B.IA.LEGAL

SCP 1264/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 14 de octubre de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
14 de octubre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
55609-2023-112-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

Las accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la vida, a la dignidad, a la integridad física y psicológica, a la seguridad jurídica, al acceso a la justicia y a la debida diligencia; aduciendo que: a) El Fiscal de Materia codemandado, no efectivizó la investigación a fin de dar con todos los autores del presunto hecho de agresión que sufrieron, ni adoptó medidas de protección contra Margarita Quispe Cahuana, Yovana Huanco Quispe, David Freddy Huanco Quispe y René Mamani Larico conforme detallaron en su querella y las ampliaciones de la denuncia, situación que las dejaría desamparadas frente a la impunidad, lo que deriva en que sus vidas se encuentren en peligro, como consecuencia de la inactividad del Ministerio Público; y, b) El Juez demandado, en lugar de hacer prevalecer sus prerrogativas en calidad de víctimas como ser la debida diligencia y perspectiva de género, no activó los mecanismos que la ley le franquea para conminar al referido representante fiscal, a que agote todos los actos investigativos para colectar elementos probatorios que permitan procesar a sus presuntos agresores, incurriendo en un excesivo formalismo para dar curso a la querella y/o ampliaciones de la denuncia. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 11/2023 de 12 de mayo, cursante de fs. 82 a 83 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada en cuanto al Juez de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz y al Fiscal de Materia, ambos demandados; ante el peligro y riesgo inminente al derecho a la vida de las accionantes en vinculación con la integridad física y la debida diligencia; disponiendo que el Fiscal de Materia codemandado o el actual director funcional de la investigación, otorgue las medidas de protección necesarias a favor de las prenombradas, mismas que deberán ser homologadas por la autoridad en ejercicio del control jurisdiccional de la causa. 2º DENEGAR respecto a los derechos a la dignidad, a la integridad psicológica, al acceso a la justicia y al principio de seguridad jurídica conforme los Fundamentos Jurídicos desarrollados en este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la tutela constitucional del derecho a la vida a través de la acción de libertad
  2. III.2. Objeto y finalidad de las medidas de protección a favor de las víctimas de violencia: Especial énfasis en los casos violencia contra la mujer
  3. III.3. El deber de la debida diligencia de las instancias públicas ante casos que involucren presunta violencia contra la mujer
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1264/2025-S3 Sucre, 14 de octubre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 55609-2023-112-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 11/2023 de 12 de mayo, cursante de fs. 82 a 83 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Natividad Flores de Yujra y María Rosemary Yujra Flores contra Javier Rolando Chaca Quina, Juez de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz; y, Joel Fernández Ortíz, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 11 de mayo de 2023, cursante de fs. 66 a 72, las accionantes manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 1 de octubre de 2022, fueron víctimas de agresiones físicas propiciadas por Jorge José Flores y Santiago Huanco Flores; por lo cual, formalizaron denuncia penal contra los prenombrados, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, más aun cuando una de ellas es adulta mayor, logrando que el Juez ahora demandado por Auto Interlocutorio 474/2022 de 19 del indicado mes, le imponga detención preventiva al primero de los nombrados y detención domiciliaria al segundo. En el desarrollo de la investigación, se colectaron los Informes Psicológicos CITE: SLIM D-14/ PSI-030/2022 y CITE: SLIM D-14/ PSI-031/2022, ambos expedidos por Lizeth Aracely Jira Ramos; y, el Informe Social CITE: GAMEA/DNGAS/UDAIF/SLIM-D-14/T.S.-PESR/27/2022 de 19 de octubre, realizado por Pamela Elvira Silva Rivera; de los cuales se pudo establecer que no fueron solo dos personas las agresoras; en virtud a ello, el 24 de noviembre de 2022, ampliaron la denuncia contra Margarita Quispe Cahuana, Yovana Huanco Quispe, David Freddy Huanco Quispe y René Mamani Larico; la cual no fue admitida por el Fiscal de Materia codemandado, viéndose forzadas a solicitar control jurisdiccional por memorial de 18 de enero de 2023, mereciendo el decreto de 19 del mismo mes y año, en el cual el Juez demandado solicitó informe a la autoridad fiscal codemandada, sin que a la fecha de interposición de esta acción de defensa haya cumplido esa instrucción. En ese escenario el Juez demandado, debió ejercer el control jurisdiccional, al contrario inobservó los alcances de la SCP 0034/2020-S3 de 12 de marzo, que refiere la obligación de actuar con la debida diligencia para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar actos de violencia, de igual forma el prenombrado obvió la obligación que tenía de juzgar con perspectiva de género, para salvaguardar sus vidas a través de la aplicación de medidas de protección urgentes a imponerse sobre los demás agresores. En mérito a ello consideran que sus derechos, fueron lesionados por: a) El Fiscal de Materia codemandado, al no ejercer las investigaciones a fin de dar con todos los autores del presunto hecho, ni adoptar medidas de protección contra Margarita Quispe Cahuana, Yovana Huanco Quispe, David Freddy Huanco Quispe y René Mamani Larico, conforme detallaron en su querella y las ampliaciones de la denuncia, encontrándose desamparadas frente a la impunidad y corriendo riesgo sus vidas, ante la inactividad investigativa; y, b) El Juez demandado, en lugar de hacer prevalecer sus derechos en calidad de víctimas, como ser la debida diligencia y perspectiva de género, no activó los mecanismos que la ley le franquea para conminar al representante fiscal, para que este agote todos los elementos probatorios, con el objeto de identificar a todos sus presuntos agresores, incurriendo en un excesivo formalismo para dar curso a la querella y/o ampliaciones de la denuncia.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunciaron la lesión de sus derechos a la vida, a la dignidad, a la integridad física y psicológica, a la seguridad jurídica, al acceso a la justicia y a la debida diligencia, citando a ese efecto los arts. 15.II, de la Constitución Política del Estado (CPE); 4 incs. a) y b); y, 7 incs. d) y f) de la Convención Belém Do Pará.

