Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 14 de octubre de 2025
Deniega la tutela
El peticionante de tutela denuncia la lesión de sus derechos fundamentales a la libertad, al acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, al debido proceso en sus elementos de transparencia, probidad, honestidad judicial, el derecho a la defensa, a recurrir; toda vez que, en el despacho del Juez demandado, en el acta de audiencia de cesación a la detención preventiva introdujo términos errados, por lo que el Vocal demandado emitió el Auto de Vista 21/2023 de 11 de enero, que dispuso declarar por inadmisible el recurso de apelación, de manera formalista. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes temas: a) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; y, b) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 34/2023 de 27 de abril, cursante de fs. 52 a 54, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela sobre la base de los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1283/2025-S1 Sucre, 14 de octubre de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 55588-2023-112-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 34/2023 de 27 de abril, cursante de fs. 52 a 54, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Iván Adrián Espinoza Limachi contra Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz e Iván Elmer Perales Fonseca, Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 26 de abril de 2023, cursante de fs. 24 a 32 vta., el accionante, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación -previsto y sancionado por el art. 308 del Código Penal (CP)- a través del Auto Interlocutorio de 30 de noviembre de 2018 se dispuso su detención preventiva en el Centro de Reinserción Social Qalahuma de Viacha. Al encontrarse radicada la causa ante el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, el 3 de enero de 2023 solicitó cesación a la detención preventiva, celebrándose la audiencia el 5 del mismo mes y año, emitiéndose el Auto Interlocutorio 001/2023 que rechazo la solicitud efectuada. Ante tal determinación, el abogado de la defensa en audiencia manifestó ‘“Al amparo del Art. 251 de la Ley 1173 interponemos recurso de apelación en contra de su resolución”’ (sic); por lo que el Juez demandado concedió el recurso y dispuso la remisión de antecedentes; así, el 6 de enero de 2023 se remitió obrados ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz encontrándose aparejado un acta de audiencia complementaria suscrita por los Jueces del Tribunal de Sentencia referido. Recepcionado el recurso de apelación, el Vocal ahora demandado no señaló audiencia de consideración del recurso y resolvió de manera directa a través del Auto de Vista 21/2023 de 11 de enero, declarando la inadmisibilidad del recurso y confirmando el Auto Interlocutorio 001/2023 de 5 de enero, con el argumento que no se interpuso recurso de apelación en el acto de manera oral, sino al haber indicado ‘“voy a interponer el recurso de apelación”’ (sic) se refiere a un acto a futuro. Por tal motivo, por memorial de 15 de febrero del mismo año, solicitó explicación, complementación y enmienda; sin embargo, el Vocal demandado por Auto de 16 de igual mes y año, no dio lugar a la enmienda. De lo que se advierte que el Juez demandado modificó la verdad en el acta complementaria de la audiencia de 5 de enero de 2023 y el Vocal demandado, ante la modificación de la verdad generada por el Juez demandado, optó por un ritualismo al declarar la inadmisibilidad.
Considera lesionados sus derechos a la libertad, al acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, al debido proceso en sus elementos de transparencia, probidad, honestidad judicial, a la defensa, a recurrir; citando al efecto los arts. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE); y 8.2.h), 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); y, 2.3.a del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se restablezcan los derechos fundamentales invocados y se deje sin efecto el Auto de Vista 21/2023 de 11 de enero, su complementario de 16 de febrero del mismo año y se ordene la reposición del acta de audiencia de 5 de enero de 2023, insertando en ella de forma real la interposición del recurso de apelación en contra el Auto Interlocutorio 001/2023 de 5 de enero y se sorteé nuevamente el recurso de apelación para su resolución, se disponga la condenación en costas y costos.
Celebrada la audiencia el 27 de abril de 2022, según acta de fs. 48 a 51 vta., produciéndose los siguientes actuados:
El peticionante de tutela a través de su abogado en audiencia ratificó el contenido integro de la acción tutelar interpuesta.
Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, presentó informe escrito el 27 de abril de 2023 cursante a fs. 38 a 43 vta., en el que señaló: a) La causa fue remitida en grado de apelación incidental ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, revisados los archivos se emitió el Auto de Vista 21/2023, declarando inadmisible la apelación interpuesta por Iván Adrián Espinoza Limachi y confirmando el Auto Interlocutorio 001/2023 de 5 de enero; b) El Tribunal de alzada se rige bajo el principio de limitación por competencia previsto por el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP), los agravios expuestos por la parte apelante y la respuesta a la misma, otros extremos no vienen al caso considerar; c) Del Auto de Vista 21/2023 de 11 de enero, se evidencia que está debidamente motivado y fundamentado, cumpliendo a cabalidad con los requisitos establecidos con la normativa jurídica vigente, al haber procedido a desarrollar y exponer de manera clara todos los aspectos de hecho, derecho y jurisprudenciales, por lo que no se vulneró el derecho al debido proceso; d) La acción de libertad solo hace una extensa relación de los hechos suscitados dentro de su proceso penal refiriendo derechos sin indicar en qué momento, con que acción y omisión se procedió con la supuesta vulneración, mismas que no proceden a justificarlas ni tampoco explica su aplicación y pretensión por esta Sala Penal Tercera, no correspondiendo su consideración por no estar debidamente fundada, extremos que no guardan relación con las actuaciones y la emisión del Auto de Vista 21/2023; e) Con relación a la denuncia de falsear la verdad no corresponde a la Sala Penal al no ser quienes labraron el acta de 5 de enero de 2023, además como parte interesada debió hacer el seguimiento oportuno, y advertidos de los errores y omisiones, debieron hacer notar cualquier observación y vulneración ante la instancia correspondiente en el momento oportuno, agotar todas las instancias y recursos y si señala que el acta de 5 de enero es falsa tiene que acudir ante la autoridad competente para demostrar este aspecto; por lo que, de declararse que un acto judicial es falso, no da lugar a la viabilidad por el Tribunal de alzada, menos en una acción de libertad; f) Sobre la denuncia que el Auto de Vista es ritualista, a partir del mes de noviembre de 2019 ingresó en vigencia la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, que modificó el art. 251 del CPP, y en su disposición transitoria décima tercera estableció la creación del Reglamento 12/2019 de conductas y medidas disciplinarias inherentes al poder ordenador y disciplinario en audiencia en materia penal que debe ser aplicado en los procesos penales, así el art. 251 del CPP y el art. 33 del Reglamento establecen que la persona agraviada con una decisión de medida cautelar personal debe interponer el recurso de apelación en el acto de manera oral, en el presente caso el imputado, no interpuso su recurso de apelación en el acto de manera oral, solamente se limitó a indicar “voy a interponer el recurso de apelación” (sic); por lo que, el imputado no apeló de manera oral y en el acto; g) Con relación a la remisión, se tiene que el Juez A quo no tiene facultades para pronunciarse sobre la admisibilidad de los recursos, el legajo remitido fue atendido por esta instancia facultada para los efectos dentro de los plazo procesales; h) En cuanto al cumplimiento del art. 251 del mencionado código, todos los extremos se encuentran detallados en la referida decisión, no existiendo agravio alguno, la misma es clara, se encuentra debidamente fundamentada y motivada atendida dentro de los plazos establecidos por ley, el art. 399 del CPP refiere “Si el recurso es inadmisible lo rechazara sin pronunciamiento sobre el fondo” entendiéndose que es atribución y facultad única y exclusiva de los Tribunales de alzada; i) En cuanto al derecho de impugnación, el art. 251 del adjetivo penal y el art. 33 del Reglamento 12/2019 señala que la parte que se considere agraviada con la resolución apelará la resolución en el acto; por lo ya desarrollado en el Auto de Vista 21/2023 se tiene que el accionante no interpuso su recurso de apelación de manera oral y en la misma audiencia; j) En cuanto a la tutela judicial el Tribunal de alzada dentro de los plazos establecidos por ley atendió la causa de acuerdo a todos los antecedentes adjuntos en el legajo correspondiente remitido por el Tribunal A quo; k) Con relación al derecho a la libertad, el impetrante de tutela no refiere los fundamentos legales para hacer prevalecer su petición, siendo que esta instancia no determinó su situación jurídica, solo emitió pronunciamiento en cuanto a la apelación incidental de medida cautelar procediendo en tiempo, plazo y forma oportuna y debida; por lo que, no ha vulnerado ningún derecho ni garantía constitucional; y, l) El accionante interpone su acción de libertad después de transcurridos más de tres meses desde la dictación del Auto de Vista 21/2023 de 11 de enero, cuando está facultada por ley para realizar su petición de modificación de su situación jurídica cuantas veces crea necesario ante la autoridad correspondiente; con estos argumentos solicitó se deniegue la tutela.
