Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 12 de diciembre de 2023
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 116/2021 de 26 de mayo, cursante de fs. 593 a 600 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto la RM 079/21 de 29 de enero y el Auto de 19 de febrero, ambos de 2021, ordenando a la entidad demandada emitir una nueva resolución sobre la base de los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1268/2023-S1 Sucre, 12 de diciembre de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 42121-2021-85-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 116/2021 de 26 de mayo, cursante de fs. 593 a 600 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Santiago Rafael Vélez León en representación legal del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA BOLIVIA) contra Verónica Patricia Navia Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
Mediante memorial presentado el 23 de abril de 2021, cursante de fs. 383 a 402, el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
El 22 de agosto de 2019, la sede central del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), con base en el Plan de Acción Estratégico Nacional (PAEN) y a las Resoluciones de la Junta Interamericana de Agricultura (JIA) y el Comité Ejecutivo (CE) máximos órganos de gobierno del IICA, conformado por treinta y cuatro países, con un delegado de cada Estado, instruyó se proceda a realizar los ajustes necesarios para enfrentar la crisis financiera que atravesaba la institución, decisión que causó que se produjera un proceso de reestructuración de personal, tanto en la Sede Central, como también en las Representaciones del IICA en cada país, habiéndose desvinculado a más de ciento noventa empleados en todo el hemisferio, por lo que, esta situación no fue ajena en la Representación del Instituto en el Estado Plurinacional de Bolivia.
Que, la Representación del IICA en Bolivia, a fin de adecuarse a los lineamientos superiores y a la reducción de presupuesto determinado, presentó un plan de reestructuración en la que debía prescindir de personal, tomando en cuenta los perfiles técnicos y profesionales, así como también unificando y asignando al personal restante roles múltiples para el cumplimiento de los compromisos y asistencia técnica que presta esta institución, por lo que en el mes de septiembre del año 2019, se sostuvieron dos reuniones con el ex Jefe Departamental de La Paz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a quien se le expuso la situación y señaló los pasos legales que se debían seguir para llevar adelante las desvinculaciones por motivos de fuerza mayor; de la misma forma, mediante Nota Verbal BO-REP-CO 005 de 5 de septiembre de 2019 dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores, se solicitó se notifique al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, habida cuenta que el 9 de mismo mes y año, la Representación del IICA en Bolivia iniciaría un proceso de reestructuración, lo que involucraría el despido de personal dependiente de este Organismo Internacional. Además que, previa aprobación de las instancias superiores del Organismo Internacional, cuya decisión fue debidamente comunicada al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, canalizada por medio de Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante Memorandos BO-REP-178 y BO-REP-180, ambos de 9 de septiembre de 2019, se desvinculó a Marco Antonio Jordán Mendoza y José Cesar Robles Vidaurre -ahora terceros interesados- respectivamente, realizando todo el papeleo administrativo de descargo de forma legal, tal como prevé las normas laborales, de esta forma se presentó la liquidación del finiquito de ambos trabajadores el 24 de septiembre de 2019, debidamente firmada por el Representante de IICA BOLIVIA, además de haber procedido al depósito de la liquidación por beneficios sociales ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, tal como consta de los recibos oficiales de beneficios sociales 024689 con relación a José César Robles Vidaurre y 024685 con relación a Marco Antonio Jordán Mendoza, cumpliendo de esta manera con el pago total de los beneficios sociales por cada trabajador. Por otra parte, el 14 de febrero de 2020 fueron notificados a efecto de la audiencia única de reincorporación de 18 de mismo mes y año, presentada por los ex trabajadores José Cesar Robles Vidaurre y Marco Antonio Jordán Mendoza; actuado en el que expuso con documentación de respaldo los antecedentes y las razones de orden legal por las que el IICA procedió a realizar la desvinculación de los referidos, las liquidaciones debidamente realizadas y remitidas al Ministerio de Trabajo; es así que, la Inspectora del Trabajo presentó el Informe MTEPS-JDT LP-IT-SLJL-INF 254/20 de 19 de febrero de 2020, en el que, con base a las consideraciones expuestas recomendó al Jefe Departamental del Trabajo, que los solicitantes hagan prevalecer sus derechos que crean ser afectados, en la vía llamada por Ley ya que se tratarían de hechos controvertidos y que el informe se derive a la Unidad de Relaciones Internacionales (URI) con la finalidad de que se deriven al Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, según el art. 4.II.10 de la Ley del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia -Ley 465 de 19 de diciembre de 2013-; consiguientemente, mediante Auto JDTLP-DASC- 016/2020 de 17 de marzo, el Jefe Departamental de Trabajo, Daniel Armando Segovia Calderón, determinó que José Cesar Robles Vidaurre y Marco Antonio Jordán Mendoza, deberían acudir a la autoridad competente, para que se resuelvan las controversias emergentes de la relación laboral; Auto con el que los nombrados fueron legalmente notificados el 11 de mayo de 2020 y el IICA el 12 de junio de 2020, es decir, casi un mes después de la notificación a la parte demandante. Así también, el 10 de junio de 2020, los demandantes interpusieron recurso de revocatoria contra el Auto JDTLP-DASC- 016/2020, con el cual el IICA no fue legalmente notificado, resuelto que fue por el Jefe Departamental de Trabajo a través de la Resolución Administrativa (RA) 143/20 de 10 de julio de 2020, confirmando totalmente el Auto impugnado y rechazando el recurso de revocatoria; toda vez que, al tratarse de hechos controvertidos y siendo el fondo de la denuncia la reincorporación, no le correspondía emitir criterio sino a la judicatura laboral, siendo José Cesar Robles Vidaurre y Marco Antonio Jordán Mendoza notificados con dicha Resolución, el 14 de julio de 2020; empero, el IICA fue notificado recién el 24 de septiembre de 2020. Que, mediante nota de 22 de julio de 2020, los demandantes solicitaron aclaración y complementación de la Resolución Administrativa indicada, al amparo de lo establecido por el art. 36 del Decreto Supremo (DS) 27113 del Reglamento de la Ley 2341; sin embargo, esa solicitud fue presentada después de seis días hábiles, no obstante que el parágrafo I del referido artículo señala que la aclaración de los actos administrativos que presenten contradicciones y/o ambigüedades podrá solicitarse dentro de los tres días siguientes a su notificación, así como la complementación de cuestiones esenciales; de esta manera, pese a lo descrito y obviando el plazo extemporáneo en el que se presentó esta actuación, mediante Auto JDTP-DASC- 056/2020 de 29 de julio, el Jefe Departamental de Trabajo resolvió determinar la procedencia parcial de la solicitud de aclaración y complementación, pero rechazar en cuanto al cumplimiento del derecho a la petición, existiendo ambigüedad en su decisión; resolución con la que los demandantes fueron notificados el 3 de agosto de 2020 y el IICA recién el 14 de septiembre de 2020; es decir, fueron notificados con el referido Auto de aclaración y complementación antes de haber sido notificados con la Resolución Administrativa de la cual se realizó la solicitud de complementación, pudiendo advertir el estado de indefensión y la vulneración de derechos sufrida en la tramitación del proceso. El 4 de agosto de 2020, los ahora terceros interesados prenombrados interpusieron Recurso Jerárquico contra la RA 143/20; y, sin verificar lo expresamente determinado en el art. 33 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002- por cuanto tampoco se notificó al IICA con dicho recurso, la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social -ahora demandada-sin hacer una revisión o saneamiento previo del proceso administrativo, en base al Informe MTEPS/DGAJ-AJ 0010/2021 de 7 de enero, en el cual se establecen consideraciones legales dentro las que refiere la SC 0177/2012 de 14 de mayo respecto a la aplicación del principio del in dubio pro operario, así como las actuaciones realizadas por el IICA en cuanto al despido de los demandantes, haciendo énfasis en que el motivo de su retiro radicaría en un supuesto acoso laboral, que no existiría una causal legal justificada tal como prevé el art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT) y que tampoco se evidencia que IICA haya llevado adelante un proceso administrativo interno en contra de los trabajadores despedidos, refiriendo además la protección constitucional de la que supuestamente gozan estos ex trabajadores y finalmente sin una debida fundamentación legal ni tampoco haber realizado un análisis sobre la pausa administrativa que existía al momento de haberse notificado con esos actos administrativos, provocando además un estado de indefensión al IICA y únicamente tomando en cuenta los actos de los demandantes, emitió la Resolución Ministerial (RM) 079/21 de 29 de enero de 2021, bajo lo expuesto precedentemente y sin ninguna fundamentación legal más que la parte considerativa y no así de análisis de fondo del caso, revocando totalmente el Auto JDTLP-DASC-016/2020 y la RA 143/20 emitidos por la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, disponiendo la reincorporación inmediata de los demandantes José Cesar Robles Vidaurre y Marco Antonio Jordán Mendoza, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales. Asimismo, con la antedicha Resolución Ministerial los demandantes fueron notificados el 4 de febrero de 2021 y el IICA el 5 de febrero de 2021 pero sin cumplir las formas establecidas por el art. 4.II.10 de la Ley 465, incumpliendo además el contenido del art. 33 de la Ley 2341, por lo que fueron notificados de forma directa por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y no así a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, desconociendo que ese es el procedimiento establecido para ser notificados y de la misma forma como se procedió con los anteriores actos administrativos; es así que, en tiempo hábil y por memorial presentado el 10 de febrero de 2021, dentro del plazo previsto por el art. 36 del DS 27113, se efectuó el reclamo a través de un memorial de solicitud de complementación y enmienda pidiendo la anulabilidad de la RM 079/21, por la omisión de notificación con el recurso jerárquico sin cumplir los procedimientos establecidos, solicitando además tres aclaraciones y complementaciones por la evidente obscuridad y ambigüedad del contenido de dicha Resolución Ministerial; reclamo que fue respondido con el Auto de 19 de febrero de 2021, a través de una legal notificación efectuada mediante la Cancillería el 1 de marzo de 2021, decisión que no aclara ni complementa las enormes ambigüedades existentes y reclamadas, señalando que no corresponde efectuar ninguna precisión, desconociendo totalmente la forma en la que la autoridad debió dar respuesta a los tres puntos solicitados, y declaró improcedente la solicitud de anulabilidad, aclaración y complementación, sin argumentos y fundamentos legales. Finalmente, la RM 079/21 fue dictada justamente a los ochenta y ocho (88) días hábiles de los noventa (90) días hábiles que tiene como tope la autoridad demandada para emitir la Resolución de Recurso Jerárquico como señala el art. 67.I de la LPA, plazo que no hubiese sido cumplido si es que con el recurso jerárquico se hubiese notificado al IICA conforme señala el art. 60 de la Ley 2341, produciéndose el silencio administrativo negativo, ya que de habérseles notificado tenían el plazo de diez días para contestar el recurso jerárquico.