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela, y se ordene: 1) Al Fiscal de Materia codemandado agotar todos los elementos de convicción para dar con todos los autores de la agresión sufrida, ampliando la investigación contra Margarita Quispe Cahuana, Yovana Huanco Quispe, David Freddy Huanco Quispe y René Mamani Larico, evitando realizar observaciones formalistas a la querella y/o ampliaciones de la denuncia; 2) Al Juez demandado, a cumplir de manera efectiva y diligente con el ejercicio de control jurisdiccional, prevaleciendo sus derechos como víctimas; y, 3) A ambas autoridades demandadas a ejercer sus “funciones debidas” de manera diligente y eficaz en cumplimiento al mandato constitucional a fin de resguardar su vida, integridad física y psicológica que derive en la investigación y sanción a todos los autores de la agresión sufrida el 1 de octubre de 2022.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 12 de mayo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 77 a 81, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Las accionantes, ratificaron el tenor íntegro de la presente acción tutelar y ampliándolo, indicaron que: i) A través de las entrevistas psicológicas pudieron explicar a mayor detalle los pormenores llegando a determinarse que existían más agresores; asimismo, en audiencia de medidas cautelares se logró reproducir un Disco Compacto (CD) que tenía una grabación parcial de los hechos que permitió al Juez demandado tomar convicción de otros implicados que debían ser incluidos a la investigación, aspecto corroborado también por los informes sociales; elementos que, utilizaron para fundar la ampliación de la querella el 28 de octubre de 2022, misma que fue observada por el Fiscal de Materia codemandado; ii) Por otra parte, el 28 de noviembre del indicado año, procedieron a realizar ampliación de la denuncia contra Margarita Quispe Cahuana, Yovana Huanco Quispe, David Freddy Huanco Quispe y René Mamani Larico; a esa solicitud el representante fiscal codemandado “a mano alzada” (sic) refiere con letra ilegible que se cumpla con el art. 285 del Código de Procedimiento Penal (CPP); en respuesta, por memorial de 18 de enero de 2023, le explicaron que la relación fáctica fue establecida conforme los elementos indiciarios colectados; sin embargo, la referida autoridad mantiene su observación exigiendo el cumplimiento de la citada norma, lo que se constituye en una informalidad innecesaria; iii) Esa situación fue puesta a conocimiento del Juez demandado, a través de un escrito en el cual se solicitó audiencia para control jurisdiccional, petición que no fue procesada conforme el art. 15.II de la CPE, mereciendo como respuesta de la citada autoridad que no era posible darle un tratamiento de incidente a esa solicitud; cuando lo que hicieron fue presentar una queja formal y en suma solo obtuvieron el decreto de 19 de enero de 2023, en el cual se exigió un informe al Fiscal de Materia codemandado concediéndole setenta y dos horas para ello, siendo que fue notificado el 31 del indicado mes y año, y conforme el cuaderno de investigaciones, transcurridos varios meses aún no existe el informe en cuestión; iv) Natividad Flores Quispe, en su condición de adulta mayor, víctima de violencia, se siente muy acongojada e impotente ya que respecto a los presuntos agresores; las autoridades demandadas no asumieron ninguna medida, contraviniendo lo establecido por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de buscar mecanismos, necesarios, prácticos y diligentes con la finalidad de proteger a las mujeres; v) No se observó la debida diligencia que es parte de un protocolo que por instructivo de la Fiscalía General del Estado debe observarse consistente en la “…resolución (…) FGE 144/2020…”(sic) de 28 de julio, respecto a la planificación y ejecución de operativos correspondientes a la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-; vi) La “…sentencia constitucional nro. 74 concordante con la sentencia 212/2012 han establecido justamente que es previsible la protección mediante vía de acción de libertad…” (sic), a efectos de proteger el derecho a la vida; y, vii) Se pretende que los seis presuntos autores sean sometidos al proceso; ya que, solo dos cuentan con imputación formal debiendo ampliarse la investigación contra los otros cuatro.

