B.IA.LEGAL

SCP 1277/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 15 de diciembre de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
15 de diciembre de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
38816-2021-78-AAC
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela, denuncia lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, valoración de la prueba, a la igualdad de oportunidades en el proceso, a la defensa y al principio de legalidad; toda vez que, las autoridades demandadas mediante Auto Supremo 225/2020 de 20 de marzo, declararon infundado su recurso de casación y nulidad incurriendo en: 1) Vulneración del debido proceso en su elemento de congruencia, puesto que: 1.i) Respecto a la planilla 21, reconocen que ese procedimiento si bien no es taxativo para las planillas de pago al certificado de liquidación final; empero, lo aplicaron para el caso concreto sin el menor reparo y justificación; además aplicaron un procedimiento no acordado para las resoluciones de contrato por causas atribuibles a la empresa contratista; 1.ii) Con relación a la “Planilla 22” no se pronunciaron estimando o desestimando sobre los trabajos ejecutados alegados en el recurso de casación; además, incurrieron en contradicción ya que manifiestan que se presume la inexistencia de obras; empero, seguidamente sostienen que no se tiene respaldo para estimar el pago pretendido, situaciones fácticas completamente incompatibles; puesto que, existiendo materialmente debían referirse a la no existencia material de las obras o existiendo materialmente no se tiene respaldo para estimar económicamente; 1.iii) Asimismo, no se pronunciaron sobre la errónea valoración de la prueba del Tribunal a quo respecto al contrato, el cual estaba inserto en la Escritura Pública 234/2014 de 31 de diciembre y el info…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 33/2021 de 19 de marzo, cursante de fs. 142 a 145, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia CONCEDER la tutela impetrada en los mismos términos dispositivos que el Tribunal de Garantías, de conformidad a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso
  2. III.2. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional.
  3. III.3. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1277/2023-S1 Sucre, 15 de diciembre de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 38816-2021-78-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 33/2021 de 19 de marzo, cursante de fs. 142 a 145, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Enrique Alonso Zeballos Larrain en representación legal de la Empresa Rio Grande Contratistas Generales SRL contra José Antonio Revilla Martínez y Esteban Miranda Terán, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 4 de marzo de 2021, cursante de fs. 82 a 92 vta., el accionante, manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

La Empresa Rio Grande Contratistas Generales SRL a través de Licitación Pública GADOR LP-33/2013 emitida por el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, se adjudicó la Construcción del Camino Avaroa – Ucumasi, suscribiendo el contrato SDAJ-LP-19/2013; empero, el 4 de octubre de 2016, la entidad contratante -Gobierno Autónomo Departamental de Oruro-, le notificó con la Resolución de Contrato aduciendo incumplimiento injustificado del cronograma de la obra, quedando pendiente la cancelación de la Planilla de Obra 21 por un valor de Bs336 225,08.- (trescientos treinta y seis mil doscientos veinticinco 08/100 bolivianos) aprobado por la Supervisión y el Fiscal de Obra; y, por otro lado la Planilla Mensual de Avance 22 por Bs104 514,93 (ciento cuatro mil quinientos catorce 93/100 bolivianos) por labores ejecutadas ante la Resolución de Contrato; sin embargo, esta última fue desestimada por la parte contratante aduciendo que no cuenta con la aprobación de la Supervisión ni el Fiscal de Obra. Bajo esa circunstancia, planteó demanda contenciosa administrativa en la vía jurisdiccional contra el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro por el incumplimiento de pago, respondiendo que los ítems de la planilla 22 fueron realizados posterior a la Resolución de Contrato y que la empresa contratista no concurrió a las convocatorias para la conciliación de saldos; por lo que, se realizó de manera unilateral; dicha demanda, fue resuelta por la Sala Especializada Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro mediante Sentencia 8/2019 de 6 de octubre declarando improbada la demanda. Ante esa determinación, presentó recurso de casación y nulidad, el cual fue resuelto por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia mediante Auto Supremo 225/2020 de 20 de marzo, declarando infundada la misma; incurriendo las autoridades demandadas en incongruencia; toda vez que, en el recurso de casación se cuestionó que la Sentencia se sustentó en una conciliación unilateral de saldos, que determinó a favor de la entidad contratante un monto superior a la deuda sobre la Planilla 21; y, el Auto Supremo cuestionado, refirió un cierre del contrato, siendo que esta planilla es la última debidamente aprobada, por lo que correspondía la aplicación del procedimiento de pago de la planilla final o certificado de liquidación, estando facultada la entidad contratante para proceder a descontar las deudas existentes por el anticipo, por los trabajos mal realizados y mal computados en planillas canceladas y si bien dicho procedimiento no es taxativo; empero, resultaba aplicable al caso. No obstante, dicho razonamiento resulta incongruente, ya que en la planilla 21 reconocen que ese procedimiento si bien no es taxativo para las planillas de pago al certificado de liquidación final; empero, aplicaron para el caso concreto sin el menor reparo y justificación; además, aplicaron un procedimiento no acordado para las resoluciones de contrato por causas atribuibles a la empresa contratista. Con relación a la Planilla 22, en el recurso de casación se cuestionó que la Sentencia 08/2019 de 6 de septiembre, justificó su decisión en el hecho de que esa planilla fue entregada de manera posterior a la Resolución de Contrato, sin considerar que la conciliación de saldos se efectúa sobre montos pendientes de pago y volúmenes de trabajo efectivamente ejecutados antes de la resolución formal y administrativa del contrato; por lo que, corresponde ser pagada y la contienda judicial, es para probar la existencia material; sin embargo, el Auto Supremo cuestionado, expresó como sustento de su decisión que la misma fue presentada de manera posterior a la resolución de contrato y no cuenta con la aprobación de la Supervisión y el Fiscal de Obra, presumiéndose la inexistencia de obras por carecer de respaldo para estimar el pago pretendido, “situaciones fácticas completamente incompatibles, puesto que necesariamente debieron referirse a la no existencia material de las obras o existiendo materialmente, no se tiene respaldo para estimar económicamente, extremos que revelan la falta de congruencia en el Auto Supremo impugnado, tornándola en arbitraria” (sic). En el recurso de casación también se cuestionó la errónea apreciación de la prueba por el Tribunal a quo, al haber omitido la valoración total del contrato, con la excusa de que el mismo no figuraría en forma completa en el proceso; no obstante que se tenía adjunto el contrato, contenido en la Escritura Pública 234/2014 de 31 de diciembre, incurriendo además en una indebida valoración del informe unilateral que contiene la conciliación de saldos, puesto que el mismo resulta arbitrario e ilegal y no podría considerarse una prueba fundamental, en tanto que la inspección judicial, testifical y pericial, no merecieron pronunciamiento para desestimarlas; no obstante el Auto Supremo no emitió pronunciamiento alguno sobre esos cuestionamientos. Asimismo, refirió que en el Auto Supremo incluyeron hechos no formulados en la contestación y que por lo tanto no fueron expresados en el Auto de relación procesal, como viene a ser la definición de la existencia de deuda en favor de la entidad contratante, que bien podrían haber sido parte de una demanda reconvencional o una excepción perentoria de saldos pendientes; por lo que, el pronunciamiento sobres estos aspectos resulta ser ultrapetita, ilegal y parcializado, sin la debida fundamentación y motivación; puesto que, en lo concerniente a la planilla 21 se apartaron del procedimiento específico para la terminación excepcional del contrato por resolución; de lo cual se advierte una indebida fundamentación; con relación a la planilla 22, el Auto Supremo 225/2020 emitió una fundamentación escueta y contradictoria al señalar que dicha planilla fue presentada el 19 de octubre de 2016, de manera posterior a la resolución de contrato que fue el 4 de octubre de 2016 y no contar con la aprobación del Supervisor y Fiscal de obra; por lo que se presume inexistente y no tiene respaldo para estimar el pago; dicha justificación no es suficiente porque en la forma de pago fijada en la cláusula vigésima octava señaló que es paralela al progreso de la obra. Por otro lado, afirma que existe inobservancia del principio de legalidad por cuanto la relación procesal regulada por el art. 353 del Código de Procedimiento Civil (CPC) no se incluyen hechos que expresan la existencia de una obligación en favor de la entidad contratante, ni la definición de saldos; en ese sentido la Sentencia y el Auto Supremo al concluir dichos aspectos que no formaban parte de la relación laboral, actuaron inobservando el principio de legalidad. Respecto al derecho a la igualdad de oportunidades en el proceso y defensa, señaló que al incluir en la sentencia la presunta existencia de una obligación en favor de la entidad contratante, la definición de saldos pendientes, que no fueron parte de la contestación de la entidad contratante, ni como respuesta ni como excepción; en tal sentido no fue parte de la relación procesal, no fueron hechos contradictorios, menos objeto de la prueba; en tal sentido, no dieron a la empresa contratista la oportunidad de ejercer en el proceso las facultades y derechos que le asisten en el desarrollo del proceso; sin dar la posibilidad de ser escuchados, contradecir, desvirtuar o negar los hechos mencionados que no fueron parte del contradictorio, en todo caso, la entidad contratante tiene la facultad de presentar los mencionados hechos y pretensiones en otro proceso en el que la empresa contratista tenga la oportunidad de ejercer el derecho a la igualdad de oportunidades en el proceso y defensa. En tal sentido, señala que las autoridades demandadas lesionaron el derecho al debido proceso, en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, valoración de la prueba, principio de legalidad, igualdad en el proceso y derecho a la defensa, solicitando se deje sin efecto el Auto Supremo 225/2020 de 20 de marzo, con imposición de costas, daños y perjuicios.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela alega vulneración al derecho del debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia, valoración de la prueba, a la igualdad de oportunidades en el proceso, a la defensa; y, al principio de legalidad, citando al efecto los arts. 115.II, 117.I y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Supremo 225/2020 de 20 de marzo, sea con la imposición de costas daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 19 de marzo de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 118 a 131, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte peticionante de tutela a través de su abogado ratificó íntegramente su demanda.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

