Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 14 de octubre de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante a través de sus representantes denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso, vinculado a los principios de celeridad, a la seguridad jurídica, legalidad, justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; alegando que, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público; el Juez de turno -ahora demandado-, dispuso su detención preventiva y luego de haber cumplido con dicha medida cautelar, el 14 de abril de 2023, peticionó cesación de la medida restrictiva de su libertad; sin embargo, se enteró que la nombrada autoridad, no remitió los antecedentes del proceso al Juzgado de origen; quien en su momento, solicitó su devolución mediante Oficio 522/2023 de 26 de abril, que fue recepcionada por la Auxiliar -ahora codemandada-; empero, hasta la interposición de la presente acción tutelar, ninguno cumplió con ese actuado, vulnerando sus derechos constitucionales. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 11/23 de 7 de mayo de 2023, cursante de fs. 8 vta. a 9, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela impetrada, únicamente respecto al derecho a la libertad de locomoción, vinculado al debido proceso y a los principios de celeridad y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, en iguales términos a los dispuestos por la Jueza de garantías, en el marco de lo expuesto en el presente fallo constitucional, exhortando a los demandados a que, en futuras actuaciones, no vuelvan a reincidir en una situación similar y, 2º DENEGAR la tutela en cuanto a los principios de legalidad y seguridad jurídica, por los Fundamentos Jurídicos precedentemente expuestos.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1270/2025-S3 Sucre, 14 de octubre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 55776-2023-112-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 11/23 de 7 de mayo de 2023, cursante de fs. 8 vta. a 9, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Elías Tordoya Osinaga y Eddy Edson Bautista Pereyra en representación sin mandato de José Milton Rojas Vallejos contra Roger Salvatierra Rocha, Juez; y, Jeanette Blanco Costas, Auxiliar, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 6 de mayo de 2023, cursante a fs. 5 y vta., el accionante a través de sus representantes, manifestó que:
Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de abuso sexual; el Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de turno -ahora demandado-, dispuso su detención preventiva; y, luego de haber transcurrido doscientos un días desde dicha resolución, el 14 de abril de 2023, peticionó cesación de la medida restrictiva de su libertad; sin embargo, grande fue su sorpresa cuando se enteró que, la nombrada autoridad, no remitió los antecedentes del proceso al Juzgado de origen -Juzgado de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del mismo departamento-; quien, en su momento, solicitó su devolución mediante Oficio 522/2023 de 26 de abril, el mismo que fue recepcionada por la Auxiliar de aquel Juzgado -ahora codemandada-; empero, hasta la interposición de la presente acción tutelar, ninguno cumplió con la remisión del expediente, vulnerando así derechos constitucionales.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso, vinculado a los principios de celeridad, a la seguridad jurídica, legalidad, justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, citando al efecto el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que las autoridades demandadas: “…REMITAN EN EL DIA EL CUADERNO PROCESAL AL JUZGADO 11VO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR…” (sic).
Celebrada la audiencia pública virtual el 7 de mayo de 2023, según consta en acta cursante a fs. 8 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, reitero íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolos, manifestó que: a) Solicitó cesación de su detención preventiva ante el Juzgado de origen -Juzgado de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz-; empero, se enteró que el Juez de Instrucción Penal Tercero del mismo departamento se encontraba de turno -ahora demandado-, extravió el expediente; b) Toda la semana se apersonó ante las autoridades -ahora demandadas-, para exigir la devolución del expediente; sin embargo, recibieron una serie de excusas, indicándole que no tenían tiempo ni transporte; por ello, incluso ofreció llevarlos; empero, no quisieron; y, c) Se encuentra detenido preventivamente durante ocho meses por capricho del Juez y Auxiliar demandados; y, sin que pueda celebrarse la audiencia de cesación de su detención preventiva.