I.2.2. Informe de los demandados

Javier Rolando Chaca Quina, Juez de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia de garantías, solicitó se deniegue la tutela señalando que: a) En su oportunidad solicitó informe al Fiscal de Materia -codemandado-; de otra parte, conforme la SCP 0226/2016-S3 de 19 de febrero, la petición de control jurisdiccional no puede constituirse en un incidente; b) A tiempo de responder a la parte víctima se les hizo conocer los mecanismos intraprocesales que establecen el art. 306 del CPP, en los casos que el representante del Ministerio Público pueda obviar o negar alguna labor investigativa; y, c) El cuaderno de investigaciones no estaba a su cargo, y no podría atribuirse la posibilidad de investigar a otras personas. Ante la pregunta del Juez de garantías, posterior al pedido de informe ¿cuál fue la actuación que realizó?, adujo que: “Se ha solicitado el informe al Ministerio Público y como consecuencia y conforme a los datos del proceso es lo que se ha determinado y que está a fojas de control jurisdiccional…” (sic) Joel Fernández Ortíz, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías, solicitó se deniegue la tutela, manifestando que: 1) No cursaba ningún memorial de las víctimas que señale que las personas contra las que se pretendía ampliar la investigación estuvieran amenazando su vida, respecto a la solicitud de control jurisdiccional no fue notificado con la misma por lo cual aplicaba el principio de subsidiariedad y las impetrantes de tutela debían acudir ante el Juez demandado; 2) El memorial formalizando querella fue presentado a Alejandro Huanca Condori, Fiscal de Materia que observó el mismo; posterior a ello, las accionantes presentaron ampliación de la denuncia, de la cual tomó conocimiento, exigiéndoles que cumplan con el art. 285 del CPP, en cuanto a la relación circunstancial del hecho, el tiempo y lugar con indicación de los factores y participación de las víctimas damnificados y testigos así como demás elementos que permitan la comprobación de lo denunciado; en cambio las prenombradas únicamente señalaron de forma genérica que fueron agredidas por varias personas sin identificar la participación de cada una de ellas; 3) Dentro sus atribuciones para conocer delitos de violencia en razón de género, conforme la previsión del art. “282” -lo correcto es 272- bis del Código Penal (CP), debe existir hasta un cuarto grado de consanguinidad, aspecto que le impedía ampliar la investigación contra otras personas que no son familia de las víctimas; y, 4) Pese a que las impetrantes de tutela solicitaron entrevista en cámara Gessell no acudieron; asimismo, no se hicieron presentes a la unidad de protección a las víctimas.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías mediante Resolución 11/2023 de 12 de mayo, cursante de fs. 82 a 83 vta., concedió la tutela solicitada contra el Fiscal de Materia codemandado, quien debía proceder a la admisión de la ampliación de la querella y denuncia presentadas por las accionantes; y, denegó la tutela solicitada, respecto al Juez demandado, con base en los siguientes fundamentos: i) Como víctimas las accionantes identificaron y reconocieron a sus agresores en el número de seis personas, así se desprende de los informes psicológicos y sociales, que cursaban en el cuaderno de investigación; por lo cual, el Fiscal de Materia codemandado exigió formalismos basados en los arts. 285 y 290 del CPP, denegando el acceso a la justicia y limitando la tutela judicial efectiva prevista en el art. 115 de la CPE, ya que se tenía precisada la relación circunstancial del hecho que sufrieron las prenombradas; en mérito a ello, debían aplicarse, los arts. 33, 40.11, 43 y 45 de la Ley 348; norma que además guarda estricta relación con el art. 7 inc. g) de la Convención Bélem Do Pará, respecto a la obligación de los Estados de establecer mecanismos judiciales y administrativos para asegurar a las mujeres objeto de violencia el acceso efectivo al resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación; ii) El representante fiscal codemandado denegó el acceso a la justicia a dos mujeres víctimas de violencia, pese a tener la obligación de investigar y emitir una resolución ya sea de rechazo o ampliando la imputación formal, cumpliendo el art. 59 de la Ley 348, que dispone la investigación debe ser seguida de oficio independientemente del impulso de la parte denunciante; iii) Al denegar la ampliación de la querella y la denuncia se vulneró el principio de la debida diligencia; y, iv) Dentro las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, en casos de violencia hacia las mujeres, el Ministerio Público a través de sus Fiscales deben adoptar las medidas de protección a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia protección y seguridad, recolección de las pruebas necesarias y en caso de requerirse peritajes los mismos no deben exigirse a la víctima; asimismo, ninguna mujer tiene la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, situaciones, actos o hechos relacionados con su situación de violencia siendo responsable de la investigación la referida institución.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Natividad Flores de Yujra y María Rosemary Yujra Flores -accionantes-, contra Jorge José Flores y Santiago Huanco Flores, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; Javier Rolando Chaca Quina, Juez de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz -demandado-, emitió Auto Interlocutorio 474/2022 de 19 de octubre, disponiendo la detención preventiva para Jorge José Flores por tres meses y detención domiciliaria a Santiago Huanco Flores (fs. 15 a 16 vta.) II.2. Cursa memorial presentado el 27 de octubre de 2022, por las impetrantes de tutela al Fiscal de Materia, formulando ampliación de querella contra Margarita Cahuana Quispe, David Freddy Huanco Quispe y Giovana Huanco Cahuana, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica (fs. 18 a 19). II.3. Por escrito presentado por las peticionantes de tutela, el 24 de noviembre de 2022, a Joel Fernández Ortíz, Fiscal de Materia codemandado, solicitaron la ampliación de la denuncia contra Margarita Quispe Cahuana, Yovana Huanco Quispe, Freddy Huanco Cahuana y Rene Mamani Larico, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; asimismo, impetraron medidas de protección conforme los arts. 32 y 35 de la Ley 348; en respuesta, cursa requerimiento a mano, de 25 de mismo mes y año, señalando que se cumpla lo dispuesto por la última parte del art. 285 del CPP (fs. 20 a 29). II.4. A través de memorial de 18 de enero de 2023, las solicitantes de tutela pidieron al Juez demandado, control jurisdiccional, debiendo fijarse audiencia para conminar a Joel Fernández Ortíz, Fiscal de Materia -codemandado- a que agote todos los mecanismos de pruebas y todos los autores sean investigados, mereciendo como respuesta el decreto de 19 de idéntico mes y año, emitido por la referida autoridad judicial, quien dispuso que el representante fiscal emita informe en el plazo de setenta y dos horas (fs. 33 a 35).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Las accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la vida, a la dignidad, a la integridad física y psicológica, a la seguridad jurídica, al acceso a la justicia y a la debida diligencia; aduciendo que: a) El Fiscal de Materia codemandado, no efectivizó la investigación a fin de dar con todos los autores del presunto hecho de agresión que sufrieron, ni adoptó medidas de protección contra Margarita Quispe Cahuana, Yovana Huanco Quispe, David Freddy Huanco Quispe y René Mamani Larico conforme detallaron en su querella y las ampliaciones de la denuncia, situación que las dejaría desamparadas frente a la impunidad, lo que deriva en que sus vidas se encuentren en peligro, como consecuencia de la inactividad del Ministerio Público; y, b) El Juez demandado, en lugar de hacer prevalecer sus prerrogativas en calidad de víctimas como ser la debida diligencia y perspectiva de género, no activó los mecanismos que la ley le franquea para conminar al referido representante fiscal, a que agote todos los actos investigativos para colectar elementos probatorios que permitan procesar a sus presuntos agresores, incurriendo en un excesivo formalismo para dar curso a la querella y/o ampliaciones de la denuncia. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la tutela constitucional del derecho a la vida a través de la acción de libertad

