B.IA.LEGAL

SCP 1277/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 14 de octubre de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
14 de octubre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
55557-2023-112-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El demandante de tutela a través de su representante, considera lesionado sus derechos a la libertad y el debido proceso en su vertiente celeridad; toda vez que la Jueza demandada suspendió la audiencia de solicitud de cesación a la detención preventiva y no señaló “nueva fecha” para la referida audiencia. En consecuencia, con carácter previo, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, al efecto, se verificará: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; 2) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares; 3) La solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por la leyes 1173 y 1226; y, 4) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 1 de 4 de abril de 2023, cursante de fs. 27 a 28, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia; CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración que no se dispone la libertad del accionante.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares
  3. III.3. Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por las leyes 1173 y 1226
  4. III.4. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1277/2025-S1 Sucre, 14 de octubre de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 55557-2023-112-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 1 de 4 de abril de 2023, cursante de fs. 27 a 28, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jaime Daniel Campos Villanueva Defensor Público dependiente del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) en representación sin mandato de Ruddy Bejarano Román contra Anay Añez Mendoza, Jueza de Instrucción Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 3 de abril de 2023, cursante de fs. 1, 17 a 18 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión de robo previsto y sancionado por el art. 331 del Código Penal (CP), el Ministerio Público el 29 de enero de 2023, presentó Imputación Formal en su contra y que en audiencia de medidas cautelares de 30 de enero de 2023, ordenó su detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz, por el lapso de ciento veinte días, sin considerar la improcedencia a la detención preventiva establecido por el art. 232.6 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-. Añade que, el 15 de marzo de 2023 y conforme al art. 239.1 de la referida Ley 1173, solicitó a la Juez ahora demandada el señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva, ante lo cual, la precitada señaló audiencia para el 22 de igual mes y año a horas 10:00; sin embargo, en dicha fecha la misma fue suspendida por falta de notificación a la víctima, motivo por el cual señaló una nueva audiencia para el 27 del referido mes y año, a horas 11:00. Sin embargo, llegada la fecha antes referida, la defensa técnica del accionante se hizo presente en el despacho judicial, recibiendo información de la auxiliar, en sentido que la Jueza “se encontraba en comisión…” (sic), por lo que el expediente del presente proceso ingresó a despacho con informe para que la Jueza señale nuevo día y hora de audiencia, situación que no fue realizada por la Jueza demandada, puesto que el abogado del accionante se apersonó en diferentes ocasiones para notificarse con el señalamiento de la nueva audiencia, sin obtener una respuesta; por lo que, se habría incumplido el plazo del citado art. 132.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), al no emitir el decreto con el señalamiento de la nueva audiencia en el plazo de veinticuatros horas, lo cual concuerda con el art. 239 de la Ley de Protección a la Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente -Ley 1443 de 4 de julio de 2022-, ya que hasta la fecha no se tiene el señalamiento de la nueva audiencia para considerar la cesación a la detención preventiva en el plazo de cuarenta y ocho horas, aspecto que ahora es reclamado.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato considera lesionados sus derechos a la libertad y el debido proceso en su elemento celeridad; citando al efecto, los arts. 22 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se conmine a la Jueza demandada: a) Se señale día y hora de la audiencia para la resolución de la solicitud a la cesación a la detención preventiva; b) Se diligencie a las otras partes con la finalidad de llevar a cabo la audiencia solicitada; y, c) Se instale la audiencia conforme al procedimiento.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

