueron ofrecidas ante la Fiscal de Materia y memoriales por los cuales solicitó el avance de las investigaciones a efectos que se desarrolle su audiencia en Cámara Gesell, pero que fueron suspendidas precisamente por ausencia de la víctima, demostrando así su intención de colaborar con todos los actuados procesales. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Sobre el particular, el art. 398 del CPP establece que: “…Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”. Siguiendo ese marco normativo, la SCP 0513/2024-S2 de 21 de agosto, precisó que: [Al respecto, la SCP 0031/2022-S3 de 25 de febrero, asumiendo los entendimientos desarrollados por la jurisprudencia constitucional sobre el particular, señaló que: «En cuanto a la exigencia de cumplimiento de estos parámetros del debido proceso, la SCP 0025/2020-S3 de 12 de marzo, citando a la SCP 0339/2012 de 18 de junio, sostuvo que: “El Tribunal Constitucional, ha desarrollado amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga una medida cautelar de carácter personal de detención preventiva de un imputado y/o imputada, a través de la SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo que: ‘...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes’.
En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: ‘…está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva’.
(…)
En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes.
En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP»] (el resaltado es añadido).
Al respecto, la SCP 0928/2024-S3 de 26 de diciembre, refirió que: “La SCP 0061/2018-S2 de 15 de marzo con relación al contenido esencial del derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, señala que: `El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre (…); la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio (…), se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.
En el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso, como son:
a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.
Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre (…) refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre (…) la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: i) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; ii) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; iii) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; iv) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, v) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013- (…).
Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que basa la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio (…), así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio (…), estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre (…), entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo (…), señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.
Por otra parte, la jurisprudencia constitucional a partir de la SC 0995/2004-R de 29 de junio (…), estableció que los errores o defectos de procedimiento -entre los que se encuentra el caso de la resolución arbitraria- para ser corregida por vía de amparo, debe tener relevancia constitucional; es decir, que siendo el error o defecto la causa de la lesión de los derechos y garantías denunciados, de no haberse incurrido en ellos, la resolución impugnada tendría una decisión de fondo diferente.
En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional’”.
Consiguientemente, se concluye que al emitir la Resolución que resuelve una impugnación esta debe realizar la argumentación clara y precisa de los fundamentos ya sean positivos o negativos por los que llega a la determinación de ratificar o revocar la Resolución, dando a conocer estos argumentos de tal manera que lleguen al convencimiento de las partes sobre las determinaciones asumidas con base en los elementos fácticos, probatorios y jurídicos sobre los que llega a determinar.
La SCP 1094/2017-S3 de 18 de octubre, sostuvo que: “…delimita también las atribuciones entre jurisdicciones, respecto a la valoración de la prueba, en ese sentido, la SC 0025/2010-R de 13 de abril, sostuvo que: ‘…este Tribunal, en invariable y reiterada jurisprudencia, ha establecido que la jurisdicción constitucional no tiene competencia para ingresar a valorar la prueba, dado que ésta compulsa corresponde exclusivamente a la jurisdicción ordinaria, cuyos jueces y tribunales, conforme a la atribución que les confiere la Constitución de manera general; y las leyes de manera específica, deben examinar todo cuanto sea presentado durante el proceso y finalmente emitir un criterio con la independencia que esto amerita...’.
Así también la misma jurisprudencia estableció situaciones excepcionales en las que se puede ingresar a la valoración de la prueba, así mediante las SSCC 0938/2005-R, 0965/2006-R y 0662/2010-R, entre otras, precisó que: ‘…La facultad de valoración de la prueba corresponde privativamente a los órganos jurisdiccionales ordinarios, por ende la jurisdicción constitucional no puede ni debe pronunciarse sobre cuestiones de exclusiva competencia de los jueces y tribunales ordinarios, en consecuencia, menos aún podría revisar la valoración de la prueba que hubieran efectuado las autoridades judiciales competentes, emitiendo criterios sobre dicha valoración y pronunciándose respecto a su contenido. Ahora bien, la facultad del Tribunal Constitucional a través de sus acciones tutelares alcanza a determinar la existencia de lesión a derechos y garantías fundamentales cuando en la valoración de la prueba efectuada por la jurisdicción ordinaria exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad y/o se hubiese omitido arbitrariamente efectuar dicha ponderación’.