José Antonio Revilla Martínez y Esteban Miranda Terán, Magistrados de Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia; mediante informe escrito cursante a fs. 114 a 116 vta., señalaron que: a) La acción de amparo constitucional se sustenta en la vulneración del debido proceso, por una presunta falta de fundamentación, motivación, congruencia, valoración de la prueba y transgresión al principio de legalidad en la emisión del Auto Supremo 225/2020 de 20 de marzo; toda vez que, se hubiera realizado una incorrecta interpretación de las cláusulas establecidas en el contrato, y conforme a lo alegado por el recurrente, no se hubieran cumplido las reglas aplicables a la resolución del contrato, conforme la cláusula vigésima primera numeral cuatro o en su caso hubiera existido una falta de pronunciamiento respecto al informe de conciliación de saldos, aspectos que lesionan el derecho al debido proceso concerniente a las planillas 21 y 22; y, b) El Auto Supremo se emitió de acuerdo a los alegatos del recurso de casación, a la Sentencia 08/2019 de 6 de septiembre y los antecedentes procesales, en cumplimiento de los art. 219 y 220 del Código Procesal Civil (CPC) expresando los motivos de hecho y derecho en que se sustenta el decisorio y el valor otorgado a los medios de prueba, estableciendo un análisis de la norma y la aplicación de las cláusulas del contrato emergente de la demanda de cumplimiento de contrato en relación a las referidas planillas; en tal sentido, solicitaron denegar la tutela impetrada, por no ser evidente la vulneración denunciada.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Mónica Coria Vásquez, en representación del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, en audiencia señalo que: 1) El accionante alego que no fue considerado el pago de la planilla 21 y que la conciliación de saldos es arbitraria e ilegal, mereciendo mayor valoración por la sentencia; y, que el Auto Supremo contiene un razonamiento incongruente y carente de fundamentación; sin embargo, se advierte que el Auto cuestionado fundamentó sobre la planilla 21, la cual fue aprobada por el fiscal de obra y es apta para su cancelación, siendo aceptado por el tercero interesado; 2) Respecto a la Planilla 21, las autoridades demandadas fundamentaron que es apta para el pago y fue la última en presentarse, luego se prosiguió con la Resolución del contrato, y se ingresó en la conciliación de saldos, circunstancia en la cual la entidad tiene la facultad de descontar los pagos efectuados; 3) Con relación a la planilla 22 sobre trabajos realizados con anterioridad a la resolución del contrato, se invitó a la empresa demandante para la conciliación, pero la misma no asistió y ello implica que estaba de acuerdo con lo resuelto; 4) Los jueces son soberanos en la valoración de la prueba; por lo que, los magistrados no pueden pronunciarse sobre la prueba; y, 5) Sobre la inclusión de aspectos no demandados ni expuestos en respuesta, el Auto Supremo sostiene que ello no es ultra petita, sino que deriva de la relación procesal, entre cuyos puntos se encuentra el demostrar las convocatorias para realizar la conciliación; en tal sentido no existe vulneración de los derechos del accionante, solicitando se deniegue la tutela.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del departamento de Chuquisaca, mediante Resolución 33/2021 de 19 de marzo, cursante de fs. 141 a 145, concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto Supremo 225/2020 de 20 de marzo, debiendo los Magistrados demandados sin necesidad de sorteo emitir una nueva Resolución en observancia del debido proceso adjetivo y sustantivo; determinación dispuesta bajo los siguientes fundamentos: i) Si bien se establece el marco de fundamentación general respecto a las nulidades, en el cual se hace énfasis en la trascendencia e indefensión que pudo haber causado las irregularidades y vulneración al debido proceso, pero que además no debió haber operado la convalidación; empero, en la motivación no se explica de qué manera en el caso existió convalidación; porque no es específico el deber de observar la congruencia entre lo controvertido y lo resuelto, o cual es el sustento normativo para no haber concurrido a la convocatoria de la parte contraria permitiéndose incorporar deducciones y descuentos no alegados y mucho menos acreditados en el litigio; ii) La falta de una explicación razonada y razonable sobre las conclusiones arribadas, hace que las mismas resulten arbitrarias; pues, al haberse acreditado la inconcurrencia a la referida conciliación, no puede constituirse en un mecanismo debido para permitir a la otra parte la incorporación de conceptos no discutidos en el proceso, dar lugar a ello, no solo vulnera las normas preestablecidas sino también provoca indefensión para el demandante quién no tuvo oportunidad de controvertirlos y defenderse; por lo que, se advierte falta de motivación, carente de sustento fáctico y jurídico razonable; puesto que la alegada vinculación de los descuentos con la problemática no puede ser suficiente para incorporar otros elementos no controvertidos por las partes; tampoco explica por qué la denuncia de nulidad resultaría irrelevante, simplemente se dice que para la entidad demandada en el inciso g) estaba previsto que demuestre que se ha convocado para conciliar, y que la deducción o descuento establecido por la autoridad contratante estaba vinculado con la problemática central; iii) Del análisis de los antecedentes, entre ellos el Auto de relación procesal, la Sentencia y el Auto Supremo, no hacen referencia sobre lo alegado por el demandado la existencia de daños en la obra y ello debía determinarse en el proceso a efectos de retener los pagos; por lo tanto, existe incoherencia interna al establecer los parámetros de análisis de la nulidad y resolver sin considerar aquellos, siendo que las conclusiones son arbitrarias porque sólo sostienen que de la producción probatoria se constató la existencia de saldo a favor de la entidad; los demandados no exponen las razones jurídicas por las que consideran que el Tribunal de primera instancia obró en el marco del debido proceso; y, iv) Respecto a la errónea interpretación de la norma y la errónea apreciación de la prueba que se denuncia en el recurso de casación, manifestaron que las certificaciones emitidas por las entidades públicas en el marco de sus competencias, tienen el valor establecido en el art. 1296 del Código Civil, y tratándose de una relación contractual entre la entidad pública contratante y el contratado, no es posible que los documentos generados solo por una de las partes constituya prueba plena, desconociendo los derechos de la otra parte; y, los demandados no explican cuál fue el razonamiento intelectivo para llegar a la conclusión de que la conciliación o medición de saldos, volúmenes y determinación de posibles daños realizada por una de las partes, así haya mediado convocatoria a la otra parte; pueda constituirse en prueba plena, más un teniendo en cuenta que la controversia judicial se origina por la falta de efectividad de los mecanismos internos previstos en el contrato; por lo que, esa falta de análisis y ausencia de explicación de las razones que sustentan la resolución, hace a la decisión arbitraria y al otorgar el valor pleno al informe emanado de la conciliación unilateral atenta contra el valor justicia y resulta lesivo al debido proceso.

I.2.5. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 23 de marzo de 2022, cursante a fs. 152, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 23 de noviembre de 2023 (fs. 235); por lo que, la presente Sentencia es emitida dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Memorial de 26 de septiembre de 2019, suscrito por Walter Fernando Zeballos Larraín en representación de la Empresa Rio Grande Contratistas Generales SRL, mediante el cual interpuso recurso de casación y nulidad contra la Sentencia 08/2019 de 6 de septiembre, la cual declaró improbada la demanda contenciosa en contra del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro; bajo los siguientes argumentos de casación y nulidad:

Argumentos sobre la casación.