Roger Salvatierra Rocha, Juez; y, Jeanette Blanco Costas, Auxiliar, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, no presentaron informe escrito, ni asistieron a la audiencia de garantías, pese a su notificación vía WhatsApp (actuados que no constan en antecedentes debido a problemas en la aplicación del celular y que dichas conversaciones y notificaciones fueron borradas), de acuerdo al informe de 7 de mayo de 2023, de Sergio Martínez Hurtado, Auxiliar del Juzgado de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, cursante a fs. 7.
La Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 11/23 de 7 de mayo 2023, cursante de fs. 8 vta. a 9, concedió la tutela impetrada, disponiendo que, el Juez y Auxiliar demandados, en el plazo de veinticuatro horas remitan el expediente al Juzgado de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, con base en los siguientes fundamentos: 1) El Juez y Auxiliar demandados, no presentaron sus informes ni documentación para su valoración, tampoco se conectaron en audiencia de garantías para desvirtuar las notas presentadas por el Juzgado de origen, resultando por esa inobservancia la presunción de veracidad; y, 2) La audiencia de cesación de la detención preventiva, peticionada por el accionante, no se llevó acabo debido a que, las autoridades demandadas no remitieron los antecedentes del proceso al Juzgado quien ejercía control jurisdiccional sobre la referida causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 14 de abril de 2023, con cargo de recepción de 18 de igual mes y año, dirigido al Juzgado de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, el impetrante de tutela solicitó cesación de su detención preventiva (fs. 3). II.2. Cursa Oficio 522/2023 de 26 de abril, dirigido al Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de turno -ahora demandado-; por el cual, Luis Esteban Loza Quaglini, Juez de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del mismo departamento, solicitó la devolución del cuaderno procesal que remitió el 14 de octubre de 2022, por turno semanal. El referido Oficio cursa cargo de recepción de la misma fecha a horas 10:15, mediante el que Jeanette Blanco Costas, Auxiliar -ahora codemandada- del citado Juzgado, hizo contar: “… por sistema radica en juzgado 11vo. de Instrucción en lo penal...” (sic [fs. 1 y vta.]). II.1. La presente acción de libertad fue interpuesta el 6 de mayo de 2023 a horas 14:30, por José Milton Rojas Vallejos, mediante sus representantes sin mandato contra Roger Salvatierra Rocha, Juez; y, Jeanette Blanco Costas, Auxiliar, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz (fs. 5 y vta.).
El accionante a través de sus representantes denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso, vinculado a los principios de celeridad, a la seguridad jurídica, legalidad, justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; alegando que, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público; el Juez de turno -ahora demandado-, dispuso su detención preventiva y luego de haber cumplido con dicha medida cautelar, el 14 de abril de 2023, peticionó cesación de la medida restrictiva de su libertad; sin embargo, se enteró que la nombrada autoridad, no remitió los antecedentes del proceso al Juzgado de origen; quien en su momento, solicitó su devolución mediante Oficio 522/2023 de 26 de abril, que fue recepcionada por la Auxiliar -ahora codemandada-; empero, hasta la interposición de la presente acción tutelar, ninguno cumplió con ese actuado, vulnerando sus derechos constitucionales. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Sobre este tópico, la SCP 0420/2021-S2 de 16 de agosto, estableció que: «La SC 0044/2010-R de 20 de abril, respecto al hábeas corpus -hoy acción de libertad- traslativo o de pronto despacho, señaló: “…a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE (…) establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…’, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R)…”. Bajo esta línea de entendimiento, la misma jurisprudencia constitucional ha recogido el desarrollo doctrinal sobre los tipos de acciones de libertad introduciendo precisamente como un componente de los alcances de la tutela que brinda la misma, en su modalidad traslativa, la cual se encuentra reconocida implícitamente por el art. 125 de la Norma Suprema. En el orden señalado, la SCP 0112/2012 de 27 de abril, reiterando la línea jurisprudencial sobre el deber de tramitar todas las cuestiones vinculadas con la libertad personal con la celeridad necesaria recordó que: “La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva”. La SCP 0571/2012 de 20 de julio, refirió: “…el hábeas corpus -ahora acción de libertad- traslativo o de pronto despacho: ‘(…) se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’”. Por otra parte, la SCP 0002/2016-S2 de 18 de enero, de igual manera puntualizó: “...la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por objeto precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Dicho de otro modo, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”. Asimismo, la SCP 0003/2016-S2 de 18 de enero, sostuvo que: “...la acción de libertad (antes hábeas corpus) traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso; que en materia penal, involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites sean judiciales o administrativos con dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”. (…) De todo lo anteriormente glosado, se puede concluir que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por finalidad acelerar los trámites judiciales o administrativos, cuando existan dilaciones ilegales o indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad» (las negrillas son nuestras).