La parte impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso -como garantía y principio también-, a la defensa, a la igualdad de oportunidades, a ser oído y a la “seguridad jurídica”, citando para el efecto los arts. 9.2, 115.II; 117.I; 119.I y II; 120 y 232 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que se deje sin efecto la RM 079/21 de 29 de enero y el Auto de 19 de febrero, ambos de 2021, y se ordene la emisión de una nueva Resolución Ministerial en base a las consideraciones expuestas en la acción constitucional.
Celebrada la audiencia pública de consideración de la acción de amparo constitucional el 26 de mayo de 2021, según consta en acta cursante de fs. 584 a 592, se produjeron los siguientes actuados:
La parte peticionante de tutela a través de su abogado ratificó in extenso los argumentos de su acción de amparo constitucional y ampliando los mismos señaló: a) El IICA BOLIVIA, es una instancia internacional que se debe a la JIA que es conformada por representantes de treinta y cuatro países, de los cuales, Bolivia está representado a través del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras; dicha instancia decidió efectuar una reestructuración debido a la reducción de recursos de Cooperación que recibe, directriz que no sólo fue para Bolivia, sino para todos los países, de los cuales treinta países, hicieron su reestructuración desvinculando a más de ciento noventa empleados; b) En este plan de reestructuración se anticipó la desvinculación de algunos empleados, por cuanto se redujeron las funciones, presupuestos y las actividades; además, para poder seguir cooperando con Bolivia en el marco de la Agricultura, se concentraron o fusionaron varias actividades por el hecho de haberse reducido el presupuesto; c) Se consultó a la Jefatura Departamental del Trabajo y a Cancillería, si existía alguna normativa especial para poder hacer estos movimientos laborales; empero, manifestaron que no existía; a raíz de eso, se produjo la desvinculación de los ahora terceros interesados, justificando cuáles eran los motivos y pagándoseles todos los beneficios sociales que no quisieron cobrar, por cuanto se hizo el depósito en custodia en el Ministerio de Trabajo; d) Los afectados con esta desvinculación plantearon demanda de reincorporación que fue rechazada derivando a los afectados a la vía judicial, por cuanto había muchos hechos controvertidos y tenía que hacerse una valoración de la prueba que solamente le compelía a la jurisdicción ordinaria; e) Los afectados plantearon recurso de revocatoria, con el cual no se notificó al IICA, empero, se confirmó la resolución sin dar curso la revocatoria; posteriormente, plantearon el recurso jerárquico, que nunca le fue notificado al IICA, ni siquiera en forma irregular; f) La Ministra de Trabajo tenía el deber de notificar al IICA como parte involucrada con interés legítimo con el recurso jerárquico, conforme señala el art. 33 de la LPA, así como el art. 60 de la misma Ley, actuado que no se cumplió y directamente la Ministra demandada dictó la Resolución Ministerial resolviendo el recurso jerárquico y revocando las resoluciones inferiores ordenando la reincorporación de los trabajadores; y, g) La Resolución Ministerial en cuanto a su contenido es violatoria a los derechos del IICA; por cuanto, no está debidamente fundamentada, es decir que, es una resolución arbitraria, porque señala que se hubiesen vulnerado los derechos y garantías establecidos en la constitución, sin explicar una por una las violaciones, ni explicar de qué forma se violaron esas normas y procede a la reincorporación; a su vez, señala que el IICA no cumplió los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico boliviano, sin explicar cuál es el procedimiento, cuál es esa ley, ese decreto, esa resolución que ha violado o que establezca el procedimiento para la reestructuración de un Organismo Internacional; y por otro lado, también señala que, debía de haber un proceso administrativo previo, para que a raíz del mismo se los desvincule a los trabajadores con la causal justificada por la Ley General del Trabajo, cuando es de público conocimiento que dicha Ley en su art. 16 establece como causales, cuestiones de conducta del trabajador, lo cual no tiene ninguna relación con la reestructuración de fuerza mayor que se produjo por la falta de presupuesto.
Verónica Patricia Navia Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, mediante informe escrito presentado el 25 de mayo de 2021, cursante de fs. 564 a 567 vta., y en audiencia a través de sus abogados, refirió: 1) El memorial de interposición de recurso jerárquico presentado por José Cesar Robles Vidaurre y Marco Antonio Jordán Mendoza, no necesariamente se constituye en un acto administrativo y menos una resolución, por cuanto no constituye una declaración, disposición o decisión de la Administración Pública y por lo mismo, no necesariamente implica que deba notificarse a la otra parte con aquel escrito o memorial, además la Ley 2341, no establece esa situación de correr traslado a la otra parte y menos señala como causal de nulidad esta situación, esto teniendo en cuenta que está revestido de los principios de informalidad y sobre todo de verdad material que también es uno de los principios que la Norma Suprema, sino que la citada Ley habla de actos o resoluciones de carácter administrativo; 2) El art. 60 de la Ley 2341 es aplicable a terceros interesados que hayan sufrido afectación en sus derechos subjetivos o intereses legítimos y no así a las partes que en este caso serían el IICA BOLIVIA, y los trabajadores José Cesar Robles Vidaurre y Marco Antonio Jordán Mendoza, a quienes atañe únicamente el proceso, esto se entiende por cuanto, en el proceso administrativo, compele a las partes a realizar el seguimiento que corresponda a su solicitud, caso contrario, se estaría dentro de lo que es la indefensión provocada; 3) El ahora accionante no se encuentra ni se encontró en una situación de indefensión, siendo que han tenido conocimiento desde un inicio del proceso administrativo, en el que ha intervenido y que conociéndolo ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad, en el sub lite, la parte impetrante de tutela, tenía conocimiento de la existencia de un proceso administrativo que había sido activado por esta misma parte, consecuentemente, tenía la obligación de realizar el seguimiento correspondiente, empero no lo hizo; 4) El IICA BOLIVIA, no fundamentó de qué manera fueron vulnerados sus derechos, ya que no basta indicar que se ha vulnerado derechos y garantías constitucionales, valga la redundancia, sino que deben ser objetivamente demostrados, además la jurisprudencia constitucional indica que para la concesión de la tutela, debe demostrarse la relevancia constitucional; es decir, si incide en el fondo de lo demandado y sea la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales; situación que en el caso de autos no acontece, por cuanto la parte demandante únicamente se limitó a señalar que la decisión hubiera sido distinta, sin embargo, no demostró cual sería esa incidencia y de qué manera en caso de haber tenido la oportunidad de responder al recurso jerárquico, podría haber cambiado la resolución de la autoridad administrativa; 5) Otorgar la tutela solo para la notificación del recurso jerárquico, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado, consecuentemente no existe relevancia constitucional para ingresar al fondo de la problemática porque no modificará la decisión contenida en la resolución; 6) En relación al principio de convalidación, toda nulidad se convalida por el consentimiento, esto aún en el supuesto de concurrir en un determinado caso los otros presupuestos de nulidad; 7) Si bien la parte peticionante de tutela alegó una supuesta reestructuración en la empresa por la que se habría despedido a los trabajadores, señaló también que se habrían fusionado actividades al interior de IICA Bolivia; sin embargo, de la revisión del documento de reestructuración se puede establecer que si fueron suprimidas actividades y/o cargos, pero a su vez se crearon otros cargos, pudiendo haber cambiado de funciones a estos trabajadores; 8) Si bien los empleadores tienen la facultad de reorganizar o reestructurar su empresa, ello no debe implicar la desmejora o vulneración de los derechos de los trabajadores, como en este caso; y, 9) Mediante la RM 079/2021 se dispuso la reincorporación de los trabajadores, lo que significa que esta es una conminatoria de reincorporación que a la fecha se encontraría incumplida y el Tribunal Constitucional Plurinacional ha establecido que el incumplimiento de una conminatoria implica una vulneración del derecho a la estabilidad laboral.
José César Robles Vidaurre y Marco Antonio Jordán Mendoza, en audiencia a través de su abogado, señalaron que: i) Existe incumplimiento del principio de subsidiariedad por parte del IICA, en razón a que podía haber impugnado la reincorporación en la vía judicial previo interponer la acción de amparo constitucional, considerando que es un caso de reincorporación dispuesta por una Resolución Ministerial, entonces se debía agotar la vía judicial laboral; ii) El Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social emitió una resolución motivada considerando varios de los puntos y aspectos reclamados en el recurso jerárquico; iii) Es el IICA quien está impugnando una resolución y un recurso jerárquico que plantearon, sobre el cual la respuesta jurídica tiene congruencia y la debida fundamentación; iv) El Auto de 19 de febrero de 2021 que se emite en base a una petición de complementación realizada por el IICA, también fue motivado y debidamente fundamentado; v) El IICA debió acudir a la vía judicial laboral en el marco del Código Procesal de Trabajo, porque la acción de amparo constitucional se activa cuando ya no haya posibilidad de poder reclamar sobre una determinación; vi) Se ha pretendido también hacer notar que se ha vulnerado el derecho la defensa con el fundamento del art. 60 de la LPA, cuando dicha disposición hace referencia a la notificación de los terceros interesados, pero el IICA en ningún momento se constituyó en un tercer interesado, sino que desde un inicio fue parte del proceso, denunciado directo, por lo tanto no resulta aplicable dicho artículo; además, el memorial de recurso jerárquico no es un acto administrativo que pueda ser notificado al IICA; vii) No sabían que el IICA estaba en crisis financiera, ni quién la ha calificado, si la JIA o el CE, ni cuando se determinó esta; viii) La Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0280/2017-S3 del 20 de marzo, ha establecido que debe ser una autoridad competente quien disponga la reestructuración, es decir que sus atribuciones deben estar expresamente reconocidas y en el presente caso no se dio cumplimiento a ello, toda vez que, la reestructuración la dispuso un Jefe de Gabinete que no es parte de la estructura del IICA; ix) Se pretende hacer notar que la impugnación a la RM 079/2021 se basa en una crisis financiera que no ha sido demostrada; x) Sin que se haya aprobado un informe económico financiero, se procedió a despedir a los trabajadores con el pretexto de una reestructuración; xi) Según las listas del personal, en la gestión 2019, el IICA tenía 10 trabajadores, y en la gestión 2021 son 13 trabajadores, información obtenida a través de la página web del IICA, es por ello que se debe tener presente que la reestructuración no es otra cosa que un despido de fuerza mayor; xii) El IICA señala que los trabajadores fueron sometidos a un constante acoso laboral, que no ha tenido la capacidad de resolver, no dio respuesta formal; xiii) El despido por fuerza mayor, por la reestructuración, no respeta lo establecido por la “SCP 1088/2015 de 10 de noviembre”, que es clara cuando hace referencia a los grupos de vulnerabilidad que no pueden ser despedidos; xiv) El IICA no consideró el estado de salud de los trabajadores, por ejemplo, Marco Antonio Jordán Mendoza tiene una evaluación psiquiátrica y un tratamiento pendiente por gastroenterología, por lo que no podían haberlo despedido; y, xv) En tiempo de pandemia por el COVID-19, José Robles Vidaurre tuvo que ser internado para salvar su vida, no tenía seguro social y además de todo ello tiene diabetes, un trastorno ansioso depresivo; por lo tanto, el despido por fuerza mayor no aplica en estos casos.
La Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz, mediante Resolución 116/2021 de 26 de mayo, cursante de fs. 593 a 600 vta., concedió la tutela solicitada respecto a la lesión al debido proceso en su elemento de fundamentación y motivación, dejando sin efecto la RM 079/2021 de 29 de enero y el Auto de 19 de febrero de 2021 emitidas por la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, encomendando a la autoridad demandada, emitir un nuevo acto administrativo, lo que no implica cuestionamiento a su acto resolutivo, sino a los métodos por los cuales se ingresó a resolver el recurso de revocatoria y los subsecuentes actos administrativos, en el plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación, bajo los siguientes fundamentos: a) Se debe considerar la situación de los sujetos de Derecho Internacional Público y su relacionamiento con el Estado; por lo que las instituciones creadas bajo el propio Derecho Internacional Público, gozan de un estatus particular internacional, llámese las Embajadas, las Delegaciones Internacionales o las Instituciones Internacionales, lo cual significa por ejemplo, un régimen especial para la convocatoria de la jurisdicción ordinaria o la jurisdicción constitucional a su participación en un proceso o procedimiento ante la jurisdicción ordinaria o la administración, es decir, que si en apariencia existiera un procedimiento o un proceso en contra de una institución que goza de un estatus de internacionalidad, los actos que se emitan por parte de la administración o que sean sujetos a controversia, deben seguir un conducto regular y el mismo no es la tramitación interna, sino el conducto regular es por fuerza ante el encargado de interlocución de los actos de sede nacional por soberanía, en relación a los actos u otra sede que no sea la boliviana, en este caso, una institución que goza del estatus de internacionalidad como es el impetrante de tutela; b) El accionante no hierra cuando dice que, todos los actos deberían haber sido puestos a su conocimiento a través del circuito oficial que sólo puede ser mediante la Cancillería, independientemente de los actos que se vayan a generar, que han sido propuestas del denunciante en Sede Administrativa Laboral o haya sido propuestas de la propia institución del Estado Plurinacional de Bolivia; c) Se coincide con el peticionante de tutela, ad portas, que existe en apariencia, un yerro procedimental por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social con relación a los actos que han dado vida a la Resolución ahora aludida como una Resolución arbitraria y que lesiona sus derechos; d) Muy a pesar de no convalidar el yerro del orden público internacional que ha cometido el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, se ingresará a considerar la causa, sin necesidad de ingresar, ad portas, por la concesión o no de la tutela en base a este argumento, ya que en el fondo, también se entiende que los derechos que se están debatiendo, frente a los de IICA, son los de dos personas que han conseguido un Acto Administrativo Resolutivo que goza de presunción de legalidad, competencia y legitimidad, mismo que debe ser conforme a los estándares más elevados de protección a los derechos fundamentales; e) En audiencia se ha logrado entrever que existen dos supuestos procesales resolutivos, un primero que llega hasta un Recurso de Revocatoria, además de su Resolución y un segundo que tiene que ver con un Recurso Jerárquico Administrativo y su Resolución, durante la fase, hasta el revocatorio, la Administración entendió que la cuestión que ahora se debate, era una cuestión controvertida y desde luego, como la Administración no tiene imperio; y, en este tipo particular de circunstancias, debe hacerse una valoración prolija de los medios probatorios, deben producirse en los medios probatorios pertinentes, conducentes y necesarios; actividad que sólo podrá realizar la Autoridad Jurisdiccional, entendiendo que esta es una cuestión que debe ser tramitada ante la Autoridad Jurisdiccional; f) Ante el Recurso Jerárquico Administrativo, la Administración entendió que en apariencia existía la lesión a un derecho bajo la interpretación del principio in dubio pro operario, entonces este es otro supuesto procesal, mismo que ha llamado poderosamente la atención en base a un criterio que es absolutamente coincidente en la Administración y en la Administración de Justicia que es la congruencia que debe existir entre lo solicitado y lo resuelto; g) No es correcto lo expuesto por el Ministerio de Trabajo respecto al principio de informalismo, ya que este sólo, única y exclusivamente está dirigido al administrador, jamás a la administración. Para la administración la regla de informalismo es absolutamente o diametralmente contraria, la administración sólo puede hacer lo que la ley le exige que haga o le permite hacer y cumpliendo todas las formalidades; h) Escrutado todo el Recurso Jerárquico Administrativo postulado por los terceros interesados y analizados todos los argumentos expuestos por la Administración respecto al Recurso Jerárquico Administrativo, se encuentra que existe una disociación entre lo pedido y lo resuelto; i) Revisada la RM 079/2021 emitida por la Ministra de Trabajo, lamentablemente carece de razonabilidad respecto con la Resolución de Recurso de Revocatoria, es decir, la resolución de revocatoria genera una situación jurídica, en razón a los trabajadores, mismos que postulan el Recurso Jerárquico, son dos cuestiones que la Autoridad del Ministerio de Trabajo debió haber escrutado en detalle, ya que son muchos los argumentos expuestos por los trabajadores; j) Se entiende que todo el fundamento desarrollado por el Ministerio de Trabajo, tiene que ver con el principio in dubio pro operario, pero esto no significa que la decisión no sea fundada y motivada, lo cual no quiere decir que la Resolución de Recurso de Revocatorio y el Auto impugnado sean irregulares, sino que la Administración debe explicar por qué son irregulares, por qué considera que no se ha cumplido con los estándares máximos que ha establecido la jurisprudencia constitucional; k) Dejar sin efecto los Actos de la Administración anterior con el simple argumento de que debería aplicarse el principio in dubio pro operario, es un argumento discrecional y arbitrario, pues la Administración debe de considerar que en los supuestos de corrección, cuando se deja sin efecto Resoluciones de Revocatoria y en este caso, la de Primera Instancia de la Autoridad Administrativa, la Administración debe dar cuenta de por qué los deja sin efecto y esta cuenta debe tener una relación íntima con lo postulado por quien acude a la administración, la ausencia de estos argumentos tiene consecuencias con el tercero -ahora accionante-, denunciado en sede laboral y desde luego, si el mismo no conoce cuáles han sido los razonamientos expresos y claros de la Administración respecto al debate que se le plantea, se estaría lesionando su derecho al debido proceso en su elemento sustancial del derecho la defensa; y, l) El accionante hizo conocer una serie de elementos que no pueden ser considerados en el fondo, porque la jurisdicción constitucional es respetuosa de los antecedentes que han llevado a la Resolución de la Autoridad Administrativa, sin embargo, el resultado y el porqué del resultado debe ser enmendado por la misma Autoridad.
Mediante decreto constitucional de 8 de julio de 2022, cursante a fs.608, se dispuso la suspensión del cómputo del plazo a efectos de recabar documentación complementaria requerida, a fin de contar con mayores elementos de convicción para emitir resolución, término que se reanudó a partir de la notificación con el decreto constitucional de 23 de noviembre de 2023, cursante a fs. 693, por lo que el presente fallo constitucional es pronunciado dentro el plazo legal establecido.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Certificación SC/DSC-017 de 24 de febrero de 2021, suscrita por Braulio Heinze, Director de Servicios Corporativos de la Sede Central del IICA; en la cual se establece lo siguiente:
“Para enfrentar esta delicada situación financiera, sin desmedro de continuar brindando cooperación técnica, el ICCA inició desde la gestión 2018 tomando medidas de racionalidad en todos los 34 Estados Miembros, incluida la Sede Central, entre ellas: (…) Promoción del programa de movilidad laboral (reducción de personal) en la Sede Central y en los países. (…) En el marco de todos lo expuesto anteriormente, dado el debilitamiento financiero del IICA y a pesar de todos los esfuerzos realizados, las medidas implementadas fueron insuficientes, por lo que en el caso específico la Representación del ICCA en Bolivia, en la gestión 2019 se ha instruido y aprobado realizar la reestructuración organizacional de la Representación para que; i) se eliminen cargos, cumpliendo con el total de pagos de todos los derechos y beneficios sociales al personal que fue desvinculado en cumplimiento cabal de la legislación laboral; ii) se concentren responsabilidades y funciones en un menor número de personal (sic [fs. 311 a 312] vta.).