“1) Violación, Errónea Interpretación y Aplicación Indebida de LA LEY

Siendo que la casación en el fondo determina que debe existir LEYES aplicadas indebidamente o comprendidas e interpretadas de forma errónea, además de la violación de las leyes más importantes; por lo que, corresponde identificar estas conductas erróneas como tal, mismas que se encuentran en cuanto a una indebida y nada sustentada aplicación de normas o reglas NO determinadas, toda vez que en el caso concreto realiza su fundamentación de no probatoria sobre el NO pago de Planilla N° 21 de pago por la EXISTENCIA de una CONCILIACION UNILATERAL DE SALDOS que resulta en toda forma INDEBIDA, ARBITRARIA E ILEGAL, puesto que al indicar la misma describe una supuesta DEUDA que debiera la Empresa a la Gobernación deduciendo hasta su desaparición el monto de dicha planilla, en cuanto a la Planilla Nº 22 esta no se comprendería en razón de que se habría ejecutado FUERA del contrato por ser una planilla posterior a la fecha de resolución formal de contrato a) Sobre la Planilla N° 21, la incorrecta interpretación legal y violación de ley está en CONVALIDAR un informe simple que NO tiene valor legal alguno toda vez que se realizó de forma Unilateral, pues entiéndase desde una perspectiva legal y teleológica que una CONCILIACION DE SALDOS como tal implica un ACUERDO DE PARTES, UN ACUERDO BILATERAL que debe CONCILIAR a ambas partes para llegar a una solución amistosa y favorable a ambas partes, por lo que-tomando como precepto el carácter BILATERAL Y RESTAURADOR de la conciliación-, NO PUEDE CONCEBIRSE LA IDEA DE UNA CONCILIACION UNILATERAL DE SALDOS, LO QUE SE CONSTITUYE EN UNA TOTAL VIOLACION AL PRINCIPIO GENERAL DE CONCILIACION y a la misma interpretación del Art. 85 Prgf. I y II de la Ley 1770: Arbitraje y Conciliacion el cual interpreta a la conciliación como...’una alternativa adoptada por las personas naturales o jurídica, para la solución DE MUTUO ACUERDO DE CUALQUIER CONTROVERSIA…’, destruyendo el principio y naturaleza jurídica principal de una CONCILIACION al convertirse en UNILATERAL En cuanto a una indebida aplicación de ley (QUE NO EXISTE) se evidencia en cuanto a determinar prerrogativas exageradas y descomunales a la administración pública al querer hipotéticamente atribuir un valor legal a dicha conciliación de saldos, puesto que EN NINGUNA PARTE DE NINGUNA NORMA PERMITE Y FACULTA LA EXISTENCIA DE UNA CONCILIACION UNILATERAL DE SALDOS, y en caso de pretenderse constituirse como una sanción, la misma NO TIENE VALOR LEGAL por NO constituirse debidamente en un ACTO ADMINISTRATIVO EFECTIVO Y LEGAL al ser simplemente UN INFORME y que el mismo NO tenga un acto administrativo de convalidación, aprobación y uso mediante alguna resolución administrativa, y de querer asignar alguna prerrogativa administrativa de la que usualmente goza la administración pública, recuérdese que todo beneficio y favorabilidad pública debe estar sujeta a una debida COHERENCIA Y PROPORCIONALIDAD DE POTESTAD ADMINISTRATIVA REGLADA, por lo que NO EXISTE ninguna figura de favorabilidad específica para otorgar legalidad a la Conciliaciacion Unilateral de Saldos, lo que hace a la interpretación de algún favoritismo o de otorgar valor suficiente a dicho documento, VIOLA LA LEY DE POTESTAD ADMINISTRATIVA REGLADA, PEOR AUN AL INTERPRETAR Y APLICAR NORMAS QUE NO EXISTEN. Finalmente, sobre los hechos fundadores de la sentencia al determinar la existencia de UNA DEUDA de parte de Rio Grande hacia la Gobernación que sustrae en su totalidad el monto de la Planilla N° 21, la deuda nace de un RELEVAMIENTO O ESTUDIO de las planillas de avance YA CANCELADAS y que supuestamente las mismas fueron pagadas con sobreprecio lo que hace a la deuda descrita, interpretación legal TOTALMENTE ERRONEA puesto que al querer cobrar reembolsos por supuestos sobreprecios, implica que cada ACTO JURIDICO DE CONVALIDACION, RECEPCION Y CONFORMIDAD DE CADA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NO TENGAN VALOR LEGAL, COMO SI ESTAS PUDIERAN SER OBJETO DE ALTERACION O MODIFICACION CUANDO LAS MISMAS YA FUERON EJECUTADAS. Dicho esto, deberá entenderse que todo contrato administrativo de OBRA tiene las mismas particularidades de un contrato civil en cuanto a su naturaleza contractual, siendo estos contratos sinalagmáticos, recíprocos Y DE TRACTO SUCESIVO los cuales según la doctrina NO ADMITEN EFECTO RETROACTIVO, lo que quiere decir que una vez ejecutados las obras parcialmente, ineludiblemente debe retribuirse lo avanzado en la medida de su desarrollo; en vista de lo mencionado y por tener el contrato realizado esta característica, no puede dejar de cumplirse los pagos de lo desarrollado. En el caso concreto, puede apreciarse dentro del Contrato de OBRA, las prestaciones realizadas se hicieron en TIEMPOS DIFERIDOS y de acuerdo a un cronograma de actividades que eran presentados a través de las correspondientes Planillas de Avance, por lo que NO puede alterarse los resultados de cada parte desarrollada según contrato, menos aun si estos fueron debidamente recepcionados con conformidad técnica de supervisión y fiscalización de obras. Si bien la norma jurídica NO realiza conceptualización de la ley, debe inferirse que dentro de los elementos que conforman el contrato de obra se encuentran las obligaciones reciprocas y de TRACTO SUCESIVO que resulta siendo un elemento de importancia que refiere a un cumplimiento general DIVIDIDA en partes y que estas adquieren INDEPENDENCIA una de otras. Esta apreciación se desprende de las interpretaciones generales que hace el Prof. Guillermo Cabanellas sobre el tracto sucesivo que se aplica al derecho registral de bienes inmuebles, toda vez que el principio de tracto sucesivo se comprende como el encadenamiento perfecto entre los DISTINTOS asientos del Registro de la Propiedad el registro particular de derechos de cada cosa en los distintos asientos del registro de propiedad que quedan perfectamente eslabonados. (Guillermo Cabanellas); lo que quiere decir en una aplicación mas amplia, este principio trata sobre muchos derechos INDEPENDIENTES que van estrechamente ligados a una sola masa u objeto general que unidas conforman este todo. Este principio aplicado al derecho de Contratos de Obra, el elemento tracto sucesivo es aplicable en una secuencia diferida de obligaciones que son independientes entre si y que conforman una obligación conjunta aplicado en forma prolongada por su complejidad y por el campo de acción de la teoría de la imprevisión en razón de los factores cambiantes en el tiempo, por lo que si se trata de un contrato de tracto sucesivo, las obligaciones o prestaciones que se hayan cumplido quedaran FIRMES Y PRODUCIDAS, en cuanto a ellas, sus efectos correspondientes. (Gillermo Borda-Contratos Pag 164) Este elemento de tracto sucesivo implica en si en un contrato de obra el desarrollo de trabajos para la realización de dicha obra en tiempos diferidos y por avance de obra, por lo que su cumplimiento no es inmediato, sino por partes, por porcentajes físicos de avance, lo que hace que esta obra pueda ejecutarse en su totalidad en un tiempo más prolongado sujeto a todo tipo de situación o alteración de la relación contractual y que entre cada avance se tiene una INDEPENDENCIA en caso de imprevisibilidad ocurrida. Hecha esta interpretación, al ser el contrato realizado uno de OBRA, contiene en esta los elementos que la constituyen reciprocidad de obligaciones, onerosidad y el TRACTO SUCESIVO que como bien se ha dicho, hace que cada Avance de Obra sea INDEPENDIENTE unas de otras y que protegen la integridad de cada avance de obra en caso de la eventualidad que hace a este tipo de contrato, pues aquello que YA ESTA AVANZADO O EJECUTADO debe ser remunerado en su integridad, por lo que NO CORRESPONDE JUSTIFICAR LA EXISTENCIA DE UNA DEUDA EN RAZON DE REEMBOLOSOS DE ANTERIORES ACTAS DE CONFORMIDAD QUE SON REVISADAS POSTERIOR A LA RESOLUCION DE CONTRATO, PUES ESTAS YA FUERON POR LEGALIDAD ACEPTADAS, RECEPCIONADAS EN TOTAL CONFORMIDAD HASTA LA GENERACION DE PAGOS y que en un caso de tomarse en cuenta dichos sobreprecios, ESTOS DEBIERON SER OBSERVADOR Y REEMBOLSADOS EN SU MOMENTO Y OPORTUNIDAD PLANILLAS PAGAR EVITANDO SUPUESTAMENTE SOURE VALORADAS Por ello, echa esta amplia explicación legal del tracto sucesivo y la independencia de cada Planilla de Avance de Obra, SE EVIDENCIA LA INCORRECTA INTERPRETACION DE LA LEY el querer relegar el principio y naturaleza jurídica del contrato administrativo de obra b) Sobre la Planilla N° 22 que supuestamente NO corresponde ser pagada en razón de que la misma se habría entregado con fecha posterior a la resolución de contrato, ELLO RESULTA SIENDO COMPLETAMENTE VULNERATIVO a la naturaleza jurídico- administrativa de la conciliación de saldos toda vez que la conciliación de saldos NO COMPRENDE una revisión retroactiva del proyecto, sino que se realiza la conciliación sobre SALDOS PENDIENTES DE MONTOS REEMBOLSABLES AL CONTRATISTA Y LA CONCILIACION DE VOLUMENES POR TRABAJOS EFECTIVAMENTE EJECUTADOS QUE, EN SU COTEJO Y REVISION, DEBEN SER PAGADOS PESE A SER TRABAJOS NO TERMINADOS, SEGÚN CONFORMIDAD DE REVISION TECNICA. Dicho aquello, la interpretación errónea se evidencia al querer desconocer de forma directa el objeto real de una conciliación de saldos y volúmenes, pues es en efecto que si bien la Planilla 22 fue presentada posterior a la resolución de contrato, los trabajos comprendidos dentro de la planilla fueron realizados ANTES de la resolución formal y administrativa de contrato, siendo simplemente demorada la entrega de la planilla de avance N° 22, misma que debe ser remunerada por su ejecución material, y al decir que esta planilla no fue aprobada por supervisión y fiscalización que evidentemente no existe, hace a la necesidad principal de la demanda actual, para que la misma sea probada en contención judicial y se otorgue el valor técnico que corresponde para determinar la existencia material de los trabajos comprendidos en la planilla pendiente de aprobación mediante proceso judicial] para su cancelación Por ello, el soslayar de forma directa toda la Planilla 22 por ser posterior a la resolución de contrato, hace a la incorrecta interpretación de la ley al desnaturalizar el objeto y naturaleza jurídica-administrativa de la conciliación de saldos y volúmenes que existe específicamente para los remanentes pendientes y POSTERIORES A LA RESOLUCION DE CONTRATO, al igual que el pago por trabajos ejecutados. 2) Errónea Apreciación de las Pruebas Siendo esta causal sobre la conducta de los juzgadores al interpretar y asignar el valor probatorio sobre los medios de comprobación, el mismo hace una muy errónea valoración de pruebas toda vez que NO toma en cuenta el total del contrato indicando sucinta e Irresponsablemente que las mismas NO figurarían en el proceso de forma completa, lo cual resulta completamente erróneo toda vez que son apreciables en Fs 288-296 en copias simples que, a pesar de ser simples copias, los vocales tenían la obligación de revisarlas, interpretando inclusive la parte de la sentencia que indica insuficiencia de pruebas como una conducta negligente y hasta parcializada de los juzgadores al no valorar TODAS LAS PRUEBAS siendo ella su obligación, comprometiendo al proceso y la demanda en si además de no tomar en cuenta la remisión del testimonio de contrato cursante en Fs. 777 al 785 que fue presentada por la misma entidad ANTES de la elaboración de sentencia, conducta totalmente reprochable y observable al parecer parcializada la decisión. Fuera de ello y más importante, es la observación a la errónea apreciación de la prueba cursante en Fs. 521 al 552: Conciliación de saldos, puesto que si bien se asigna de forma discrecional por el juez un valor al informe según el Art. 1296 del código civil, el mismo no significa que la prueba sea fundamental, toda vez que se trata de un informe unilateral y carente de legalidad al no ser debidamente reconocido administrativamente, y en caso de querer asignar un valor, debe considerarse no solo el contenido simple que motivo a los juzgadores a tomar como información suficiente, sino que debe entender y revisar LA LEGALIDAD DEL MISMO, pues como se mencionó puntos ut supra, este NO FUE OTORGADO DE LEGALIDAD ADMINSTRATIVA O NORMATIVA ya que no fue aprobado o puesto en funcionamiento Siendo que se pretende tomar como objeto principal para desestimar la demanda la existencia de una conciliación UNILATERAL de saldos, la misma carece de legalidad CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y PROCESAL, puesto que en ninguna parte de la norma dispone que se puedan realizar conciliaciones unilaterales, administrativa porque el informe como tal NO fue debidamente realizado con un procedimiento administrativo para la toma de una decisión así y no fue aprobado ni por el ejecutivo máximo o el máximo administrativo (secretaria u Oficialía Mayor de infraestructura), siendo solo un informe sin aprobación o uso administrativo definido. Carece de legalidad contractual por ser unilateral y ser aplicada sin el conocimiento y compartición contractual, y procesal por NO SER parte del objeto del proceso ni identificado como prueba plena Finalmente, NO se toma en cuenta las pruebas técnicas en su totalidad sobre LA PLANILLA 22 al ser relegada por ser supuestamente posterior a la resolución de contrato, lo cual hace a la conducta parcializada y negligente de los juzgadores toda vez que si bien las mismas no fueron aprobadas por supervisión y fiscalización técnica, ESTAS FUERON PROBADAS DENTRO DEL PROCESO CONTENCIOSO ACTUAL, MEDIANTE TODAS LAS DOCUMENTALES ADJUNTAS, LAS INSPECCIONES JUDICIALES, LAS TESTIFICALES Y EL ESTUDIO PERICIAL que ni fueron tomados en cuenta en ninguna forma pese a ser pruebas suficientes y legalmente introducidas al proceso para probar justamente lo que pretende cobrarse sin recepción.

II. NULIDAD

Finalmente, describimos casación en la forma en razón de que la Sentencia como tal se funda en argumentos NO INSERTOS NI COMPRENDIDOS DEBIDAMENTE EN LA DEMANDA, toda vez que el objeto del proceso como tal NO contempla como elemento de definición la existencia de una DEUDA en favor de la gobernación, en ninguna forma ni Extra circunstancia, menos aun cuando la contestación no hace mención de aquello y este elemento NO se configure dentro del objeto del proceso el cual determina el rumbo del juicio contencioso, por lo que la disposición de una supuesta deuda que hace la total improbatoria hace a una resolución completamente ULTRAPETITA ilegal Además de que la existencia de saldos pendientes debiera ser parte del objeto procesal mediante una ACCION RECONVENCIONAL para otorgar valor legal a dicha aseveración de deudas pendientes a la gobernación, peor aun cuando dicha situación debió ser oportuna y debidamente interpuesta mediante una EXCEPCION PERENTORIA DE SALDOS PENDIENTES: más cuando la deuda que se comprende en acta de conciliación unilateral de saldos resulta siendo ILEGAL por no tener convalidación administrativa o legal de ningún sentido Aspectos que hacen que la sentencia como tal se funde en incorrectos actos procesales de decisión, demostrando la negligencia y parcialidad de los juzgadores hacia los demandados.” ([sic] fs. 49 a 52) II.2. Consta Memorial de 15 de octubre de 2019, mediante el cual, el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, contestó el recurso de casación interpuesto por la Empresa Rio Grande Contratistas Generales SRL, bajo los siguientes argumentos:

a) Sobre la violación, errónea interpretación y aplicación indebida de la Ley, el recurrente sólo se limitó a hacer una crítica sin identificar la ley o norma vulnerada o erróneamente aplicada; si bien se hace alusión al principio general de la conciliación interpretada por el art. 85.II de la Ley 1770; empero, esta norma tiene por finalidad establecer los procedimientos del arbitraje o conciliación como medios alternativos de solución; lo cual es contrario a la naturaleza del contrato administrativo con cláusulas definidas y pactadas por ambas partes. Para hacer efectiva la conciliación de saldos se notificó a la empresa por tres veces consecutivas el 10, 12 y 14 de octubre de 2016; empero, dicha empresa no concurrió a ninguna de las convocatorias, incluso mediante notas de 17 y 19 de similar mes y año, se le hizo conocer que habiéndose agotado las instancias se procedería a la conciliación de saldos unilateral; en razón que no se puede esperar eternamente la voluntad de la empresa; además la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-establece el recurso en caso de actos administrativos que lesionen derechos subjetivos o intereses legítimos; sin embargo, la empresa no presentó recurso alguno contra la conciliación de saldos unilateral y mientras no sea declarado contrario por autoridad competente el mismo constituye un acto legítimo. Respecto a la planilla 21, si bien fue aprobada pero no se hizo efectiva su cancelación fue debido a la resolución de contrato por lo que ingresó a la conciliación de saldos en sujeción a la cláusula cuadragésima del contrato administrativo. Sobre la planilla 22, la misma fue presentada con fecha posterior a la Resolución de contrato y no cuenta con la aprobación de supervisión ni fiscalización; por lo que, no corresponde su pago. b) En relación a la errónea apreciación de la prueba, sobre la conciliación de saldos, el recurrente alega que al ser unilateral carece de legalidad, sin embargo, fue explicado por qué se trata de un acto legítimo y la prueba técnica correspondiente a la planilla 22 fue considerada por la sentencia refiriendo por que no corresponde su pago (fs. 53 a 55). II.3. Se tiene Auto Supremo 225/2020 de 20 de marzo; emitido por José Antonio Revilla Martínez y Esteban Miranda Terán, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia; dentro del proceso Contencioso de cumplimiento de obligaciones seguido por Walter Fernando Zeballos Larraín en representación de la Empresa Rio Grande Contratistas Generales SRL en contra del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, en el cual se emitió la Sentencia 08/2019 de 6 de septiembre, dictada por la Sala Especializada Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, objeto del recurso de casación, en tal sentido, dicha determinación refirió lo siguiente:

“Recurso de casación en el fondo. (…) En la ejecución de esta relación contractual, se fueron presentando diversas planillas de avance de obras, para el caso identificando como controversiales las Nos. 21 y 22. Ahora bien, de la revisión del expediente y por la propia aceptación de la entidad demandada, la Planilla 21 fue aprobada por el Supervisor y Fiscal de la Obra, consecuentemente apta para el cobro y pago respectivo. Sin embargo, la Gobernación contratante, ante las causales de resolución de contrato, contenidas en la resolución al efecto, prosiguió con el cierre del contrato convocado al efecto a la Empresa contratista la conciliación de saldos y volúmenes; sin embargo, pese a las reiterativas convocatorias para dicha conciliación, tres veces, lo cual no ha sido negado ni enervado por el recurrente, llevándose a cabo esta repetida conciliación. En los hechos, esta Planilla 21, fue la última que ingreso debidamente aprobada para su cancelación posterior, pero al existir una conciliación de saldos y volúmenes, se la consideró dentro de todo lo trabajado y pagado y por pagar por el contratante, procediendo finalmente a ser descontada. Este procedimiento si bien no es taxativo para las planillas de pago previas al certificado de liquidación final, no involucra una transgresión al tracto sucesivo del contrato, sino que debe entenderse que, al existir ya una Resolución contractual, correspondía la aplicación de la cláusula cuadragésima referida al procedimiento de pago de la planilla final o certificado de liquidación, el cual de manera expresa faculta al contratante desconectarse del importe final a: a).- Sumas anteriores ya pagadas en los certificados o planillas de avance de obras. b).- Reposición de daños si hubiere. c).- El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiere saldos pendientes. d).- Las multas y penalidades si hubieren. Como producto de este trabajo de conciliación cursante de fs. 521 a 552, se evidencio una deuda existente por el anticipo, así como por trabajos mal realizados y mal computados en las planillas canceladas, llegando a la suma debida de Bs1.100.846, 07, siendo que el pendiente de pago por la Planilla 21, sólo alcanzaba Bs.387.892,32. Entonces resulta lógico, legal y razonable, que el Gobierno Departamental de Oruro hubiese descontado tal monto, no existiendo alguna deuda pendiente a su favor. Consiguientemente el hecho que el Certificado o Planilla final, sea el documento que establece los saldos a favor o en contra, no enerva que se lo hubiera efectuado en base a la Planilla 21, por ser la última para el cierre del proyecto; que además, arrojó un Informe de Conciliación en las mismas circunstancias, en que se elaboraría el Certificado o Planilla Final. Aspecto que también está respaldado por el Principio de Verdad Material ante lo formal. Por otra parte, el acápite 3.6 de la Cláusula Trigésima Tercera del contrato administrativo, establece que la Entidad contratante, puede retener el total o parte del importe de las planillas por avance de obra, para protegerse contra posibles perjuicios por trabajos defectuosos de la obra y no corregidos oportunamente pese a las instrucciones del Supervisor. Lo cual refuerza el hecho que disponer el pago de la Planilla 21, sólo por reclamo del contratante, desconocería los efectos jurídicos de la resolución de contrato y podría ocasionar un daño económico al Estado, al verse imposibilitado de recuperar tales montos. En tal circunstancia no se evidencia, violación, errónea interpretación y aplicación de la Leu, como de errónea apreciación de las pruebas en lo que hace, al no pago de la Planilla 21, siendo la conciliación un acto eminentemente administrativo que no tiene la calidad de informe, que deviene del inc. c) de la Cláusula Cuadragésima del contrato, siendo lícita su aplicación e interpretación conforme prevé el art, 1296 del CC. Sobre la Planilla 22. (…) Para el caso, la Planilla 22 fue presentada por el contratista el 19 de octubre de 2016 con el CITE RG/GG-CAVUC/190/2016, de forma posterior a la efectivización de la resolución de contrato que fue el 4 de octubre de 2016, es decir a los quince días posteriores. Además, que, para la conciliación de saldos y volúmenes se solicitó tres veces a la empresa contratista su presencia, específicamente los días 10, 12 y 14 de octubre de 2016; siendo que además la referida empresa ya conocía, primero la intensión de resolución de contrato, luego su efectivización y posteriormente la conciliación de saldos, momentos en los que nunca presentó la posterior planilla 22. De igual manera, está claro que tampoco la Planilla 22 no fue aprobada por el Supervisor y Fiscal de Obra, aspecto que involucra, presunción de inexistencia de obras; toda vez que, aunque el contratista adujo la realización de trabajos en tales planillas, lo cierto es, que el Supervisor de Obras, que da fe de la inexistencia de trabajos, refrendando aquello por el Fiscal de Obra, en tal circunstancia no existe el debido respaldo para estimar el pago pretendido. Si bien es cierto que, el pago pretendido en la Planilla 22 comprende trabajos supuestamente realizados con anterioridad a la resolución del contrato, éstos además de no estar corroborados por la aprobación idónea del Supervisor y Fiscal de Obra de la Obras, al ser anteriores, a decir del contratista, fueron objeto de conciliación de saldos, al que el recurrente no asistió pese a su convocatoria, lo cual ya no atinge a la entidad contratante. En esa línea los cobros pretendidos en esta planilla, referidos a trabajos anteriores, tampoco enervaron o desvirtuaron las causales en las que incurrió el contratista para la efectivización dela resolución del contrato; porque de lo contrario, no se hubiera procedido con tal resolución contractual, aspecto nunca desvirtuado por el contratista recurrente; en ese sentido no se advierte errónea apreciación de las pruebas. Independientemente de lo expuesto, corresponde señalara que, el recurrente persigue una nueva valoración de la prueba, siendo la misma una facultad privativa de los jueces, así lo estableció el Auto Supremo N° 146/2015 de 06 de marzo, emitido por la Sala Civil de este Tribunal, (…) Por lo analizado, se concluye que no son evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación, al carecer de sustento fáctico y jurídico; lo que conlleva a afirmar que el Tribunal que emitió la Sentencia realizó una adecuada apreciación y valoración de los antecedentes, no incurriendo en transgresión de norma alguna, correspondiendo en tal circunstancia resolver en el marco de las disposiciones legales contenidas en el art. 220-II del CPC-2013, aplicables por disposición del art. 4 de la Ley N° 620.” (sic [fs. 56 a 61 vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela, denuncia lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, valoración de la prueba, a la igualdad de oportunidades en el proceso, a la defensa y al principio de legalidad; toda vez que, las autoridades demandadas mediante Auto Supremo 225/2020 de 20 de marzo, declararon infundado su recurso de casación y nulidad incurriendo en: 1) Vulneración del debido proceso en su elemento de congruencia, puesto que: 1.i) Respecto a la planilla 21, reconocen que ese procedimiento si bien no es taxativo para las planillas de pago al certificado de liquidación final; empero, lo aplicaron para el caso concreto sin el menor reparo y justificación; además aplicaron un procedimiento no acordado para las resoluciones de contrato por causas atribuibles a la empresa contratista; 1.ii) Con relación a la “Planilla 22” no se pronunciaron estimando o desestimando sobre los trabajos ejecutados alegados en el recurso de casación; además, incurrieron en contradicción ya que manifiestan que se presume la inexistencia de obras; empero, seguidamente sostienen que no se tiene respaldo para estimar el pago pretendido, situaciones fácticas completamente incompatibles; puesto que, existiendo materialmente debían referirse a la no existencia material de las obras o existiendo materialmente no se tiene respaldo para estimar económicamente; 1.iii) Asimismo, no se pronunciaron sobre la errónea valoración de la prueba del Tribunal a quo respecto al contrato, el cual estaba inserto en la Escritura Pública 234/2014 de 31 de diciembre y el informe unilateral sobre la conciliación de saldos; 1.iv) No emitieron respuesta al cuestionamiento efectuado en su recurso de casación en referencia a que en la Sentencia 08/2019 de 6 de septiembre, se incluyó argumentos que no estaba comprendidos en la demanda como es la exclusión de deuda en favor de la entidad contratante y la definición de saldos pendientes; 2) El Auto Supremo carece de fundamentación y motivación; toda vez que: 2.i) Respecto a la planilla 21 no fundamentaron porque se apartaron del procedimiento específico para la terminación excepcional del contrato por resolución; 2.ii) El Auto Supremo 225/2020 de 20 de marzo, respecto a la planilla 22 emitió una fundamentación escueta y contradictoria cuando señalaron que la planilla 22 se presentó el 19 de octubre de 2016 de manera posterior a la resolución del contrato que fue el 4 de octubre de 2016 y no contar con la aprobación del Supervisor y Fiscal de Obra; por lo que, se presume inexistente y no tiene respaldo para estimar el pago; dicha justificación no es suficiente porque en la forma de pago fijada en la cláusula vigésima octava señaló que es paralela al progreso de la obra; 3) Omitieron valorar la prueba documental consistente en el contrato administrativo de obra del proyecto bajo excusa de su presunta inexistencia en antecedentes, cuando el documento extrañado se encontraba contenido en la Escritura Pública 234/2014 adjuntado por la entidad demandante, antes de la Sentencia; asimismo, no valoraron la prueba pericial, inspección judicial y prueba testifical; y, 4) Al haberse modificado la relación procesal e introducir hechos contradictorios en la Sentencia y confirmados en el Auto Supremo, les impidieron contradecir, desvirtuar o negar, afectando el derecho a la igualdad de oportunidades y a la defensa. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes fundamentos jurídicos: i) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; ii) La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional conforme al estándar jurisprudencial más alto; iii) El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso; y, iv) Análisis del caso concreto.

III.1. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso

En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa. En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011.R de 26 de septiembre, el cual expresó que:

“el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que el juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia” (el resaltado nos corresponde).

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos (Corte IDH), en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, refirió que:

“77. La Corte ha señalado que la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. 78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso” (las negrillas son adicionadas).

Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:

“(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…”

En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, y reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación. Bajo esa comprensión, es posible concluir en que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts. 115.II y 117.I de la CPE, art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos humanos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.

III.2. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional.

Sobre esta línea jurisprudencial esta Magistratura relatora, efectuó un cambio de razonamiento a partir de la SCP 0307/2020-S1 de 12 de agosto, sustentado en el apego a la fuerza vinculante del precedente jurisprudencial con estándar más alto, entendido este como aquella interpretación a través de la cual este Tribunal Constitucional Plurinacional resolvió un problema jurídico de forma más progresiva, que permita efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad, cuya identificación se la realiza a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, y una vez detectada es obligación del juzgador vincularse al estándar más alto; bajo esa comprensión y razonamientos que además están contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, bajo ese entendido la SCP 0307/2020-S1 iniciando ese análisis integral de la línea jurisprudencial respecto a la valoración de la prueba en sede constitucional, comenzó citando a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0092/2018-S1, 0343/2018-S1, 0526/2018-S1, 0615/2018-S1, 0640/2018-S1 y 1021/2019-S1, en las cuales esta Magistratura relatora fue asumiendo una línea de carácter restrictivo, por cuanto si bien se establecía, que de manera excepcional la jurisdicción constitucional podía revisar la labor probatoria desarrollada en las distintas jurisdicciones ordinarias; empero, condicionaba su apertura a exigencias que los justiciables debían cumplir, teniendo así a la SC 0965/2006-R de 2 de octubre que señala:

“….qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas…” ….en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final…” (el resaltado nos pertenece). Exigencias que al no ser cumplidas de manera expresa, generaba que esta vía constitucional se vea impedida de realizar esa revisión excepcional de la labor valorativa efectuada por los jueces o tribunales ordinarios, derivando en la denegación de la tutela y por ende se vea restringido el real acceso a la justicia constitucional; así, la citada SCP 0307/2020-S1 reflexionó que 3La SCP 0012/2018-S1 de 1 de marzo señalo: “…los únicos supuestos para que la jurisdicción constitucional ingrese a revisar la valoración realizada por dichas autoridades: 1) Cuando en dicha valoración exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir y 2) Cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales, es decir en el primer supuesto cuando en la labor valorativa se apartan del procedimiento establecido valorando arbitraria e irrazonablemente y en el segundo, que actuando arbitrariamente no se haya procedido a la valoración de la prueba, por cuya omisión se vulneren derechos y garantías fundamentales.