La audiencia pública virtual de consideración de la presente acción de defensa, se realizó el 3 de abril de 2023, según consta en el acta de audiencia cursante de fs. 26 a 27, produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El peticionante de tutela, a través de su representante sin mandato y abogado, se ratifiqué en el contenido íntegro de su demanda de acción de tutela y ampliando los fundamentos de la misma, y en el desarrollo de la audiencia, señalo que: 1) Se tenía señalada la audiencia en cesación a la detención preventiva para el 27 de marzo de 2023, y “… la juez evidentemente no estaba, porque estaba en comisión de estudio. Sin embargo, indican que ingresaría a despacho con un informe para el señalamiento de una audiencia, lo cual hasta la fecha no ha sido así…” (sic), situación que ratificó la Jueza demandada, indicando que no tiene ningún señalamiento de audiencia; 2) La citada Jueza al no haber resuelto dicha petición tiene la obligación de programar nueva fecha de audiencia para dicha resolución, audiencia que hasta la fecha no fue dispuesta ni llevada a cabo, el art. 132.1 del CPP, establece el plazo de veinticuatro horas para señalar nueva fecha de audiencia mediante una providencia de mero trámite; asimismo, el art. 239 del mismo texto legal adjetivo, dispone que una solicitud de cesación debe ser resuelta en el plazo de veinticuatro a cuarenta y ocho horas, siendo que la audiencia suspendida fue el 27 de marzo de 2023, “La autoridad jurisdiccional tenía el plazo hasta el miércoles o jueves 30 de se llevará a cabo la audiencia, la misma que fue suspendida reitero por causa mayor.” (sic); 3) Se encuentra con detención preventiva de manera irregular ya que conforme a la documentación que se adjuntó, fue imputado por el delito de robo, previsto en los arts. 231 y 232.VI del CPP, siendo que este último establece los motivos para la detención preventiva para este tipo de delitos; 4) La autoridad demandada señaló una audiencia, la cual ha sido suspendida por causas ajenas de la misma, en ese sentido bajo el principio de objetividad que establece la CPE, se debe señalar una nueva fecha de audiencia en el plazo de 48 horas establecido por la norma la cual no fue realizada, situación que vulnera evidentemente el derecho a la libertad y a la celeridad procesal y más aún que hay jurisprudencia que establece que toda autoridad jurisdiccional debe atender las solicitudes sin dilaciones procesales; 5) El Juez demandado “…al pretender que la defensa técnica presenté un memorial pidiendo nuevamente audiencia. Es una nueva dilación procesal porque al presentar pasan días, pasan fechas y la misma no se llevan a cabo, en este caso hay más de 8 días sin que se resuelva la situación jurídica…” (sic); y, 6) Solicitó se declare procedente la presente acción de libertad y se señale el día y hora de audiencia, que la Jueza demandada realice las diligencias respectivas para la celebración de la referida audiencia y se señale la audiencia de cesación a la detención preventiva dentro de los plazos previsto por el art 239 del CPP.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Anay Añez Mendoza, Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz., mediante informe escrito presentado el 4 de abril de 2023, a fs. 24 vta., informó lo siguiente: i) Se señaló audiencia para considerar la solicitud de cesación a la detención preventiva del imputado ahora accionante, para el 27 de marzo de 2023 a horas 11:00; ii) El 27 de igual mes y año, fue declarada en comisión de estudio por el Tribunal Departamental de Justicia, motivo por el cual no se instaló la audiencia señalada, habiéndose realizado una nota por parte del secretario del Juzgado a su cargo , haciendo conocer dicha situación a las partes; iii) El abogado de Defensa Pública mencionó que el proceso se encontraría en despacho con un informe para un nuevo señalamiento de audiencia, situación que es completamente falsa, puesto que el expediente se encuentra a la vista, inclusive posterior a la nota emitida por el Secretario existe un memorial presentado por el Ministerio Público el 29 de marzo de 2023 y que mereció su correspondiente decreto; se tiene que el abogado de la defensa pública al presentar la presente acción de libertad, estaría activando la vía extraordinaria, sin que exista vulneración alguna de algún derecho fundamental; y,iv) Que “EN EL PRESENTE CASO, CONFORME SE TIENE EL CUADERNO PROCESAL, NO EXISTE NINGUNA SOLICITUD O MEMORIAL PENDIENTE DE RESOLUCION, MI AUTORIDAD NO HA VULNERADO NINGUN DERECHO Y TAMPOCO EXISTE DILACION INDEBIDA…” (sic); por lo que, no habiéndose cumplido con los presupuestos de activación de este mecanismo de defensa, o por lo menos activado y agotado la vía ordinaria con alguna petición, solicito se rechace la presente acción tutelar.