De igual manera la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, consideró otra excepción a las subreglas jurisprudenciales, concluyendo que: ‘…además de la omisión en la consideración de la prueba, (…) es causal de excepción de la subregla de no valoración de la prueba, otra excepción se da cuando la autoridad judicial basa su decisión en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento’.
En ese sentido, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, precisó que: ‘…por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente’” (las negrillas son añadidas).
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0496/2020-S1 de 14 de septiembre, asumió el siguiente razonamiento: «Sobre el peligro de fuga, el art. 234 del CPP, dispone que: “Por peligro de fuga se entiende a toda circunstancia que permita sostener fundadamente que el imputado no se someterá al proceso buscando evadir la acción de la justicia”; el mismo artículo, establece que para decidir acerca de la concurrencia de estas circunstancias, debe efectuarse una evaluación integral sobre ellas, entre las que se encuentra, el contenido del numeral 7 -antes 10-, respecto al peligro efectivo para la víctima o el denunciante.
Sobre esta circunstancia, la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0056/2014 de 3 de enero -que declaró la constitucionalidad del art. 234.10 del CPP-, señaló en el Fundamento Jurídico III.5.3, que:
En definitiva, el peligro relevante en materia penal al que hace referencia la norma demandada, es la posibilidad de que la persona imputada cometa delitos, pero no el riesgo infinitesimal al que se refiere Raña y descrito en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, sino el riesgo emergente de los antecedentes personales del imputado por haberse probado con anterioridad que cometió un delito, lo que genera una probabilidad adicional de delinquir; más, esa situación es similar a la establecida en el art. 234.8 del CPP, referido a: “La existencia de actividad delictiva reiterada o anterior”; empero, aunque parecida no es similar, encontrando diferencia puesto que la norma demandada adicionalmente precisa que la situación de peligrosidad sea efectiva, mientras que la del art. 234.8 del CPP, precisa antecedentes criminales reiterados; en ese orden, es también necesario comprender la efectividad de la peligrosidad exigida por la norma demandada.
El concepto “efectivo” que se debe adicionar a la peligrosidad para que opere como fundamento de la detención preventiva por peligro de fuga, hace alusión, según el diccionario jurídico que utiliza este Tribunal, a un peligro existente, real o verdadero, como contraposición a lo pretendido, dudoso, incierto o nominal; es decir a un peligro materialmente verificable, más allá del criterio subjetivo del juez, que puede ser arbitrario, por ello supone la asistencia de elementos materiales comprobables en la situación particular concreta desde la perspectiva de las personas y los hechos, por ello se debe aplicar bajo el principio de la razonabilidad y la proporcionalidad, no encontrando en ello ninguna inconstitucionalidad por afectación del debido proceso o de la presunción de inocencia consagrados constitucionalmente.
En consecuencia, el peligro efectivo, encuentra justificación en la necesidad de imponer medidas de seguridad a las personas que hubieran sido encontradas culpables de un delito anteriormente, pero no le sindica como culpable del ilícito concreto que se juzga, ni provoca que en la tramitación del proceso sea culpable del presunto delito cometido.
Conforme a dicho entendimiento, el peligro efectivo para la víctima o el denunciante debe ser un peligro materialmente verificable, lo que supone la existencia de elementos comprobables respecto a la situación concreta de las víctimas. Así, en el marco de los criterios desarrollados, que consideró la normativa internacional e interna, que hacen hincapié en los casos de violencia sexual, las autoridades judiciales deben tener en cuenta el interés superior de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual; por ello, dentro de un proceso penal, existe un deber ético de quienes integran el sistema de justicia de impedir que la víctima enfrente un proceso judicial que implique una revictimización, pues, ésta ya sufre las afectaciones generadas por el hecho, por ello, en todo proceso penal desde la etapa investigativa, juzgamiento y sanción de esas conductas deben observarse reglas especiales que eviten atentar contra la intimidad o generen circunstancias revictimizantes.