Al respecto, la SCP 2150/2013 de 21 de noviembre, sostuvo que: “Conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el habeas corpus, en nuestro caso acción de libertad, es la garantía jurisdiccional idónea para controlar el respeto a la vida e integridad del detenido, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, y para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; ámbito de protección que; sin embargo, en el caso boliviano, no abarca únicamente a los supuestos de detención, sino también en los casos en los cuales exista amenaza al derecho a la vida, conforme lo establece el art. 125 de la CPE, que asume, en este punto un criterio más favorable para la efectiva protección de este derecho que, conforme se tiene señalado es considerado por la jurisprudencia constitucional como el bien jurídico más importante de cuantos consagra el orden constitucional”.

Asimismo, cabe remontarse a la SCP 1278/2013 de 2 de agosto, que reflexionó sobre el nuevo alcance de la acción de libertad con relación al derecho a la vida, al señalar que: “…en virtud a la tutela que brinda respecto al derecho a la vida y también a la integridad física o personal (art. 64 del Código Procesal Constitucional [CPCo]), la acción de libertad es concebida como una acción esencial y, por lo mismo, debe señalarse que si bien su génesis como garantía jurisdiccional está asociada con la defensa del derecho a la libertad física y personal; no es menos cierto que, dado el carácter primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, la acción de libertad también se activa en los casos en que exista un real peligro para éste, aunque no se de la estrecha vinculación del mismo con la libertad física o personal, en el ámbito clásico del hábeas corpus o acción de libertad instructiva.

