Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 14 de octubre de 2025
Deniega la tutela
La parte demandante de tutela, considera lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento celeridad; toda vez que se encuentra detenido más de setenta horas en sede policial, sin que se resuelva su situación jurídica, a pesar que se llevó a cabo su audiencia de medidas cautelares, donde se dispuso medidas sustitutivas, y la Jueza de control jurisdiccional emitió el mandamiento de libertad correspondiente; sin embargo la Fiscal de Materia -ahora demandada- impide la ejecución del referido mandamiento, toda vez que pretende iniciar otro proceso penal en contra del accionante, por la presunta comisión del delito de uso de instrumento falsificado. En consecuencia, con carácter previo, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, al efecto, se verificará: i) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad frente a actos supuestamente ilegales cometidos por el Ministerio Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana; ii) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR Resolución 10/23 de 6 de mayo de 2023, cursante de fs. 10 y vta.; pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1276/2025-S1 Sucre, 14 de octubre de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 55556-2023-112-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 10/23 de 6 de mayo de 2023, cursante a fs. 10 y vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Drovel Vivancos Rosas y Aldo Gustavo Vargas Méndez en representación sin mandato de Pablo Gonzáles Salvatierra contra María Francisca Rivero Guzmán, Fiscal de Materia asignada a la Unidad de Tránsito.
Mediante memorial presentado el 5 de mayo de 2023, cursante de fs. 1 a 4, la parte impetrante de tutela, manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Señala que el 3 de mayo de 2023, protagonizó un accidente de tránsito cuando “…se encontraba conduciendo bajo influencia alcohólica…” (sic), -delito de Conducción Peligrosa de Vehículos, previsto y sancionado por el art. 210 del Código Penal-, el cual colisionó con dos vehículos motorizados, resultando ambos motorizados con daños materiales, es así que fue conducido a celdas policiales “…donde guardo detención desde el 03 de mayo de 2023 a horas 12:00” (sic). El 4 de igual mes y año realizó su declaración informativa a horas 9:00, teniendo la Fiscal de Materia ahora demandada, el plazo de veinticuatro horas para ponerlo a disposición del Juez de control jurisdiccional, a fines de resolver su situación jurídica. Añade que, posterior a su declaración informativa y de una manera arbitraria e ilegal, fue “…conducido enmanillado exponiéndome como delincuente a las oficinas de INDANA a los fines de recabar su cedula de identidad…” (sic), toda vez que no cuenta con ese documento; sin embargo, a horas 14:50 no se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares, siendo esa la única responsabilidad de la autoridad fiscal demandada, resultando en su detención ilegal desde las 21:01 de igual data.
El accionante, a través de sus representantes sin mandato, considera lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente celeridad; citando al efecto, los arts. 109.I, 122, 125 y 127 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se le otorgue la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene su libertad inmediata, cumpliendo lo establecido en el art. 303 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
La audiencia virtual de consideración de la presente acción de defensa, se realizó el 6 de mayo de 2023, según consta en el acta de audiencia cursante a fs. 9 y vta., produciéndose los siguientes actuados:
El peticionante de tutela, a través de su abogado, en audiencia ratificó los argumentos expuestos en su demanda tutelar y ampliando sus fundamentos, señaló que: a) Si bien se ha restaurado sus derechos, “…ya que la juez cautelar llevo a cabo la audiencia, ordeno su libertad sin embargo actualmente la Sra. Fiscal impide la ejecución de ese mandamiento…” (sic); b) El accionante fue detenido en flagrancia y a las 00:00 del 4 de mayo de 2023, fue conducido a la Fiscalía y se le toma la declaración, el Ministerio Público tiene veinticuatro horas para remitir la Imputación Formal ante el Juez cautelar y estos plazos no se han cumplido; c) La referida Imputación Formal fue presentada a las 09:15 del 4 de igual mes y año, se señaló para las 15:00 de igual data, es así que la Fiscal ahora demandada no condujo al detenido -ahora accionante- a la audiencia cautelar, empero el delito por el que se le investiga al ahora accionante es conducción peligrosa de vehículo, es decir, la detención preventiva es improcedente; sin embargo “…y con el único fin de que no se obtenga la libertad de mi defendido no lo llevan la audiencia cautelar porque estaba aprehendido por orden de la fiscal, es así que la audiencia del día de ayer el juzgado 4to cautelar se suspende por inasistencia del detenido porque la Sra. Fiscal no lo condujo a la audiencia…” (sic), ahora bien, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares, en el cual, como es lógico, al ser un delito en que no procede la detención, la Juez de control jurisdiccional le concede su libertad aplicando medidas sustitutivas; d) Sın embargo, la policía de tránsito no quiere ejecutar el mandamiento de libertad, por orden directa de la Fiscal demandada, es decir, que a pesar de haber vulnerado sus derechos, y de haber presentado la Imputación Formal fuera de término, asimismo no trajo al detenido -ahora accionante- a la audiencia cautelar, porque tenía conocimiento que iba a recuperar su libertad, es así que vulneró sus derechos con argumentos innobles; y, e) Pretende iniciar al accionante “…una denuncia de falsedad material porque nuestras personas como abogados consignamos por error el nombre de Juan Pablo Gonzales Salvatierra cuando el nombre que está en el certificado de nacimiento es Juan Pablo y por ese motivo le quiere iniciar la Sra. Fiscal…” (sic), otra acción por un delito de uso de instrumento falsificado, ordenando y reteniendo ilegalmente al impetrante de tutela en las celdas de la policía de tránsito, ordenando a la policía que no se ejecute el mandamiento de libertad, en ese sentido, solicita se conceda la tutela, se declare ilegal la aprehensión hasta este momento y que reparando derechos, se ordene la inmediata libertad, teniendo en cuenta que la Juez de control jurisdiccional emitió el mandamiento de libertad.
María Francisca Rivero Guzmán, Fiscal de Materia asignada a la Unidad de Tránsito, no presentó informe escrito ni asistió a la audiencia de la presente acción tutelar, pese a su legal notificación cursante a fs. 7.
La Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 10/23 de 6 de mayo de 2023, cursante a fs. 10 y vta., denegó la tutela solicitada; en base a los siguientes fundamentos: 1) De lo manifestado por el accionante, debemos tomar en cuenta que la acción de libertad se presenta cuando algún ciudadano esté indebidamente procesado o privado de su libertad, y en el presente caso, la acción tutelar presentada, versa sobre que no se resuelve la situación jurídica del accionante, pese a que ya habría transcurrido más de las veinticuatro horas 2) Debemos tomar en cuenta también el principio de subsidiariedad, que nos rige a los jueces que ahora nos encontramos en esta acción de libertad, es decir, debe estar el accionante en un absoluto estado de indefensión, sin embargo en este caso, tal como lo ha manifestado el demandante de tutela, ya se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares, además tiene un Juez de control jurisdiccional, cual es el encargado para que de manera directa el accionante presente su incidente de nulidad de aprehensión o imputación entre otros, a efectos de que el Juez de control jurisdiccional sea el indicado para que restituya los derechos del accionante; 3) Asimismo, está el recurso de apelación a efectos de que los Vocales, en caso de que el referido Juez no haya restituido los derechos, sean los que restituyan y no así acudir de manera directa a la acción de libertad, toda vez que se debe agotar primero la instancia jurisdiccional a efectos de que no exista doble resolución, y la suscrita no tiene conocimiento si ellos incidentaron en audiencia de medidas cautelares, o existe una apelación; asimismo no se puede subsanar con una acción de libertad lo que no se agotó en la vía ordinaria, por un lado; y por otro, el accionante ha referido que existe un mandamiento de libertad y que la demandada no ha dado cumplimiento a dicho mandamiento, entonces lo que debe hacer el accionante, es presentar la acción de libertad a efecto de que se la pueda notificar a la autoridad demandada y se pueda resolver con relación a ese punto; y, 4) Los funcionarios policiales son los encargados de ejecutar la orden judicial, toda vez que el mandamiento de libertad la Juez lo remite al policía que tiene a su cargo al accionante, y ese es el encargado de dar cumplimiento al mandamiento de libertad, y no así la Fiscal, y en otro proceso, si existiese una Resolución respecto a la aprehensión por el delito de falsedad, entonces en este caso tuviera que presentar la acción respecto a esto para valorar esa situación.
De la revisión del expediente constitucional, no se advierte que exista documental que curse en el mismo, tampoco se remitió antecedentes ante la Jueza de garantías constitucionales, como se verifica en el acta de audiencia de 6 de mayo de 2023 cursante de fs. 9 y vta.
La parte demandante de tutela, considera lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento celeridad; toda vez que se encuentra detenido más de setenta horas en sede policial, sin que se resuelva su situación jurídica, a pesar que se llevó a cabo su audiencia de medidas cautelares, donde se dispuso medidas sustitutivas, y la Jueza de control jurisdiccional emitió el mandamiento de libertad correspondiente; sin embargo la Fiscal de Materia -ahora demandada- impide la ejecución del referido mandamiento, toda vez que pretende iniciar otro proceso penal en contra del accionante, por la presunta comisión del delito de uso de instrumento falsificado. En consecuencia, con carácter previo, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, al efecto, se verificará: i) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad frente a actos supuestamente ilegales cometidos por el Ministerio Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana; ii) Análisis del caso concreto.
Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0503/2018-S2 de 14 de septiembre, reiterada por las SSCCPP 0031/2019-S2 de 25 de marzo, y 0560/2020-S1 de 5 de octubre -entre otras-, asumió el siguiente razonamiento: El extinto Tribunal Constitucional a través la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. En el marco de dicho entendimiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal, se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el juez de instrucción penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea, la justicia constitucional. Por su parte, la SC 0054/2010-R de 27 de abril, puntualizó que las denuncias de actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran incurrir los fiscales y policías durante la etapa preparatoria, que implique vulneración de derechos fundamentales, deben ser presentadas ante el juez de instrucción penal, sin que sea admisible acudir directamente ante la jurisdicción constitucional; consecuentemente, la SC 0080/2010-R de 3 1El FJ III.1.2, señala: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.
En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria.
(…)
Consiguientemente, como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus”.
2El FJ III.2, establece: “De lo anterior se extrae que todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de procedimiento penal al prever la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal; no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art. 18 constitucional, ignorando los canales normales establecidos. Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de los jurisdiccionales ordinarios aludidos”.
3El FJ III.3, señala: “Queda establecido entonces, que ante denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 54.1) y 279 del CPP, sin que sea admisible acudir en forma directa a esta acción tutelar si con carácter previo los hechos denunciados no fueron reclamados ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, que es la apta para restablecer las presuntas lesiones a derechos fundamentales y -se reitera- sólo en caso de verificarse que existirá una dilación o que esa instancia no se constituye en la eficaz y oportuna para restablecer esos derechos, es que se abre la posibilidad de acudir a la presente acción tutelar en forma directa”.
de mayo, sistematizó tres supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad para los casos en los que, en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones. Más tarde, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo, sostuvo que si la acción de libertad está fundada en la restricción del derecho a la libertad personal, por causa de haberse restringido la misma, al margen de los casos y formas establecidas por ley y no esté vinculado a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción de libertad puede ser presentada de manera directa. Posteriormente, la SCP 0482/2013 de 12 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2.2, sistematizó las reglas de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, conforme a lo siguiente:
1.- Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito y por 4El FJ III.4, determina:
“Primer supuesto:
Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación.
Segundo Supuesto:
Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física.
Tercer supuesto:
Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar” (las negrillas y subrayado nos pertenecen).
5El FJ III.2, cita: “En este orden, en cuanto a la presunta indebida privación de libertad, deberá tenerse en cuenta que la misma puede producirse, ya por hechos y circunstancias eventualmente no vinculadas a la presunta comisión de un delito y otras veces, sí vinculadas a dicha presunta comisión de un delito. En consecuencia, si no existe inicio de investigación y tampoco presunta comisión de delito alguno, corresponderá a la justicia constitucional conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una presunta indebida privación de libertad. (...) Queda establecido que cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción es directa contra las autoridades que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley”.
tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada de forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley. 2.- Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional. 3.- Cuando el accionante hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad, sobreviene también la subsidiaridad. 4. Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que, por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. 5. Si impugnada la resolución, ésta es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar. Finalmente, la SCP 1888/2013 de 29 de octubre, moduló la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la SCP 0482/2013 antes citada, señalando que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: 1) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; o, 2) Cuando existiendo dicha vinculación, no se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal; último supuesto, que de ninguna manera, implica que ante restricciones del derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley, no sea posible la presentación de la acción de libertad en forma directa, antes de haber transcurrido los plazos establecidos en la norma procesal penal.
En síntesis, es posible la presentación directa de la acción de libertad, en el primer supuesto señalado en la SCP 0482/2013, cuando: i) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; ii) Cuando existiendo dicha vinculación: ii.a) No se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal, o cuando: ii.b) No habiendo transcurrido dichos plazos, se hubiere restringido el derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley.
De conformidad a la sistematización de la línea jurisprudencial anotada, el juez de instrucción penal es la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria, siendo también, llamada por ley para atender cualquier denuncia de vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales durante esta etapa.
La parte solicitante de tutela, considera lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento celeridad; toda vez que se encuentra detenido más de setenta horas en sede policial, sin que se resuelva su situación jurídica, a pesar que se llevó a cabo su audiencia de medidas cautelares, donde se dispuso medidas sustitutivas, y la Jueza de control jurisdiccional emitió el mandamiento de libertad correspondiente; sin embargo la Fiscal de Materia -ahora demandada- impide la ejecución del referido mandamiento, toda vez que pretende iniciar otro proceso penal en contra del accionante, por la presunta comisión del delito de uso de instrumento falsificado. En el presente caso, se evidencia que el impetrante de tutela formuló la presente acción tutelar contra la autoridad fiscal; argumentando que la referida autoridad fiscal no ordenó su traslado a la audiencia de medidas cautelares, y posteriormente no permitió la ejecución del mandamiento de libertad en favor del accionante, ya que el representante del Ministerio Público pretende iniciar otro proceso penal en contra del accionante por la presunta de comisión del delito de uso de instrumento falsificado. Por otro lado, se advierte que no se remitieron los antecedentes necesarios que permitan, tanto a la Jueza de garantías como a este Tribunal Constitucional Plurinacional, contar con los elementos suficientes para tener certeza sobre los antecedentes y efectuar un análisis de los datos del proceso, así como la supuesta vulneración alegada; ello, en observancia del principio procesal de motivación previsto por el art. 3.7 del Código Procesal Constitucional (CPCo), en virtud del cual, la jurisdicción constitucional está obligada a fundamentar y argumentar los fallos de forma jurídicamente razonable. No obstante, en aplicación de los principios de celeridad, no formalismo y verdad material, la resolución de la presente acción tutelar se sustentará en las afirmaciones realizadas por las partes procesales.
En ese contexto, de acuerdo con la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se establece que frente a cualquier denuncia de vulneración de derechos fundamentales por parte del Ministerio Público o funcionarios policiales, previamente a acudir a la jurisdicción constitucional, en principio, debe ser presentada ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional de la investigación; y en el presente caso, el accionante por medio de su representante sin mandato, confirmaron en la audiencia de consideración de esta acción de libertad, que se había emitido una Imputación Formal en su contra, y que también se ha llevado a cabo la audiencia de medidas cautelares, habiéndose emitido el mandamiento de libertad en favor del ahora impetrante de tutela; en ese entendido, es preciso indicar que la autoridad fiscal no es quien hace la conducción a la audiencia de medidas cautelares, o así también la efectivización del mandamiento de libertad, esa función le corresponde a los funcionarios policiales que se encuentran a cargo de su custodio, mismos que en la presente acción de libertad no fueron identificados o demandados; al respecto, al existir un inicio de la investigación comunicado al Juez cautelar, el accionante debía acudir a denunciar una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía; lo que significa que el peticionante de tutela, previo a acudir a la jurisdicción constitucional, debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional. Sin embargo, en este caso, interpuso directamente la presente acción de libertad, es decir, sin esperar el pronunciamiento de la autoridad a cargo de ejercer el control jurisdiccional; por lo que, al proceder de esa manera, impide que este Tribunal Constitucional Plurinacional pueda ingresar a examinar el fondo de esas denuncias, en observancia de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad.
Correspondiendo por ello y conforme a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, denegar la tutela solicitada por el principio de subsidiariedad que rige la acción de libertad; la cual establece que los actos ilegales o indebidos en que pudieran incurrir los fiscales y/o policías, que impliquen una lesión a derechos y garantías fundamentales, desde los actos iniciales de la investigación hasta la conclusión de la etapa preparatoria, deben ser previamente denunciados ante el Juez de Instrucción Penal, de acuerdo a lo determinado por los arts. 54 inc. 1) y 279 del CPP, que constituye condición previa para acudir a la justicia constitucional; motivo por el que no corresponde ingresar al análisis de fondo de los actos denunciados en la presente acción de libertad.
A tal efecto, resulta aplicable la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad debido a que las autoridades encargadas del control jurisdiccional, son las inicialmente llamadas a reparar cualquier lesión a derechos fundamentales y garantías constitucionales en el marco de sus competencias, instancias que deben ser agotadas en la jurisdicción ordinaria; y sólo en caso de que no se restituyan las formalidades acusadas de inobservadas e incumplidas, con la consecuente vulneración de su libertad y del debido proceso, el accionante podrá activar la jurisdicción constitucional, procurando la restitución del precitado derecho fundamental y garantía constitucional; actuar en sentido contrario, generaría la desnaturalización de la esencia y finalidad de la acción de libertad, razón por la que no corresponde ingresar al fondo de la problemática planteada por el accionante, debiéndose denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR Resolución 10/23 de 6 de mayo de 2023, cursante de fs. 10 y vta.; pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
6 El FJ III.2, señala: “Ahora bien, con la finalidad de otorgar certeza y seguridad jurídica, es necesario modular la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la Sentencia Constitucional Plurinacional antes glosada y, en ese sentido, debe señalarse que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: i) La supuesta lesión o amenaza al derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito o, ii) Cuando, existiendo dicha vinculación, no se ha informado al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de procedimiento penal; no siendo exigible, en ninguno de los dos supuestos anotados, acudir ante el juez cautelar de turno con carácter previo; pues se entiende que, en el primer caso, nose está ante la comisión de un delito y, por lo mismo, el juez cautelar no tiene competencia para el conocimiento del supuesto acto ilegal, y en el segundo, existe una dilación e incumplimiento de los plazos procesales por parte de la autoridad fiscal o, en su caso, policial, que bajo ninguna circunstancia puede ser un obstáculo para el acceso a la justicia constitucional”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1276_2025-S1.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): e01d92b4b49bc626884d46b63079192595d2806808dafe22a2775b332e795dda
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