Por lo mismo, los administradores de justicia están obligados a resolver los casos con base en criterios diferenciadores de género, con el propósito de prevenir y erradicar toda forma de violencia contra la mujer adolescente, pues, de lo contrario se produciría una revictimización; toda vez que, la respuesta que espera de las autoridades no es satisfactoria y además, llegan a confirmar patrones de desigualdad, discriminación y violencia en contra de esta población.
Conforme a lo anotado, en el marco de las normas internacionales e internas glosadas en el Fundamento Jurídico III.2., y desde una perspectiva de género, en los casos de violencia contra niñas o adolescentes mujeres, corresponderá que la autoridad fiscal y judicial, al analizar la aplicación de las medidas cautelares, considere la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentra la víctima respecto al imputado, teniendo en cuenta las características del delito cuya autoría se atribuye al imputado y la conducta exteriorizada por éste, en contra de las o los mismos, antes y con posterioridad a la comisión al delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración los derechos tanto de la víctima como del denunciante.
Entonces, tratándose de delitos de abuso sexual a niñas, niños y adolescentes, deberá considerarse la especial vulnerabilidad de esas víctimas; pues, esas circunstancias exigen medidas de protección inmediata y preferenciales para la atención integral a las víctimas que exigen medidas específicas en el proceso penal, orientadas a generar una respuesta institucional especializada para evitar la revictimización de la niña o adolescente.
En ese sentido, las autoridades judiciales, al considerar la aplicación de medidas cautelares o su modificación, deben tomar en cuenta los derechos de la víctima, evitando probables hostigamiento, amenazas o atentados en su contra o de su familia; así, la medida que se le imponga o modifique otra, respecto al imputado a quien se le atribuye una agresión sexual contra niñas o adolescentes, debe velar por la protección de esa víctima, de tal modo que, la medida a imponerse no se oponga o desnaturalice la protección que el Estado debe brindar a las mujeres víctimas de violencia.
Consiguientemente, a partir de todo lo explicado, en el marco de las medidas de protección exigidas al Estado boliviano, por las normas nacionales e internacionales, las autoridades fiscales y judiciales, deben considerar que:
a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.7 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante;
b) De manera específica, tratándose del delito de trata de personas, deberá considerarse la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas que sufrieron engaño, fraude, violencia, amenaza, intimidación, coerción, abuso de autoridad, o en general, ejercicio de poder sobre ellas; y, c) En casos de violencia contra las mujeres, la solicitud de garantías personales o garantías mutuas por parte del imputado, como medida destinada a desvirtuar el peligro de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP, se constituye en una medida revictimizadora, que desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las víctimas; pues, en todo caso, es ella y no el imputado, la que tiene el derecho, en el marco del art. 35 de la Ley 348, de exigir las medidas de protección que garanticen sus derechos.
Asimismo, conforme lo dispone el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, -Ley 1173 de 8 de mayo de 2019-, se modificó únicamente el numeral 10 por el numeral 7 del art. 234 del CPP, empero no, su contenido, cuya redacción fue declarada constitucional por la SCP 0056/2014.