Iván Elmer Perales Fonseca, Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, presentó informe en audiencia señalando lo siguiente: 1) En este caso específico el accionante omite referir que posterior a la decisión de detención preventiva y al Auto de Vista que ahora cuestiona como vulnerador de sus derechos, interpuso una nueva solicitud de cesación a la detención preventiva, de forma posterior, lo que de manera clara determina el rechazo de la acción de libertad como lo establece la SCP 003/2023-S1 de 3 de enero, que refiere a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, cuando establece que si impugna la resolución la misma es confirmada en apelación, pero en lugar de activar inmediatamente la acción de libertad decide voluntariamente realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior decisión judicial; en el caso, ante una nueva petición, la misma fue resuelta por Auto Interlocutorio 18/2023 de 28 de marzo, que dispuso rechazar la solicitud; por lo que, el accionante interpuso recurso de apelación el cual fue remitido a la Sala Penal Segunda y hasta el momento no fue devuelto; y, 2) El CPP modificado por el art. 8 de la Ley 1173, establece que las resoluciones emitidas en la audiencia serán transcritas por el secretario o secretaria del juzgado en el sistema informático de gestión, no por los jueces, si se considera que hubo un error o falsedad de alguna palabra en su momento pudo solicitar corrección, sin embargo, los Vocales en salas no pueden argumentar formalismos sobre la interposición para negar su consideración, ni anular resoluciones y disponer que los jueces vuelvan a emitir nueva resolución, así lo prohibió el Tribunal Constitucional, ordenando que deben ser los vocales quienes deben resolver el fondo, lo correcto era que inmediatamente conoció este criterio del Vocal debió interponer la acción en su contra para que se pronuncie en el fondo de la petición, pero no lo hizo, prefirió volver a solicitar la cesación la cual fue rechazada y está en apelación, y posteriormente presenta esta acción cuando en el caso se emitió el Auto Supremo 1545/2022 de 10 de noviembre, que declaró inadmisible el recurso de casación, confirma el Auto de Vista y por lo tanto confirma la Sentencia condenatoria; encontrándose en etapa de ejecución y conforme el art. 428 del CPP el Juez de ejecución penal, es el único competente para resolver cualquier petición y, ya no el Tribunal de Sentencia, entonces la discusión sobre medidas cautelares de una resolución anterior no corresponde; por lo que solicitó se deniegue la acción.
El Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 34/2023 de 27 de abril, cursante de fs. 52 a 54, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: i) Conforme se tiene del informe emitido por el Juez del Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, el proceso principal actualmente ya cuenta con Sentencia, Auto de Vista y el Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Penal pronunció el Auto Supremo 1545/2022 de 10 de noviembre; por lo que, la sentencia de primera instancia fue confirmada y se encuentra en ejecución de fallo, al respecto, se debe tener presente que cuando un proceso se encuentra en esta etapa ya no corresponde considerar la cesación de la detención preventiva, en razón que en esta instancia del proceso, se debe ejecutar la sentencia; y si bien puede aplicarse los beneficios que están establecidos en la Ley de Ejecución Penal, pero ya no como medida cautelar; ii) Con relación al Auto de Vista emitido por el Vocal demandado, se tiene que el accionante en su momento oportuno no hizo los reclamos correspondientes; por otra parte, también se tiene que hizo uso de una nueva pretensión de cesación de detención preventiva; consecuentemente, de darse curso a la acción de libertad, habría fallos distintos de las pretensiones que es la cesación de la detención preventiva, consecuentemente, al haber realizado una nueva solicitud de cesación de detención preventiva las resoluciones antes emitidas han causado estado; por lo que, no corresponde considerar lo impetrado.
II.1. De la revisión del expediente, el Auto Interlocutorio 001/2023 de 5 de enero, en la parte resolutiva rechaza la solicitud de cesación a la detención preventiva interpuesta por Iván Adrián Espinoza Limachi, y refiere:
“Ante la denuncia por la defensa que existe una excesiva dilación de cinco años, sin que exista sentencia ejecutoriada por lo que se dispone se remita OFICIO a la Sala Penal Primera y al Tribunal Supremo en su Sala Penal haciendo conocer la dilación advertida, siendo que el recurso de apelación restringida fue remitido a la SALA PENAL PRIMERA el 03 de diciembre de 2020, hace más de DOS AÑOS estando cumplidos todos los plazos procesales señalados en los arts. 411 y 419 del CPP sin que se tenga una decisión final considerando que se trata de un delito de VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA MUJER” (sic), Asimismo, se advierte que el abogado de la defensa interpuso recurso de apelación por lo que los Jueces del Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, dispusieron su remisión (fs. 7 a 9). II.2. Consta Auto de Vista 21/2023 de 11 de enero, emitido por el Vocal demandado en el que se declara inadmisible la apelación planteada por el ahora accionante, por no haberse interpuesto en el acto oralmente; en consecuencia, se confirma el Auto Interlocutorio 001/2023 de 5 de enero, así como el Auto de explicación, complementación y enmienda de 16 de febrero de 2023, que determina no ha lugar al pedido de enmienda impetrado por Iván Adrián Espinoza Limachi, quedando firme y subsistente lo dispuesto en el Auto de Vista 21/2023 de 11 de enero, por no haber sido presentado en el plazo señalado por ley (fs. 11 a 12 y 15 y vta.).
El peticionante de tutela denuncia la lesión de sus derechos fundamentales a la libertad, al acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, al debido proceso en sus elementos de transparencia, probidad, honestidad judicial, el derecho a la defensa, a recurrir; toda vez que, en el despacho del Juez demandado, en el acta de audiencia de cesación a la detención preventiva introdujo términos errados, por lo que el Vocal demandado emitió el Auto de Vista 21/2023 de 11 de enero, que dispuso declarar por inadmisible el recurso de apelación, de manera formalista. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes temas: a) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; y, b) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0381/2018-S2 de 24 de julio, 0528/2018-S2 de 14 de septiembre, entre otras, asumió el siguiente razonamiento: El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. En el marco de dicho entendimiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal, se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el juez de instrucción penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea, la justicia constitucional. Por su parte, la SC 0054/2010-R de 27 de abril puntualizó que las denuncias de actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran incurrir los fiscales y policías durante la etapa preparatoria, que implique vulneración de derechos fundamentales, deben ser presentadas ante el juez de instrucción penal, sin que sea admisible acudir directamente ante la jurisdicción constitucional; consecuentemente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo sistematiza tres supuestos de subsidiariedad excepcional de la hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.