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 1 de 4 de abril de 2023, cursante de fs. 27 a 28, denegó la tutela solicitada, con base a los siguientes fundamentos: a) La acción de libertad de pronto despacho que afirma que las decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal sean tramitadas, resueltas y optimizadas con la mayor celeridad y que todo tipo de decisión judicial vinculada al derecho a la libertad personal tiene que ser la tramitada y resuelta conforme la “SC los 124/2004” con la mayor celeridad, la autoridad judicial como garante de la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales en aras de una pronta administración de justicia y desde el principio de celeridad debe dictar la providencia de remisión del recurso de apelación o cualquiera sea, en este caso, puede ser el señalamiento de audiencia de la sensación a la medida cautelar de carácter personal lo más pronto posible, obviamente en resguardo de todos aquellos principios; b) Se constituyó como Juez de garantías el 22 de marzo del año 2023, y consta un acta de suspensión y que en atención a la audiencia de medidas cautelares de carácter personal y que evidentemente se señaló “… audiencia para el lunes 27 de marzo y que adjuntando la documentación pertinente y una nota, la secretaria o el secretario Carlos Melgar hace conocer al sujeto procesal, en este caso el interesado al incidente insta al abogado de la defensa pública que se encontraba en clara comisión y por ello no se pudo instalar la audiencia de cesación a la medida cautelar.” (sic) c) La vía constitucional no es una vía ordinaria y no se puede acudir a la vía constitucional, lo que debió hacer el accionante es solicitar a la Jueza cautelar “…en fecha tanto ustedes de manera arbitraria han…” (sic) suspendido una audiencia y no señaló nueva audiencia, ya que es la referida la que tiene el control jurisdiccional y tiene que velar por los derechos de ambas partes; de la víctima y de la imputado, evidentemente y ante la falta de respuesta de aquella solicitud recién va activar la vía constitucional; y, d) La acción de libertad de pronto despacho tiene la finalidad justamente de acelerar todos los trámites procesales cuando están vinculados a la libertad, no se debe olvidar que debe estar en un total estado de indefensión y que en lugar de interponer su acción de libertad “…que seguramente le ha costado mucho más…” (sic), debió presentar un memorial solicitando que señale nueva fecha de audiencia de medida cautelar y dentro de veinticuatro horas, si no le daba respuestas recién acudir al juez que de garantía constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: II.1. Cursa acta de audiencia de medidas cautelares de 30 de enero de 2023, y Auto Interlocutorio 27/2023 de igual data, emitido por la Jueza de Instrucción Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz ahora demandada, donde se dispuso la detención preventiva del -ahora accionante- (fs. 3 a 7). II.2. Consta memorial de 15 de marzo de 2023 de solicitud de audiencia de cesación a la detención preventiva, presentado por el ahora impetrante de tutela (fs. 14). II.3. Se tiene informe escrito de 4 de abril de 2023 presentado por la autoridadahora demandada de 4 de abril de 2023 (fs. 24 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El demandante de tutela a través de su representante, considera lesionado sus derechos a la libertad y el debido proceso en su vertiente celeridad; toda vez que la Jueza demandada suspendió la audiencia de solicitud de cesación a la detención preventiva y no señaló “nueva fecha” para la referida audiencia. En consecuencia, con carácter previo, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, al efecto, se verificará: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; 2) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares; 3) La solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por la leyes 1173 y 1226; y, 4) Análisis del caso concreto.