Con carácter previo al análisis de la problemática planteada, el Tribunal de garantías -conforme se tiene del Auto de admisión 5 de mayo de 2023-, a tiempo de admitir la presente acción de libertad y en virtud a lo requerido por el accionante en el Otrosí Primero del memorial de acción de libertad, ofició al Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -demandado-, para que remita el Auto de Vista de 2 de mayo de 2023 -confutado-, dictado dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Publico en contra el ahora accionante; no obstante, dicho antecedente no fue remitido, conforme se precisó del informe evacuado por Secretaria de dicho Tribunal, situación que transgrede lo previsto por los arts. 29.4 inc. e) y 38 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que establecen la obligación de remitir un expediente escrito que cuente con los documentos que contengan los elementos de prueba y remitir tanto la resolución como los antecedentes que permitan realizar la revisión de la decisión arribada; en ese sentido, la SCP 0087/2012 de 19 de abril, determinó que, todo juez o tribunal de garantías, tienen la obligación de remitir al Tribunal Constitucional Plurinacional, toda la prueba aportada por la parte accionante y demandada en la acción de libertad; y, la que de oficio pudo producir máxime cuando la misma haya servido para resolver inicialmente la problemática; es así que, en el caso concreto el Vocal de la mencionada Sala -demandado-, se apartó de los preceptos de dicho artículo y el precedente citado en el mencionado fallo constitucional, entorpeciendo la labor de este Tribunal. Dicho lo anterior, el accionante argumenta que en el Auto de Vista confutado -respecto al riesgo previsto en el art. 234.7 del CPP-, no se valoró los elementos de prueba presentados como la solicitud de homologación de medidas de protección, garantías constitucionales unilaterales para la víctima; e, informe psicológico emitido por la psicóloga del Régimen Disciplinario.
A partir de tal parámetro, se debe establecer la imposibilidad de simplemente presumir la veracidad de los hechos denunciados, como lo realizó el Tribunal de garantías, ello, considerando que se aborda un caso de violación, que amerita un razonamiento con perspectiva de género que exige se cumpla el deber de debida diligencia que rige para toda autoridad judicial; así, la SCP 0033/2013 de 4 de enero, señaló que, la tutela brindada a través de esta acción debe ser inmediata, prescindiendo de formalismos en casos donde existan amenazas por violencia física de género; aspecto concordante con la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, que precisó un auto-mandato de revisión integral del problema jurídico en los casos que involucren violencia de género.
En ese entendido ingresando al fondo de lo impetrado, se debe tomar en cuenta lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional que razona sobre la posibilidad de que este Tribunal pueda ingresar a revisar la valoración de la prueba, señalando que cuando: las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad, omitieron de manera arbitraria su valoración o basaron su decisión en prueba inexistente o que refleje un hecho distinto al usado como argumento; aclara tal fundamento, que además de desglosar tales aspectos, el accionante debe especificar cuál la relevancia constitucional que sustente la necesidad de revisar tal valoración probatoria; aspecto concordante con lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
En ese orden, se advierte que dichos criterios jurisprudenciales, fueron totalmente incumplidos por el accionante, pues, únicamente se limita a señalar que la prueba no fue valorada sin desglosar adecuadamente, si su valoración modificaría el fondo de lo resuelto; es decir, tratándose de una cesación de la detención preventiva conforme el art. 239.1 del CPP, se requiere la presentación de elementos de prueba que desacrediten las razones que fundaron los riesgos procesales; pero en el presente caso, el accionante omite explicar a partir de qué parámetros se fundó el riesgo procesal y cómo los elementos que alega no fueron valorados y modificarían estas causales que fundaron el riesgo; carga argumentativa necesaria que se requiere para entender la relevancia constitucional de lo impetrado, pues, sería ilógico que esta instancia determine la nulidad de una resolución para posteriormente conseguir un mismo resultado.
Además de ello, se debe tomar en cuenta que el Fundamento Jurídico III.4 -respecto al riesgo procesal descrito en el art. 234.7 del CPP-, razonó estableciendo textualmente que: “…la solicitud de garantías personales o garantías mutuas por parte del imputado, como medida destinada a desvirtuar el peligro de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP, se constituye en una medida revictimizadora, que desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las víctimas; pues, en todo caso, es ella y no el imputado, la que tiene el derecho, en el marco del art. 35 de la Ley 348, de exigir las medidas de protección que garanticen sus derechos…”. Razonamiento que contradice plenamente el argumento del accionante, por el cual pretende modificar este riesgo procesal ofreciendo garantías personales, cuando tal acto constituye una medida revictimizadora, tomando en cuenta que el delito procesado, debe ser considerado con especial atención y razonado dentro de los parámetros de la perspectiva de género en razón de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la víctima y que exige que toda autoridad judicial actúe con la debida diligencia.