ambos de 9 de septiembre de 2019, Santiago Rafael Vélez León, Representante del IICA en Bolivia -ahora peticionante de tutela-, agradeció los servicios de Marco Antonio Jordán Mendoza como Especialista en Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos y José César Robles Vidaurre como Asistente Contable -ahora terceros interesados- respectivamente, por motivos de fuerza mayor (fs. 553 a 556 vta.). A su vez, los trabajadores mencionados y otro, mediante Nota presentada el 4 de octubre de mismo año, solicitaron ante el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, reincorporación a su fuente laboral más el pago de sueldos devengados (fs. 557 a 563). En ese efecto, la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz, dependiente del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, procedió a citar por única vez al IICA (fs. 139); a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante Nota GM-DGAJ-UAJI-Cs-518/2020 de 11 de febrero, el 14 mismo mes y año, para el 18 de similar igual mes y gestión, para que presente sus descargos respecto a la desvinculación de los trabajadores despedidos (fs. 138).
febrero, la Inspectora de Trabajo de La Paz, habiéndose llevado adelante la audiencia de reincorporación por estabilidad laboral día antes, recomendó al Jefe Departamental del Trabajo del referido departamento, que de acuerdo a los antecedentes expuestos, se acuda a la vía llamada por ley por tratarse de hechos controvertidos y sugirió se derive a la Unidad de Relaciones Internacionales (URI) con la finalidad de que se derive al Ministerio de Relaciones Exteriores según el art. 4.II.10 de la Ley 465 (fs. 544 a 550). En consecuencia, se emitió el Auto JDTLP-DASC 016/2020 de 17 de marzo, por el cual, la autoridad laboral dispuso que sin afectar los derechos laborales de los ahora terceros interesados, estos acudan a la autoridad competente, quien resolverá las controversias emergentes de la relación laboral (fs. 540 a 543). Decisión remitida a la Unidad de Relaciones Internacionales de la Jefatura Departamental del Trabajo, mediante Nota Interna M.E.T.P.S./J.D.T.L.P./070/2020 de 11 de mayo, para que dicha repartición interponga sus buenos oficios ante la Cancillería para efectuar las respectivas diligencias (fs. 539); remitiéndose luego a la Ministra de Relaciones Exteriores, a través de Nota CITE: D.M.T.E.P.S.-Of 0387/20 de 20 de mayo de 2020 a efecto de que dicho Auto se ponga en conocimiento del IICA más los antecedentes (fs. 537) y puesto en conocimiento del IICA a través del Ministerio de Relaciones Exteriores mediante Nota GM-DGAJ-UAJI-Cs-1296/2020 de 5 de junio, el 12 mismo mes y año (fs. 192). Asimismo se notificó con el referido Auto a los terceros interesados, el 11 de mayo de 2020 (fs. 502). II.4. El 10 de junio de 2020, Marco Antonio Jordán Mendoza y José César Robles Vidaurre -terceros interesados-, interpusieron recurso de revocatoria contra el Auto JDTLP-DASC 016/2020 por vulneración del debido proceso, falta de motivación, fundamentación y congruencia (fs. 503 a 536). Resuelto por la RA 143-20 de 10 de julio de 2020, emitida por el Jefe Departamental del Trabajo de La Paz, confirmando el auto impugnado y rechazando el recurso (fs. 471 a 501), notificado a los impugnantes el 14 de mismo mes y año (fs. 470) y puesto en conocimiento del IICA a través del Ministerio de Relaciones Exteriores mediante Nota GM-DGAJ-UAJI-Cs-1927/2020 de 18 de septiembre, el 24 mismo mes y año (fs. 199), solicitando los reclamantes el 22 de julio de 2020, mediante Nota, aclaración y complementación de la Resolución Administrativa referida (fs. 468 a 469), que mereció el Auto JDTLP-DASC-056/2020 de 29 de julio, por el que se determinó la procedencia parcial de la solicitud efectuada y se rechazó en cuanto al punto referido al cumplimiento del derecho a la petición por no adecuarse a lo establecido en el art. 36 del DS 27113 (fs. 465 a 467), decisión última que se notificó a los demandantes el 3 de agosto de 2020 (fs. 464) y se remitió a Cancillería para poner en conocimiento del IICA el 20 de indicados mes y año a través de Nota CITE: D.M.T.E.P.S.-Of. 0580/20 de 14 de agosto (fs. 462), que a su vez remitió al IICA el 11 de septiembre de 2020 (fs. 235). II.5. Por memorial presentado el 4 de agosto de 2020, los terceros interesados, en esta acción tutelar interpusieron recurso jerárquico contra la RA 143-20 por vulneración del debido proceso, falta de motivación, fundamentación y congruencia, reclamando los siguientes puntos: 1) Irregularidades e ilegalidades denunciadas no resueltas por el Ministro del Trabajo, por haberse realizado actuaciones administrativas en cuarentena rígida; 2) Vulneración del debido proceso, falta de fundamentación , motivación y congruencia; y, 3) Aspectos no considerados por la autoridad administrativa que cursan en antecedentes: i) Estabilidad laboral y el debido proceso; ii) Estabilidad laboral y el motivo de fuerza mayor para la desvinculación por supresión de cargos; iii) Sobre el motivo de fuerza mayor y la falta de competencia para la supresión de cargos en el IICA; iv) Vulneración del principio de presunción de legitimidad y buena fe; y, v) Vulneración y denegatoria al derecho de petición; solicitando en consecuencia, se imponga la estabilidad en razón al estándar más alto de protección, revocando la RA 143-20 y el Auto JDTLP-DASC 016/2020 y se emita la Conminatoria de reincorporación (fs. 426 a 459). II.6. A través de RM 079/21 de 29 de enero de 2021, Verónica Patricia Navia Tejada, Ministra de Trabajo Empleo y Previsión Social -ahora demandada-, resolvió el recurso jerárquico, revocando totalmente el Auto JDTLP-DASC 016/2020 y en consecuencia la RA 143-20, disponiendo la reincorporación de Marco Antonio Jordán Mendoza y José César Robles Vidaurre -terceros interesados- a su fuente laboral, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales; en lo esencial bajo los siguientes fundamentos:
“CONSIDERANDO IV: Que, de la impugnación interpuesta por la parte recurrente, mediante el Recurso Jerárquico, en contra de la Resolución Administrativa N° 143-20, de 10 de julio de 2020 y, de la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho que cursan en el cuaderno administrativo, se señala lo siguiente: (…) V. Siendo atribución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, acudir en defensa de los derechos de los trabajadores, debiendo prevenir y resolver los conflictos individuales y colectivos emergentes de las relaciones laborales, conforme establece la Constitución Política del Estado, el Decreto Supremo N° 28699 y la línea jurisprudencial emitirla al efecto; corresponde realizar el siguiente análisis: i) Si bien todo empleador se encuentra en la plena facultad de realizar una reestructuración dentro de su empresa o institución, en el caso presente, dentro de su organización internacional que ejerce sus funciones laborales en territorio boliviano, debe someterse estrictamente al cumplimiento de la bey, conforme dispone el Parágrafo V del Artículo 14 de la Constitución Política del Estado, de la siguiente manera: “Las leyes bolivianas se aplican a tocias las personas, naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, en el territorio boliviano” (sic); ii) Existe un evidente despido, sin una causal legal justificada, conforme prevé el Artículo 16 de la Ley General del Trabajo y Artículo 9 de su Decreto Reglamentario, o en su defecto, tampoco se evidencia que se haya llevado adelante un Proceso Administrativo interno en contra de cada uno de los trabajadores despedidos, mismo que haya dispuesto su desvinculación laboral definitiva; iii) La jurisprudencia constitucional ha establecido que la reorganización o “reestructuración” referida por el empleador en los “Memorándums”, notificados a los trabajadores denunciantes, en el caso presente, es considerada una atribución o potestad propia del mismo; sin embargo, esta “reestructuración” no pueden afectar la remuneración percibida por el trabajador, o desmejorar sus condiciones laborales, toda vez que ello implica negar la protección constitucional a la “Estabilidad Laboral”, afectando sus derechos laborales, en consecuencia a la estabilidad económica y a la protección constitucional del ejercicio del trabajo, criterio ratificado por la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0182/2016-S3 de 05 de febrero de 2016, la cual refiere que: si bien es verdad que la entidad demandada cuenta con la potestad de reorganizarse para el cumplimiento de sus fines; sin embargo, esta no debería generar una desmejora en las condiciones laborales, pues ello implicaría negar la protección constitucional a la estabilidad laboral. VI. El marco constitucional que establece en los Parágrafos II y III de su Artículo 48, señalando que las normas laborales deben interpretarse y aplicarse bajo los principios de protección a las y los trabajadores, de continuidad y estabilidad laboral, siendo nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos, concordante con el Artículo 4, inciso a) del Decreto Supremo N° 28699, en lo referido a la regla in dubio pro operario; que señala en caso de duda sobre la interpretación de una norma, dar preferencia a aquella interpretación más favorable al trabajador, y siendo que esta Cartera de Estado, al amparo de la norma legal vigente, acude en defensa de los derechos y garantías reconocidos a favor de todas las trabajadoras y todos los trabajadores en razón a las atribuciones legalmente instituidas conforme a Decreto Supremo N° 29894 de 07 de febrero de 2009; y en base en lo expuesto, esta instancia jerárquica concluye que la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, en la emisión del AUTO JDTLP-DASC-N° 016/2020 de 17 de marzo de 2020 y de la Resolución Administrativa N° 143-20 de 10 de julio de 2020, no ha realizado una adecuada valoración de antecedentes, debiendo haber considerado la protección de los derechos consagrados por la Constitución Política del Estado, en particular el derecho al trabajo (Art. 46.I.1) y la estabilidad laboral (Art. 46.I.2 y Art. 49.III), consagrado además como una garantía cuyo cumplimiento es obligatorio, de aplicación directa y primordial protección (Art. 48.I; Art. 109.I), en suma bajo el principio de protección de las y los trabajadores; en consecuencia, corresponde Revocar Totalmente los actos administrativos emitidos por la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, conminando al empleador, proceder a la Reincorporación Laboral de los trabajadores denunciantes, que han sido despedidos, sin causa legal justificada CONSIDERANDO V: Que, por lo precedentemente expuesto y conforme la Constitución Política del listado consagra el derecho a la continuidad y estabilidad laboral, estableciendo que las normas laborales se interpretan bajo los principios de protección de las trabajadoras y los trabajadores, prohibiéndose el despido injustificado, en este marco constitucional, esta Cartera de Estado en razón a sus atribuciones, tiene el deber de proteger los derechos laborales estableciendo, asimismo el Decreto Supremo N° 28699, de 1 de mayo de 2006 reglamenta algunas características esenciales de la relación laboral y los principios del Derecho Laboral, en lo referido a la regla in dubio pro operario, debiendo interpretar la relación laboral de la forma más favorable al trabajador; corresponde Revocar Totalmente, los Actos Administrativos emitidos por la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, debiendo procederse a la Reincorporación Laboral de los trabajadores despedidos injustificadamente. (…)”. (fs. 287 a 296)
Resolución notificada a ambas partes mediante formulario de notificación, a los demandantes el 4 de febrero de 2021 y al IICA el 5 de mismo mes y año (fs. 424 a 425). II.7. El 10 de febrero de 2021, el IICA solicitó anulabilidad de la Resolución Ministerial antes señalada por falta de notificación con el recurso jerárquico, por ser dicha resolución extemporánea al haber transcurrido 127 días para su emisión y por ende concurrir silencio administrativo negativo; y, aclaración y complementación a la misma (fs. 417 a 419). Solicitud resuelta mediante Auto de 19 de febrero de 2021, declarándola improcedente (fs. 415 a 416 vta.). Mismo que fue puesto a conocimiento del IICA el 1 de marzo de 2021 a través del Ministerio de Relaciones Exteriores mediante Nota GM-DGAJ-Cs-380/2021 (fs. 302).
FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso -como garantía y principio también-, a la defensa, a la igualdad de oportunidades, a ser oído y a la “seguridad jurídica”; por cuanto, la Ministra de Trabajo Empleo y Previsión Social -autoridad demandada-, al conocer el recurso jerárquico interpuesto contra la RA 143/20 por Marco Antonio Jordán Mendoza y José César Robles Vidaurre -terceros interesados- dentro del proceso laboral de reincorporación, incurrió en las siguientes ilegalidades: a) Sin verificar lo expresamente determinado en el art 33 de la LPA, no notificó al IICA con el recurso jerárquico presentado; b) Emitió la RM 079/21 de 29 de enero de 2021, sin ninguna fundamentación legal ni análisis de fondo del caso, tomando en cuenta únicamente los actos de los demandantes, revocando totalmente el Auto JDTLP-DASC- 016/2020 y la RA 143/20 emitidos por la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, disponiendo la reincorporación inmediata de los prenombrados, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales; c) Notificó al IICA con la antedicha Resolución Ministerial el 5 de febrero de 2021, pero sin cumplir las formas establecidas por el art. 4.II.10 de la Ley 465, ya que fueron notificados de forma directa por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y no así a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, desconociendo el procedimiento establecido; y, d) Respondió la solicitud de complementación, enmienda y de anulabilidad de la RM 079/21, a través del Auto de 19 de febrero de 2021, sin aclarar ni complementar las enormes ambigüedades existentes y reclamadas, declarando improcedente la solicitud de anulabilidad, aclaración y complementación, sin argumentos y fundamentos legales.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) Sobre las notificaciones a las Organizaciones Internacionales; 2) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; y, 3) Análisis del caso concreto.
Antes de ingresar al tema señalado, es necesario entender que una organización internacional, como la define la ley, hace referencia a toda organización que se encuentre formada por sujetos de Derecho Internacional Público, que debe estar regulada, así como tener presencia internacional, por tanto, es una organización que se encuentra formada por individuos que están sujetos a la regulación internacional y en este sentido, la organización debe contar con una serie de miembros, normas, así como presencia internacional para que sea catalogada como tal. Las organizaciones internacionales, como toda organización, deben perseguir una serie de objetivos, los cuales deben ir en línea con el fin para el que se crea dicha organización, por tanto, se define como una organización cuya área de actuación y acción se extiende por todo el planeta.. Bajo esa concepción, se debe señalar también que la Organizaciones Internacionales tienen una existencia jurídica propia distinta del conjunto de Estados que la componen que les permiten mantener relaciones directas e inmediatas con los ordenamientos jurídicos en los que actúan y constituirse en sujetos de derecho claramente diferenciados; no obstante, a diferencia de los Estados, sujetos soberanos y jurídicamente iguales, las Organizaciones Internacionales son afectadas por el principio de especialidad que inspira todo su régimen jurídico, es decir, está limitada a los objetivos y funciones que les fueron confiados, tal como aparecen enunciados o se deducen de sus tratados constitutivos (DIEZ DE VELASCO VALLEJO, 2010). La personalidad de las organizaciones internacionales en el ámbito de los derechos internos de sus Estados miembros resulta indispensable a los fines del desenvolvimiento interno de la institución; como sujeto de derecho podrá adquirir los bienes muebles e inmuebles que necesite, operar con bancos, trabar relaciones comerciales, es decir que la organización actuará también iure negoti; por lo que, su capacidad jurídica en cada derecho nacional es plena, esto es que dispone de los mismos derechos y asume las mismas obligaciones que todas las demás personas morales de su tipo de acuerdo a ese ordenamiento (Pinto). Ahora bien, abordando el tema señalado en el epígrafe, inicialmente es preciso remitirnos a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, 18 de abril de 1961, suscrita y ratificada por el Estado Plurinacional de Bolivia, en la cual se determinó lo siguiente:
“Artículo 10 1. Se notificará al Ministerio de Relaciones Exteriores, o al Ministerio que se haya convenido, del Estado receptor: a. el nombramiento de los miembros de la misión, su llegada y su salida definitiva o la terminación de sus funciones en la misión;...” A partir de ello la Ley del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia –Ley 465 de 19 diciembre de 2013- ha establecido como objeto principal la naturaleza del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, bajo el ámbito de competencias y atribuciones del Ministerio de Relaciones Exteriores del cual depende; en el marco de la Política Exterior del Estado Plurinacional de Bolivia. Con esa directriz, en el art. 4 de la referida Ley se establece que:
“I. El Ministerio de Relaciones Exteriores constituye la entidad rectora de las relaciones internacionales del Estado Plurinacional que desarrolla la gestión de la política exterior para la defensa de su soberanía, independencia e intereses, mediante la aplicación de la diplomacia de los pueblos por la vida, en beneficio de las y los bolivianos. II. La Ministra o Ministro de Relaciones Exteriores como autoridad competente y responsable para coordinar y ejecutar la Política Exterior del Estado Plurinacional de Bolivia, por sí o a través de las instancias previstas en la presente Ley, tiene las siguientes atribuciones: (…) 4. Administrar las relaciones con los Estados, organismos internacionales y otros sujetos de derecho internacional, constituyendo el canal oficial y formal de comunicación del Estado Plurinacional de Bolivia. (…) 10. Ser interlocutor válido de las representaciones diplomáticas, misiones especiales, consulares y de organismos internacionales acreditados en Bolivia, velando y regulando sus privilegios e inmunidades; y coordinando y apoyando su actividad protocolar oficial, bajo el principio del respeto y cumplimiento de las normas bolivianas, instrumentos internacionales y criterios de reciprocidad internacional, según corresponda. (…)”
De igual forma, el art. 31, respecto a la coordinación con los órganos legislativo, judicial y electoral, dispone:
“En el marco del principio de independencia y separación de Órganos del Estado, las Instancias encargadas de las Relaciones Internacionales de los Órganos Legislativo, Judicial y Electoral, regirán sus actuaciones conforme a la Política Exterior Boliviana y coordinarán permanente y efectivamente dicho relacionamiento, en el exclusivo marco de sus competencias, con el Ministerio de Relaciones Exteriores”. De la normativa antes descrita, a partir de la premisa establecida en la Convención de Viena de 1961 con relación a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas relativos a la igualdad soberana de los Estados, al mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional y al fomento de las relaciones de amistad entre las naciones, nuestro ordenamiento jurídico interno ha determinado que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, o Cancillería, el canal oficial y formal de comunicación del Estado Plurinacional de Bolivia con las organizaciones internacionales; es decir, que cualquier acto de comunicación, llámese citación o notificación, a otros Estados u Organizaciones Internacionales deben ser obligatoriamente canalizados a través de esta instancia, a partir de las oficinas de Relaciones internacionales de cualquiera de los Órganos del Estado, siendo esa la única forma de dar a conocer a los Estados y Organizaciones Internacionales las determinaciones que emanen de nuestro país; pues, de lo contrario, el acto comunicacional sería ilegal por ser contrario al derecho internacional público.
En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Constitución Política del Estado, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa. En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011-R de 26 de septiembre, el cual expresó que:
….el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que el juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia (las negrillas nos corresponde). Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos (Corte IDH), en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, refirió que:
77. La Corte ha señalado que la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. 78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso (las negrillas son adicionadas). Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:
(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad… En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, y reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación. Bajo esa comprensión, es posible concluir en que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts. 115.II y 117.I de la CPE, art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.
La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso -como garantía y principio también-, a la defensa, a la igualdad de oportunidades, a ser oído y a la “seguridad jurídica”; por cuanto, la Ministra de Trabajo Empleo y Previsión Social -autoridad demandada-, al conocer el recurso jerárquico interpuesto contra la RA 143/20 por Marco Antonio Jordán Mendoza y José César Robles Vidaurre -terceros interesados- dentro del proceso laboral de reincorporación, incurrió en las siguientes ilegalidades: a) Sin verificar lo expresamente determinado en el art 33 de la LPA, no notificó al IICA con el recurso jerárquico presentado; b) Emitió la RM 079/21 de 29 de enero de 2021, sin ninguna fundamentación legal ni análisis de fondo del caso, tomando en cuenta únicamente los actos de los demandantes, revocando totalmente el Auto JDTLP-DASC- 016/2020 y la RA 143/20 emitidos por la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, disponiendo la reincorporación inmediata de los prenombrados, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales; c) Notificó al IICA con la antedicha Resolución Ministerial el 5 de febrero de 2021, pero sin cumplir las formas establecidas por el art. 4.II.10 de la Ley 465, ya que fueron notificados de forma directa por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y no así a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, desconociendo el procedimiento establecido; y, d) Respondió la solicitud de complementación, enmienda y de anulabilidad de la RM 079/21, a través del Auto de 19 de febrero de 2021, sin aclarar ni complementar las enormes ambigüedades existentes y reclamadas, declarando improcedente la solicitud de anulabilidad, aclaración y complementación, sin argumentos y fundamentos legales.
