B.IA.LEGAL

SCP 1260/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 14 de octubre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
14 de octubre de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
58097-2023-117-AAC
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes denunciaron la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de motivación y congruencia; alegando que dentro del proceso penal que se sigue en contra de Félix Moya Fernández y María Luz Salinas -ahora terceros interesados-, por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato, Marcela Tatiana Salazar Agreda, Fiscal de Materia -codemandada-, dictó la Resolución de Rechazo de 3 de agosto de 2022, ratificada por la Resolución Jerárquica FDC/N.G.G.R. OR 969/2022 de 12 de diciembre, dictado por Nuria Gisela Gonzáles Romero, Fiscal Departamental de Cochabamba -demandada-, sin pronunciarse sobre las pruebas testificales y documentales aportadas dentro del referido proceso; asimismo, se omitió atender los agravios que planteó en su objeción, omitiendo fundamentar y motivar dicha decisión, resultando incongruente e irrazonable; en consecuencia, solicitó que se le conceda la tutela y se determine dejar sin efecto la mencionada Resolución Jerárquica y se emita una nueva determinación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos y extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 100/2023 de 28 de agosto, cursante de fs. 67 a 73, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1260/2025-S3 Sucre, 14 de octubre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 58097-2023-117-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 100/2023 de 28 de agosto, cursante de fs. 67 a 73, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por María Rosario Céspedes de Valencia y Pedro Ramiro Valencia Cadima, contra Nuria Gisela Gonzales Romero, Fiscal Departamental de Cochabamba; y, Marcela Tatiana Salazar Agreda, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 7 de julio de 2023, cursante a fs. 12 a 19, los accionantes expresaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal, que siguen contra Félix Moya Fernández y María Luz Salinas -ahora terceros interesados-, por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato; Marcela Tatiana Salazar Agreda, Fiscal de Materia -autoridad codemandada-, emitió la Resolución de Rechazo de 3 de agosto de 2022, resolviendo rechazar la denuncia penal, decisión contra la cual los accionantes formularon objeción, que fue resuelta por la Resolución Jerárquica FDC/N.G.G.R. OR 969/2022 de 12 de diciembre, que ratificó el acto impugnado, argumentando que al estar el bien inmueble registrado bajo el Folio Real con Matrícula 3.08.1.05.0001505, a nombre de Félix Moya Fernández, no se configuró el delito de estelionato; empero, la Fiscal Departamental demandada, no consideró la existencia de declaraciones y el poder otorgado para perfeccionar la venta de ese inmueble, deviniendo en una resolución que no explicó las causales ni motivos fácticos que dan lugar a rechazar la denuncia, tampoco se pronunció sobre los agravios que plantearon en la objeción, omitiendo así su deber de fundamentar y motivar su decisión, lesionando el derecho al debido proceso.

Las fiscales ahora demandadas, respecto a la prueba presentada señalaron que, no se hubieran recolectado los suficientes elementos de convicción que demuestren el hecho denunciado de su parte; inobservando de esa manera los principios de verdad material y de prevalencia del derecho sustancial sobre la valoración de la prueba y acceso a la justicia. Las autoridades prenombradas no demostraron que efectuaron una labor argumentativa interpretativa, conforme los cánones de interpretación previstos en la jurisprudencia constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no realizaron un análisis objetivo e integral del proceso civil y la Fiscal Departamental resolvió la objeción, sin tomar en cuenta los hechos y antecedentes del caso, incurriendo en la emisión de una decisión ilegal, arbitraria, grosera, lesiva, e irrazonable, y con error de interpretación evidente, contraria a derecho, omitiendo la aplicación de la Ley sustantiva y adjetiva.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunciaron la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de motivación y congruencia; citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela y, en consecuencia se disponga: a) Se deje sin efecto la Resolución Jerárquica FDC/N.G.G.R. OR 969/2022 de 12 de diciembre; y, b) Se emita una nueva resolución, con la debida fundamentación, motivación y congruencia.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 21 de agosto de 2023, según consta en acta cursante de fs. 64 a 66, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes a través de su abogado, en el desarrollo de la audiencia, ratificaron y ampliaron los términos de su memorial de acción de amparo constitucional, manifestando que: 1) La Resolución Jerárquica FDC/N.G.G.R. OR 969/2022, no estableció los supuestos hechos definidos en la norma jurídica, sólo realizó una transcripción de la doctrina aplicable al caso concreto; y, 2) No efectuó la valoración concreta y “explícita” de todos los medios de prueba aportados y que constan en el proceso penal, que demostraron la transferencia del lote de terreno, fue con una simple minuta, aprovechándose de la confianza generada y con una posesión temporal, razón por la que no exigieron más documentación; empero, posteriormente transfirieron a otras personas quienes los expulsaron del referido inmueble, pese a que cancelaron por el mismo.