Por lo descrito, se observa que la problemática presentada por el accionante respecto a la fundamentación del riesgo procesal descrito por el art. 234.7 del CPP, no cumple con la exigida relevancia constitucional; pues, no explica cómo la valoración de los elementos que describe no fueron valorados y en ese mérito modificaría el fondo de lo resuelto; asimismo, se pretende la valoración de elementos que de ninguna manera garantizarían la seguridad de la víctima y que en cambio se constituyen en medidas revictimizadoras para la misma; por lo que, respecto al análisis del riesgo procesal descrito en el art. 234.7 del CPP, corresponde denegar la tutela solicitada.
Con relación al riesgo de obstaculización descrito en el art. 235.2 del CPP, el accionante argumenta de igual manera, que no se valoró el certificado de permanencia y buena conducta, el cuaderno de investigaciones del cual señala se puede corroborar no existe informe negativo en su contra; su declaración voluntaria notariada, por la cual otorgó amplias garantías constitucionales para la víctima, denunciante y su entorno familiar; las medidas de protección que fueron ofrecidas ante la Fiscal de Materia y memoriales por los cuales se solicitó el avance de las investigaciones a efectos que se desarrolle su audiencia en Cámara Gesell pero que fueron suspendidas precisamente por ausencia de la víctima, demostrando así su intención de colaborar con todos los actuados procesales.
Al respecto, el prenombrado incurre en el mismo error que al momento de observar el riesgo procesal descrito por el art. 234.7 del CPP; pues, es pertinente recordar que el art. 235.2 del mencionado Código, busca impedir “…que el imputado amenace o influya negativamente sobre los partícipes, víctima, testigos o peritos a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente”; entonces, en razón a que la cesación de la detención preventiva se funda en el art. 239.1 del CPP, se requiere de nuevos elementos que acrediten que no concurren los motivos que fundaron la medida; por lo que, el accionante debió cumplir con la carga argumentativa de explicar cuáles fueron las razones que fundaron el riesgo procesal; y a partir de ello, explicar como cada uno de elementos que alega no fueron valorados podrían modificar este riesgo de obstaculización; es decir, debió desarrollar qué personas fueron catalogadas en la resolución inicial que fundó el riesgo procesal como sujetos de amenaza o influencia; y cómo a partir de ello, las pruebas que presenta demuestran no es posible pueda amenazarse o influirse sobre las mismas; sin embargo, este razonamiento no fue cumplido, no siendo responsabilidad de este tribunal suplir tal carga argumentativa en razón del principio de imparcialidad e igualdad.
Entonces, se puede determinar que la presente problemática referente al riesgo procesal descrito en el art. 235.2 del CPP, carece de total relevancia constitucional, pues no se explica adecuadamente como la valoración de los elementos incidiría sobre el fondo de lo resuelto; razón por la cual, corresponde sobre el análisis de este riesgo procesal denegar la tutela impetrada. Finalmente corresponde precisar que, las medidas cautelares tienen carácter provisional y no causan estado y pudiendo ser modificadas o revocadas en cualquier etapa del proceso penal, conforme dispone el art. 250 del CPP; por lo que, el accionante puede acudir a la vía correspondiente. En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 12/23 de 5 de mayo de 2023, cursante de fs. 149 vta. a 152 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, de conformidad a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional; y,
2° Llamar severamente la atención a los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituidos en Tribunal de garantías, ante la completa inobservancia a lo previsto en el arts. 29.4 inc. e) y 38 del CPCo y lo establecido en la SCP 0087/2012 de 19 de abril, que establecen la obligación de remitir tanto la resolución como los antecedentes que permitan a este Tribunal, realizar la revisión de la decisión arribada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1283_2025-S3.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): f87e50bf53d7d0ff9a006777181615f1adb7407549676f1db06db92a20c79d0a
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