En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria”. 2El FJ III.2, establece: “De lo anterior se extrae que todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de procedimiento penal al prever la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal; no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art. 18 constitucional, ignorando los canales normales establecidos. Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de los jurisdiccionales ordinarios aludidos”. 3El FJ III.3, señala: “Queda establecido entonces, que ante denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 54.1) y 279 del CPP, sin que sea admisible acudir en forma directa a esta acción tutelar si con carácter previo los hechos denunciados no fueron reclamados ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, que es la apta para restablecer las presuntas lesiones a derechos fundamentales y -se reitera- sólo en caso de verificarse que existirá una dilación o que esa instancia no se constituye en la eficaz y oportuna para restablecer esos derechos, es que se abre la posibilidad de acudir a la presente acción tutelar en forma directa”. 4El FJ III.4, determina: “Primer supuesto: Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación.
Segundo Supuesto: Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en acción de libertad para los casos en los que, en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones. Más tarde, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo sostuvo que si la acción de libertad está fundada en la restricción del derecho a la libertad personal, por causa de haberse restringido la misma, al margen de los casos y formas establecidas por ley y no esté vinculado a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción de libertad puede ser presentada de manera directa. Posteriormente, la SCP 0482/2013 de 12 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2.2, sistematizó las reglas de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, conforme a lo siguiente:
1. Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada de forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley (…)
2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional.
3. Cuando el accionante hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad, sobreviene también la subsidiaridad.
ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física.
Tercer supuesto: Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar”. 5El FJ III.2, cita: “En este orden, en cuanto a la presunta indebida privación de libertad, deberá tenerse en cuenta que la misma puede producirse, ya por hechos y circunstancias eventualmente no vinculadas a la presunta comisión de un delito y otras veces, sí vinculadas a dicha presunta comisión de un delito. En consecuencia, si no existe inicio de investigación y tampoco presunta comisión de delito alguno, corresponderá a la justicia constitucional conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una presunta indebida privación de libertad.
(…)
Queda establecido que cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción es directa contra las autoridades que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley”.
4. Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada.
5. Si impugnada la resolución, ésta es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar (las negrillas y el subrayado son nuestros). Finalmente, la SCP 1888/2013 de 29 de octubre moduló la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la SCP 0482/2013 antes citada, señalando que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: 1) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; o, 2) Cuando existiendo dicha vinculación, no se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal; último supuesto, que de ninguna manera, implica que ante restricciones del derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley, no sea posible la presentación de la acción de libertad en forma directa, antes de haber transcurrido los plazos establecidos en la norma procesal penal. En síntesis, es posible la presentación directa de la acción de libertad, en el primer supuesto señalado en la SCP 0482/2013, cuando: i) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; ii) Cuando existiendo dicha vinculación: ii.a) No se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal, o cuando: ii.b) No habiendo transcurrido dichos plazos, se hubiere restringido el derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley.
De conformidad a la sistematización de la línea jurisprudencial anotada, el juez de instrucción penal es la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional de la investigación, desde los actos iníciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria, siendo también, llamada por ley para atender cualquier denuncia de vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales durante esta etapa.
El peticionante de tutela denuncia la lesión de sus derechos fundamentales a la libertad, al acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, al debido proceso en sus elementos de transparencia, probidad, honestidad judicial, el derecho a la defensa, a recurrir; toda vez que, en el despacho del Juez demandado, en el acta de audiencia de cesación a la detención preventiva introdujo términos errados, por lo que el Vocal demandado emitió el Auto de Vista 21/2023 de 11 de enero, que dispuso declarar por inadmisible el recurso de apelación, de manera formalista. De acuerdo a los antecedentes del expediente tutelar, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, ante la solicitud de cesación a la detención preventiva se emitió Auto Interlocutorio 001/2023 de 5 de enero, que en la parte resolutiva rechaza la misma, por otra parte, refiere:
“Ante la denuncia por la defensa que existe una excesiva dilación de cinco años, sin que exista sentencia ejecutoriada por lo que se dispone se remita OFICIO a la Sala Penal Primera y al Tribunal Supremo en su Sala Penal haciendo conocer la dilación advertida, siendo que el recurso de apelación restringida fue remitido a la SALA PENAL PRIMERA el 03 de diciembre de 2020, hace más de DOS AÑOS estando cumplidos todos los plazos procesales señalados en los arts. 411 y 419 del CPP sin que se tenga una decisión final considerando que se trata de un delito de VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA MUJER”. Asimismo, se advierte que el abogado de la defensa interpuso recurso de apelación, por lo que los Jueces del Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, dispusieron su remisión (Conclusión II.1).