I.2.2. Informe de las demandadas

Nuria Gisela Gonzales Romero, Fiscal Departamental de Cochabamba, por informe escrito, presentado el 19 de julio de 2023, cursante de fs. 41 a 44 vta., y en audiencia de garantías, refirió que: i) Los accionantes de manera difusa hicieron alusión a derechos vulnerados en las Resoluciones de Rechazo de Denuncia y, Jerárquica FDC/N.G.G.R. OR 969/2022; en esta última, alegando que no se valoraron todos los argumentos expuestos en los agravios expuestos de su parte; ii) La demanda tutelar no cumplió con la suficiente carga argumentativa, ni explicó cuál es la relevancia constitucional o cómo la mencionada Resolución Jerárquica pudo obtener una determinación distinta; por lo que, no corresponde que se ingrese al análisis de fondo, máxime cuando la pretensión real es que la jurisdicción constitucional valore la prueba, lo que es competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria; iii) Sobre el reclamado derecho a la tutela judicial efectiva, se evidenció que los accionantes accedieron a la jurisdicción, y aperturado el proceso penal inició la investigación, para posteriormente dictarse la Resolución de Rechazo, que fue confirmada en instancia jerárquica, determinando la conclusión del proceso penal a favor de los sindicados, pues no se aportaron los suficientes elementos para fundar la imputación, aplicando la previsión estipulada en el art. 304.3 del Código de Procedimiento Penal (CPP); en consecuencia, no hubo vulneración alguna al referido derecho; y, iv) De la lectura de la Resolución Jerárquica FDC/N.G.G.R. OR 969/2022, se entiende que la misma contestó los puntos de agravios, observando los requisitos de fundamentación y valoración probatoria integral de los elementos de convicción, analizando si se adecúan a los tipos penales de estafa y respecto al registro de los inmuebles; además, el documento que acreditaría su derechos propietario se extravió, pretendiendo los impetrantes de tutela, establecer el mismo a través de declaraciones testificales; en tal sentido, los reclamos vertidos en esta acción de tutela no son ciertos ni están sustentados, careciendo de relevancia constitucional, solicitando se deniegue la tutela pedida. Marcela Tatiana Salazar Agreda, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías refirió que: a) El peticionante de tutela sostuvo que lesionaron su derecho al debido proceso en relación a la falta de congruencia; empero, no explicó en su demanda tutelar de qué forma aquello sucedió, sólo efectuó una sucinta exposición de hechos de forma general, sin señalar de forma específica cómo fue transgredido; b) Pareciera que los accionantes instrumentalizaron al Ministerio Público para llevar a cabo un proceso de estafa y estelionato; y, c) Procedió al rechazo de la denuncia penal, de forma fundamentada, analizando los tipos penales e indicándoles un plazo entre los hechos y motivos de la denuncia suscitada hace varios años atrás, quienes no consolidaron su derecho propietario de manera oportuna, elementos que fueron analizados y por ello, la decisión asumida; por su parte, expuso la fundamentación y las bases jurídicas, doctrinales y jurisprudenciales por las cuales expuso razonamiento lógico, en el marco de las normas, emitiendo una resolución coherente y motivada; por lo que, el hecho de no haber emitido la imputación, no condice con una falta de debido proceso, congruencia o una indebida valoración de la prueba, sino es producto del análisis de los elementos del proceso; en consecuencia, solicitó se deniegue la tutela.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Félix Moya Fernández y María Luz Salinas, en audiencia de garantías señalaron que: 1) Respaldan las resoluciones emanadas por las autoridades Fiscales ahora demandadas, quienes cumplieron a cabalidad con sus funciones; y, 2) La parte accionante no especificó quienes, ni describió la forma en que se afectaron sus derechos reclamados en esta acción de defensa; tampoco señaló la fecha o el monto de la compra, ni cuando hubiese cometido el delito de estafa, denotando que intentó apropiarse de un bien ajeno en desmedro de otra persona; por lo que, en atención al debido proceso y la verdad material, solicitó se deniegue la tutela.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Resolución 100/2023 de 28 de agosto, cursante de fs. 67 a 73, denegó la tutela solicitada; determinación que se dio con base en los siguientes fundamentos: i) La Resolución Jerárquica FDC/N.G.G.R. OR 969/2022, estableció que: ii) De la revisión del Folio Real de 28 de agosto de 2013, registrado bajo la matrícula computarizada 3.08.1.05.0001505, estableció que Félix Noya Fernández, es propietario del lote de terreno motivo de la Litis; por lo que, no se configuraría ese delito que establece como condición que el inmueble vendido no sea de su propiedad o que sea ajeno; iii) Las declaraciones testificales denotan que el ahora tercero interesado transfirió a los accionantes, mediante documento privado el inmueble en cuestión; empero, no registraron en DD.RR., circunstancia que