Ahora bien, de los antecedentes que informan el expediente, plasmados en las Conclusiones de este fallo constitucional se tiene que, mediante Memorandos Notariados BO-REP-178 y BO-REP-180, ambos de 9 de septiembre de 2019, Santiago Rafael Vélez León, Representante del IICA en Bolivia -ahora accionante-, agradeció los servicios de Marco Antonio Jordán Mendoza como Especialista en Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos y José César Robles Vidaurre como Asistente Contable –ahora terceros interesados-respectivamente, por motivos de fuerza mayor. A su vez, los trabajadores mencionados y otro, mediante Nota presentada el 4 de octubre de mismo año, solicitaron ante el Ministro del Trabajo, Empleo y Previsión Social, reincorporación a su fuente laboral más el pago de sueldos devengados. En ese efecto, la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz, dependiente del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, procedió a citar por única vez al IICA, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores mediante Nota GM-DGAJ-UAJI-Cs-518/2020, el 14 de febrero de 2020, para el 18 de igual mes y año, para que presente sus descargos respecto a la desvinculación de los trabajadores despedidos; así, habiéndose llevado adelante la audiencia de reincorporación por estabilidad laboral, mediante Informe MTEPS-JDT LP-IT-SLJL-INF254/20, la Inspectora de Trabajo de La Paz, recomendó al Jefe Departamental del Trabajo del referido departamento, que de acuerdo a los antecedentes expuestos, se acuda a la vía llamada por ley por tratarse de hechos controvertidos y sugirió se derive a la URI, con la finalidad de que se remita al Ministerio de Relaciones Exteriores según el art. 4.II.10 de la Ley 465, en consecuencia, se emitió el Auto JDTLP-DASC 016/2020, por el cual, la autoridad laboral dispuso que sin afectar los derechos laborales de los ahora terceros interesados, estos acudan a la autoridad competente, quien resolverá las controversias emergentes de la relación laboral. Decisión remitida a la URI de la Jefatura Departamental del Trabajo, mediante Nota Interna M.E.T.P.S./J.D.T.L.P./070/2020, para que dicha repartición interponga sus buenos oficios ante la Cancillería para efectuar las respectivas diligencias, remitiéndose luego a la Ministra de Relaciones Exteriores, a través de Nota CITE: D.M.T.E.P.S.-Of 0387/20 a efecto de que dicho Auto se ponga en conocimiento del IICA más los antecedentes y puesto en conocimiento del IICA a través del Ministerio de Relaciones Exteriores mediante Nota GM-DGAJ-UAJI-Cs-1296/2020, el 12 de junio de 2020. Asimismo, el 11 de mayo de 2020 se notificó con el referido Auto a los terceros interesados (Conclusiones II.2 y II.3). El 10 de junio de 2020, Marco Antonio Jordán Mendoza y José César Robles Vidaurre -terceros interesados-, interpusieron recurso de revocatoria contra el Auto JDTLP-DASC 016/2020 por vulneración del debido proceso, falta de motivación, fundamentación y congruencia. Resuelto por la RA 143-20 de 10 de julio de 2020, emitida por el Jefe Departamental del Trabajo de La Paz, confirmando el auto impugnado y rechazando el recurso. Notificado a los impugnantes el 14 de mismo mes y año, y puesto en conocimiento del IICA a través del Ministerio de Relaciones Exteriores mediante Nota GM-DGAJ-UAJI-Cs-1927/2020, el 24 de septiembre de 2020, solicitando los reclamantes el 22 de julio de 2020, mediante Nota, aclaración y complementación de la Resolución Administrativa referida, que mereció el Auto JDTLP-DASC-056/2020, por el que, se determinó la procedencia parcial de la solicitud efectuada y se rechazó en cuanto al punto referido al cumplimiento del derecho a la petición por no adecuarse a lo establecido en el art. 36 del DS 27113, decisión última que se notificó a los demandantes el 3 de agosto de 2020 y se remitió a Cancillería para poner en conocimiento del IICA el 20 de indicados mes y año a través de la Nota CITE: D.M.T.E.P.S.-Of. 0580/20, que a su vez remitió al IICA el 11 de septiembre del citado año (Conclusión II.4). Por memorial presentado el 4 de agosto de 2020, los terceros interesados en esta acción tutelar, interpusieron recurso jerárquico contra la RA 143-20 por vulneración del debido proceso, falta de motivación, fundamentación y congruencia, resuelto que fue a través de la RM 079/21 de 29 de enero de 2021, Verónica Patricia Navia Tejada, Ministra de Trabajo Empleo y Previsión Social -ahora demandada-, resolvió el recurso jerárquico revocando totalmente el Auto JDTLP-DASC 016/2020y en consecuencia, la RA 143-20, disponiendo la reincorporación de Marco Antonio Jordán Mendoza y José César Robles Vidaurre -terceros interesados- a su fuente laboral más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales (Conclusiones II.5 y II.6). Bajo esos antecedentes, de acuerdo a la problemática identificada, corresponde revisar los puntos identificados, de acuerdo a lo siguiente: a) La Ministra de Trabajo Empleo y Previsión Social -autoridad demandada-, al conocer el recurso jerárquico interpuesto contra la RA 143/20 por Marco Antonio Jordán Mendoza y José César Robles Vidaurre -terceros interesados- dentro del proceso laboral de reincorporación, sin verificar lo expresamente determinado en el art. 33 de la LPA, no notificó al IICA con el recurso jerárquico presentado. A este respecto, inicialmente corresponde revisar el art. 33 de la LPA, que regula las notificaciones en el procedimiento administrativo, mismo que refiere:
“I. La Administración Pública notificará a los interesados todas las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos subjetivos o intereses legítimos. II. Las notificaciones se realizarán en el plazo, forma, domicilio y condiciones señaladas en los numerales III, IV, V y VI del presente artículo, salvo lo expresamente establecido en la reglamentación especial de los sistemas de organización administrativa aplicable a los órganos de la Administración Pública comprendidos en el Artículo 2º de la presente Ley.
texto íntegro del mismo. La notificación será practicada en el lugar que éstos hayan señalado expresamente como domicilio a este efecto, el mismo que deberá estar dentro de la jurisdicción municipal de la sede de funciones de la entidad pública. Caso contrario, la misma será practicada en la Secretaría General de la entidad pública. IV. Si el interesado no estuviera presente en su domicilio en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de ella cualquier persona que se encontrare en él, debiendo hacer constar su identidad y su relación con el interesado. Si se rechazase la notificación, se hará constar ello en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento en todo caso. V. Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia: a) De la recepción por el interesado; b) De la fecha de la notificación; c) De la identidad del notificado o de quien lo represente; y, d) Del contenido del acto notificado. VI. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el domicilio de ellos o, intentada la notificación, ésta no hubiera podido ser practicada, la notificación se hará mediante edicto publicado por una vez en un órgano de prensa de amplia circulación nacional o en un medio de difusión local de la sede del órgano administrativo. VII. Las notificaciones por correo, fax y cualquier medio electrónico de comunicación, podrán constituirse en modalidad válida previa reglamentación expresa”. Así entonces, el art. 27 de la LPA, define el acto administrativo:
“Se considera acto administrativo, toda declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo”. No obstante de ello, el art. 60 de la misma norma administrativa señala que:
“ARTICULO 60º (Terceros afectados). Si con la impugnación de una resolución se afectasen derechos subjetivos o intereses legítimos de terceras personas, individuales o colectivas, la autoridad administrativa deberá hacerles conocer la correspondiente impugnación, mediante notificación personal o por edictos a efectos de que los afectados se apersonen y presenten sus alegatos en el plazo de diez (10) días”. Bajo esas premisas normativas, lo reclamado por el impetrante de tutela tiene asidero, en el entendido de que, si bien el recurso jerárquico intentado no constituye un acto administrativo, toda vez que no es una disposición o decisión emitida en ejercicio de la potestad administrativa; no es menos cierto, que el IICA, en el proceso en cuestión se constituye en un tercero afectado puesto que, dada la naturaleza del procedimiento administrativo diferente a la de un proceso judicial, la relación entre los administrados reclamantes y la administración a quien se recurre, hacen que el IICA se constituya en el tercer interviniente, por lo que, a mérito de lo reclamado correspondía la notificación de los mismos a través de las vías diplomáticas correspondientes, siendo evidente que en el caso concreto se afectó el derecho a la defensa de la parte peticionante de tutela que no pudo presentar sus descargos. b) La autoridad demandada emitió la RM 079/21 de 29 de enero de 2021, sin ninguna fundamentación legal ni análisis de fondo del caso, tomando en cuenta únicamente los actos de los demandantes, revocando totalmente el Auto JDTLP-DASC- 016/2020 y la RA 143/20 emitidos por la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, disponiendo la reincorporación inmediata de los prenombrados, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales. Con relación a esta problemática, corresponde verificar lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, que determina que la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos fácticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación. Bajo ese marco, de lo anotado en las Conclusiones de esta resolución, es preciso primero revisar los cuestionamientos efectuados en el recurso jerárquico, que puntualizados son los siguientes: 1) Irregularidades e ilegalidades denunciadas no resueltas por el Ministro del Trabajo, por haberse realizado actuaciones administrativas en cuarentena rígida; 2) Vulneración del debido proceso, falta de fundamentación, motivación y congruencia; y, 3) Aspectos no considerados por la autoridad administrativa que cursan en antecedentes: i) Estabilidad laboral y el debido proceso; ii) Estabilidad laboral y el motivo de fuerza mayor para la desvinculación por supresión de cargos; iii) Sobre el motivo de fuerza mayor y la falta de competencia para la supresión de cargos en el IICA; iv) Vulneración del principio de presunción de legitimidad y buena fe; y, v) Vulneración y denegatoria al derecho de petición; solicitando en consecuencia, se imponga la estabilidad en razón al estándar más alto de protección, revocando la RA 143-20 y el Auto JDTLP-DASC 016/2020 y se emita la Conminatoria de reincorporación. Sobre tales reclamos o puntos de agravio, la Ministra ahora demandada, se pronunció emitiendo la RM 079/21, que en lo esencial refiere:
“Siendo atribución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, acudir en defensa de los derechos de los trabajadores, debiendo prevenir y resolver los conflictos individuales y colectivos emergentes de las relaciones laborales, conforme establece la Constitución Política del Estado, el Decreto Supremo N° 28699 y la línea jurisprudencial emitirla al efecto; corresponde realizar el siguiente análisis: i) Si bien todo empleador se encuentra en la plena facultad de realizar una reestructuración dentro de su empresa o institución, en el caso presente, dentro de su organización internacional que ejerce sus funciones laborales en territorio boliviano, debe someterse estrictamente al cumplimiento de la ley, conforme dispone el Parágrafo V del Artículo 14 de la Constitución Política del Estado, de la siguiente manera: ‘Las leyes bolivianas se aplican a todas las personas, naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, en el territorio boliviano’ (sic); ii) Existe un evidente despido, sin una causal legal justificada, conforme prevé el Artículo 16 de la Ley General del Trabajo y Artículo 9 de su Decreto Reglamentario, o en su defecto, tampoco se evidencia que se haya llevado adelante un Proceso Administrativo interno en contra de cada uno de los trabajadores despedidos, mismo que haya dispuesto su desvinculación laboral definitiva; iii) La jurisprudencia constitucional ha establecido que la reorganización o “reestructuración” referida por el empleador en los “Memorándums”, notificados a los trabajadores denunciantes, en el caso presente, es considerada una atribución o potestad propia del mismo; sin embargo, esta “reestructuración” no pueden afectar la remuneración percibida por el trabajador, o desmejorar sus condiciones laborales, toda vez que ello implica negar la protección constitucional a la “Estabilidad Laboral”, afectando sus derechos laborales, en consecuencia a la estabilidad económica y a la protección constitucional del ejercicio del trabajo, criterio ratificado por la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0182/2016-S3 de 05 de febrero de 2016, la cual refiere que: si bien es verdad que la entidad demandada cuenta con la potestad de reorganizarse para el cumplimiento de sus fines; sin embargo, esta no debería generar una desmejora en las condiciones laborales, pues ello implicaría negar la protección constitucional a la estabilidad laboral. …El marco constitucional que establece en los Parágrafos II y III de su Artículo 48, señalando que las normas laborales deben interpretarse y aplicarse bajo los principios de protección a las y los trabajadores, de continuidad y estabilidad laboral, siendo nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos, concordante con el Artículo 4, inciso a) del Decreto Supremo N° 28699, en lo referido a la regla in dubio pro operario; que señala en caso de duda sobre la interpretación de una norma, dar preferencia a aquella interpretación más favorable al trabajador, y siendo que esta Cartera de Estado, al amparo de la norma legal vigente, acude en defensa de los derechos y garantías reconocidos a favor de todas las trabajadoras y todos los trabajadores en razón a las atribuciones legalmente instituidas conforme a Decreto Supremo N° 29894 de 07 de febrero de 2009; y en base en lo expuesto, esta instancia jerárquica concluye que la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, en la emisión del AUTO JDTLP-DASC-N° 016/2020 de 17 de marzo de 2020 y de la Resolución Administrativa N° 143-20 de 10 de julio de 2020, no ha realizado una adecuada valoración de antecedentes, debiendo haber considerado la protección de los derechos consagrados por la Constitución Política del Estado, en particular el derecho al trabajo (Art. 46.I.1) y la estabilidad laboral (Art. 46.I.2 y Art. 49.III), consagrado además como una garantía cuyo cumplimiento es obligatorio, de aplicación directa y primordial protección (Art. 48.I; Art. 109.I), en suma bajo el principio de protección de las y los trabajadores; en consecuencia, corresponde Revocar Totalmente los actos administrativos emitidos por la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, conminando al empleador, proceder a la Reincorporación Laboral de los trabajadores denunciantes, que han sido despedidos, sin causa legal justificada.
(…)Que, por lo precedentemente expuesto y conforme la Constitución Política del listado consagra el derecho a la continuidad y estabilidad laboral, estableciendo que las normas laborales se interpretan bajo los principios de protección de las trabajadoras y los trabajadores, prohibiéndose el despido injustificado, en este marco constitucional, esta Cartera de Estado en razón a sus atribuciones, tiene el deber de proteger los derechos laborales estableciendo, asimismo el Decreto Supremo N° 28699, de 1 de mayo de 2006 reglamenta algunas características esenciales de la relación laboral y los principios del Derecho Laboral, en lo referido a la regla in dubio pro operario, debiendo interpretar la relación laboral de la forma más favorable al trabajador; corresponde Revocar Totalmente, los Actos Administrativos emitidos por la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, debiendo procederse a la Reincorporación Laboral de los trabajadores despedidos injustificadamente. (…)”. Así expuestos los argumentos de la RM 079/21 ahora cuestionada, se puede apreciar que en la misma, si bien se hace mención a la normativa laboral señalando que el despido no estaba comprendido dentro de las causales del art. 16 de la LGT y que debió de haberse protegido los derechos laborales en el entendido de que se debía aplicar la regla in dubio pro operario, que señala en caso de duda sobre la interpretación de una norma, dar preferencia a aquella interpretación más favorable al trabajador, haciendo mención también a que las reestructuraciones no deben desmejorar la situación de un trabajador conforme se estableció en la jurisprudencia constitucional; no es menos cierto, que en el contenido de lo resuelto, no se explica por qué no existirían hechos controvertidos, que es lo que habría resuelto la Autoridad administrativa inferior, ni por qué se razona que se debía aplicar el art. 16 de la LGT, cuando el despido de los trabajadores fue por reestructuración de la entidad internacional, además de ello, no se pronuncia respecto de los agravios reclamados en el recurso jerárquico, ni menos hace una revisión de las resoluciones inferiores; en tal sentido, se colige que no existe la fundamentación legal como hace referencia el accionante, menos un análisis de fondo a partir de que el empleador ha pretendido justificar la desvinculación de los trabajadores por causal de una restructuración del personal, ordenado por instancias superiores del IICA; es decir, desde la Sede Central como en las representaciones del IICA en cada país miembro y por ende en la sede del Estado Plurinacional de Bolivia; consecuentemente, considerando que la fundamentación no sólo se reduce a las citas normativas, sino a la explicación o justificación de las normas específicas al caso que debió aplicar, conforme a la jurisprudencia constitucional descrita en el Fundamento Jurídico III.2, en el cual se tiene que la fundamentación es la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; y, con relación a la motivación, la Resolución cuestionada no efectúa la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica y determinar los hechos fácticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, como en el presente caso sobre desvinculación de los trabajadores por la restructuración dispuesta por instancias superiores del IICA. En ese sentido, es posible determinar que la Resolución Ministerial cuestionada carece de una labor argumentativa relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, que desarrolle los motivos y razones a partir de los hechos fácticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, por lo que, carece de fundamentación y motivación, haciendo posible conceder la tutela a este respecto. c) La autoridad demandada notificó al IICA con la antedicha Resolución Ministerial el 5 de febrero de 2021, pero sin cumplir las formas establecidas por el art. 4.II.10 de la Ley 465, ya que fueron notificados de forma directa por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y no así a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, desconociendo el procedimiento establecido. En este punto, primeramente debemos revisar que de acuerdo a antecedentes, el Ministerio del Trabajo Empleo y Previsión Social notificó directamente al IICA a través del formulario de notificaciones; por lo que, es primordial primero establecer que el IICA es el organismo especializado en agricultura del Sistema Interamericano que apoya los esfuerzos de los Estados Miembros para lograr el desarrollo agrícola y el bienestar rural y brinda cooperación mediante el trabajo cercano y permanente con sus treinta y cuatro Estados Miembros, siendo su sede principal Costa Rica, habiéndose aprobado y ratificado el Convenio Internacional entre Bolivia y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) de apoyo a las Actividades de Cooperación del IICA en Bolivia, suscrito el 28 de julio de 1998, mediante Ley 1919 de 26 de noviembre de 1998 siendo en consecuencia un Organismo Internacional con todas sus prerrogativas. Con ese antecedente y revisando lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, a partir de la premisa establecida en la Convención de Viena de 1961 con relación a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas relativos a la igualdad soberana de los Estados, al mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales y al fomento de las relaciones de amistad entre las naciones, nuestro ordenamiento jurídico interno ha determinado que es el Ministerio de Relaciones Exteriores o Cancillería, el canal oficial y formal de comunicación del Estado Plurinacional de Bolivia con las organizaciones internacionales; es decir, que cualquier acto de comunicación, llámese citación o notificación a otros Estados u Organizaciones Internacionales, deben ser obligatoriamente canalizados a través de esta instancia, a partir de las oficinas de Relaciones internacionales de cualquiera de los Órganos del Estado, siendo esa la única forma de dar a conocer a los Estados y Organizaciones Internacionales las determinaciones que emanen de nuestro país; pues, de lo contrario, el acto comunicacional sería ilegal por ser contrario al derecho internacional público. En ese sentido, correspondía que en el marco de la Ley 465, la notificación al IICA con la RM 079/21 cuestionada se haga por el conducto regular, es decir, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, como correspondía, puesto que es una formalidad de imperativo cumplimiento que le da legalidad a la actuación y que no puede ni debe ser desconocida por ninguna cartera de Estado; toda vez que, parte de un Convenio Internacional del cual Bolivia es suscribiente en cuanto a la relaciones internacionales y no puede ser pasado por alto bajo la concepción del art. 410 de la CPE. Consiguientemente, al haberse practicado la notificación con la Resolución Ministerial de forma ordinaria, reviste de ilegalidad el actuado, por lo que corresponde también conceder la tutela en ese sentido. d) La autoridad demandada respondió la solicitud de complementación, enmienda y de anulabilidad de la RM 079/21, a través del Auto de 19 de febrero de 2021, sin aclarar ni complementar las enormes ambigüedades existentes y reclamadas, declarando improcedente la solicitud de anulabilidad, aclaración y complementación, sin argumentos y fundamentos legales. En este punto, conforme señala la Conclusión II.6 del