El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0536/2020-S1 de 21 de septiembre, 0755/2020-S1 de 19 de noviembre y 0101/2021 de 27 de mayo, entre otras, mismas que describen, lo siguiente:
La SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, estableció que los funcionarios subalternos también pueden tener legitimación pasiva y ser, condenados, cuando: “… la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional” (las negrillas nos nuestras).
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se constató que, dentro del proceso penal que el Ministerio Público sigue contra el impetrante de tutela, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, el Juez de turno -ahora demandado-, dispuso su detención preventiva; y, luego de haber cumplido con dicha medida cautelar, mediante memorial de 14 de abril de 2023, solicitó cesación de la medida restrictiva de su libertad ante el Juzgado de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz (Conclusión II.1). Ahora bien, consta Oficio 522/2023 de 26 de abril, dirigido al Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de turno -ahora demandado-; por el cual, Luis Esteban Loza Quaglini, Juez de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del mismo departamento, solicitó la devolución del cuaderno procesal que, remitió el 14 de octubre de 2022, por turno semanal. El referido Oficio consigna cargo de recepción a horas 10:15, mediante el cual Jeanette Blanco Costas, Auxiliar -ahora codemandada-, hizo contar: “… por sistema radica en el juzgado 11vo. de Instrucción en lo penal...” (sic [Conclusión II.2]). En ese contexto, contrastada la problemática identificada con la prueba presentada a la jurisdicción constitucional; este Tribunal entiende que, el impetrante de tutela denuncia un hecho consistente en una supuesta dilación en la devolución del cuaderno de control jurisdiccional al Juzgado de origen; incurrida, aparentemente por el Juez de turno y Auxiliar -ahora demandados-, quienes hasta la interposición de la presente acción de libertad -6 de mayo de 2023-, ninguno cumplió con ese actuado (Conclusión II.3). En ese sentido de acuerdo al entendimiento expresado en la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, debe tenerse en cuenta que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. En ese marco, se evidencia que, en audiencia de consideración de medidas cautelares de carácter personal llevada acabo el 14 de octubre de 2022; el Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandado- y conociendo como Juez de turno, dispuso la detención preventiva del ahora accionante. Luego de haber cumplido con dicha medida cautelar, el 14 de abril de 2023, solicitó medida restrictiva de su libertad; sin embargo, hasta la referida fecha, la nombrada autoridad y la Auxiliar -ahora demandados-, no remitieron el cuaderno de control jurisdicción al Juez de origen que llega a ser el Juzgado de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del mismo departamento; quien en su momento, mediante Oficio 522/2023 de 26 de abril, peticionó la devolución del cuaderno procesal; empero, hasta el día de la presentación de la acción tutelar -6 de mayo de igual año- no obtuvieron respuesta. Incluso no se efectivizó hasta la fecha de realización de la audiencia de garantías -7 de similar mes y año-, transcurriendo más de seis meses sin que se proceda a la devolución de los antecedentes al Juzgado de origen, incurriendo en una dilación indebida; lo que, vulneró el debido proceso vinculado directamente con el derecho a la libertad del impetrante de tutela.