También consta el Auto de Vista 21/2023 de 11 de enero, emitido por el Vocal demandado en el que se declara inadmisible la apelación planteada por el ahora accionante, por no haberse interpuesto en el acto oralmente conforme señalan las normas legales indicadas anteriormente, en consecuencia, se confirma el Auto Interlocutorio 001/2023 de 5 de enero, así como el Auto de explicación, complementación y enmienda de 16 de febrero de 2023, que determina no ha lugar al pedido de enmienda impetrado por Iván Adrián Espinoza Limachi, quedando firme y subsistente lo dispuesto en el Auto de Vista 21/2023 de 11 de enero, por no haber sido presentado en el plazo señalado por ley (Conclusión II.2). Ahora bien, de acuerdo al informe evacuado por el Juez demandado, se establece que en forma posterior a la dictación del Auto de Vista 21/2023 de 11 de enero, que se impugna en la presente acción tutelar, el procesado solicitó la cesación a la detención preventiva, que fue rechazada por Auto Interlocutorio 18/2023 de 28 de marzo, casi un mes antes de la interposición de la presente acción, respecto al cual interpuso recurso de apelación que fue remitido al Tribunal de alzada que aún no habría devuelto, aspecto que al no haber sido refutado o negado por el accionante se tiene por evidente; de lo que se concluye que conforme al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, el accionante una vez resuelto el Auto de Vista 21/2023 de 11 de enero, que confirma la decisión inferior, en lugar de activar inmediatamente la acción de libertad, decide voluntariamente realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica como es la cesación de detención preventiva y la misma está en trámite, en el tribunal de alzada; por lo que en estos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la anterior resolución judicial, donde se emitió el Auto de Vista referido; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar. Consecuentemente, el presente caso cae dentro de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, que impide que esta jurisdicción efectúe el examen sobre las presuntas arbitrariedades cometidas por las autoridades demandadas, en el entendido que no se puede ingresar a analizar el Auto de Vista 21/2023 de 11 de enero, ni el Auto Interlocutorio 001/2023 de 5 de enero; correspondiendo denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 34/2023 de 27 de abril, cursante de fs. 52 a 54, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela sobre la base de los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
1 El FJ III.1.2, señala: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del
6 El FJ III.2, señala: “Ahora bien, con la finalidad de otorgar certeza y seguridad jurídica, es necesario modular la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la Sentencia Constitucional Plurinacional antes glosada y, en ese sentido, debe señalarse que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: i) La supuesta lesión o amenaza al derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito o, ii) Cuando, existiendo dicha vinculación, no se ha informado al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de procedimiento penal; no siendo exigible, en ninguno de los dos supuestos anotados, acudir ante el juez cautelar de turno con carácter previo; pues se entiende que, en el primer caso, no se está ante la comisión de un delito y, por lo mismo, el juez cautelar no tiene competencia para el conocimiento del supuesto acto ilegal, y en el segundo, existe una dilación e incumplimiento de los plazos procesales por parte de la autoridad fiscal o, en su caso, policial, que bajo ninguna circunstancia puede ser un obstáculo para el acceso a la justicia constitucional”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1283_2025-S1.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 55072e508f74d64868ae369b0d0031f8e6a4cd13f5af80f8de10fd2d67366cc5
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