presente fallo constitucional, el 10 de febrero de 2021, el IICA solicitó anulabilidad de la Resolución Ministerial antes señalada por falta de notificación con el recurso jerárquico, por ser dicha resolución extemporánea al haber transcurrido 127 días para su emisión y por ende concurrir silencio administrativo negativo; y, aclaración y complementación a la misma, sobre los siguientes puntos: i) Aclarar sobre cuál es la normativa legal nacional relativa a la aplicación de este tipo de procedimientos debiendo -por el principio de legalidad- indicar específicamente la norma (ley, decreto resolución) en la que se establece un procedimiento para la reestructuración de las instituciones o empresas o en este caso, para Organismos internacionales; ii) Aclarar, cuál es la disposición legal boliviana que establezca que para una reestructuración de un Organismo Internacional se deba realizar un proceso administrativo interno, para determinar la culpabilidad de los trabajadores en la comisión de las causales del art. 16 de la LGT o art. 9 de su Decreto Reglamentario, ya que la naturaleza de la reestructuración es distinta a la determinación o investigación interna de causales de despido; iii) Aclarar, cuál sería la fórmula efectiva para realizar una reestructuración de un Organismo Internacional, que por la naturaleza de sus actividades es sin fines de lucro y se permita reducir y acomodar al presupuesto asignado para el funcionamiento del IICA en BOLIVIA, sin afectar la cooperación técnica que apoya al país por medio de proyectos y sin disminuir los salarios de los trabajadores o sin prescindir de ellos; iv) Complementar señalando las razones puntuales por las que la reestructuración realizada en el IICA es generadora de un despido injustificado; es decir, ¿no se demostró la rebaja de presupuesto? ¿se demostró que en lugar de los trabajadores desvinculados existen otros cumpliendo las mismas funciones? ¿se demostró que supuestos sustitutos perciben la misma remuneración de los trabajadores desvinculados? ¿es falsa la disminución de presupuesto del IICA en BOLIVIA?; v) Complementar indicando que el motivo de la desvinculación se debe únicamente a la reestructuración dispuesta por la Sede Central del IICA y no una medida arbitraria del Representante del IICA en Bolivia; y, vi) Complementar indicando que el motivo de la reestructuración no se debe a la conducta o capacidad de los trabajadores desvinculados, sino, por motivos de reestructuración. Solicitud resuelta mediante Auto de 19 de febrero de 2021, declarándola improcedente con el siguiente tenor, a los puntos:
“…En la vía administrativa, conforme al Procedimiento Administrativo (Artículo 33 de la Ley N 2341), se notifica a los interesados los actos administrativos y resoluciones emitidas por la Administración Pública, siendo esta Cartera de Estado un ente administrativo y no así contencioso; ii) En relación a la tramitación de los recursos jerárquicos, se encuentra respectivamente establecida la misma, en el Artículo 66 de la Ley N° 2341, se debe recordar que en la fecha de interposición del Recurso Jerárquico, 04 de agosto de 2020, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social tenía suspendidos los plazos procesales administrativos de todos los recursos administrativos en curso y pendientes de resolución por AUTO de fecha 18 de marzo de 2020, auto emitido en razón a la situación de emergencia nacional por la presencia del brote de Coronavirus COVID-19; dichos plazos fueron reanudados a partir de fecha 04 de septiembre de 2020; posterior a ello, por AUTO de 28 de octubre de 2020, se determinó nuevamente una suspensión de los plazos procesales administrativos de todos los procesos que conlleven la emisión de Autos, Resoluciones Administrativas y Ministeriales respecto a los recursos de Revocatoria y Jerárquicos, así como trámites sindicales en curso y pendientes de resolución; reanudándose por AUTO de 18 de noviembre de 2020, el cómputo de los plazos y procedimientos de todos los recursos administrativos, consiguientemente, la Resolución Ministerial N° 079/21 de 29 de enero de 2021, ha sido emitida dentro del plazo previsto por ley; iii) La normativa legal vigente es de aplicación obligatoria y general para todos los estantes y habitantes del país, recordando si fuera el caso, que todo organismo internacional o representación, debe por principio, respetar la normativa del país sede en la cual desarrolla sus actividades, iv) En razón al DEBIDO PROCESO garantizado constitucionalmente (Parágrafo II, Artículo 115 de la Constitución Política del Estado), siendo necesario un proceso administrativo interno dentro el cual se determine el despido de las y los trabajadores por una de las causales establecidas en el Artículo 16 de la Ley General del Trabajo y Artículo 9 de su Decreto Reglamentario, en su caso por vulneración a su Reglamento Interno; determinándose la desvinculación laboral por esta vía, el procedimiento previsto por el Decreto Supremo N° 0495, no es aplicable, teniendo no obstante la trabajadora o el trabajador desvinculado de esta manera, la vía jurisdiccional para hacer valer sus derechos; v) El Organismo Internacional y cualquier otra institución debe acomodar su actuar y su funcionamiento al marco de la normativa legal vigente del territorio donde cumple sus actividades; vi) Cuando el trabajador sea despedido por causas no contempladas en el Artículo 16 de la Ley General del Trabajo y Artículo 9 de su Decreto Reglamentario, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación; vii) Respecto a dicho acápite, no corresponde efectuar ninguna precisión; y viii) Respecto a dicho acápite, no corresponde efectuar ninguna precisión. Que, la Resolución Ministerial N° 079/21 de 29 de enero de 2021 emitida por esta Cartera de Estado, ha procesado el Recurso Jerárquico, rigiendo sus actos con sometimiento pleno a la Ley dentro del plazo legalmente establecido para el efecto, en conformidad a la norma legal vigente establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo N°2341 de 23 de abril de 2002, Decreto Supremo N° 27113 de 23 de julio de 2003 -Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo; asegurando a los administrados el debido proceso conforme Normativa Constitucional dispone, efectuando en términos claros y concretos las razones que motivaron dicho pronunciamiento, respaldada además por la normativa legal y jurisprudencia citada, en razón a todo ello, no corresponde atender positivamente a la solicitud planteada y menos proceder a la anulabilidad del acto administrativo referido, toda vez que la misma no se ajusta a procedimiento, debiendo considerar claramente el solicitante que, la aclaración, aún en caso de que procediese, no puede alterar sustancialmente la Resolución emitida”. De la lectura del Auto que resuelve la solicitud de anulabilidad y de complementación y enmienda, el mismo si bien intenta responder todos los extremos planteados, no obstante el mismo carece de la debida fundamentación y motivación en cuanto a explicar por qué se debe aplicar el art. 16 de la LGT y el 9 de su Decreto Reglamentario, si el despido fue por reestructuración, demostrándose a todas luces que la decisión tomada en la RM 079/21 es arbitraria, inclusive porque se pretende que el Organismo Internacional haga aparecer un proceso administrativo a sus trabajadores, cuando en realidad la desvinculación fue por una reestructuración ordenada por la sede de la misma, argumentando el debilitamiento financiero, explicando que pese a todos sus esfuerzos realizados, las medidas implementadas fueron insuficientes; por lo que, en el caso de la Representación del IICCA en Bolivia, en la gestión 2019 se instruyó y aprobó la reestructuración organizacional de la Representación para que se eliminen cargos, cumpliendo con los derechos y beneficios sociales del personal desvinculado en cumplimiento de la legislación laboral (Conclusión II.1); es decir, que la decisión principal no fue tomada en Bolivia; por lo que, la autoridad demandada no adecúa sus razonamientos en ninguna de sus resoluciones a los hechos reales, situación que se acomoda a una causal de desvinculación laboral por causas objetivas o bien por fuerza mayor; aspectos que debieron ser explicados por la autoridad demandada a partir de la prueba que pretendió hacer valer la parte ahora accionante para justificar la desvinculación labor, que no siempre podrá conllevar a un resultado positivo, empero, si a la comprensión del justiciable, del por qué las razones de la decisión a través de una resolución fundamentada y motivada; consiguientemente, es posible en este punto también conceder la tutela demandada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada efectuó una adecuada compulsa de los datos del proceso.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 116/2021 de 26 de mayo, cursante de fs. 593 a 600 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto la RM 079/21 de 29 de enero y el Auto de 19 de febrero, ambos de 2021, ordenando a la entidad demandada emitir una nueva resolución sobre la base de los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, es de Voto Aclaratorio.
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
1 Francisco Coll Morales, 16 de junio, 2020; Organización internacional. Economipedia.com
2 DIEZ DE VELASCO VALLEJO, M. (2010). LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES (16 ed.). MADRID, ESPAÑA: TECNOS.
3 Pinto, M. (s.f.). Las organizaciones internacionales. Facultad de Derecho, 57-67. Recuperado el 14 de octubre de 2022, de http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/46-4/las-organizaciones-internacionales.pdf
4 SCP 0310/2010-R de 16 de junio, Fundamento Jurídico III.3.2 “La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido en: El Derecho de los Derechos: "El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dicho procedimiento de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático. El respeto a los debidos procesos garantiza en la democracia el respeto a la libertad, la igualdad, los derechos políticos o de participación y los derechos sociales" (sic). (…).
5 Corte IDH Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, Sentencia de
5 de agosto de 2008 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).
6 EL IICA Y LA OEA, Rogelio Coto M. - La institución fue organizada el 18 de junio de 1942 como una sociedad sin fines de lucro, autorizada por las leyes del Distrito de Columbia, Estados Unidos de América. El 7 de octubre de 1942, por recomendación del Comité Interamericano de Agricultura (Comité Organizador), el Consejo Directivo de la Unión Panamericana aprobó la creación del Instituto.
7 LEY N° 1919 de 26 de noviembre de 1998 Artículo Único.- De conformidad al artículo 59, atribución 12a de la Constitución Política del Estado, se aprueba y ratifica el Convenio Internacional entre el Gobierno de la República de Bolivia y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) de apoyo a las Actividades de Cooperación del IICA en Bolivia, suscrito el 28 de julio de 1998. Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1268_2023-S1.pdf · páginas 1 a 32.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2940230f19770a45e4bddf730120c03fa5309604152a18621bb0f278db31f12a
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