Debe señalarse que esta conclusión, que emerge de la naturaleza del derecho a la vida y de la acción de libertad como un medio inmediato para su defensa, encuentra sustento en la Constitución Política del Estado y en el propio Código Procesal Constitucional. Efectivamente, de acuerdo al art. 125 de la CPE antes glosado, la acción de libertad puede ser presentada por toda persona ‘que considere que su vida está en peligro’, sin condicionar la procedencia de esta acción a la vinculación con el derecho a la libertad física o personal. En igual sentido, el art. 47 del CPCo, señala que la acción de libertad procederá cuando cualquier persona crea que ʽsu vida está en peligro’.

Consecuentemente, las propias normas constitucionales y legales configuran procesalmente a la acción de libertad como un medio para la defensa del derecho a la vida, cuando éste estuviere en peligro y, por lo mismo, no cabe una interpretación restrictiva de esta norma limitando su alcance únicamente a los supuestos en que exista vinculación con el derecho a la libertad física o personal.

Sin embargo, debe señalarse que, en todo caso, será la parte accionante la que, tratándose del derecho a la vida, asuma la decisión de formular una acción de libertad o de amparo constitucional; empero, también debe dejarse establecido que, es la justicia constitucional la que deberá analizar si realmente se está ante una lesión o peligro directo al derecho a la vida tutelable a través de la acción de libertad, pues su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción” (el énfasis es nuestro).

III.2. Objeto y finalidad de las medidas de protección a favor de las víctimas de violencia: Especial énfasis en los casos violencia contra la mujer

Al respecto, la SCP 0063/2022-S3 de 16 de marzo, estableció que:“El art. 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) reconoce los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad como inherentes a todo ser humano, por su parte, el art. 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (DADH) prevé que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, normas concordantes con lo dispuesto por el art.

15.I, II y III de la CPE, que determina como potestad fundamental, el derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual; legislación a partir de la cual se concluye que todas las personas, y con especial incidencia las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, sea en su entorno familiar o social, siendo deber del Estado adoptar medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como acciones u omisiones tendientes a degradar su condición humana, que provoquen muerte, dolor o sufrimiento físico, sexual o psicológico de las mismas. En igual sentido la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), en su preámbulo señala a la violencia contra las mujeres, como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, mismas que implican acciones o conductas fundadas en su género, que provocan muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, pudiendo ser cometidas por particulares, o perpetrada o tolerada por el Estado; en sus arts. 3 y 4, dispone que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos, derechos que entre otros comprende el derecho a que se respete su vida; que se respete su integridad física, psíquica y moral; el derecho a la libertad y a la seguridad personales; a no ser sometida a torturas; a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; y el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; siendo en ese sentido deber de los Estados partes, adoptar medidas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad, así como establecer medidas de protección (art. 7 de la citada Convención).

En el marco de la normativa internacional que antecede, el Estado Boliviano promulgó la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, que con relación a las medidas de protección a víctimas de violencia, en su art. 32 dispone que: ‘I. Las medidas de protección tienen por objeto interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantizar, en caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente. II. Las medidas de protección son de aplicación inmediata, que impone la autoridad competente para salvaguardar la vida, la integridad física, psicológica, sexual, derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia y los de sus dependientes’, medidas de protección que se encuentran descritas en los diecinueve numerales de su art. 35, mismas que son de responsabilidad del Ministerio Público para disponer su aplicación a favor de las víctimas de violencia a objeto de garantizar su protección y seguridad (art. 40.8 de la Ley Orgánica del Ministerio Público -Ley de 11 de julio de 2012-), pudiendo solicitar a la autoridad jurisdiccional su homologación; asimismo, según establece el art. 61.1 de la Ley 348, el Ministerio Público tiene entre sus atribuciones la: ‘1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito’. En igual sentido, el art. 86.7 de la citada Ley 348 dispone que: ‘Las juezas y jueces inmediatamente conocida la causa, dictarán medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia’, disposiciones legales concordantes con la previsión del art. 389 del adjetivo penal modificado por la Ley 1173, referida a la aplicación de medidas de protección, clases de medidas a favor de menores de edad y mujeres, y directrices de procedimiento (urgencia, ratificación y duración); disposiciones tendientes a prever procedimientos especiales para la celeridad respectiva a objeto del resguardo y protección de los derechos de este grupo vulnerable, que deben ser taxativamente observados y cumplidos por los servidores públicos conforme dispone el art. 154 bis del Código Penal (CP), que prevé que cuando el proceso penal involucra a mujeres en situación de violencia: ‘La servidora o servidor público que mediante acción u omisión en ejercicio de una función pública propicie la impunidad u obstaculicen la investigación de delito de violencia contra las mujeres, recibirá sanción alternativa de trabajos comunitarios de noventa (90) días a ciento veinte (120) días e inhabilitación de uno (1) a cuatro (4) años para el ejercicio de la función pública’.