eventualmente fue aprovechada por el prenombrado, para la venta a otras personas; empero, por la falta de ese registro los impetrantes de tutela no pueden considerarse víctimas, al tenor de lo previsto en el art. 1538 del Código Civil (CC); iv) La Fiscal Departamental concluyó que no se logró colectar los suficientes elementos de convicción, que demuestren que la conducta de los acusados se adecúe al delito de estafa, pues no se acreditó con certeza cual el actuar desplegado que hubiese logrado el engaño o ardid, con la finalidad de inducir al error en la víctima y que ese engaño fue el nexo causal para la disposición patrimonial de los denunciantes, tampoco entregaron el documento privado de venta del terreno, arguyéndose su pérdida, pretendiendo suplir ello con declaraciones testificales; v) Para el señalado delito, debería establecerse el dolo inicial desde el primer momento que se planeó engañar, aspecto que no fue acreditado; siendo inviable sostener una imputación; vi) Se advirtió que la Resolución Jerárquica FDC/N.G.G.R. OR 969/2022, se encuentra debidamente fundamentada y motivada, explicando de manera detallada los motivos por los cuales no pudo realizarse la imputación formal, analizando cada delito con las pruebas pertinentes; por lo que, en cada caso, concluyendo que no se acreditó el dolo inicial, no contando con los suficientes elementos de convicción para emitir la imputación formal; por lo que, el fallo jerárquico explicó las razones por las que se ratificó la Resolución de Rechazo de la denuncia penal, expresando de manera coherente con el fundamento legal respectivo, efectuando el razonamiento de hecho y de derecho que lo justifican, dando cumplimiento a lo desarrollado en la SCP 1523/2004-R de 28 de septiembre; en consecuencia, no se evidenció vulneración al derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia alegada por los accionantes, además la autoridad Fiscal departamental demandada respondió a los puntos reclamados en el memorial de objeción, pese a que de manera genérica alegaron ciertas circunstancias, que no tienen relevancia constitucional; en tal sentido, una eventual concesión de tutela, no cambiará el fondo de la decisión; y, vii) Con relación a la valoración de la prueba, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar al análisis de la misma, a menos que los accionantes demuestren objetivamente la manera en la cual, las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad, identifique cuáles son las pruebas que omitieron de manera arbitraria, ya sea parcial o totalmente, o si basaron la decisión cuestionada en prueba inexistente, o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento, además debió acreditar y demostrar lógicamente la consecuencia de que su incumplimiento ocasionó la lesión de derechos fundamentales o garantías constitucionales, situación que en el presente caso no cumplieron los impetrantes de tutela, correspondiendo denegar la tutela.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución de Rechazo de 3 de agosto de 2022, emitida por Marcela Tatiana Salazar Agreda, Fiscal de Materia -ahora codemandada-, rechazando la denuncia presentada por María Rosario Céspedes de Valencia y Pedro Ramiro Valencia Cadima -accionantes- contra Félix Moya Fernández y María Luz Salinas -terceros interesados en la presente acción de defensa- (fs. 2 a 6 vta.). II.2. Por memorial presentado el 19 de agosto de 2022, los ahora impetrantes de tutela objetaron la Resolución de Rechazo que antecede, solicitando sea remitido al Fiscal Departamental de Cochabamba para su valoración y pronunciamiento (fs. 29 a 31 vta.). II.3. Mediante Resolución Jerárquica FDC/N.G.G.R. OR 969/2022 de 12 de diciembre, dictado por Nuria Gisela Gonzáles Romero, Fiscal Departamental de Cochabamba -demandada-, ratificó la Resolución de Rechazo de Denuncia, disponiendo el archivo provisional de obrados (fs. 24 a 28).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes denunciaron la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de motivación y congruencia; alegando que dentro del proceso penal que se sigue en contra de Félix Moya Fernández y María Luz Salinas -ahora terceros interesados-, por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato, Marcela Tatiana Salazar Agreda, Fiscal de Materia -codemandada-, dictó la Resolución de Rechazo de 3 de agosto de 2022, ratificada por la Resolución Jerárquica FDC/N.G.G.R. OR 969/2022 de 12 de diciembre, dictado por Nuria Gisela Gonzáles Romero, Fiscal Departamental de Cochabamba -demandada-, sin pronunciarse sobre las pruebas testificales y documentales aportadas dentro del referido proceso; asimismo, se omitió atender los agravios que planteó en su objeción, omitiendo fundamentar y motivar dicha decisión, resultando incongruente e irrazonable; en consecuencia, solicitó que se le conceda la tutela y se determine dejar sin efecto la mencionada Resolución Jerárquica y se emita una nueva determinación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos y extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público

