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SCP 1268/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 5 de agosto de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
5 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
64651-2024-130-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 47/2024 de 7 de mayo, cursante de fs. 28 a 31, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto al Juez demandado, en los términos expuestos por el Tribunal de garantías;y, 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación al Secretario codemandado, conforme los argumentos expuestos en este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el deber de control jurisdiccional y celeridad en causas con personas privadas de libertad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1268/2026-S2 Sucre, 5 de agosto de 2026 JURISPRUDENCIA REITERADA - Control jurisdiccional SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 64651-2024-130-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 47/2024 de 7 de mayo, cursante de fs. 28 a 31, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Andrés Samanamud Oyola, contra Mario Helmer Laura Picavia, Juez; y, Milko Steel Ayllón Quilli, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Decimosegundo de la Capital del departamento de La Paz.

I. OBJETO PROCESAL

El accionante, denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la libertad, a la vida, a la salud, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito abuso sexual, mediante memorial de 29 de abril de 2024, solicitó audiencia de cesación a la detención preventiva, que mereció el decreto de 30 del mismo mes y año, por el cual el Juez ahora demandado, señaló audiencia para el 13 de mayo de dicho año, omitiendo llevar a cabo la misma dentro del plazo de cinco días. Por lo que, solicitó se conceda tutela y se ordene a los ahora demandados, lleven a cabo su audiencia de cesación a la detención preventiva, dentro de los cinco días o en el plazo más inmediato posible. Ante ello, Juez demandado, no presentó informe, ni asistió a la audiencia de garantías pese a su legal notificación cursante a fs. 18. Milko Steel Ayllón Quili, secretario del citado Juzgado, manifestó que si bien por decreto de 30 de abril de 2024, se señaló audiencia para el 13 de mayo del mismo año, este fue emitido por el Juez y secretario en suplencia de su despacho, lo cual se debió a que el 1 de mayo era feriado nacional; por otro lado, el 2 y 3 del mismo mes, la autoridad jurisdiccional y su persona se encontraban con permiso. Asimismo, aclaró que advertidos del error, la autoridad judicial, por auto de 6 de igual mes y año, corrigió el procedimiento y señaló audiencia de consideración de la cesación preventiva, para el 8 del citado mes y año, a horas 15:00, por lo que solicitó se deniegue la tutela. El Tribunal de garantías concedió la tutela impetrada, al evidenciar dilaciones indebidas, pues la autoridad judicial no cumplió con el señalamiento de audiencia dentro de los plazos legales establecidos, disponiendo que la autoridad demandada, señale audiencia de consideración de la cesación a la detención preventiva, dentro del plazo de veinticuatro horas. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. TRÁMITE PROCESAL

En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se determinó la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Por ello, el formato del presente fallo se ajusta a lo precedentemente determinado.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. Sobre el deber de control jurisdiccional y celeridad en causas con personas privadas de libertad

Los arts. 115.II, 178.I y 180.I de la Constitucional Política del Estado (CPE) consagran los principios de debido proceso, seguridad jurídica, celeridad y tutela judicial efectiva, imponiendo a las autoridades jurisdiccionales el deber de garantizar una administración de justicia pronta, oportuna y sin dilaciones indebidas. En materia penal, dicho deber adquiere mayor relevancia cuando el imputado se encuentra privado de libertad; pues, las autoridades judiciales tienen la obligación de ejercer control jurisdiccional permanente sobre la legalidad y vigencia de la detención preventiva, así como de tramitar con la debida diligencia todas las actuaciones relacionadas con la situación jurídica del procesado.

Con base en ello, la SCP 0561/2024-S2 de 5 de septiembre estableció que: “…dentro de un enfoque de aplicación genérica tanto la autoridad judicial que conoce determinada causa penal como el juez de ejecución penal, tienen la atribución y deber de constituirse en garantes del respeto y vigencia de los derechos y garantías constitucionales y/o convencionales de las y los privadas/os de libertad, en el marco de cuya labor de ejercicio del control jurisdiccional, queda afianzado que cualquier situación o circunstancia que pudiese considerarse atentatoria a los mismos, debe ineludiblemente ser puesta a conocimiento de una de dichas autoridades judiciales -según sea pertinente-” (las negrillas corresponden al texto original). En este sentido, inicialmente, corresponde señalar el deber de los jueces de instrucción en lo penal de realizar el control jurisdiccional, facultad que, conforme a la Sentencia Almonacid Arellano vs. Chile de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solo se debe realizar respecto al Ministerio Público y la Policía (art. 279 del Código de Procedimiento Penal -CPP-), sino frente a terceros, como testigos, peritos, etc., y respecto a su propio personal auxiliar, como sucede con secretarios-abogados, notificadores y auxiliares. Por ello mismo, el art. 135 del CPP establece que: “El incumplimiento de los plazos establecidos en este Código dará lugar a la responsabilidad disciplinaria y penal del funcionario negligente”, precepto concordante con la establecida en el art. 187.2 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece como falta: “No promueva la acción disciplinaria contra su personal auxiliar, estando en conocimiento de alguna falta grave”, lo que denota el poder de control y el deber de resguardo de derechos y garantías de las autoridades judiciales sobre su personal, constituyendo estas el recurso idóneo frente a las actuaciones de dicho personal auxiliar. El reconocimiento de las autoridades judiciales como recurso idóneo frente al personal auxiliar en la jurisprudencia boliviana se produce incluso desde la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, salvo que se presenten subreglas, como sucede con casos en los que se afecta el derecho a la vida, los derechos de menores de edad, etc.

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia que el Juez y el secretario, ahora demandados, señalaron audiencia de cesación a la detención preventiva, excediendo el plazo legalmente establecido.

En el caso de análisis, se evidencia que el impetrante de tutela, mediante memorial de 29 de abril de 2024, solicitó al juez de la causa señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva, en atención a dicha solicitud, la autoridad judicial demandada, por providencia de 30 de igual mes y año, fijó el verificativo para las 13:00 del 13 de mayo de igual año; al respecto, conforme se desarrolla en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que toda autoridad judicial que conoce una solicitud que se encuentre relacionada con el derecho a libertad, tiene la obligación de tramitarla imprimiendo la mayor celeridad posible o dentro de un plazo razonable; de igual manera aquella persona que considere lesionados sus derechos fundamentales dentro de un proceso penal, de manera previa, antes de acudir a la vía constitucional a través de una acción de libertad, debe acudir ante el juez que dirige la causa y activar el control jurisdiccional. Ello debido a que conforme al art. 135 del CPP y el 187.2 LOJ, a los jueces y tribunales de justicia ordinarios se constituyen en directores del proceso y garantes de los derechos y garantías jurisdiccionales, encontrándose facultados para ejercer la dirección, supervisión y control de las actuaciones desarrolladas por el personal de apoyo judicial de su despacho. Ahora bien, el reclamo con relación a que, el impetrante de tutela solicitó audiencia de cesación a la detención preventiva, la cual fue atendida por el Juez demandado mediante providencia de 30 de abril de 2024, por la cual señaló audiencia para el 13 de mayo del mismo año, es decir fuera del plazo legal establecido. Al respecto corresponde señalar, que si bien el secretario codemandado señaló en su informe que el decreto fue emitido por la autoridad suplente, que el 1 de mayo fue feriado nacional y que los días 2 y 3 de mayo de igual año, la autoridad demandada y su persona se encontraban con permiso, no cursa en el expediente traído a revisión, documentación alguna que acredite fehacientemente dichos extremos ni justifique legalmente la suspensión de los plazos procesales; al contrario se advierte que el decreto de 30 de abril de 2024 por que se señala audiencia para el 13 de mayo de dicho año, fue emitido por la autoridad judicial demandada. Asimismo, respecto a la corrección y saneamiento alegado, mediante providencia de 6 de mayo de dicho año por la cual se señala la audiencia solicitada, esta fue dictada el mismo día en que se interpuso la presente acción de libertad, es decir como efecto de su la interposición, y que no fue puesta formalmente a conocimiento del peticionante de tutela. En consecuencia, se evidencia que la autoridad demandada incurrió en una dilación indebida, por lo que corresponde conceder tutela respecto a dicha autoridad judicial.

Con relación a la actuación del secretario, y el reclamo del accionante que denuncia la dilación que también la atribuye al codemandado por la elaboración de la providencia que programó la audiencia fuera de plazo; al respecto, es necesario precisar que el personal de apoyo judicial conforme lo desarrollado en Fundamento Jurídico III.1, se encuentra bajo la dirección de la autoridad judicial, quien posee la facultad exclusiva del control jurisdiccional del proceso penal y es el encargado de garantizar el respeto a los derechos y garantías constitucionales en las causas sometidas a conocimiento de su despacho. Por consiguiente, ante cualquier conducta de omisión o incumplimiento de funciones cometidas por el personal de apoyo, correspondía al impetrante de tutela denunciar dicha conducta ante el propio Juez de la causa, a fin de que este como director del proceso, corrija y subsane la vulneración alegada. Sin embargo, no se evidencia que el nombrado hubiera acudido previamente ante el Juez de la causa denunciando la actuación del secretario, por lo que corresponde denegar tutela respecto a este último, por no haberse agotado el mecanismo idóneo de control jurisdiccional interno de forma previa a acudir a la justicia constitucional. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 47/2024 de 7 de mayo, cursante de fs. 28 a 31, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto al Juez demandado, en los términos expuestos por el Tribunal de garantías;y, 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación al Secretario codemandado, conforme los argumentos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1268_2026-S2.pdf · páginas 1 a 6.

Huella digital del PDF (SHA-256): 81c0c3299c50b354a955a627bcbbe293c7943dbead39c815d15a04f2d9177e12

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