Premisas normativas que determinan el deber primordial del Estado para garantizar el derecho a la vida, la integridad física y psicológica, la seguridad y dignidad de las mujeres en situación de violencia, y/o bajo los efectos de ella, cuyo incumplimiento y aplicación adecuada, oportuna y diligente constituyen negligencia e incumplimiento de deberes bajo responsabilidad, toda vez que, la displicencia o inobservancia de las medidas de protección a víctimas de violencia, puede provocar su revictimización o afectación física o psicológica; por lo que, resulta imprescindible otorgar una atención urgente y necesaria de protección reforzada que materialice la preeminencia de sus derechos a la seguridad, a la vida, a la integridad física y psicológica, así como a la dignidad ” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).

III.3. El deber de la debida diligencia de las instancias públicas ante casos que involucren presunta violencia contra la mujer

Sobre la temática expuesta, la SCP 0415/2023-S3 de 11 de mayo, asumiendo y precisando los razonamientos expuestos por su similar 0511/2021-S3 de 18 de agosto, expresó lo siguiente: «“Corresponde referirse al derecho de acceso a la justicia, previsto en el art. 115.I de la CPE que establece que: ‘Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos’. El referido derecho también se encuentra en diferentes instrumentos internacionales debidamente ratificados por el Estado boliviano, así por ejemplo, los arts. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

El analizado derecho adquiere mayor relevancia al tratarse de casos de violencia contra las mujeres; dado que, su erradicación es prioridad nacional, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género (art. 3 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -LIGM-).

En el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se tiene una norma específica respecto al tema de violencia contra la mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ‘Convención Belem do Pará’, cuyo art. 7 establece: ‘Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;

c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;

d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;

e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;

f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;

g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención’…

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), haciendo referencia a informes de fondo respecto a casos específicos, sobre el alcance del acceso a la justicia, señaló que la obligación de los Estados frente a casos de violencia contra las mujeres, incluye los deberes de procesar y condenar a los responsables, así como de prevenir estas prácticas degradantes. De igual manera, la inefectividad judicial general crea un ambiente que facilita la violencia contra las mujeres, al no existir evidencias socialmente percibidas de la voluntad y efectividad del Estado como representante de la sociedad, para sancionar esos actos.

En igual sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, interpretando el art. 7.b de la Convención Belem do Pará en relación con los arts. 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señaló que: ‘…ante un acto de violencia contra una mujer, resulta particularmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección’.

De lo anteriormente señalado, se tiene que tanto el ordenamiento jurídico boliviano, como las normas internacionales de derechos humanos ratificadas (que por mandato del art. 410.II de la CPE forman parte del bloque de constitucionalidad), coinciden en que en casos de violencia contra la mujer, las autoridades judiciales deben actuar con la debida diligencia, pues es un fin primordial del Estado erradicar dicha violencia”» (las negrillas son añadidas).