En relación a la fundamentación y motivación que deben observar los requerimientos del Ministerio Público la SCP 0645/2018-S3 de 11 de diciembre, entendió que: “La SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, estableció al respecto que: ‘…toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al contenido de fondo, no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver. Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura señalada, resulta obvio que su decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión; y de incurrirse en esta omisión al disponer sobreseimiento a favor de la parte imputada, la víctima podrá impugnar el requerimiento ante el superior jerárquico, y si éste igualmente incurre en la misma omisión, quedará abierta la jurisdicción constitucional para que acuda a la misma en busca de protección a sus derechos a la seguridad jurídica y de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, cuyo alcance no abarca, como se dijo, a que la parte acusadora pretenda que este Tribunal obligue a un Fiscal a presentar obligatoriamente la acusación si no únicamente a que dicha autoridad emita su requerimiento conclusivo debidamente fundamentado como lo exigen las normas previstas por los arts. 45. 7) de la LOMP, 73 y 323.3 del CPP’. La fundamentación y motivación de resoluciones como componente del debido proceso, es también exigible en los requerimientos emitidos por el Ministerio Público, máxime, si en ejercicio del principio de objetividad los Fiscales de Materia como tenedores del monopolio de la investigación criminal en delitos de acción pública, optan por la desestimación, rechazo de la denuncia y sobreseimiento; por lo cual, resulta pertinente establecer, que a tiempo de analizar la fundamentación y motivación desplegada por los Fiscales de Materia, se debe considerar el momento procesal de la investigación penal; es decir, que, en los actos iniciales no se puede exigir la misma intensidad argumentativa que en los momentos conclusivos de la investigación penal; por cuanto, una resolución de rechazo de denuncia, y la de sobreseimiento -formas de requerimientos conclusivos de la etapa preliminar y preparatoria-, son el resultado del análisis de los actos investigativos, en tanto que, una desestimación solo obedece al incumplimiento de las formalidades o presupuestos para la activación de la etapa inicial de la investigación. Dicho criterio se aplica no solo en cuanto a las resoluciones y requerimientos emitidos por los fiscales del caso, sino también a las autoridades jerárquicas, cuando resuelven impugnaciones contra las determinaciones de los primeros” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Análisis del caso concreto

En consecuencia, previamente a resolver la problemática planteada, corresponde aclarar que el asunto traído en revisión se analizará a partir de la Resolución Jerárquica FDC/N.G.G.R. OR 969/2022 de 12 de diciembre, dictada por la Fiscal Departamental demandada, que ratificó el rechazo de la denuncia penal, por ser la última decisión pronunciada y que en la eventualidad de concederse la tutela, reabrirá su competencia para pronunciarse nuevamente sobre lo resuelto por la Fiscal de Materia, en estricta observancia del principio de subsidiariedad que rige la acción de amparo constitucional. De la revisión de antecedentes se tiene que, dentro del proceso penal instaurado a denuncia de María Rosario Céspedes de Valencia y Pedro Ramiro Valencia Cadima -accionantes- contra Félix Moya Fernández y María Luz Salinas -terceros interesados-; Marcela Tatiana Salazar Agreda, Fiscal de Materia -codemandada- dictó la Resolución de Rechazo de 3 de agosto de 2022 (Conclusión II.1). Tal determinación fue objetada por los impetrantes de tutela a través del memorial presentado el 19 de agosto de 2022 (Conclusión II.2); solicitando la revocación de la resolución de rechazo; en la que se cuestionó lo determinado bajo los siguientes argumentos:

a) La fiscal observó que los ahora accionantes no presentaron con la denuncia el documento de venta del bien inmueble objeto del proceso penal, pero respecto a dicho documento, refieren que fue extraviado; sin embargo, se reconoció tal venta en el proceso civil que se tramitó previamente, en el que se acompañó con las fotocopias legalizadas del referido documento; además también se observó la dejadez de sus personas para realizar el registro en DDRR de dicho inmueble; b) Afirmaron que existen suficientes elementos de convicción, que acreditan la existencia del inmueble objeto de litigio y el derecho propietario de los denunciados, que reconocieron que en varias oportunidades la transferencia (de mala fe) a su favor; citando las fotocopias legalizadas del proceso civil en el que los denunciados manifestaron la mala fe, el engaño al que fueron sometidos; Se menciona el oficio de 12 de enero de 2022 que contiene la certificación de la Alcaldía que acredita que desde el año 2016 recién se tiene la documentación al día a nombre de los denunciados.