III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0032/2019-S2 de 25 de marzo, asumió el siguiente razonamiento: La Constitución Política del Estado, reconoce la inviolabilidad del derecho a la libertad dentro del catálogo de los derechos civiles y políticos; lo que trae como corolario, la obligación para el Estado de protegerlo por su vital importancia en el desarrollo de la personalidad; y al ser un valor inspirador del orden social y jurídico sirve de sustento a la construcción y vigencia del modelo de Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional.

Una de las dimensiones en las que se manifiesta este derecho, es la libertad física, reconocido en el art. 23 de CPE, que establece:

I. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales (…)

III. Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley…

(las negrillas son nuestras). De estas disposiciones se puede extraer, que el sistema jurídico y político boliviano, instituyó la reserva legal como garantía de este derecho; es decir, que de acuerdo a la voluntad del constituyente, es el legislador quien se halla facultado para limitar el ejercicio del mismo; de igual modo, otorgó a la persona garantías jurisdiccionales para el resguardo de dicho derecho, entre las que se halla la acción de libertad, configurada como un mecanismo de defensa para lograr su protección, en caso de ser restringido u amenazado de restricción; así lo establece el art. 125 de la CPE:

Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad.

Ahora bien, a partir de la clasificación del entonces hábeas corpus -ahora acción de libertad-, desarrollada por la SC 1579/2004-R de 1 de octubre y la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se hizo alusión al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).

2El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”.

3El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.

Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”.

Bajo ese razonamiento, toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración que realice el juez del acervo normativo que se produzca, conforme a la normativa legal. Por su parte, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, estableció que se considera actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se señale la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificado legalmente y no comparecen a la audiencia. Posteriormente, la SCP 0110/2012 de 27 de abril, modulando este entendimiento y la subregla establecida en el SC 0078/2010-R, en cuanto al plazo para fijar audiencia, señaló que éste no podía exceder de tres días; además, que la solicitud de cesación de la detención preventiva debe ser providenciada dentro del plazo de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art. 132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite.

III.2. El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente entendimiento: Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia, corresponde indicar que el art. 178.I de la CPE, dejó establecido que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”; a su vez, el art. 180.I de la misma Norma Suprema, determina que: “La jurisdicción ordinaria, se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad (…) eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”; disposiciones que se encuentran en concordancia con lo previsto en el art. 30.3 de la LOJ, pues el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de los procesos judiciales, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia. En cuanto a la aplicación del principio de celeridad exigida a toda autoridad judicial, que asuma conocimiento de una solicitud de cesación de la detención preventiva de una persona privada de libertad, debe ser entendido como la actividad procesal que tiene por finalidad realizar las diligencias judiciales con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del proceso, debiendo entender que la tardía atención a una petición formulada al juez, que involucre un derecho fundamental, afecta no solo el debido proceso, sino también la seguridad jurídica, más aun, tratándose del derecho a la libertad que se encuentra restringido por una medida cautelar, como es la detención preventiva. Sobre el particular, la jurisprudencia desarrollada por la SC 0224/2004-R, en el Fundamento Jurídico III.1, sostuvo que:

…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud" (las negrillas nos pertenecen). Jurisprudencia reiterada en numerosas Sentencias Constitucionales como las SSCC 1213/2006-R de 1 de diciembre y 0900/2010-R de 10 de agosto. Por consiguiente, debe entenderse que si bien la privación de libertad fue dispuesta por orden judicial, esta determinación no es indefinida, tiene límites en el tiempo y sobre la base del cumplimiento de requisitos que están expresamente previstos en la ley, de manera que cuando un procesado solicita la cesación de su detención preventiva, habiendo cumplido tales condiciones y el juez o tribunal no responde dentro de plazo a la pretensión efectuada, la privación se convierte en una detención indebida, razonamiento expresado en la SC 0862/2005-R.

III.3. Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por las leyes 1173 y 1226

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0740/2022-S1 de 1 de agosto, reiterada por la SCP 0787/2022-S1 de 12 de agosto -entre otras-, asumió el siguiente razonamiento: La Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, implementó procedimientos para agilizar la tramitación de las causas penales, descongestionar el sistema penal y reducir la retardación de justicia; en su Capítulo III, específicamente el art. 8 incluyó modificaciones y sustituciones a las normas del Código de Procedimiento Penal, entre las que se encuentran el art. 239, que en lo relativo al pedido de cesación de la detención preventiva por las causales que se hallaban previstas en los numeras 1 y 4 de dicha norma, establecía que se debía señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco días. Si bien hasta antes de la promulgación de la Ley 586, este Tribunal estableció que para la procedencia de la protección que brinda la acción de libertad, ante la falta de pronunciamiento oportuno dentro de una solicitud de medidas cautelares que afecta el derecho a la libertad física del imputado, dicha petición debía ser atendida dentro del plazo razonable de tres días, en el que debía fijarse día y hora de realización de la audiencia correspondiente y procederse con las notificaciones respectivas -SCP 0110/2012 de 27 de abril-; con la debido” (…).

6La detención preventiva cesará:

1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida;

2. Cuando su duración exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga;

3. Cuando su duración exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24)

meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, asesinato, violación a infante, niña, niño, adolescente, e infanticidio; y,

4. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad terminal.

Planteada la solicitud, en el caso de los Numerales 1 y 4, la o el Juez deberá señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco (5) días.