III.4. Análisis del caso concreto

Las accionantes refieren que fueron objeto de agresiones por Jorge José flores y Santiago Huanco Flores -quienes resultan ser sus sobrinos y primos-, así como los familiares de estos, por problemas de herencia y terrenos y que inicialmente se aperturó una investigación cuyo resultado fue la detención preventiva y domiciliaria respectivamente, de los dos prenombrados a través del Auto Interlocutorio 474/2022 de 19 de octubre, en ese fallo el Juez demandado concluyó que: “…la parte víctima seria vulnerable, además por la participación de otras personas y por las circunstancias del hecho conforme los datos del proceso en relación al ciudadano de la tercera edad se tiene exhibido un video donde se observa las agresiones por personas de sexo femenino, además la intervención de algún otro ciudadano, por consiguiente elemento que también será sometido a investigación por el representante del ministerio público…” (sic [Conclusión II.1]); advirtiéndose que ya se tenía indicios de la posible participación de más agresores; en virtud a ello y a distintos informes sociales y psicológicos producto de evaluaciones a las que se sometieron las peticionantes de tutela, decidieron ampliar la querella por memorial de 27 de octubre de 2022, dirigido a Alejandro Huanca Condori, Fiscal de Materia, no cursando la respuesta a dicha pretensión en antecedentes (Conclusión II.2); de igual forma decidieron ampliar la denuncia contra cuatro personas mereciendo un requerimiento fiscal a mano en la cual se les exigía cumplir con los alcances del art. 285 del CPP (Conclusión II.3); ante esa negativa las solicitantes de tutela decidieron recurrir al Juez demandado impetrándole active control jurisdiccional, quien por decreto de 19 de enero de 2023 dispuso que el Fiscal de Materia emita un informe en el plazo de setenta y dos horas (Conclusión II.4). Ahora bien la problemática traída a revisión por las solicitantes se identifica en que: 1) El Fiscal de Materia codemandado al no dar curso a la ampliación de la investigación imposibilitó que se otorguen medidas de protección respecto a cuatro presuntos responsables de las agresiones que sufrieron quienes aún no son parte del proceso penal; y, 2) El Juez demandado, por cuanto no ejerció el control jurisdiccional para conminar al aludido representante fiscal para efectivizar la prosecución de la investigación ni dio preponderancia a la debida diligencia y a juzgar con perspectiva de género. Por ello el análisis versará sobre esos dos ejes. Bajo ese marco y conforme lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, si bien el derecho a la vida es tutelable vía acción de libertad, su simple mención no activa la protección de forma inmediata siendo prerrogativa de este Tribunal efectuar una abstracción al principio de subsidiariedad excepcional que rige esta acción de defensa, con el propósito de analizar si realmente se está ante una lesión o peligro directo al merituado derecho. Respecto al Fiscal de Materia codemandado Conocida la solicitud de ampliación de la denuncia de las accionantes, el Fiscal de Materia codemandado, por requerimiento de 25 de noviembre de 2022, efectuado a mano y de forma poca legible exigió el cumplimiento del art. 285 del CPP, en cuanto al grado de participación y a demostrar el grado de parentesco; al respecto, de lo expuesto por las prenombradas tanto en esta acción de defensa como en su escrito de ampliación de denuncia de 24 de idéntico mes y año, se tiene que el hecho se suscitó el 1 de octubre del referido año, afuera de su domicilio donde fueron agredidas por Jorge José Flores y Santiago Huanco Flores y la esposa, hijos y yerno de este último identificados como Margarita Quispe Cahuana, Yovana Huanco Quispe, Freddy Huanco Quispe y René Mamani Larico. En mérito a ello se tiene que el relato del hecho estaba relativamente claro consistente en una agresión que inició con los sobrinos y primos de las solicitantes de tutela, a quienes se sumaron los familiares de uno de ellos, pidiendo se amplié contra estos últimos, ahora al estar especificado que Margarita Quispe Cahuana, Yovana Huanco Quispe, Freddy Huanco Quispe y René Mamani Larico eran esposa, hijos y yerno de Santiago Huanco Flores, correspondía al representante Fiscal estratificar el grado de parentesco de esos ciudadanos con las víctimas y de no estar dentro los alcances del art. 272 bis del CP, podría recurrirse al 271 del mismo Código u otro delito análogo; asimismo es menester señalar que el art. 285 del CPP, establece: “…La denuncia contendrá en lo posible, la relación circunstanciada del hecho, con indicación de los autores y partícipes, víctimas, damnificados, testigos y demás elementos que puedan conducir a su comprobación y su tipificación” (sic [las negrillas y el subrayado fueron añadidos]); entendiéndose que exigir con detalle el grado de participación y parentesco se constituía un exceso cuando esos elementos podrán ser dilucidados en el desarrollo de la investigación y del proceso penal.