Por otro lado, de acuerdo al entendimiento expresado en la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.2, de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; se estableció que, el incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional como el incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, hace que, dicho servidor público adquiera la legitimación pasiva; por lo que, es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario hasta establecer su responsabilidad si corresponde; de ahí que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el marco de las disposiciones normativas que regulan su labor; más aún, si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado; por cuanto, le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y debe realizar el seguimiento correspondiente; puesto que, de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado. Bajo esas premisas, se pasará a valorar los actos u omisiones que supuestamente llevó acabo cada uno de los demandados, que desembocó en la supuesta lesión a los derechos del accionante; en ese sentido:
En el marco de la prueba presentada, se advierte que la Auxiliar de Juzgado de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora codemandada-, al momento de recepcionar la solicitud de devolución del cuaderno procesal -26 de abril de 2023, a horas 10:15-, impetrada por el Juez de origen, en nota marginal señaló que: “… por sistema radica en el juzgado 11vo de Instrucción en lo penal…” (sic). Empero, sin demostrar objetivamente que se hubiese cumplido con la referida devolución de dichos antecedentes, incumpliendo sus funciones y obligaciones; razón por la que, no se desarrolló la audiencia de cesación de su detención preventiva del accionante a raíz de la ausencia del referido cuaderno de control jurisdiccional; pues, se debe tomar en cuenta que el personal de apoyo jurisdiccional debe actuar con la debida diligencia y en observancia del art. 101 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ). Motivo por el que, incurrió en una dilación indebida que ocasionó la demora en la resolución de la situación jurídica del ahora impetrante de tutela, quien se encontraba con detención preventiva; por lo cual, se advierte la vulneración del derecho a la libertad de locomoción, vinculado al debido proceso y a los principios de celeridad y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; en consecuencia, corresponde conceder la tutela, respecto a los mismos.
Con relación al Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-, corresponde aplicar el razonamiento jurisprudencial citado ut supra; en ese sentido, se establece, que como Director del Juzgado y responsable de supervisar las labores de los funcionarios de apoyo jurisdiccional, debió realizar el seguimiento correspondiente a la Auxiliar -ahora codemandada-; sin embargo, al no cumplirse con el referido actuado, contribuyó a la dilación incurrida por la codemandada; y, por ende, en que no se lleve acabo la audiencia de cesación de la detención preventiva presentada para definición de la situación jurídica del accionante. En consecuencia, corresponde conceder la tutela, al evidenciarse que igualmente con su actuar lesionó el derecho a la libertad de locomoción, vinculado al debido proceso y a los principios de celeridad y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones. Finalmente, en cuanto a los principios de legalidad y seguridad jurídica concierne denegar la tutela considerando que, no se hallan dentro del ámbito de la protección de la acción de libertad. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 11/23 de 7 de mayo de 2023, cursante de fs. 8 vta. a 9, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela impetrada, únicamente respecto al derecho a la libertad de locomoción, vinculado al debido proceso y a los principios de celeridad y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, en iguales términos a los dispuestos por la Jueza de garantías, en el marco de lo expuesto en el presente fallo constitucional, exhortando a los demandados a que, en futuras actuaciones, no vuelvan a reincidir en una situación similar y, 2º DENEGAR la tutela en cuanto a los principios de legalidad y seguridad jurídica, por los Fundamentos Jurídicos precedentemente expuestos.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
1 Artículo 101. (OBLIGACIONES). I. Las y los auxiliares de Salas, de Tribunales de Sentencia y de Juzgados Públicos, tienen la obligación de coadyuvar con las secretarias y secretarios en el cumplimiento de las labores, como la recepción de expedientes y memoriales, manejo de registros, copia de resoluciones, atención a las abogadas y a los abogados, litigantes y otras, dentro del marco de sus funciones. II. En caso de existir varios auxiliares, la secretaria o secretario determinará las funciones y obligaciones de cada uno de ellos.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1270_2025-S3.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 6bbf979e542a37fa2ddb587b1263dcab81086e012218206f69272c0e2cc44169
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