En el caso de los Numerales 2 y 3, la o el Juez o Tribunal dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, correrá traslado a las partes quienes deberán responder en el plazo de tres (3) días. Con contestación o sin ella, la o el Juez o Tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro de los cinco (5) días siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos.

En los casos previstos en los Numerales 2, 3 y 4 del presente Artículo, la o el Juez o Tribunal aplicará las medidas sustitutivas que correspondan, previstas en el Artículo 240 de este Código (las negrillas son añadidas).

7El FJ III.3, dispone que: “…tratándose de señalamientos de día y hora de audiencia para considerar este beneficio [cesación de la detención preventiva], debe ser conceptuada como un término brevísimo, de tres días hábiles como máximo, pues el imputado se encuentra privado de su libertad. En este entendido, el plazo razonable para la realización de la audiencia de análisis, consideración y resolución del beneficio de la cesación de la detención preventiva, será el término máximo antes señalado, incluidas las notificaciones pertinentes, lo contrario constituye vulneración del derecho a la libertad, en el entendido en que los jueces no pueden obrar contra los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad (art. 73 y ss de la CPE), bajo el argumento de existencia de `sobrecarga procesal´ para justificar una negligencia e incumplimiento de un deber de servicio a la sociedad”.

modificación efectuada al art. 239 del CPP por la referida Ley 586, dicho plazo fue regulado a cinco días. Sin embargo, la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, y posteriormente la Ley de Modificación a ley N° 1173 de 3 mayo de 2019, de abreviación procesal penal y de fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres -Ley 1226 23 de septiembre de 2019-introdujo las modificaciones al art. 239 referente a la cesación de las medidas cautelares personales, siendo el texto vigente el siguiente:

Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención; 3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de vienticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas. 5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o, 6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas.

Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.

En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las vienticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos.

En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código.

La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente.

Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código.” En consecuencia, el trámite a aplicar para la resolución de la cesación de la detención preventiva, es diferente en función a la causal; por una parte, para los numerales 1, 2, 5 y 6 del art. 239 del CPP, modificado por la Ley 1226, corresponde resolverlas a través de una audiencia dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. En cambio, para las causales 3 y 4 del citado artículo; dentro de las veinticuatro horas se correrá traslado a las otras partes para que respondan en el plazo de cuarenta y ocho horas y, con o sin contestación se resolverá sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas siguientes. Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, que restrinja el derecho a la libertad de locomoción de un acusado, debe tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud. Respecto del plazo en el cual debe ser providenciadas las peticiones efectuadas mediante los memoriales presentados, de conformidad con el art. 132.1 del CPP, salvo disposición contraria de dicho Código, el juez o tribunal, deberá dictarlas cuando se traten de mero trámite dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme lo entendió la SCP 0110/2012, ya que en el caso de retrasar o aplazar su emisión, no solo se lesiona el derecho a la libertad del impetrante de tutela, sino que el juzgador incurrirá en una falta grave, debido a la demora culpable en la que incurre; por tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán providenciar los escritos que presenten los imputados dentro del plazo de veinticuatro horas y señalar las audiencias respectivas dentro del término establecido, a efecto de no lesionar el derecho a la libertad de los detenidos preventivamente, sin que sea una excusa para el incumplimiento de esta obligación la excesiva carga procesal, pues su inobservancia, atenta el derecho a la libertad vinculado con el principio de celeridad. Otro aspecto a tomarse en cuenta, es la línea jurisprudencial contenida en la SCP 1905/2012 de 12 de octubre, que establece que una vez suspendida la audiencia de cesación de la detención preventiva, la autoridad de control jurisdiccional debe señalar nueva fecha y hora, sin necesidad de que se presente una nueva solicitud (las negrillas son nuestras).