(…)

En ese orden de razonamiento para que este Tribunal pueda cumplir con esta tarea, es necesario que la parte procesal, que se considera agraviada con los resultados de la valoración efectuada dentro de un proceso judicial o administrativo, invocando la lesión a sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa en los fundamentos jurídicos que sustenten su posición (recurso de amparo) lo siguiente:

Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; para ello, será preciso, que la prueba no admitida o no practicada, se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos, solicitud, que en todo caso, no faculta para exigir la admisión de todas las pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, sino que atribuye únicamente el derecho a la recepción y práctica de aquellas que sean pertinentes, correspondiendo a los órganos judiciales ordinarios, el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas solicitadas, debiendo motivar razonablemente la denegación de las pruebas propuestas. Por supuesto, una vez admitidas y practicadas las pruebas propuestas declaradas pertinentes, a los órganos judiciales, les compete también su valoración conforme a las reglas de la lógica y de la sana crítica, según lo alegado y probado.

Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se hubiera valorado razonablemente la compulsada; puesto que resulta insuficiente, para la viabilidad del recurso de amparo, la mera relación de hechos; porque sólo en la medida en que el recurrente exprese adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos, la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de contrastación, que amerita este tema de revisión excepcional de la labor de la valoración de la prueba realizada por la jurisdicción ordinaria; máxime si se tiene en cuenta que el art. 97 de la LTC, ha previsto como un requisito de contenido, el exponer con precisión y claridad los hechos que le sirvan de fundamento y precisar los derechos o garantías que se consideren restringidos, suprimidos o amenazados, señalando en qué consiste la restricción o supresión”. 4Fundamento Jurídico III.2: “En ese antecedente, y considerando la misión constitucional conferida al Tribunal Constitucional Plurinacional otorgada por el constituyente mediante el art. 196.I de la CPE, esta instancia de control constitucional y garante de los derechos fundamentales, tiene la misión de ejercer una labor hermenéutica en los diferentes tipos de control constitucional, como el tutelar en su función revisora de casos remitidos por los jueces y tribunales de garantías; en esa ruta, se tiene que, tales condicionamientos no guardaban armonía con los principios y valores consagrados en la Constitución Política del Estado y que en atención precisamente al mandato constitucional conferido en el art. 196 de la Ley Fundamental, por el cual este Tribunal Constitucional Plurinacional tiene la misión de velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejercer el control de constitucionalidad en resguardo y protección de los derechos y garantías fundamentales -los cuales gozan de igual jerarquía-, así como de los principios y valores; teniendo entre otros, al principio de progresividad, que identificó una segunda línea jurisprudencial que contiene una interpretación más amplia y favorable de los derechos que garantiza el ejercicio legítimo de los mismos, que en este caso tiene que ver con el debido proceso en su elemento de valoración de la prueba. En tal sentido, citó a la SCP 0297/2018-S2 de 25 de junio, fallo constitucional en el cual, a través de una contextualización de la línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, señaló que el Tribunal desde sus inicios, fue estableciendo presupuestos para efectuar la revisión de la valoración de la prueba, bajo el criterio que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; dichos presupuestos, fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R que exigía al accionante: i) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, ii) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final; argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad; refirió que posteriormente, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, estableció los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades; a) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento; estableciendo además, la relevancia constitucional al exigir que el accionante debe demostrar la lógica consecuencia de que el incumplimiento de los presupuestos para la valoración de la prueba, le ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.

Así, establecidos tanto los supuestos de procedencia de revisión de valoración, como los presupuestos para efectuar la revisión de la misma, la citada SCP 0297/2018-S2 continuando con ese análisis dinámico, señaló que esa línea jurisprudencial fue modulada por la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que eliminó el requisito de la carga argumentativa, que se exigía para el análisis de fondo de la problemática en cuanto a la valoración de la prueba, señalando que: Posteriormente, la SCP 0410/2013 de 27 de marzo moduló la línea jurisprudencial de referencia y eliminó el requisito de la carga argumentativa que la jurisprudencia exigía para el análisis de fondo de la problemática en esta temática, señalando que las reglas impuestas a la parte accionante referidas a:

“…explicar de modo sistemático y metódico la irrazonabilidad, inequidad, omisión arbitraria, o valoración equivocada de la prueba (…) constituyen instrumentos argumentativos, no causales de denegatoria de la acción de amparo constitucional…”. Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia:

“…se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor 6 La SCP 0410/2013, en el FJ III.2 señala: “En ese orden, si bien es cierto que la jurisdicción constitucional debe respetar el ámbito de atribuciones propias de la jurisdicción ordinaria, es también correcto que cuando se ha quebrado el sistema constitucional, sus dogmas y principios o los derechos fundamentales de la persona humana, es deber del Tribunal Constitucional Plurinacional revisar la interpretación de la legalidad ordinaria efectuada por el juzgador ordinario, para resguardar la vigencia material de la Norma Fundamental y la materialización de los derechos constitucionales. Similar doctrina existe para la intervención de las resoluciones judiciales, cuando se denuncia indebida o errónea valoración o apreciación de la prueba; una explicación de esta teoría se encuentra en la SCP 1916/2012 de 12 de octubre.

Ahora bien, es necesario esclarecer que estas auto restricciones de la jurisdicción constitucional, deviene del principio de separación y distribución de funciones, que impiden la injerencia de la jurisdicción constitucional en la función asignada a la jurisdicción ordinaria; empero, deben comprenderse conforme a la nueva arquitectura de ésta, por ello deben ser asimiladas también bajo los principios de impulso de oficio, inquisitivo y no formalismo, por lo que su naturaleza es la de instrumentos útiles para el análisis de la función cumplida por la jurisdicción ordinaria, son herramientas de fundamentación de las acciones y recursos al alcance de las partes interesadas en activar la jurisdicción constitucional y de argumentación de las resoluciones para el Tribunal Constitucional Plurinacional; pero también, son el parámetro válido y legítimo de verificabilidad de la idoneidad, legitimidad y calidad de las resoluciones judiciales o administrativas cuasi jurisdiccionales; más, no son requisitos ineludibles que el accionante debe cumplir bajo sanción de rechazo o denegación de la acción tutelar, ya que ésta una vez activada, genera en la jurisdicción constitucional el compromiso ineludible de perseguir al evento acusado de inconstitucional, basado en la información concedida por el accionante, siendo pertinente analizar los hechos conocidos con todas las herramientas y métodos de análisis al alcance de la Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional que conozca el asunto, sin que ningún instrumento o método quede al margen por la sola razón de no haber sido mencionado, sutileza que sería una argucia de aquellas que corrompen los sistemas judiciales obsoletos y decadentes.

Del modo explicado en el párrafo anterior, se entiende que las reglas y subreglas contenidas en la doctrina de las auto restricciones de la jurisdicción constitucional, respecto al canon de interpretación de la legalidad ordinaria, así como la valoración integral de la prueba, son instrumentos al servicio de la persona que crea sus derechos vulnerados, que bien utilizados redundará en una mejor comprensión del tema por parte de la jurisdicción constitucional y con ello mayores posibilidades de concesión de la tutela requerida, por ello su buen uso deviene en una ventaja procesal; mientras que para el Tribunal Constitucional Plurinacional, son herramientas de verificación de la legalidad y constitucionalidad de las resoluciones judiciales; pero en ningún caso se pueden aplicar para rechazar o denegar la activación de la jurisdicción constitucional por el sólo hecho de no haber sido nombradas en el memorial de amparo”.

diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente” (negrillas agregadas).

Bajo tales razonamientos y luego de un análisis e interpretación de los entendimientos contenidos en dichos fallos que fueron generando línea jurisprudencial en cuanto a la valoración de la prueba en sede constitucional, la tantas veces reiterada sentencia constitucional concluyó que la revisión de la labor valorativa efectuada por la jurisdicción ordinaria se efectuará bajo los siguientes criterios:

1) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas. 2) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando:

2.1) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2.2) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 2.3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación. 3) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, 4) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales. Criterios que fueron acogidos por esta relatoría en la ya mencionada SCP 0307/2020-S1 , considerando que la SCP 0297/2018-S2 constituye en el estándar más alto, al haber también asumido un entendimiento más favorable como el contenido en la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que al eliminar la carga argumentativa como exigencia para que esta jurisdicción efectué la revisión excepcional de la labor valorativa realizada por los jueces y tribunales ordinarios, posibilitó a este Tribunal garantizar un efectivo acceso a la justicia constitucional en resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales; razones por las cuales, esta Magistratura relatora determinó ajustar sus razonamientos al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales consagrados en los arts. 13.I y 256.I de la CPE. Finalmente, en el marco de todo lo descrito, la SCP 0307/2020-S1 que se describe, concluyó que esta instancia constitucional se encuentra habilitada para efectuar la revisión de la actividad probatoria de otras jurisdicciones sin necesidad de exigir el cumplimiento de presupuestos como:

a) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, b) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final, argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad; En esa labor el juez constitucional debe considerar los siguientes criterios: Primero.- La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas, jueces y de las autoridades administrativas; Segundo.- La justicia constitucional puede revisar la valoración cuando: 1) las autoridades se apartan de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) De manera arbitraria omiten considerar las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basan su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; Tercero.- La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, Cuarto.- Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando incidan en el fondo de lo demandado y sea la causa de la lesión de derechos y/o garantías constitucionales.

III.3. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso

El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso; asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema. Bajo esa comprensión, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se constituye en un medio para asegurar en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados, no agotan el contenido del debido proceso, puesto que en atención el principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando.

8 La jurisprudencia constitucional expresada en la SC 0902/2010-R de 10 de agosto, refiere respecto a los elementos que componen a la garantía general del debido proceso en los siguientes términos: “En consonancia con los tratados internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (SSCC 0082/2001-R, 0157/2001-R, 0798/2001-R, 0925/2001-R, 1028/2001-R, 1009/2003-R, 1797/2003-R, 0101/2004-R, 0663/2004-R, 022/2006-R, entre otras); sin embargo, esta lista en el marco del principio de progresividad no es limitativa, sino más bien enunciativa, pues a ella se agregan otros elementos que hacen al debido proceso como garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de este como medio para asegurar la realización del valor justicia, en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: "En opinión de esta Corte, para que exista "debido proceso legal" es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. (…) Es así como se ha establecido, en forma progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; empero, esta idea general no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente, es posible concluir que la congruencia como componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones: i. La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes.

Políticos, al que pueden y deben agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho Internacional" (las negrillas son nuestras).

Así configurado, es preciso recordar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino que es extensiva a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad (SSCC 0042/2004 y 1234/2000-R entre otras)”. 9 La SC 0486/2010-R de 5 de julio, en su F.J. III.4.1, señaló que: “De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.

De otra parte, respecto de la congruencia como principio constitucional en el proceso civil, se indica que: “…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia “ultra petita” en la que se incurre si el Tribunal concede “extra petita” para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; “citra petita”, conocido como por “omisión” en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.” (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438).

Es decir que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita” en los que el juez o tribunal decide cuestiones que han quedado consentidas y que no fueron objeto de expresión de agravios (extra petita); y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).

El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”.

ii. La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

III.4. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela, denuncia lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, valoración de la prueba, a la igualdad de oportunidades en el proceso, a la defensa y al principio de legalidad; toda vez que, las autoridades demandadas mediante Auto Supremo 225/2020 de 20 de marzo, declararon infundado su recurso de casación y nulidad incurriendo en: a) Vulneración del debido proceso en su elemento de congruencia, puesto que: a.i) Respecto a la planilla 21, reconocen que ese procedimiento si bien no es taxativo para las planillas de pago al certificado de liquidación final; empero, lo aplicaron para el caso concreto sin el menor reparo y justificación; además aplicaron un 10 La SCP 0055/2014 de 3 de enero en su F.J. III.2.2, estableció que: “La congruencia de las resoluciones judiciales integra los componentes del debido proceso. En ese contexto, a partir de una concepción doctrinal, su análisis se orienta desde dos acepciones: externa, entendida como principio rector de toda resolución judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y respuesta) y lo resuelto por las autoridades judiciales, sin que el juzgador tome en cuenta aspectos ajenos a la controversia; interna, porque entendida la resolución como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

En ese sentido, la uniforme jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, señaló: “…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.

(…).