c) La objeción de los impetrantes de tutela fue resuelta por la Resolución Jerárquica FDC/N.G.G.R. OR 969/2022 de 12 de diciembre, dictado por Nuria Gisela Gonzáles Romero, Fiscal Departamental de Cochabamba, demandada, quien ratificó la Resolución de Rechazo de Denuncia, disponiendo el archivo provisional de obrados (Conclusión II.3), conforme al siguiente razonamiento: 1) El delito de estelionato está previsto en el art. 337 del CP, al respecto se tiene que la condición objetiva de antijuricidad requiere que el sujeto activo no sea el titular o no tenga facultad que le permita disponer del bien ofrecido o dado en venta; sin embargo, del folio real de 28 de agosto de 2013, registrado bajo la Matrícula 3.08.1.05.0001505, se pudo establecer con certeza que Félix Noya Fernández, es propietario del lote de terreno motivo de la Litis; por lo que, no se configuraría el delito de estelionato que establece como condición que el bien vendido sea ajeno; 2) Si bien cursan declaraciones testificales que establecen que Félix Noya Fernández transfirió mediante documento privado el inmueble, el mismo no fue registrado en DD.RR., circunstancia aprovechada por el prenombrado para su venta a terceras personas; y, 3) Para la consumación del delito de estafa debe concurrir el engaño o artificio como medio utilizado para inducir a otra persona en error y provocar el consiguiente desplazamiento patrimonial, debiendo mediar una relación de causalidad de tal manera que el engaño sea motivo de perjuicio; por lo que, de los antecedentes se establece que conforme sostuvo la Fiscal de Materia inferior, no se logró recolectar suficientes elementos de convicción que demuestren que la conducta desplegada por los denunciados se subsume a los elementos constitutivos del tipo penal de estafa; ya que, no se logró acreditar con certeza, cual fue el actuar desplegado por el denunciado, para lograr el engaño con la finalidad de inducir en error a la víctima y que ese fuese el nexo causal para la disposición patrimonial, máxime si el ardid o engaño, no fueron acreditados, pues si bien se hizo mención a la suscripción de un documento privado de venta, el mismo nunca fue puesto a conocimiento de la investigación, arguyéndose su pérdida y pretendiendo reemplazar su existencia con declaraciones; tampoco se demostró el dolo inicial; en consecuencia, no se cuenta con los suficientes elementos para una imputación. Conforme al entendimiento jurisprudencial establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que, las resoluciones del Ministerio Público deben estar motivadas y fundamentadas, con una estructura de forma y fondo que claramente permite conocer el razonamiento que sustentó la decisión asumida, citando los motivos de hecho y derecho, así como la base de sus determinaciones y el valor otorgado a la prueba; por lo tanto, no solamente contendrá una relación fáctica de los antecedentes, sino una exposición razonable e inteligible sobre el fondo, instaurándose las convicciones determinativas a las que se arribó. En el caso que nos ocupa, se advierte que la Fiscal Departamental demandada emitió la Resolución Jerárquica FDC/N.G.G.R. OR 969/2022, desarrollando su análisis respecto a cada delito denunciado; sobre el estelionato, valorando la prueba documental del Folio Real, concluyó que la conducta del denunciado no se adecúa al tipo penal, efectuando una adecuada fundamentación normativa.

Respecto al delito de estafa, citó normativa, doctrina y jurisprudencia sobre los elementos constitutivos, la consumación del delito, el engaño o ardid; asimismo, cuestionó sobre la prueba documental consistente en el documento privado de venta, el cual nunca fue presentado, y la intención de suplir aquello con las declaraciones testificales.

De lo expresado ut supra, resulta evidente que la autoridad fiscal demandada, resolvió la objeción presentada por los accionantes, con el debido razonamiento y explicación de motivos, que sustentan la decisión jerárquica cuestionada. Por lo que, no se generó lesión del derecho al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación ni congruencia; en consecuencia, corresponde denegar la tutela impetrada. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, obró correctamente.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 100/2023 de 28 de agosto, cursante de fs. 67 a 73, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1260_2025-S3.pdf · páginas 1 a 10.

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