Por lo expuesto, al existir un presunto hecho de agresión a dos mujeres una inclusive con condición de adulta mayor, por parte de familiares que pretenderían apropiarse de lotes, las mismas estarían en una situación de riesgo, máxime si para los autores principales el Juez demandado determinó la concurrencia de peligro efectivo para las víctimas disponiendo la detención preventiva y domiciliaria; en ese entendido, al no ampliar la investigación contra los cuatro presuntos agresores que faltaba, resultaba inviable se esclarezca el hecho y más importante aún no fue posible emitir medidas de protección a favor de las peticionantes de tutela, de forma oportuna las cuales conforme el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional tienen como premisa salvaguardar la vida, la integridad física, psicológica, sexual, así como los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia y los de sus dependientes, siendo obligación del Ministerio Público imponerlas (art. 40.8 de la Ley Orgánica del Ministerio Público [LOMP]). En ese marco de la denuncia formulada por las solicitantes de tutela se advierte: “…la intención de parte de los sindicados MARGARITA QUISPE CAHUANA, YOVANA HUANCO QUISPE, FREDDY HUANCO QUISPE y RENE MAMANI LARICO; así como de los ahora imputados JORGE JOSÉ FLORES, SANTIAGO HUANCO FLORES de ocasionar[le]s un daño corporal o físico, traducido en días de incapacidad manifestado a través de golpes de pelo, empujones, golpes de puño patadas, entre otros…” (sic) fs26. Por otra parte de la imputación formal se tiene los certificados médico forenses que demuestran su estado físico posterior a la agresión denunciada consistente en ocho y cinco días de incapacidad médico legal, así como la transcripción de la declaración como víctimas de las accionantes a través de la que relataron el hecho y la forma en que fueron agredidas y conducidas a un inmueble de donde posteriormente pudieron escapar y fueron auxiliadas por vecinos. De igual forma, de los informes sociales CITE GAMEA/DNGAS/UDAIF/SLIM D-14/T.S.-PFSR/27/2022 y CITE GAMEA/DNGAS/UDAIF/SLIM D-14/T.S.-PFSR/28/2022, ambos de 19 de octubre, elaborados por Pamela Elvira Silva Rivera, Trabajadora Social, a las accionantes (fs. 37 a 42; y, 47 a 51), dicha profesional concluye que deben tomarse las determinaciones pertinentes de acuerdo a la Ley 348, a fin de precautelar la integridad física y emocional de las prenombradas. En mérito a lo expuesto y siendo que existía un riesgo traducido en la posibilidad que las agresiones continúen; por cuanto, el problema de fondo es el reclamo de uno o varios lotes de terreno que aparentemente los presuntos agresores tratan de obtener de las impetrantes de tutela; en ese entendido y de los elementos descritos se infiere que estaba latente el peligro a su integridad física que podría derivar en complicaciones que lleguen incluso a costarles la vida; aspecto que constriñe a este Tribunal a otorgar la protección solicitada, por el riesgo inminente al derecho a la vida de las prenombradas -vinculado a su integridad física- susceptible de protección directa vía acción de libertad. Respecto al Juez demandado Ante la solicitud de control jurisdiccional de las solicitantes de tutela, por decreto de 19 de idéntico mes y año, el Juez demandado dispuso que el Fiscal de Materia codemandado emita informe en el plazo de setenta y dos horas; en ese escenario, de la revisión de antecedentes y lo expuesto en la audiencia de garantías no se advierte que esa instrucción fuese cumplida, ni que la autoridad demandada hubiera efectuado alguna acción posterior en pro de la parte víctima, lo que se traduce en una falta de control de la causa a su cargo, inobservando deliberadamente la debida diligencia que conforme el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, conlleva a que todas las autoridades y servidores públicos están constreñidos a cumplir en los casos de violencia contra la mujer durante todas las fases del proceso penal; con la premisa de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las presuntas víctimas de violencia, traduciéndose en la obligación de procesar y condenar a los responsables, así como de prevenir las prácticas degradantes a la integridad personal de la mujer; lo contrario se configura como ineficacia judicial que deriva en exacerbar la situación de vulnerabilidad de mujeres en situación de violencia; en ese entendido, al no haber brindado solución al reclamo de las peticionantes de tutela, en lo concerniente al Fiscal de Materia, que negó la ampliación de investigaciones y consecuentemente la aplicación de medidas de protección se generó un riesgo innecesario para la integridad física y vida de las prenombradas; por lo cual, amerita otorgar la tutela solicitada. En lo referente a la presunta lesión del derecho a la dignidad, si bien fue mencionado en esta acción de defensa, no se precisó la forma en qué hubiera sido transgredido; resultando inviable otorgar la protección solicitada. Por otra parte en cuanto a la presunta lesión a la integridad psicológica de los antecedentes que hacen esta acción tutelar y de lo expuesto por las accionantes no se logró evidenciar que se generó un detrimento a la misma que pudiese derivar en un atentando contra sus vidas por lo que concierne denegar la tutela. Respecto a la transgresión del derecho al acceso a la justicia, según el art. 125 de la CPE, el mismo no se encuentra dentro el ámbito de protección de esta acción tutelar; por lo cual, no amerita mayor pronunciamiento y finalmente en cuanto al principio de “seguridad jurídica” no se advierte que en el caso bajo análisis esté vinculado a uno de los derechos tutelables vía esta acción de defensa que permita su protección, en ese entendido corresponde denegar la tutela En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido la tutela solicitada contra el Fiscal de Materia codemandado; y, denegado en cuanto al Juez demandado, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 11/2023 de 12 de mayo, cursante de fs. 82 a 83 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada en cuanto al Juez de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz y al Fiscal de Materia, ambos demandados; ante el peligro y riesgo inminente al derecho a la vida de las accionantes en vinculación con la integridad física y la debida diligencia; disponiendo que el Fiscal de Materia codemandado o el actual director funcional de la investigación, otorgue las medidas de protección necesarias a favor de las prenombradas, mismas que deberán ser homologadas por la autoridad en ejercicio del control jurisdiccional de la causa. 2º DENEGAR respecto a los derechos a la dignidad, a la integridad psicológica, al acceso a la justicia y al principio de seguridad jurídica conforme los Fundamentos Jurídicos desarrollados en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1264_2025-S3.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): 8ad1400b13ad07fa9e979f454b0cfb42b7ea6e7dddd385e1f84fc707d6a48fa3

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