De lo expuesto se confirma, que el órgano encargado de dictar la resolución, debe circunscribir su fallo a lo peticionado y no resolver más allá de lo pedido, que sería un pronunciamiento ultra petita, o, conceder algo distinto a lo solicitado por las partes, conocido en doctrina procesal como un pronunciamiento extra petita”. En el mismo sentido, la SC 0863/2003-R de 25 de junio, precisó que: “…el juez o tribunal ad quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”, entendimiento reiterado en las SSCC 1009/2003-R, 1312/2003-R y 0358/2010-R. Posteriormente, respecto a la pertinencia de las resoluciones pronunciadas por autoridades judiciales de segunda instancia, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, puntualizó: “…implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. En esa misma línea, la SC 2017/2010-R de 9 de noviembre, señaló: “…la pertinencia entre el recurso de apelación, resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista, es una condición esencial para asegurar a los justiciables que en la decisión de su recurso los superiores en grado tienen delimitado su campo de acción para emitir su resolución, limite que se expresa precisamente en la fundamentación de agravios prevista por el art. 227 del Código de Procedimiento Civil (CPC), como por el contenido de lo resuelto en la sentencia apelada, marco del cual el tribunal de alzada no puede apartarse”. Estos razonamientos fueron reiterados posteriormente en la SCP 0037/2012 de 26 de marzo y, desarrollados ampliamente en la SCP 1111/2012 de 6 de septiembre”.

procedimiento no acordado para las resoluciones de contrato por causas atribuibles a la empresa contratista; a.ii) Con relación a la “Planilla 22” no se pronunciaron estimando o desestimando sobre los trabajos ejecutados alegados en el recurso de casación; además, incurrieron en contradicción ya que manifiestan que se presume la inexistencia de obras; empero, seguidamente sostienen que no se tiene respaldo para estimar el pago pretendido, situaciones fácticas completamente incompatibles; puesto que, existiendo materialmente debían referirse a la no existencia material de las obras o existiendo materialmente no se tiene respaldo para estimar económicamente; a.iii) Asimismo, no se pronunciaron sobre la errónea valoración de la prueba del Tribunal a quo respecto al contrato, el cual estaba inserto en la Escritura Pública 234/2014 de 31 de diciembre y el informe unilateral sobre la conciliación de saldos; a.iv) No emitieron respuesta al cuestionamiento efectuado en su recurso de casación en referencia a que en la Sentencia 08/2019 de 6 de septiembre, se incluyó argumentos que no estaba comprendidos en la demanda como es la exclusión de deuda en favor de la entidad contratante y la definición de saldos pendientes; b) El Auto Supremo carece de fundamentación y motivación; toda vez que: b.i) Respecto a la planilla 21 no fundamentaron porque se apartaron del procedimiento específico para la terminación excepcional del contrato por resolución; b.ii) El Auto Supremo 225/2020 de 20 de marzo, respecto a la planilla 22 emitió una fundamentación escueta y contradictoria cuando señalaron que la planilla 22 se presentó el 19 de octubre de 2016 de manera posterior a la resolución del contrato que fue el 4 de octubre de 2016 y no contar con la aprobación del Supervisor y Fiscal de Obra; por lo que, se presume inexistente y no tiene respaldo para estimar el pago; dicha justificación no es suficiente porque en la forma de pago fijada en la cláusula vigésima octava señaló que es paralela al progreso de la obra; c) Omitieron valorar la prueba documental consistente en el contrato administrativo de obra del proyecto bajo excusa de su presunta inexistencia en antecedentes, cuando el documento extrañado se encontraba contenido en la Escritura Pública 234/2014 adjuntado por la entidad demandante, antes de la Sentencia; y, d) Al haberse modificado la relación procesal e introducir hechos contradictorios en la Sentencia y confirmados en el Auto Supremo, les impidieron contradecir, desvirtuar o negar, afectando el derecho a la igualdad de oportunidades y a la defensa.

Precisada la problemática planteada, corresponde analizar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, conforme se tiene de la delimitación procesal-constitucional realizada precedentemente; en ese sentido, es preciso efectuar una relación de los antecedentes. De la revisión de antecedentes y conforme a los datos consignados en la parte conclusiva del presente fallo constitucional; se tiene que, la Empresa Rio Grande Contratistas Generales SRL a través de Licitación Pública GADOR LP-33/2013 emitida por el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, se adjudicó la obra Construcción Camino Avaroa – Ucumasi, suscribiendo el contrato SDAJ-LP-19/2013; empero, el 4 de octubre de 2016 la entidad contratante -Gobierno Autónomo Departamental de Oruro-, le notificó con la Resolución de Contrato aduciendo incumplimiento injustificado del cronograma de la Obra, quedando pendiente la cancelación de la Planilla de Obra 21 por un valor de Bs336 225,08.- aprobado por la Supervisión y el Fiscal de Obra; y, por otro lado la Planilla Mensual de Avance 22 por Bs104 514,93.- por labores ejecutadas ante la Resolución de Contrato; sin embargo, esta última fue desestimada por la Contratante aduciendo que no cuenta con la aprobación de la Supervisión ni el Fiscal de Obra, ante esas circunstancias, planteo demanda contenciosa administrativa en la vía jurisdiccional contra el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro por el incumplimiento de pago, respondiendo que los ítems de la planilla 22 fueron realizados posterior a la Resolución de Contrato y que la empresa contratista no concurrió a las convocatorias para la conciliación de saldos; por lo que, se realizó de manera unilateral; dicha demanda, fue resuelta por la Sala Especializada Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro mediante Sentencia 8/2020 de 6 de septiembre, declarando improbada la demanda; ante esa determinación, presentó recurso de casación y nulidad (Conclusión II.1), el cual fue contestado por los demandados -Gobierno Autónomo Departamental de Oruro- mediante memorial de 16 de octubre de 2019. (Conclusión II.2) Dicho recurso fue resuelto por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia mediante Auto Supremo 225/2020 de 20 de marzo, declarándolo infundado (Conclusión II.3). Establecidos los antecedentes procesales, se advierte que el impetrante de tutela en el presente caso, cuestiona el Auto Supremo 225/2020 alegando que las autoridades demandadas incurrieron en vulneración del debido proceso en su elemento de congruencia, fundamentación, motivación, valoración de la prueba y el principio de legalidad; en tal sentido, ingresaremos al análisis de cada una de las problemáticas traídas en revisión.

III.4.1. Análisis de la primera problemática respecto a la falta de congruencia

En esta problemática, el peticionante de tutela denunció que el Auto Supremo cuestionado, vulnera el debido proceso por la falta de congruencia, al no haber respondido a los agravios planteados en el recurso de casación. Conforme al entendimiento expresado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, el principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; lo cual no es limitativo respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, toda vez que, la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y la dispositiva; respecto a la primera de ellas; es decir a la congruencia externa, señaló además, que esta se debe entender como el principio rector que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia, su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes; asimismo, la congruencia interna consiste en que toda resolución se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión. Bajo ese contexto jurisprudencial, corresponde determinar si evidentemente el fallo cuestionado adolece de falta de congruencia externa, interna o extrapetita, correspondiendo realizar una contrastación entre los agravios expuestos y la respuesta otorgada a las mismas, para determinar si resulta evidente la aludida falta de congruencia entre lo solicitado por el impetrante de tutela en su recurso de casación y lo dispuesto por los magistrados hoy demandadas en el Auto Supremo. El accionante manifestó como agravios en su recurso de casación, los siguientes: 1) Respecto a la planilla 21, reconoce que ese procedimiento si bien no es taxativo para las planillas de pago al certificado de liquidación final; empero, lo aplicaron para el caso concreto sin el menor reparo y justificación; además aplicaron un procedimiento no acordado para las resoluciones de contrato por causas atribuibles a la empresa contratista; 2) Con relación a la “Planilla 22” no se pronunciaron estimando o desestimando sobre los trabajos ejecutados alegados en el recurso de casación; además, incurrieron en contradicción ya que manifiestan que se presume la inexistencia de obras; empero, seguidamente sostienen que no se tiene respaldo para estimar el pago pretendido, situaciones fácticas completamente incompatibles; puesto que, existiendo materialmente debían referirse a la no existencia material de las obras o existiendo materialmente no se tiene respaldo para estimar económicamente; 3) Asimismo, no se pronunciaron sobre la errónea valoración de la prueba del Tribunal a quo respecto al contrato, el cual estaba inserto en la Escritura Pública 234/2014 de 31 de diciembre y el informe unilateral sobre la conciliación de saldos; y, 4) No emitieron respuesta al cuestionamiento efectuado en su recurso de casación en referencia a que la Sentencia 08/2019 de 6 de septiembre, se incluyó argumentos que no estaba comprendidos en la demanda como es la exclusión de deuda en favor de la entidad contratante y la definición de saldos pendientes. Ahora bien, corresponde establecer si el Auto Supremo 225/2020 ahora observado, dio o no respuesta a los planteamientos deducidos por el peticionante de tutela; para dicho cometido, se verificará cada una de las cuestionantes.

i) Respecto a la planilla 21, reconocen que ese procedimiento si bien no es taxativo para las planillas de pago al certificado de liquidación final; empero, lo aplicaron para el caso concreto sin el menor reparo y justificación; además aplicaron un procedimiento no acordado para las resoluciones de contrato por causas atribuibles a la empresa contratista.

El impetrante de tutela refiere que los argumentos del Auto Supremo respecto a la planilla 21 es incongruente; toda vez que, el auto cuestionado reconoce que el procedimiento no es preciso para las planillas de pago al certificado de liquidación final; empero, fue aplicado sin la debida justificación, desconociendo que la entidad contratante procedió a la terminación del contrato por resolución; por lo que, aplicaron un procedimiento que no fue acordado. Ahora bien, primeramente, nos remitiremos a los argumentos vertidos en el recurso de casación, el cual señaló lo siguiente:

“Sobre la Planilla 21, existió una incorrecta interpretación legal y violación de la ley, al convalidar un informe que no tiene un valor legal; además que fue realizado de forma unilateral; y, una conciliación de saldos, implica un acuerdo de partes, mediante el cual se concilia entre partes para llegar a una solución amistosa y favorable y en el caso presente fue una conciliación unilateral de saldos, lo que constituye en una violación al principio general de conciliación y a la misma interpretación del Art. 85.I y II de la Ley 1770 -arbitraje y conciliación-. En cuanto a la indebida aplicación de la Ley, se tiene que al atribuir un valor legal a la conciliación unilateral, se estuviera sustentando en algo inexistente; toda vez que, la norma no contempla la existencia de una conciliación unilateral; por lo que, carecería de valor legal al no constituirse en un acto administrativo efectivo y legal. Sobre la existencia de una deuda de parte de Rio Grande a la Gobernación, que se sustrae de la Planilla 21, esto se originaria de las planillas de avance ya canceladas que supuestamente fueron con sobreprecio, y al querer cobrar reembolsos implicaría quitar el valor legal; interpretación errónea, sin tomar en cuenta que un contrato administrativo de obra, tiene las mismas peculiaridades que un contrato civil y según la doctrina no admiten efecto retroactivo; además, no consideraron un elemento como es el tracto sucesivo que hace que cada avance de la obra sea independiente; por lo que, no corresponde justificar la existencia de una deuda en razón de reembolsos de anteriores actas de conformidad que son revisadas posterior a la resolución de contrato, ya que estas fueron legalmente aceptadas y pagadas, debiendo ser objeto de observación en su momento; en tal sentido, se evidencia la incorrecta interpretación de la ley al querer relegar el principio y naturaleza jurídica del contrato administrativo de obra. Ante ese argumento, las autoridades demandadas refirieron mediante el Auto Supremo lo siguiente:

“Ahora bien, de la revisión del expediente y por la propia aceptación de la entidad demandada, la Planilla 21 fue aprobada por el Supervisor y Fiscal de la Obra, consecuentemente apta para el cobro y pago respectivo. Sin embargo, la Gobernación contratante, ante las causales de resolución de contrato, contenidas en la resolución al efecto, prosiguió con el cierre del contrato convocado al efecto a la Empresa contratista la conciliación de saldos y volúmenes; sin embargo, pese a las reiterativas convocatorias para dicha conciliación, tres veces, lo cual no ha sido negado ni enervado por el recurrente, llevándose a cabo esta repetida conciliación. En los hechos, esta Planilla 21, fue la última que ingreso debidamente aprobada para su cancelación posterior, pero al existir una conciliación de saldos y volúmenes, se la consideró dentro de todo lo trabajado y pagado y por pagar por el contratante, procediendo finalmente a ser descontada. Este procedimiento si bien no es taxativo para las planillas de pago previas al certificado de liquidación final, no involucra una transgresión al tracto sucesivo del contrato, sino que debe entenderse que, al existir ya una Resolución contractual, correspondía la aplicación de la cláusula cuadragésima referida al procedimiento de pago de la planilla final o certificado de liquidación, el cual de manera expresa faculta al contratante desconectarse del importe final a: a).- Sumas anteriores ya pagadas en los certificados o planillas de avance de obras. b).- Reposición de daños si hubiere. c).- El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiere saldos pendientes. d).- Las multas y penalidades si hubieren.” (sic) De lo descrito precedentemente, se tiene que el Auto Supremo ahora cuestionado estableció que la Planilla 21 fue la última que ingreso debidamente aprobada para su cancelación, pero al existir una conciliación de saldos y volúmenes, se la consideró dentro de todo lo trabajado, pagado y por pagar por el contratante, procediendo finalmente a ser descontada; añadiendo además, que este procedimiento si bien no es taxativo para las planillas de pago previas al certificado de liquidación final, no involucra una transgresión al tracto sucesivo del contrato, sino que debe entenderse que, al existir ya una Resolución contractual, correspondía la aplicación de la cláusula cuadragésima referida al procedimiento de pago de la planilla final o certificado de liquidación. Ahora bien, de lo vertido por el accionante respecto a la incongruencia advertida en el Auto Supremo, se establece que las autoridades demandadas reconocen que dicha planilla estaba aprobada por el supervisor y el fiscal de obras; en tal sentido, correspondía que la misma deba ser cancelada por la entidad contratante; sin embargo, las mismas autoridades demandadas refieren que al existir una conciliación de saldos y volúmenes, la deuda pendiente de cancelación a la empresa contratista correspondiente a dicha planilla deba ser objeto de descuento por los trabajos pendientes.

De igual forma, refieren que ese procedimiento no es específico para las planillas de pago previas al certificado de liquidación final; empero, no involucra una transgresión al tracto sucesivo del contrato, sino que debe entenderse que, al existir ya una Resolución contractual, correspondía la aplicación de la cláusula cuadragésima referida al procedimiento de pago de la planilla final o certificado de liquidación.

De lo cual se advierte que las autoridades demandadas incurrieron en incongruencia interna; puesto que, el procedimiento no es taxativo para las planillas de pago; sin embargo, fue aplicado para que se proceda a descontar las deudas existentes por el anticipo, debiendo ser descontadas de la planilla 21, la cual se encuentra aprobada, pese a la existencia de la cláusula para la Resolución del Contrato, por lo que, las partes debieron sujetarse a lo establecido en dicho contrato; en tal sentido, corresponde conceder la tutela respecto a este punto reclamado por el accionante. ii) Con relación a la “Planilla 22” no se pronunciaron estimando o desestimando sobre los trabajos ejecutados alegados en el recurso de casación; además, incurrieron en contradicción ya que manifiestan que se presume la inexistencia de obras; empero, seguidamente sostienen que no se tiene respaldo para estimar el pago pretendido, situaciones fácticas completamente incompatibles; puesto que, existiendo materialmente debían referirse a la no existencia material de las obras o existiendo materialmente no se tiene respaldo para estimar económicamente.

Respecto a esta denuncia, el impetrante de tutela en su recurso de casación señaló que:

“… si bien la Planilla 22 fue presentada posterior a la resolución de contrato, los trabajos comprendidos dentro de la planilla fueron realizados ANTES de la resolución formal y administrativa de contrato, siendo simplemente demorada la entrega de la planilla de avance N° 22, misma que debe ser remunerada por su ejecución material, y al decir que esta planilla no fue aprobada por supervisión y fiscalización que evidentemente no existe, hace la necesidad principal de la demanda actual, para que la misma sea probada en contención judicial y se otorgue un valor técnico que corresponde para determinar la existencia material de los trabajos comprendidos en la planilla pendiente de aprobación mediante proceso judicial para su cancelación. Por ello, el soslayar de forma directa toda la Planilla 22 por ser posterior a la resolución de contrato, hace a la incorrecta interpretación de la ley a desnaturalizar el objeto y naturaleza jurídica-administrativa de la conciliación de saldos y volúmenes que existe específicamente para los remanentes pendientes y POSTERIORES A LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO, al igual que el pago por trabajos ejecutados.” (sic) Ante esos argumentos plasmados en el recurso de casación, las autoridades demandadas señalaron lo siguiente:

“Para el caso, la Planilla 22 fue presentada por el contratista el 19 de octubre de 2016 con el CITE RG/GG-CAVUC/190/2016, de forma posterior a la efectivización de la resolución de contrato que fue el 4 de octubre de 2016, es decir a los quince días posteriores. Además que, para la conciliación de saldos y volúmenes se solicitó tres veces a la empresa contratista su presencia, específicamente los días 10, 12 y 14 de octubre de 2016; siendo que además la referida empresa ya conocía, primero la intensión de resolución de contrato, luego su efectivización y posteriormente la conciliación de saldos, momentos en los que nunca presentó la posterior planilla 22. De igual manera, está claro que tampoco la Planilla 22 no fue aprobada por el Supervisor y Fiscal de Obra, aspecto que involucra, presunción de inexistencia de obras; toda vez que, aunque el contratista adujo la realización de trabajos en tales planillas, lo cierto es, que el Supervisor de Obras, que da fe de la inexistencia de trabajos, refrendando aquello por el Fiscal de Obra, en tal circunstancia no existe el debido respaldo para estimar el pago pretendido. Si bien es cierto que, el pago pretendido en la Planilla 22 comprende trabajos supuestamente realizados con anterioridad a la resolución del contrato, éstos además de no estar corroborados por la aprobación idónea del Supervisor y Fiscal de Obra de la Obras, al ser anteriores, a decir del contratista, fueron objeto de conciliación de saldos, al que el recurrente no asistió pese a su convocatoria, lo cual ya no atinge a la entidad contratante.” (sic)

El accionante en su recurso de casación señaló que respecto a la Planilla 22, se hizo una interpretación incorrecta al referir que dicha planilla fue entregada con posterioridad a la resolución de contrato, aspecto que vulnera la naturaleza jurídico-administrativo de la conciliación de saldos; ya que se concilia sobre saldos pendientes por trabajos ya ejecutados debiendo ser cancelados por su ejecución material y la negativa se basa en la falta de aprobación por el supervisor y el fiscalizador.

Ante esas cuestionantes, los magistrados demandados a través del Auto Supremo cuestionado refirieron que dicha planilla no fue aprobada por el Supervisor y Fiscal de Obra; por lo que, se presume la inexistencia de obras. De lo vertido por el ahora accionante en el recurso de casación respecto a la vulneración, primero refiere que los trabajos efectuados por la empresa fueron antes de la resolución de contrato, y la entrega de la planilla fue posterior; la cual no logró ser aprobada por el supervisor y fiscal de obra, en tal sentido, se recurrió a la demanda contenciosa administrativa, para que se otorgue un valor técnico y pueda ser cancelado; segundo, refirió que se hizo una incorrecta interpretación de la ley al desnaturalizar el objeto y naturaleza jurídica y administrativa de la conciliación de saldos y volúmenes. Ahora bien, de la revisión del Auto Supremo, estas cuestionantes no fueron respondidas por las autoridades demandadas; toda vez que, se limitaron a referir que la planilla 22 no fue aprobada; por lo tanto, se presume la inexistencia de las obras, sin argumentar del por qué no correspondería efectuar un valor técnico y de esa forma establecer si existe o no dicha obra; de igual forma, no existe pronunciamiento sobre la incorrecta interpretación que hubiera realizado el Tribunal a quo a la conciliación de saldos y volúmenes; omisión, que conlleva a vulnerar el debido proceso en su elemento de congruencia el cual consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto por las autoridades jurisdiccionales, aspecto que no ocurrió en el caso de análisis; en tal sentido, corresponde conceder la tutela impetrada respecto a esta denuncia. iii) Asimismo, no se pronunciaron sobre la errónea valoración de la prueba del Tribunal a quo respecto al contrato, el cual estaba inserto en la Escritura Pública 234/2014 de 31 de diciembre y el informe unilateral sobre la conciliación de saldos.

El recurrente a través del recurso de casación reclamó “…además de no tomar en cuenta la remisión del testimonio de contrato cursante en Fs. 777 al 785 que fue presentada por la misma entidad ANTES de la elaboración de sentencia; conducta totalmente reprochable y observable al parecer parcializada la decisión.” (sic) De la revisión del Auto Supremo 225/2020, no se advierte pronunciamiento alguno respecto a esta omisión incurrida por los Vocales del Tribunal a quo al momento de emitir la Sentencia, quienes no hubieran revisado la Escritura Pública 234/2014 en el cual estaba inserto el contrato administrativo, aspecto que no fue respondido por los magistrados demandados; lo cual denota, una falta de pronunciamiento ante esta observación realizada por el ahora accionante, coligiéndose una incongruencia externa; es decir, que las autoridades jurisdiccionales omitieron emitir pronunciamiento a los puntos cuestionados en el recurso de casación; en tales antecedentes, corresponde conceder la tutela en relación a este agravio. iv) No emitieron respuesta al cuestionamiento efectuado en su recurso de casación en referencia a que la Sentencia 08/2019 de 6 de septiembre, se incluyó argumentos que no estaba comprendidos en la demanda como es la exclusión de deuda en favor de la entidad contratante y la definición de saldos pendientes.

Respecto a este punto, el ahora accionante señalo que, sobre la casación en la forma, se tiene que la sentencia se fundó en argumentos que no fueron contemplados en la demanda, como la existencia de una deuda a favor de la Gobernación y tampoco en la contestación se hizo mención sobre esa deuda; por lo que, la resolución resulta extrapetita e ilegal; y, la existencia de saldos pendientes debió ser parte del objeto procesal mediante una acción reconvencional.

Respecto a este punto observado en el recurso de casación; no se tiene respuesta alguna por parte de los Magistrados demandados en el Auto Supremo cuestionado respecto a la determinación extrapetita que hubiesen incurrido los Vocales de Sala Especializada Contenciosa y contenciosa Administrativa Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Oruro sobre argumentos que no fueron expuestos en la demanda y tampoco fueron plasmados en la contestación de dicha demanda, de lo cual se establece que también este reclamo no fue respondido, incurriendo en omisión y por lo tanto vulnerando el principio de congruencia; correspondiendo conceder la tutela impetrada por el accionante.

III.4.2 Análisis de la segunda problemática relativa a la falta de fundamentación y motivación.

El accionante denuncia que el Auto Supremo 225/2020 carece de fundamentación y motivación respecto a las siguientes problemáticas: a) Respecto a la planilla 21 no fundamentaron porque se apartaron del procedimiento específico para la terminación excepcional del contrato por resolución; b) El Auto Supremo 225/2020 de 20 de marzo, respecto a la planilla 22 emitió una fundamentación escueta y contradictoria cuando señalaron que la planilla 22 se presentó el 19 de octubre de 2016 de manera posterior a la resolución del contrato que fue el 4 de octubre de 2016 y no contar con la aprobación del Supervisor y Fiscal de Obra; por lo que, se presume inexistente y no tiene respaldo para estimar el pago; dicha justificación no es suficiente porque en la forma de pago fijada en la cláusula vigésima octava señaló que es paralela al progreso de la obra.

Antes de ingresar al análisis de cada una de las problemáticas es pertinente remitirnos a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, en el cual se estable que la fundamentación, como elemento esencial del derecho al debido proceso, se refiere a la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesaria una interpretación normativa, tiene la obligación de efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. Bajo ese marco jurisprudencial, se analizará si las problemáticas identificadas cuentan con la debida fundamentación y motivación. 1) Respecto a la planilla 21 no fundamentaron porque se apartaron del procedimiento específico para la terminación excepcional del contrato por resolución.

En el caso presente, tomando en cuenta que el accionante denuncia que el Auto Supremo 225/2020 lesionó el debido proceso en sus vertientes de falta de fundamentación y motivación; toda vez que, en relación a la planilla 21 no fundamentaron sobre la omisión del procedimiento específico para la Resolución del Contrato; por lo que, corresponde analizar su contenido del referido Auto Supremo.

“Ahora bien, de la revisión del expediente y por la propia aceptación de la entidad demandada, la Planilla 21 fue aprobada por el Supervisor y Fiscal de la Obra, consecuentemente apta para el cobro y pago respectivo. Sin embargo, la Gobernación contratante, ante las causales de resolución de contrato, contenidas en la resolución al efecto, prosiguió con el cierre del contrato convocado al efecto a la Empresa contratista la conciliación de saldos y volúmenes; sin embargo, pese a las reiterativas convocatorias para dicha conciliación, tres veces, lo cual no ha sido negado ni enervado por el recurrente, llevándose a cabo esta repetida conciliación. En los hechos, esta Planilla 21, fue la última que ingreso debidamente aprobada para su cancelación posterior, pero al existir una conciliación de saldos y volúmenes, se la consideró dentro de todo lo trabajado y pagado y por pagar por el contratante, procediendo finalmente a ser descontada. Este procedimiento si bien no es taxativo para las planillas de pago previas al certificado de liquidación final, no involucra una transgresión al tracto sucesivo del contrato, sino que debe entenderse que, al existir ya una Resolución contractual, correspondía la aplicación de la cláusula cuadragésima referida al procedimiento de pago de la planilla final o certificado de liquidación, el cual de manera expresa faculta al contratante desconectarse del importe final a: a).- Sumas anteriores ya pagadas en los certificados o planillas de avance de obras. b).- Reposición de daños si hubiere. c).- El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiere saldos pendientes. d).- Las multas y penalidades si hubieren.” (sic) De lo descrito precedentemente, se establece que el Auto Supremo cuestionado, determinó que como efecto de la resolución del contrato, la empresa contratante actuó adecuadamente al aplicar correctamente la cláusula cuadragésima correspondiente al pago de la planilla final o certificado de liquidación; sin embargo, como se observa, dicha cláusula establece cuatro aspectos que deben considerarse al momento de emitir esta planilla final; y, si bien se afirma que se aplicó correctamente esta estipulación, en ningún momento se desarrolla cuál de los cuatro aspectos fue utilizado en la emisión de la planilla final; y, si fue aplicado de manera adecuada; además, afirma que ese procedimiento no es taxativo para las planillas de pago previas al certificado de liquidación final y que no involucra una vulneración al tracto sucesivo del contrato; sin embargo, no se específica el porqué de tal afirmación o cual es la fundamentación que sustenta dicha afirmación. De lo desglosado, se observa una indebida fundamentación y motivación correspondiendo, respecto a la presente problemática conceder la tutela solicitada.

2) El Auto Supremo 225/2020 de 20 de marzo, respecto a la planilla 22 emitió una fundamentación escueta y contradictoria cuando señalaron que la planilla 22 se presentó el 19 de octubre de 2016 de manera posterior a la resolución del contrato que fue el 4 de octubre de 2016 y no contar con la aprobación del Supervisor y Fiscal de Obra; por lo que, se presume inexistente y no tiene respaldo para estimar el pago; dicha justificación no es suficiente porque en la forma de pago fijada en la cláusula vigésima octava señaló que es paralela al progreso de la obra.

“Para el caso, la Planilla 22 fue presentada por el contratista el 19 de octubre de 2016 con el CITE RG/GG-CAVUC/190/2016, de forma posterior a la efectivización de la resolución de contrato que fue el 4 de octubre de 2016, es decir a los quince días posteriores. Además que, para la conciliación de saldos y volúmenes se solicitó tres veces a la empresa contratista su presencia, específicamente los días 10, 12 y 14 de octubre de 2016; siendo que además la referida empresa ya conocía, primero la intensión de resolución de contrato, luego su efectivización y posteriormente la conciliación de saldos, momentos en los que nunca presentó la posterior planilla 22. De igual manera, está claro que tampoco la Planilla 22 no fue aprobada por el Supervisor y Fiscal de Obra, aspecto que involucra, presunción de inexistencia de obras; toda vez que, aunque el contratista adujo la realización de trabajos en tales planillas, lo cierto es, que el Supervisor de Obras, que da fe de la inexistencia de trabajos, refrendando aquello por el Fiscal de Obra, en tal circunstancia no existe el debido respaldo para estimar el pago pretendido. Si bien es cierto que, el pago pretendido en la Planilla 22 comprende trabajos supuestamente realizados con anterioridad a la resolución del contrato, éstos además de no estar corroborados por la aprobación idónea del Supervisor y Fiscal de Obra de la Obras, al ser anteriores, a decir del contratista, fueron objeto de conciliación de saldos, al que el recurrente no asistió pese a su convocatoria, lo cual ya no atinge a la entidad contratante.” (sic) Conforme a lo descrito en el Auto supremo 225/2020 se advierte que la misma carece de una debida fundamentación y motivación; toda vez que, no hicieron mención a ninguna normativa legal o al menos al Contrato de Obras suscrito entre el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro y la empresa Rio Grande Contratistas Generales SRL representada legalmente por el ahora accionante; toda vez que, en la cláusula vigésima octava del referido contrato se establece la forma de pago, en el cual se establece los siguiente:

“El pago será paralelo al progreso de la obra a este fin mensualmente y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al supervisor, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera…” ([sic] fs. 8 a 20) Esta cláusula establece la forma de pago, la cual no fue referida por las autoridades ahora demandadas para sustentar su determinación y tampoco se advierte una argumentación lógico-jurídica, del por qué se ajustaría a la cancelación o no de dicha planilla; es decir no se establezca los motivos y razones de su decisión, limitándose a señalar que la Planilla 22 no fue aprobada por el Supervisor y el Fiscal de Obra, presumiendo la inexistencia de la obra por ser anterior a la conciliación de saldos; de igual forma se tiene que en el contrato de Obras serán fue suscrita al amparo de la Ley 117, Ley del Presupuesto General de Estado y DS 181, normativas que tampoco fueron referidas; en tal sentido, corresponde conceder la tutela impetrada por la falta de fundamentación y motivación.

III.4.3 Análisis de la tercera problemática relativa a la omisión valorativa de la prueba documental consistente en el contrato administrativo de obra del proyecto bajo excusa de su presunta inexistencia en antecedentes,

cuando el documento extrañado se encontraba contenida en la Escritura Pública 234/2014 adjuntado por la entidad demandante, antes de la Sentencia.

El accionante refiere que los magistrados demandados omitieron efectuar la valoración de las pruebas consistentes en el contrato administrativo inserto en la Escritura Pública 234/2014 de 31 de diciembre; y, el informe unilateral de saldos. Ahora bien, de la revisión del Auto Supremo 225/2020 los Magistrados demandados al respecto de la valoración de la prueba indicaron lo siguiente:

“Independientemente de lo expuesto, corresponde señalar que, el recurrente persigue una nueva valoración de la prueba, siendo la misma una facultad privativa de los jueces, así lo estableció el Auto Supremo N° 146/2015 de 06 de marzo”

De lo vertido se puede colegir que, si bien el Tribunal de casación no tiene la facultad de valorar las pruebas; empero, dentro de sus competencias esta verificar si es evidente o no las observaciones del recurrente respecto a la omisión valorativa de las pruebas por parte del Tribunal de Alzada; en ese sentido, se establece que los demandados no efectuaron esa labor respecto a la Escritura Pública 234/2014 como del informe de conciliación de saldos y volúmenes; en tal sentido, con relación a esta denuncia corresponde conceder la tutela impetrada por el accionante.

III.4.4 Sobre la cuarta problemática

El accionante alega que al haberse modificado la relación procesal e introducir hechos contradictorios en la Sentencia y confirmados en el Auto Supremo, les impidieron contradecir, desvirtuar o negar, afectando el derecho a la igualdad de oportunidades y a la defensa.

Entonces, el accionante denuncia que, al incluir la presunta existencia de una obligación en favor de la entidad contratante, la definición de saldos pendientes, las mismas que no fueron parte de la relación procesal y tampoco fueron hechos contradictorios y menos objeto de la prueba, empero fueron confirmados por el Auto Supremo ahora cuestionado; en consecuencia, la empresa contratista no tuvo la posibilidad de contradecir, desvirtuar o negar los mencionados hechos, afectando su derecho a la defensa y a la igualdad de oportunidades. Al respecto, conforme se señaló precedentemente (FJ III.4.1.iv) la Sentencia se fundó en argumentos que no fueron contemplados en la demanda, como la existencia de una deuda a favor de la Gobernación y tampoco en la contestación se hizo mención sobre esa deuda; por lo que, la resolución resulta extrapetita e ilegal; y, la existencia de saldos pendientes debió ser parte del objeto procesal mediante una acción reconvencional; y conforme, se advirtió no existe respuesta sobre este punto por parte de las autoridades demandadas; en tal sentido, se advierte una vulneración al derecho a la defensa y a la igualdad de oportunidades, al limitarse a los recurrentes desvirtuar esos aspecto; en tal sentido, corresponde conceder la tutela con relación a esta denuncia.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, actuó en forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 33/2021 de 19 de marzo, cursante de fs. 142 a 145, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia CONCEDER la tutela impetrada en los mismos términos dispositivos que el Tribunal de Garantías, de conformidad a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, es de voto aclaratorio.

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

1 SCP 0316/2010-R de 15 de junio, Fundamento Jurídico III.3.2 “La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido en: El Derecho de los Derechos: "El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dicho procedimiento de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el

estado democrático. El respeto a los debidos procesos garantiza en la democracia el respeto a la libertad, la igualdad, los derechos políticos o de participación y los derechos sociales" (sic). (…).

2 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).

conforme se describió precedentemente, la jurisprudencia constitucional, estableció que excepcionalmente, se podría efectuar una función revisora de la actividad probatoria de las diferentes jurisdicciones; empero, condicionado a que las o los accionantes señalen concretamente y de forma precisa qué pruebas fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad, o cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; y, señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final.”

5 “Ahora bien, a través de la SCP 0297/2018-S2 de 25 de junio, luego de efectuar contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, al respecto se concluyó que: ‘Al respecto, la citada SC 0965/2006-R, estableció determinados presupuestos para efectuar la revisión de la valoración de la prueba, exigiendo que la o el accionante debía: i) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, ii) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final; argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad. En similar sentido, la señalada SCP 1215/2012, refirió que en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia que el incumplimiento de los presupuestos para la valoración de la prueba ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional.’”

7 “…la suscrita Magistrada, en atención a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de este fallo, considera que, en un Estado constitucional de derecho, como lo asumido por el nuestro, que por voluntad del constituyente, se incorporaron en la Constitución Política del Estado, un conjunto de derechos y garantías constitucionales en favor de las personas, que

constituyen al Estado Plurinacional de Bolivia, en un Estado garantista; lo cual, implica que, el Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme al art. 196 de la CPE en su misión de precautelar por la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, debe ajustar sus razonamientos al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales (arts. 13.I y 256.I de la CPE); en ese entender, es imperioso aplicar entendimientos y razonamientos más favorables y menos restrictivos para el acceso a la justicia constitucional en cuanto a su invocación de tutela; razón por la cual, respecto a las denuncias de vulneraciones relacionadas a la valoración de la prueba, esta Magistratura luego de advertir dos entendimientos diferentes al respecto, en apego a la jurisprudencia constitucional desarrollada en el citado Fundamento Jurídico III.2.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, opta por seguir y aplicar las razones jurisprudenciales desarrolladas en la SCP 0297/2018-S2, que se constituyen en el estándar más alto conforme lo desplegado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de este fallo.”

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1277_2023-S1.pdf · páginas 1 a 42.

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