III.4. Análisis del caso concreto

El demandante de tutela, considera lesionado su derecho a la libertad y el debido proceso en su vertiente celeridad; toda vez que la Jueza demandada suspendió la audiencia de solicitud de cesación a la detención preventiva y la autoridad ahora demandada no señaló “nueva fecha” para la referida audiencia. De la revisión de antecedentes, y conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que se dispuso la detención preventiva del impetrante de tutela mediante Auto Interlocutorio 27/2023 (Conclusiones II.1) y mediante memorial presentado el 15 de marzo de 2023, ahora impetrante de tutela, solicitó se señale audiencia de cesación a la detención preventiva (Conclusiones II.2), la cual fue señalada para el 22 de marzo de 2023, la misma que fue reprogramada por inasistencia de la víctima para el 27 de igual mes y año, a horas 11:00, y en la indica fecha la Jueza ahora demandada fue declarada en comisión según la prenombrada refiere en su informe escrito presentado (Conclusiones II.3). Acorde a lo establecido en los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2 del presente fallo constitucional, es obligación que toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, cuidar el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho y en los casos de existir dilación indebida, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye en el mecanismo procesal idóneo para su reparación inmediata. De los antecedentes descritos, se tiene que el impetrante de tutela, por memorial presentado el 15 de marzo de 2023, solicitó se fije día y hora de audiencia para considerar su cesación de la detención preventiva en el marco de lo regulado por el art. 239 del CPP, señalándose audiencia para el 22 de igual mes y año, por inasistencia de la parte víctima se señaló nuevamente dicha audiencia para el 27 de marzo de ese año, a horas 11:00; sin embargo, la autoridad demandada fue declarada en comisión y no instaló dicho la referida audiencia, observando a pesar de ello la ausencia de celeridad en dicho acto procesales si bien se puede aducir que no fue instalada por que la autoridad fue declarada en comisión, situación que en el caso que nos ocupa, ante tal situación, correspondía a la autoridad jurisdiccional ahora demandada, cualquiera sea el motivo por el cual se dio la suspensión del referido acto procesal, ya es obligación del Juez de control jurisdiccional realizar otro señalamiento hasta que se llegue a definir la solicitud de consideración a la detención preventiva del privado de libertad; ahora bien, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se establece que una vez suspendido dicho acto procesal, la autoridad de control jurisdiccional debió señalar nueva fecha y hora, sin necesidad de que se presente una nueva solicitud, en este sentido de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2. de este fallo constitucional se tiene que el Juez ahora demandado vulneró el derecho la libertad y la celeridad del demandante de tutela, dilatando de forma indebida la situación jurídica del mismo. Consecuentemente, resulta evidente que la autoridad demandada no señaló nueva fecha y hora para llevar a cabo audiencia de solicitud a la cesación a la detención preventiva, dejando en incertidumbre dicha solicitud del accionante, siendo atribuible que el demandado con su accionar, vulneró el derecho a la libertad y el debido proceso en su vertiente celeridad, lo que da lugar a la concesión de la tutela, con la expresa aclaración que no se analizó el fondo de la situación jurídica del imputado -ahora impetrante de tutela-, y que tampoco corresponde disponer la libertad del prenombrado, toda vez que ello debe ser considerado por la autoridad jurisdiccional competente -ahora demandada-. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 1 de 4 de abril de 2023, cursante de fs. 27 a 28, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia; CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración que no se dispone la libertad del accionante.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El art. 8.II de la CPE, dispone: “El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad…”.

4 El FJ III.3, indica: “…ante la inexistencia de un plazo específico determinado por ley para que el juez señale día y hora de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva, es necesario establecer que el memorial de solicitud, debe ser providenciado indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art. 132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite. En este entendido, habrá lesión del derecho a la libertad cuando existe demora o dilación indebida al no emitirse el decreto pertinente de señalamiento de este actuado procesal dentro del referido plazo, bajo sanción disciplinaria a imponerse al juzgador en caso de incumplimiento”.

5 El FJ III.2, refiere que: “…el tratamiento que debe darse a las solicitudes en la que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo

8 El FJ III.3, expresa: “…ante la inexistencia de un plazo específico determinado por ley para que el juez señale día y hora de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva, es necesario establecer que el memorial de solicitud, debe ser providenciado indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art. 132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite. En este entendido, habrá lesión del derecho a la libertad cuando existe demora o dilación indebida al no emitirse el decreto pertinente de señalamiento de este actuado procesal dentro del referido plazo, bajo sanción disciplinaria a imponerse al juzgador en caso de incumplimiento”.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1277_2025-S1.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): b42c3faaf324555f3e880dfa3cf7f98acfd9897cade6980d9527d1adebd83060

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →