B.IA.LEGAL

SCP 1272/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 14 de octubre de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
14 de octubre de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
58477-2023-117-AAC
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la vida, a la integridad psicológica, al trabajo, al comercio y al debido proceso; toda vez que, el demandado Roberto Carlos Moscoso Quispe, en su calidad de acreedor de un préstamo de dinero, cerró con candados y cadena la tienda comercial en la que la impetrante de tutela desarrolla sus actividades comerciales de venta de calzados, y cuyo ambiente detenta en calidad de inquilina, ya que tal ambiente es de propiedad de un tercero que es propietario de dicho inmueble, que se encuentra ubicado en la calle Nataniel Aguirre s/n de la ciudad de Sucre; sostiene que la actividad comercial que realiza se constituye en su única fuente de sustento propio y de sus tres hijos menores; sostiene que tales actos arbitrarios fueron cometidos por el demandado sin que exista ninguna causa abierta en su contra, si bien es cierto que existe un contrato de préstamo de dinero por el monto de Bs60 000.-, tal documento no autoriza al accionado para que pueda proceder a realizar justicia por mano propia, la accionante solicita se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga que el demandado: a) Proceda de manera inmediata al retiro de los candados y la cadena con los cuales cerró la tienda de venta que arrienda, ubicada en la calle Nataniel Aguirre s/n; b) Se abstenga de realizar nuevamente acciones similares, bajo apercibimiento de remitir antecedentes al Ministerio Público por el delito de incumplimiento de resoluciones constitucionales, y se le exhorte a acudir a la vía legal que considere pertinente para el ejercicio de sus derechos, siem…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 0153/2023 de 5 de octubre, cursante de fs. 42 a 44 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela respecto de los derechos al trabajo, al comercio y al debido proceso.

2º DISPONER que Roberto Carlos Moscoso Quispe, evite incurrir en nuevas acciones o medidas de hecho en lo posterior, debiendo acudir ante la vía judicial ordinaria que considere competente, a efectos de hacer prevalecer los derechos e intereses que le correspondan. 3º DENEGAR la tutela respecto a los derechos a la vida, a la integridad psicológica, así como al pago de costas procesales y multas.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la naturaleza de la acción de amparo constitucional y la excepción a la subsidiariedad en medidas de hecho
  2. III.2. Fundamento de la proscripción de las medidas o vías de hecho o justicia por mano propia
  3. III.3. El derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia en sentido amplio es el derecho fundamental común vulnerado con acciones vinculadas a medidas o vías de hecho
  4. III.4. Resumen de presupuestos procesales para acceder a la justicia constitucional cuando se denuncian medidas o vías de hecho
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1272/2025-S3 Sucre, 14 de octubre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 58477-2023-117-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 0153/2023 de 5 de octubre, cursante de fs. 42 a 44 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rufina Cruz Bolaños contra Roberto Carlos Moscoso Quispe.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1.Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 28 de septiembre de 2023, cursante de fs. 15 a 22 vta., la accionante expresa lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Desde hace aproximadamente tres años alquila una tienda que es de propiedad de Esteban Chile, que se encuentra ubicada en la calle Nataniel Aguirre s/n, donde desarrollaba su actividad comercial de venta de zapatos para adultos y niños, actividad que se constituye en su única fuente de ingresos y sustento familiar; por dicho alquiler, paga un canon mensual de Bs7 000.-(siete mil bolivianos), con cuyos ingresos también cubrían los gastos de vivienda, servicios básicos y la manutención de sus tres hijos de -diecinueve, dieciséis y siete años de edad, respectivamente-, quienes dependen económicamente de ella. Para sostener su negocio, mantiene dos créditos vigentes con el Banco PRODEM y el Banco Solidario, cancelando mensualmente Bs3 150.- (tres mil ciento cincuenta bolivianos) y Bs2 800.- (dos mil ocho cientos bolivianos), respectivamente. Asimismo, el 16 de febrero de 2023; añade que suscribió un contrato de préstamo con Roberto Carlos Moscoso Quispe, por Bs60 000.- (sesenta mil bolivianos), con vencimiento el 15 de agosto de 2024, garantizando la obligación con los bienes de su tienda, sin que dicho contrato otorgue al acreedor facultad alguna para cerrar el local o retener la mercadería.

Sostiene que el 26 de septiembre de 2023, Roberto Carlos Moscoso Quispe -hoy demandado-, sin orden judicial ni procedimiento legal, procedió de forma arbitraria y abusiva a cerrar la tienda con cadenas y candados, impidiéndole el ingreso y la continuidad de su actividad económica; aspecto que fue consignado por Notaría de Fe Pública para la constatación del hecho, levantándose acta notarial y registro fotográfico. Posteriormente, al intentar abrir los candados con un cerrajero, el accionado la amenazó, advirtiendo que no permitiría su ingreso hasta el pago total de la referida deuda. Como consecuencia de ello, la accionante afirma encontrarse imposibilitada de generar ingresos, afectando gravemente la subsistencia de su familia, el cumplimiento de sus obligaciones crediticias y el derecho a la educación de sus hijos, cuyos materiales escolares permanecen dentro del local cerrado. Este acto de hecho ha puesto en riesgo su vida digna y la de sus hijos, al privarlos de los medios básicos de alimentación, sumiéndolos en una situación de vulnerabilidad y angustia emocional, por lo que solicita protección reforzada debido a su condición de mujer sola y madre de menores de edad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denuncia la lesión de sus derechos a la vida, a la integridad psicológica, al trabajo, al comercio y al debido proceso, citando al efecto los arts. 15.I, 46.I y II, 47.I y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el art. 23.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

I.1.3. Petitorio

La accionante solicita se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga que el demandado: a) Proceda de manera inmediata al retiro de los candados y la cadena con los cuales cerró la tienda de venta que arrienda, ubicada en la calle Nataniel Aguirre s/n; b) Se abstenga de realizar nuevamente acciones similares, bajo apercibimiento de remitir antecedentes al Ministerio Público por el delito de incumplimiento de resoluciones constitucionales, y se le exhorte a acudir a la vía legal que considere pertinente para el ejercicio de sus derechos, siempre que ello no implique vulneración de los derechos; y, c) El pago de costas procesales y una multa de Bs3 000.- (tres mil bolivianos), en aplicación del art. 79.5 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), por el actuar arbitrario y abusivo incurrido en perjuicio del accionante.

I.2 Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 5 de octubre de 2023, según consta en acta cursante de fs. 34 a 41, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La accionante a través de su abogado, en audiencia pública, a tiempo de ratificar los argumentos contenidos en la demanda tutelar, sostuvo que: 1) Fue sorprendida al llegar a su fuente laboral -una tienda de venta de calzados ubicada en la calle Nataniel Aguirre-, encontrándola cerrada con candados y cadenas por el accionado, impidiéndole el ingreso a dicho ambiente y, por ende, el ejercicio de su única actividad económica, con la cual sustenta a su familia y a sus hijos menores; 2) Dada su condición de vulnerabilidad de mujer trabajadora e informal, corresponde obviar el principio de subsidiariedad, ya que la afectación directa e inmediata a su fuente de sustento pone en riesgo su vida, integridad psicológica y la de sus hijas menores, conforme al art. 108.9 de la CPE; 3) La medida de hecho ejecutada por el demandado es un acto arbitrario, abusivo y sin respaldo legal, pues el particular demandado no es propietario del inmueble ni tiene facultad alguna para cerrar la tienda, ya que aun existiendo un contrato de préstamo civil, tal documento en ningún caso autoriza la toma de medidas coercitivas por cuenta propia; 4) Con esta conducta del demandado se vulneraron los derechos al trabajo digno, base del sustento familiar, y al debido proceso, ya que este actuó sin recurrir a la vía judicial correspondiente, contraviniendo de esa manera el art. 115.II de la Constitución; 5) Existe prueba documental fehaciente, consistente en un Acta Notariada de Verificación de Inmueble, donde el propio accionado reconoce haber cerrado el local, configurándose así una acción de hecho evidente; 6) En casos similares el Tribunal Constitucional ha dispuesto que no corresponde exigir el agotamiento de instancias ordinarias, cuando existe una afectación actual e inminente a derechos fundamentales; 7) Solicitó se conceda la tutela constitucional, ordenando el retiro inmediato de los candados y cadenas, y que, en caso de incumplimiento, se autorice el uso de la fuerza pública para restituir el ingreso al trabajo de la accionante; y, 8) Pidió se imponga al accionado el pago de costas procesales y una multa de Bs3 000; por el obrar arbitrario y abusivo que generó perjuicios económicos y psicológicos a su representada.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Roberto Carlos Moscoso Quispe no presentó informe escrito; sin embargo, en el desarrollo de la audiencia pública, manifestó lo siguiente: i) Reconoció haber colocado un candado en la tienda donde la accionante desarrolla su actividad comercial, justificando su accionar en la impotencia y frustración derivadas del incumplimiento de una deuda que la ahora accionante y su hija contrajeron con él. Explicó que prestó Bs70 000.-(setenta mil bolivianos) en total, Bs40 000.-(cuarenta mil bolivianos) a la madre y Bs30 000.-(treinta mil bolivianos) a la hija, sin recibir hasta la fecha de celebración de la audiencia de la presente acción tutelar pago alguno, pese a los compromisos de pago mensual establecidos en un documento notariado, firmado por la propia deudora y con registro del inventario de su mercadería; ii) El demandado sostuvo que en reiteradas ocasiones intentó cobrar la deuda de manera pacífica, recibiendo únicamente promesas incumplidas, lo que lo llevó, en un momento de enojo y desesperación, a colocar el candado el día siguiente de que la señora incumpliera nuevamente con el pago acordado para el 25 de septiembre de 2023. Aclaró que nunca ingresó al interior del local, ni se apropió de bienes o mercadería, y que retiró el candado tres días después de colocarlo. Reconoció que su acción fue un error, pero alegó que fue motivada por la rabia, el estrés económico y la necesidad de cubrir el tratamiento médico de su hijo, para lo cual incluso tuvo que contraer un préstamo bancario; iii) Asimismo, manifestó que la accionante se ausenta con frecuencia de su tienda, dejando a su esposo a cargo del negocio, y que en los últimos meses habría evitado contactarse con él para cumplir sus obligaciones. Afirmó que su intención no fue vulnerar derechos, sino presionar el cumplimiento de una deuda impaga, que afecta directamente su estabilidad económica y familiar y, iv) Pidió a las autoridades que se haga justicia, solicitando que la accionante le devuelva el dinero prestado, resaltando que su conducta no tuvo ánimo de despojo ni de afectar la fuente laboral de la demandante, sino de reclamar el reintegro legítimo del préstamo otorgado.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 0153/2023 de 5 de octubre, cursante de fs. 42 a 44 vta., denegó la tutela impetrada, exhortando a la parte demandada a evitar incurrir en nuevas acciones o medidas de hecho en lo posterior, debiendo acudir ante la vía judicial ordinaria que considere competente, a efectos de hacer prevalecer los derechos e intereses que le correspondan; tal determinación se dio con base a los siguientes fundamentos: a) Realizada la inspección in situ y analizados los argumentos de las partes, establece que para reconocer la existencia de medidas de hecho deben concurrir ciertos presupuestos. En primer lugar, el solicitante de tutela debe probar objetivamente que los actos fueron ejecutados sin causa jurídica ni respaldo institucional. En segundo lugar, debe acreditar su titularidad o derecho de propiedad sobre los bienes afectados, sean muebles o inmuebles. La tutela constitucional por medidas de hecho solo procede cuando no existen derechos en controversia que deban resolverse en la vía ordinaria, ya que su carácter es provisional y no puede determinar otros derechos fuera de las acciones de hecho denunciadas; b) Respecto a la alegada vulneración al derecho a la vida e integridad psicológica de la accionante, si bien dichos derechos están protegidos por el art. 15.1 de la CPE, no se demostró objetivamente que las acciones de hecho denunciadas hayan afectado de manera efectiva esos derechos, ni que exista nexo causal entre los hechos denunciados y las vulneraciones invocadas, conforme a la SCP 1774/2012 y la SCP 0678/2023-S4; c) Sobre las deudas mencionadas por el accionado y los contratos suscritos, como la Minuta de préstamo de dinero de 16 de febrero de 2023, el Tribunal señala que estos temas son de competencia de la jurisdicción ordinaria, civil o penal, y no de la jurisdicción constitucional. Las controversias contractuales deben ser ventiladas ante las instancias correspondientes, ya que la acción de amparo no puede sustituir los mecanismos procesales ordinarios; d) En cuanto a los hechos denunciados, se constató mediante Acta Notarial de 26 de septiembre de 2023 y fotografías que la tienda comercial de la accionante fue cerrada con cadena y candado. También se adjuntó un Contrato de Arrendamiento de 17 de enero de 2022; se tiene que el accionado reconoció haber procedido al cerramiento de la tienda. Sin embargo, durante la verificación in situ, se comprobó que los efectos de la medida de hecho habían cesado; por lo que, el Tribunal aplica la teoría del hecho superado, conforme al art. 53 del CPCo y la jurisprudencia constitucional vigente; e) Dicha teoría establece que cuando la medida considerada vulneradora ha cesado, ya sea por actos voluntarios, consentimiento o el paso del tiempo, la acción de amparo pierde su objeto, puesto que la tutela solo tiene sentido si puede producir un efecto reparador. En consecuencia, el Tribunal determina que no corresponde conceder la tutela solicitada, ya que la vulneración alegada ha sido superada; y, f) Finalmente, el Tribunal de garantías exhortó al accionado Roberto Carlos Moscoso Quispe a abstenerse de incurrir nuevamente en vías de hecho contra la accionante y a resolver cualquier controversia contractual por las vías legales correspondientes. Se advierte que ejercer justicia por mano propia está prohibido por la Constitución y genera responsabilidad jurídica.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Constan Certificados de Nacimiento que acreditan que la accionante tiene tres hijos menores de edad dependientes económicamente de ella, con edades de diecinueve, dieciséis y siete años al momento de la interposición de la acción tutelar (fs. 2 a 4). II.2. Cursa en antecedentes el Contrato de Arrendamiento de 17 de enero de 2022, suscrito entre el señor Edwin Nina Morales, en calidad de arrendador, y la señora Rufina Cruz Bolaños, en calidad de arrendataria, con reconocimiento de firmas ante Notario de Fe Pública. Dicho contrato establece un plazo de vigencia comprendido entre el 17 de enero de 2022 y el 17 de enero de 2024, pactándose un canon de arrendamiento mensual de Bs800.- (ochocientos bolivianos), a ser cancelado de manera periódica cada mes (fs. 13 a 14 vta.). II.3. Consta en obrados la Minuta de Contrato de Préstamo de Dinero de 16 de febrero de 2023, suscrita entre Roberto Carlos Moscoso Quispe, en calidad de acreedor, y Rufina Cruz Bolaños, en calidad de deudora. En dicho instrumento se reconoce una obligación pecuniaria por la suma de Bs60 000.-, estableciéndose en la cláusula tercera como fecha de vencimiento el 15 de agosto de 2024. Asimismo, se consigna como garantía los bienes existentes en la tienda comercial de propiedad de la deudora, adjuntándose a tal efecto el inventario elaborado por el acreedor (fs. 5 a 8). II.4. De la Acta Notarial de Verificación de Inmueble de 26 de septiembre de 2023, extendida por la Notaria de Fe Pública Dra. Miriam Leonor Rojas Prada, y fotografías adjuntas, se advierte que la tienda comercial ubicada en la calle Nataniel Aguirre s/n de la ciudad de Sucre, arrendada por Rufina Cruz Bolaños, se encontraba cerrada con dos candados y una cadena en la puerta de acceso. En el mismo acto, Roberto Carlos Moscoso Quispe, se identificó plenamente, reconociendo haber colocado los candados y la cadena, manifestando además que no permitiría su retiro mientras la accionante no cancele la deuda pendiente (fs. 9 a 12). II.5. El Gerente Distrital de Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante nota de 4 de octubre de 2023, hizo conocer al Tribunal de garantías que la ahora accionante Rufina Cruz Bolaños cuenta con un NIT vigente correspondiente a una tienda de venta de calzados, registrada bajo el Régimen Tributario Simplificado, con la actividad económica de comerciante minorista (fs. 32). II.6. Cursa en antecedentes la Certificación de 5 de octubre de 2023, emitida por la profesora Ruth Bárbara Gómez Torrez, de la Unidad Educativa Arturo Araníbar, mediante la cual se hace constar que el alumno AA, hijo de la ahora accionante, inscrito en el curso Segundo “B” de nivel primario, no asistió al establecimiento educativo los días 26, 27 y 28 de septiembre del mismo año (fs. 33).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la vida, a la integridad psicológica, al trabajo, al comercio y al debido proceso; toda vez que, el demandado Roberto Carlos Moscoso Quispe, en su calidad de acreedor de un préstamo de dinero, cerró con candados y cadena la tienda comercial en la que la impetrante de tutela desarrolla sus actividades comerciales de venta de calzados, y cuyo ambiente detenta en calidad de inquilina, ya que tal ambiente es de propiedad de un tercero que es propietario de dicho inmueble, que se encuentra ubicado en la calle Nataniel Aguirre s/n de la ciudad de Sucre; sostiene que la actividad comercial que realiza se constituye en su única fuente de sustento propio y de sus tres hijos menores; sostiene que tales actos arbitrarios fueron cometidos por el demandado sin que exista ninguna causa abierta en su contra, si bien es cierto que existe un contrato de préstamo de dinero por el monto de Bs60 000.-, tal documento no autoriza al accionado para que pueda proceder a realizar justicia por mano propia, la accionante solicita se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga que el demandado: a) Proceda de manera inmediata al retiro de los candados y la cadena con los cuales cerró la tienda de venta que arrienda, ubicada en la calle Nataniel Aguirre s/n; b) Se abstenga de realizar nuevamente acciones similares, bajo apercibimiento de remitir antecedentes al Ministerio Público por el delito de incumplimiento de resoluciones constitucionales, y se le exhorte a acudir a la vía legal que considere pertinente para el ejercicio de sus derechos, siempre que ello no implique vulneración de los derechos; y, c) El pago de costas procesales y una multa de Bs3 000.-, en aplicación del art. 79.5 de la Ley 027, por el actuar arbitrario y abusivo incurrido en perjuicio del accionante. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar los argumentos expuestos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la naturaleza de la acción de amparo constitucional y la excepción a la subsidiariedad en medidas de hecho

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0344/2018-S2 de 18 de julio, reiterada por la SCP 0373/2018-S2 de 24 de julio, así como la SCP 0069/2019-S2 de 3 de abril, entre otras, asumió el siguiente entendimiento:

La acción de amparo constitucional, consagrada en el art. 128 de la Constitución Política del Estado (CPE), como una acción de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebido de los servidores públicos y personas particulares, individuales o colectivas, que restrinjan supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Norma Suprema y la ley; en este mismo sentido el art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo), prevé que esta acción tutelar “…tiene el objeto de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”. En esa comprensión el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia constitucional expresó que la acción de amparo “Se constituye entonces en una de las acciones de defensa más amplia en cuanto al alcance de su ámbito de tutela y protección de derechos, rigiendo para su interposición, los principios de inmediatez y subsidiariedad, conforme lo establece el art. 129 de la Ley Fundamental; denotándose de la naturaleza de esta acción su objeto de protección y resguardo de derechos en el marco de los valores y principios ético-morales establecidos en la Constitución Política del Estado, contribuyendo desde la justicia constitucional a efectivizar y materializar esos valores y principios para una vida armoniosa, con equidad, igualdad de oportunidades y dignidad, entre otros valores, en los que se sustenta el Estado Plurinacional y que son parte de la sociedad plural” (las negrillas nos corresponden). Entonces, la acción de amparo constitucional es una acción de defensa que:“…establece un procedimiento de protección cuyo objeto es el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y expedito, frente a situaciones de lesión provenientes de la acción u omisión de servidores públicos o particulares; siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida” (las negrillas son nuestras); empero, conforme a su naturaleza jurídica precedentemente citada, su activación procede sobre la base de los principios constitucionales de inmediatez y subsidiariedad, salvo supuestos excepcionales plenamente justificadas.

No obstante, la jurisprudencia constitucional determinó que las medidas de hecho constituyan uno de los supuestos que se sustraen al principio de subsidiariedad de manera excepcional bajo la denominación de flexibilización al principio de subsidiariedad, porque no solo afecta derechos fundamentales y garantías constitucionales, sino compromete la concepción de la naturaleza misma del Estado Plurinacional Comunitario con Autonomías, lo que justifica la consideración de la excepción a la subsidiariedad que disciplina la acción de amparo constitucional y que posibilita a la jurisdicción constitucional ingresar al análisis de fondo de la cuestión planteada para una eventual tutela si corresponde.

III.2. Fundamento de la proscripción de las medidas o vías de hecho o justicia por mano propia

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0344/2018-S2, reiteradas en las SSCCPP 0373/2018-S2 y 0069/2019-S2; entre otras, asumió el siguiente razonamiento:

La justicia constitucional en varias sentencias relevantes, como la SC 0832/2005-R de 25 de julio, la SCP 998/2012 de 5 de septiembre y en especial en la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, señaló que el fundamento esencial de la proscripción de los actos vinculados a medidas o vías de hecho o, justicia por mano propia, es el resguardo celoso del principio de Estado Constitucional de Derecho y la protección del derecho al acceso a la justicia o derecho a la jurisdicción en sentido amplio, que se ve fracturado y suprimido respectivamente cuando el acto o los actos cometidos por particulares o servidores públicos, son al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales individuales y/o colectivos reconocidos por la Constitución y el bloque de constitucionalidad. En efecto, señaló que:

Sin ingresar a repasos históricos o formulaciones teóricas, es posible señalar que la afortunada concepción de “Estado de derecho” o “Estado bajo el régimen de derecho” cuya base ideológica es “un gobierno de leyes y no de hombres”, nace sepultando el modelo de “Estado bajo el régimen de la fuerza”, el que no obstante haber sido llenado de diversos contenidos en diferentes épocas históricas (Estado de Derecho legislativo y actualmente Estado Constitucional de Derecho) tuvo una trascendencia unívoca: La proscripción de la arbitrariedad pública y privada en las reglas de convivencia social y contención del poder, garantizando con ello, el respeto a la ley. En efecto, el Estado de derecho en principio tuvo una versión particular configurada como “Estado de derecho legislativo” o “Estado legal de Derecho”, empero, esta concepción reducía a un simple sistema de dominación mediante el instrumento de la ley, pues todo Estado era de Derecho, por el sólo hecho de que la actividad estatal se desarrolle bajo cánones legales (del legislador), siendo irrelevante si las leyes fueran opresoras o autoritarias, concepción que se sustentaba en que la ley (con características de generalidad y abstracción) era la más alta expresión de la soberanía y, por ello, quedaba al margen de cualquier límite o control, con lo cual, las constituciones terminaron siendo meras cartas políticas, afianzándose el imperio de la ley y el principio de legalidad. Actualmente, el Estado de derecho, se configura como “Estado constitucional de Derecho”, que es “…un estadio más de la idea de Estado de Derecho, o mejor, su culminación”, o en palabras de Prieto Sanchís “…no cabe duda que el Estado constitucional representa una fórmula del Estado de Derecho, acaso su más cabal realización”. Este modelo, supone una profunda transformación en la concepción general de “Estado de derecho”, debido a que en esta última fórmula “Estado Constitucional de Derecho”: a) El poder público (órganos ejecutivo, legislativo, judicial y electoral); y, b) La convivencia social de los ciudadanos están sometidos a la Constitución a través del principio de constitucionalidad que viene a sustituir el principio de legalidad y, por ende, -en el tema que ocupa a esta sentencia constitucional-, supone la proscripción de las acciones vinculadas a medidas de hecho o vías de hecho por el propio Estado o los particulares en cualesquiera de sus formas. En ese fallo, entre otros reiterados, expresó de manera explícita su preocupación –reitera en este fallo- sobre las recurrentes denuncias de actos vinculados a medidas o vías de hecho a través de las diferentes acciones de defensa (amparo constitucional y acción de libertad y acción popular) en diferentes supuestos, calificándolo como un problema estructural, como son:

i) Avasallamientos u ocupaciones por medidas o vías de hecho de predios urbanos o rurales privados o públicos con limitación arbitraria del derecho a la propiedad, la perturbación o pérdida de la posesión o tenencia del bien inmueble; ii) Cortes de servicios públicos (agua, energía eléctrica, etc.);y, iii) Desalojos extrajudiciales de viviendas; entre otros supuestos que propician, con un solo hecho (vías de hecho) la repetición crónica de violaciones de una serie de derechos humanos de afectación directa e indirecta, conforme se analizará posteriormente y que ameritan un análisis estructural de este problema. (Cita de la SCP 1478/2012, de 24 de septiembre, FJ.III.1). En ese orden, la proscripción de las medidas o vías de hecho o justicia por mano propia, desde un análisis estructural adquiere significado constitucional a partir de un compromiso compartido de reprochar las decisiones subjetivas o motivaciones que llevan a las personas físicas o jurídicas particulares o servidores públicos a asumir justicia por mano propia, con el objetivo de buscar la consolidación de un Estado Constitucional de Derecho fuerte traducido en la existencia y respeto a la institucionalidad y en especial a la independencia en la administración de justicia con un modelo de justicia plural eficiente al servicio de la protección tanto de derechos individuales como colectivos con acceso a la justicia en sentido amplio para la convivencia pacífica de los ciudadanos, que es un mandato constitucional prescrito principalmente en los arts. 1, 2, 9 y 178 de la Constitución Política del Estado.

III.3. El derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia en sentido amplio es el derecho fundamental común vulnerado con acciones vinculadas a medidas o vías de hecho

En correspondencia con lo anteriormente señalado, la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre entendió que el desconocimiento de particulares o servidores públicos que existen mecanismos legales y autoridades competentes en el orden constitucional para la solución de sus conflictos, tiene consecuencias jurídicas como es la fractura del Estado Constitucional de Derecho y la supresión del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia del afectado, que se constituye en el primer derecho fundamental común vulnerado en acciones vinculadas a medidas de hecho en cualesquiera de sus formas. Así señaló que:

El derecho fundamental a la jurisdicción o acceso a la justicia está consagrado en los arts. 115.I de la CPE, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y se constituye en “el derecho protector de los demás derechos” y, por lo mismo, en una concreción del Estado Constitucional de Derecho. En efecto, es la Constitución, la que determina cuáles son los órganos que tienen la potestad de impartir justicia (art. 179.I, II y III de la CPE) para la oponibilidad de derechos no solamente vertical sino también horizontal, entonces, es reprochable y censurable acudir a acciones vinculadas a medidas de hecho, so pena de excluir arbitrariamente el ejercicio del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia de la otra parte, quien tiene la seguridad jurídica y certeza (art. 178.I de la CPE) que para la solución de cualquier diferencia, interés o derecho en conflicto, éste será resuelto por una de las jurisdicciones reconocidas por la Constitución. En ese entendido, la potestad de impartir justicia, por mandato de la Constitución y desde su propia concepción plural (pluralismo jurídico) es la facultad del Estado Plurinacional a administrar justicia emanada del pueblo boliviano (art. 178 de la CPE) a través de los órganos formales competentes (jurisdicción ordinaria, jurisdicción agroambiental y jurisdicciones especializadas: en materia administrativa, coactiva, tributaria, fiscal, conforme a la Disposición Transitoria Décima de la LOJ) y también de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos a través de sus autoridades naturales (jurisdicción indígena originaria campesina). Ahora bien, bajo el principio de unidad de la función judicial previsto en el art. 179.I de la CPE, que estipula que “La función judicial es única…”, todas las jurisdicciones previstas en la Constitución y la justicia constitucional (ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional y los jueces y tribunales de garantías) tienen la misma autoridad para ejercer la función judicial, están sometidas a la Constitución y al bloque de constitucionalidad (art. 410.II de la CPE) y deben velar por el respeto a los derechos (art. 178 CPE). Esto, debido a que el modelo de justicia plural diseñado por la Constitución se articula y forma una unidad a partir de la posibilidad de que las resoluciones de las diferentes jurisdicciones sean revisadas por el Tribunal Constitucional, a través del control de constitucionalidad en sus tres ámbitos: a) Control normativo, que precautela la compatibilidad de las normas con la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad; b) Control tutelar, que resguarda el respeto de los derechos y garantías reconocidas en la Constitución; y, c) El control competencial, sobre las competencias asignadas a los órganos del poder público, a las entidades territoriales autónomas y a las jurisdicciones. En ese orden de ideas, siguiendo la normativa referida, corresponde señalar que el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia -sin pretender agotar todas las perspectivas de este derecho tan ampliamente concebido y desarrollado- contiene: 1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de este derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y, 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho. Entonces, si el reconocimiento del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, supone una concreción del Estado constitucional de derecho, como instrumento para promover que la solución de conflictos se realice a través de la jurisdicción (sin desconocer otros medios alternativos de solución de conflictos reconocidos por el orden constitucional y legal, como son: la conciliación, la mediación, el arbitraje, entre otros), para evitar la justicia por mano propia, su exclusión, supone que el primer derecho fundamental común vulnerado en acciones vinculadas a medidas o vías de hecho, es precisamente el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, que no es infrecuente acarree consigo la lesión a otros derechos conexos a partir de su supresión.

Ahora bien, el derecho de acceso a la justicia, a partir del criterio de interpretación contenido en el art. 196.II de la Constitución, esto es, de la voluntad del constituyente, debe ser garantizado en un sentido amplio por el Tribunal Constitucional Plurinacional, órgano final de aplicación, salvaguarda y garantía de la Constitución y de los derechos fundamentales individuales y colectivos, que tiene naturaleza judicial y es de composición plurinacional; sin exclusión y, por el contrario, de forma compartida con los jueces y tribunales de garantías y los jueces de la pluralidad de jurisdicciones, en especial, por los órganos jurisdiccionales de cierre, como son el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Agroambiental, que se constituyen en los garantes primarios de la Constitución (SCP 0112/2012) que conforman la función judicial única (art. 179 de la CPE), bajo la cual se resguarda la unidad del sistema jurídico plural, bajo un modelo de justicia plural, regido por el principio de unidad de la función judicial. Esta pluralidad de jurisdicciones, como se señaló está compuesta por los órganos judiciales formales competentes (jurisdicción ordinaria, jurisdicción agroambiental y jurisdicciones especializadas -en materia administrativa, coactiva, tributaria, fiscal, etc.-) y también de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos a través de sus autoridades naturales (jurisdicción indígena originaria campesina); y, otros medios alternativos de solución de conflictos reconocidos por el orden constitucional y legal, a los cuales se extiende la responsabilidad de garantía primaria de los derechos (SCP 112/2012).

III.4. Resumen de presupuestos procesales para acceder a la justicia constitucional cuando se denuncian medidas o vías de hecho

Continuando con la jurisprudencia constitucional referida a medidas de hecho, la SCP 0344/2018-S2, así como la SCP 0373/2018-S2, asumieron el siguiente entendimiento:

La jurisprudencia estableció las siguientes sub reglas procesales de activación de amparo constitucional frente a acciones vinculadas a medidas de hecho, reafirmando algunas que ya estaban establecidas en nuestra tradición jurisprudencial, señalando que: a) La acción de amparo puede ser activada directamente, es decir, no existe necesidad de agotar previamente otras vías, menos aún la vía procesal penal que tiene otro objeto procesal y finalidad; b) Las personas físicas o jurídicas particulares o servidores públicos no expresamente demandados pueden asumir defensa, presentar prueba y hacer valer sus derechos aún en etapa de revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, sin que se pueda alegar preclusión, lo que supone una flexibilización de las reglas de legitimación pasiva; c) La acción de amparo constitucional podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza a los derechos; y d) La carga de la prueba, tendiente a demostrar los actos vinculados a medidas o vías de hecho, debe ser cumplida por el peticionante de tutela quien debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos y estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria.

III.5. Análisis del caso concreto

De la revisión de antecedentes, se tiene que la accionante tiene una tienda comercial, en la que está en condición de inquilina, conforme lo demuestra mediante el contrato de arrendamiento de 17 de enero de 2022, suscrito entre Edwin Nina Morales, en calidad de arrendador, y Rufina Cruz Bolaños (impetrante de tutela), en calidad de arrendataria, con reconocimiento de firmas ante Notario de Fe Pública (Conclusión II.2).

Se tiene además un contrato de préstamo de dinero de 16 de febrero de 2023, suscrito entre Roberto Carlos Moscoso Quispe, en calidad de acreedor, y Rufina Cruz Bolaños, en calidad de deudora. En dicho instrumento se reconoce una obligación pecuniaria por la suma de Bs60 000.-, estableciéndose en la cláusula tercera como fecha de vencimiento el 15 de agosto de 2024 (Conclusión II.3). Se tiene Acta Notarial de Verificación de Inmueble de 26 de septiembre de 2023, extendida por la Notaria de Fe Pública Dra. Miriam Leonor Rojas Prada, y fotografías adjuntas, se advierte que la tienda comercial ubicada en la calle Nataniel Aguirre s/n de la ciudad de Sucre, arrendada por Rufina Cruz Bolaños, se encontraba cerrada con dos candados y una cadena en la puerta de acceso. En el mismo acto, Roberto Carlos Moscoso Quispe, se identificó plenamente, reconociendo haber colocado los candados y la cadena, manifestando además que no permitiría su retiro mientras la accionante no cancele la deuda pendiente (Conclusión II.4). Se tiene que la Sala Constitucional determinó denegar la tutela debido a que de la verificación in situ, se comprobó que los efectos de la medida de hecho habían cesado; por lo que, el Tribunal aplicando la teoría del hecho superado, conforme al art. 53 del CPCo y la jurisprudencia constitucional vigente determinó denegar la tutela impetrada por la teoría del hecho superado. Al respecto, es necesario citar a la SCP 1894/2012 de 12 de octubre, reiterada por la SCP 2202/2013 de 16 de diciembre y por la SCP 1621/2014 de 19 de agosto, entre otras; en cuyo Fundamento Jurídico III.1, señaló:

En este sentido, el art. 53 inc. 2) del CPCo, prevé como una de las figuras de sustracción de la materia o del objeto procesal a situaciones: “…cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado”(sic), para lo cual al menos debe verificarse que: i) Las pruebas aportadas por las partes, conforme sus pretensiones otorgan la certeza de que la pretensión procesal se ha extinguido; y, ii) Con el objeto de no afectar el procedimiento constitucional es preciso señalar que para determinar la sustracción del objeto procesal o materia por la cesación de los efectos del acto reclamado, el acto lesivo denunciado debe ser restituido antes de la citación con el Auto de admisión de la acción de amparo constitucional. (El resaltado es propio) Dentro del presente caso no existe prueba alguna, aparte de lo afirmado por el demandado en la audiencia de esta acción tutelar, que se hayan retirado los candados y las cadenas puestas por este, hasta antes de que se haya realizado la notificación con esta acción tutelar, que se realizó el 2 de octubre de 2023 (fs. 27); es más, resulta claro que la accionante, el día de la audiencia, no tenía conocimiento de tal extremo; por lo que, los vocales integrantes de la Sala Constitucional Primera tuvieron que verificar in situ lo alegado por el demandado, sin embargo, no se demostró objetivamente que la cesación de los efectos del acto reclamado, el acto lesivo denunciado debe ser restituido antes de la citación con el Auto de admisión de la acción de amparo constitucional, ya que la accionante manifestó que los candados aún estaban en la puerta de su tienda el 2 de octubre, mientras que el demandado afirma que hubiera retirado los candados “…el día sábado…” (sic) -30 de septiembre de 2023-; lo que implica no se ha demostrado objetivamente que se haya restituido el derecho antes de la citación con la admisión de esta acción tutelar, por lo que no corresponde la aplicación de la cesación de los efectos del acto reclamado. Otro elemento a considerar, dentro del presente caso, es la afectación a los derechos del menor de siete años, cuya mochila y material escolar se encontraba dentro de la indicada tienda y que producto de tal media de hecho, este no asistió a su establecimiento educativo los días 26, 27 y 28 de septiembre; fechas que coinciden con la fecha en la que el demandado puso los candados (el 26 de septiembre de 2023); por lo que, al constatarse la vulneración directa de los derechos de un niño a la educación, implica que en este caso no puede aplicarse la teoría del hecho superado. Ahora, en cuanto a las medidas de hecho denunciadas por la accionante, se tiene que la accionante ha cumplido con los requisitos establecidos por la jurisprudencia, en cuanto a que demuestre de manera objetiva los actos vinculados a medidas o vías de hecho, en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos, mediante el Acta Notarial de Verificación de Inmueble de 26 de septiembre de 2023, extendida por la Notaria de Fe Pública Dra. Miriam Leonor Rojas Prada, en la cual el demandado aparte de admitir el haber cometido tal acto arbitrario, advirtió que no permitiría el retiro de los candados de la puerta de dicha tienda mientras la accionante no cancele la deuda pendiente. En el desarrollo de la audiencia, el demandado Reconoció haber colocado un candado en la tienda donde la accionante desarrolla su actividad comercial, justificando su accionar en la impotencia y frustración derivadas del incumplimiento de una deuda que la ahora accionante y su hija contrajeron con él. Explicó que prestó Bs70 000.- (setenta mil bolivianos) en total, Bs40 000.-(cuarenta mil bolivianos) a la madre y Bs30 000.-(treinta mil bolivianos) a la hija, sin recibir hasta la fecha de celebración de la audiencia de la presente acción tutelar pago alguno, pese a los compromisos de pago mensual establecidos en un documento notariado, firmado por la propia deudora y con registro del inventario de su mercadería. Resulta claro que el accionado reconoció de manera expresa los actos cometidos en contra de la impetrante de tutela, justificando dicho accionar por la falta de pago de la deuda que esta y su hija tienen con su persona, lo que implica que este, a pesar de tener en su poder un documento que le sirve para demandar el pago de dicha deuda acudiendo ante la jurisdicción civil y activar un proceso ejecutivo, no lo hizo, vulnerando de esa manera, de manera primaria el derecho de acceso a la justicia de la impetrante de tutela y de manera indirecta al debido proceso. Aparte de ello, se constata la afectación del derecho al trabajo y al comercio, como el derecho a la educación del hijo menor de la accionante, al haber cerrado dicha tienda con los materiales escolares de este, motivo por el cual no pudo asistir a sus clases los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2023. Ahora, si bien el demandado al momento de realizarse la audiencia, retiró los candados y las cadenas que puso para evitar que la impetrante de tutela ingrese a su tienda, como un medio de presión y amedrentamiento, para lograr que esta cancele la deuda que tiene con su persona, como previamente se refirió, no se tiene constancia que tal acto haya surgido de manera voluntaria, o por haber sido citado con el auto de admisión de esta acción tutelar; por lo que, ante tales circunstancias, corresponde conceder la tutela impetrada, con el objeto de prevenir que tales actos arbitrarios se reiteren a futuro por parte del demandado; quien en todo caso deberá acudir ante la jurisdicción ordinaria civil, a objeto de lograr el pago de la deuda que la impetrante tiene con su persona, pero de ninguna manera podrá recurrir a actos por mano propia. Finalmente, en cuanto a la supuesta vulneración de los derechos a la vida e integridad psicológica, la impetrante de tutela, más allá de su simple mención, no ha fundamentado en qué sentido ni como se hubieran vulnerando tales derechos por lo que corresponde denegarla tutela sobre los mismos. En cuanto al pago de costas procesales, y la multa de bs3 000.-, solicitada por la impetrante de tutela, no se advierten fundamentos por los cuales se justifique el disponer tales extremos, por lo que no corresponde el disponer tales pagos. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 0153/2023 de 5 de octubre, cursante de fs. 42 a 44 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela respecto de los derechos al trabajo, al comercio y al debido proceso.

2º DISPONER que Roberto Carlos Moscoso Quispe, evite incurrir en nuevas acciones o medidas de hecho en lo posterior, debiendo acudir ante la vía judicial ordinaria que considere competente, a efectos de hacer prevalecer los derechos e intereses que le correspondan. 3º DENEGAR la tutela respecto a los derechos a la vida, a la integridad psicológica, así como al pago de costas procesales y multas. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1272_2025-S3.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): 180dd16dfd431a71fcf86f0326cacd8e524458f7773d1b0d1780044499c2276c

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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